Más de 14 millones de argentinos y argentinas sufren hambre e inseguridad alimentaria
Por ANRed.
Largas colas de personas esperando a recibir frutas gratis en el «Frutazo» que medianos y pequeños productores citrícolas campesinos realizaron en abril en Plaza de Mayo | Foto: compilado de archivo.
Según el informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019», elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la cantidad de personas que en nuestro país sufren «inseguridad alimentaria moderada o grave» pasó de 8,3 millones en el período 2014-2016 a 14,2 millones entre 2016 y 2018. Un aumento del 71%. Uno de los incrementos más altos registrados en el mundo, junto con Níger, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana. Muy lejos de la promesa de «Pobreza Cero», uno de los caballitos de batalla de la campaña del presidente Mauricio Macri.
A esa conclusión llega – en su capítulo sobre la situación de Argentina – el informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía», presentado el 15 de julio y elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El informe es un duro golpe al discurso del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión a quedado bastante lejos de la «Pobreza Cero» prometida por el presidente.
El dato surge del anexo estadístico provisto por la FAO, realizado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), que arroja que el porcentaje de población que experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave pasó del 19,1% en el período 2014-2016, al 32,1% en período 2016-2018. Es decir, de 8,3 millones de personas a 14,2 millones. Significa que hay casi 6 millones más de personas que sufren «inseguridad alimentaria moderada o grave» que antes. Una suba del 71% de la cantidad de gente que sufre la falta continua de alimentos, lo que posiciona a Argentina como uno de los países con los incrementos más altos registrados en el mundo, junto con Níger, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana.
Fuente: elaboración propia de Artemio López en base a datos de FAO
Las estimaciones del informe se obtienen por la combinación de varios datos: los recopilados por la FAO en más de 140 países con un modelo de encuestas basado en una escala de experiencia de inseguridad alimentaria, y los recopilados por instituciones nacionales en una serie de países de América, África y Asia.
Al indicador tradicional que utiliza la FAO para «medir» la pobreza en el mundo, que es la subalimentación(población que no cumple con los requerimientos energéticos diarios mínimos para una vida saludable y activa), en este informe se agregó otro complementario: la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave.
La «inseguridad alimentaria moderada» se refiere a «las personas que afrontan incertidumbres con respecto a su capacidad de obtener alimentos y se ven obligadas, en ciertas épocas del año, a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen por carecer de dinero u otros recursos«. Mientras que la «inseguridad alimentaria grave» se refiere a «las personas que probablemente se han quedado sin alimentos, sufren hambre y, en el caso más extremo, pasan días sin comer, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar».
Fuentes: informe conjunto de FAO, UNICEF, OMS, PMA y FIDA, y nota Escala del hambre: moderada o grave (?) de https://rambletamble.blogspot.com, del analista Artemio López.
El dueño de Maxiconsumo habló sobre las segundas marcas y la reforma laboral
Víctor Fera se refirió a la situación del mercado laboral y su impacto en el consumo. También explicó por qué reclama una ley de góndolas.
Captura de YouTube de Cronica TV
El dueño de la cadena de supermercados Maxiconsumo, Víctor Fera, defendió el consumo de “segundas marcas” porque benefician a las pymes, pidió una ley de góndolas e indicó que la inflación del “changuito” llegó al 63%, siete más que la oficial.
“Hay menos trabajo y consumo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas”, apuntó durante una entrevista con AM 530 y agregó: “Hay marcas muy importantes que no ocupan los mejores lugares, sin embargo, son las más vendidas de la Argentina y no tiene la posibilidad de estar exhibidas como otras marcas, porque no hay ley de góndolas. Se venden marcas menos conocidas y eso beneficia a las pymes”.
Respecto a las segundas marcas, aportó: “La situación no está mejor, pero tenemos una situación que antes no teníamos”. Respecto a la particular polémica por las declaraciones de Cristina Kirchner, quien las llamó “pindonga” y “cuchuflito”, respondió: “Son buenos términos, estamos acostumbrados las marcas más chicas nos digan segunda marcas, cuando no lo somos”.
Propietario de marcas como Marolio, Escencial y Molto, aprovechó para ventilar la suba de precios interna: “De 15 mil productos tenemos una inflación de 63,3% anualizado al día de ayer. Es principalmente en alimentos, fiambrería, limpieza y perfumería. Una canasta básica que tiene nuestro comercio. Es un INDEC de verdad el nuestro”.
Luego respondió sobre una posible reforma laboral y consideró que “un empleado tiene que ganar lo suficiente para poder vivir bien, y así van a crecer todas las empresas”. Entonces agregó que “los empleados ganen los suficiente para que puedan consumir, y el país se va a poner en marcha y va a crecer”.
“Bajando los sueldos el país no va a crecer” porque “no se va a poder comprar”, declaró en el mismo sentido. “Quizá habrá que hacer algunas cosas de las que están mal para los industriales, no pueden hipotecar su empresa porque no puede pagar los sueldo o tener más obreros. Como empresario eso tiene que cambiar, tiene que haber un fondo de desempleo. Cosas importantes que beneficien a todos, no solo al empresario porque no sirve. Un empresario sin gente que pueda gastar, no puede vender”, expresó.
“Tiene que ser justo, y eso es difícil. Un empleado tiene que ganar lo suficiente para vivir bien, sin abuso de un lado ni del otro”, concluyó.
Se triplicó la cantidad de muertes por no poder acceder a medicamentos
Telam
El titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y precandidato a legislador de la Ciudad por Consenso Federal, Marcelo Peretta, advirtió que la “medida la morbimortalidad», es decir las muertes producidas no poder acceder a medicamentos «pasó de 1,2 a 3,7%” y denunció que “esa es la consecuencia del desinterés, además de una mentira porque en la página del PAMI dice que le han devuelto más medicamentos a los jubilados y eso no es así”.
En el mismo sentido, Peretta respaldó el proyecto del precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, de subsidiar los medicamentos a jubilados: “La propuesta es real y sí se puede dar una cobertura del 100% de los medicamentos simplemente administrando correctamente el presupuesto”.
En ese sentido argumentó a El Destape Radio que «se puede financiar utilizando la plata del ANSES, que debería ser para estos fines y no para préstamos a la gobernadora de la provincia”.
También destacó que “aumentó un 300% la morbimortalidad por falta de consumo de medicamentos en los últimos cuatro años: muertes y agravamiento de enfermedades”.
La CGT alerta por la reforma laboral y las elecciones: «Sería muy peligroso si gana Macri”
El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, consideró “muy peligroso lo que puede pasar si gana Macri” en relación con una posible reforma laboral y defendió los convenios colectivos.
«De ninguna manera vamos a permitir una reforma laboral en Argentina, que los empresarios digan directamente que quieren esclavos», advirtió y expuso que “es mentira que los convenios colectivos sean antiguos, se van actualizando constantemente».
En diálogo con FM Futurock, denunció que «a los empresarios que quieren una reforma laboral, ¿por qué no traen la plata que tienen en el exterior para invertirla en el país y generar empleo?«. Luego apuntó que «sería bueno que Clarín publicara en tapa que el gobierno no está convocando para mover el salario mínimo vital y móvil».
También se esperanzó respecto a las elecciones: «Hay posibilidades de que Alberto Fernández gane en primera vuelta, la mayoría de los sindicalistas apoyamos la fórmula Fernández-Fernández». No obstante, reveló: “Estuvo muy bien el encuentro de gremialistas con Alberto Fernández, pero le dije que en las listas no está representado el movimiento obrero».
Por último, apuntó sobre la campaña electoral: «No tengo dudas que el gobierno está haciendo campaña sucia». Y concluyó sobre la figura de Cristina Kirchner: «Cristina aprendió de los errores y se nota, con ella teníamos paritarias libres».
Moyano denunció a Suar y a Julio Chávez por El Tigre Verón
Lo confirmó el abogado del líder sindical, Daniel Llermanos. “Es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso”. El dueño de Pol-Ka y el actor deberán presentarse a una mediación
«Ya no alcanza con las fake news, ahora se hacen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, porque uno puede hacer la vida de Rodrigo pagándole a la familia y ajustando el guion a las pretensiones y luego hacerla bien o mal como pasó con la de Gilda. Pero hacer la vida de la familia Moyano diciendo cuando empieza la serie que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia… Acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Y lo que se pretende decir y se pretende mostrar es falso».
La explicación es de Daniel Llermanos, el abogado de Hugo Moyano, y con ella argumentó por qué el líder gremial de los Camioneros litigó contra Adrián Suar y el actor Julio Chávez, por considerar que la serie El Tigre Verón “es algo muy parecido a un plagio” de su defendido, que además “es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso”.
Llermanos confirmó la demanda y adelantó que tanto Suar, en su rol de propietario de la productora Pol-Ka, como Chávez, van a tener que concurrir a una mediación en el ámbito de la Justicia Civil: «Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto. Para ello se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio».
En una entrevista concedida a Mañana es tarde, el programa que Mariano Martín conduce, de 7 a 9, por Somos Radio (AM 530), Llermanos finalizó: “Ellos no tienen ningún derecho a hacer esto sin permiso. Esto implica una sanción penal como multa, una penalidad. Mas una participación importante en las ganancias que pudieron haber tenido. Más las consecuencias legales porque esto es una clara ruptura de la veda electoral. En estos momentos no se puede hacer propaganda política. Es evidente por el color de las banderas, el nombre de los personajes, actividades, parecidos físicos, el nombre de la secretaria, Fernanda, que es el nombre de la secretaria de Hugo Moyano. Es un bochorno, es un desprestigio, no solamente al sindicalismo sino a una familia completa”
TRABAJADORES
Santa Fe y la Ley de ART: el negocio del incumplimiento, la mafia de la especulación
La provincia debate la adhesión a la Ley de Riesgos del Trabajo promulgada por el macrismo. Diversos gremios exigen una audiencia pública para discutir el tema. Quiénes ganan, quiénes pierden, y qué implicaría ejecutar la normativa.
Al hablar de la relación entre empleados/as y patronales es necesario partir de ciertas bases. La primera, que se aborda un vínculo de poder asimétrico en el cual siempre quien vende su fuerza de trabajo tiene mayor riesgo de ver vulnerabilizados sus derechos. La segunda, que uno de los pilares del Derecho del Trabajo es el principio de indemnidad: el ser humano debe salir ileso de una relación laboral. Esto supone obligaciones para los empleadores, sobre todo, la de prevenir los accidentes. Si a pesar de ello un trabajador sufre un daño, éste debe ser reparado. Algo que tampoco resuelve la cuestión, pues una afección en la integridad psicofísica ocasiona efectos que no son mensurables ni anulados desde lo económico.
Por eso, desde entidades gremiales suele enfatizarse en la necesidad de mejorar la prevención y el cuidado de la salud, el desarrollo de condiciones dignas y equitativas de labor, el armado de medioambientes de trabajo seguros y salubres. Asimismo, perciben necesario que los trabajadores y trabajadoras sean parte del diseño, implementación y fiscalización del régimen de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y consideran que debe haber una intensa responsabilidad de patrones y ARTs sobre los riesgos y una respuesta integral de estos frente al daño.
El Senado provincial dio media sanción a la adhesión de Santa Fe a la regresiva Ley Nacional de Riesgos de Trabajo. En la sesión del 1 de agosto el debate llegaría a Diputados. Si bien gran cantidad de organizaciones sindicales se pronunciaron contra este proyecto de ley, este lunes un sector integrado por la CTA Autónoma, Siprus, Amsafe Rosario, Aceiteros, COAD, Jaboneros, metalúrgicos y la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, brindarán una conferencia de prensa a las 10 en Tucumán 2254, para exigir que no se apruebe y que se convoque a audiencia pública para debatir el tema.
Ganadores y perdedores
En el esquema actual de relaciones de producción, la parte trabajadora sufre un triple robo: el desgaste del cuerpo, la apropiación de la riqueza que produce por parte de los empresarios y la transferencia de ingresos que significa destinar los aportes colectivos de las obras sociales a los daños no reconocidos en el ámbito laboral (físicos y psíquicos) por parte de las ART.
El economista Sergio Arelovich definió con claridad que “las ART son empresas financieras antes que compañía dedicadas a asegurar riesgos del trabajo”. Sus activos son esencialmente financieros, tienen ingresos por participar de la especulación con títulos, acciones, moneda extranjera, etcétera. Y el dinero recaudado no tiene por destino disminuir la siniestralidad, sino incrementar la ganancia especulativa.
De hecho, en su reciente estudio de julio de 2019, el especialista mostró que entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018 se incrementó en un 129% el resultado financiero de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. En 2018, el saldo positivo entre las pérdidas y las ganancias por la actividad especulativa fue de 5.805 millones de pesos. Es decir, 15.904.109 (quince millones novecientos cuatro mil ciento nueve) de pesos por día, 662.671 por hora.
Asimismo, mencionó que dentro del ámbito patronal las más afectadas son las pymes: llegan a pagar por cada 100 pesos de salario asegurado hasta tres veces más de lo que pagan las grandes empresas, donde según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se producen la mayor cantidad de siniestros.
Según el Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el período enero-diciembre de 2018 hubo 669 accidentes mortales. Es decir, tomando los 365 días del año, casi dos muertes cada 24 horas. El 99,25% fueron de trabajadores y trabajadoras en unidades productivas. Los siniestros totales ascendieron a 545.907, 1.495 por día. El segmento etario más afectado está entre los 20 a 39 años, que explica el 59% de los siniestros totales. Del total de casos, Santa Fe explicó el 8.1% (43.964 anual, 120 por día).
Así y todo, como muestra Arelovich en su informe, del total de trabajadores y trabajadoras aseguradas, menos de 1% inició juicio y en la mayoría de los casos se debió por ausencia o insuficiencia de respuesta por parte del sistema.
Planteando la salvedad de que en el caso del empleo público hay regímenes distintos que no entran en las estadísticas y que la informalidad laboral general en Argentina llega al 40%, un dato relevante de los informes de la SRT que abarcan el trabajo público y privado registrado, es que mientras entre 2017 y 2018 la litigiosidad cayó un 40%, los accidentes sólo se redujeron un 6% y los casos notificados por accidentes mortales disminuyeron, según el organismo, un 9,6%.
“La cantidad de juicios de acuerdo al tamaño de empresa también registró bajas superiores al 40% en la mayoría de los casos. Las empresas con una nómina de entre 1501 y 2000 empleados obtuvieron la mayor caída interanual: 49%”, explica la Superintendencia. Números que, sin dudas, clarifican quiénes se han beneficiado más con la nueva ley.
Si el trabajador no está conforme con la decisión de la Comisión Médica tendrá, de aprobarse la reglamentación santafesina, sólo 45 días para acceder a la vía judicial. Y de hacerlo, en el caso de que la Comisión hubiera dictaminado una indemnización insuficiente, el camino judicial será suspensivo de la disposición administrativa. Es decir, si el trabajador o trabajadora va a la Justicia por la diferencia indemnizatoria, no vería un centavo hasta terminar el trámite, en el caso de un fallo favorable.
Látigos y latiguillos
Lamentablemente, este escenario que inició la ley menemista 24.557 en el marco de otras normativas flexibilizadoras, y que fue modificado en algunos aspectos regresivamente por el kirchnerismo en 2012, sufrió un empeoramiento de la mano del macrismo. El gobierno nacional ató esta modificación al obsesivo compulsivo discurso presidencial y empresarial sobre la necesidad de una reforma laboral para bajar costos, aumentar la productividad y, entre otras cosas, despedir sin causa.
Para desplegar esas políticas e intentar consenso social, la CEOcracia atacó a quienes defienden los mandatos constitucionales que las frenan: pasaron de denunciar “la extorsión de los sindicatos”, a señalar a “la mafia de los abogados laboralistas” y el “curro de la justicia del trabajo”. Los latiguillos fueron y son la presunta alta litigiosidad y la llamada “industria del juicio”.
Según indicó el Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, sólo el 3 por ciento de los accidentes laborales desemboca en la justicia. “La verdadera industria es la industria del incumplimiento. De cómo gano más plata invirtiendo menos y eso el sistema se lo permite a las empresas. Me desentiendo de la prevención y sólo me cubro pagando un seguro”, dijo cuándo Macri promulgó la nueva ley en 2017, a la que posteriormente debían adherir los estados provinciales.
La realidad es que el esquema actual privatizado consolidó un sistema legal basado en el gran negocio de la enfermedad, que garantiza la ausencia de prevención y por lo tanto genera enfermedades de origen laboral, que en su gran mayoría ni siquiera forman parte del fixture de las ART. Médicos y abogados laborales coinciden en que es mínima la proporción de enfermedades laborales reconocidas como tales. Y un dato que falta, entre otros, es qué sucede cuando los trabajadores y trabajadoras salen del sistema, es decir, se jubilan.
Tiempo de alargue
La reforma de 2012 obligó a quienes sufrían un accidente o enfermedad a optar entre el camino de la Justicia Laboral o la Civil para resarcirse, cuando ambas abordaban aspectos distintos de la situación lesiva. La reforma macrista ratificó además un trámite administrativo a través de las Comisiones Médicas, constituidas ahora como instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente. Éstas serán las responsables de determinar en 60 días hábiles prorrogables, si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización.
Si el trabajador no está conforme con la decisión de la Comisión Médica tendrá, de aprobarse la reglamentación santafesina, sólo 45 días para acceder a la vía judicial. Y de hacerlo, en el caso de que la Comisión hubiera dictaminado una indemnización insuficiente, el camino judicial será suspensivo de la disposición administrativa. Es decir, si el trabajador o trabajadora va a la Justicia por la diferencia indemnizatoria, no vería un centavo hasta terminar el trámite, en el caso de un fallo favorable.
Vale recordar que en 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la obligatoriedad de las Comisiones Médicas, convirtiéndolas en una instancia voluntaria. Esas comisiones cuentan con la competencia jurisdiccional en materia laboral que, por mandato constitucional, le corresponde a la justicia ordinaria.
Como plantea la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario (AALR) las mismas “carecen de idoneidad para investigar los accidentes y enfermedades del trabajo, las condiciones y medioambiente, y la relación entre estos y las enfermedades. Están compuestas exclusivamente por médicos, que sólo están capacitados para determinar enfermedades y grados de incapacidad. No los integran ingenieros o técnicos en seguridad en el trabajo, ni otros especialistas, ni se prevén las inspecciones a los lugares de trabajo”.
“Los médicos que las integran no son funcionarios públicos, careciendo por lo tanto de estabilidad y sus gastos son financiados parcialmente por las ART, por lo que no ofrecen garantías de la debida imparcialidad. Es por ello que sus dictámenes o resoluciones no pueden hacer ‘cosa juzgada administrativa’ como lo afirma el proyecto de adhesión”, denunciaron desde AALR.
Para evaluar su eficacia potencial en el territorio santafesino de aprobarse el texto en la Cámara de Diputados el 1 de agosto, la Resolución Nº 34/2019 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo creó sólo cinco Comisiones Médicas y cinco Delegaciones para todo el territorio santafesino. Una provincia que tuvo en 2018, 43.964 de casos relevados por la SRT. Pareciera que se pretendiera hacer honor a la frase que dice “si quieres que algo no avance, crea una comisión”.
Por una audiencia pública
El Senado provincial dio media sanción a la adhesión de Santa Fe a la regresiva Ley Nacional de Riesgos de Trabajo. En la sesión del 1 de agosto el debate llegaría a Diputados. Si bien gran cantidad de organizaciones sindicales se pronunciaron contra este proyecto de ley, este lunes un sector integrado por la CTA Autónoma, Siprus, Amsafe Rosario, Aceiteros, COAD, Jaboneros, metalúrgicos y la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, brindarán una conferencia de prensa a las 10 en Tucumán 2254, para exigir que no se apruebe y que se convoque a audiencia pública para debatir el tema.
“No sólo la normativa no avanza en la prevención de accidentes y enfermedades laborales, sino que descuida la vida y salud de los trabajadores al colocar como gestores a ARTs que tienen intereses opuestos a los de las víctimas. Por eso exigimos una audiencia pública y el rechazo de la Cámara de Diputados a esta adhesión que va contra la prevención, el cuidado de la salud y la generación de sistemas y métodos de trabajo que cuiden la vida y la salud de trabajadores y trabajadoras y no la ganancias de las empresas”, explicaron.
“La mayoría de los gremios rechazamos fuertemente esta ley porque entendemos que no es aislada sino que forma parte de esta avanzada que el gobierno nacional quiere hacer sobre los derechos de los trabajadores junto con la reforma laboral, y cuyo objetivo es bajar los costos, flexibilizando el mercado de trabajo”, explicó Diego Ainsuain, presidente de Siprus-Fesprosa. “Queremos discutir salud, medio ambiente y que no haya una sola muerte más de un trabajador por malas condiciones de trabajo”, remató el dirigente.
*Publicada en Indymedia Rosario
«Que los empresarios digan directamente que quieren esclavos»
El líder de la CGT, Carlos Acuña, aseguró que «De ninguna manera vamos a permitir una reforma laboral en Argentina» y disparó contra los empresarios: «Que digan directamente que quieren esclavos»
El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, salió a cuestionar hoy la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional con el respaldo de los empresarios y aseguró que la central obrera se opondrá a una modificación regresiva de la legislación laboral en la Argentina.
«De ninguna manera vamos a permitir una reforma laboral en Argentina», dijo Acuña en declaraciones a Futurock y disparó: «Que los empresarios digan directamente que quieren esclavos».
Para el líder de los estacioneros de servicio, «al gobierno no le importan los trabajadores».
Además Acuña aseguró que «Estuvo muy bien el encuentro de gremialistas con Alberto Fernández» sin embargo marcó una diferencia con la conformación de las listas del Frente de Todos: «le dije que en las listas no está representado el movimiento obrero».
Para el gremialista «hay posibilidades» de una victoria de Fernández en primera vuelta porque «El Gobierno no tiene ni una medida buena para mostrar».
«Tengo mucha confianza en los obreros de cara a las elecciones. Los trabajadores van a defender sus derechos», confió.
Para frenar un avance de Palazzo, Vidal apela a Cavalieri y blinda Bapro Medios de Pago
(Por Jorge Duarte @ludistas) Apurado por la pelea de encuadre de los bancarios con Mercado Libre, el Provincia acordó un convenio colectivo de empresa para Bapro Medios de Pago con Cavalieri. Son unos 500 trabajadores que de a poco avanzan sobre las tareas del personal tradicional de la banca estatal.
23/07/2019 00:06:00
Apurados por la pelea de encuadre que los bancarios ya lanzaron en Mercado Libre y que hizo mucho ruido mediático en los últimos días, Bapro Medios de Pago recurrió al inoxidable Armando Oriente Cavalieri para obturar cualquier avance de los comandados por Sergio Palazzo en la banca estatal bonaerense y aislar a la comisión gremial interna del Banco Provincia.
De hecho, a través de un mail, la gestión ya le informó a sus aproximadamente 500 empleados que firmó un convenio colectivo de empresa con la Federación de Empleados de Comercio «considerando la actividad que realiza la empresa en todas sus áreas de negocio».
En la misma comunicación le advierten a los trabajadores que el pacto con Cavalieri, que involucra también a la sección Capital del gremio (la que lidera «el Gitano»), es aplicable a todo el personal de PROVINCIA NET y que por lo tanto regirá como normativa interna exclusiva.
Lo curioso, o no tanto, es que el convenio de la banca que está bajo la gestión de María Eugenia Vidal no está disponible ni en su página web ni en la del gremio mercantil. Tampoco pudieron acceder a él los empleados de Bapro Medios de Pago, que desde que se enteraron que tienen una nueva legislación la están rastreando sin suerte.
«El pase a bancarios es un viejo deseo de los compañeros de Bapro Medios de Pago, claro. De base duplicarían su salario y tendrían muchos otros beneficios más que Comercio no tiene», advirtieron desde la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia para explicar los motivos de la pelea de fondo.
«(Los empleados de Bapro Medios de Pago) No tienen delegados ni derecho a tener delegados. Comercio no aparece. Cuando hay despidos no tienen ni con quien ir a quejarse», agregaron sobre la situación de vulnerabilidad que se vive en esa porción de la institución y que el flamante acuerdo viene a solidificar.
Está claro que la intención de fondo es blindar a los empleados sobre los que La Bancaria podría tener intenciones ciertas y fundamentadas de encuadre y, de paso, evitar la sindicalización que ese proceso generaría en los cientos de empleados involucrados.
Ahora la UIA pide una reforma laboral que permita «descontratar» empleados «si le va mal»
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja consideró que para los empresarios es necesaria una reforma laboral que les permita «descontratar» empleados «si le va mal» a la compañía.
23/07/2019
Según el dirigente empresarial Daniel Funes de Rioja, «si se quiere que aparezcan muchas empresas -ya que la Argentina necesita más empresas- lo que hay que saber es que (el empresario) para no tener miedo a contratar, tiene que ser previsible que si le va a mal, pueda descontratar. Cuando no tiene más producción ¿qué va a hacer con la gente?».
«Necesitamos, por lo pronto, una nueva visión (en referencia a la reforma laboral). Hay una transformación tecnológica monumental y con una velocidad de cambio importante, que requiere inversión y capacitación de los recursos humanos. Hay que vincular más educación y empleo para responder a las nuevas necesidades del mercado», subrayó el también presidente de la COPAL, cámara empresaria de la industria de la alimentación.
Por otra parte, Funes de Rioja expresó, en declaraciones radiales, que en la Argentina se necesita «más consumo».
«En la industria de los alimentos, estamos con un 60% de la capacidad instalada. No hay falta de ofertas, hay falta demanda», advirtió el empresario.
No obstante, el referente de la UIA destacó la continuidad de programas impulsados por el Gobierno para fomentar el consumo: «Hay Precios Cuidados y Precios Esenciales. En ambos hay primeras marcas».
Por último, puntualizó que «el 95% del rubro de los alimentos está conformado por empresas pymes», al referirse a los dichos de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre marcas «La Pindonga y Cuchuflito».
La Plata: persiguen y detienen a dos trabajadores senegaleses
Más de cien efectivos policiales montaron un gran operativo para incautarle la mercadería a dos feriantes senegaleses, a quienes además se los llevaron detenidos a la comisaría Primera.
Hubo tensión con otros integrantes de la comunidad, vendedores ambulantes y vecinos del lugar que se acercaron a solidarizarse.
«La política de Garro se ve claramente en las calles de La Plata, en sintonía con Vidal, Bullrich y Ritondo a nivel provincial, con militarización, mano dura, criminalización a la juventud y persecución a mujeres y hombres pobres que buscan conseguir algunos pocos pesos para llevar a sus hogares. Exigimos la libertad inmediata de los trabajadores senegaleses» declaró Luana Simioni, precandidata a intendente por el Frente de Izquierda Unidad.
Desde ayer el centro de la Capital bonaerense amaneció militarizado. Un fuerte operativo policial, con más de 700 efectivos de la Bonaerense, junto a agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano local se apostaron en las calles 7 y 8 de la capital provincial “contra la venta ambulante”. Además hubo 3 detenidos.
Noticia en desarrollo
Envio:RL
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