Publicado el 27-11-2018
Las querellas en el segundo juicio continuaron este martes sus alegatos. Descartaron la obediencia debida y que "no sabían lo que hacían", dos coartadas de los represores.
“Sabían lo que hacían, se capacitaban, se preparaban para eso”, afirmó este martes el abogado querellante, Franco Catalani, en otra jornada de alegatos en el juicio de la Subzona 14 II. De esa forma, contrarestó al coartadas defensivas de la obediencia debida y la falta de conocimiento que, se espera, formularán los defensores de los catorce represores que están sentados en el banquillo de los acusados.
Este martes los querellantes prosiguieron con sus alegatos -lo iniciaron hace dos semanas-, aunque recién la semana próxima llegaría el pedido de condenas y penas para los imputados por secuestros, torturas, asociación ilícita y genocidio durante la última dictadura militar en la provincia.
El debate se reanuda el 4 y 5 de diciembre, y prosigue luego el 18 y 19. La sentencia pasará para los primeros meses del año próximo, luego de la feria judicial. Catalani, junto Maximiliano Corroinca y Miguel Villagra, y Juan Resia, se turnan para recorrer cada caso y sus imputados y para formular la acusación. Repasan más de 60 víctimas cada uno, con las pruebas recogidas durante nueve meses de audiencias, testimonios y declaraciones. Una vez que terminen las querellas, se escuchará a la fiscalía y a los abogados defensores.
“Hacían carrera”
Este martes, en la reanudación del alegato, el abogado Franco Catalani dijo que “está refutado” el argumento defensivo de que los represores obedecían órdenes. “No es causa exculpatoria”, recordó las definiciones tomadas en ese sentido en juicios anteriores. Además, consideró “inverosímil” el planteo de que “no sabían lo que hacían” ya que, contrapuso, se comprobó que existió un plan sistemático y que no hubo hechos aislados.“Se preparaban, se capacitaban para eso. Y también hacían carrera”, señaló el letrado.
Por otra parte, mencionó la utilización de las picanas eléctricas en manos de policías y militares, especialmente diseñadas y con asistencia de profesionales médicos para controlar su aplicación. “Es importante no naturalizar el instrumento de la tortura”, señaló.
Catalani se refirió al copamiento del colegio de Arauz, un pueblo “donde se conocían todos”, y donde militares y policías secuestraron el 14 de julio del '76 a un grupo de docentes de ese colegio, que fueron sometidos a torturas y detenciones ilegales.
“Ahí se vio cómo se aplicó el aparato del terror. Todos eran sospechosos y posibles delatores”, mensuró. "No solo se delataron entre personas que se conocían de generaciones. Intervino el Servicio de Inteligencia de la Marina, que le pasó la información al Ejército”, subrayó. “Nada sucedió al azar, estaban preparados porque eran instruidos en acciones sicológicas y eliminación del terrorismo”, indicó. Incriminó a Greppi, Baraldini, Gatica, Cenizo, "Miseria" López, y Reta por su actuación en ese operativo.
Por el caso del secuestro de la docente embarazada de Paso de los Algarrobos, Zulema Arizo, pidió condenas para Baraldini, Lucero y Quintero. En el primer juicio ya había sido condenado Marenchino y el represor Roberto Fiorucci.
También se refirió al secuestro del docente de teatro de Catriló, Alberto Callaqueo, y del músico Oscar Perna. Baraldini y Greppi fueron los imputados por los delitos.
Finalmente, mencionó al grupo de periodistas víctimas de la represión ilegal: Raúl Celso D´atri, Eduardo Nelson Nicoletti, Juan Carlos Pumilla, Ricardo Alfredo Di Nápoli, Saúl Santesteban. Baraldini y Greppi, fueron los apuntados por los delitos de asociación ilícita, secuestro y tormentos.
“Destruir un proyecto”
A su turno, el abogado querellante Maximiliano Corroinca se refirió a los secuestros de un grupo de médicos del Servicio Provincial de Salud (Irazusta, Mafrand, Otálora, Tankof, Taborda y Troul) operativos que se llevaron adelante en noviembre del ’75, antes del golpe militar.
“El objetivo era destruir un proyecto político que se había iniciado dos años antes y que entendía la salud con un criterio preventivo, universal e integral”, dijo. Acusó entonces a parte de la sociedad civil, como el Colegio Médico, de haber fogoneado las detenciones de los médicos y la intervención y desmantelamiento de ese servicio estatal. Imputó a Baraldini y Greppi.
Luego siguió con un grupo de cinco personas que fueron secuestradas y torturadas por participar en organizaciones gremiales, Miguel Maldonado, Jesús Rodríguez, Augusto Menghi, Oscar Montes de Oca y Roberto Coronel. Acusó por estos delitos a Baraldini y Greppi, y también a Reinhart por uno de ellos. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y el martes de la próxima semana Corroinca continuará con más casos.
Los acusados
En el juicio están acusados 14 represores pampeanos. Quedó afuera, por razones de salud, el represor Roberto Fiorucci, un excomisario que ya fue condenado en 2010.Salvo el expolicía Carlos Roberto Reinhart -aún cumple la primer condena en la Colonia Penal 4-, el resto de los imputados permanece en libertad o con prisión domiciliaria. Se trata del excoronel y exsecretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, el exjefe de la Policía de La Pampa Luis Enrique Baraldini, Antonio Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Hugo Roberto Marenchino, Oscar Alberto López, Athos Reta, Orlando Osmar Pérez, Miguel Ángel Ochoa, Jorge Osvaldo Quinteros, Juan Domingo Gatica, Luis Horacio Lucero y el exmédico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto.
Los dos exmilitares y doce expolicías están imputados en total por detenciones ilegales y tormentos de 234 personas. En el histórico primer juicio de 2010 solo se habían analizado 28 víctimas.Los nuevos casos que se ventilaron en el juicio son personas secuestradas entre 1975 y 1982, sometidas a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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