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8 de noviembre de 2019
ESPECIAL CHILE.
Chile: joven torturado en Antofagasta denuncia centro clandestino de detención
Un estudiante fue secuestrado por Carabineros de civil y brutalmente torturado en Antofagasta. Denunció lo que podría ser un centro clandestino de detención. El hecho fue constatado en una entrevista realizada por El Regionalista TV y cuestiona las últimas declaraciones del presidente Sebastián Piñera, en donde niega un plan de represión con crímenes de lesa humanidad. Ayer, organizaciones de abogados presentaron una querella por dichos delitos contra el presidente. Por ANRed.
Un joven estudiante de Antofagasta denunció torturas, amenazas de muerte y la existencia de lo que podría ser un verdadero centro de torturas dirigido por Carabineros en una casa o recinto en los alrededores de la comuna. El hecho se ha repetido en varias oportunidades que se están investigando, como por ejemplo en la estación del metro de Baquedano, en el centro de Santiago de Chile, en donde jóvenes testimoniaron que fueron torturados .
Se trata de un joven estudiante que trabaja durante algunos días en Mejillones. Este miércoles 6 de noviembre se encontraba en la Avenida Salvador Allende, alrededor de las 05:00 a.m., esperando el transporte que lo llevaría hasta su trabajo, cuando fue abordado por una camioneta roja con funcionarios de Carabineros de civil en su interior, los que portaban chalecos con el logo de Carabineros y también cascos.
Inmediatamente, le dijeron que le iban a hacer un control de identidad y que se tenía que subir al vehículo. El joven se negó, indicándoles que para un control de identidad no era necesario que se lo llevaran. Según el relato, en ese momento un carabinero puso una pistola eléctrica o Taser en su pecho y le dio una descarga, y lo obligan a la camioneta, esposado y, además, le taparon la cara con una bolsa o capucha.
En ese momento, el joven sintió que la camioneta avanzaba al parecer en dirección hacia la salida a Calama, y luego de 20 a 30 minutos de un trayecto aparentemente por carretera, arribaron a lo que sería una casa o recinto.
En ese lugar, según el mismo relato, había otras personas detenidas y siendo golpeadas, pues se escuchaban quejidos y lamentos. También pudo oír un sonido de electricidad. Durante varias horas sufrió golpes y un interrogatorio donde le preguntaban por las protestas y por los líderes o personas a cargo. Además, le preguntaban por los partidos políticos de los estudiantes que participaban.
Dentro de las graves torturas que recibió, le enterraron agujas debajo de las uñas y con un cuchillo le hicieron algunos cortes en su rostro. Además, sufrió amenazas de muerte: «¿Quieres que te tiremos a la caleta o te enterremos en el desierto?».
Finalmente, fue abandonado en la entrada de Antofagasta, donde logró ver una camioneta del Gope de Carabineros alejándose. El caso ya está en conocimiento de organismos de Derechos Humanos y abogados.
Los índices mas conservadores logrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) arrojan solo las denuncias formalizadas, que ascienden a cinco querellas por homicidio, 19 por violencia sexual y 168 por torturas. Mientras que las personas detenidas ya han pasado las 5 mil. Los manifestantes heridos que se ha constatado en hospitales son de 1778, de las cuales 41 por disparos de armas de fuego, 519 por armas anti-tumulto, 35 por balines y unas 338 por armas no identificadas. Unas 177 personas tuvieron heridas en los ojos. Estos números no incluyen a los heridos que no concurren a los centros médicos por miedo a sufrir represalias, así como tampoco a torturados y abusados en los barrios periféricos, como constató ANRed en Chile.
En la última entrevista realizada a Sebastián Piñera por la cadena BBC, el presidente chileno niega que haya un plan sistemático de represión que esté violando los Derechos Humanos. Sus declaraciones coincidieron con las del Director del INDH, Sergio Micco, que le valió el repudio de los defensores de DDHH y de las víctimas de terrorismo de Estado.
El lunes pasado agrupaciones de abogadas y abogados presentaron una querella por delitos de lesa humanidad contra Sebastián Piñera. La Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hnos. y la Cooperativa Jurídica hicieron la presentación en el Centro de Justicia de Santiago por los ataques sistemáticos en contra de la población civil durante estas semanas de protesta popular. Fuente:AnRed
Policía militar reprime a manifestantes en una nueva jornada de protestas antigubernamentales
Resumen Latinoamericano* / 7 de noviembre de 2019
Las movilizaciones se producen luego de que Piñera anunciara una agenda de seguridad, en la que destaca un proyecto de ley ‘antisaqueos’ y otro de ‘antiencapuchados’.
Este jueves se vive una nueva jornada de protestas en Chile, contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y las políticas económicas y sociales que rigen en el país.
La principal manifestación se realiza en Santiago, en la comuna de Providencia, al nororiente de la capital chilena. También hay movilizaciones en las ciudades de Concepción y La Serena.
Carabineros detienen a un manifestante durante una protesta contra el gobierno de Chile, en Providencia, en Santiago, Chile, el 7 de noviembre de 2019.Pablo Sanhueza / Reuters
Las manifestaciones de este jueves se registran luego que Piñera anunciara una agenda de seguridad para la clase social privilegiada, en la que destaca un proyecto de ley ‘antisaqueos’ y otro de ‘antiencapuchados’.
Según pudo constatar un equipo de RT, en la Avenida Providencia y Holanda, los Carabineros han reprimido a manifestantes que no provocaban ningún acto de violencia.
Las fuerzas de seguridad avanzaron con carros hidrantes y bombas lacrimógenas, para evitar que la protesta se extienda hacia barrios acaudalados de la capital chilena.
«Solamente estamos pidiendo dignidad para nuestro pueblo. Si es necesario, vamos a estar todos los días en la calle hasta que el Gobierno nos dé respuestas», dijo uno de los manifestantes presentes en la zona.
Carabineros junto a un vehículo blindado durante una protesta contra el gobierno de Chile, en Providencia, Santiago de Chile, el 7 de noviembre de 2019.Henry Romero / Reuters
Las protestas en este país suramericano se han extendido por tres semanas, tras iniciar el pasado 18 de octubre contra el alza del pasaje del Metro de Santiago; medida que fue cancelada por el propio mandatario.
Las medidas de presión contra la administración de Piñera se han mantenido pese a que el mandatario anunció una agenda social y cambios en su gabinete de Gobierno. La demanda inicial cambió por la dimisión del presidente, y la exigencia de un giro en el modelo económico.
RT*
Más facultades represivas para las policías: Piñera anuncia agenda de seguridad y convoca al COSENA
Claudia Carvajal G. / Resumen Latinoamericano / 7 de noviembre de 2019
El Consejo de Seguridad Nacional no se ha reunido desde el año 2014, justamente durante el primer mandato de Sebastián Piñera. A tres semanas del llamado estallido social, el foco del gobierno sigue siendo la seguridad y el orden público.
En una aparición pública a un horario poco habitual, el Primer Mandatario informó que su gobierno dará urgencia a la tramitación de una nueva agenda de seguridad en el Congreso.
Insistiendo en el discurso de la violencia, el vandalismo e incluso mencionando al terrorismo, Sebastián Piñera aseguró que ha escuchado “con atención y humildad las manifestaciones de los chilenos” respecto del aumento de pensiones, establecimiento de ingreso mínimo garantizado, estabilización precios transporte, medicamentos, mayores recursos, mayores impuestos, rebaja en dieta y número de parlamentarios y expresó que se trata de una agenda dura y exigente la que la ciudadanía ha puesto en discusión pública.
Sin embargo, luego de señalar lo anterior, el Mandatario manifestó que una de las principales funciones del Estado “es el resguardo del orden y seguridad pública y en el cumplimiento de ella, Carabineros y PDI cuentan con el respaldo del Gobierno”, dijo flanqueado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y al ministro de esa cartera, Gonzalo Blumel.
“Para fortalecer la eficacia de las fuerzas del orden y combatir la delincuencia, queremos anunciar una agenda cuyos principales componentes son:
Proyecto de ley antisaqueos
Discusión inmediata al proyecto de ley antiencapuchados, mayor rigor al delito de desórdenes públicos bajo capucha
Patrocinio y urgencia a moción de desórdenes mediante barricadas y entorpecimiento de libre circulación
La creación de una oficina de abogados específicos para querellas criminales para perseguir los desórdenes públicos.
Creación de equipo especial de Fiscalía, Carabinero y PDI para mejorar inteligencia y prevención de los delitos.
Aumentar capacidad de vigilancia aérea
Reforzar a través de Carabineros y PDI de denunciar para obtener persecución penal de violentistas y vándalos
Ingreso de un proyecto de ley que establece estatuto de protección para las fuerzas de orden y seguridad
Discusión inmediata a proyecto de modernización de inteligencia nacional dando urgencia al proyecto para modernizar las Policías, lo que implica una reorganización y un mejor resguardo de los DD.HH. y la probidad.
Para el aún Jefe de gobierno, esta agenda “representa un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público, su aprobación es urgente y necesaria”.
Finalmente, el Primer Mandatario anunció que decidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a una sesión este jueves a las 7 de la tarde en las dependencias del Palacio de La Moneda.
Recordemos que el Cosena está integrado por el propio Presidente de la República, quien además lo lidera; el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Corte Suprema, los Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros; el Contralor General de la República. También podrían estar presentes siguientes ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa, el Canciller y el titular de Economía, Fomento y Turismo.
Radio UChile
Chile sometido a la patética dictadura de Piñera
Editorial de Resumen / Resumen Latinoamericano / 7 de noviembre de 2019
Los anuncios y declaraciones efectuados el día de hoy por el presidente Piñera son una muestra elocuente y evidente de que el gobernante y su gobierno no tienen ninguna disposición de buscar soluciones a las demandas y reclamos que la población chilena expresada en las calles desde el 18 de octubre pasado.
No sólo no ofrece soluciones sino que su única respuesta ha sido desatar represión a destajo, adornada con el burlesco paquete de medidas con que pretendió engañar al país hace 15 días. Hoy ofrece incrementar la represión, otorgarle mayor marco legal y más recursos técnicos a los órganos y aparatos represivos. El conjunto de medidas con que amenaza Piñera son una regresión a tiempos de dictadura pero aún sin militares en la calle o en La Moneda, aunque esa es la amenaza implícita que lleva la declaración.
Y no sólo la de hoy, en rigor, las últimas apariciones y declaraciones públicas del presidente Piñera demuestran que este señor es el presidente de los poderosos y no de Chile, representa los intereses del 1% que concentra la riqueza del país y su realidad se reduce a esa burbuja. Para el resto del verdadero país, el gobierno sólo ha tenido como actitud la represión brutal, desmedida y descontrolada de sus fuerzas del orden.
Los aparatos destinados a proteger a todos los chilenos, bajo las órdenes y decisiones de este gobierno y tan sólo en esta movilización social, han causado sobre 25 muertes entre la población, han causado cientos de heridos por acción directa de las huestes represivas y sus armas semi letales (o de baja intensidad, como eufemísticamente se las llama), han significado pérdidas de órganos visuales y lesiones con balines y perdigones de diversa consideración. Los detenidos por las fuerzas del orden suman miles.
Si bien, producto de la presión de las movilizaciones sociales, el pasado 28 de octubre el gobierno retiró a los militares de las calles, eso no significó que Piñera abandonara su lógica de guerra para enfrentar la crisis. Si bien en esa misma fecha hizo un cambio de gabinete que significó la salida de algunos de los personeros más recalcitrantes de la derecha nostálgica dictadura, eso no se tradujo en que Piñera dejara de lado su propia vocación dictatorial y represiva. Continúa con su orquestado afán de criminalizar las movilizaciones sociales, a pesar de que sean pacíficamente masivas, siempre terminan desatando la represión sin que medie razones o provocaciones, tal vez con el fin de generar una respuesta social y así mostrar cuadros de violencia en las calles.
Prueba de ello es que tanto Piñera como el resto de sus ministros que han salido a hacer declaraciones públicas que se aferran a la mentirosa oferta inicial, sostienen que no hay recursos ni posibilidades de solucionar nada más, que no se puede cambiar la constitución, que no es necesario llamar a asamblea constituyente, que hay que restablecer el orden público, la paz social, la normalidad, y todas aquellas trabas necesarias para seguir manteniendo maniatado al país bajo el arbitrio de los poderosos. La respuesta gobernante sólo ha sido represiva y no contento con eso todo lo quieren convertir en delito. ¿A esto los gobernantes, la derecha pinochetista y una gran parte de la clase política, le llama democracia?
Sin embargo, sí hay plata, sí se pueden sacar recursos para reprimir a la misma población que dicen proteger: sí hay recursos para financiar una ley antisaqueos, sí hay para financiar una ley antiencapuchados, sí hay para financiar una ley antibarricadas, sí hay para financiar un equipo especial de abogados para querellarse contra los movilizados, sí hay para financiar la creación de un equipo especial de Fiscalía, de Carabineros y de la PDI destinado a realizar trabajos de inteligencia (no sobre los alienígenas sino sobre la población chilena); sí hay recursos para financiar el aumento de la vigilancia aérea de Carabineros y de la PDI (para vigilar a su propio pueblo, al cual parecen tenerle pavor); sí hay para financiar la creación de un portal web destinado a fomentar el «sapeo» y restablecer el principio de la desconfianza entre los chilenos que tan buenos réditos les dio en la época de la dictadura militar-empresarial; sí hay para financiar un estatuto de protección para Carabineros, PDI y Gendarmería en circunstancias que de los únicos que debieran protegerse estas instituciones es de los señores de Palacio; sí hay para financiar la modernización del llamado Sistema Nacional de Inteligencia destinado a vigilar y controlar a la población chilena; sí hay dinero y recursos para financiar proyectos de modernización de Carabineros y PDI, haciendo alusión a una supuesta defensa de los «derechos humanos» de los integrantes de estas instituciones.
La sucia discursiva del gobernante pretende una vez más – cuando no- engañar y mentir. Siempre, por definición del concepto de Derechos Humanos hecho por las Naciones Unidas, es el Estado, las instituciones del Estado y los funcionarios del Estado los que violan, transgreden o ignoran. Siempre. Los funcionarios de las instituciones represivas y de las fuerzas armadas son los que violan los Derechos Humanos en Chile; será que lo hacen siguiendo indicaciones u órdenes de las autoridades de Gobierno pero ellos son los que violan estos derechos fundamentales. De modo que si el señor Piñera y su gobierno quiere preocuparse y defender los Derechos Humanos de los funcionarios de sus aparatos represivos pues no los mande a reprimir, no los use para avasallar a la población, no los use para seguir protegiendo sus mezquinos intereses y los mezquinos intereses de los poderosos empresarios dueños de este paisito suyo del 1%.
Para coronar el decorado de amenazas que lanzó hoy el presidente Piñera anunció que convocaba a reunirse al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Este ente es uno de los diques de contención que tiene establecida esta constitución dictatorial ilegítima que nos rige. La existencia de este dique, así como el llamado Tribunal Constitucional, son sólo dos ejemplos de las ataduras que le impone al país y sus ciudadanos la existencia de este orden constitucional impuesto en base, precisamente, a la violación sistemática de los Derechos Humanos por la dictadura. La conformación del Cosena es enteramente definida con criterios de guerra interna y fines represivos. Su citación supone que el mandatario – en su afiebrada lógica de guerra- quiere volver a imponer el estado de emergencia o directamente el estado de sitio; es decir, es una seria amenaza de dictadura más descarada.
En estas instancias claves de las crisis sociales y políticas es donde hace falta la participación organizada de la población en todos los territorios para contener estos afanes represivos y dictatoriales de Palacio y de los poderosos. Pero también es necesaria la intervención decidida y categórica de los miembros de la clase política que no quieran ser cómplices de tamañas arbitrariedades para detener estos afanes con la firmeza necesaria en todos sus espacios de intervención. Tienen que impedir, desde ahora, que estos afanes de cercar al país y maniatar a sus habitantes no se conviertan en leyes bastardas. Ya fueron cómplices por 30 años con este modelo, es hora que despierten y traten de cumplir su rol de velar por el bien común. Pero la misma exigencia debemos hacerle a los Tribunales de Justicia, particularmente a la Corte Suprema y su presidente porque en estas situaciones no pueden escudarse en una pretendida neutralidad; también deben hacerse cargo que son instituciones del país y no de un pequeño sector.
El Estado represivo instalado por Piñera sigue incrementándose, pero sigue incrementándose también la movilización y organización social y territorial de un pueblo que ha iniciado un proceso constituyente que parece no tener vuelta atrás y que se niega a abondar el espacio más político de todos, la calle, hasta conseguir lo que reclama a una clase política que parece tener los oídos tapados de dinero.
Resumen
Repudio inmediato a las medidas represivas de corte fascista anunciadas por Piñera
Resumen Latinoamericano* / 7 de noviembre de 2019
Piñera anunció esta mañana un proyecto que endurece los castigos por los saqueos con ocasión de calamidades o alteración del orden público. Asimismo, colocará discusión inmediata a una moción para sancionar el delitos de desórdenes públicos cuando alguien oculte su rostro para evitar que se conozca su identidad. En el mismo sentido, buscará calificar los desórdenes públicos mediante barricadas u otros elementos que impidan la libre circulación.
En tanto, buscará crear un equipo especial de abogados del Ministerio del Interior para colaborar en la persecusión de los responsables de este tipo de delitos y así “evitar la impunidad”, señaló el fascista.
Por otra parte, anunció la creación de un equipo especial de Fiscalía, Carabineros y PDI para mejorar el trabajo de inteligencia y represión preventiva.
Politika*
Por la libertad de los prisioneros políticos lautarinos
Resumen Latinoamericano / 7 de noviembre de 2019
COMUNICADO PÚBLICO
A nuestro Pueblo, a la comunidad nacional e internacional, Guacoldas comunica lo siguiente:
1. Que los compañeros lautarinos (Betor, Esteban y Rubén) estuvieron incomunicados tres días sin poder obtener ninguna información de ellos hasta el sábado, cuando el abogado recién pudo hacer ingreso al recinto penitenciario para verificar su integralidad.
2. Que al quinto día de la prisión, es cuando los familiares pueden realizar la primera visita a nuestros compas y poder llevarles algunas cosas de primera necesidad que este recinto permite, constatar su estado físico, emocional y poder contenerlos.
3. Que el día 6 de noviembre, la defensa de nuestros compas realizó los alegatos contra la cautelar de prisión preventiva en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En dicha audiencia, de forma unánime, los magistrados rechazaron la apelación presentada, significando aquello, que la prisión preventiva sigue su curso de 90 días, según lo sentenciado por el 10 juzgado de garantía.
4. Que dicha apelación contó nuevamente con la aberración jurídica de la argumentación por parte del Poder, haciendo evidente una vez más, que la prisión de nuestros compas es una determinación de carácter político más que jurídico. A las afirmaciones usadas por el juzgado en el día de su formalización, la contraparte alegó la peligrosidad de los lautarinos a partir del “historial” de detenciones previas por “desórdenes” y la incautación de dos encendedores lo que para ellos es prueba fehaciente de la vil actitud del cometido de un delito. A ese tipo de argumentación chabacanas y de épocas inquisitivas, se le suma un “contexto de país” lo que agravaría la imputación, obviando mágicamente las decenas de asesinados por el Estado, la violación de decenas de mujeres y hombres, la sistemática violación de los derechos humanos con la determinación de volarle uno de los ojos a centenares de manifestantes, el desproporcionado e injustificado accionar de las policías y militares.
5. Que el mismo día, en la misma Corte pero en una sala distinta, la justicia, también de forma unánime, determinó la continuidad de la prisión preventiva del profesor de 35 años, imputado por lo acontecido en la estación de metro San Joaquín, dejando en claro lo concertado que está operando la justicia. Casos distintos en lo jurídico pero con un denominador común en lo político, donde el poder los está usando como símbolos de castigo contra los que osen levantarse para que la realidad sea mejor para millones y no un oasis para unos poquitos.
6. Que el régimen carcelario hacia nuestros compas, es otro ejemplo de la determinación declarada, aberrante e inquisidora, de castigar la rebeldía, insolencia y subversión popular. Están confinados a 21 horas de encierro, hora y media de patio y hora media de pasillo. Sin embargo ellos contaron que estuvieron 3 días sólo paseando por el pasillo, sin posibilidad de salir al patio. Por fortuna se encuentran en el mismo modulo, lo cual hace que el pasar las horas sean más llevaderas. Referente al trato recibido por parte de gendarmería ha sido decente. Este es un régimen carajo, de ensañamiento y que claramente viola sus derechos humanos y fundamentales. Nuestros compas son sujetos subversivos, populares sin vuelta y que han hecho de su vida una digna pelea para que la vida de millones de chilenos y chilenas sea felices y sin migajas, las condiciones mínimas de integralidad para su prisión preventiva es una exigencia de primera necesidad.
7. Que llamamos a las organizaciones y estamentos de Derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a denunciar la aberración jurídica que la Justicia chilena realiza sin tapujo y decoro alguno contra nuestros compas, contra el profe de matemáticas y contra los miles de rebeldes y populares que están encerrados en sus Prisiones por haber osado luchar contra las injusticias que vive nuestro país. Es el tiempo que las organizaciones históricas de Derechos Humanos, se desempolven de lo estrictamente y bestialmente ocurrido en dictadura, poniéndose ya como denunciantes de las actuales atrocidades de impunidad que vive el Pueblo de Chile y de las aberraciones jurídicas del aquí y ahora. Por nuestra parte, haremos extendida y visible la denuncia, llegando a todas las instancias que sean necesarias nacionales e internacionales.
8. Que por último, agradecemos enormemente el apoyo, solidaridad y muestras de cariños a nuestros compas y sus familias. Saludamos el gesto hermoso dada el sábado pasado en la autogestión realizada y convocamos a que se sigan sumando a estas actividades como también a las que iremos haciendo para dejar en evidencia irrefutable y pública la situación prisionera de nuestros compas y de los miles de populares rebeldes encerrados en la actualidad.
¡¡¡ AHORA: LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRISIONEROS SUBVERSIVOS LAUTARINOS !!!
Guacoldas Santiago de Chile 7 de noviembre de 2019
No hay normalidad: suspenden la Teletón 2019 debido a las masivas protestas en el país
Resumen Latinoamericano* / 7 de noviembre de 2019
La Directora Ejecutiva de la Teletón Ximena Casarejos y el magnate de la televisión Mario Kreutzberger anunciaron la suspensión del show televisivo Teletón, aplazándolo para abril del próximo año.
Pese a los intentos de mostrar normalidad y calma por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, frente a las masivas manifestaciones en el país por justicia y cambios estructurales en la sociedad, un nuevo hecho vuelve a ponerlo en entredicho. Esto tras la suspensión de las cumbres internacionales APEC y COP25 y el traslado de la final de la Copa Libertadores a Lima. El animador y la mandamás de la institución de beneficencia declararon durante la jornada que el show se realizará en abril del 2020.
El masivo evento, pese a contribuir con dinero a la fundación que brinda servicios a personas con discapacidad, ha sido cuestionado por organizaciones de personas en situación de discapacidad por fomentar el morbo y la victimización en un show televisivo, además de contribuir a una limpieza de imagen del empresariado nacional. A estas críticas se han sumado las voces que señalan que la Teletón se realiza porque el Estado chileno no cumple con garantizar derechos básicos para las personas en situación de discapacidad.
La Teletón ha sido explotada comercialmente por la industria televisiva chilena hace décadas y este mismo nicho de negocios ha sido uno de los centros de los cuestionamientos al modelo por parte de organizaciones políticas y sociales. Los canales de televisión han sido blanco de protestas y ataques contra sus instalaciones por parte de manifestantes, que han denunciado a los canales como parte del entramado de poder de la clase política y económica que tiene sumido al país en la actual crisis.
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