El ex D2 sigue sin una ley que lo resguarde
Organismos de derechos humanos reclaman por el sitio que funcionó como centro de detención clandestina.
Se cumple un nuevo aniversario de la noche más larga de la historia argentina. Hoy, 24 de marzo, se recuerda el golpe de Estado de 1976 cuando los mandos militares apoyados por un sector de la sociedad civil llevaron adelante la dictadura más sangrienta, que duró hasta el 10 de diciembre de 1983.
Hoy, en el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, los organismos de derechos humanos vuelven a insistir en la falta de regularización del Espacio para la Memoria (EPM) donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como D2, ubicado en la calle Belgrano 179.
Recordemos que el espacio fue reconocido a través de decretos, sucesivamente, por los gobiernos de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo. Sin embargo, la Provincia -una de las pocas en todo el territorio nacional- no ha adherido a la ley nacional 26691, que fue reglamentada en 2014 y le otorga un marco más sólido a los sitios que funcionaron como centros de detención durante el terrorismo de Estado. En el mismo sentido, tampoco existe una ley provincial.
Es por este motivo que las organizaciones que integran el consejo directivo del EPM, desde que hicieron la toma de posesión del ex D2 -en 2014- han presentado proyectos de ley para tener un aval que los legitime.
De hecho, el martes pasado los organismos de DDHH -junto a la semióloga Patrizia Violi, académica dedicada al estudio de la memoria- hicieron una presentación ante legisladores provinciales, quienes se comprometieron a avanzar con la ley del EPM como sitio de memoria.
Una ley necesaria
“El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que la provincia no adhirió nunca a la ley nacional. Estamos ocupando el lugar de hecho, pero es parcial, de algunos lugares y no de toda la dependencia que en la dictadura ocupó gran parte del edificio”, explicó Sofía D’Andrea, de la asociación de ex presos y presas políticas, una de las organizaciones que comparte la administración del espacio.
Según D’Andrea la insistencia para que salga una ley que los respalde es porque los decretos son formalidades provisorias. “Lo que nosotros necesitamos es una ley que perdure en el tiempo. Pero no hemos tenido novedades. Lo hemos planteado en el Ejecutivo durante los tres años que llevan de gestión y a través de la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold, sin resultados”, indicó.
Esto fue reconocido por la propia funcionaria: “Tiene que salir una ley porque de otro modo no hay manera de que un lugar así funcione con el sentido que queremos”. En ese sentido, dijo que un problema crucial es mudar a todos los organismos que funcionan en el sitio (Fiscalía, Preventores). “Para un futuro, a medida que esos organismos se vayan se podrá hacer”.
Como bien describió D’Andrea, “es un lugar en donde quedó impreso el genocidio en este país. Dejó sus rastros en los sobrevivientes, que nos vamos a morir, y en los sitios de la memoria que deben seguir existiendo para que las nuevas generaciones tomen contacto con su pasado”.
Quienes gestionan el ex D2 insistieron con legisladores provinciales en la necesidad de la ley para regularizar la situación del lugar.
“Hoy el espacio está minimizado. La Provincia paga los servicios pero no tenemos cargos, solo una empleada adscripta de Godoy Cruz. Todo lo demás es sostenido por los organismos. La ley vendría a regularizar esta situación, definiendo responsabilidades. No hay presupuesto para el desarrollo de actividades, como aquellas relacionadas con la difusión o la pedagogía”, señaló D’Andrea.
Así las cosas, la única entidad que aporta financiamiento es la UNCuyo que, por ejemplo, asigna becarios para diferentes actividades.
“Si la provincia adhiriese a la ley nacional se habilitarían otros espacios. Nosotros vamos, por ahora, por la regularización de nuestra pequeña ESMA. Necesitamos una norma que nos legitime”, finalizó D´Andrea.
Un reclamo que cumple cinco años
En el edificio de Belgrano y Peltier funcionó desde 1974 -activamente desde 1976- el Departamento de Informaciones D2 de la Jefatura de Policía de Mendoza. El lugar operó como centro clandestino de detención y fue el más importante de la provincia. Se disolvió en 1998 tras la reforma policial.
En 2014, el decreto 499 refuncionalizó el Palacio Policial y una parte fue entregada a estos organismos y otra a la Justicia. Más tarde, la resolución 660/15 reglamentó la naturaleza, objetivos y funciones del ex D2. Allí se acordó una gestión conjunta y colegiada entre el Gobierno, l Justicia y los organismos de DDHH. A fines de 2016, un decreto cedió algunas oficinas al Ministerio Público para que instale una fiscalía especializada en violencia de género, lo que levantó críticas desde las organizaciones. Paralelamente, los organismos de DDHH presentaron varios proyectos de ley para regularizar la situación del espacio, donde aún trabaja la fuerza que lo ocupó, la Policía de Mendoza.
Fuente:LosAndes
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