El ex canciller Héctor Timerman declaró en la causa por el Memorándum con Irán
“Fue para avanzar en el esclarecimiento”
Pese a su delicado estado de salud, Timerman quiso declarar para despejar todas las dudas sobre el acuerdo. La realización de la videoconferencia presentó muchos problemas técnicos.
Por Raúl Kollmann
Una captura de la declaración de Timerman ante los jueces del TOF9.
Imagen: N.A,
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Héctor Timerman quería hablar y contestar todas las preguntas sobre el Memorandum de Entendimiento con Irán. Fue lo único que justificó las dos horas casi dramáticas de su declaración de ayer. Se lo vio muy debilitado, con evidentes dificultades para hablar y con el notorio cansancio que la lucha contra el cáncer produce en su voz y en la fluidez de nombres y palabras. Nada justificaba la declaración en esas condiciones. A la mañana, la audiencia había naufragado por el desastre técnico que mostró la precariedad con la que la Justicia y el Estado argentino afrontan uno de los juicios más trascendentes. Se pretendió hacer la indagatoria con el micrófono de la única computadora del tribunal y las imágenes también se pretendían tomar con la camarita de la computadora, girando el aparato de un lado al otro. Fueron casi cinco horas de esperar una solución. Los abogados de Timerman, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, propusieron suspender todo por el cansancio del ex canciller, pero Timerman dijo que quería declarar fuera como fuera. “Todo lo que hicimos fue para avanzar en el esclarecimiento del atentado. Nada se hizo antes y nada después. No se avanzó ni un milímetro. Nosotros queríamos dar un primer paso con el interrogatorio de los iraníes”, sostuvo el ex canciller ante los jueces.
Al bochornoso episodio de ayer no le faltó nada, pese a la voluntad que le pusieron los tres magistrados –María Gabriela Iñiguez, Juan Michilini y Jorge Tassara, del Tribunal Oral 9– y el fiscal Marcelo Colombo. La audiencia estaba fijada para las 9.30, con los jueces sentados en Comodoro Py, la presencia de las demás partes en la sala y Timerman por videoconferencia desde su casa. El primer intento fue con una única computadora, sin que el ex canciller tuviera un micrófono y usando la cámara de la propia computadora. El sonido no funcionó. Pasaron las horas sin que se pudiera remediar por lo que la audiencia se fue suspendiendo. Finalmente, los jueces decidieron ir hasta el departamento de Timerman, en Palermo, a tomarle la declaración. Fue en ese momento que los letrados Peñafort y Rúa le insistieron al ex canciller para que desista de la indagatoria, pero Timerman no aceptó: quería declarar sí o sí.
A las 14.15, o sea cuatro horas y 45 minutos después de lo previsto, empezó la declaración, en condiciones casi tan precarias como antes. El micrófono que consiguieron fue un corbatero, que de a ratos Timerman tenía en su mano y acercaba a su boca, y de a ratos se lo pasaba a los jueces y al fiscal. En el inicio se escuchó claramente la voz del técnico diciendo que el sistema no grababa. Pero a esa altura los jueces ya habían perdido la paciencia y ordenaron que se siguiera adelante con lo que quedara grabado en la computadora. Timerman apareció en cámara cansado y con bastantes dificultades para hablar. En algún momento quiso decir Interpol, pero dijo AMIA. En otro mencionó la visita del presidente de Irán a la Argentina, refiriéndose al presidente de Siria. Fueron confusiones producto del cansancio, pero quedó claro lo que quería decir.
Estos fueron algunos de los conceptos salientes de la declaración:
* El Memorándum fue un intento de avanzar en la causa. Irán no extradita iraníes y la Argentina no juzga en ausencia. De manera que buscamos un camino para avanzar.
* “Desde que yo me fui, no se avanzó en nada. Diganme ustedes en qué se avanzó. El imputado Alí Akbar Velayati está paseando por Rusia y por China igual que paseaban antes. Y nada cambiará hasta que nos sentemos con los iraníes a negociar la declaración de los imputados”.
* No se avanza porque hay quienes no quieren que se avance. Timerman sugirió que tanto a Estados Unidos como a Israel no les interesa que se esclarezca el atentado, sino que están conformes con el estado de sospecha contra Irán.
* “No existió la llamada cumbre de Alepo. No hubo reunión secreta con el canciller iraní, Alí Akbar Salehi. El estuvo en Alepo el mismo día, se reunió con el presidente de Siria, pero no nos cruzamos en ningún momento. No tuve nada que ocultar, publiqué hasta una foto mía en Alepo, en la Citadel, de manera que no escondí nada”.
* “Notificamos a Interpol del Memorándum porque queríamos el apoyo público de Interpol, cosa que efectivamente tuvimos”.
* “La AMIA y la DAIA apoyaron el Memorándum el primer día, pero dos días más tarde pusieron en duda si el acuerdo con Irán hacía caer las capturas con alertas rojas. Por eso le pedí a Interpol que aclarara que las alertas rojas no tenían cambio alguno. Y así ocurrió”.
* “A Irán le interesó el Memorándum porque quería exhibir voluntad negociadora, mientras negociaba con Estados Unidos, Europa, Rusia y China el acuerdo nuclear”.
* “No pedimos la declaración de los ocho iraníes imputados porque a ellos les interesaban cinco, que eran los que tenían capturas con alertas rojas. La idea era dar un primer paso. Si lográbamos eso, después avanzaríamos sobre los otros tres”.
* “Nunca Cristina me dio ninguna orden que fuera contraria a derecho, ni yo la hubiera cumplido. Pero el objetivo de ella siempre fue avanzar en la causa AMIA durante su mandato. Quieren usar esta causa para atacarla a ella”.
* “No conozco a (Fernando) Esteche ni a (Jorge) Khalil ni a (Alan) Bogado. A (Luis) D’Elía lo saludaba en los actos. Nunca cruce una palabra con ellos sobre el caso AMIA”.
* “El Memorándum lo escribimos Salehi, el canciller iraní, y yo”.
* Durante la gestión de Jorge Taiana como canciller, los iraníes propusieron una negociación. Fue en la Isla Margarita en Venezuela. En la lista no estaba la cuestión AMIA. Por lo tanto Néstor Kirchner dijo que no. Y los iraníes no aceptaron incluir el tema. Eso fue lo que se mantuvo: no se negoció con ellos ninguna otra cuestión que no fuera el tema AMIA. Es decir que todo lo referido a petróleo, granos, nunca existió. Fue una mentira.
* “La causa AMIA no avanzó. Lo único que avanzó fue esta causa en contra nuestra. Es la prueba de la persecución”.
Anoche, el ex canciller trataba de sobreponerse al esfuerzo. Estaba con dificultades pero satisfecho. Todo el juicio es un verdadero escándalo en el que incluso se imputó a Timerman y a CFK por traición a la patria, una acusación ahora descartada. Se juzga una decisión política, un tratado aprobado por el Congreso y que, para colmo, nunca entró en vigencia. Todo parece al servicio de quienes quieren usar la causa AMIA para la geopolítica internacional.
14 de julio de 2018
Los gremios de la industria le reclamaron al ministro Dante Sica la defensa de la industria nacional
Reclamo de la UOM y Smata en Producción
El funcionario recibió a Antonio Caló y Ricardo Pignanelli en medio de una multitudinaria manifestación. Los gremialistas denunciaron “la gravísima situación de la industria metalmecánica” y pidieron el freno a las importaciones.
Por Felipe Yapur
Una masiva marcha de la UOM y el Smata en la puerta del edificio del Ministerio de la Producción.
Imagen: N.A,
Imagen: N.A,
La reunión de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) bien puede ser considerada histórica y la participación conjunta en una masiva y bulliciosa movilización frente al Ministerio de la Producción fue un mensaje para el Gobierno nacional que habla del cambio de la estrategia sindical. Ante el ministro Dante Sica, los jefes gremiales, Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, advirtieron a través de sendos documentos sobre “la gravísima situación de la industria metalmecánica” y, por ende, reclamaron la defensa concreta de la industria nacional y de los puestos de trabajo que genera. Según confiaron fuentes sindicales, el ministro Sica les aseguró que está trabajando en una pronta implementación de aranceles a determinados productos importados que hacen a la actividad industrial de estos gremios.
La tirria entre la UOM y el Smata es histórica e incluso anterior a las conducciones de los actuales secretarios generales. Sin embargo, la política económica implementada por Cambiemos y sus perjuicios para la actividad industrial los acercó y se expresó en la movilización de ayer. Pero además, la pronta respuesta ministerial al pedido de audiencia prueba la importancia de estos sindicatos. Antes de ingresar, Caló anticipó el motivo de la reunión: “La apertura nos afecta. En realidad todo el plan económico nos está complicando. No hay poder adquisitivo entre los trabajadores”, dijo.
Sica conoce desde hace años a Caló y también a Francisco “Barba” Gutiérrez y eso se notó porque a los metalúrgicos les dio un abrazo y a Pignanelli le estrechó la mano. Sin embargo, ese conocimiento previo no evitó que los dirigentes de la UOM le describieran el funesto panorama que vive la industria metalmecánica. Los dirigentes sindicales le recordaron que desde que Macri asumió el gobierno se han producido 30 mil despidos y 20 mil suspensiones como “consecuencia de las erróneas políticas económicas ejecutadas”. La sentencia no solo fue pronunciada sino que quedó estampada en el documento que la UOM le dejó a Sica. Algo similar sucedió cuando le reclamaron defender el mercado interno o cuando criticaron la suba de las tarifas de los servicios públicos que “destruye la estructura de costos de las empresas y el ingreso disponible de la población”. En esa línea le reclamaron la recomposición de las líneas de crédito para inversión productiva, la aplicación rápida de los programas de Recuperación Productiva que debe hacer el Ministerio de Trabajo, establecer cupos de importación para garantizar producción local y el empleo.
Por su lado, Pignanelli –que estuvo acompañado de su secretario Adjunto, Mario Manrique– llevó un pedido que lo comparte con la UOM sobre la defensa de “la fabricación nacional de carrocerías y motos”. Sobre este punto, el líder de los mecánicos se quejó de la falta de cumplimiento del Gobierno sobre la prohibición de “la importación de colectivos para todo 2018”. Los sindicalistas le recordaron que la administración macrista se había comprometido a ello en octubre del 2017. El tema de la industria carrocera desvela a Pignanelli, que en el documento que entregó, le recordó a Sica que existía el compromiso oficial de mantener la plena ocupación de la capacidad productiva del sector. Sin embargo, el gobierno “tomó como primera medida la importación de colectivos para todo 2018 y establecer una línea de créditos blandos para el recambio de unidades, como así también exigirles a los carroceros costos más competitivos para atender las necesidades del mercado”. Es más, los mecánicos señalaron que una vez que se abrió la importación de colectivos desde Brasil el gobierno bajó la velocidad de la toma de decisiones. “Nos sentimos como trabajadores estafados en nuestra buena fe”, reza el escrito que el Smata le dejó a Sica. Según relataron fuentes sindicales, el ministro se comprometió, como todo funcionario que se precie de tal, a estudiar el listado de pedidos y anunció que en pocos días más comenzará a funcionar una especie de grupo de reacción rápida que tendrá que atender las necesidades de estos gremios.
Por otra parte y siempre según confiaron dirigentes sindicales, Sica les anunció que está dispuesto a implementar aranceles a las importaciones de determinados sectores. En principio estarían destinadas a la línea blanca y luego a la electrónica y autopartes. Eso disparó una media sonrisa entre los sindicalistas porque antes quieren verla concretada antes de festejar una medida que a los ojos de Cambiemos es de corte populista.
Caravana contra las bases militares
En Neuquén una multisectorial rechazó la instalación de una Base civil-militar norteamericana. 70 organizaciones no quieren la injerencia de ninguna potencia.
13/07/2018
En el aniversario 202 de la declaración de la Independencia de Argentina, una multitudinaria caravana se movilizó desde el Monumento a San Martín en el centro de la ciudad de Neuquén hasta el lugar donde Estados Unidos (EEUU) proyecta instalar una base de “ayuda humanitaria”, dependiente del Comando Sur, perteneciente a las fuerzas militares norteamericanas.
Se trata de una obra que funcionaría como centro de evacuación ante catástrofes eventuales.
Pero los vecinos no creen en la ayuda que les pueda brindar EEUU. “Sabemos que este es un punto estratégico en la ciudad de Neuquén ya que está a la vera de la Autovía norte y próxima al Aeropuerto internacional J. D. Perón. Sabemos que intentan emplazarla a metros de la Ruta del Petróleo camino a Vaca Muerta y ahora también sabemos que está cercano al territorio comunitario mapuche”, describieron en un documento las más de 70 organizaciones que integran la multisectorial (ver “Decimos”).
A una hora de donde EEUU piensa instalar su centro de “ayuda”, está la población Añelo, en el centro de Vaca Muerta. Con ese nombre, el geólogo Charles Weaver denominó hace más de un siglo la formación geológica de Shale gas en un estudio para la Standar Oil de California (actual Chevron). Hoy se sabe, según datos de la EIA (Administración de Información Energética de EEUU), que nuestro país tiene en esa cuenca la segunda reserva de gas no convencional del mundo, con casi 308 billones de pies cúbicos (38% del total), superada solo por China.
Se trata de una obra que funcionaría como centro de evacuación ante catástrofes eventuales.
Pero los vecinos no creen en la ayuda que les pueda brindar EEUU. “Sabemos que este es un punto estratégico en la ciudad de Neuquén ya que está a la vera de la Autovía norte y próxima al Aeropuerto internacional J. D. Perón. Sabemos que intentan emplazarla a metros de la Ruta del Petróleo camino a Vaca Muerta y ahora también sabemos que está cercano al territorio comunitario mapuche”, describieron en un documento las más de 70 organizaciones que integran la multisectorial (ver “Decimos”).
A una hora de donde EEUU piensa instalar su centro de “ayuda”, está la población Añelo, en el centro de Vaca Muerta. Con ese nombre, el geólogo Charles Weaver denominó hace más de un siglo la formación geológica de Shale gas en un estudio para la Standar Oil de California (actual Chevron). Hoy se sabe, según datos de la EIA (Administración de Información Energética de EEUU), que nuestro país tiene en esa cuenca la segunda reserva de gas no convencional del mundo, con casi 308 billones de pies cúbicos (38% del total), superada solo por China.
Cambiemos alianzas
Todo comenzó en el año 2012, cuando los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag) y de Chaco (Jorge Capitanich), firmaron un acuerdo para recibir donaciones del Comando Sur para construir centros de defensa civil. El rechazo social, fundamentalmente en Chaco, frenó la iniciativa. Pero el realineamiento de Argentina con EEUU desde que asumió Cambiemos al gobierno, la retomó.
De hecho el pasado 10 de mayo de este año, una comitiva del gobierno de EEUU arribó a Neuquén a bordo de un avión oficial del gobierno de Donald Trump. Allí los técnicos a cargo de la obra visitaron el lugar donde se realizará la base.
Esto puso en alerta a los vecinos de la ciudad patagónica. Por eso en el acto de este lunes, una de las consignas fue a la donación de la base “no la pedimos, no la queremos”. Es que la única ayuda de “EEUU es para con ellos mismos o para las multinacionales que están bajo su protección, ya que les permite el espionaje, comando, control y comunicaciones con fuerzas operativas permanentes”, expresa el documento.
“Sabemos que el Comando Sur empieza con una donación, después viene la DEA y terminan llegando las tropas. Incluso no tienen que estar las tropas para que haya, por ejemplo, personal militar civil que haga inteligencia”, expresó Alfredo Bustos, del movimiento Octubres, una de las organizaciones pertenecientes a la multisectorial.
En febrero de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en visita a EEUU, anunció la creación de “task force” en el norte argentino con el argumento de combatir el “crimen organizado” y el narcotráfico, junto a analistas de inteligencia de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EEUU). Las provincias elegidas serían Salta y Misiones (Triple Frontera). Y si ejemplos de vínculos con EEUU faltan, en estos días la Policía Federal Argentina recibirá entrenamientos de una dependencia del Comando Sur (ver “¿Quiénes nos entrenan?”).
“Esto está en el marco de un proyecto global y somos parte de un ajedrez geopolítico”, manifestó Bustos quien agregó: “El camino es la unidad de los sectores populares para resistir a la instalación de la base norteamericana”.
Todo comenzó en el año 2012, cuando los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag) y de Chaco (Jorge Capitanich), firmaron un acuerdo para recibir donaciones del Comando Sur para construir centros de defensa civil. El rechazo social, fundamentalmente en Chaco, frenó la iniciativa. Pero el realineamiento de Argentina con EEUU desde que asumió Cambiemos al gobierno, la retomó.
De hecho el pasado 10 de mayo de este año, una comitiva del gobierno de EEUU arribó a Neuquén a bordo de un avión oficial del gobierno de Donald Trump. Allí los técnicos a cargo de la obra visitaron el lugar donde se realizará la base.
Esto puso en alerta a los vecinos de la ciudad patagónica. Por eso en el acto de este lunes, una de las consignas fue a la donación de la base “no la pedimos, no la queremos”. Es que la única ayuda de “EEUU es para con ellos mismos o para las multinacionales que están bajo su protección, ya que les permite el espionaje, comando, control y comunicaciones con fuerzas operativas permanentes”, expresa el documento.
“Sabemos que el Comando Sur empieza con una donación, después viene la DEA y terminan llegando las tropas. Incluso no tienen que estar las tropas para que haya, por ejemplo, personal militar civil que haga inteligencia”, expresó Alfredo Bustos, del movimiento Octubres, una de las organizaciones pertenecientes a la multisectorial.
En febrero de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en visita a EEUU, anunció la creación de “task force” en el norte argentino con el argumento de combatir el “crimen organizado” y el narcotráfico, junto a analistas de inteligencia de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EEUU). Las provincias elegidas serían Salta y Misiones (Triple Frontera). Y si ejemplos de vínculos con EEUU faltan, en estos días la Policía Federal Argentina recibirá entrenamientos de una dependencia del Comando Sur (ver “¿Quiénes nos entrenan?”).
“Esto está en el marco de un proyecto global y somos parte de un ajedrez geopolítico”, manifestó Bustos quien agregó: “El camino es la unidad de los sectores populares para resistir a la instalación de la base norteamericana”.
¿Y China?
También en la provincia neuquina, camino a la cordillera, en la localidad Bajada del Agrio, China a través de un convenio obtuvo un predio de 200 hectáreas en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández (luego ratificado por Macri), donde instaló una estación espacial (denominada CLTC).
“Hay tres antenas inmensas que son de seguimiento satelital. El problema principal es que el organismo chino que lo hizo es militar”, dice Bustos quien plantea que “si bien pareciera que se usa para algo civil, pueden triangular información con otras bases y así podrían derribar misiles en el espacio”.
Por eso Bustos hace hincapié -al igual que el documento leído este lunes- que el planteo es “antimperialista ya que no queremos la injerencia de ninguna potencia o país extranjero”.
También en la provincia neuquina, camino a la cordillera, en la localidad Bajada del Agrio, China a través de un convenio obtuvo un predio de 200 hectáreas en 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández (luego ratificado por Macri), donde instaló una estación espacial (denominada CLTC).
“Hay tres antenas inmensas que son de seguimiento satelital. El problema principal es que el organismo chino que lo hizo es militar”, dice Bustos quien plantea que “si bien pareciera que se usa para algo civil, pueden triangular información con otras bases y así podrían derribar misiles en el espacio”.
Por eso Bustos hace hincapié -al igual que el documento leído este lunes- que el planteo es “antimperialista ya que no queremos la injerencia de ninguna potencia o país extranjero”.
¿Quienes nos entrenan?
A pedido del Ministerio de Seguridad argentino, el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina participará en un Entrenamiento de Intercambio Conjunto Combinado (JCET, por sus siglas en inglés) con el Comando de Operaciones Especiales –Sur (COESUR), una unidad subordinada al Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM). El JCET se realizará del 12 julio al 3 de agosto de 2018 en dependencias del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El JCET fue solicitado por el Ministerio de Seguridad argentino como parte de los preparativos para la décima tercera Cumbre de Líderes del G20, a realizarse en CABA.
A pedido del Ministerio de Seguridad argentino, el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina participará en un Entrenamiento de Intercambio Conjunto Combinado (JCET, por sus siglas en inglés) con el Comando de Operaciones Especiales –Sur (COESUR), una unidad subordinada al Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM). El JCET se realizará del 12 julio al 3 de agosto de 2018 en dependencias del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El JCET fue solicitado por el Ministerio de Seguridad argentino como parte de los preparativos para la décima tercera Cumbre de Líderes del G20, a realizarse en CABA.
Fuente:ElMegafono
Más de 4300 despedidos mensuales
13 julio, 2018
por Pagina 12
El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo al relevamiento elaborado por el CEPA, los más afectados fueron los empleados estatales, seguidos por los del sector industrial.
Un promedio de 4368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas durante el primer semestre de 2018. El dato surge de un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”. El mayor grupo afectado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri es el de los empleados estatales (46 por ciento del total) seguidos por los del sector industrial (38 por ciento). “La cantidad de despidos y suspensiones en la industria no se ha detenido desde la asunción de Cambiemos”, destaca la consultora que encabeza el economista Hernán Letcher, que contabiliza 76.359 desde noviembre de 2016 hasta fines de junio último.
“Estamos atravesando una tormenta… pero el rumbo seguirá siendo el mismo. Entre todos tenemos que generar más trabajo, porque el trabajo digno es justicia social”, dijo el presidente Mauricio Macri el lunes en la histórica Casa de Tucumán. La cita encabeza las conclusiones del informe elaborado por el Equipo de Estudios Laborales del CEPA en base a un relevamiento de datos originados en sindicatos, centrales obreras, comisiones internas, trabajadores organizados y notas periodísticas.
Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4368 por mes), que implican 3837 más que los del primer semestre de 2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan entre sector público o privado. El 46% de los expulsados (12.191) son o eran empleados estatales: 7.635 bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se produjeron en los primeros dos meses del año.
Dentro del universo de las empresas privadas, la rama industrial encabeza el listado de víctimas con 9.872 trabajadores (38% del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593 afectados. El estudio permite observar una continuidad en el proceso de expulsión de obreros de la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores, calcula el CEPA, cifra que se corresponde con los 74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta abril último.
De los 26.206 afectados registrados por el CEPA, 13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones, la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.
Si se consideran los diversos sectores de actividades, dentro de la industria el más perjudicado fue el sector textil (suspensiones en Alpargatas y Dass, despidos en Alpargatas, Karavell y Coteminas), seguido por alimentos y bebidas (sobresale el caso del ingenio San Isidro, de Salta, con 730 despidos, así como los de El Tabacal, Alijor/ La Salteña –300 expulsados en su planta de Garín–, Citrus Alem, La Campagnola y Villa del Sur) y el sector metalúrgico (despidos en Emepa, Epson, Stockl e Indequil). Luego aparecen el de autopartes (Itec de San Juan, 350 despidos, y Metalpar) y los frigoríficos (Beltrom, Pehuajó y BRF).
En el ámbito de los servicios, el sector de comercio representa casi la mitad de los despedidos y suspendidos, a partir de los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery. Luego aparecen salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos.
En el sector público, la mayor cantidad de despidos se registró en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas, y el Senasa, y en municipalidades como las de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero o La Plata.Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía. También se registran despidos en el gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de Mayo), Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
*Por Página 12 / Foto de portada: Eloísa Molina
Fuente:LaTinta
LA UNIDAD ANTITERRORISTA DE CASAL
El procurador interino creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional
El jefe interino del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, acaba de crear la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), anunciada en diciembre. Con un lenguaje que abona la preocupación de quienes ya advirtieron que la iniciativa podía convertirse en una herramienta de persecución a todo tipo de disidencia política y/o de espionaje económico, el texto señala que la SAIT tendrá atributos para reunir a las agencias del Estado en una mesa, incluidas espías y fuerzas de seguridad, para “abordar de manera integral el extremismo violento, entendido como conducto hacia el terrorismo internacional, ya que ambos fenómenos delictivos socavan la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos”.
Casal está a cargo del MPF interinamente desde la salida de Alejandra Gils. La resolución salió el viernes 13 de julio, a cinco días del aniversario del atentado a la AMIA. Y cuando todo hace pensar que Casal está de salida, empujado por la posibilidad cada vez más cercana del ingreso de Inés Weinberg de Roca, candidata del Ejecutivo a jefa del MPF, impugnada por los organismos de derechos humanos, con cita el 31 de julio en la Comisión de Acuerdos del Senado.
Pero entonces, ¿por qué un interino deja montado este armado? Las respuestas son multidimensionales. Una de las lecturas posibles es que está preparando un espacio de salida. La resolución señala que la SAIT va a depender de la Procuraduría Penal ante la Corte de Justicia de la Nación, cargo del que es titular. A cargo del área quedará, según parece, su mano derecha, Juan Manuel Olima Espel, actual secretario de coordinación institucional del MPF, a quien Casal le encargó el proyecto apenas asumió. Olima Espel es amigo del ahora ex presidente de la AMIA, Ariel Cohen Sabban, caído en desgracia por las denuncias por acoso. En agosto del año pasado participó de un intercambio con la Corte de Israel. Estos datos pueden dar cuenta, así, de otra lectura: la preocupación por la agenda de seguridad y defensa de Israel y Estados Unidos.
El texto
La resolución tiene seis páginas, mucha palabra, mucha cita a resoluciones de la ONU y pocos puntos centrales. Dice que la Secretaría va a cooperar con instituciones del Estado y extranjeras y va a preparar protocolos de actuación para fiscales. Los protocolos se harán para que los fiscales sepan cómo actuar ante un presunto atentado (en un país con un último acto del género hace 25 años). Para elaborar los protocolos, van a configurar un espacio de trabajo con agencias del Estado. Y ese es un problema. Como se verá, detrás de las palabras técnicas, eso parece la apertura de un espacio para agentes de inteligencia y de seguridad, es decir: la AFI de un lado y el ministerio de Patricia Bullrich, del otro. Dicho en boca de una de las personas que investiga la causa AMIA, eso parece una trasferencia de poder para las fuerzas de inteligencia y de seguridad.
En el comienzo, Casal recoge el diagnóstico de Olima Espel y dice que está de acuerdo. “El hecho de que ataques terroristas continúen perpetrándose en distintos lugares del mundo demuestra que en este momento es importante incrementar el trabajo a fin de conocer y estar en condiciones de afrontar las nuevas amenazas y modalidades operativas por parte de individuos y grupos terroristas que se vienen observando a nivel mundial”, dice. Entre esas nuevas amenazas y modalidades, Olima Espel señaló un espectro tan amplio que deja a todo el universo en zona de peligro: utilización generalizada y efectiva de la tecnología de la información, especialmente Internet con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación; la estrecha vinculación de terroristas con la delincuencia organizada transnacional; el crecimiento de actores solitarios y de ataques perpetrados contra los llamados “objetivos no protegidos”; la necesidad de resguardar la infraestructura crítica; el fenómeno global de los “combatientes terroristas extranjeros”, dice. O “la creciente preocupación de que individuos o grupos terroristas adquieran precursores y otros materiales aptos para la fabricación de armas de destrucción masiva; y la utilización de nuevos métodos de financiación del terrorismo (como el uso de dinero electrónico, criptomonedas o sistemas informales de remesas)”.
En otro punto, todas esas amenazas comienzan a ser colocadas en un protocolo de actuación. Entre otros puntos, la Secretaría tendrá las siguientes tareas: 1. asesoramiento estratégico y técnico al Procurador; 2. Elaborar en coordinación con los respectivos órganos del Estado, un protocolo de actuación para los fiscales para casos de ataques terroristas. 3. Proyectar y promover el desarrollo de políticas públicas e iniciativas legislativas. 4. Gestionar convenios de cooperación institucional y acuerdos con otras entidades del sistema nacional incluyendo el ámbito académico, entidades del sector privado, de la sociedad civil y asociaciones de víctimas del terrorismo y el extremismo violento, como así también con otros ministerios públicos. 5. Oficiar de enlace institucional en materia de terrorismo y extremismo violento ante los órganos competentes del Estado; 6. Estudiar y analizar los factores económicos y canales de financiamiento que sostienen a personas y grupos terroristas y los aspectos específicos de su problemática; en especial, las posibles herramientas para la incautación, decomiso y congelamiento, en su caso, de los bienes utilizados para perpetrar o financiar atentados.
Y sigue. Como se ve, el campo es enorme. El programa no sólo habilita a perseguir conexiones locales de mapuches chilenos acusados de terroristas. También habilita a espiar negocios. Una persona que trabajó en la causa AMIA recuerda que bajo la excusa del financiamiento al terrorismo internacional, durante años se investigó a empresas de origen iraní en Argentina.
La AMIA es otro eje presente en el texto de distintas maneras. Vía Olima Espel. Pero también vía Casal. El procurador interino dice dos cosas: que la Secretaría funcionará en la Procuraduría Penal ante la Corte “en atención a la especialidad de la materia y a la circunstancia de que dicha área ha intervenido en las causas relativas a los atentados terroristas sufridos en territorio de la República, ya sea representando a este Ministerio Público en el proceso de jurisdicción originaria que tiene por objeto el atentado a la Embajada de Israel, o bien en la última etapa recursiva de las causas vinculadas al ataque a la sede de la AMIA”. Y también señala que la Secretaría colaborará con la Unidad AMIA “en razón de los numerosos puntos de contacto objetivos y subjetivos existentes entre ambos”, un dato que en realidad aparece como otra de las lecturas posibles de esta nueva unidad que así va a terminar de licuar lo que queda de la Unidad AMIA.
Pero la pregunta que sigue pendiente es: ¿por qué ahora? ¿Por qué un interino? ¿Para hacerse un espacio? ¿Para tener algo que mostrar ante un nuevo aniversario de la AMIA? ¿Para mostrar alineamientos afuera?
En diciembre del año pasado, cuando Casal anunció el proyecto, la diputada Miryam Bregman le respondió por Twitter. Dijo que detrás de esa iniciativa se escondía la intención de crear herramientas jurídicas para avanzar contra sectores sociales que protestan contra el gobierno, como las comunidades mapuches del sur. “Una vez más, usan la causa AMIA para una criminalización de la protesta y para avanzar en el control social. La impunidad se termina con la apertura de los archivos del Estado —dijo—, no con la falsa preocupación del procurador Casal ordenando una unidad antiterrorista”.
Fuente:ElCohetealaLuna
14.07.2018
AJUSTE PRO
El acuerdo con el FMI prevé la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados
Si bien no figura como exigencia, es uno de los puntos que el FMI recomendó al Gobierno para lograr el equilibrio fiscal. La puerta ya había sido abierta por Cambiemos con la ley de Reparación Histórica. Se usaría para financiar pagos de juicios por jubilaciones.
Con la famosa ley de Reparación Histórica, el Gobierno abrió la puerta a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para afrontar el pago de juicios por jubilaciones. Con ese antecedente, ante el FMI Cambiemos se comprometió a liquidar el FGS para hacer frente a la reparación histórica.
De este modo, el Gobierno debería desprendese de los títulos públicos heredados de las AFJP y las acciones de empresas privadas que tiene en sus manos, según había adelantado el diario Bae.
"Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica", había dicho el Gobierno en el memorandum con el FMI.
En ese mismo documento, el Gobierno aclaró que "el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”. “El monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”, propuso.
El fondo de los jubilados es una masa monetaria anticíclica que está preparada para ser fuente de efectivo en períodos de crisis. Fue creado en 2007 y está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, péstamos a provincias, entre otros.
Según el decreto 897/'7, el FGS "instituye con alcance nacional el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) cuyo fin es cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte, el cual se encuentra integrado al Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS)". Esto fue modificado en 2016 y ahora reza que los fondos del fondo "podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y para hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica".
Fuente:PoliticaArgentina
Denunciaron al fiscal Marijuán por supuesto espionaje universitario
Se conoció la orden del fiscal de espiar a los estudiantes que estaban a cargo de la FUBA en 2015 y 2016. "Nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente", resaltó Gómez Alcorta, abogada de los denunciantes.
Por Gustavo Montiel
13 de Julio de 2018
Durante cerca de medio año, entre noviembre de 2015 y hasta abril de 2016, el fiscal Guillermo Marijuán presuntamente ordenó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina que efectúe tareas de inteligencia en ocho sedes del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires sin que medie la orden de un juez, medida que viola la Ley de Educación Superior.
Por este motivo, estudiantes de la UBA presentaron el jueves 12 de julio una denuncia penal contra el fiscal Guillermo Marijuan, por supuesto espionaje ilegal dentro de la institución. Según los alumnos, que se movilizaron a los Tribunales de Comodoro Py, el representante del Ministerio Público utilizó a efectivos de la PFA vestidos de civil para realizar "discretas tareas de inteligencia" sin ninguna orden judicial.
El presunto espionaje se llevó a cabo en el marco de una causa abierta en 2015 tras la denuncia del abogado radical Ricardo Monner Sans contra los entonces co-presidentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires -el organismo que representa a los estudiantes - Adrián Lutvak y Julián Asiner, y contra extitular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick, por presunta administración fraudulenta en la organización estudiantil.
Como contexto, los presidentes de la FUBA resultaron acusados por el fiscal mientras la Federación concretaba una campaña de denuncia contra la designación como vicerrector de Darío Richarte, exnúmero dos de la SIDE durante la presidencia de Fernando De la Rúa, que terminó en su renuncia al vicerrectorado.
La denuncia por espionaje ilegal fue presentada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de los jóvenes, quien también pidió la nulidad de lo actuado contra los extitulares de la FUBA, quienes dejaron el cargo hace pocas semanas, tras una polémica votación.
"Como abogada de derechos humanos y docente de la UBA, no puedo dejar de alarmarme por la medida ilegal de Marijuan, que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente", señaló Gómez Alcorta sobre el caso.
"Si el fiscal actuó de esta manera por desconocimiento de la Ley de Educación Superior, con más de 20 años de vigencia, indica que no estaría en condiciones de mantenerse en su cargo. Y si la conocía y, de modo voluntario y decidido, llevó a cabo esas tareas sin la orden judicial, indica aún más la arbitrariedad y la ilegalidad de su accionar en la causa”, afirmó la letrada.
En este sentido el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, determina que la fuerza pública no puede ingresar en las universidades nacionales, salvo que cuente con orden escrita previa y fundada de un juez o solicitud expresa de la autoridad académica.
Ingreso de fuerzas de seguridad y espionaje
“Lo que sí viene siendo evidente es cómo ha aumentado el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades en el último tiempo, pero siempre en casos en los que el ingreso responde a una decisión de la policía, que se zarpa. Nunca por orden deliberada de un fiscal para realizar inteligencia”, marcó Gómez Alcorta.
Lutvak, por su parte, expresó: “No es casual que esta causa se haya iniciado cuando la FUBA realizó una campaña contra la designación del ex SIDE Darío Richarte como vicerrector de la UBA, que tuvo que renunciar por el rechazo estudiantil. Tras estar dormida durante meses, la reactivación de esta causa en este momento, de la mano de una avanzada mediática contra la FUBA, tampoco es una coincidencia. Recientemente Cambiemos y el rectorado avanzaron en una maniobra fraudulenta para usurpar la FUBA, truchando delegados y recordándonos las peores épocas de Franja Morada en la UBA”, acusó el dirigente de la agrupación La Mella, quien deberá declarar en agosto próximo según Página/12.
Asiner, dirigente del Partido Obrero, señaló: “A 100 años de la Reforma, la persecución y la represión al movimiento estudiantil no pasarán. Llamamos a repudiar este gravísimo ataque y a cerrar filas en defensa de la universidad pública”.
Marijuan tiene, además, el antecedente de haber denunciado, en enero de 2017, a 52 universidades públicas nacionales por presunta malversación de fondos. Esa denuncia generó el repudio del Consejo Interuniversitario Nacional que remarcó que se trató de "un ataque generalizado al sistema de educación superior pública" y de "una denuncia indiscriminada, con argumentaciones generales". Ahora, suma el presunto espionaje a estudiantes.
Fuente:TiempoAr
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