Macri habilitó que los agentes de seguridad usen las pistolas Taser
Policías y gendarmes con licencia para picanear
El Gobierno autorizó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a utilizar las armas electrónicas, cuestionadas por los organismos de derechos humanos.
Por Laura Vales
Policía Federal, PSA, Prefectura y Gendarmería son las fuerzas que portarán las pistolas eléctricas.
Imagen: NA
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El Gobierno habilitó el uso de pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, mediante una resolución que las presenta como “un medio intermedio” para el uso de la fuerza. Entre otros argumentos, asegura que dará a los uniformados “una opción” a las armas de fuego. Con la publicación del texto, difundido como un reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a las autoridades de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y Gendarmería “a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación” para su uso. Por si hacía alguna falta aclarar el principal uso que les será destinado, el viceministro de Seguridad, Gerardo Milman, declaró que “no son armas para largas distancias”, sino para ser utilizadas “donde hay mucha acumulación de ciudadanos”.
La decisión de armar a las fuerzas de seguridad con estas pistolas es un ansiado proyecto de la administración de Cambiemos que viene recibiendo múltiples objeciones de los organismos de derechos humanos. La principal es que su alegada condición de “arma menos letal” llevará a su uso indiscriminado por parte de las fuerzas policiales, ampliando las situaciones en que la policía puede disparar. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “el uso de las Taser requiere de dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.
Cambiemos anunció hace cinco meses la compra de unas 300 pistolas. Entre los argumentos para su habilitación, la resolución sostiene que “los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades, como los efectuados por las universidades de California (UCSD) y Winston-Salem de los Estados Unidos, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, concluyen que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas”.
Al mismo tiempo, se previene de amparos judiciales citando un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que sostuvo la legalidad de su empleo.
Los rechazos
Contra la habilitación de las Taser hay una causa en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento principal del reclamo, que fue presentado por Carlos Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación e integrante de Hijos, es que son un elemento de tortura. “Como lo dice el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 2007 en una resolución de noviembre de 2007, el uso de las armas Taser constituye una forma de tortura. Esto es así por el dolor intenso que provocan”, indicó Pisoni a PáginaI12.
“También se ha demostrado que la dicotomía entre armas letales y no letales es falsa. Está comprobado que estas pistolas causan muertes, principalmente porque provocan una modificación en el ritmo cardíaco: cuando el que recibe la descarga es una persona que está bajo efecto de drogas o toma una medicación, este efecto es peor. Lo mismo con embarazadas. Muchas de las muertes se producen por golpes en la cabeza al caer. Todos estos son elementos a tener en cuenta, porque un policía no pregunta antes de disparar quién tiene un marcapasos”, agregó el integrante de Hijos.
CIDH
La demanda ante la CIDH contra el Estado argentino es por la violación de su deber de prevenir la tortura. Presentada en 2016, la Comisión ya concluyó su estudio inicial y ahora debe notificar a la Argentina. El caso que le dio origen fue un amparo presentado por Pisoni en 2010, que obtuvo respuesta favorable en primera y en segunda instancia, pero fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (ese fallo es el que cita la resolución de Patricia Bullrich). Tras ser rechazada también por la Corte Suprema, la presentación llegó finalmente a la CIDH con el apoyo de diversas instituciones y de los organismos de derechos humanos.
Además de Hijos, se expresaron en contra del uso de las Taser Amnistía Internacional, el CELS, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la Asamblea por los Derechos Humanos; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Miguel Ángel Estrella, presidente de Fundación Música Esperanza y embajador de la Buena Voluntad Unesco, entre otras personalidades y organizaciones.
08 de mayo de 2019
Los efectos físicos, metabólicos y psicológicos de las pistolas eléctricas que aprobó el Gobierno
Por qué son letales las Taser
Las pistolas Taser con las que el gobierno de Mauricio Macri armará a las fuerzas de seguridad policiales sí son letales, a pesar de que los funcionarios se empeñen en negarlo. En Estados Unidos solamente se registraron “no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2007 por el uso inadecuado de las pistolas”, de acuerdo a un informe del CELS que refuta la idea de que las pistolas eléctricas que ahora van a cargar los efectivos argentinos sean “un medio intermedio” para el uso de la fuerza. El propio fabricante advierte también sobre los severos daños que puede llegar a causar este tipo de armas electrónicas. La compañía texana Taser reconoce el peligro que implica la utilización de las 300 pistolas “no letales” que adquirió el Ministerio de Seguridad hace cinco meses. De hecho tuvo que enfrentar un centenar de juicios por la pistola eléctrica que distribuye para fuerzas de seguridad en todo el mundo, aunque logró sortear los procesos judiciales porque la guía para usuarios advierte todos los riesgos que entraña utilizar los dispositivos y destaca que el sujeto, al resistirse a la autoridad, “ya está poniendo en riesgo su vida”.
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Por Laura Vales
La guía para usuarios del arma dice que someter a una persona a 15 segundos de descargas produce el mismo efecto físico que haber sido estrangulado o haberse trabado en lucha, y advierte que esos efectos psicológicos y metabólicos “aumentan el riesgo de morir o de un daño severo”.
Entre los posibles efectos adversos, se cuentan hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos e incluso fracturas, debido a las contracciones que sufren los músculos durante las descargas. Las personas con enfermedades preexistentes son más propensas a sufrir heridas y menciona como población de riesgo, aunque no limita, a: embarazadas, personas con osteoporosis, o que han sufrido operaciones, niños, o personas de contextura pequeña. También indica que el daño puede ser mayor si la persona reacciona intentando hacer un movimiento rápido al momento de recibir la descarga eléctrica, algo que parece previsible que suceda en la práctica.
Desmayos y caídas provocadas por el colapso en el sistema nervioso periférico que controla la movilidad pueden redundar en heridas y efectos no deseados. Si se dispara apuntando a la cabeza también podría causar epilepsia. Stress y dolor acompañado de temblores, pánico y miedo previo y posterior son otros efectos probables cuando se utilizan las Taser. Efectos psicológicos y cambios en el metabolismo también son descriptos en la guía. Técnicamente los dispositivos no son armas de fuego, aunque utilizan un sistema de propulsión de nitrógeno comprimido para transmitir pulsos eléctricos administrando una descarga de 50 mil voltios que deja al individuo incapacitado en forma inmediata. El X26 utiliza dos dardos conductores lanzados a una distancia de hasta 11 metros y transmite una señal eléctrica que ataca al sistema nervioso periférico, afectando la movilidad y el equilibrio.
El fabricante admite que los dardos pueden atravesar varias capas de ropa así como también penetrar hasta una pulgada dentro de la piel, provocando heridas, si la persona está con el torso desnudo o se apunta a una parte descubierta del cuerpo a poca distancia.
El CELS y el uso de las Taser
Un peligro inminente
El organismo advirtió la ausencia de límites en el reglamento de uso que hizo el Gobierno.
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El reglamento para el uso de las pistolas Taser que difundió ayer el Poder Ejecutivo confirma que las fuerzas de seguridad federales no se limitarán a usarlas en “situaciones extremas y limitadas”, las únicas permitidas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, sino que directamente “aumenta el riesgo de letalidad”. La advertencia la formuló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado en el que destaca el intento del gobierno de Mauricio Macri de “esconder el uso de la violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad”.
“Las pistolas Taser provocan un dolor intenso, es decir que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel, y pueden ocasionar la muerte. La reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”, señala el organismo de derechos humanos. Vale aclarar que la justicia argentina sólo puede declarar esa inconstitucionalidad en una causa concreta, es decir recién cuando hay al menos una víctima por la cual se judicializa el caso.
Un primer análisis del reglamento sugiere que los criterios de uso “son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso”, destaca. El artículo 2 inciso C las autoriza para “impedir la comisión de un delito de acción pública”. “O sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía”, explica el CELS. El inciso A del mismo artículo permite recurrir a las Taser ante un hipotético “peligro inminente”, que la norma no describe de ningún modo. “Así, el reglamento potencia los riesgos de letalidad y tortura, en lugar de disminuirlos como afirmaron las autoridades”, enfatiza. “Reglamentaron su uso y lo hicieron muy mal. No prohíbe su uso en embarazadas, intoxicados, menores y adultos mayores. No prohíbe las descargas consecutivas sobre la misma persona ni tampoco se usarán para evitar el arma de fuego. Esto no es una buena noticia”, advirtió ayer Federico Efrón, coordinador del área de litigio y defensa legal del CELS.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda en 2009 y contra Gran Bretaña en 2013 desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de “situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)” y “únicamente en sustitución de las armas letales”, recuerda el CELS. La explicación del viceministro de Seguridad, Gerardo Milman, al afirmar que “no son armas para largas distancias” sino para ser utilizar “donde hay mucha acumulación de ciudadanos” sugiere un uso lejano del excepcional y acotado que permite la ONU. El CELS destaca que “la única forma de que la introducción de las Taser reduzca la letalidad policial es que sean utilizadas como reemplazo de las armas de fuego”. Sin embargo, “en la medida que esta regulación amplía su uso, su efecto será aumentar las lesiones y la letalidad”.
“Con la incorporación de las llamadas ‘armas menos letales’ se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen”, advierte sobre la estrategia de manipulación de la comunicación oficial. “El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”, concluye.
Jornada contra la violencia institucional
Reclamos en Plaza de Mayo
Hoy, en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, madres, familiares y víctimas en particular de las fuerzas de seguridad, reunidas por distintas organizaciones políticas y sociales convocan a una jornada que tendrá lugar en Plaza de Mayo a partir de las 13.
La jornada prevé actividades como una radio abierta, una olla popular y un acto de cierre. Se comprometieron a participar legisladores, diputados y organismos de Derechos Humanos.
En un comunicado, las organizadoras, entre quienes se encuentran Dolly Sigampa (mamá de Ezequiel Demonty), Miriam Bordón (mamá de Sebastián Bordón) y Paula Arraigada (del Movimiento Trans Nadia Echazú), sostienen que “es necesario que todas las voces formen un grito de denuncia a este modelo político injusto, que busca legitimar la violencia policial, la discriminación y el gatillo fácil en el marco de un país cada vez mas excluyente.”
Las consignas de la jornada serán: “Los pibxes en las Escuelas. No a las cárceles”; “Basta de Genocidio Trans”; “Basta de Tortura, hacinamiento y asesinatos en las cárceles”; “La gorra Mata, después pregunta”; “Fuera Macri, Bullrich, Larreta, Santilli, Vidal y Ritondo”; “Basta de violencia, discriminación y asesinatos” y “El Estado es responsable”.
Entre los asistentes que participan se encuentran Milton Tapia, hermano de Alan e hijo de Claudia Rivero, del Barrio Mitre, de Saavedra; Rosa Bru, madre de Miguel; María Vega, mamá de Pablo José Gallo; Claudia Castro, mamá de Luis Antonio Acosta; Norma Díaz, mamá de Camila Arjona; Laury Rivero, mamá de Thiago Castro; Alicia Ramírez, madre de Martín Aranda; Aidé Gutiérrez, tía de Denis Gutiérrez; Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera; Alejandra Rosales, mamá de Walter González; Ivonne, mamá de Juan Pablo Kukoc; Romina Baruta, madre de Federico Zalazar; entre otras.
Fuente:Pagina12
Más presión sobre los Moyano: «No descarto pedir la detención de Pablo Moyano», advirtió el fiscal de la causa Independiente

Horas después del cinemátográfico allanamiento a Camioneros, el fiscal Sebastián Scalera se refirió a los avances en la causa y no descartó insistir con el pedido de detención de Pablo Moyano.
07/05/2019
El fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, no descartó volver a pedir la detención del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, por la causa de asociación ilícita que involucra a su gestión en el club y sus vínculos con el barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez.
Así lo comentó tras los nueve allanamientos que aprobó la nueva jueza de la causa, Brenda Madrid, que tuvo como correlato ayer una jornada de tensión en la sede porteña del sindicato de Camioneros.
Sobre un nuevo pedido de prisión preventiva, Scalera indicó que esa orden fue «recurrida por la fiscalía», pero el tribunal de alzada «decidió no analizarla porque puede ser redictable».
Sin embargo, aclaró: «De todas formas, no descartamos insistir con el pedido de detención, pero tenemos que esperar el resultado total de los allanamientos para evaluar si corresponde. Sí, en cambio, existe primura para resolver la situación procesal de las personas que están detenidas hace más de un año y elevar la causa a juicio oral», expresó el fiscal en diálogo con radio FM Metro.
La causa por asociación ilícita involucra al ex jefe barrabrava «Bebote» Álvarez, a los directivos del club Hugo y Pablo Moyano, y al gremio de Camioneros por presunta compra y reventa ilegal de entradas y otras maniobras defraudatorias en Independiente.
De las pesquisas, Scalera dijo que se produjo el «secuestro de teléfonos celulares» y dispositivos de almacenamiento como «pendrives». Además, se hizo una «compulsa del sistema informático» y de los servidores para verificar si había información sobre las empresas que están involucradas en las maniobras defraudatorias y sospechosas registradas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Según el fiscal de Lomas de Zamora, Bebote y otros barras mantenían un «sistema para la obtención de entradas a partir de un acuerdo que él hace con Pablo Moyano antes de la renuncia de Javier Cantero en 2014?.
«El arreglo significó movilizar a la barra para terminar de hacer caer a Cantero y hacer ir a votar a una importante cantidad de socios vinculados a la barra en las elecciones que ganó Hugo Moyano», señaló el fiscal acerca de su hipótesis. «Tras arreglar con Moyano, Bebote distribuía más de mil entradas en diferentes barrios por fuera del sistema legal. Se trata de una maniobra defraudatoria al club y a sus socios», agregó.
Luego de los múltiples allanamientos, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, calificó el operativo judicial como «una vergüenza» y protestó contra el número de efectivos. Además, contó con la solidaridad de la conducción de la CGT, con la cual está enfrentado el dirigente gremial.
En esa línea, Scalera ratificó lo actuado y, si bien aclaró que «no son indiferentes» al contexto político, expresó: «La Justicia tiene que ser independiente y no puede actuar con miedo frente a este tipo de manifestaciones».
Hugo Moyano: «Espero que Bullrich no quiera cobrarnos ahora el gasoil y los gastos que implicaron la llegada de estos 150 gendarmes»

Irónico, Hugo Moyano cargó contra la ministra de Seguridad y disparó contra el Presidente: «Que deje de hacer gansadas y estupideces».
07/05/2019
El sindicalista camionero Hugo Moyano afirmó anoche que los gendarmes «han venido al pedo» a allanar la sede de su sindicato y pidió «al Presidente (Mauricio Macri) que deje de hacer gansadas y estupideces».
Al atribuirle a la administración Macri la responsabilidad por el operativo en una causa donde se investigan supuestos delitos en el club Independiente, que Moyano preside, el dirigente sostuvo que «esto es una demostración de la incapacidad de un Gobierno que no sabe qué hacer».
Su hijo Pablo, número dos del sindicato, dijo que «esta es la vigésimoquinta vez que allanan Camioneros; si nos quieren meter miedo no lo van a conseguir, no vamos a firmar la reforma a la Ley Laboral».
Hugo Moyano agradeció también a los militantes y afiliados que fueron hasta la sede gremial, ante quienes habló unos minutos después del allanamiento, que duró unas siete horas.
Unos 150 efectivos de la Gendarmería realizaron el operativo, que reavivó la tensión entre el Gobierno nacional y los Moyano, quienes en principio relacionaron el operativo al paro nacional de la semana pasada.
Moyano padre volvió a replicar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien anunció que le cobraría a los organizadores del paro del 30 de abril los «gastos extras» por el operativo policial.
«Espero que esta señora no quiera cobrarnos ahora el gasoil y los gastos que implicaron la llegada de estos 150 gendarmes que lo único que hicieron fue incomodar a la gente que venía a atenderse por la obra social», sentenció.
Bullrich denunció penalmente a Palazzo, Yasky, Plaini y los Moyano por la huelga nacional del #30A

Los acusa de una asociación ilícita por «coercionar» con la huelga nacional del pasado martes. Ya había pedido que paguen el operativo de seguridad.
07/05/2019
La denuncia penal contra los gremialistas que encabezaron la huelga nacional del pasado 30 de abril fue impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y curiosamente en lugar de hacer en Ciudad de Buenos Aires, donde los gremios tienen sede y donde estuvo el epicentro de la protesta, fue radicada en un juzgado de Morón.
«Lo hizo en un juzgado de Morón en lugar de denunciarnos en Capital. No sé por qué», dijo el propio Sergio Palazzo en declaraciones a El Destape Radio y explicó que no le sorprende la determinación del Gobierno porque va en línea con atacar a los que protestan.
«Nos involucra en 23 hechos delictivos bajo la figura de una asociación ilícita para ser coercitivos en el pensamiento de la gente», sostuvo el bancario sobre la disparatada presentación en tribunal.
Los denunciados por Bullrich son el propio Palazzo, el canillita Omar Plaini, los camioneros Hugo y Pablo Moyano y el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
«Está claro que el Gobierno en vez de hablarle a la gente le habla a los mercados y les habla reprimiendo en la calle o por vía judicial», concluyó Palazzo.
Rodolfo Daer acerca posiciones con Camioneros

Contra los 10 puntos que propone el gobierno, contestó con 4 puntos que impulsa la CGT: «Si existe una mesa para discutir estos temas vamos a participar. Pero si es para firmar la agenda que propone el gobierno, no.»
07/05/2019
Rodolfo Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y secretario de Industria de la CGT, habló con el programa Salvemos Kamchatka de FM La Patriada sobre el allanamiento al sindicato de Camioneros. «Se montó un circo pretendiendo construir una mirada anti sindical y merece, como lo ha hecho la CGT, el repudio absoluto y nuestra solidaridad».
Ante la pregunta de si lo consideraba un acto de persecución respondió: «Creo que el gobierno que está definiendo una estrategia electoral» Según Daer, Mauricio Macri quiere reforzar su candidatura a la reelección. «Lo del allanamiento es una pretendida reafirmación de la autoridad del gobierno y para distraer los problemas de fondo que atraviesa la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Problemas de inseguridad sobre si van a seguir trabajando, si las Pymes van a seguir funcionando, de los profesionales o los científicos que cobran magros salarios o están migrando de nuestro país. Esa es la verdadera realidad, que a la inmensa mayoría no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes»
Al ser consultado por los «10 puntos» que propone el gobierno, que avanzan sobre la reforma laboral, respondió: «La CGT siempre reivindicó la construcción de consenso. No vamos a bajar las banderas del diálogo y la construcción de consensos». «El gobierno pone 10 puntos y convoca a que firmemos en un país endeudado, nunca convocó cuando estaba en crisis. Desde el 25 de abril del año pasado se disparó una corrida cambiaria, con un permanente aumento de la inflación y nunca se acordó de convocar a los actores sociales. Estamos frente a una tremenda crisis que el Gobierno no sabe resolver. Sí supo y no tuvo miramientos en recurrir al FMI, y en cambiar paulatinamente las pautas acordadas con el Fondo, perjudicando, agudizando la pobreza del pueblo argentino.»
Así describió sus propuestas: «En nuestro país tiene que existir un Consejo Económico Social.» y «(Primero) Tienen que existir políticas para garantizar el empleo, segundo, que no cierre ninguna pequeña y mediana empresa, tercero, tienen que bajar las tasas de interés que son totalmente usureras, el sistema financiero de nuestro país es anti productivo, cuarto, hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos»
«Estos son nuestros planteos, si existe una mesa para discutir estos temas por supuesto que vamos a participar. Pero si es para firmar la agenda que propone el gobierno, no.»
«Claro que queremos generación de empleos pero no es la eliminación de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Paritarias, de eliminar protección al trabajo. Tampoco lo es modificando el sistema jubilatorio llevándonos a una especie de fondo de pensión»
Cuando le recordaron su enfrentamiento con el gremio de los Moyano respondió conciliador: «Con Camioneros tenemos discrepancias, pero estamos en la misma vereda de defender los intereses de los trabajadores y las clases populares. Podemos coincidir o no coincidir con las vías para transitar esa defensa, pero estamos en la misma vereda»
Victoria popular: absolvieron a los petroleros de Las Heras
El tribunal de Caleta Olivia absolvió a los obreros petroleros Néstor Vibares, Martín Oñate y Jorge Armoa, injustamente acusados por “coacción agravada” y “entorpecimiento de la actividad económica”.
Los tres compañeros fueron protagonistas de un reclamo gremial frente a la empresa Bacsa, en 2014, cuando integraban la comisión directiva del sindicato petrolero de Santa Cruz. La empresa, sin embargo, no se presentó como querellante de manera directa. El principal acusador de los trabajadores fue el representante del Estado, el fiscal Ariel Candia, del Juzgado de Instrucción de Las Heras, quien actuó en los hechos como representante de la patronal en el proceso.
Se trata de una victoria significativa contra la política de criminalización de la protesta de los gobiernos K de la provincia. Más de un millar de trabajadores ocupados, desocupados y jubilados han sido sometidos a distintos procesos, incluyendo muchas veces la represión física, cárcel y vejaciones. Como antecedente, hay trabajadores petroleros condenados a prisión perpetua por el crimen del policía Sayago, ocurrido en 2006, en base a “testimonios” arrancados bajo tortura. Más recientemente, trabajadores y dirigentes de la CTA de la provincia por una manifestación frente a la casa de la gobernadora de la que participaron en 2017.
El juicio contra los tres compañeros fue seguido con vivo interés por los trabajadores y organizaciones de la provincia y de todo el país. Una movilización acompañó el juicio y el dictamen de la sentencia. Dirigentes nacionales como la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) y la secretaria general de AGD-UBA y representante de la Coordinadora Sindical Clasista, viajaron especialmente a la provincia para llevar su solidaridad a los compañeros.
Este resultado es fruto de la movilización y de la labor de los defensores de Vibares, Oñate y Armoa, quienes desbarataron la farsa judicial montada por el fiscal. Un reconocimiento a todos ellos también.
Vamos por el desprocesamiento de todos los luchadores. Abajo la represión.

La movilización de esta mañana frente al tribunal de Caleta Olivia
LA CTEP REPARTIRÁ GRATUITAMENTE PAN Y LECHE
El Jueves 9 de mayo en Plaza Once a las 11hs desde la CTEP Capital repartiremos de manera gratuita 800 Leches
Al mismo tiempo realizaremos un Verdurazo y Feria de Alimentos a precios populares.
Al mismo tiempo realizaremos un Verdurazo y Feria de Alimentos a precios populares.
Exigimos al Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta:
-Apertura de Paritarias
-Financiamiento para el Programa de Adicciones
-Reconocimiento de lxs trabajadorxs de la vía pública
-Alimentos para el Pueblo
-Trabajo para lxs jóvenes
-Financiamiento para el Programa de Adicciones
-Reconocimiento de lxs trabajadorxs de la vía pública
-Alimentos para el Pueblo
-Trabajo para lxs jóvenes
Cortemos con la mala leche de Larreta
Rafael Klejzer
Sec. Gral. CTEP Caba
1135849597
Sec. Gral. CTEP Caba
1135849597
Judiciales anunció un paro de 36
horas con movilización nacional
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación se declaró en estado de “emergencia judicial” y reclaman el 15% del 1er tramo.

Dramático testimonio de despedido en La Campagnola: “Me mataron en vida”
Tiene 55 años y más de tres décadas en la empresa. Fue despedido junto a más de 120 trabajadores en la planta de San Martín, Mendoza.

Denuncian los trabajadores del Subte: Línea B al borde del colapso por inacción
Faltan coches porque no se limpiaron de amianto las formaciones
Los metrodelegados advierten que sólo están funcionando 17 de los 24 trenes disponibles, porque siete tienen asbesto. Al llegar a 15 trenes, no hay servicio.

El asbesto fue detectado a principios del año pasado.
Imagen: Sandra Cartasso
A quince meses de la denuncia de asbesto en los coches del subte y a doce de la presentación judicial, los metrodelegados advierten que la cantidad de formaciones para garantizar el servicio de la línea B está por colapsar porque ni el gobierno porteño ni la justicia ni Metrovías toman medidas para la desamiantización de los vagones. La flota de la Línea B es la más afectada, pese a que la presencia de amianto, clasificado como un cancerígeno humano, se detectó también en trenes de las otra líneas, en el techo del cuarto de descanso de conductores del Premetro y en frenos de escaleras mecánicas. “Estamos haciendo todo para que no se llegue a parar la línea, pero tampoco puede funcionar a costa de nuestra vida ni la de los usuarios. Exigimos que realicen las mediciones y los análisis médicos correspondientes”, detalló el secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente de Trabajo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Francisco Ledesma.
Ledesma explicó a este diario que la línea B está en estado de alerta naranja. De los 24 trenes que recorren la línea, sólo 17 están funcionando; si por algún desperfecto llegan a quedar en funcionamiento sólo 15, la línea se va a paralizar. “Por protocolo, cuando se llega al alerta rojo, significa que tenés todas las cocheras llenas de trenes y no se puede estacionar ninguno más. Si se rompe uno, no se lo puede llevar al taller y se para la línea porque no hay dónde evacuarlo. Ahora, todavía quedan dos lugares libres antes de que colapse. Y si se queda una formación en el túnel es muy peligroso evacuar porque en la B hay tercer riel”, es decir, alimentación eléctrica. Las formaciones que se rompen y tienen componentes con asbesto no se reparan.
Desde hace dos meses los trabajadores del taller Rancagua, donde se realiza el mantenimiento, hacen retención de tareas en piezas que saben que tienen asbesto: no las tocan para resguardar su integridad.
El conflicto comenzó el año pasado, cuando se detectó el material contaminante en los vagones CAF 5000, que había comprado Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño al Metro de Madrid, donde se registraron casos de cáncer entre trabajadores.
En marzo de 2018, los trabajadores del subte pararon el servicio. “La empresa nos decía que no queríamos trabajar y que no había asbesto”, recordó Ledesma, quien señaló que “recién en diciembre Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) reconoció la situación”.
Entretanto y ante la angustia de los trabajadores, el sindicato envió a analizar muestras de diversas formaciones a la Universidad Nacional del Sur (UNS). El informe, a cargo de la investigadora del Centro de Geología Aplicada de la UNS y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires Leticia Lescano, concluyó que había rastros de asbesto en los coches en los coches Mitsubishi de la B, los Gee-Caf de la Línea E, los Nagoya y General Electric de la Línea C, en los Fiat de la E, en los Siemens de la H, en el techo del cuarto de descanso de conductores del Premetro, y en frenos de escaleras mecánicas, principalmente de la línea E y D.
“Lo hicimos unilateralmente y queremos que el gobierno haga lo mismo para que haya certeza a nivel general. Durante muchos meses la empresa quiso llevarse los trenes sin hacer las mediciones. Eso significaba hacer desparecer las pruebas, porque si te los llevás sin que haya constancia del material, no se declara que hay asbesto, y la empresa no tiene que hacer los estudios por ART por exposición a la sustancia. Y si en el futuro tenés asbestosis, una enfermedad que se puede de- sarrollar entre 20 y 40 años luego de la exposición, no hay vinculación con tu trabajo”, explicó Ledesma.
Mañana, una comisión integrada por representantes de Sbase, Metrovías, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud porteños, intentará encontrar una solución al tema.
Según dijo Ledesma, “la empresa tiene tiempos muy distintos al que tiene la salud de los trabajadores”. “Dicen que mandaron a hacer análisis a todo el personal. Nosotros queremos que presenten los resultados al Instituto (de Tisioneumonología) Vaccarezza que funciona en el Hospital Muñiz, y depende de la Universidad de Buenos Aires. Y que se haga un cronograma para analizar las piezas de las formaciones para pasar del estado de sospecha al de certeza. Al mismo tiempo, tienen que implementar un plan de cómo se trabaja mientras se reemplazan los componentes con asbesto”, añadió.
Loma Negra ratificó su achique en Barker y los despidos serían 200: «Esto es devastador para nuestra localidad»

En un golpe letal para el pueblo, Loma Negra confirmó con un comunicado las cesantías masivas. Los despidos alcanzarían a 200 empleados y desde el gremio minero advierten: «estamos resistiendo»-
07/05/2019
La localidad de Barker en el partido de Benito Juárez está en alerta. Sucede que se confirmó que la empresa Loma Negra iniciará un proceso de despido de sus trabajadores y es el principal empleador de la zona. Ante esta situación, desde el sindicato del sector advirtieron que rechazarán la medida y expresaron que podría alcanzar a unos 200 empleados.
A través de un comunicado que difundió el portal Infocielo, la compañía afirmó que «se ha iniciado un proceso de reducción de nómina de empleados». En ese sentido, indicó que se da «como consecuencia de la readecuación de su capacidad productiva a la realidad actual y futura del mercado de cemento». A su vez, añadió que la decisión «se toma en un contexto en el cual la compañía tiene sobrecapacidad, sumado a los altos costos de producción y a los costos logísticos que insume el funcionamiento de esa fábrica».
Entonces detalló que «se ha propuesto una solución integral que establece el mantenimiento de un turno en la planta, la relocalización de empleados en otras de sus plantas y planes de retiro voluntario o prejubilaciones en condiciones superadoras».
Al respecto, el secretario General de la Asociación Obrera Minera Barker, Martín Isasmendi, dijo que «estamos resistiendo. La empresa amenazó con que iba a echar, aunque no concretó nada».
Asimismo, contó que «lo único que ofreció fueron traslados hacia Olavarría, Frías y Zapala. Le venimos diciendo a los trabajadores que no acepten esas cosas, por suerte la gran mayoría no aceptó».
El dirigente explicó que «la intención que señalaron es echar a 100 trabajadores. La semana pasada presentaron un expediente que comienza con un procedimiento establecido por decreto en donde la empresa señala el motivo por el cual quiere reducir personal por Barker, que son económicas, y que la planta tiene tecnología obsoleta, el mercado de la zona está deprimido. Consideramos que son todas mentiras».
«No dicen qué va a pasar con los tercerizados, pero si echan 99 trabajadores propios de Loma Negra, serán desafectados, lo cual se transforman en 200 despidos», añadió.
Finalmente, dio a conocer que este martes «habrá una audiencia de en la secretaría de Trabajo en Buenos Aires, veremos si se transforma en una nueva conciliación», y concluyó: «Esto es devastador para nuestra localidad».
Despidos en los supermercados de la familia de Marcos Peña

La Anónima, cadena de supermercados de la familia Peña Braun, comunicó ayer 4 despidos sin previo aviso en Tierra del Fuego. «El número puede ser superior», advierten desde el sindicato de Comercio.
07/05/2019
El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Tierra del Fuego, Daniel Rivarola, confirmó que se produjeron cuatro despidos en el supermercado La Anónima. Se trata de la cadena de supermercados del Jefe de Gabinete Marcos Peña.
«Tomamos conocimiento hoy (por ayer) de cuatro despedidos en el supermercado La Anónima, con la posibilidad de que el número crezca todavía más», señaló Rivarola al portal local Infofueguina.
«No lo tenemos claro, hemos hablado con la empresa y dicen que obedece a una reestructuración con revisión de legajo y, dentro de este margen que tienen con pérdidas establecidas en las sucursales, vienen insistiendo desde hace rato con despedir gente», especificó el dirigente mercantil.
Sobre la situación expresó que «nosotros la venimos sosteniendo, pero ahora sin aviso, sin ninguna comunicación previa, hubo cuatro despedidos».
«Dicen que se van a pagar las indemnizaciones al 100%, pero son cuatro compañeros más desempleados. Recién terminamos una reunión con el cuerpo de delegados para hacer las asambleas en las sucursales, establecer qué medidas quieren tomar los compañeros en el caso de que deseen avanzar», expresó el gremialista.
Entendiendo que «para la ley se abonan las indemnizaciones, se pagan en forma completa y nos dejan, en ese sentido, atados de manos», advirtió
Aunque agregó que «obviamente, si hay alguna posibilidad de alguna medida que nos permita el reingreso, lo haremos. Si no es así es un hecho consumado», lamentó Rivarola.
La Federación de petroleros deja en off side a los patagónicos y se niega a firmar lo que pide Sica

Se negaron a firmar en 28% que promociona el gobierno y aceptaron los patagónicos. Pondrán a consideración de las bases la propuesta pero advierten que lo ofrecido ya fue superado por la inflación.
07/05/2019
Un importante cambio en la composición del esquema de poder petroleros se cocina por estas horas. Es que por primera vez en mucho tiempo la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPGyBio) se muestra más batalladora que los gremios patagónicos y hasta los dejó en off side en las últimas negociaciones salariales.
El viernes el trinomio de petroleros patagónicos, Guillermo Pereyra (Neuquén, Río Negro, La Pampa), Jorge Ávila (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) estamparon su firma en las paritarias de la actividad. Lo rubricado, por los otrora combativos, va en línea con los promovido por el Gobierno Nacional para la ronda salarial 2019: 28% en tres cuotas y con cláusula de revisión.
Sin embargo la Federación, que bajo la gestión de Alberto Roberti retrocedió en materia de representación y presencia, se negó a aceptarlo. Los ahora conducidos por el oriundo de Campana Pedro Milla señalaron que esos parámetros ya quedaron desactualizados y que pondrán la oferta en consideración de las bases. Toda una novedad.
De hecho, los comandados por Milla están en el maro de una conciliación obligatoria que desactivó la huelga que habían definido y amenazan con retomar las hostilidades de acuerdo a lo que palpen del humor de sus afiliados en todo el país.
El próximo encuentro está pautado para el 13 de mayo y puede ser decisivo. Allí se volverán a ver las caras empresarios y gremialistas y se definirá el futuro de los haberes de los empleados de la actividad.
La Juventud Sindical recordó a Evita junto al Padre Pepe en La Cárcova
Colocaron un cerámica en homenaje a Eva Perón que reza “La Santa del Pueblo”. Llamado a la “unidad nacional”.

Dura interna en los estatales de Capital

Trabajadores, despedidos, militantes, paritarios y dirigentes de ATE y la CTA Autónoma denunciaron persecución sindical, corrupción y vaciamiento de contenidos y recursos en la Biblioteca Nacional.
07/05/2019
Tras la última tanda de cesantías y en el marco de las protestas, ayer se realizó en la puerta de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno una conferencia de prensa. Allí trabajadores, despedidos, militantes, paritarios y dirigentes de ATE y la CTA Autónoma denunciaron persecución sindical, corrupción y vaciamiento de contenidos y recursos dentro de organismo.
Entre los presentes se encontraba Juan Domingo Pignataro, Prosecretario Administrativo de ATE Capital y trabajador de la Biblioteca Nacional, quien explicó: «Esto surgió apenas asumió en el Gobierno Mauricio Macri y, en la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel. A él lo sucedió Elsa Barber. Todos los años hubo compañeras y compañeros despedidos, tamizados todos por una cuestión política».
Acompañado por Pablo Spataro, titular de CTA Capital, Pignataro lanzó una dura acusación contra sus antiguos compañeros de lista: «La Junta Interna de Delegados de nuestro sindicato, junto con la de UPCN, acordaban los parámetros, los nombres y las condiciones de los despidos que se estaban produciendo. Se vive un clima de terror en la Biblioteca, en donde todos y todas creen que en cualquier momento pueden estar dentro de una de las listas, y se sienten amenazados».
«Soy Prosecretario Administrativo de ATE Capital por la Lista Verde y Blanca pero en este momento me encuentro marginado de la conducción por mis posiciones políticas de enfrentamiento con la Junta Interna y con la Jefatura de la Biblioteca Nacional», agregó Pignataro.
«En el 2016 hubo más de 200 despidos, de los cuales se logró la reincorporación de 100 compañeros y compañeras a través de negociaciones, pero todavía hay 100 que no han podido reincorporarse. En 2017, 2018 y 2019 volvió a haber despidos, pero con características diferentes: Se trata de despidos quirúrgicos, a compañeros y compañeras señalados», explicó.
Y confirmó que «de los doce candidatos de la Lista Azul y Verde, echaron a cinco; y de los doce candidatos de la Lista Blanca y Violeta, echaron a uno. O sea que de los últimos ocho despidos, seis son opositores a la lista oficialista de la Verde y Blanca«, señaló Pignataro.
El dirigente además dijo: «Ahora nosotros estamos, en principio, planteando medidas cautelares para que la Justicia Laboral los pueda reincorporar. No existe ningún tipo de diálogo con la Directora: Los despidos se producen por telegrama y sin esgrimir argumento alguno».
«Como fondo de toda esta persecución gremial que estamos sufriendo, venimos denunciando que se está volviendo a una política muy parecida a la que teníamos en los años ?90, que era la de vaciar permanentemente de contenidos a las políticas públicas en materia cultural dentro de la BN. Los proyectos no están siendo financiados», concluyó Pignataro.
Por su parte, uno de los despedidos presentes, quien fuera candidato a secretario Gremial por la Lista Azul y Verde Esteban Gorosito, relató: «Hace cinco años que trabajo en la Biblioteca, en la Hemeroteca. Decidí participar de la discusión por la Junta Interna por una cuestión de solidaridad con mis compañeros y compañeras, para plantarnos frente a las autoridades. El pasado 1º de Mayo me encontré con un telegrama de despido, sin tener ningún tipo de argumento válido para sacarme de mi trabajo. Tengo dos chicos y, en este momento incierto del país, se pone duro mi futuro. Según yo veo las cosas, este es un mensaje disciplinador y ejemplificador por parte del Gobierno y sus funcionarios, que no quieren que los trabajadores se involucren en política y se organicen en defensa de sus derechos».
Entre Ríos: en lo que va del año despidieron 20 personas por día

Se acumulan casi 2.000 pérdidas de trabajo en el sector privado. El reflejo provincial de un problema nacional.
07/05/2019
Un informe realizado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Entre Ríos muestra que en lo que va del año ya se produjeron 1.819 despidos del sector privado. Esto equivale a decir que en cada día hábil de los últimos cuatros meses, unas 20 personas fueron despedidas.
El sector más afectado resultó el comercio, con 620 cesantías confirmadas oficialmente, seguido por la industria y la construcción. El portal UNO Entre Ríos aclaró que el estudio no contempla aquellos que se acogieron a beneficios como retiros voluntarios.
Se comunicaron con el titular de la cartera laboral provincial, Fernando Quinodoz, quien matizó los números ya que hay más casos de los que la Secretaría no tiene testimonio porque se trata del trabajo irregular y, por otro lado, tampoco están discriminados los casos de cambio de empleo.
Otro dato relevante, la generación de nuevos empleos es muy baja. En la provincia se perdieron en un año 5.100 puestos de trabajo privado registrados.
Actualmente la masa de personas con empleos formales en territorio entrerriano se sitúa en 130.000 asalariados, tras haber alcanzado marcas de más de 137.000 hasta hace poco más de dos años.
En Argentina, el desempleo vuelve a ser un problema.
Los médicos paralizarán por 72 horas los hospitales bonaerenses y masifica la rebelión estatal contra Vidal

Con una huelga que comienza hoy, los médicos inician otras 72 horas de paro en los hospitales bonaerenses. También detendrán las tareas estatales y y judiciales. Exigen que Vidal los convoque a Paritarias.
07/05/2019
El Congreso de Delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense(Cicop) paraliza las tareas en la provincia y reiterará la protesta, pero de 48 horas, el 15 y 16 de mayo en los hospitales y centros de atención, en reclamo de paritarias y otras demandas, informaron los dirigentes Marta Márquez y Fernando Corsiglia.
A la huelga de hoy se sumaron los empleados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y, según señalaron hoy en La Plata los dirigentes de esos gremios en una rueda de prensa: La protesta incluirá una movilización y un acto conjunto frente al Ministerio de Economía desde las 10.30.
Las huelgas fueron convocadas ante «la falta de cierre de la paritaria 2018 y la ausencia de llamado oficial para la discusión de este año, además de no haber soluciones para el mantenimiento edilicio y de ascensores y a los cortes de luz sin sistema de electricidad de emergencia en condiciones y seguridad, lo que arriesga a trabajadores y pacientes».
«Las nuevas medidas de fuerza procurarán visibilizar la crisis del sistema sanitario provincial como consecuencia del ajuste y la recesión», expresaron los sindicalistas.
Los profesionales de la salud exigen «la recuperación de lo perdido en 2018 y un ingreso para este año que jerarquice las tareas y su actualización automática por inflación». También demandan «la interinización de los becarios, soluciones a los expedientes demorados, a las condiciones de trabajo de los residentes, a los temas previsional y de violencia, de infraestructura, de escasez de insumos y de problemáticas de género».
Con las nuevas tres huelgas, la Cicop completará un total de nueve días de paros en 2019.
Envio:RL







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