Resumen Latinoamericano/ 20 de abril 2019
Si bien en algún momento del viernes se especuló con que suspendería la visita a Florencia, la ex presidenta partió desde Ezeiza después de la medianoche.
Tras conocer la noticia de la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm, Cristina Kirchner decidió de todos modos efectuar el viaje a Cuba que tenía programado para visitar a su hija Florencia.
La ex presidenta estuvo hasta último momento con su mamá, que falleció el viernes por la noche en el Hospital Italiano de La Plata. La expresidenta ahora quiere acompañar a Florencia en su recuperación.
Cristina partió después de la medianoche en un vuelo de Copa Airlines y arribará a la isla este sábado. Allí permanecerá hasta el martes 30 de abril junto a su hija.
Tal como informaron los médicos que la atienden en Cuba, Florencia padece una obstrucción del sistema linfático, que le provoca hinchazón en las piernas, dificultándole estar parada o sentada por tiempo prolongado.
La expresidenta estuvo con su mamá hasta último momento, acompañada por su hermana Gisele y su hijo Máximo, junto a su madre Ofelia. A la noche salió desde el Hospital Italiano de La Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Argentina y Chile denunciados ante La Haya por genocidio mapuche
Resumen Latinoamericano / 19 de abril de 2019
Los Estados de Argentina y Chile han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, por el genocidio del pueblo mapuche.
Las apabullantes cifras de mapuche masacrados en Argentina y Chile, desde y durante el establecimiento de las respectivas repúblicas, hasta entrado el siglo XXI, motivan una denuncia por genocidio ante instancias internacionales.
Argentina y Chile han sido denunciados ante la CPI por el genocidio del pueblo mapuche, en un escrito presentado por una comitiva de mujeres, encabezada por la dirigente, Juana Calfunao Paillaléf.
Esta denuncia internacional ha hecho eco en comunidades mapuche, que grafican la histórica agresión de los estados, argentino y chileno.
Pese a que se ha buscado la invisibilización de dirigentes mapuche como Calfunao, esta oportunidad podría llevar a que instituciones públicas, partidos políticos y sus figuras e incluso los expresidentes, declaren ante la CPI.
La denuncia incluye el rapto, venta y adopción ilegal de niños mapuche a familias extranjeras, casos que podrían llegar a más de 10 mil. Remantes de un doloroso genocidio que se prolonga hasta hoy.
Manuel Arismendi, Temuco.
mhn/hnb
El encuentro será este lunes en Casa Rosada. Además tratarán cuestiones de salud, la amenaza del contrabando y el narcotráfico, y hasta de la Copa Mundial de Fútbol de 2030.
Mauricio Macri recibirá el próximo lunes en la Casa Rosada a su par de Bolivia, Evo Morales. Está previsto que ambos mandatarios analicen cuestiones fronterizas, la continuidad de los contratos sobre comercialización de gas y la situación política que se desarrolla en Venezuela.
También conversarán sobre acuerdos de salud y la posibilidad de sumar a Bolivia a la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 2030, que la Argentina pretende realizar junto con Uruguay, Paraguay y Chile.
El encuentro biletaral tendrá lugar a las 12. La vigencia del contrato para la provisión de gas hasta 2026 es uno de los temas a analizar, y desde el gobierno macrista esperan una renegociación de precios con la pretensión de ahorrarse 460 millones de dólares, en función de estimaciones realizadas desde la Secretaría de Energía, de Gustavo Lopetegui.
Argentina le ofreció a Bolivia una provisión de aviones Pampa III, elaborados en la fábrica Fadea, para vigilar sus fronteras ante la amenaza del contrabando y el narcotráfico. Macri y Evo tienen previsto trasladarse a la base aérea de El Palomar para supervisar estos aviones.
La atención médica de ciudadanos argentinos y bolivianos en ambos lados de la frontera generó roces diplomáticos en función de las medidas tomadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. También se espera lleagr a un acuerdo en este sentido.
Ahora Acuña dice que la CGT “está trabajando” por un paro general
Carlos Acuña sostuvo que la CGT “está trabajando” por un paro general y cuestionó que “lo único que armó el Gobierno fue una timba financiera para sus amigos”. Señaló que todos los posibles candidatos del peronismo, incluida Cristina Kirchner, “son una alternativa”.
20/04/2019
Carlos Acuña le bajó el tono a la confrontación que mantuvo esta semana con Hugo Moyano y sostuvo que la CGT “siempre es solidaria con las medidas de (Hugo) Moyano”, en referencia al paro convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las CTA para el 30 de abril, pero se diferenció al indicar que “no tiene nada que ver” con lo que se está hablando en la CGT.
Consultado en Radio Led respecto si la central gremial puede llamar a un paro general, el dirigente afirmó que “está trabajando para eso”, al tiempo que indicó que se reunieron con pymes y se encuentran en “una ronda de conversaciones” que concluirá “el miércoles”, cuando mantengan un encuentro “con la Pastoral Social, para evaluar la situación”.
No obstante, el sindicalista cercano al gastronómico Luis Barrionuevo sostuvo que más allá de eso “la oposición debe trabajar en una alternativa de Gobierno”, tras lo cual afirmó que “tiene que venir el peronismo para recomponer el país”.
En este sentido, Acuña sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner “es una alternativa y también lo son” el ex ministro de Economía Roberto Lavagna; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aunque manifestó que le “gustaría que se pongan de acuerdo”.
El dirigente sindical evaluó además que “las medidas económicas para controlar los precios anunciadas por el Gobierno “están fuera de tiempo” porque “no hay consumo ni hay demanda” y las calificó como “propaganda para las elecciones y nada más”, a la vez que lamentó que la administración de Cambiemos “tuvo todas las posibilidades”.
“Desde todos los sectores se le dio una mano al Gobierno. La CGT siempre fue prudente, como tiene que ser, y la oposición también, y lo único que armaron fue una timba financiera para sus amigos”, disparó Acuña.
Iniciativa oficial para combatir la informalidad
Nuevo intento flexibilizador
El proyecto prevé beneficios fiscales, rebaja de indemnizaciones para asalariados informales y una reducción de contribuciones patronales.
El Gobierno insiste con la precarización laboral. Imagen: Bernardino Avila
El Gobierno relanzó a comienzos de mes un proyecto de reforma laboral. Presentada como una iniciativa para combatir la informalidad, la propuesta recupera elementos flexibilizadores previstos en el fallido intento de reforma de hace dos años. El texto que ya comenzaron a analizar los senadores contempla beneficios fiscales y legales para los empleadores que precarizan trabajadores, una reducción de las indemnizaciones para los asalariados informales y una nueva rebaja en las contribuciones patronales. Un reporte elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martin indica que la incitativa tendrá un impacto limitado sobre la reducción del trabajo no registrado. “El proyecto altera la noción de equilibrio: todas las ventajas son para el empleador. Además la propuesta afecta los recursos de la seguridad social”, advierte el reporte.
Los cambios previstos a la indemnización especial para los trabajadores precarizados contraen los montos vigentes entre 70 y 80 por ciento. “El proyecto de ley reduce a una mínima expresión la compensación económica que le corresponde al trabajador por las condiciones ilegales en las que fue empleado”, advierte el reporte del Cetyd-Unsam. Pero el alcance de la medida no se limita a una rebaja en la indemnización sino que menguará el alcance del mecanismo como herramienta disuasoria para la contratación irregular ya que, según explican los investigadores, reduce los incentivos para que el trabajador le de curso una acción judicial.
El régimen de regularización del empleo no registrado consiste, por su parte, en otorgar una amnistía para aquellos empleadores que tengan en sus plantillas trabajadores no registrados. Los beneficios contemplan la extinción de la acción penal frente a los delitos tributarios respecto de los recursos de la seguridad social cometidos por el empleador y liberación de las sanciones y multas por falta de regularización de la relación laboral. Asimismo, prevé la exclusión del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales cuando la empresa estuviera incluida y la condonación de la deuda por falta de pago de las contribuciones y aportes.
El proyecto enviado al Senado introduce además una exención generalizada de las contribuciones que realizan los empleadores al sistema de seguridad social. “Plantea una reforma inédita porque subsidia el total de las contribuciones patronales durante 2 años para todas las nuevas relaciones laborales que se efectivicen a lo largo del año desde que se implemente la ley”, sostiene el informe. Los expertos del Cetyd-Unsam cuestionan que el proyecto ofrece el beneficio a empleadores que reduzcan sus dotaciones. Además, advierten que la reducción de las contribuciones para las nuevas relaciones laborales incentivará la rotación laboral para contar con el mayor número de trabajadores alcanzados por el descuento.
“La combinación de estos dos fenómenos provocará, además de un peligroso proceso de desvinculaciones, una marcada generalización de la reducción de las contribuciones en el universo de los asalariados registrados privados, lo cual impactará severamente en la recaudación del sistema de seguridad social”, expresa el informe.
“Reproduce la falacia de considerar la reducción de los derechos laborales y la disminución de las cargas como forma de generar empleo y solucionar la crisis económicas”, advierte un informe elaborado por la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas.
Contenedores de residuos antipobres en Buenos Aires
De este modo la medida excluye de su trabajo a los numerosos cartoneros que obtienen su sustento de los contenedores, y los cierra a los incontables pobres que comen directamente de la basura. La crueldad de impedirles revolver y encontrar algo útil en esos recipientes no tiene ninguna compensación de cualquier otro tipo porque solo se trata de alejar a los pobres del centro, de que simplemente no se vean y “no ensucien” la nueva Corrientes, sin que exista ninguna otra política de contención y menos orientada a terminar con la pobreza extrema que no deja de crecer.
Según se ha publicado cada contenedor “inteligente” costó 50 mil pesos. Y las organizaciones de cartoneros y recicladores temen que los de Corrientes sean una prueba, un modelo piloto para extenderlo a toda la ciudad. Por eso cartoneros, sobre todo independientes, que pueden ser los más afectados , se manifestaron el martes 16 por la avenida, en donde además fueron reprimidos, y se mantienen en alerta exigiendo que sean retirados de las calles.
Según se ha publicado cada contenedor “inteligente” costó 50 mil pesos. Y las organizaciones de cartoneros y recicladores temen que los de Corrientes sean una prueba, un modelo piloto para extenderlo a toda la ciudad. Por eso cartoneros, sobre todo independientes, que pueden ser los más afectados , se manifestaron el martes 16 por la avenida, en donde además fueron reprimidos, y se mantienen en alerta exigiendo que sean retirados de las calles.
NO A LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS ANTIPOBRES
Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores
Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores
El día de hoy (por el martes 16/4/19, N.de R.) los cartoneros y cartoneras de la FACCYR-CTEP se manifestaron en contra de los nuevos contenedores “inteligentes” de la avenida Corrientes con cierre magnético que atentan contra su trabajo.
Sergio Sánchez, presidente de la Faccyr, manifestó: “Esto es un nuevo ataque del gobierno hacia un sector excluido, hacia trabajadores que se quieren ganar una moneda. Es el último eslabón de los pobres. Desde los contenedores se come y se trabaja honradamente. Es una heladera magnética mata pobres”.
En medio de un gran operativo policial que reprimió sin justificación con gases y palos, recicladores y recicladoras dejaron claro que estos contenedores son un ataque a su trabajo diario de buscar material para reciclar y a la vez, una medida totalmente discriminatoria que busca esconder el problema de la pobreza en lugar de resolverlo.
Marcharon de Callao al Obelisco donde realizaron una asamblea que decidió continuar en estado de alerta hasta el retiro de dichos contenedores y continuar denunciando la creciente persecución a los cartoneros independientes que no forman parte de las cooperativas y recorren las calles buscando un sustento.
#NoALosContenedoresAntiPobres
#SiAlTrabajoCartonero
#SiAlReciclado
#SiAlTrabajoCartonero
#SiAlReciclado
Pascuas en la calle por los 65 despidos en Clarín
Los trabajadores y trabajadoras del Diario Clarín, junto a los 65 despedidos, que dejó esta semana el brutal ajuste llevado a cabo por el multimedios, harán este sábado una movida en las puertas del diario ubicado en Tacuarí 1800.
Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y trabajadores de prensa de distintos medios de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar Pascuas en la Calle por los #Despidos en Clarín para reclamar por la reincorporaciones y la apertura de negociaciones con la empresa.
Desde las 15, habrá juegos para grandes y chicos, pariila y bebidas, fútbol-tenis y suelta de estampas.
El miércoles pasado el diario y la planta impresora amanecieron vallados y militarizados y a cada trabajador que llegaba se le avisaba tras una reja si figuraba en una lista de despedidos o si se lo dejaba entrar.
“El brutal ajuste llegó sin mediar aviso para los compañeros ni establecer ningún tipo de diálogo al respecto con los representantes gremiales y frente a un operativo de seguridad inusual en el edificio de la calle Tacuarí”, explicó la Comisión interna en un comunicado. Los ceses incluyen a 46 trabajadores del diario y 10 de Olé. Más tarde, se fueron conociendo más despidos.
La semana pasada, AGEA, la empresa editora del diario Clarín y las publicaciones Olé, Ñ, Viva, ELLE, Genios, PyMes, así como responsable de servicios como 365 y ArgenProp, había anunciado con bombos y platillos un resideño en la redacción del diario Clarín “para acelerar la trasformación digital”. Lo que no mencionaba ninguna de las notas que aparecieron tanto en la versión digital, como en el papel es que los cambios iban a venir acompañados de despidos masivos.
Los trabajadores anunciaron un plan de lucha que incluyó paros, que van renovando en asambleas que realizan diariamente, y un quite de firmas por tiempo indeterminado.
Se adelanta el encuentro anual entre la Iglesia y la CGT por la acuciante situación social
Los representantes de la Iglesia con la excusa de invitar a los sindicalistas a participar de la Semana Social Pastoral que se realiza en junio de cada año, adelantaron la visita a la CGT, apremiados por la angustiante situación económica y social que afecta a los sectores más vulnerables.
Según fuentes eclesiásticas, el encuentro estaría agendado para el próximo miércoles de la semana que viene –post Pascua- para un encuentro plenario en el intento de intercambiar posiciones sobre cómo sobrellevar una problemática existente que empeora cada día.
Tanto Iglesia como gremios anticiparon sus “dudas” sobre el éxito de las medidas anunciadas por el gobierno, con lo cual, lejos de traer la calma, las partes avanzaron en la concreción del encuentro para tratar -cuanto antes- de avanzar hacia la solución de los conflictos.
En vistas de ello, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que encabeza el obispo Jorge Lugones, insistió con el encuentro que tendrá sede en la central de la calle Azopardo, en horas de la mañana.
Será una especie de gabinete ampliado, lo que podrá darle más margen al encuentro y además más voces que puedan hacer aportes respecto a las acciones a seguir y a qué caminos tomar para contener cierta crispación social que existe en barrios y asentamientos muy afectados por el desempleo, la falta de changas, los precios de los alimentos y los comedores comunitarios con y sin asistencia del Estado y la Iglesia, que ya no alcanzan
Cerámica Cortines detiene la producción por 90 días y suspende 320 trabajadores
Por la falta de ventas y una gran acumulación de stock, Cerámica Cortines decidió suspender la producción por 90 días a partir de mayo. Entre administrativos y operarios, serán 320 los suspendidos.
18/04/2019
La crisis económica ya golpea a la construcción y las industrias relacionadas que ven caer drásticamente sus ventas. Eso es lo que ocurre en la fábrica Cerámica Cortines, radicada en Luján, que decidió frenar la producción a partir de mayo.
La resolución impacta de lleno en cerca de 320 trabajadores, entre operarios y personal administrativo, que se quedarán en casa durante los próximos tres meses.
Según consignó el portal Ladran Sancho Web, dos de las tres plantas de producción de Cerámica Cortines frenará su producción desde mayo, mientras que la tercera, la más moderna y que posee la mayor cantidad de ventas, suspenderá la fabricación a partir del mes de junio. Será un grupo reducido el que seguirá trabajando cotidianamente y parte del personal de manteamiento.
Los suspendidos cobrarán un 90 por ciento del sueldo bruto, mientras que no se les pagará las cargas sociales a excepción de la obra social. La única excepción de ese arreglo será para quienes sólo les resta tres años para jubilarse, los cuales contarán con el pago de la jubilación durante los meses de suspensión.
Además de las suspensiones, los trabajadores venían percibiendo el sueldo en cuotas y fuera de los cuatro días hábiles tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Cortines especificó que la medida se debe a un freno brusco en la venta de producción y una gran cantidad de stock.Durante el 2018 la empresa tuvo un récord de venta de entre 800 y un millón de metros mensuales. Sin embargo, en sólo tres meses de producción en 2019 la empresa acumuló un total de 2 millones metros de cerámicos. Al parate en las ventas se les suba la dificultad de producir con los altos costos de la energía eléctrica y el gas.
Ecofrut se sumó a la lista de firmas en crisis y pidió entrar en concurso de acreedores
La exportadora de peras y manzanas del Alto Valle le debe $166 millones a un grupo de bancos. Emplea de forma directa 350 personas. Los productores de la zona temen no cobrar la fruta.
18/04/2019
La frutícola Ecofrut se sumó a larga lista de empresas nacionales en situación de crisis luego de la presentación en la Justicia comercial de la apertura del concurso preventivo de acreedores. En total, la compañía, que exporta principalmente peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro, tiene una deuda bancaria de poco más de $166 millones, y la imposibilidad de afrontar un vencimiento cercano con el Banco Nación.
Según informó Ámbito Financiero, Ecofrut tiene su base de operaciones en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, y emplea en forma directa a más de 350 personas. Su principal negocio es la exportación de frutas de pepita, y según los registros oficiales, envía al exterior poco más de 18 millones de kilos por temporada y una porción minoritaria de alrededor de 10 millones de kilos los comercializa en el mercado interno.
La empresa se mueve en un negocio que enfrenta una profunda crisis, con productores agropecuarios al borde de la quiebra y firmas exportadoras que explican que -a pesar de la fuerte suba que registró el tipo de cambio- no son rentables. Las subas de costos y precios internacionales deprimidos terminan por completar el panorama negativo, explican.
Para complicar aún más el mercado, recientemente Brasil cerró temporalmente la importación de peras y manzanas argentinas porque encontró cargamentos con la plaga carpocapsa. La medida logró ser revertida por las autoridades sanitarias de la Argentina, pero en el sector hay alarma ante la posibilidad de que se pueda repetir la situación.
Por lo pronto, de su deuda bancaria de $166 millones, poco más de $61 millones -tomados con el Banco Nación- están en situación 3 (Con problemas /Riesgo medio), además cuenta con dos cheques rechazados por falta de fondos por un total de $170.000 y no está realizando los aportes patronales y de la seguridad social a sus empleados desde, por lo menos, abril del año pasado.
Mientras tanto, en Río Negro los productores agropecuarios que le entregaron la fruta producida y que ya está siendo exportada temen por su futuro. Explican que en muchos casos no cobraron por la totalidad de su trabajo, lo que a su vez, los llevaría a entrar también en una difícil situación financiera.
Denuncian por el vaciamiento de Canale al vice de la Cámara de industriales de alimentación
Los trabajadores de Alco-Canale Llavallol denunciaron como responsable de la situación en la planta a su presidente Camilo Carballo.
19/04/2019
Los trabajadores de Canale Llavallol apuntaron al presidente de la firma, Camilo Carballo, y vice de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), por el “vaciamiento” de la empresa alimenticia que los dejó en la calle.
Camilo Carballo es dueño de la firma Canale y actualmente se desempeña como segundo de Daniel Funes de Rioja en la cámara que nuclea a los empresarios de la actividad.
Los empleados, ahora nucleados en la cooperativa Cotramel con la que buscan mantener sus empleos, recordaron que un centenar de operarios quedaron a la deriva luego que los dueños se ausentaran sin aviso en 2018. De hecho, antes de encarar la cooperativización, mantuvieron por 130 días un acampe en las puertas de Canale Llavallol.
Para los trabajadores, Carballo fue vaciando las fábricas que tiene el grupo en Argentina y la planta de Llavallol fue parte de plan para liquidar las empresas repartidas en todo el país como en Mendoza y Catamarca.
De a poco fueron cerrando o disminuyendo sus operaciones desde hace cinco años aproximadamente, explicaron.
Despidos masivos, paro y conciliación en lavaderos Sakin
La firma había desvinculado 50 trabajadores. El gremio de tintoreros inició una huelga y Trabajo dictó conciliación obligatoria. “El acuerdo es con los trabajadores adentro”, adelantaron.
20/04/2019
Tras los despidos masivos en lavaderos Sakin, la secretaría de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria por 15 días, a raíz de una denuncia efectuada por la Unión de Obreros Tintoreros Sombrereros y Lavaderos que había paralizado las actividades.
El acatamiento de la medida implica la suspensión de toda medida de fuerza y debe volverse a las “condiciones previas al inicio del conflicto”, con lo cual el lavadero industrial Sakin está obligado a permitir “el ingreso de los trabajadores al lavadero para la prestación normal del servicio” sin represalia alguna.
La empresa ha recibido también la citación a una audiencia entre partes para el próximo 24 de este mes donde se tratará de alcanzar un acuerdo que, según manifiestan desde el gremio, será “con los trabajadores adentro”.
En eso hay firmeza de parte del gremio pues existe cierta “desconfianza” ya que Sakin tiene en su haber antecedentes de “políticas antilaborales, donde no ha respetado la ley de Contrato de Trabajo”, señalaron.
El argumento de la empresa respecto al despido de este medio centenar de trabajadores refiere principalmente, a la crisis de la industria textil y de indumentaria, relacionadas directamente a la caída de la actividad. Si bien es reconocida por el sindicato la merma, éste alega que la desvinculación se dio de manera “arbitraria e ilegal” motivo por el cual los trabajadores “deben ser reincorporados”.
En ese sentido, Luis Pandolfi, secretario general del UOETSYLRA denunció como un “vaciamiento” de Sakin, un “lockout patronal” con la intención de volver a iniciar la actividad de cero con menores costos, donde los perjuicios de la crisis “los pagan directamente los trabajadores”, siendo siempre la variable de ajuste.
“Si bien la situación es difícil también para los empresarios -y señalan que hay menos actividad-, esos empresarios han ganado muchísimo dinero, con lo cual no es necesariamente cierto que tengan que achicarse y suspender gente”, concluyó Pandolfi.
Todos los casinos bonaerenses paralizados por el cierre de dos salas
Los empleados de Casinos bonaerenses realizan un paro en rechazo al cierre de las salas de las localidades de Necochea y Mar de Ajó, medida de fuerza que afecta a todas las salas de juego de la provincia.
19/04/2019
El paro fue dispuesto por la Asociación de Empleados de Casinos (AECN) y la Administración, Maestranza y Servicios (AMS) y se exteriorizó con una concentración al mediodía, frente al Casino Central de Mar del Plata, en el feriado de Semana Santa.
“Si bien desistimos de cortar la ruta 2, durante este fin semana, tras el llamado del Ministerio de Trabajo de la Provincia, nos invitó el próximo 29 a reunirnos. Hoy y mañana llevaremos la medida de fuerza prevista en todas las salas de juego de la Provincia, cuya adhesión es superior al 90%”, expresó el secretario general de los trabajadores de Maestranza, Roberto “Chucho” Páez a Télam.
Los trabajadores de Mar del Plata con el acompañamiento de varias delegaciones de otros distritos bonaerense estamos concentrados frente a las puertas del Casino de Mar del Plata, en claro rechazo al cierre de los casinos de Mar de Ajó y Necochea”, dijo.
“Con la medida de fuerza seguiremos hasta mañana (por hoy) Viernes Santo, día en el que tenemos previsto realizar un festival de bandas, frente a esta sala de juego de la ciudad”, indicó el sindicalista.
Por su parte, Daniel Méndez, presidente de la Asociación de Empleados de Casinos, dijo “la lucha continuará hasta que el Gobierno nos dé una solución para los compañeros que trabajan en Mar de Ajo y Necochea”.
Catalano: “Un trabajador despedido de Agroindustria se suicidió ayer: al ajuste mata”
El secretario general de ATE además contó que tres trabajadores murieron en los últimos tres años de macrismo por las políticas de ajuste.
Irma Carrica: “El que no da todo no da nada”
Se cumplen 42 años de la desaparición forzada de una inolvidable trabajadora de la salud y militante de ATE.
ATE tuvo entre sus filas a una mujer que supo ser enfermera, docente, sindicalista, militante política, integrante de la Resistencia Peronista, defensora de los derechos humanos (cuando no se usaba el término), madre y compañeraza. El título de esta nota es una frase de su cuño y fue la manera en que vivió hasta que se la llevaron de su casa los milicos del 1º Cuerpo. Se llamaba Irma Leonor Lasiar de Carrica y fue la enfermera de los pobres y de los torturados.
Irma nació un primero de julio de 1926 en Sampacho (Córdoba). Hija de un delegado ferroviario y sobrina de dos tías enfermeras, tuvo el destino marcado: enfermera sindicalista. El oficio lo aprendió en la Escuela Cecilia Grierson de Buenos Aires y lo empezó a ejercer en Río Cuarto allá por principios de los 50. Lo del sindicalismo ya lo llevaba en la sangre.
De Río Cuarto pidió el traslado al Hospital Rivadavia, en Capital, con el cargo de enfermera y llegó a Sub jefa de Enfermería. El deseo de trasmitir lo que aprendía lo volcó a la docencia y dio cursos de Auxiliares de enfermería en la Escuela Nacional de Salud durante 20 años. Fue la primera enfermera docente coordinadora de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). También fue docente de la Escuela de Enfermería de la UBA y directora del curso de Auxiliares. Participó en el diseño de la cátedra de Medicina del Trabajo, en el proyecto de salud que presentó el FREJULI en el 73 y fue asesora de la Universidad en el área de Enfermería Médica y Organización Sanitaria. Aprendió, ejerció y trasmitió todo eso a miles de alumnos a los que llevaba a los barrios pobres y a las villas para que incorporaran a su vocación, el sentido social. “Hay que hacer las cosas con la gente y no por la gente” les machacaba y se ganó el apodo: enfermera de los pobres.
Quiso el destino que tuviera que asistir a los heridos por el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955. Tuvo en sus brazos a la maestra del micro escolar que voló por los aires con los chicos adentro. Y fue otra Irma, seguramente.
De raíz socialista de Alfredo Palacios se pasó a la resistencia peronista y al sindicalismo de Amado Olmos. Se hizo militante de ATE y secretaria general del Hospital Rivadavia. En los años de la CGT de los Argentinos andaba buscando presos políticos por las comisarías de Onganía y los curaba en los mismos calabozos. Siempre a los gritos con la autoridad.
No le escapaba a la “acciones” y cargaba medio ladrillo en la cartera, por si las moscas. En su hospital no permitía pacientes esposados y se especializó en curar heridos en la lucha. En la época en que en ATE se resolvían las cuestiones a los tiros, supo parar una balacera para atender un herido y después fue presa junto a los contendientes. Sin decir ni mú.
Siempre creyó en el sindicalismo de liberación y en los jóvenes. Y fue detrás de ellos. Para el 75 la echaron de su trabajo y tuvo que andar escondiéndose. Se ocupó de rastrear a los detenidos-desaparecidos, ayudar a sus familiares y denunciar lo que veía. Esa era su tarea y por eso se quedó cuando parecía mejor irse. Un grupo de tareas la levantó de su departamento de Liniers el 18 de abril de 1977 y nunca más se supo de ella. Siempre fue consiente de lo que le podía pasar y nunca pudo dejar de hacerlo.
Militó junto a Ramón Carrillo, Olmos, los hermanos Troxler, Cacho El Kadri, los hermanos Rearte, Horacio González y tantos otros valiosos compañeros. Luchó incansablemente por una salud pública, igualitaria y liberadora. Bregó sin claudicar por la dignificación de los trabajadores contra toda forma de corporativismo y elitización. Su fuerza, coherencia, entrega y sencillez la convirtió en una militante muy querida y reconocida por sus compañeros y respetada por toda autoridad. Como aquel ministro de Salud al que paró en la puerta del Hospital Rivadavia un día de huelga.
Un día su hijo y compañero de militancia Héctor “Pelusa” Carrica, histórico dirigente y referente de la lucha por los Derechos Humanos en ATE, intentó convencerla de que había que retroceder e insertarse en alguna provincia, por lo menos. Pero su objetivo personal era la búsqueda de los compañeros desaparecidos y si se retiraba, a su entender, los abandonaba. “Además, el retirarse comienza a convertirse en un hábito. Los compañeros son como vos, mis hijos, y yo por ellos voy hasta el final…”.
A 42 de su desaparición física queda vigente su ejemplo y el recuerdo imborrable de una militante que cruzó la historia política argentina reciente con su uniforme blanco inmaculado y su cofia, su vocación de lucha, su alegría siempre joven, su sonrisa y el ladrillo en la cartera.
Lunes a las 16: Conferencia de prensa en la CTA-A (Perón 3866)
La Federación Nacional Territorial moviliza el 23 en todo el país y acampa en Desarrollo Social
Ante la falta de respuestas del Gobierno a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la Federación Nacional Territorial llevará adelante movilizaciones en todo el país y un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social si las demandas no son atendidas.
La decisión de instalar un acampe espera que el gobierno atienda la situación de urgencia que se vive en los territorios con el incremento del hambre y la desocupación, producto de las políticas de saqueo y de ajuste, que está empobreciendo cada vez más a quienes producen las riquezas de este país, los y las trabajadoras.
“Nosotros somos, además de un movimiento social, una central de trabajadores, lo que hace que no sólo intervenimos en el conflicto territorial, sino que tenemos una mirada integral y estamos en los conflictos que nuestra Central lleva adelante y no nos alcanza con discutir la coyuntura, queremos discutir el modelo de país”, dijo Omar Giuliani, Coordinador Nacional de la Federación.
“Hay 4000 bombas de tiempo”
Un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires revela que la falta de control en las obras en construcción en CABA ya provocó 26 derrumbes, 32 muertos y 220 heridos desde que el PRO llegó al gobierno. En este momento son cuatro mil las obras que no cumplen las normas.
Reciente derrumbe en el barrio de San Cristóbal, donde murió un hombre de 32 años. Imagen: Dafne Gentinetta
Veintiséis derrumbes, 32 muertos, 220 heridos y daños por un valor de 500 millones de pesos. Ese es el resultado de la falta de controles en las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires desde que el PRO llegó al gobierno porteño en el 2007.
Los datos se desprenden del relevamiento que realizó la ONG Defendamos Buenos Aires, en el que se concluye que estos hechos “no son aislados sino que son la consecuencia de una política de controles insuficientes a las obras en construcción en nuestra ciudad”, aseguró a PáginaI12 Javier Miglino, abogado y director de la organización.
El reciente derrumbe de una casa en el barrio porteño de San Cristóbal, en el que murió un joven de 32 años, puso en evidencia ese descontrol en las obras en ciudad.
“Nosotros creemos que hay un patrón con tres elementos muy importantes: el primero es que hay una política de controles ligeros a nulos, el segundo tiene que ver con ocultar lo ocurrido y el tercero es la impunidad: no hay funcionarios presos por estas tragedias”, sostuvo el referente de Defendamos Buenos Aires. Además, criticó el accionar de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo responsable de controlar las obras en el ámbito de la ciudad, cuyo director es el excomisario de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace –recientemente procesado de nuevo por su accionar en la represión en el Hospital Borda en 2013–, y señaló que hay una continuidad entre la gestión del ahora presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Macri creó la Agencia Gubernamental de Control apenas inició su gestión como jefe de gobierno en 2007 con la idea, supuestamente, de evitar que ocurran accidentes, derrumbes y otras tragedias en la ciudad. Por supuesto, lo anunciaron con todo tipo de marketing, pero al poco tiempo se empezó a notar que evidentemente el control no era tal y empezaron a ocurrir los primeros desastres y derrumbes”, recordó Miglino. “Ellos hacen y deshacen en la Ciudad, pero nadie controla. Por eso nosotros siempre decimos que no hay que tener una Agencia Gubernamental de Control sino una Agencia de Control Gubernamental porque es a ellos a los que tenemos que controlar”, agregó.
Algunos de los derrumbes más resonantes de los últimos años fueron el del gimnasio Orion en Villa Urquiza, en 2010, donde hubo tres muertos y 11 heridos o el boliche Beara, también en ese año, en el que murieron dos jóvenes y 25 personas resultaron heridas.
El informe de Defendamos Buenos Aires también señala que en este momento hay 4000 obras en construcción en la ciudad que no cumplen con las normas de seguridad y están en peligro. “Son 4000 bombas de tiempo. Nosotros hemos notificado de esto al gobierno de la ciudad, pero ellos no hacen nada. A esta altura, la Agencia Gubernamental de Control ya podría llamarse la Agencia Gubernamental de Descontrol”, aseguró.
Según el relevamiento, Belgrano, Nuñez, Almagro y Chacarita son los barrios más conflictivos en este momento, pero aseguran que hay “mucho descontrol” en toda la ciudad. Las principales irregularidades detectadas en el informe –detalló Miglino– son: falta de apuntalamiento, falta de control en el uso de maquinaria pesada y la falta de idoneidad en los proyectos. “Eso es algo que se vio claramente en el último caso: si el lugar da para tres pisos, no puede ser que te lo habiliten para más. Lo que suelen decir en esos casos es que si se te rompe algo, te lo arreglan cuando termina la obra. Pero no puede ser así, tienen que prevenir. Porque, además, no todo se arregla después: acá estamos hablando de que un joven perdió la vida y hay toda una familia que perdió un ser querido y su casa. Eso no se arregla después”, manifestó.
Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) denunciaron 7488 obras en construcción en la Ciudad de Buenos Aires durante 2018. Solo en la ciudad, el sindicato realizó más denuncias que en todo el resto del país (6386) en el último año. Además, las estadísticas de la Uocra señalan que en ese período sólo el 34,54 por ciento de los trabajos de excavaciones cumplió totalmente con las normas de salud y seguridad, mientras que en las demoliciones solo lo hacen el 35,70 por ciento.
En el caso de San Cristóbal, la Uocra había presentado una denuncia ante la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 4 de febrero, dos meses antes del derrumbe, en la que denunciaba a la empresa Lybster S.A. por una serie de irregularidades en la obra: faltaba ropa de trabajo, cascos y calzado de seguridad, protecciones oculares y auditivas, señalización y protección de zanjas y excavaciones. Además, señalaron la falta del uso de escaleras pese a la profundidad de la excavación que se estaba realizando.
Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control consultadas por PáginaI12 explicaron que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco), organismo que depende de la AGC y está a cargo de Osvaldo Alonso, “se presentó el 25 de marzo a una inspección donde la empresa fue intimada a realizar tareas de apuntalamiento de medianeras y canaleteo para mejorar la submuración, es decir, las excavaciones previas”. Pero a pesar de estas irregularidades y el constante reclamo de los vecinos, la obra no fue clausurada y el 3 de abril la Dgfyco tenía programada una nueva inspección para verificar que la empresa hubiera realizado las mejoras requeridas. No llegaron: dos días antes, la obra de la calle Pavón se desplomó.
Luego de la tragedia, Alonso aseguró que la obra tenía los permisos necesarios, aunque reconoció que la empresa debía solucionar los problemas señalados. “La responsabilidad de solucionar esas falencias es del director de obra. Evidentemente hubo algo que hicieron mal, pero la responsabilidad de seguir o no la obra es del profesional matriculado”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa.
Desde la AGC señalaron que en 2018 el organismo recibió alrededor de 7000 denuncias por irregularidades en obras en construcción. “A partir de estas denuncias, los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras encontraron 2925 obras con irregularidades de las cuales se clausuraron 276”, detallaron. A esas denuncias, se les suman otras tantas por pequeños cerramientos y refacciones, donde el número de clausuras es mayor.
“Los derrumbes no surgen de la nada. Las obras fueron autorizadas en su momento por el gobierno de Mauricio Macri, tal como hoy ocurre con Horacio Rodríguez Larreta”, analizó Miglino. “¿Dónde está la Justicia actuando contra los responsables? ¿Cuántos muertos tiene que haber para que cambie algo y se empiece a controlar?”, concluyó.
Dafne Gentinetta
Argentina: reprobada en libertad de expresión
Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó un informe sobre la libertad de expresión en el mundo, en el que Argentina cayó cinco posiciones en el ranking (del puesto 52 al 57), ubicada como un país con “problemas notables” para que sus periodistas puedan ejercer su profesión. Mauricio Macri celebró que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (que nuclea a las principales empresas mediáticas del país) sostuviera que en el país “rige una amplia libertad de expresión y de prensa”. El Centro de Producciones Radiofónicas (CPR) había denunciado que “en la Argentina actual hay personas procesadas por transmitir y muertas por protestar”. El “Monitoreo de la Propiedad de los Medios” presentado por Tiempo Argentino y RSF América Latina sostiene que “las presiones económicas y la concentración de la propiedad pueden limitar la capacidad del periodismo”. Por ANRed.
En el informe presentado este jueves en París de la organización internacional Argentina bajó su status del puesto 52 al 57, y quedó ubicada en el rango de países con “problemas notables” para que sus periodistas puedan ejercer su profesión. Mirando su evolución en los últimos seis años, Argentina en el 2013 estaba en el puesto 50; en el 2014, en el puesto 55; en 2015, en el 57; en el 2016, en el 54; en la 2017, en el 50; en el 2018, en el 52; y ahora en el puesto 57.
De esta manera, el informe de RSF choca con la celebración del presidente Mauricio Macri, que hace poco celebró en su cuenta de Twitter la declaración de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), que sostiene que en Argentina “rige una amplia libertad de expresión y de prensa”. La SIP, cuyo vocero en Argentina es Daniel Dessein, referente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y accionista de la Gaceta de Tucumán, representa a las principales empresas de medios del país, muchas de ellas beneficiadas por la gestión de Cambiemos.
El Centro de Producciones Radiofónicas (CPR) de CEPPAS Argentina publicó a principios de abril una carta abierta al presidente Mauricio Macri donde respondió a sus dichos sobre la libertad de expresión en Argentina: “En lo que va de su gestión, podemos ver una centena de casos muy concretos de amenazas, intimidaciones, condicionamientos y ataques a la libertad de expresión en Argentina. Las fuerzas de seguridad que Ud. tiene a cargo han agredido sistemáticamente a quienes registren o transmitan la represión de la protesta, usando la violencia como política de Estado y el miedo como disciplinador de disidencias. En la Argentina actual hay personas procesadas por transmitir y muertas por protestar. Como Ud., también creemos que es lindo dar buenas noticias. Nos gustaría poder hacerlo”, sostuvo el organismo en la carta.
Por su parte, hace una semana, el área local de Reporteros Sin Fronteras presentó junto a Tiempo Argentino un “Monitoreo de la Propiedad de los Medios” que alertó sobre un alto grado de concentración mediático en el país que afecta a la democracia y la pluralidad de voces: “las presiones económicas y la concentración de la propiedad pueden limitar la capacidad del periodismo para hacer que quienes tienen el poder rindan cuentas”, señaló Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina en el marco del lanzamiento del proyecto MOM Argentina.
En el marco del informe presentado en París, el Secretario General de RSF, Christophe Deloire, señaló también con alarma que “el número de países que se consideran seguros, donde periodistas pueden ejercer su profesión de manera segura, se continúa achicando”. Y agregó que “hay un clima de miedo que puede fomentar la autocensura”.
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