El juez federal de Dolores afirmó que el falso abogado Marcelo D’Alessio realiza operaciones ilegales “vinculadas con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa” desde hace tiempo. También señaló que Carlos Stornelli no es el único fiscal involucrado en el caso y aseguró que la organización “operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos”.
En el marco de la investigación por extorsión y espionaje ilegal que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, se presentó en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y detalló el accionar de una “red de espionaje político y judicial ilegal de grandes magnitudes”. No concurrieron a la exposición de Ramos Padilla los legisladores de Cambiemos
El juez dijo que D´Alessio realiza desde hace tiempo operaciones “vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos (nacionales y provinciales), las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales), los poderes políticos y los medios de prensa”. De acuerdo al juez Ramos Padilla, el mismo D´Alessio confesó las actividades que realizaba al momento de que se realizara el primer allanamiento, mientras reclamaba por el auxilio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del presidente Mauricio Macri.
“El caso puede involucrar al fiscal (Stornelli), aunque sabemos que no es el único sino que hay varios. Involucra a periodistas, y a un juez. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con Uruguay, porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países”, advirtió el juez, quien habló de la inserción de “pistas falsas y testigos falsos”.
El juez federal de Dolores detalló que la metodología empleada constaba en la “recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de manera paralela a las causas judiciales que se utilizaban para luego llevar a cabo acciones coactivas intimidatorias y extorsivas con la finalidad de influir en causas judiciales”.
“Hay muchos jueces, fiscales y periodistas que seguramente fueron engañados en su buena fe, que fueron víctimas de las maniobras de espionaje. Agrego a legisladores y funcionarios públicos”, completó.
No obstante, Ramos Padilla aseguró ante los legisladores que en apenas siete días de intervenido el celular del falso abogado pudo dar con “varios hechos que nos daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera delitos de manera simultánea y de todo tipo”. La investigación se había iniciado con la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien acudió a la Justicia por un intento de extorsión de D´Alessio, quien decía actuar como enviado del fiscal federal Carlos Stornelli. Sin embargo, el magistrado aseguró que al momento de realizar el primer allanamiento “el objeto de la investigación cambió 180 grados”, tras encontrarse con una “gran red de espionaje ilegal”. Y afirmó que “operaban en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos”.
“Encontramos documentos, legajos de inteligencia, cuadernos con anotaciones de datos sensibles acerca de los hijos, esposas, de los allegados que eran objetivos, elementos de espionaje tales como cámaras ocultas entre llaveros, drones, un arma que llamo la atención de todos”, detalló el juez, quien describió también que fue D’Alessio quien dijo que “llevaba adelante investigaciones sobre terrorismo, narcotráfico y que investigaba para un fiscal”. “Quería hablar con Patricia Bullrich, con el secretario Arribas o directamente con el presidente de la Nación”, recordó el juez.
Al hablar específicamente del rol de D´Alessio, Ramos Padilla aclaró que “no era casual que apareciera tanto en los medios de comunicación porque de ellos se valía en parte para ejecutar su actividad ilegal. “Este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa y es precisamente la condición de abogado y de vínculos con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, profundas”, subrayó el magistrado, quien agregó que pudieron verificar una “planificación” acerca de cómo actuaban para extorsionar.
El magistrado se quejó del silencio del Procurador General que se negó a intervenir a pesar de su pedido y apuntó contra su par Julián Ercolini, quien “pidió que me inhiban y le dieran la causa de manera junta por tener el mismo objeto procesal, pero nunca supe cómo pude conocerlo con secreto de sumario”.
El complejo entramado de espionaje fue ejemplificado por el juez de Dolores con el caso del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat. “Se aplicó el mecanismo de ablande o quiebre para publicar en los medios”, apuntó Padilla y subrayó que entre la información secuestrada del celular y la computadora de D’Alessio surgen contactos con el “usuario Carlos Stornelli”.
El juez comenzó a mostrar fotos de la entrevista hecha a Duvat que encontraron en el celular de D’Alessio y se detuvo particularmente en una en la de un cuadro manuscrito. “Ese cuaderno fue hallado durante el allanamiento a la casa de D’Alesio”, destacó el magistrado y mostró el cuaderno físico. Ramos Padilla describió a través de la prueba recolectada en el expediente, entre otras cosas, la conversación aportada por el empresario Etchebes, donde el falso abogado recolectó información sensible del ex directivo de PDVSA para luego florearse con que él “consiguió al arrepentido”.
El magistrado sostuvo que D’Alessio se presentó ante Brusa Duvat siempre como jefe regional de la DEA y le prometió que si seguía sus indicaciones y le ofrecía información sobre otros activos de la petrolera en la Argentina “estaría protegido por la DEA”.
Según la investigación de Ramos Padilla, D’Alessio señaló como parte del protocolo de la DEA que se debía presentar a declarar ante Stornelli y ofrecer entrevistas para Clarín, TN y América 24. “No fui a declarar ante el fiscal ni a la entrevista por iniciativa propia, sino inducido por las circunstancias”, leyó el juez una confesión posterior del ex directivo de la empresa venezolana.
Luego, el juez repasó las conversaciones entre D’Alessio y Carlos Stornelli que fueron reveladas días atrás por PáginaI12. Entre ellas, aquella en la que Stornelli le pidió hacer una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. En ese momento, el magistrado mostró un cuaderno secuestrado en la casa del falso abogado con información de contactos de Ubeira, que él reconoció ante el juez, y agregó que ese cuaderno estaba en el centro de la mesa en la que se sentaron Stornelli y D’Alessio en el restaurante CR de Pinamar, según surge del estudio de las fotografías de la reunión en la que se habría concretado la extorsión al empresaro Etchebes.
“El tenor de las comunicaciones transcriptas permite advertir maniobras de espionaje ilegal con mecanismos clandestinos”, leyó Ramos Padilla del informe hecho por la Comisión Provincial por la Memoria a partir de la documentación secuestrada de la casa del falso abogado. “Se desprende también el elevado grado de confianza entre el fiscal Stornelli y el abogado”, agrega el informe y señala que “se advierte el encargue a D’Alessio para realizar tareas de seguimiento contra otros letrados.”
Además, el juez leyó otro fragmento del informe de la comisión en el que se indica que “el propio D’Alessio refiere mantener vínculos con el Ministerio de Seguridad, en particular, con la ministra P Bullrich” y agrega: “Este vínculo significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de la DA de indicaciones por parte de la ministra”. En ese sentido, el magistrado señaló también que se encontró a “diputados que son usuarios” de la red de espionaje ilegal descubierta.
“De comprobarse que estas maniobras están ocurriendo, no solamente deberían intervenir los colegios de abogados sino el Congreso en sentido similar al que la Corte y la CIDH a tenido con los defensores de DDDH”, consideró Ramos Padilla y advirtió que “si se afecta a los abogados, se puede afectar a centenares de ciudadanos que tienen el derecho de poder llegar a tribunales con la confianza de que aquella persona que los representa no es víctima de este organización”.
Por otra parte, el juez de Dolores confirmó los trascendidos respecto de un informe de D’Alessio a partir de la reunión del periodista Alejandro Fantino con la senadora Cristina Kirchner y describió esa carpeta de inteligencia, similar a la hallada con información de la periodista Romina Manguel, como “informes acerca de su ideología, sus reuniones y sus relaciones”.
“No debería existir en la Argentina ningún registro de la ideología política de los periodistas”, apuntó el juez que pidió la intervención de la Comisión de Libertad de Expresión en la protección de los trabajadores de prensa.
Ante la pregunta de los diputados, Ramos Padilla reconoció que también aparecen mencionados en la causa los periodistas Rodrigo Alegre, Edurado Feimann y Rolando Graña, por participar de las entrevistas armadas por D’Alessio, y señaló que prefirió no dar a conocer los nombres con anterioridad para preservarlos y por que “pueden ser víctimas”, aunque aclaró que en esos casos no se encontraron carpetas de inteligencia sobre sus ideologías.
“Esta es una investigación que más que encarcelar personas tienen que traer claridad. En algunas casos, uno ve detenciones apresuradas que se realizan por parte de la Justicia, pero la metodología de este juzgado es dar oportunidad a los involucrados de aclarar su situación y una vez ahí tomar la decisión procesal”, evaluó Ramos Padilla sobre la continuidad de la investigación.
Advirtió que “estamos ante una maniobra de espionaje. Es probable que quieran buscar el error del juzgado para desacreditar la investigación. Por eso, la necesidad de ir despacio y una vez ahí avanzar”.
Consultado por los repetidos mensajes de D’Alessio respecto de enviar los informes que realizaba a la ciudad de Maine, Estado Unidos, y la posible relación que eso tenga con su presentación como agente de la DEA, Ramos Padilla indicó que consultó a la Embajada de Estados Unidos al respecto, pero no recibió respuesta. En ese sentido, el magistrado señaló que aunque “no hay información oficial”, en notas del portal InfoBae y el diario Clarín se publicaron declaraciones de supuestas fuentes de la embajada que desmienten que D’Alessio perteneciera a la agencia antidrogas.
El magistrado señaló algunos de los elementos que surgen del expediente que conectarían al falso abogado con la inteligencia estadounidense. Según las comunicaciones que están en el expediente, el trabajo de inteligencia realizado sobre el ex directivo de PDVSA estaba conectado con la intención del gobierno norteamericano de congelar los activos de la petrolera venezolana en el exterior. “Tengo que llevarlo por valija diplomática, a vos te puede servir para el ámbito local”, fue uno de los mensajes de D’Alessio que figuran en la investigación. Además, también aparecen informes que cruzan la frontera argentina y dan detalles sobre diputados del Frente Amplio de Uruguay ante una supuesta comisión comercial iraní instalada en el país vecino.
Francisco Lucotti / Resumen Latinoamericano / 13 de marzo de 2019
En Argentina, el fiscal que lleva adelante la mayor investigación de corrupción del kirchnerismo fue acusado de conformar una presunta asociación ilícita que realiza espionaje e investigaciones paralelas ilegales, un entramado que cuestiona los vínculos entre la política, la Justicia y los medios.
Marcelo D’Alessio estaba acostumbrándose a ser una figura mediática, entrevistado en programas de televisión y como columnista y fuente privilegiada en diversos medios impresos y digitales. Se presentaba como abogado, consultor experto en narcotráfico y agente de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés).
Pero de personaje secundario pasó a ser el protagonista de una de las causas judiciales más extrañas en la Argentina, arrastrando en su caída al principal fiscal del país.
A finales de enero de 2019, el empresario agropecuario Pedro Etchebest presentó una denuncia por extorsión en su contra, que cuenta con 22 horas de grabaciones de audio entre ellos (telefónicas y presenciales), 150 capturas de mensajería instantánea, videos y fotografías.
D’Alessio le habría exigido 300.000 dólares a cambio de evitar su procesamiento en “la causa de los cuadernos”, la investigación sobre el pago de sobornos a altos funcionarios por parte de los más influyentes empresarios del país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Esta causa es llevada adelante por el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio, de la ciudad de Buenos Aires. El fiscal es mencionado en las grabaciones y documentos presentados por Etchebest como el responsable de la persecución y el destinatario del dinero, aunque D’Alessio lo desvinculó después de ser detenido el 15 de febrero y dijo que el fiscal “no tenía ni idea” del soborno al empresario.
A pesar de que D’Alessio se desdijo, el juez federal Alejo Ramos Padilla, de la ciudad bonaerense de Dolores, citó a Stornelli a indagatoria. Como este no se presentó, lo imputó por la presunta realización de “investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por la ley” y de haber actuado con D’Alessio en “maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”.
El vínculo que demostraría la cercanía entre D’Alessio y Stornelli es un video tomado por Pedro Etchebest y su hijo en el que se ve al fiscal y al falso abogado reunidos en un restaurante de la localidad balnearia de Pinamar el 20 de enero de 2019.
El empresario habría sido llevado al lugar por D’Alessio para demostrarle su relación directa con el fiscal y sellar el acuerdo. Este se habría formalizado con un apretón de manos entre Stornelli y Etchebest cuando se retiraron del restaurante, único instante en el que tuvieron contacto, denuncia el empresario.
“Cuando llegamos a Pinamar yo estaba muy ansioso porque hasta ese momento estaba todavía escéptico. Cuando llega el fiscal, él [D’Alessio] se levanta, lo saluda efusivamente y a partir de ese momento entendí que era real, totalmente tangible”, contó Etchebest a Sputnik en una videoconferencia de prensa con medios internacionales realizada con la presencia de su abogada, Natalia Salvio.
“Cuando él [D’Alessio] me decía que yo tenía que pagar ese dinero para que a mí no me incorporaran en ‘la causa de los cuadernos’ yo siempre le dije que no tenía nada que ver, que era un invento, pero él me decía: ‘no hace falta que sea verdad, es todo subjetivo'”, dijo.
El fiscal Stornelli, entrevistado por diversos medios, dijo ser víctima de una “una operación berreta” (de mala calidad) como parte de una persecución política para “ensuciar, dañar y embarrar la causa de los cuadernos”. Aseguró que Etchebest nunca estuvo incluido en esa investigación, reconoció conocer a D’Alessio “por haber ido a la fiscalía a declarar algunas veces” y lo denunció por defraudación.
El escándalo salió a la luz a través de la publicación realizada por el periodista Horacio Verbitsky en su blog, donde incluye fragmentos de los audios, chats, fotografías y videos que proporcionó Etchebest en su denuncia. Allí D’Alessio también aduce vínculos de amistad con el periodista Daniel Santoro del grupo Clarín. Este se defendió a través de una columna, dando cuenta de su relación con D’Alessio por ser una de sus fuentes judiciales.
Stornelli dijo en entrevista televisiva con el canal de noticias TN que conoció a D’Alessio a través de Santoro y el vínculo profesional entre los tres no fue negado por ninguno. Esto abre un serio cuestionamiento acerca del uso por parte del sistema judicial y los medios de comunicación de personas de trasfondos sospechosos y credenciales cuestionables.
El derrotero profesional de D’Alessio sigue siendo un gran interrogante, así como la profundidad de sus vínculos con el poder político, judicial y mediático. Si bien se descubrió que no tiene título de abogado ni de escribano y que no existe matrícula a su nombre, forma parte del sistema político y judicial desde hace años.
En el allanamiento que se realizó en la casa de D’Alessio, en un exclusivo barrio privado, se encontraron armas y chalecos antibalas inaccesibles para la gran mayoría, vehículos de alta gama, equipos sofisticados de grabación, insignias de las fuerzas de seguridad.
En las escuchas de Etchebest, D’Alessio dice trabajar hace 20 años como infiltrado y espía en operativos para el Ministerio de Seguridad nacional y tener comunicación directa con la actual ministra, Patricia Bullrich, así como responder a las órdenes de agencias de EEUU. De más está decir que todos niegan su vinculación.
Fuente: Sputnik
Resumen Latinoamericano, 13 de marzo 2019.
Las y los migrantes somos trabajadores, estudiantes, padres y madres de familia, no delincuentes
Desde la campaña Nacional Migrar no es delito se realizó el tercer MIGRANTAZO, con jornadas de manifestaciones en Buenos Aires, Córdoba y La Plata
Reivindicando que migrar es un Derecho Humano, en Buenos Aires, la movilización se concentró en horas de la mañana en la Dirección Nacional de Migraciones. Allí se entregó una nota al Director Horacio José García, con el propósito de lograr un acuerdo para discutir con las autoridades un plan de acción, “para solucionar la constante vulneración de derechos que vienen sufriendo los y las migrantes residentes en el país”.
También entregaron una nota a la Comisión del Migrante (organismo encargado de garantizar los derechos constitucionales de migrantes), y luego marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde se leyó la proclama central que describió y denunció la situación actual de los migrantes en el país.
Rechazaron las nuevas medidas que estableció el gobierno de Macri, y que restringen los derechos a las personas migrantes, y explicaron que hay varios procesos en curso para expulsar a migrant@s. Hace un mes, por ejemplo, fue expulsada arbitrariamente Vanesa, migrante peruana, que residía en Argentina hace 15 años. Enfermera y madre de tres hijos, Vanesa fue expulsada del país junto a su hijo menor, sin haberse podido despedir de sus otros dos hijos; todos ciudadanos argentinos, denunciaron l@s manifestantes.
A esto se le suman nuevas restricciones impuestas al acceso de la radicación de migrantes y resoluciones de arancelamiento del derecho a la salud, que profundizan la injusticia contra los migrantes, recalcaron l@s manifestantes.
En ese sentido, el Migrantazo exigió la anulación del decreto firmado por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que prohíbe el ingreso de migrantes a la provincia y expulsa a aquell@s que tengan antecedente penales o “condenas no firmes”.
El gobierno de Macri -afirmaron los convocantes- “criminaliza la migración y hace una campaña electoral sucia”, señalándolos como “responsables de la crisis, el narcotráfico y la delincuencia”. “Esto busca tapar el desastre económico que ellos mismos generaron, desconociendo el aporte de la migración al desarrollo del país”, recalcaron.
Nota entregada a la Dirección Nacional de Migraciones
Campaña Nacional Migrar No Es Delito
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2019
Dirección Nacional de Migraciones
Al Sr. Director
Dr. Horacio José García
S / D
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2019
Dirección Nacional de Migraciones
Al Sr. Director
Dr. Horacio José García
S / D
De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente, nos presentamos como Campaña Nacional Migrar No Es Delito, que agrupa distintas organizaciones de migrantes, derechos humanos, estudiantes y organizaciones políticas, con el objeto de establecer de forma urgente un canal de diálogo, de manera tal que podamos discutir un plan de acción para solucionar la constante vulneración de derechos que vienen sufriendo los y las migrantes residentes en el país. Estos derechos están consagrados en la Constitución Nacional (Art. 20) y la normativa Internacional, por lo que la violación de los mismos implica un retroceso en materia de Derechos Humanos por las modificaciones realizadas a las leyes de Migraciones (Nº 25.871) y de Nacionalidad y Ciudadanía (Nº 346) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. Estas modificaciones sólo son comparables con la Ley de Residencia de principios de siglo pasado. Actualmente el DNU 70/2017 se encuentra bajo análisis en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, a raíz de que fuera declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala V.
Desde la Campaña Nacional Migrar no es delito consideramos que la DNM debiese tratar de manera urgente las siguientes problemáticas:
Desde la Campaña Nacional Migrar no es delito consideramos que la DNM debiese tratar de manera urgente las siguientes problemáticas:
1.- Expulsiones.- Esta nueva normativa ha provocado una expulsión arbitraria –que puede ser reparada mediante dispensa- de la ciudadana peruana Vanesa Gómez y su hijo de dos años de nacionalidad argentina, quien no contaba con el permiso de viaje del progenitor al cruzar la frontera, lo cual conllevó a un incumplimiento de los acuerdos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Tanto Vanesa como su hijo fueron expuestos a una situación gravosa e insalubre durante la retención y posterior privación de la libertad para ser ambos expulsados del país el pasado 4 de febrero del presente año, dejando a Vanesa sin el contacto de su hija e hijo, también ciudadanos argentinos, consumándose una sanción administrativa en una inminente desvinculación familiar, cuando el deber de las autoridades Judiciales y Administrativas es velar por la Unidad Familiar y el Interés Superior del Niño. Bajo esta misma lógica es que se están efectuando otras expulsiones a lo largo del país sin observancia de las razones humanitarias y la normativa nacional e internacional.
2.- Sistema Ra.D.Ex.- Respecto de la nueva implementación del sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (Ra.D.Ex), consideramos que, pese a su afán por facilitar el procedimiento de radicación para las y los migrantes, en realidad es profundamente excluyente y discriminatorio, tanto en el ámbito económico y social (ya que para realizar el proceso es necesario contar con una computadora e internet, así como los conocimientos necesarios para llevar a cabo el trámite). En primer lugar, se encuentra en un solo idioma, el español, sin contemplar a migrantes no hispanoparlantes, y con un lenguaje técnico en el sitio web y poco accesible para el común de la gente. En segundo lugar, este programa posee un nivel de complejidad tanto para los funcionarios de migraciones y en defecto, para los y las migrantes que usan habitualmente dispositivos móviles, y en el caso de los y las migrantes que no usan o no poseen dispositivos móviles, ni correos e mail, sin acceso a un lenguaje sencillo para el ciudadano común el sistema deriva a más confusiones en lugar de aciertos, con errores irreparables de la pérdida del pago de los aranceles migratorios, y conlleva además, que los y las migrantes sean víctimas de gestores inescrupulosos que aparecen cuando un sistema no funciona.
Esta problemática no ha merecido la voluntad estatal para una difusión masiva de alcance nacional, donde se informe sobre la invalidez de los turnos otorgados previamente a la implementación de este sistema, el cual actualmente está causando consecuencias irreparables al no saber que con la pérdida de turno -que durante el año 2017 y 2018 otorgaron turnos para el año 2019 / 2020- se encuentran automáticamente en una situación migratoria irregular, con graves consecuencias para la continuidad laboral y con ello cubrir sus necesidades mas vitales.
Esta problemática no ha merecido la voluntad estatal para una difusión masiva de alcance nacional, donde se informe sobre la invalidez de los turnos otorgados previamente a la implementación de este sistema, el cual actualmente está causando consecuencias irreparables al no saber que con la pérdida de turno -que durante el año 2017 y 2018 otorgaron turnos para el año 2019 / 2020- se encuentran automáticamente en una situación migratoria irregular, con graves consecuencias para la continuidad laboral y con ello cubrir sus necesidades mas vitales.
3.-Ampliación de turnos para la exención del pago de aranceles.- La suba excesiva de aranceles de las tasas migratorias ha motivado que migrantes con bajos recursos económicos recurran a las peticiones de eximición de pago, que también se han convertido en un trámite más complejo, debido a la exigencia de la presencia de dos testigos y por los escasos 30 números que entrega la Dirección Nacional de Migraciones por día.
4.- Tenemos conocimiento de cobros indebidos en las Fronteras, de personas migrantes que ya iniciaron su trámite con el sistema Ra.D.Ex, que lo hicieron en tiempo y forma. Sin embargo, en los pasos fronterizos no existe esta información, por lo que se les labran actas de deuda sin especificar montos y al tiempo del pago se les obliga a abonar la suma de $ 9.000, un cobro arbitrario que no está establecido en ninguna disposición migratoria.
5.- Demora en la emisión de Disposiciones Administrativas otorgando la residencia temporaria o permanente por más de un año, ocasionando un gravísimo perjuicio a los migrantes, porque si bien se les otorga la precaria con ello no pueden realizar transacciones, trámites en las entidades bancarias etc.
6.- Demora en la respuesta de notas, reclamos y certificaciones.- Pese a terner plazos para la emisión de una resolución, éstos no se cumplen y los migrantes tienen que concurrir a la DNM infinidad de veces, lo que ocasiona graves perjuicios para su vida laboral y cotidiana.
7.- La no implementación de la solicitud de la última disposición que establece 10 años anteriores para el antecedente penal del país de origen, para todas las personas migrantes que ya iniciaron su trámite.
Por lo expuesto, le hacemos llegar nuestras principales inquietudes, dado que es responsabilidad del Gobierno Nacional bajo el ente de la Dirección Nacional de Migraciones a su cargo, brindar información efectiva y soluciones a las principales problematicas expuestas en el presente documento para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de las personas migrantes residentes en la argentina.
Sin más, le saludamos atentamente con el fin de que se concrete una mesa de diálogo donde concurrirán referentes de las organizaciones presentes, dejamos el correo de comunicación institucional: migrarnoesdelitoargentina@
Forman parte de la Campaña Nacional Migrar no es Delito:
Sin más, le saludamos atentamente con el fin de que se concrete una mesa de diálogo donde concurrirán referentes de las organizaciones presentes, dejamos el correo de comunicación institucional: migrarnoesdelitoargentina@
Forman parte de la Campaña Nacional Migrar no es Delito:
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina – AMUMRA / BTM – Bloque de Trabajadorxs Migrantes / FOB – Federación de Organizaciones de Base / FOL – Frente de Organizaciones en Lucha / Partido Obrero – Polo Obrero / PCP – Partido Comunista Paraguayo- Regional Buenos Aires/ Movimiento Popular La Dignidad / Barrios de Pie –Somos.
¡Por la anulación definitiva del DNU 70/2017!
¡Migrar no es delito, es un derecho humano!
¡Devuelvan a Vanesa y a su hijo Ya !
Adhieren:
Romina Del Pla, Diputada Nacional Bloque FIT-Partido Obrero.
Victoria Donda, Diputada Nacional SOMOS.
Gabriel Solano, Diputado CABA Bloque FIT-Partido Obrero
Laura Velasco, Integrante del Parlamento de Mujeres, Dirigente SOMOS.
¡Migrar no es delito, es un derecho humano!
¡Devuelvan a Vanesa y a su hijo Ya !
Adhieren:
Romina Del Pla, Diputada Nacional Bloque FIT-Partido Obrero.
Victoria Donda, Diputada Nacional SOMOS.
Gabriel Solano, Diputado CABA Bloque FIT-Partido Obrero
Laura Velasco, Integrante del Parlamento de Mujeres, Dirigente SOMOS.
Envío:RL
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