POR OBRAS Y AJUSTES
Denuncian que hay peligro de que desaparezcan pruebas sobre delitos cometidos por la dictadura
Es a partir del cierre del área de archivos de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, un área clave donde se desclasifican y abren documentos del último gobierno militar. Además, la Justicia constató ayer la destrucción de un sitio de la Memoria en El Palomar.
Las evidencias y documentos que dan testimonio del accionar genocida de la última dictadura militar están en serio peligro de desaparecer, con la obvia consecuencia de generar impunidad para los autores de sus crímenes.
Dos hechos acontecidos en las últimas horas dan cuenta de ello: por un lado, el cierre del área de archivos del Ministerio de Defensa, un sector clave para desclasificar y “abrir” los documentos que contienen las actuaciones de los genocidas y utilizarlas como pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad.
Según denunció ATE, el ministro Oscar Aguad, célebre por su cercanía a represores como Luciano Benjamín Menéndez, dejó en la calle a 70 trabajadores de esa dependencia tres días antes de la Navidad, “sin causal de despido, sin aviso previo, sin explicaciones, sin humanidad”.
“Estos despidos afectan directamente al área de archivos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del organismo, que trabaja en la desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas y presta apoyo a la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad”, indicaron desde un comunicado.
La medida, remarcó ATE, deja “desmantelada” el área y deja “a los juicios sin medios de prueba básicos contra los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976 - 1983) y dificultan el control civil sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas”. Hoy habrá una movilización para repudiar la medida, a partir de las 11 en la Plaza de Armas, en CABA.
Pero no es el único hecho que posibilitaría la continuidad de la impunidad. Ayer, la jueza federal Martina Forns llevó a cabo una inspección ocular en el aeropuerto de El Palomar, donde se erigen dos sitios de la memoria -Base Aérea I y VII- y constató la destrucción parcial de uno de ellos.
Así se lo revelaron a INFOCIELO quienes vienen denunciando esta y otras irregularidades en la idea del Gobierno de generar una terminal aérea para que operen empresas “low cost” en esa localidad bonaerense. “se ha destruido y demolido diversos sectores que están protegidos por la Ley de la Memoria y que son prueba judicial de causas de lesa humanidad que todavía están en trámite”, denunciaron.
Un detalle inquieta: las construcciones destruidas están fuera -y lejos- del área de concesión que el Gobierno le cedió, mediante un decreto, a Aeropuertos Argentina 2000, con lo cual se generan más dudas aún en torno a las motivaciones de la demolición.
Fuente:InfoCielo
09 de enero de 2018
Inspección ocular en el aeropuerto de El Palomar
Una base con obstáculos
Estuvieron la jueza Martina Forns, vecinos, funcionarios y miembros de organismos de derechos humanos. Reconocieron el centro clandestino de detención y también se evaluó el impacto ambiental.
Por Nahuel Lag
El Gobierno quiere construir un aeropuerto para vuelos low cost en El Palomar.
“Acá me torturaron, acá me detuvieron”, recordó este mediodía Zoraida Martin, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la Base Aérea de El Palomar, durante la inspección encabezada por la jueza Martina Forns en el marco del amparo que solicitó frenar las obras ya iniciadas por el Gobierno nacional y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para transformar la brigada en un aeropuerto internacional para vuelos low cost.
El recurso presentado por un grupo de vecinos de Hurlingham no sólo advierte sobre la destrucción del Sitio de Memoria, en coincidencia con denuncias presentadas por organismos de derechos humanos, sino también por la ausencia de un estudio previo acerca del impacto ambiental que provocará el aeropuerto en una zona urbanizada. “La medida fue exitosa, los funcionarios del Gobierno han quedado en vergüenza”, celebró Lucas Marisi, abogado y vecino que impulsó el amparo.
La inspección comenzó a las 11.30 de la mañana. Estuvieron presentes autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ministerio de Transporte. La calificación de la Brigada Aérea de El Palomar como Sitio de Memoria fue reconocida por la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Claudio Avruj, en los términos contemplados por la ley 26.691, para “facilitar las investigaciones judiciales”.
La copresidenta de la Liga por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, y la titular de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham, Patricia Danna, denunciaron penalmente al Gobierno por el incumplimiento de la ley, razón por la cual también fueron convocadas por Forns, al igual que Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, y Zoraida Martin. Mientras tanto, un millar de vecinos oeste bonaerense y militantes de organismos de derechos humanos esperaron los resultados de la inspección en las puertas de la Brigada.
Marisi aseguró a PáginaI12 que se “identificaron los lugares que funcionaron como centro clandestino de detención, que son donde se están llevando adelante las obras ilegales”. Danna dijo que “pudimos comprobar que se ha derribado la casa por la que se ingresaba a los secuestrados y donde se realizaban los interrogatorios. Además se han modificado los hangares donde los detenidos eran subidos a los ‘vuelos de la muerte’”.
Lo que Martin denunció acerca del antiguo centro clandestino, que estuvo bajo la órbita del Jefe de la Fuerza de Tareas 100 y funcionó en coordinación con la Mansión Seré y el Hospital Posadas, consta en las causas investigadas por Daniel Rafecas y fue la base de las demanda penal presentada por Danna y Avellaneda ante Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 de Morón y del pedido de “no innovar” radicado en el mismo juzgado de Rafecas por Flavia Fernández Brozzi, representante de varios querellantes. “El Gobierno, que es el encargado de proteger los Sitios de Memoria, lo ha destruido todo. Han violado la ley 26.691, porque pretenden borrar la historia. Es un delito flagrante”, denunció Danna.
Marisi calificó de “improvisados” a los funcionarios de la Anac y del Ministerio de Transporte que asistieron a la inspección ocular porque “no pudieron dar explicaciones”. Según los denunciantes, uno de los argumentos presentados por los funcionarios del Ejecutivo para justificar la falta del informe de impacto ambiental fue un decreto de la Fuerza Aérea de 1968, en el que reconocía a la base como aeródromo.
A 50 años de aquel decreto, la zona se urbanizó y se modificó. Un escuela industrial separada de la pista por un alambre, la cercanía de los edificios del barrio aeronáutico, la presencia de un polvorín a 100 metros de la pista, la proximidad de las vías del tren San Martín, fueron algunos de los “obstáculos” señalados por los testigos de la inspección. Problemas de seguridad que, en algunos casos, fueron avisados por “la propia Fuerza Aérea, que se ve perjudicada”, precisó Marisi, quien advirtió que algunos sectores en los que se están realizando tareas de construcción están “fuera del plano de obras de Aeropuertos Argentina 2000” aprobados por el ministro Guillermo Dietrich el viernes pasado, el mismo día en que la jueza solicitó la inspección. El funcionario aseguró que se trataría de una obra en tres etapas por un total de 1600 millones de pesos y que la primera etapa, para que comenzaran a operar FlyBondi y luego Norwegian Air, estaría lista en febrero.
Fuente:Pagina12
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