Desde la CTA Autónoma advierten por una “ofensiva represiva”
Luego de la andanada de allanamientos y la detención de militantes de organizaciones políticas, sociales y culturales por protestar contra el gatillo fácil, la CTA Autónoma condenó los hechos y advirtió por el avance represivo.
En la jornada de ayer se empezaran a conocer diferentes casos en los que la policía llevó adelante allanamientos simultáneos en locales de organizaciones sociales y políticas y esa situación volvió a encender las alarmas en la central obrera que conduce el estatal Pablo Micheli.
A través de un comunicado de prensa condenaron lo que consideraron una “actitud intimidatoria y recordaron que los allanamientos “terminaron con la detención de compañeros y compañeras, en algunos casos, o con el secuestro de banderas, pancartas y material de trabajo, en otros”.
“Desde la CTA Autónoma repudiamos y condenamos esta actitud intimidatoria ante la protesta social que están implementando gobiernos provinciales en complicidad con el gobierno nacional”, expresaron Micheli y Hugo Blasco.
“Estamos convencidos que responde todo a la misma lógica, a una ofensiva represiva a través de distintos métodos que sólo hace remontarnos a los años más oscuro de nuestra historia argentina”, añadieron.
Además, los dirigentes hicieron responsables “al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales por la persecución y amedrentamiento ante el legítimo derecho de las personas y organizaciones a manifestarse, como así también de sus consecuencias”.
“Estamos en tiempos de democracia y, así como vamos a seguir reclamando por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado y por cada causa en favor de nuestro pueblo, tampoco vamos a callarnos ante el accionar intimidatorio de un gobierno que ataca con las fuerzas lo que no puede resolver con políticas soberanas y de inclusión”, concluyeron.
Abuso de autoridad: encarcelan a un trabajador por negarse a embarcar presos sin documentación
Omar Díaz no quiso embarcar a unos detenidos hacia Formosa que no tenían los papeles requeridos, y fue declarado en rebeldía por Bonadío. Los gremios se declararon en alerta y más tarde fue liberado.
Desde la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) denunciaron la detención de un trabajador aeronáutico que se negó a embarcar detenidos que no tenían la documentación requerida para subirse al vuelo.
Los sucesos se dieron el miércoles y ayer lo citaron a declarar. Luego de prestar testimonio, por orden del Enrique Rodríguez Varela, secretario del Juzgado Criminal y Correccional 11 que dirige el juez Claudio Bonadío, lo detuvieron.
El empleado aeronáutico fue derivado a la comisaria de Comuna 12 y puesto a dispocision del Juez Ariel Lijo.
Desde el gremio le comentaron a InfoGremiales que fue un “abuso de autoridad” la decisión judicial y se declararon en estado de alerta y movilización. Incluso el conjunto de sindicatos aeronáuticos, con la solidaridad de la CATT, amenazaron con un paro nacional en caso de que no liberaran a Omar Díaz.
Más tarde, luego de la intervención de las autoridades de UPSA y de Aerolíneas Argentinas, que con Mario Dell’Acqua a la cabeza se acercó a la comisaría para remarcar que Díaz simplemente cumplió con sus tareas, quedó en libertad.
Sadop reforzará las guardias para asesorar docentes agredidos por referirse a Maldonado
El SADOP dispuso “una guardia permanente” en las sedes gremiales para asesorar a los educadores que “sean agredidos o señalados” en los colegios por realizar intervenciones pedagógicas respecto de “la desaparición forzosa de Santiago Maldonado”.
Un comunicado gremial firmado por la secretaria general, María Lazzaro.y el secretario de Educación, Daniel Di Bártolo, aseguró que temas como Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia y Tratados Internacionales sobre Desapariciones Forzosas, entre otros, “se enmarcan en los diseños curriculares aplicados en las jurisdicciones y aprobados por las respectivas autoridades ministeriales”, puntualizó.
“Las clases alusivas no requieren autorización especial y se fundamentan en el desarrollo de temas relacionados con la realidad, los aspectos propios de la pedagogía y la didáctica. Para eso se forman los docentes. El título, en cualquier nivel y modalidad, habilita para el ejercicio profesional. Hay cuestiones que definen el maestro y/o profesor en el aula frente a los desafíos que la realidad impone. Miles de situaciones de variada índole se multiplican. Es lo específico del proceso”, aseguró.
El Sadop, el segundo gremio docente más importante del país a nivel cuantitativo, subrayó que “es lamentable que se monten campañas de denuncia de trabajadores que tratan el tema de Santiago Maldonado en el aula, porque es una contradicción absoluta en tanto los planes de estudio lo habilitan y, además, desprestigia el rol de los docentes y menosprecia la cultura de la vida y la esperanza de un proyecto educativo y democrático”.
El gremio profundizará “el acompañamiento y asesoramiento de sus afiliados y docentes privados por agresiones y denuncias” y organizará talleres con los delegados para orientar en términos de intervenciones pedagógicas sobre “la desaparición forzosa de Maldonado y los derechos de los pueblos originarios”
Por último, Lazzaro y Di Bártolo adelantaron que la iniciativa se extenderá a todos los padres de familia de las escuelas privadas.
La autopartista Plascar despidió a 243 trabajadores de su planta de Córdoba
Otra fábrica donde llovieron telegramas
Es la mayor autopartista plástica de Córdoba. Entre los despedidos, hay trabajadores de hasta 28 años de experiencia en el sector. Desde el gremio denuncian que el gobierno nacional no escuchó sus advertencias. Peligra hasta el cobro de las indemnizaciones.
Plascar tenía como principales clientes a Fiat y Renault.
Los 243 trabajadores de la empresa Plascar recibieron ayer sus telegramas de despido ante el anuncio de cierre de la planta. La firma es la mayor autopartista plástica de Córdoba y tenía como principales clientes a Fiat y Renault, cuya negativa a continuar comprando piezas desató la crisis. Hace tres años, Plascar cambió de dueños y desde fines de 2016 está en concurso de acreedores. Entre los despedidos hay trabajadores de hasta 28 años de experiencia en el sector. Desde el gremio mantendrán reuniones con los dueños y las autoridades provinciales para encaminar la venta de la compañía y denuncian que el Gobierno nacional no escuchó sus advertencias. Por ahora, peligra hasta el cobro de la indemnización por parte de los empleados despedidos.
“Hoy nos encontramos en la calle protestando. Hemos recibido los telegramas de despido de los 243 empleados que integran la planta Plascar. Estamos pidiendo imperiosamente que el Gobernador tome cartas en el asunto”, resumió Alejandro Rodríguez, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) seccional Córdoba.
La autopartista Plascar tiene una planta en Tortuguitas que “fue vaciada de personal en 2014”, dicen en el gremio. Ahora, la planta del parque industrial de Ferreyra, Córdoba, es la que presentó el cierre y los despidos. Se dedica a la inyección y pintura de piezas como paragolpes y paneles de puertas. Según explican desde AFAC, entidad que agrupa al sector autopartista, hace tiempo que Plascar venía con problemas. Por eso, hace tres años los dueños brasileños decidieron abandonar el barco. Quedó a cargo de la empresa el cuerpo directivo local, que no logró revertir la situación hasta que el 27 de diciembre del año pasado fue convocado el concurso de acreedores y la compañía quedó intervenida por la Justicia provincial.
“La empresa venía trabajando. Había problemas de cobros, como por ejemplo el pago fraccionado de quincenas. Se estuvieron buscando compradores pero no se encontraron hasta ahora. La situación se desencadenó porque se cayeron los proyectos de las terminales. Lamentablemente, hoy esos trabajos ya están en manos de otros autopartistas”, describió Rodríguez a este diario. Fuentes del autopartismo aclaran que “la empresa venía muy mal hace tiempo. Por eso Fiat y Renault le sacaron los negocios”. Rodríguez detalló que “los trabajadores venían cobrando al día pero de ahora en más no se sabe nada. Corremos el riesgo de que el Parque Industrial Ferreyra les corte la luz porque dejaron de pagar”. Tampoco hay certezas sobre la indemnización que deben cobrar los empleados.
Según los últimos datos de Adimra, que nuclea a las cámaras metalúrgica, el sector autopartista muestra un crecimiento de 2,6 por ciento en el primer semestre, lo que “recupera parcialmente la caída de 2016”, dice el informe. De todas maneras, el desempeño general del sector metalúrgico registra una caída acumulada de 2,2 por ciento en seis meses, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas el 55,4 por ciento. El empleo en la metalmecánica se redujo un 1,6 por ciento en el semestre. La crisis en Brasil es determinante para el sector porque deprime exportaciones y presiona sobre las importaciones desde ese país.
“Le escribí a (Mauricio) Macri en marzo. A Héctor Baldassi (diputado nacional por la provincia de Córdoba) lo contacté hace unas semanas y me dijo que me iba a llamar, pero no lo hizo”, contó Rodríguez. El gremio mantuvo reuniones días atrás con los directivos de la empresa, representantes de Renault y Fiat, el ministro de Industria y Comercio de Córdoba, Roberto Avalle, y técnicos del Ministerio de la Producción de la Nación. El lunes hay una nueva audiencia. Por ahora no hay respuesta oficial y la única salida es que aparezca un comprador de la empresa. Esperan en vilo los 243 trabajadores despedidos.
Advierten que el gobierno consiguió la plata para echar a 4000 empleados del Correo
Agustín Alvarez Rey / @alvarezrey
La idea de avanzar en la reducción del personal del Correo Argentino trascendió pocos días antes de las PASO. Sin embargo, recién esta semana los gremios que nuclean a los empleados de la empresa estatal se declararon en estado de alerta y movilización ante la intención de “desguazar la institución”.
En los pasillos de Casa Rosada aseguran que la misma suerte que el Correo Argentino seguirán el resto de las empresas del Estado. La frase que se le escucha repetir a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri es que “en el Estado solo hay plata para los despidos”. Bajo esa lógica la mira está puesta en las empresas estatales en donde se buscará reducir lo máximo posible a los empleados de planta permanente.
En ese plan, la primera experiencia piloto se llevará a cabo en el Correo y para eso, según indican los gremios, fue designada la nueva cúpula. Los hombres que llevarán adelante los destinos del correo estatal llegan desde OCA. Se trata de Gustavo Papini, que además trabajó para Mario Quintana en el fondo Pegasus, Antonio Cao, Jorge Calone y Natan Teubas.
Si bien el nuevo directorio aún no pudo asumir debido a que las renuncias de la actual conducción quedaron condicionadas a la aprobación de los balances, el plan para reducción está en marcha.
Según pudo confirmar tiempo, el departamento de liquidación de haberes ya realizó por sistema el simulacro de lo que costarían 4000 bajas. En esas condiciones llegó al Correo una partida extraordinaria de $ 1200 millones.
Desde los sindicatos aseguran que la nueva conducción llega “para hacer el trabajo sucio”, pero advierten “que no van echar 4000 empleados juntos” y aclaran que “van a empezar por los retiros voluntarios”.
Los trabajadores sostienen que el primer golpe alcanzará a 1000 trabajadores y aseguran que primero irán por los empleados que cumplen tareas internas.
“Lo que quieren implementar es el modelo chileno que dejó en manos de los privados el comercio electrónico y la paquetería y dejó al Estado solo con la parte postal”, explican desde el gremio que nuclea a los trabajadores.
Producción dejó 90 operarios en la calle
Sin licitación, el Ministerio de Producción cambió la firma de limpieza y dejó a 90 operarios en la calle. No pudieron ingresar ni a retirar sus cosas.
Con dos días de anticipación los 90 operarios de limpieza que cumplían funciones en el Ministerio de Producción fueron informados que se quedarían en la calle. Es que ayer empezó a correr el rumor de lo que podría pasar y hoy tenía vedado el ingreso a sus puestos de trabajo.
La situación se dispara por la decisión de Producción, cartera que comanda “Pancho” Cabrera de cambiar la tercerizada de limpieza, sin que haya mediado la licitación correspondiente, y cortar el vínculo que sostenían con la empresa Martin Fierro.
Según le contaron los empleados a InfoGremiales, “nos presentamos hoy a trabajar y no pudimos ingresar ni a retirar nuestras pertenencias”. Sin definiciones sobre cuál puede ser el futuro laboral, los trabajadores ya contactaron abogados y esperan noticias para resolver próximos pasos.
La sospecha que corre entre ellos es que el cambio se debe a un “arreglo político”, por el cual la empresa La Mantovana se quedó con la tarea que venían realizando.
Denuncian precarización laboral en Radio Nacional de Tierra del Fuego
La programación de LRA 24 dejará de salir al aire en FM y pasará a ser repetidora de los contenidos porteños. Los trabajadores se mantienen en alerta.
La decisión, adoptada por el director interino de la emisora y actual titular de Radio Nacional Ushuaia, Sebastián Ferrari, implica el recorte total de la programación local en la señal de FM 88.1, la cual será una repetidora de Radio Nacional Buenos Aires. Las voces locales sólo podrán ser escuchadas en AM. La medida implicará un recorte en las horas extras y en los contenidos que no se adapten a la emisora en amplitud modulada.
Notificados los trabajadores, a través de una misiva, sin explicaciones en el medio y con el duro comunicado que informa que, a partir del próximo 1 de septiembre, Radio nacional Río Grande deberá eliminar su programación local en la señal de FM 88.1, para sólo transmitir su contenido a través de la amplitud modulada.
La medida, sin previo aviso, se dio a conocer a través de una nota firmada y colocada en la sala de operadores de la emisora y que lleva la firma del director interino y actual director de Radio Nacional Ushuaia, colaborador del candidato a Diputado Nacional por Cambiemos, Héctor Stefani y que tiene la firma ideológica del macrismo fueguino.
Esta decisión pone en jaque no sólo la programación local, que sólo podrá emitirse a través de la AM, sino que también pone en juego un paquete de medidas de “neto corte neoliberal” y que “incluyen la precarización laboral”, remarcan los empleados, junto a la eliminación de horas extras para el personal y la imposibilidad de competir con los medios locales en la audiencia.
Cabe destacar que, esta medida, tiene como sustento poner al aire en la señal de FM y de forma constante los contenidos generados en Capital Federal, con una programación realizada en un 85 por ciento por periodistas y comunicadores afines al Gobierno Nacional y que poco, por no decir nada, tiene relación con lo que ocurre o sucede en las lejanas tierras fueguinas y patagónicas.
De esta forma la señal de FM de Radio Nacional Río Grande en su canal de 88.1, dejará de ser una emisora local para pasar a ser una triste repetidora de Radio Nacional Buenos Aires.
La orden impuesta desde Radio Nacional Buenos Aires, en manos de Ana Gerchenson, le valió la renuncia al ex director de la emisora en Río Grande, el periodista, Jorge Canals, quien ante la imposición había decidido dar un paso al costado para no interferir en los lineamientos nacionales.No obstante, en aquel momento, la posición primaria de las autoridades de Radio nacional y del Ministro Lombardi estaban ligadas a la búsqueda de suprimir la programación local en la AM 640, cuestión que generó el rechazo de varios sectores sociales y que derivo en la suspensión de la medida que ahora se renueva pero eliminando el contenido local en la FM.
Denuncian precarización laboral en el Canal de la Ciudad
Desde la asamblea de trabajadores lanzaron un plan de lucha a causa de una serie de denuncias que incluyen la precariedad de las instalaciones y la falta de aplicación del convenio colectivo de la actividad.
La precarización laboral en los medios de comunicación parece no encontrar grieta que la distinga. Ahora son los trabajadores del Canal de la Ciudad los que vienen realizando una serie de asambleas en protesta por las condiciones de trabajo en las que cumplen sus labores.
De hecho ayer mismo realizaron un corte de calle frente a los estudios del canal para que sean atendidos sus reclamos, que ya tienen más de un año.
Con un comunicado de prensa, los empleados informaron que “frente al incumplimiento del acuerdo firmado entre los delegados de la asamblea de trabajadores del Canal de la Ciudad, la dirección del canal y Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” se realizan asambleas porel lapso de tres horas cada día.
Entre otros reclamos, denuncian: “Falta de un convenio colectivo de trabajo que regule nuestra actividad, en tanto trabajadores de televisión” y “la inexistencia de la estructura que reconoce el correcto encasillamiento del personal de planta permanente”.
También le piden a la gestión de Horacio Rodriguez Larreta que atienda la “precariedad edilicia y de las condiciones laborales” y tome cartas en el “incumplimiento del pago de paritarias del años 2016 a los trabajadores contratados”.
Paga Ganancias medio millón más de trabajadores que en 2015
Pese a las promesas de electorales, en marzo de este año 1.765.975 empleados tributaron el impuesto a las Ganancias. Afecta a 588.871 personas más que al finalizar del gobierno anterior.
“El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi Gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las Ganancias. Ese es mi compromiso”. Esas eran las palabras del spot publicitario del candidato que en noviembre de 2015 ganó las elecciones: Mauricio Macri.
Sin embargo, a contramano de la palabra empeñada, en marzo de 2017 son más las personas que pagan el impuesto que las que lo hacían sobre el final del mandato del gobierno anterior.
De acuerdo con la información que entregó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso en diciembre de 2015, 1.177.104 trabajadores pagaban el impuesto. Mientras que en marzo de 2017, lo hacen 1.765.975, consignó Noelia Barral Brigera en el Cronista.
Es decir que en marzo de este año pagaron Ganancias 588.871 personas más que en diciembre del 2015. No sólo no se cumplió la promesa, sino que en el gobierno de Mauricio Macri creció el número de tributantes respecto de el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
En diciembre de 2016, algo más de dos millones de personas pagaban el impuesto. El número bajó tras la aplicación de la Ley que modificó las escalas. Tras la reforma “sólo 280.565 personas dejaron de pagar el impuesto”, indica la misma nota.
En tanto, apenas 18.953 contribuyentes dejaron de pagar junio de este año, por deducciones por alquiler; un beneficio disponible a partir de la modificación del impuesto.
Según las estimaciones de Peña, pese a que más gente tributa, “la pérdida de recaudación por la eliminación de la retención por dividendos en el impuesto a las Ganancias es del orden de 6000 millones de pesos, en el año 2017”. En esa merma se incluye la reducción del un 5% en promedio de haber bruto de los haberes jubilatorios más altos.
Temor por los empleos que podría destruir la importación de cerdos desde EEUU
La Federación Agraria y los gobiernos de la Región Centro pidieron que se de marcha atrás con la medida. Advirtieron que pequeños chacareros y agricultores están “destinados a desaparecer”. Hay 40 mil empleos en juego.
Productores de Federación Agraria y gobiernos de la Región Centro reclamaron este jueves dar marcha atrás con la decisión de importar carne de cerdo desde los Estados Unidos, al advertir que con esa medida pequeños chacareros y agricultores están “destinados a desaparecer”.
La entidad reunió en Rosario a productores porcinos de todo el país, cooperativas, especialistas del INTA, integrantes del cluster de Oncativo (Córdoba) y ministros de Producción de la Región Centro, para analizar el impacto del acuerdo.
El presidente de la Federación Agraria, Omar Príncipe, dijo que dar marcha atrás sería una “buena señal para respaldar el esfuerzo de miles de productores que hace años vienen trabajando para poner en pie la producción porcina nacional”.
Ironizó que “la apertura de la importación de cerdos genera mucha mano de obra y valor agregado, pero no acá sino en Estados Unidos.
En la Argentina hay 40 mil puestos de trabajo y 180 frigoríficos vinculados a la producción porcina, tenemos el mejor estatus sanitario del mundo junto con Australia.
¿Lo vamos a poner en riesgo importando a nuestro país una enfermedad animal que acá no tenemos?”.
Se trata de la enfermedad reproductiva respiratoria conocida mundialmente como el Mal de Pierce, de la que la Argentina está libre.
En tanto, Luis Contigiani, ministro de Producción de Santa Fe, adelantó que van “a solicitar estudios técnicos desde la Región Centro, para verificar el posible riesgo sanitario”.
“De confirmarse, tendremos que avanzar con una barrera sanitaria. El cuadro de situación para la producción porcina es, una vez más, complejo. Se trata de un sector que viene creciendo hace unos 15 años, de la mano de pequeños y medianos productores, que con esfuerzo lograron que el consumo per cápita en el país llegue a cifras históricas”, indicó.
El ministro santafesino además señaló que “ya tuvo que hacer frente el último tiempo a la importación desde Dinamarca, España y Brasil. Que hizo una gran inversión en lograr una genética de calidad, cortes magros que son recomendados por los médicos”.
“Pasamos en el país de 3 kilos per cápita de consumo en 2002 a 18 kg en estos tiempos. Ha hecho un gran trabajo el sector porcino, en tener carne libre de enfermedad, por eso es un capital que hay que defenderlo”, añadió.
Qué hay detrás de la redada judicial contra organizaciones sociales, culturales y políticas en Córdoba
Organizaciones sociales y políticas que firmaron una denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en la consagración de la impunidad de esos delitos fueron allanadas hoy, en una redada judicial que secuestró redoblantes de murga, cajas de leche y que se llevó detenido al fletero que trasladó el equipo hasta la marcha contra el gatillo fácil que se realizó este lunes. El raid del fiscal Gustavo Dalma incluyó partidos políticos. “Nadie cruza ese límite sin tener una espalda política ancha”, sintetiza una de las abogadas testigo del atropello judicial. Qué dice la denuncia sobre la relación entre el Estado policial y el Poder Judicial. Y cómo se relaciona con el tratamiento de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.
Abogadas, abogados y organizaciones sociales denunciaron el 31 de mayo el rol del Poder Judicial en la impunidad del gatillo fácil en Córdoba. Presentaron un informe completo, causa por causa y fiscal por fiscal que demostraba cómo funciona la máquina de la violencia institucional. El 31 de julio ampliaron esa denuncia y la presentaron con una movilización que los acompañó hasta la sede del Fiscal General de esa provincia. Primero les dijeron que la dejen en mesa de entradas, pero ante la evidencia de una multitud movilizada, el fiscal general Alejandro Moyano aceptó recibir a los abogados. Prometió responderles en breve.
Hoy, cuando se cumple exactamente un mes, esa respuesta parece estar presente en la redada judicial que azotó a 11 organizaciones sociales, culturales y políticas, muchas de ellas firmantes de esa denuncia.
El operativo policial fue sincronizado y ordenado por el fiscal Gustavo Dalma. El resultado: allanaron siete organizaciones sociales, dos domicilios particulares y dos partidos políticos opositores (PO y Partido para la Victoria), en los que secuestraron cajas con leche, bombos y redoblantes de murga, banderas con los rostros de chicos acribillados por gatillo fácil y afiches con la cara de Santiago Maldonado.
En el allanamiento al comedor de Casa 1234, al leer el acta con el material incautado, alguien preguntó:
-“Por qué se llevan esos pañuelos”.
El policía respondió:
-“Porque tienen símbolos anarquistas”
¿Y desde cuándo el símbolo anarquista es un delito?
-“Tenemos órdenes expresas de buscar simbología anarquista”, respondió el oficial.
En ese operativo el allanamiento estuvo a cargo del cabo primero Nicolás Funes y se realizó sin testigos, aunque luego convocaron a cuatro personas para que firmaran el acta. Lo hicieron “en disconformidad”.
Otro saldo de la redada judicial: tres detenidos. Uno de ellos es el fletero que trasladó el equipo de sonido al acto que este lunes manifestó contra el gatillo fácil. Su domicilio fue allanado durante la mañana, como los 11 restantes.
El segundo detenido es familiar de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional en esa provincia. Estaba limpiando la mesa del comedor que funciona en su barrio. Fue apresado por otra causa, pero en el marco de esa redada.
El tercero es un vecino del comedor que funciona en la calle Vélez Sarfield 1234. El cargo: “resistencia a la autoridad”.
Esta redada judicial sin precedentes se desató por una supuesta llamada anónima que justificó las órdenes de allanamiento bajo la excusa de “identificar a los encapuchados que cometieron los desmanes”, que se produjeron al finalizar la marcha contra el gatillo fáci,l realizada este lunes. Se trata, entonces, de una redada desatada contra las organizaciones sociales y políticas que convocaron a esa marcha, justificada con el argumento de averiguar quién rompió la vidriera de una financiera.
La lista de organizaciones sociales y políticas coincide con las que firmaron la denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales, que concluía con estas premonitorias palabras:
“Somos conscientes de la incomodidad que produce nuestro accionar en determinados sectores de los poderes de turno por este reclamo que es denuncia y desenmascaramiento de procedimientos represivos y autoritarios. Pero también somos conscientes de la necesidad de que estas palabras resuenen y lleguen a ser escuchadas por toda la comunidad”.
Que así sea.
Qué denunciaron
“Creemos que en este momento es urgente denunciar y repudiar el rol político que está teniendo el Poder Judicial a la hora de asegurar impunidad a miembros de la Policía de Córdoba. Porque es la institución policial quien al formar parte del Estado tiene un límite legal establecido y es el Poder Judicial el que debe garantizarlo”. Once abogadas y abogados querellantes en casos de gatillo fácil, dos legisladores provinciales del FIT (uno con mandato vencido) y 19 organizaciones sociales, suscribieron la denuncia que describe cómo funciona la máquina judicial en casos de violencia institucional. Es interesante leerlo en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado, porque el procedimiento de la investigación fiscal y su relación con la fuerza de seguridad involucrada parece idéntico.
Una síntesis de sus principales datos de contexto:
- “Durante las investigaciones que tienen como objeto estos casos – gatillo fácil, o de abuso policial- las fiscalías basan sus conclusiones sólo en las declaraciones que hacen los mismos miembros de las Fuerzas de Seguridad. No se contemplan ni se encuentran relevantes para la investigación, las declaraciones del resto de los testigos”.
- “La investigación, parte, nace de las declaraciones de los mismos miembros de la fuerza, a partir de allí se construye la hipótesis de lo sucedido, y se investiga en esa línea, no buscando la verdad de los hechos”.
- “Todo esto sucede sin detenciones preventivas para el personal policial, despreciando totalmente la influencia y el poder real que tiene un agente policial en nuestra sociedad, quienes pueden en un alto nivel de probabilidad entorpecer la investigación de diferentes maneras: plantar pruebas, deformar declaraciones, amenazar testigos, etc.; demostrando así cierto privilegio procesal- totalmente ilegal e infundado- otorgado por las mismas fiscalías a los policías”.
- “Estas apreciaciones las hacemos a partir de nuestra profesión, de nuestro trabajo como abogadas, abogados en causas de “abuso policial” y de “gatillo fácil”. Además de la mismísima realidad existente en nuestros barrios y nuestras calles que confirman la profundización de un Estado Policial en nuestra Provincia, un alto grado de poder y crisis en la institución policial, que se ve totalmente descontrolada e impune”.
El Estado policial
- “Sólo en 2016, 39 policías fueron echados de la fuerza y en lo que va de 2017 fueron apartados de su cargo varios miembros de la cúpula policial por diversos hechos delictivos”.
- “Nuestra provincia es una de las más policializadas del país, excediendo abismalmente el número de policías recomendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un piso razonable para medir la relación policías/habitantes es de 280 uniformados cada 100 mil vecinos. Córdoba excede este número por más del doble. Aun así, el delito no ha disminuido en nuestra Provincia, por el contrario, ha ido en aumento”.
- “Córdoba es la tercera en el orden nacional en casos de violencia institucional”.
- “La Policía de Córdoba tiene un promedio de un joven muerto por mes por gatillo fácil”.
- “Según el informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba, las víctimas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba” en el transcurso de casi 6 años (desde 2011 hasta Abril de 2016), se eleva a 77. En 2013 y 2014 es donde se registraron más víctimas (18), y en los 4 primeros meses del 2016 -fecha hasta donde se recopilaron casos para el informe citado-, el número ascendía a 5”.
- “El 60% de las muertes se dio en la categoría denominada “ejecución extrajudicial”, es decir: gatillo fácil. En lo que va de éste 2017, es decir, en sus primeros 5 meses ya tenemos 3 casos de gatillo fácil. Hay como se advierte, muchísimos casos de “gatillo fácil”, “de abuso policial”, y otros motivos preocupantes que nos convocan como: las amenazas a los familiares de víctimas de gatillo fácil, o abusos policiales. También la persecución a los amigos, y familiares de víctimas de violencia policial es algo común, que la Justicia jamás investiga”.
La denuncia detalla luego los casos más emblemáticos de gatillo fácil, cómo fue el tratamiento fiscal y cómo el resultado fue la impunidad de sus responsables. Uno por uno y fiscal por fiscal.
La redada
Los allanamientos ordenados hoy por el fiscal Gustavo Dalama de hoy se realizaron en:
- La Casa 1234. Barrio Güemes. Es un espacio cultural, dedicado principalmente a las artes gráficas, que ofrece talleres y realiza ferias de publicaciones y serigrafías.
- Kasa Karakol, de la Federación de Organizaciones de Base. Fue firmante de la denuncia. Es donde la policía “secuestró” bombos, redoblantes y cajas de leche.
- La casa de una de las madres de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Fue firmante de la denuncia.
- La casa del fletero que llevó materiales a la marcha que se realizó el lunes contra el gatillo fácil. Quedó detenido.
- Bataclana Espacio Cultural. Sala que ofrece talleres de acrobacia, danza, teatro y títeres.
- Biblioteca Leopoldo Marechal. Integra la CONABIP.
- Comedor del Frente de Organizaciones en Lucha. Barrio Müller. Fue firmante de la denuncia. Tres personas fueron llevadas hasta la Central de policía para confirmar su identidad. Fueron seleccionadas a partir de una lista que llevó la policía junto con la orden de allanamiento librada por el fiscal Gustavo Dalma.
- Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Una biblioteca que ofrece talleres de títeres y murga y que nació en un barrio que resistió un desalojo.
- Espacio social anarquista. Barrio Güemes. Fue firmante de la denuncia.
- Local del partido Obrero. Dos legisladores del FIT fueron firmantes de la denuncia.
- Local de Partido de la Victoria, sede del kirchnerismo cordobés.
Sintetiza sobre este raid judicial una de las abogadas, presente en los allanamientos: “Ya hemos naturalizado que la policía irrumpa en comedores, también en colegios, y hasta en los lugares dónde nos organizamos, pero hoy se marcó una diferencia al allanar sedes de partidos políticos. Un fiscal no puede ordenar cruzar ese límite sin tener una espalda política muy ancha”.
A las 18, el Ministerio Público Fiscal cordobés dio a conocer el siguiente comunicado:
“La Fiscalía de instrucción a cargo de Gustavo Dalma ordenó 15 allanamientos y la detención de tres personas vinculados a los incidentes del día 28 de agosto en el centro de la ciudad. Todos por la supuesta comisión de delitos comunes. Dos de ellos bajo la figura de itimidación pública y el tercero por resistencia a la autoridad”.
fuente: La Vaca
Luego de la reunión realizada hoy en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación el triunvirato integrado por la CTEP, Barrios de Pie y CCC manifestaron que el gobierno persiste en su postura con una nueva provocación hacia los sectores populares.
En un marco de creciente persecución y hostigamiento contra los movimientos sociales, pueblos originarios y los trabajadores, el Poder Ejecutivo montado en una actitud de explícita soberbia desconoce una ley aprobada por el Congreso Nacional y continúa sin implementar plenamente la Ley de Emergencia Social: en el encuentro mantenido hoy con funcionarios nacionales dejaron en claro que no pondrán en práctica los proyectos productivos comunitarios y otras políticas sociales estipuladas en la ley.
Ante esta situación, el próximo lunes se llevará a cabo una asamblea de delegados de los movimientos populares a fin de de evaluar los pasos a seguir para profundizar el plan de lucha que se viene realizando por la plena implementación de la Ley de Emergencia Social y el pedido de tratamiento de la Emergencia Alimentaria.
Entre los puntos a considerar en dicha asamblea, se propondrá movilizar a la puerta de las grandes cadenas de supermercados el próximo miércoles, para pedir la entrega de alimentos en el marco de la mencionada emergencia alimentaria que viven hoy los sectores más humildes del país.
De persistir la actitud del gobierno en desconocer la ley y perseguir a las organizaciones sociales, se realizará una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de toda la Argentina.
Las organizaciones sociales mantienen el estado de alerta y movilización y expresaron que seguirán visibilizando las problemáticas que viven los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular y todos los sectores que sufren las consecuencias de las políticas económicas que llevan a la falta de trabajo, el hambre y la criminalización de la protesta social expresada en estos últimos días con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el intento de asesinato de la compañera Julia Rosales, los allanamientos a las organizaciones sociales en Córdoba y las reiteradas manifestaciones públicas de violencia de la ministra Patricia Bullrich.
La novedosa costumbre de votar por nuestros verdugos
Lo que las urnas dejaron
Más allá del “accidentado” recuento de votos en la Provincia de Buenos Aires, las recientes elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias dejan como saldo provisorio una nueva mayoría relativa de sectores medios que – a partir de un padrón compuesto por una franja generacional preponderante de entre 16 y 40 años – impone su hegemonía en casi todas las capitales del país.
El kirchnerismo, si bien debilitado, podría encarnar a través de Cristina – en tanto consiga posicionarse en la línea sucesoria – un nuevo fenómeno en el senado.
No obstante, abundan indicadores como para considerar que la suerte del peronismo no dependerá exclusivamente de dicho sector, toda vez que la Liga de Gobernadores no ha movido fichas aún respecto a las presidenciales de 2019.
En tanto, EEUU maneja la Argentina política mientras China avanza sobre la económica.
Muy probablemente, aventajado por un sindicalismo mayoritariamente acuerdista, el oficialismo procurará romper la alianza CGT/CTEP para salir al cruce de las inexorables luchas de calle que promete 2018, ajustes salvajes y reforma laboral mediante.
El desaparecido que expuso la matriz productiva de la Argentina colonial
Cuando se produce la Masacre de Avellaneda la crisis de gobernabilidad era muy profunda, y las versiones oficiales destinadas a describir el hecho como una interna entre piqueteros fueron inmediatamente rechazadas por la sociedad, al punto de que el presidente Duhalde se vio obligado a calificar el despliegue policial como “cacería”, y las circunstancias precipitaron una salida electoral. Desde entonces, tanto el kirchnerismo como el macrismo consiguieron consolidar la gobernabilidad, encauzando buena parte de aquellas rebeldías dentro de los marcos de la democracia formal. Pero a la luz del tenor que adquieren los hechos a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado – un secuestrado que pone de manifiesto el salvajismo y la impunidad con que el sistema está dispuesto a defender los territorios entregados a magnates como Benetton o Lewis, funcionales al modelo agroexportador y extractivista -, se advierte un cambio de etapa de tipo regresivo, determinado por un poder dispuesto a encarar sus métodos represivos bajo el concepto de contrainsurgencia, sustentándose en el transitorio oxígeno electoral proporcionado por los sectores incluidos de la sociedad, panorama que nos lleva a coincidir con el ensayista militante Mariano Pacheco cuando define a la coalición gobernante como “etapa superior del Proceso de Reorganización Nacional avalada por el voto popular”.
Sabido es cuánto irrita a los funcionarios del gobierno argentino que en las marchas cada vez se coree más la consigna “Macri basura, vos sos la dictadura”, pero en honor a la verdad – salvo debido al atendible protocolo electoral que los colocó en la Casa Rosada – es harto evidente que la filosofía de su modelo económico no difiere sustancialmente de la del que dio a conocer en abril de 1976 el ministro de facto José Alfredo Martínez de Hoz, hecho al que se suman “casualidades” como la de que Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, haya sido Abogado Defensor de socios del genocida Etchecolatz, a quien resulta harto difícil desvincular de la desaparición en democracia del “testigo desprotegido” Jorge Julio López, y sobre quien pesa – entre otros – el estigma de haber participado de los secuestros y asesinatos perpetrados en la Noche de los Lápices.
Si algo de cierto tuvieran la institucionalidad y el republicanismo predicado por Cambiemos, una ministra que niega la participación de una fuerza de seguridad a su cargo en el hecho de referencia y aduce que su segundo sólo pasó por la zona “para saludar”, debería haber dejado el cargo hace rato. Pero – pese al desgaste que viene sufriendo y a la masa crítica que pide su cabeza -, en tanto su rol constituye una fuerte apuesta de los EEUU e Israel, es de suponer que desplazarla no será tan fácil.
Ante semejante impunidad, mención aparte merece el ejemplo de una nueva víctima de abuso estatal que ratifica la enorme reserva moral latente en la juventud argentina, alguna vez considerada a partir del caso de un ladrillero que pudo seguir de largo en la evacuación de Puente Avellaneda pero resolvió volver a la estación para auxiliar a un hermano, reiterada en la persona de quien para los sectores biempensantes no pasa de ser un simple artesano trotamundos, aunque cada vez aparezcan más evidencias de su compromiso con un mundo mejor. En conclusión, lo único que dejan meridianamente en claro estos hechos es que el capitalismo salvaje tiene en la solidaridad a su enemigo principal.
¿Es posible formular una propuesta electoral que entierre a la pospolítica?
Más allá del marketinero triunfalismo de la coalición gobernante, los indicadores de agotamiento, decadencia, y miserabilización de la clase política nacional son a todas luces los peores desde 1983: Al cabo de más de tres décadas de democracia de baja intensidad cada vez es mayor la diferencia entre un puñado de ricos y poderosos y las inmensas mayorías empobrecidas.
La crisis en curso del capitalismo mundial devino crisis civilizatoria, al punto de que hasta el Papa Francisco se ha visto obligado a reconocer que el sistema no da para más (lo que – al menos de momento – no supone que, además de “amar al prójimo como a nosotros mismos”, el Vaticano proponga alguna otra alternativa)
Hoy la fortaleza del campo popular consiste en el sostenimiento de su lucha, y la debilidad en su carencia de liderazgo. Parecería difícil revertir ese statu quo sin confluir en una suerte de Frente de Unidad Popular capaz de impulsar colectivos de base por una nueva Argentina y otro mundo posible. Entonces sí, el compromiso de sus eventuales candidat@s bien podría consistir en convocar a una Asamblea Constituyente (prevista en el art. 30 de la Constitución de la República Argentina para toda reforma – total o parcial – del texto de la Ley Suprema) e impulsar en el marco del bloque regional algo así como una Federación de Comunas Nuestramericanas, ya que el verdadero empoderamiento de las mayorías estriba en reemplazar la democracia representativa por la democracia directa: Oponer al poder fáctico el poder popular.
Todo indicaría que, para concretar dicha empresa, la nueva arquitectura del poder popular deberá pasar por el protagonismo de los movimientos sociales en la construcción de territorialidad, apuntando a acabar con el individualismo capitalista reparando una vida comunitaria hoy severamente dañada. Esa tarea, a todas luces, aparece como urgente.-
A mi amigo Dante Martin.
JORGE FALCONE
Envío:ResumenLatinoamericano
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