Luego de 40 años comenzó el juzgamiento de los genocidas que estuvieron al frente del único penal del país al mando de la Gendarmería. La organización El Colectivo produce semanalmente un material digital para difundir el contenido de las audiencias.
Ubicada a 47 km de la ciudad de Santa Fe, la Cárcel de Coronda fue centralizadora de los detenidos políticos mayoritariamente oriundos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Con funcionamiento entre 1974 y mayo de 1979, Se estima que pasaron por allí 1153 presos, entre delegados sindicales, militantes de Ligas Agrarias del norte de la provincia, Chaco y Misiones. En un comunicado, el Partido Justicialista de Santa Fe mencionó que allí “fueron reprimidos concejales, legisladores y funcionarios del gobierno constitucional iniciado en 1973, dirigentes gremiales de toda la provincia, abogados de trabajadores, sacerdotes del pueblo. César Tabares, quien fuera director civil de la Unidad 1 desde 1973 a 1975, años en que la cárcel funcionó con legalidad y respeto, fue perseguido y desaparecido por la dictadura en enero de 1977”.
Froilán Aguirre – militante y ex preso político de 1977 al 1979, en Coronda– , señaló en un programa radial que la causa se inició formalmente en 1984 con las primeras denuncias, incluso aquellas realizadas durante la dictadura por presos a través de sus familiares. Tuvieron que pasar 32 años para que recién en 2016 fuera elevada a juicio oral pero sin fecha de inicio. La Asociación Civil “El Periscopio”, que nuclea ex presos políticos, hizo pedidos para acelerar los plazos, lo que dio como resultado que el 14 de diciembre de 2017 iniciaran las audiencias que durarán hasta el mes de abril de este año.
Un aporte a la memoria
La organización El Colectivo tiene como objetivo “sembrar historias, relatos tejidos con tinta para lograr, quizás, que germine un jardín entre tanta oscuridad”. Desde diciembre pasado producen la publicación digital “Coronda: 40 años después – Diario de un juicio”, la cual distribuyen libremente. Además de los testimonios y un breve resumen del avance del juicio, contiene postales de las audiencias realizadas por el artista santafesino Raúl Viso, una de las víctimas que tiene que declarar como testigo.
Qué hechos se juzgan
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, presidido por la Dra. María Ivon Vella y constituido por los doctores Luciano Lauría y José María Escobar Cello, debe determinar las responsabilidades de los represores Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, por la muerte de Voisard, Ormaeche y San Martín, y por el tormento sufrido por 39 detenidos. Según la investigación de fiscalía, a cargo del Fiscal Dr. Martín Suarez Faisal, la Cárcel de Coronda fue uno de los engranajes de la represión ilegal en Santa Fe, y los presos sufrían las mismas torturas que las aplicadas en centros clandestinos, pero disimulado en el “ropaje de un centro de detención legal para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o de jueces federales”.
Por este proceso debía ser enjuiciado el ex Comandante Octavio Zirone, también autoridad del penal santafesino, quien murió en Buenos Aires a mediados de 2014. En los primeros testimonios – de los 82 que ha presentado la querella – se mencionó lo que el Ejército llamó la “Campaña Pensionista”. Juan Carlos Tizziani, describe en Página/12, este operativo: el cual implicaba una acción psicológica contra los “delincuentes subversivos”, para agravar las condiciones de detención y aislamiento y hostigar a sus familiares.
El objetivo era “modificar conductas, impedir el indoctrinamiento” (sic), promover las “deserciones”, “desmoronar” a los grupos políticos y recuperar al “individuo”. “Coronda fue el campo de concentración más violento del plan de destrucción psíquica”, menciona uno de los testigos. Muchos de estos hechos están narrados en el libro testimonial “Detrás de la mirilla”, publicado en 2003. En una de sus páginas se mencionaba que “frente a un plan sistemático de incomunicación y de destrucción psicológica y de las conciencias, desarrollamos como respuesta todo los tipos posibles de puentes comunicativos, de manera que hasta el último compañero estuviera informado, apoyado, asesorado, para sobrevivir a su situación”.
Ese espíritu permanece en El Colectivo, desde donde buscan aportar a la memoria colectiva los testigos directos del terrorismo de Estado. No es esta una tarea menor, en el marco de un gobierno nacional que desde su asunción el 10 de diciembre de 2015 no ha cesado en desprestigiar el accionar de organismos de derechos humanos, ha revitalizado discursos negacionistas del terrorismo de Estado y donde los represores ya condenados obtienen beneficios que recuerdan los peores años de impunidad.
Fuente:RedComSur
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