En la primera audiencia del juicio de la Subzona 14 II se leyó parte de la acusación. Juzgan delitos de lesa humanidad cometidos contra 234 víctimas. Baraldini, antes prófugo, en el banquilllo de los acusados. En el cuarto intermedio, víctimas y victimarios compartieron el mismo pasillo.
Comenzó este martes en el auditorio del Colegio de Abogados el segundo juicio por los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante la época del terrorismo de estado que instauró la última dictadura a partir del 24 de marzo de 1976. En el debate están imputados dos militares y trece policías pampeanos, por asociación ilícita y violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 234 víctimas. El principal acusado es el exjefe de Policía durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini, antes, durante el primer juicio, prófugo fuera del país.
Quinteros, Pérez y Marenchino se saludan.
El juicio se inició a las 8.45 horas con el eco de fondo de la marcha convocada en la calle por organizaciones de derechos humanos (Ver aparte). La primera decisión del tribunal fue permitir que puedieran presenciar la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio las víctimas que son querellantes en el debate y que deben prestar testimonio durante su desarrollo.
Los jueces Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Lacava.
Durante la primera audiencia, los secretarios del tribunal leyeron las acusaciones por 162 hechos hasta el mediodía. Se calcula que durante la jornada de miércoles y jueves se completará la lectura del resto de los casos. La cantidad, detalles y penurias de las personas secuestradas y torturadas durante la época pone de manifiesto la magnitud del aparato represivo que se puso en marcha en la provincia. “La Pampa no fue una isla, se reprodujo el plan sistemático y organizado”, destacó la acusación fiscal.
Viejos conocidos: Baraldini se saluda con los compañeros de causa.
La zona de la sala asignada al público fue ocupada por medio centenar de personas. Algunos familiares y allegados a las víctimas. También, menos, de algun imputado. Por otra parte, el ministro de Gobierno, Pablo Daniel Bensusan y el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, estuvieron en representación del gobierno provincial.
Durante la primera jornada, a mediamañana, hubo un cuarto intermedio, durante el cual las víctimas se cruzaron con los imputados en los pasillos. Solamente hay tres de los acusados en prisión: dos cumpliendo condena, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart, y Baraldini con prisión preventiva, aunque la Cámara de Casación ya le otorgó un arresto domiciliario que fue apelado en la Corte. Los demás imputados cumplen condena en sus casas y, los juzgados por primera vez, están libres. El tribunal rechazó la semana pasada el pedido del fiscal Alejandro Cantaro de detenerlos para evitar que se fuguen o entorpezcan el desarrollo del proceso judicial.
El exmédico policial, Pérez Oneto, y el exmilitar Greppi.
El tribunal que lleva a cabo el juicio está integrado por los jueces Marcos Aguerrido, José Mario Tripputi y Pablo Díaz Lacava. Alejandro Adrián Silva es el cuarto juez, suplente. La Fiscalía, en tanto, es representada por el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro.
El juicio que comenzó este martes se realiza siete años después del que culminara con la condena a ocho expolicías provinciales y a un exmilitar por la privación ilegal de la libertad de 28 víctimas entre 1976 y 1978.
Yorio, ya condenado en el primer juicio, fue secretario de Baraldini.
Los crímenes que se juzgan en este proceso fueron cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El comando de la Subzona 14 estaba en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de la localidad pampeana de Toay. En efecto, de acuerdo con la acusación fiscal, que se leyó en la primera audiencia, las detenciones ilegales que se juzgan ahora fueron perpetradas entre 1975 y 1982 en distintas localidades de la provincia.
Los lugares donde se mantuvo cautiva en forma clandestina a las víctimas fueron las comisarías Primera de Santa rosa (Belgrano y Padre Buodo), además la Segunda (Raúl B. Díaz y Río Negro), la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía (Pellegrini y Alem), la Delegación local de la Policía Federal Argentina (Pellegrini y Juan B. Justo), la Primera de General Pico; la Comisaría y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz; la Comisaría de Catriló; el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 del Ejército en Toay y las unidades carcelarias 4 (Colonia Penal) y 13 (Rivadavia y Alsina) del Servicio Penitenciario Federal.
Baraldini siguió la acusación atento.
El principal centro clandestino de detención de la Subzona 14 fue la comisaría Primera de Santa Rosa.En la planta alta de ese edificio funcionaba la Unidad Regional I, donde un grupo policial de tareas, conocido como “grupo de trabajo”, interrogaba y torturaba a prisioneros y prisioneras, quienes se encontraban privados de su libertad en la seccional o en otros centros de detención, incluidas las cárceles federales 4 y 13, según describió la acusación.
El “grupo policial” de la Unidad Regional I fue creado formalmente en 1976, aunque funcionaba al menos desde la subordinación de la Policía provincial al Ejército refrendada en octubre de 1975 por el entonces jefe de la Subzona 14, Ramón Juan Alberto Camps. Es el mismo que tuvo a su cargo la conducción de la Policía bonaerense luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A este juicio llegan acusados jefes e integrantes de aquel grupo policial.
Víctimas y querellantes: Raquel Barabaschi, Pumilla y Horacio Quartucci.
Hay tres acusados que quedaron fuera del juicio por razones de salud. Se trata del ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); y de los expolicías, Omar Aguilera (79, exjefe de Operaciones) y el exoficial de la comisaría de la localidad de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80).
Los acusados son el excoronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); el exmayor del Ejército y exjefe policial pampeano, Luis Enrique Baraldini (78); los exmiembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14: Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los exoficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), el exagente Orlando Osmar Pérez (68); los exoficiales de la comisaría primera de Santa Rosa, Miguel Ángel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el exoficial de las comisarías de Toay y de la primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el exoficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Onetto (71).
Reinhart es uno de los tres acusados que sigue en la cárcel.
La acusación es por asociación ilícita, detenciones ilegales y torturas. Los abogados de las querellas son Franco Catalani (patrocinante de la UNLPam y de Juan Carlos Pumilla, Élida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, y apoderado del Partido Comunista La Pampa y el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos) y Juan Resia (patrocinante de Raquel Barabaschi).
Fuente:NuevoDiario
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