Mariano Pagnucco / Resumen Latinoamericano / 26 de julio de 2019
En Plaza de Mayo y en más de diez puntos del país se llevó adelante una movida impulsada por las organizaciones participantes del 1er Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular que proponía alimentos a buen precio para productores y consumidores. En la Rural de Palermo, en paralelo, el campo del agronegocio inauguró su tradicional exposición con una agenda bien lejana a las necesidades del pueblo.
En la plaza histórica de la Argentina -la de la Revolución de Mayo, el bombardeo de 1955 y la ronda de las Madres-, al mediodía hay esparcidos en cajones, paquetes y bolsas unos 30.000 kilos de alimentos: acelga, remolacha, lechuga, repollo, banana, perejil y también prepizzas, pan casero, miel, yerba y mermelada. Al devenir habitual de turistas, empleados de oficina y curiosos que transitan por la plaza, se suma hoy una fila de personas con changuitos y bolsas de mandados que esperan su turno entre los puestos improvisados para llevar a sus casas productos naturales a buen precio.
Es uno de los puntos donde se desarrolla el Alimentazo, una iniciativa impulsada por las organizaciones participantes del 1er Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular realizado en abril en el microestadio de Ferro, que tuvo a 3.000 personas discutiendo qué campo necesita la Argentina de cara al año electoral. El resultado fue una extensa lista de propuestas con tres ejes principales: soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat y la construcción de un modelo productivo no extractivista.
Ese campo popular, el de las familias productoras que trabajan de lunes a domingo para producir alimentos, esta jornada de julio de 2019 tiene presencia en Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero y Corrientes con un «azo» destinado a nutrir al pueblo.
El otro campo, el de la Mesa de Enlace y el agronegocio, en la misma jornada inaugura su 133° Exposición Rural de Palermo con la presencia de funcionarios, empresarios y referentes del modelo agropecuario que mira más hacia el exterior que hacia las necesidades de tierra adentro. Este campo también presentó su propio programa político unos días atrás: las preocupaciones son el dólar, los commodities, el costo laboral y la carga impositiva. La alimentación del pueblo argentino no aparece en su agenda. Por lo visto, en el campo también hay una grieta que separa dos realidades bien distintas.
Sin lugar para el campo concentrado
«Los pequeños productores producimos en el sol, con la lluvia y con el frío junto a nuestros hijos», dice Zulma, productora de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con el micrófono en una mano y abrazando un atado de acelga del otro costado. Su voz enérgica resuena a pocos metros del Cabildo: «Si nosotros dejamos las quintas, lamentablemente el pueblo no come. La acelga, la lechuga, el morrón y el tomate que tienen en la mesa lo producimos con nuestras propias manos».
Con el correr de las horas, los cajones del Alimentazo porteño se van vaciando. En los puestos de la UTT, el precio fijado para todo es 20 pesos: remolacha, repollo, calabaza, brócoli, lechuga, acelga y más. Edith, 71 años y gorro de lana en la cabeza, arrastra su carrito cargado de verduras para la semana, algo impensado en cualquier supermercado: «Hay interferencias. Quieren ganar más y no piensan en la situación del país». Desde su mirada de jubilada que vive con 11.000 pesos por mes, no tiene dudas sobre la grieta del campo: «Yo estoy con los pequeños productores», dice sonriendo.
El puesto que vende pan casero y prepizzas se queda sin stock rapidísimo. Al lado hay una pila enorme de paquetes de yerba de cooperativas y también están quienes sostienen, a cientos de kilómetros de Buenos Aires, la cosecha de la planta esencial para el ritual del mate: «De esta jornada me llevo mucho, porque en Oberá no podemos vender en la calle. Si queremos vender nuestros productos para matar el hambre, el intendente nos saca la producción porque dice que no pagamos los impuestos. ¿Con qué vamos a pagar si no tenemos para vivir?». La que habla es Blanca, de la Unión de Tareferos Justos que tiene base en Oberá, Misiones.
Blanca describe la situación de los tareferos, que cargan en sus espaldas hasta 110 kilos de hojas de yerba mate para vender en los tres o cuatro meses de cosecha fuerte: les deberían pagar 1.800 pesos por tonelada «por decreto», pero en verdad les pagan 1.200 pesos o incluso menos. Además, los acopiadores que se llevan los bultos para el secado de la planta no les compran las hojas si están sucias de barro o humedecidas. «Nosotros tenemos que cosechar exponiéndonos a las víboras y a veces no logramos juntar más de 600 kilos», cuenta Blanca.
Salvador, del Movimiento Agrario de Misiones, habla de los pequeños productores de yerba, a quienes les pagan 11 pesos el kilo de hojas verdes en un mercado copado por las grandes empresas, las mismas que venden al público un paquete de yerba a 100 pesos o más. Por las regulaciones del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), explica Salvador, unos 5.000 pequeños productores quedan fuera del alcance de la ley y se ven obligados a vender su yerba a mitad de precio (o sea, 5 pesos) a los productores más grandes.
Salvador comparte sus sensaciones: «Es más que importante que el campo profundo, muchas veces invisibilizado, esté presente acá. El vínculo entre el campo y la ciudad es fundamental, la gente de la ciudad necesita consumir productos sanos, frescos, a buen precio, y nosotros también necesitamos vender a buen precio». ¿Qué es lo que tiene para ofrecer el otro campo, el de la Mesa de Enlace? «Tiene para ofrecer desabastecimiento, exportación de carne y de granos, que el ciudadano pague la carne a precio dólar. Eso tienen para ofrecer, destruyendo los recursos naturales en forma indiscriminada y generando corridas cambiarias con el dólar».
La unión que llegó para quedarse
Anahí, que perdió tres trabajos en los últimos meses y vive con 4.000 pesos del seguro de desempleo y la ayuda permanente de su familia, tiene claro por qué está en la plaza junto a los pequeños productores: «Con el campo pasa como con el resto de los trabajadores, ganan los CEOs y perdemos nosotros. También hay mafias con los alimentos. Estamos preocupados por el tema de las semillas, no queremos que entre Monsanto ni que la tierra la tengan los ricos y nos digan cuánto tenemos que pagar por la comida».
En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, hay familias productoras que trabajan sacrificadamente para ganar el sustento económico de todos los días. Andrea, del Frente Agrario del Movimiento Evita, habla de los problemas que les impone esta coyuntura nacional: «No tenemos acceso a la tierra, tenemos que pagar alquileres altos. Los insumos son muy caros, las semillas y los plantines nos cobran en dólares. Faltan caminos rurales, escuelas, centros de salud… A su vez, tenemos el problema de los aumentos de luz, de gasoil. Así estamos perdiendo a muchos productores que abandonan el campo».
En el puesto del Frente Agrario hay variedad de verduras de hoja. El ofertón de la jornada es tres plantas de lechuga por 10 pesos. ¿Qué dice Andrea sobre esta forma de comercialización directa, cara a cara con los consumidores? «A nosotros nos rinde porque nos pagan directamente, no tenemos que esperar que el intermediario saque un porcentaje y a nosotros no dé lo que le sobra. Además, encontrarnos con los consumidores es una linda experiencia porque podemos contarles cómo producimos, les explicamos cómo hacer su propia huerta y se da un intercambio de experiencias».
Mientras siguen circulando compradores y compradoras con bolsas repletas de colores y sabores, algunos canales de televisión transmiten en vivo y los referentes del campo popular despachan la poca mercadería que queda, Salvador fija su mirada en un punto cualquiera de la histórica plaza del pueblo argentino y ofrece una reflexión sobre el sentido profundo del Alimentazo: «En buena hora la ciudad nos está dando un respaldo. Esta unión llegó para quedarse».
Revista Cítrica
Empleo en picada: 217.000 puestos de trabajo menos en un año
Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo a mayo pasado, la destrucción de empleo se sintió con más fuerza en el Gran Buenos Aires. El trabajo doméstico es el único que crece.
El derrumbe del empleo sigue su curso a pesar de los mensajes optimistas de los funcionarios de primera línea del gobierno. Según datos oficiales dados a conocer este jueves por el Ministerio de Producción y Trabajo, en el año que pasó entre mayo de 2018 y el mismo mes de 2019, el padrón de trabajadores se redujo en 217.100 puestos. Es decir, la destrucción de empleo fue mucho mayor a la creación de trabajo, razón por la cual el resultado fue negativo.
La enorme mayoría de esos puestos perdidos pertenece al sector privado, que contabilizó 184.000 empleos menos en el año transcurrido a mayo último.
Dentro del sector privado, el grupo más golpeado fue el de los asalariados registrados, que perdió 168.000 puestos. En este grupo se encuentran todos los empleados en relación de dependencia registrados y que cobran un salario por su trabajo.
Otro grupo del sector privado que sufrió la pérdida de puestos de trabajo fue el de los trabajadores independientes, cuyo conjunto mermó en 31.500 puestos.
Al respecto, cabe aclarar que este grupo de trabajadores fue el que más creció entre 2016 y 2018 porque hacia allí fueron a parar muchos de los trabajadores registrados, tanto del sector privado como público, que perdieron su empleo en esos años. En muchos de los casos, el llamado trabajo independiente encubre una situación laboral precaria, marcada por la realización de changas o trabajos eventuales. Si esos trabajadores independientes están registrados es porque se inscribieron en el monotributo.
La única modalidad de empleo que creció –y ya van varios meses que es así- fue la del empleo doméstico, cuyo total se incrementó en 16.100 trabajadores.
En números, la cantidad de personas ocupadas cayó en mayo último a 12.084.157, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2018. La cifra de personas empleadas es prácticamente la misma que en abril de este año.
La cartera de Producción y Trabajo también dio a conocer este jueves estadísticas que marcan dónde golpea más la pérdida de destrucción de empleo.
Así, el porcentaje de caída del empleo se incrementó al pasar de la muestra general del país a la puntualización en los aglomerados urbanos, y escaló del 1,8% al 2,7%. Pero el alza se acentúa más aún cuando la estadística se enfoca en el Gran Buenos Aires: allí, la pérdida de empleo alcanzó al 3,2% en el año que va de mayo de 2018 al mismo mes de este año.
Las actividades con mayores descensos en el total de aglomerados fueron construcción (-8,2%), industria manufacturera (-4,6%), comercio, restaurantes y hoteles (-4,0%), y transporte, almacenaje y comunicaciones (-2,4%).
La inseguridad alimentaria se agravó con Macri y ya afecta a 14 millones de argentinos
El informe de la FAO, organismo de Naciones Unidas, concluye que en sólo dos años se sumaron 5,9 millones más que padecen la falta de acceso continuado a alimentos.
El informe consigna que una de cada tres personas padecen la falta de acceso continuado a alimentos: unos 14,2 millones de ciudadanos. Es decir, 5,9 millones de personas más que en el período 2014-2016, cuando la inseguridad alimentaria moderada o grave afectaba a 8,3 millones. El hambre, que sufría el 19,1% del total de la población, en sólo dos años pasó al 32,1 por ciento.
La cifra representa un brutal aumento del 71% en la cantidad de individuos con falta de acceso a alimentos, uno de los incrementos más altos registrados en el período a nivel mundial, junto con países como Níger, Egipto, Sierra Leona y Botswana, en África, y Tayikistán y Afganistán, en Asia.
El estudio, presentado el 15 de julio, fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la OMS.
La FAO indica que en América Latina y el Caribe, “las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó del 4,6% en 2013 al 5,5% en 2018”.
El informe explica que “las personas que experimentan una inseguridad alimentaria moderada afrontan incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir, en ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos”. Esta falta de acceso continuado a los alimentos disminuye la calidad de la dieta, altera los hábitos alimentarios normales y puede tener consecuencias negativas para la nutrición, la salud y el bienestar. Quienes afrontan una inseguridad alimentaria grave presentan una alta probabilidad de haberse quedado sin alimentos, haber experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, haber pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave riesgo.
Un análisis del anexo estadístico que distribuyó la FAO, realizado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), arroja que el aumento en la prevalencia y el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en la Argentina se encuentra entre los más altos a nivel mundial.
Otro dato preocupante, entre muchos que registra el informe, es el aumento de la prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años), que pasó del 15,9% en 2012 al 18,6% en 2016.
Crisis de los aviones: ante el ataque del gobierno, los tripulantes de cabina se sumaron a las protestas
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunció a los pilotos por pasar mensajes críticos en los vuelos. Los aeronavegantes realizaron una movilización en Aeroparque.
Los trabajadores se concentraron en el sector C y desde allí caminaron por el hall de check-in donde entregaron panfletos con sus reclamos tanto a los pasajeros, como a los empleados de las aerolíneas que se encontraban trabajando en los mostradores.
“Estamos denunciando la precarización de nuestros cielos y la intransigencia por parte del gobierno con los trabajadores aeronáuticos”, afirmó Pablo Brey, titular del gremio.
Definió la protesta como “una jornada de visibilización de los conflictos para que los pasajeros estén al tanto de lo que ocurre en el sector aerocomercial”, y advirtió que “lo que queremos es mostrar el daño que ocasionan las políticas de ajuste que incluyen devolución de aviones, cancelación de rutas y su impacto en las fuentes de trabajo”.
La medida no provocó demoras en los vuelos y se extendió por espacio de poco más de una hora.
El jueves, el gobierno nacional denunció ante la justicia federal la medida realizada por los pilotos a través de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Su titular, Tomás Insausti, consideró que la protesta fue “totalmente ilegal e irresponsable”.
«El titular del gremio, Pablo Biró, utiliza su posición gremial para hacer campaña política por el kirchnerismo y toma de rehenes a los pasajeros, a los cuales perjudica, y también a aquellos pilotos que no están de acuerdo con la medida, pero se ven presionados a realizarla para evitar represalias”, dijo Insausti en declaraciones a Télam.
«La denuncia no es más que el cumplimiento del deber que nos cabe como organismo controlador de la actividad aérea, dado que violaron normas establecidas. Tengo la obligación de denunciarlo”, aclaró y agregó: “Con su actitud, los pilotos violaron lo establecido por el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, pero, además, fueron reincidentes, ya que hubo situaciones anteriores en las que también leyeron mensajes mientras estaban en vuelo”.
«Es una situación muy triste, porque lo que hicieron es totalmente ilegal e irresponsable. El piloto solamente puede planear su vuelo y ejecutarlo, no puede hacer otra cosa y la línea aérea es responsable de los pasajeros, incluso hasta después que desembarcan”, añadió.
A dos semanas del cierre, sostienen la ocupación de la fábrica de mielcitas
La planta ubicada en La Matanza continúa ocupada a la espera de alguna respuesta. Nadie se hizo cargo de la situación y los casi 100 empleados, un 90% mujeres sostenes de familia, preservan las instalaciones.
Hace dos semanas, la fábrica Suschen, ubicada en la localidad de Rafael Castillo en La Matanza y conocida por producir las emblemáticas mielcitas y los naranjús, debió cerrar sus puertas en forma definitiva, luego de que los dueños se dieran a la fuga sin dar alguna explicación y adeudando sueldos y aguinaldos.
Tras ello, los 105 trabajadores del lugar, casi un 90 por ciento mujeres operarias y sostén de familia, se mantienen en la planta a la espera de que alguien se haga cargo o, quizás, poder gestionarla como una cooperativa.
En diálogo con El1 Digital, Silvia, una de las trabajadoras de la empresa, expresó que «no hubo ninguna novedad», aunque «hay comentarios de que alguien podría hacerse cargo, pero con el 50 por ciento de los trabajadores».
«Al 50 por ciento restante se lo indemnizaría, pero, además, los que quedarían, perderían su antigüedad», señaló, y agregó, sobre la oportunidad poco convincente: «No aceptamos nada porque no es lo que queremos ni lo que corresponde. Al perder la antigüedad, quién asegura que, de acá a un mes, no nos puedan echar».
«Queremos que alguien se haga responsable. No tenemos ningún telegrama de despido ni está el proceso de quiebra. Estamos en la lucha», indicó, sobre el difícil momento por el que atraviesan ella y sus compañeros. Tras varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, hasta el momento, no hubo noticias de los dueños de las instalaciones.
Alarma en la UOM porque la cordobesa Materfer quiere bajar 20% los salarios
En el contexto de la crisis económica, la firma ubicada en Ferreyra ya notificó a la UOM su intención de reducir los salarios. En los próximos días negociarán en Trabajo: «Están pidiendo una reforma laboral».
El secretario general de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, advirtió advirtió esta mañana una creciente cantidad de conflictos laborales con varias empresas de la provincia por diferentes motivos que incluyen reducción de personal, despidos y problemas salariales.
Entre ellos describió lo que ocurre en la planta industrial de Materfer Ferroviario S.A. ubicada en la localidad de Ferreyra, en la provincia de Córdoba.
«Nosotros preveíamos que iba a haber un conflicto por falta de trabajo pero no con las empresas que están queriendo imponer una reforma laboral», indicó el dirigente en declaraciones a Cadena 3.
«En Materfer quieren bajar un 20% el salario, como diciendo que no pueden pagar más», señaló Urbano y dijo que próximamente tienen una audiencia para fijar una posición.
«Seguramente esta situación nos va a tener en conflicto», adelantó el gremialsta.
Materfer es una empresa concebida originalmente para la fabricación de material rodante ferroviario y coches motores principalmente, que en el último tiempo también comenzó a incursionar en la fabricación de usinas móviles de generación eléctrica.
Pereyra también le declara la guerra al autoservicio de combustibles
El líder del sindicato de petroleros Guillermo Pereyra se sumó al gremio de Carlos Acuña. «El autodespacho de combustible está prohibido por decreto, no se pueden seguir destruyendo los puestos de trabajo», dijo el patagónico.
El líder del sindicato de petroleros Guillermo Pereyra se sumó al reclamo del gremio de trabajadores de estaciones de servicio que conduce el cacique cegetista Carlos Acuña y también rechazó el autoservicio de combustibles en la Argentina.
«El autodespacho de combustible está prohibido por decreto, no se pueden seguir destruyendo los puestos de trabajo. Las condiciones laborales de los trabajadores petroleros no fueron flexibilizadas, al contrario», enfatizó Pereyra, que también es senador por Neuquén.
Desde la Secretaría de Energía aclararon que no existe ninguna iniciativa oficial para aplicar al autoservicio a nivel país y aseguran que no habrá cambios de normativa a nivel general. «Son pedidos de las empresas, excepciones, autorizaciones puntuales. Se verá caso por caso. En las provincias donde está prohibido seguirá así», afirmaron voceros oficiales.
Días atrás, las cámaras empresarias del sector anunciaron un pedido de reforma laboral que incluya el autoservicio de naftas y gasoil. «El autoservicio es la modernidad, por lo que triunfa y a nivel mundial cada vez tiene más sustento, y eso no significa dejar de lado o despedir trabajadores», aclaró Carlos Gold, titular de la cámara de la actividad a Ámbito Financiero.
«No hace falta una reforma laboral, hay que modificar los Convenios Colectivos de Trabajo. Una reforma laboral integral afectaría al empleo. Hay que preguntarse hacia dónde apunta la reforma laboral», detalló en diálogo con La Patriada.
«Es imposible que avance una reforma laboral, los trabajadores no pueden perder derechos. No se puede hacer una reforma laboral a lo (Jair) Bolsonaro», agregó el gremialista petrolero.
«Estamos en una crisis laboral, sin embargo, no comparto en absoluto la propuesta de (Julio) Crivelli de despedir sin pagar lo que le corresponde a un trabajador», señaló el patagónico.
El último año se perdieron 18 mil empleos registrados por mes
Son cifras oficiales del Ministerio de Producción y Trabajo. En mayo de este año se perdieron 184.100 puestos de trabajo registrados del sector privado y 31.500 trabajadores independientes respecto a mayo de 2018.
La cantidad de trabajadores registrados en mayo cayó 1,8% respecto del mismo mes del 2018, es decir 217.100 trabajadores menos que un año antes, y totalizó 12.084.157 trabajadores, informó el Ministerio de Producción y Trabajo.
De acuerdo con los datos presentados, en la Argentina hay 12.084.157 trabajadores a mayo pasado lo que significa una merma de 1,8% interanual y de 0,1% mensual desestacionalizado.
En el sector privado, en mayo pasado hubo 184.100 trabajadores registrados menos que en mayo de 2018 (-2,1%) producto de una rebaja de los asalariados registrados (-168.700), como los trabajadores independientes en su conjunto (-31.500 trabajadores), mientras que los asalariados registrados de casas particulares se incrementaron en 16.100 trabajadores.
Los datos surgen del Reporte de Trabajo registrado presentado hoy por el Ministerio de Producción y Trabajo, en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ampliado con cajas no transferidas.
En tanto que la Encuesta de Indicadores Laborales (la EIL releva el empleo en empresas privadas de más de 10 empleados) arrojó para junio una baja de 2,7% del empleo registrado del sector privado para el total de los aglomerados urbanos relevados.
«En el interior del país la baja fue del 1,7%, a un ritmo menor que en el Gran Buenos Aires donde el empleo retrocedió 3,2% interanual», detalló el informe.
En la comparación mes a mes, los resultados de la EIL fueron negativos, aunque más moderados que el mes pasado, para el total aglomerados (-0,1%) y Gran Buenos Aires (-0,1%), en tanto que para el total interior se mantuvo en -0,2%.
En junio, las expectativas de creación de empleo en el sector privado se mantienen en terreno positivo, al igual que en mayo, y 90.8% de las empresas encuestadas no hará cambios en la cantidad de trabajadores en los próximos tres meses (julio-agosto y septiembre).
Al desagregar por actividad los monotributistas sociales marcan una caída del 14,3% interanual, impactada aún por las modificaciones aplicadas al monotributo agropecuario, explicó el subsecretario de Desarrollo y Planeamiento Productivo, Bernardo Díaz Astarloa, y la directora nacional de análisis y estadísticas productivas, Belen Rubio.
Para el total de aglomerados, todas las ramas de actividad tuvieron retrocesos interanuales en junio, con excepción de servicios comunales, sociales y personales, que se mantuvo estable.
Las actividades con mayores descensos en el total de aglomerados fueron construcción (-8,2%), industria manufacturera (-4,6%), comercio, restaurantes y hoteles (-4,0%), y transporte, almacenaje y comunicaciones (-2,4%).
En la comparación mes a mes, las actividades de servicios financieros y a las empresas dieron positivas (+0,1%), servicios comunales, sociales y personales se mantuvo estable y el resto mostraron signos negativos, las variaciones más pronunciadas fueron en construcción (-1,0%), transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,2%) e industria manufacturera (-0,1%).
Noticias recuperadas: exigen reconocimiento del Estado como parte de la economía nacional
Por Mario Hernandez
A un mes de las elecciones primarias, las organizaciones de la economía cooperativa, autogestionada y popular consensuaron un documento de unidad. Exigen que el Estado las reconozca como parte de la economía nacional. El próximo 27 de julio realizarán un Foro Federal en Ferro.
“La política del gobierno de Mauricio Macri ha llevado a la economía y la sociedad argentinas a una crisis profunda, que afecta especialmente a la clase trabajadora. El sector de la economía cooperativa, autogestionada y popular está atravesando un proceso crítico”, introduce el documento firmado por las organizaciones que se reunieron en el polo cooperativo Bauen.
Le asignan la responsabilidad a las condiciones macroeconómicas y políticas creadas por el programa neoliberal en ejecución desde la asunción del gobierno de Macri.
A partir de esas premisas, elaboraron una serie de propuestas para que la autogestión se transforme en una alternativa económica frente a la crisis y como alternativa al capitalismo neoliberal global. Asimismo, el próximo 27 de julio realizarán el primer Foro federal de cooperativas de trabajo.
El documento de consenso al que llegaron organizaciones como la confederación CNCT, las federaciones Facta, Fedecaba y Actra, el Movimiento Popular La Dignidad, entre otras, le asigna al Estado el rol estratégico de fortalecedor del sector.
Hacia adentro, se propusieron tener criterios claros de funcionamiento de los procesos autogestionados, desarrollarse tecnológicamente con las características de la autogestión, articularse con organizaciones populares y sindicales. También se proponen organizar económicamente los sectores de trabajo precarizado e informal, y transmitir experiencia de organización productiva a la Economía popular.
Políticas necesarias
De la reunión se desprendió la necesidad de ser reconocidos como un importante elemento de la política económica y productiva desde el Estado, para formar política pública en los organismos estatales integralmente.
También se destacó que hace falta un cuerpo normativo que dé un marco de promoción al sector, a través de reconocimiento jurídico al trabajador autogestionado como sujeto laboral, con derechos del trabajo y seguridad social en igualdad de condiciones que el resto de la clase trabajadora.
Se especificó que las cooperativas de trabajo precisan su propia ley, que elimine las restricciones vigentes para su desarrollo.
Las empresas recuperadas presentes recordaron que hace falta una legislación que regule y facilite su constitución, con explícitas referencias a las expropiaciones y articulación con la modificación de la Ley de concursos y quiebras.
Las organizaciones propusieron la creación de un fondo de crédito y financiamiento para cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y la economía popular, que otorgue una herramienta para el desarrollo del sector, tanto en innovación y renovación productiva y científica tecnológica, como en capitalización.
También acordaron en la necesidad de creación de un organismo de fomento del trabajo autogestionado, cooperativo y de la economía popular que sea una herramienta para la formulación y articulación de una política pública integral de desarrollo, que incluya la articulación con el sistema científico tecnológico nacional, la innovación productiva, la capacitación y la formación específica para el sector, la interrelación con el sector pyme y el Estado, políticas de investigación, estadística y la asistencia rápida en los casos de recuperación.
Propusieron también que los productos y servicios de las cooperativas de trabajo y la economía popular deben ser parte integral de la política de compras y obra pública del Estado, acompañada de las condiciones de accesibilidad adecuadas para el sector. También la promoción de la implementación y desarrollo de políticas de cuidado que hagan efectiva la participación activa de las mujeres y la paridad de géneros en el sector.
Exigirán, por su parte, la integración y articulación sectorial de redes productivas, la creación de almacenes y mercados populares, para disputar la formación de precios en los bienes de consumo básico y popular.
La justicia autoriza a trabajadores despedidos de Canale Llavallol que pongan a funcionar la fábrica
Así lo anunciaron el 1º de julio los trabajadores metalúrgicos de Canale Llavallol en un comunicado: “Hoy se cumple un año sin cobrar un sueldo. Después de los 130 días de acampe para que no se lleven las máquinas y a 10 meses de haber sido despedidos sin indemnización y con tres meses de sueldo adeudados, queremos contar que el Juzgado Comercial N° 2 de Catamarca dictó la quiebra de Canale Llavallol y nos dio autorización para poder trabajar”, festejaron en el comunicado.
Remarcaron que el logro es producto de su lucha: «un nuevo logro en esta larga pelea por mantener nuestros puestos de trabajo. Ahora esperaremos la sentencia definitiva con la fábrica en movimiento. Necesitamos que la quiebra sea con continuidad y podamos hacernos cargo con nuestra Cooperativa de Trabajo COTRAMEL», sostuvieron, y agradecieron a «todos y todas los que nos apoyaron y nos siguen apoyando».
Nicolás Machi, delegado de los trabajadores, expresó: “estamos muy agradecidos con que nos hayan recibido a los trabajadores y nos hayan escuchado. Que hayan tenido en cuenta cuál es nuestra problemática, más allá de lo administrativo, desde un lugar humano. Hoy siento que se hizo un poco de justicia”.
Canale había dejado de pagarles los sueldos en julio del año pasado, aunque hasta fines de año los trabajadores continuaron yendo todos los días para cumplir con su horario laboral, en defensa de sus puestos. La mitad de ellos eran personal estable y la mitad contratados, y ya venían de atravesar una situación muy difícil en 2016, cuando estuvieron 6 meses sin trabajar y debieron sostenerse en conflicto para que la empresa no los dejara desocupados, como finalmente sucedió a mediados de 2018.
El cierre los tomó por sorpresa, porque ese mismo año la empresa venía de contratar más personal eventual. «A los trabajadores nos decían que estaban exportando, el panorama que nos pintaban era alentador». Sin embargo, al presentarse el procedimiento preventivo de crisis, los delegados encontraron en el expediente una deuda abultada y la retención de 90 millones de pesos de aportes patronales.
Junto con la planta de Lavallol, también cerraron otras dos unidades de negocios, en Mendoza y Catamarca, relacionadas con el procesamiento de alimentos. Cada caso tiene un expediente por separado. Las instalaciones de Mendoza ya dictada una quiebra con continuidad. En el caso de la metalúrgica de Lavallol, la quiebra está dictada y lo que dio el juzgado fue un permiso transitorio para que la cooperativa vuelva a trabajar.
El desafío para la cooperativa es no sólo volver poner en marcha las máquinas, sino recuperar o encontrar nuevos clientes y hacer sustentable la producción de envases. Mientras comienzan la nueva etapa, mantendrán abierta una parrilla al paso que armaron en la puerta, a través de la que canalizaron buena parte del apoyo del barrio.
En el marco del conflicto que vienen teniendo, el martes 9 de julio los trabajadores de Canale participaron de un festival organizado por la Coordinadora de Organizaciones en Lucha (COL) de Lomas de Zamora, que integran junto a los trabajadores del Expreso Lomas y de Cresta Roja. El festival solidario contó con la presencia de grupos musicales, bandas folclóricas, exposiciones, buffet económico y sorteos, y tuvo como objetivo recaudar fondos para sostener la pelea contra el ajuste y los despidos.
Las/os costureras/os que tejieron su destino
Luego de 6 meses de lucha los ex trabajadores de Sport Tech lograron formar la cooperativa 8 de Enero para volver a producir, expropiando al patrón la maquinaria y materias primas.
Los trabajadores de Sport Tech, fábrica textil ubicada en Iturraspe 920, en el partido de San Martín, vienen luchando por defender sus puestos de trabajo. La patronal de los Enríque pretendía dejarlos a todos en la calle, y ante la amenaza de cierre, desde el 8 de enero de este año, comenzaron las asambleas y paros dentro de la fábrica junto con la permanencia pacifica de 26 de ellos dentro de la planta. Fue un largo camino que contó con arduas negociaciones, movilizaciones al ministerio, actos y acampe en la puerta, con la solidaridad de organizaciones sociales y políticas de la zona.
Luego de 6 meses de esta lucha incansable y de la ocupación pacífica de la planta por parte de las costureras y costureros, se logró un decreto municipal y una negociación con los dueños del inmueble. En el mismo se condona una deuda que tenía el propietario con el municipio, con el compromiso de dar 6 meses de gracia a los trabajadores con respecto al valor del alquiler.
Fue una difícil negociación ya que el dueño no quería ceder pero ante la presión y firmeza de los trabajadores de tomar acciones de lucha en defensa de sus puestos de trabajo se logró doblegar y hacer firmar un comodato de alquiler, con la condonación de esos 6 meses en favor de la cooperativa.
El juez Horacio Robledo terminó homologando un acuerdo entre las partes y cedió toda la maquinaria, materias primas y mercadería para la explotación de la misma en beneficio de las y los trabajadores.
La lucha fue encabezada por los ex trabajadores de Sport Tech, los cuales 66 de ellos hoy son parte de la cooperativa 8 de Enero. En estos meses participaron también el sindicato SUCEV (Sindicato unido de costureros y empleados del Vestido) perteneciente a la CTA A, al igual que muchas organizaciones sociales y políticas que acompañaron esta pelea.
Además de las negociaciones con el juez Robledo, durante dos meses mantuvieron un “Maquinazo” en las puertas de la planta que la empresa, para mantener en agenda su demanda.
“Vamos a seguir produciendo y vendiéndole a las marcas con las que veníamos trabajando, aunque ya no esté Pablo Enrique. Quienes siempre produjimos y pusimos en funcionamiento esa fábrica fuimos nosotros, con una mano de obra muy calificada, que es muy difícil de conseguir, y así vamos a seguir trabajando.”, indicaron.
Farmacoop: el lugar de trabajo como territorio de lucha
Farmacoop es el nombre de la lucha que llevaron adelante durante 3 años los trabajadores y trabajadoras del Laboratorio Roux-Ocefa.En la actualidad tienen una continuidad provisoria que está condicionada hasta lograr la habilitación del ANMAT. Hoy se encuentran refaccionando y poniendo en condiciones un pequeño sector para poder empezar con la fabricación de al menos dos productos, y de este modo generar ingresos y poder empezar a cobrar sueldos, reincorporar a ex trabajadores y sumar algunos colaboradores.
La expectativa es que en algunos meses pasen de ser 70 a 110 trabajadores y trabajadoras, y llegar a hacer más productos de los 150 que antes hacían. El 6 de junio se les entregó otra de las plantas que está en el barrio de Mataderos.
Bruno, el presidente de la cooperativa, contó que se apoyan y referencian con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), que aprendieron a pensarse no como algo aislado sino como una tradición de lucha y del movimiento obrero. Por esto es que hoy piensan «en devolver a la comunidad» un poco de esta lucha y ser productores no sólo de bienes de consumo, sino de cultura, educación y de generar un aporte político y, en ese sentido, está empezando a funcionar un Bachillerato para adultos, y las compañeras del movimiento están por lanzar una Consejería de género dentro del laboratorio.
Bruno explicó que el nacimiento de la cooperativa fue una necesidad, que resulta complicado ir encontrando el camino y que los trabajadores se tengan que pensar de ese modo. Sacarse algunos prejuicios en cuanto a los métodos de lucha, porque cuando no funcionaron las herramientas convencionales hubo que hacer un salto a elecciones más fuertes como cortar calles, tomar el laboratorio, explicar en las casas que se iba a tener que acampar o pasar la noche en el laboratorio.
«Después de 3 años de organización autónoma aprendimos mucho y es lo que vamos a intentar transmitir a quienes se sumen», cuenta y agrega: «el cambio fue absoluto en cada uno de nosotros».
La Plata: La ex Papelera San Jorge realizó una jornada para defender sus puestos laborales
Los trabajadores de la reconocida ex Papelera San Jorge de la localidad de La Plata, junto a la FeTraES (Federación de Trabajadores de la Economía Social) y la CTA realizaron una olla popular con el fin difundir a la comunidad y sus vecinos la difícil situación que atraviesan y que pone en riesgo la producción y la continuidad laboral de más de 60 familias.
Al respecto José Mancilla presidente de la Cooperativa Unión Papelera Platense Limitada, explicó “la jornada de protesta persigue la defensa de los puestos laborales de los trabajadores de la papelera, amenazados por la gran recesión que atraviesa nuestro país y el costo de los servicios expresados en tarifas millonarias lo que hacen inviable la productividad fabril”.
También remarcó que “la papelera ha contraído una deuda en los últimos años cercana a los 8 millones de pesos, casi en su totalidad por tarifas de luz y gas. A finales del 2015 abonábamos tarifas que no superaban los $ 250.000, al día de hoy las tarifas superan el millón de pesos mensuales lo que vuelve inviable e imposible la continuidad productiva. El Estado se ha mantenido al margen y de manera ausente acerca de los reclamos para acceder a tarifas sociales y líneas de créditos por parte de los trabajadores.
Hugo Lizárraga responsable del FeTraES La Plata manifestó al respecto: “estamos acompañando a las trabajadoras y trabajadores de la papelera en el marco de la Jornada Nacional de la “Democracia sin Hambre”. Además, aseguró: “la difícil situación que atraviesa la papelera hace peligrar la estabilidad laboral de las familias trabajadoras que sacaron a flote la cooperativa allá por el 2001 y lograron levantar la quiebra que mantenían por entonces. El gobierno está destruyendo y arrastrando a las cooperativas a su cierre, la Secretaría de Trabajo se encuentra en manos del FMI y vamos a resistir cualquier intento de flexibilización laboral y destrucción del empleo.”
También se hizo presente en la jornada Ariel Archanco, candidato a primer concejal de la lista que encabeza Florencia Saintout, para solidarizarse y manifestar su apoyo a los trabajadores de la papelera y sus familias.
Fuentes: ansol.com.ar, Anred, Página12, Resumen Latinoamericano, www.agenciacta.org, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario.
Asambleas ciudadanas rechazan presiones empresariales para flexibilizar leyes ambientales
Agencia FARCO
En Córdoba, continúan los intentos de modificar la legislación ambiental. El último tuvo que ver con la reunión que llevaron a cabo, Fabián López referente del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios de la Provincia y un grupo de empresarios de diferentes sectores, autodenominado G-6.
El objetivo fue flexibilizar las normativas ambientales vigentes y desarticular el mecanismo de las audiencias públicas, una de los principales herramientas con las que cuenta la comunidad para bregar por sus derechos.
En diálogo con Radio Nexo, Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, se refirió a esta reunión: “en esta reunión con el ministro de servicios públicos, los grandes empresarios presentaron su demanda de flexibilizar la aplicación de la legislación existente, que ya no se aplica en su totalidad, que se aplica discrecionalmente, que tampoco nos da todas las herramientas que necesitaríamos para bregar por la salud de la población y del entorno ambiental”.
El G6 está compuesto por seis grandes redes empresariales que reúnen a las principales organizaciones gremiales y empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios.
Sobre la intención de estos grupos empresarios de desarticular las audiencias públicas, expresó: “Están pidiendo desarmar el mecanismo de audiencias públicas, que no es el ideal, no es un proceso de decisión, son audiencias públicas no vinculantes, y aun así eso les molesta y quieren desarmar. Ni siquiera es un mecanismo de decisión, de decir cuál es la política pública que queremos en conservación, en desarrollo, cuáles son las formas de producir que queremos. Ni siquiera tenemos esos espacios, en las audiencias públicas no se puede discutir ese tipo de política a pesar de que las personas van y emiten opiniones”.
A su vez, agregó que el trasfondo de la situación es que “no hay una política pública construida desde lo participativo, que genere decisiones sino que la política pública es esta trama de relaciones de poder, donde el más fuerte es el que impone su forma de ver las cosas”.
Sobre el rol de estos grandes grupos empresarios en la imposición de formas de vivir, Schneider dijo: “Hemos naturalizado que la única forma de producir es con agrotóxicos, que la única forma de obtener materiales es instalar una fábrica contaminante en la ciudad. Parece que hemos naturalizado estos procesos que estos modelos de capital nos ha impuesto”.
Fuente: http://agencia.farco.org.ar/noticias/cordoba-asambleas-ciudadanas-rechazan-presiones-empresariales-para-flexibilizar-leyes-ambientales/
Envio:RL
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