Por Diario del Juicio*, Resumen Latinoamericano, 16 de Diciembre de 2019.
En la primera audiencia del juicio contra dos militantes populares que participaron de las manifestaciones de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional, se leyeron los cargos con los que se hizo la elevación a juicio y se presentaron pedidos de nulidades y recusaciones al juez. Las audiencias serán todos los lunes. Se espera un juicio extenso, con casi 200 testigos. Compartirmos una crónica de la primera jornada. (Por El Diario del Juicio*)
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Texto 
Luis Angió (La Retaguardia) Andrés Masotto (Radio Presente)
Fotos Luis Angió
Edición Fernando Tebele (La Retaguardia)
Foto de Portada: Desde el escenario, toma la palabra Daniel Ruiz, uno de los imputados en la causa.
Texto Luis Angió (La Retaguardia) Andrés Masotto (Radio Presente) Fotos Luis Angió Edición Fernando Tebele (La Retaguardia) Foto de Portada: Desde el escenario, toma la palabra Daniel Ruiz, uno de los imputados en la causa.
El 18 de diciembre de 2017, mientras la Cámara de Diputados (y diputadas) sesionaba por la Reforma Previsional, un nuevo cálculo que afectaría gravemente el monto de las jubilaciones. Afuera, sobre la Plaza del Congreso (y más tarde sobre calles aledañas), la Policía de la Ciudad reprimió duramente a las decenas de miles de personas que se manifestaban contra el ajuste. La represión policial fue desproporcionada. Dispararon perdigones a corta distancia contra trabajadores/as de prensa. Arrojaron una gran cantidad de bombas lacrimógenas hacia la multitud. Produjeron lesiones oculares con balines de goma e incluso atropellaron a manifestantes. Sin embargo, el foco político, y también el de los medios tradicionales de comunicación, estuvo puesto en unas pocas personas.
Este 25 de noviembre, después de varios amagues, empezó el juicio que tiene en el banquillo de los imputados a Daniel Ruiz, dirigente sindical del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), y a César Arakaki, militante del Partido Obrero (PO). Se los acusa de intimidación pública, y resistencia a la autoridad aunque a Arakaki, además se le suma la de lesiones en agresión. Fernando Dimas Ponce, también del PO, y Mariano Stansiola, de la UOM de La Matanza, firmaron una probation que se encuentra en Casación a la espera de una resolución.
Este 25 de noviembre, después de varios amagues, empezó el juicio que tiene en el banquillo de los imputados a Daniel Ruiz, dirigente sindical del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), y a César Arakaki, militante del Partido Obrero (PO). Se los acusa de intimidación pública, y resistencia a la autoridad aunque a Arakaki, además se le suma la de lesiones en agresión. Fernando Dimas Ponce, también del PO, y Mariano Stansiola, de la UOM de La Matanza, firmaron una probation que se encuentra en Casación a la espera de una resolución.
Además del Ministerio Público Fiscal, la parte acusatoria tiene como querellante particular al policía Brian Escobar, quien habría sido agredido por Arakaki y Ponce, que estuvieron privados de su libertad algo más de una semana.
El tribunal, unipersonal en este caso, estará a cargo de Javier Feliciano Ríos, representante del Tribunal Oral Federal Nº3 y la causa en la Nº 20270/17.
La audiencia comenzó con la lectura de la elevación a juicio por parte de la fiscal Alejandra Mangano, jueza de instrucción, en la que se detallan los eventos de aquel día, junto a testimonios y todo material audiovisual que la instrucción crea pertinente.
El juicio tiene más de 200 testigos, por lo que se estima que puede durar varios meses, ya que se realizarán sólo los días lunes por la tarde, y en pocas semanas los tribunales entrarán en la feria del mes de enero.
Sobre los hechos que implican a Daniel Ruiz, la fiscal leyó: “No puede pasar por alto la vinculación que tenía Ruiz con Sebastián Romero, ello así no solo porque se los puede observar en el video actuando de modo conjunto, sino que además como producto de la pericia llevada a cabo sobre la computadora secuestrada al aquí imputado se logró obtener archivos relacionados con Romero”. El militante del PSTU, Sebastián Romero, quedó señalado desde aquel día por fotos y videos que lo muestran arrojando pirotecnia casera. Se encuentra prófugo desde el día en que le dictaron la orden de captura tras la exposición masiva de las imágenes.
El tribunal, unipersonal en este caso, estará a cargo de Javier Feliciano Ríos, representante del Tribunal Oral Federal Nº3 y la causa en la Nº 20270/17.
La audiencia comenzó con la lectura de la elevación a juicio por parte de la fiscal Alejandra Mangano, jueza de instrucción, en la que se detallan los eventos de aquel día, junto a testimonios y todo material audiovisual que la instrucción crea pertinente.
El juicio tiene más de 200 testigos, por lo que se estima que puede durar varios meses, ya que se realizarán sólo los días lunes por la tarde, y en pocas semanas los tribunales entrarán en la feria del mes de enero.
Sobre los hechos que implican a Daniel Ruiz, la fiscal leyó: “No puede pasar por alto la vinculación que tenía Ruiz con Sebastián Romero, ello así no solo porque se los puede observar en el video actuando de modo conjunto, sino que además como producto de la pericia llevada a cabo sobre la computadora secuestrada al aquí imputado se logró obtener archivos relacionados con Romero”. El militante del PSTU, Sebastián Romero, quedó señalado desde aquel día por fotos y videos que lo muestran arrojando pirotecnia casera. Se encuentra prófugo desde el día en que le dictaron la orden de captura tras la exposición masiva de las imágenes.
Daniel Ruiz fue puesto en libertad hace algo más de un mes, luego de pasar un año y un mes en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, de máxima seguridad, cuando los delitos que se le imputan son excarcelables. La primera audiencia continuó con el relato de los hechos, que en ningún momento menciona el accionar de las fuerzas de seguridad, sino que pone el foco en la conducta de los manifestantes, en general, y los imputados, en particular.
Más temprano, previo al comienzo de esta primera audiencia, se realizó un acto frente a los Tribunales de Comodoro Py 2002, en el que estuvieron dirigentes de organizaciones sociales, barriales y políticas, donde bajo una lluvia torrencial se escuchó la palabra de varias y varios referentes de esas organizaciones exigiendo la nulidad del juicio y la libertad para los luchadores procesados. Entre quienes acompañaron estaba, por supuesto, Nora Cortiñas, referente principal de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Tanto César Arakaki como Daniel Ruiz se mostraron esperanzados frente a la resolución del proceso. Por su parte, el abogado de Ruiz, Martín Alderete (de CADEP), sugirió que buscará la nulidad del juicio ya que, como se mencionó anteriormente, los delitos que se le imputan a ambos acusados son excarcelables pero, sin embargo, ya pasaron tiempo presos.
Más temprano, previo al comienzo de esta primera audiencia, se realizó un acto frente a los Tribunales de Comodoro Py 2002, en el que estuvieron dirigentes de organizaciones sociales, barriales y políticas, donde bajo una lluvia torrencial se escuchó la palabra de varias y varios referentes de esas organizaciones exigiendo la nulidad del juicio y la libertad para los luchadores procesados. Entre quienes acompañaron estaba, por supuesto, Nora Cortiñas, referente principal de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Tanto César Arakaki como Daniel Ruiz se mostraron esperanzados frente a la resolución del proceso. Por su parte, el abogado de Ruiz, Martín Alderete (de CADEP), sugirió que buscará la nulidad del juicio ya que, como se mencionó anteriormente, los delitos que se le imputan a ambos acusados son excarcelables pero, sin embargo, ya pasaron tiempo presos.
A las 15 horas, la sala de audiencias, en la que no entran más de veinte personas, se se encontraba colmada de referentes de organismos de DDHH, como Norita Cortiñas y Luis Zamora; de organizaciones sindicales de CONADU HISTÓRICA; la legisladora electa por el FIT-U Alejandrina Barry; Cristina Mena, del MTL 12 de Abril, entre otras.La prensa tuvo que realizar varias gestiones para poder ingresar.,
El inicio de la audiencia sólo se vió alterado por la irrupción del abogado defensor de Brian Escobar, Luis María Jaime de La Torre, quien sin que el juezl le diera la palabra planteó que iba a solicitar la anulación del juicio., El juez dos veces le indicó que su petición era improcedente en esos momentos.
Una vez leídos todos los argumentos de la fiscalía y la querella para que sea elevada a juicio esta causa, dando por iniciado el juicio oral, el juez le cedió la palabra al abogado querellante por parte del policía Escobar, quien entonces se explayó con sus argumentaciones contra la continuidad del juicio, pidiendo se suspenda el mismo, argumentando que tanto la probation de Ponce como las de Stanciola, si bien fue aceptada por el tribunal de primera instancia, se encuentra a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal y por lo tanto si esta última la rechaza, se debería comenzar nuevamente el juicio con toda la implicancia que tendría el mismo, al tener que volver atrás los temas ya debatidos, incluso con los testigos que ya hayan declarado. Recordamos que la probation es un derecho al que puede acceder un imputado en algunos delitos, y que sustituye su participación en el juicio por la realización de trabajo social. El acceso a la probation no supone asumir la culpabilidad.
El abogado querellante solicitó la recusación del juez Ríos, ya que consideró que durante unos trámites que tuvo que realizar en el juzgado días pasados, no tenía la suficiente garantía de su seguridad personal porque ningún integrante del juzgado lo había atendido, y tuvo que “arriesgar su vida personal” por no saber si podían atentar en su contra.
Llegado el turno de responder el fiscal, manifestó que en ningún caso consideraba que la recusación planteada tenía certidumbre, toda vez que de la Torre nunca probó fehacientemente algún hecho que pudiera haberlo puesto en riesgo en forma personal.
Respecto a la nulidad del juicio, dio por sentado que la querella tuvo tiempo suficiente para pedir la misma, dado que estaban dadas las condiciones en el momento de la instrucción para hacer ese pedido, por lo que rechazó el mismo y planteó que de darse el rechazo a la probation de Ponce y Stanciola, los mismos se pueden sumar al juicio desde el momento que se encuentre en desarrollo.
En cuanto a la defensa de Arakaki, Liliana Alanís, abogada defensora junto a Claudia Ferrero, coincidió con los argumentos del fiscal en cuanto al pedido de nulidad del juicio por parte de la querella, y solicitó un cuarto intermedio para poder resolver con su defendido conveniencia de esa suspensión, ya que tanto Arakaki como Ponce están imputados ambos como coautores de los hechos por los que se los acusa.
Por último Martín Alderete, abogado de Ruiz, solicitó, como lo viene haciendo desde hace meses, la pronta resolución en este juicio, teniendo en cuenta que de los cuatro imputados, Ruiz es el único que estuvo detenido más de un año en la prisión de Marcos Paz, y quiere que se resuelva el caso lo antes posible.
Para terminar la jornada, el juez Ríos aceptó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 14,30 hs, tal como lo pidió Alanís, no sin antes desechar el pedido de recusación efectuado por la querella a nombre del policía Escobar. Posteriormente se comenzará con los alegatos preliminares de la defensa y las querellas.
El inicio de la audiencia sólo se vió alterado por la irrupción del abogado defensor de Brian Escobar, Luis María Jaime de La Torre, quien sin que el juezl le diera la palabra planteó que iba a solicitar la anulación del juicio., El juez dos veces le indicó que su petición era improcedente en esos momentos.
Una vez leídos todos los argumentos de la fiscalía y la querella para que sea elevada a juicio esta causa, dando por iniciado el juicio oral, el juez le cedió la palabra al abogado querellante por parte del policía Escobar, quien entonces se explayó con sus argumentaciones contra la continuidad del juicio, pidiendo se suspenda el mismo, argumentando que tanto la probation de Ponce como las de Stanciola, si bien fue aceptada por el tribunal de primera instancia, se encuentra a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal y por lo tanto si esta última la rechaza, se debería comenzar nuevamente el juicio con toda la implicancia que tendría el mismo, al tener que volver atrás los temas ya debatidos, incluso con los testigos que ya hayan declarado. Recordamos que la probation es un derecho al que puede acceder un imputado en algunos delitos, y que sustituye su participación en el juicio por la realización de trabajo social. El acceso a la probation no supone asumir la culpabilidad.
El abogado querellante solicitó la recusación del juez Ríos, ya que consideró que durante unos trámites que tuvo que realizar en el juzgado días pasados, no tenía la suficiente garantía de su seguridad personal porque ningún integrante del juzgado lo había atendido, y tuvo que “arriesgar su vida personal” por no saber si podían atentar en su contra.
Llegado el turno de responder el fiscal, manifestó que en ningún caso consideraba que la recusación planteada tenía certidumbre, toda vez que de la Torre nunca probó fehacientemente algún hecho que pudiera haberlo puesto en riesgo en forma personal.
Respecto a la nulidad del juicio, dio por sentado que la querella tuvo tiempo suficiente para pedir la misma, dado que estaban dadas las condiciones en el momento de la instrucción para hacer ese pedido, por lo que rechazó el mismo y planteó que de darse el rechazo a la probation de Ponce y Stanciola, los mismos se pueden sumar al juicio desde el momento que se encuentre en desarrollo.
En cuanto a la defensa de Arakaki, Liliana Alanís, abogada defensora junto a Claudia Ferrero, coincidió con los argumentos del fiscal en cuanto al pedido de nulidad del juicio por parte de la querella, y solicitó un cuarto intermedio para poder resolver con su defendido conveniencia de esa suspensión, ya que tanto Arakaki como Ponce están imputados ambos como coautores de los hechos por los que se los acusa.
Por último Martín Alderete, abogado de Ruiz, solicitó, como lo viene haciendo desde hace meses, la pronta resolución en este juicio, teniendo en cuenta que de los cuatro imputados, Ruiz es el único que estuvo detenido más de un año en la prisión de Marcos Paz, y quiere que se resuelva el caso lo antes posible.
Para terminar la jornada, el juez Ríos aceptó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 14,30 hs, tal como lo pidió Alanís, no sin antes desechar el pedido de recusación efectuado por la querella a nombre del policía Escobar. Posteriormente se comenzará con los alegatos preliminares de la defensa y las querellas.
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Crónica del Juicio -Día 2- A la misma hora en dos lugares
En la Sala A de los Tribunales de Comodoro Py tuvo lugar la segunda audiencia por el juicio contra Daniel Ruiz y César Arakaki. Braian Escobar, policía y querellante, estuvo ausente, impedido de abandonar su puesto de trabajo. Otro intento de nulidad fue protagonista en la sesión. (Por El Diario del Juicio*)
Texto Andrés Masotto (Radio Presente)
Texto Andrés Masotto (Radio Presente) Edición Luis Angió (La Retaguardia) y Fernando Tebele (La Retaguardia) Foto de Portada: Minutos antes del comienzo de la audiencia, César Arakaki y Daniel Ruiz juntos a los dirigentes del Partido Obrero Juan Pablo Rodríguez y Néstor Pitrola, y el actor Iván Moschner.
Son las 14.55 y Javier Feliciano Ríos, Presidente del tribunal unipersonal, ingresa a la sala A del TOF Nº3, ubicada en la planta baja de Comodoro Py. Se da por iniciada la segunda audiencia del juicio que tiene a Daniel Ruiz y César Arakaki como imputados, y al policía Braian Escobar, ausente en la sala, como querellante.
Los acusados están sentados a la par. Minutos antes del comienzo bromean, sonríen y se sacan fotos. Evidentemente, mantienen la postura positiva que demostraron una semana atrás, en el comienzo de este juicio que, en primera instancia, tendría más de 200 testigos y una duración difícil de estimar.
Al comienzo de la sesión, al presentarse las partes, es evidente que falta alguien: el policía Braian Escobar, querellante en la causa, no ocupa su asiento junto a Luis María Jaime de la Torre, su abogado. Y es de la Torre quien, enseguida, excusa a su representado: “Hasta hace una hora el señor Escobar iba a venir, pero la Superintendencia no le permitió abandonar su puesto de trabajo”, explica. La respuesta del juez es clara: si la prohibición de participar se repitiera, el representante deberá conseguir un poder.
El 18 de diciembre de 2017 había cámaras de televisión por todas partes. La represión que ejecutó la Policía de la Ciudad y los enfrentamientos tuvieron incontables horas de aire. Y eso sin contar el material recabado por cámaras de seguridad que vigilan cada baldosa de la zona. Es por eso que el fiscal Juan Patricio García Alorrio pide la palabra para referirse a un inconveniente sobre las pruebas materiales: dice que la prueba audiovisual recogida por la instrucción suma muchas horas y es prácticamente imposible procesarlas, por lo que sugiere hacer una selección. Las defensas (Liliana Alanís y Claudia Ferrero, por César Arakaki; Martín Alderete y Mario Villarreal, por Daniel Ruiz) aprueban la sugerencia. La reacción en la mesa de la querella es opuesta: otra vez se escucha la voz de de la Torre que exige que la totalidad de la prueba sea procesada. El juez Ríos lo mira, impaciente, y finalmente no resuelve qué se hará con las pruebas.
Pedidos de nulidad
Ahora es el turno de las defensas, que en la primera audiencia mostraron una posición firme para exigir la nulidad del juicio. Una semana después, la idea no cambió: el primero en tomar la palabra es Martín Alderete que, con el pedido de elevación a juicio abierto en la mesa, resaltado y anotado, dice que ese texto, elaborado por la instrucción, viola el derecho a la defensa. Se toma una pausa para tomar agua, mientras el público en la sala, atento, se zambulle en un silencio frío él sigue. Toda su línea argumental camina sobre la falta de detalle de la conducta de su defendido. Enumera todos los párrafos que vagamente mencionan el accionar de Daniel Ruiz pero, en ningún momento, especifican dónde, cómo o con quienes realizó las acciones que se le imputan. Y hacia el final, saca el as escondido bajo la manga de su saco negro: la elevación a juicio ubica a Ruiz haciendo lo mismo a las 14 y a las 16, contradiciendo, en palabras de Alderete, la temporo-espacialidad; es decir, resalta la imposibilidad de repetir exactamente la misma acción, con las mismas personas y en el mismo lugar, en dos momentos diferentes.
Mario Villarreal, sacude los pies bajo la silla como si fuera un baterista de rock. Impávido en su relato y sus expresiones, adhiere a su compañero Martín Alderete, pero poneénfasis en una situación: los delitos que se le imputan a su defendido son excarcelables, y Daniel Ruiz ya pasó un año y un mes en un penal de máxima seguridad, por lo que no debería estar siendo juzgado. Su cierre apunta contra los vicios de arbitrariedad de la justicia, y reflota la figura de presos políticos para definir la situación de su defendido y Arakaki.
Es el turno de Liliana Alanís y Claudia Ferrero, y es Alanís quien se expresa y hace propia la intervención anterior de Martín Alderete, que resaltó la falta de especificación en la conducta de los acusados. “¿Dónde es que Arakaki arrojó piedras? ¿Contra quién? ¿Contra quiénes?”, se pregunta en voz alta, mirando al juez, ya que el texto del pedido de elevación a juicio no le responde.
Javier Feliciano Ríos se recuesta sobre su silla, tal vez esperando que la sesión mantenga la calma que trae hasta el momento, pero Luis María Jaime de la Torre atropella el silencio y arranca, ofuscado. Dice que los dos imputados son culpables de desobediencia civil y delincuencia civil. Señala dos libros que tiene sobre su mesa, cuenta que son recopilaciones sobre derecho de autores soviéticos y alemanes, y que como vivieron la época del Holocausto y la guerra, entienden sobre el tema (sic). Mientras habla, su rostro va tomando un tono cada vez más rojo. Intenta explicar su argumento, pero se enrieda. “Vaya al punto, doctor”, le solicita el juez. De la Torre finaliza su intervención y en la sala todos y todas intercambian miradas de incredulidad.
La última aparición en escena de la tarde es, nuevamente, a del fiscal García Alorrio. Acusado de promover una elevación a juicio desprolija y portadora de cierta intencionalidad, solicita un cuarto intermedio para que el Ministerio Público Fiscal procese el pedido de nulidad y formule una respuesta. Feliciano Ríos accede y se levanta la sesión hasta el lunes siguiente, en lo que será la tercera y última audiencia hasta el regreso de la feria judicial.
Según se anunció una vez terminada la sesión, el lunes siguiente Daniel Ruiz, uno de los imputados, pedirá la palabra para expresarse sobre la causa en la que se lo acusa de intimidación pública y resistencia a la autoridad.
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Crónica del Juicio -Día 3- ¿La tercera es la vencida?
La tercera jornada del juicio contra los militantes populares que participaron de la manifestación contra la Reforma Previsional, transcurrió con una lentitud tan difícil de explicar como el proceso mismo. Se esperaba que declarara uno de los imputados, Daniel Ruiz, del PSTU, pero el juez postergó su pedido para la próxima audiencia.(Por El Diario del Juicio*)
Texto Andrés Masotto (Radio Presente) Foto de Portada:Mario Villarreal junto a Daniel Ruiz, y César Arakaki junto a Claudia Ferrero y Martín Alderete.
El clima fuera de la sala -una diferente a la anterior: esta vez la Sala F del 7° piso- es de expectativa. La veintena de personas que llegaron hasta Comodro Py para acompañar a César Arakaki y Daniel Ruiz en la tercera audiencia de un juicio que no se termina de comprender, conversa y despliega ideas sobre qué puede llegar a pasar en la continuidad (o no) del proceso.
No es una audiencia más: un día después asumirá el nuevo gobierno y son muchos los que piensan, aunque sin perder cierto escepticismo, que el traspaso de mando podría -o debería- traer la absolución a Arakaki y Ruiz en el bolsillo.
El suspenso que se eleva por la sala es alimentado por otra vertiente: el Ministerio Público Fiscal, en la voz de Juan Patricio García Alorrio, debe responder hoy a los pedidos de nulidad solicitados por las defensas de ambos imputados. Pero antes, el juez Javier Feliciano Ríos comenta que Daniel Ruiz ingresó un escrito solicitando viajar la semana siguiente a Comodoro Rivadavia, su lugar de residencia, para la graduación de su hija, y también pidió ampliar su declaración indagatoria amparándose en que toda su declaración fue tomada en un contexto de encierro, en un penal de máxima seguridad, con todo lo que eso implica. El permiso para el viaje es concedido sin inconvenientes; la segunda solicitud, la ampliación de la indagatoria, deberá aguardar resolución.
Es momento de que la fiscalía responda los pedidos de nulidad: la esperanza de una recepción favorable se nota en el público y agrega aún más suspenso a la escena. El relato del fiscal, pausado e interrumpido con períodos de silencio, colabora a sostener este ambiente.
García Alorrio, en un lenguaje muy técnico, advierte que la interpretación de las defensas de las anomalías del pedido de elevación a juicio es forzada y requieren lograr un detalle en la descripción de los hechos difícil de lograr; la fiscalía considera que la instrucción y la redacción del texto son correctas y permitieron ampliamente la preparación de la defensa técnica y material. Repetidas veces sostiene que los eventos que están en juicio deberán resolverse con la participación de todas las partes, ya que “el debate tiene como fin saber si el comportamiento de los imputados estuvo ajustado a derecho o no”.
El policía acusador, Braian Escobar, presente esta vez, flanqueado por su equipo de abogados, presencia la sesión cruzado de brazos, impávido. Alrededor de treinta minutos después de haber comenzado a compartir la respuesta de la fiscalía, García Alorrio cierra sosteniendo que, además de lo anteriormente expuesto, con el escrito presentado por Daniel Ruiz queda claro que el acusado comprende y tiene pleno conocimiento de los delitos que se le imputan.
Finalizada la disertación del fiscal, Feliciano Ríos se apura a llamar a un cuarto intermedio hasta el lunes siguiente. Daniel Ruiz toma el micrófono y exige poder declarar ahora mismo. Dice que el lunes siguiente, como confirmó el mismo Ríos, estará en Comodoro, y quiere dar su versión de los hechos fuera del penal donde pasó un año y un mes. Hasta la persona menos atenta al desarrollo de esta audiencia podría darse cuenta de que Daniel, realmente, quiere ampliar su declaración: es evidente que tiene algo para decir. Feliciano Ríos, algo impaciente, le pide que tenga paciencia porque ahora deberá procesar la respuesta de la fiscalía y, durante la semana, definir cómo continúa el juicio (e incluso si continúa). También agrega que, la próxima vez, sean sus abogados quienes se expresen, que para algo están ahí.
Fuera de las rejas que bordean el imponente edificio de Comodoro Py, Daniel Ruiz toma el megáfono y narra la sesión para los compañeros y compañeras que no pudieron ingresar. Se lo nota confiado y, una vez apagado el megáfono, sentencia, muy seguro: “esta fue la última audiencia, si el juez me dejo ir a Comodoro, es porque ya está”. Pero nadie entiende bien si es así. Simplemente porque el juicio no se comprende.
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*Este diario del juicio contra dos militantes que participaron de las manifestaciones en contra de la Reforma Previsional, en diciembre del año 2017, es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia y Radio Presente. Tiene la finalidad de difundir este debate oral y público sobre los hechos de aquellos días, en los que la represión fue feroz, pero se juzga a quienes protestaron. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguimos en https://juicio7pergamino.blogspot.com
Lanzan Huelga de hambre exigiendo la libertad de las y los presos políticos
Resumen Latinoamericano, 16 diciembre 2019
COMUNICADO DEL ENCUENTRO ANTIIMPERIALISTA
Hace unos 10 días, desde el Encuentro Antiimperialista CABA, en este sitio web destacábamos la victoria que obtuvo Moira Millán con la absolución en una causa armada de persecución a los que luchan; publicábamos el brillante alegato que en defensa propia esgrimió contra el «lawfare» la vicepresidenta electa y presidenta mandato cumplido en dos ocasiones, Cristina Fernández de Kirchner; y convocábamos a varias de las actividades que forman parte de la campaña «por una Navidad sin presxs políticxs».
Como resultado de la lucha hasta el momento, se van produciendo nuevos, pero limitados, avances (como es el caso de que De Vido haya salido de prisión y continúe en su domicilio su privación de la libertad, y Baratta también haya salido de prisión y esté en una libertad controlada por GPS, avances en la situación concreta pero que de todas maneras no dejan de ser agraviantes en tanto que la injusticia sigue), y por otro falta mucho todavía para lograr la merecida libertad para todxs lxs presxs políticxs… además con situaciones que se hacen más dramáticas, como es el caso de la presa política Adriana Condorí en Jujuy, que intentó quitarse la vida debido al hostigamiento que sufre en la provincia gobernada por el cipayo golpista, Gerardo Morales.
O sea que hay que continuar y profundizar el empeño, hay que redoblar esfuerzos, hay que seguir luchando, con más determinación. En este sentido diversas organizaciones y personalidades hemos decidido acompañar la medida del Padre Paco Olveira, creyente católico en opción por los pobres, de realizar una huelga de hambre de tres días, desde el 17 al 19 de diciembre, frente al palacio de tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.
Como resultado de la lucha hasta el momento, se van produciendo nuevos, pero limitados, avances (como es el caso de que De Vido haya salido de prisión y continúe en su domicilio su privación de la libertad, y Baratta también haya salido de prisión y esté en una libertad controlada por GPS, avances en la situación concreta pero que de todas maneras no dejan de ser agraviantes en tanto que la injusticia sigue), y por otro falta mucho todavía para lograr la merecida libertad para todxs lxs presxs políticxs… además con situaciones que se hacen más dramáticas, como es el caso de la presa política Adriana Condorí en Jujuy, que intentó quitarse la vida debido al hostigamiento que sufre en la provincia gobernada por el cipayo golpista, Gerardo Morales.
O sea que hay que continuar y profundizar el empeño, hay que redoblar esfuerzos, hay que seguir luchando, con más determinación. En este sentido diversas organizaciones y personalidades hemos decidido acompañar la medida del Padre Paco Olveira, creyente católico en opción por los pobres, de realizar una huelga de hambre de tres días, desde el 17 al 19 de diciembre, frente al palacio de tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.
Cualquier avance, por mínimo que sea, es conquistado con lucha. Todos sabemos que los jueces son unos cobardes que se compran y se venden al poder de turno. No entienden de razones, porque si entendieran de razones, serían verdaderos servidores del derecho y la justicia, y no cínicos prevaricadores. Si entendieran de razones, la movilización no sería necesaria, porque ya los jueces harían justicia de manera espontánea, por integridad moral y jurídica. Como no es así, sólo «entienden» de poder. Por lo tanto, debemos hacerles sentir la autoridad del poder popular, tanto moral como material: mientras más luchemos, más cerca estará el momento en que salgan los que están privados de la libertad, que forman parte de la pesada herencia macrista de rehenes y persecuciones políticas.
Como decimos siempre desde el Encuentro Antiimperialista CABA, un gobierno a favor del pueblo debe hacer todo lo que esté a su alcance para liberar a los rehenes que secuestró el anti-pueblo, y nosotros debemos ayudar con nuestra lucha, con nuestra unidad, con nuestra solidaridad, con nuestra organización.
Frente al aumento de las retenciones fijan posición los pequeños productores agrarios
Resumen Latinoamericano, 16 diciembre 2019
Comunicado de las organizaciones campesinas ante el aumento de las retenciones
Los Pequeños Productores, campesinos, campesinas y trabajadores rurales apoyamos las políticas para la redistribución de la riqueza.
Desde nuestras organizaciones agrarias, conformada por pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas y pueblos originarios, queremos saludar la medida tomada por el gobierno del presidente Alberto Fernandez junto a los ministros Luis Basterra, Martin Guzmán y Santiago Cafiero, respecto al aumento de retenciones para los exportadores. Entendemos que esta medida apunta a resolver la emergencia social en la que se encuentra inmerso nuestro país luego de cuatro años de neoliberalismo en el poder.
Esta medida implica caminar en la senda de reformas para la justicia fiscal, donde aquellos sectores de la sociedad que más ganancias se apropian aporten a los fondos que alivien el sufrimiento de los más humildes. Resolver la situación de hambre e indigencia del más del 40% de la población debe no ser solo la prioridad del gobierno, sino un deber de toda la sociedad.
Sabemos que estas medidas, orientada a uno de los sectores de mayor concentración de poder económico que es el conglomerado exportador, tienen como objetivo también poder influir en los precios internos a fin de aliviar también a las familias de clase media.
Este aumento no pone en riesgo los niveles de rentabilidad de los sectores concentrados, y son justamente estos lo que toman de rehenes a nuestros pequeños y medianos productores y productoras, trasladándoles los costos de estas medidas. Por lo que confiamos que las mismas serán acompañadas con otras complementarias para el fortalecimiento de la agricultura familiar. Para que más paguen los que más tienen aspiramos a que este inicio evolucione en un esquema de retenciones segmentadas para que no seamos afectados en nuestra actividad productiva.
Nuestro trabajo es el alimento del pueblo
¡Ningún campesino sin tierra!
¡Ni Pueblos originarios sin territorio!
¡Tierra Techo y Trabajo!
MTE Rural
MNCI VIA CAMPESINA
ENOTPO
ACINA
FRENTE AGRARIO EVITA
FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA
OPINOA
UTR Córdoba
GRITO DE ALCORTA
AMRAF- Asociación de mujeres Rurales Argentinas federadas.
MNCI VIA CAMPESINA
ENOTPO
ACINA
FRENTE AGRARIO EVITA
FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA
OPINOA
UTR Córdoba
GRITO DE ALCORTA
AMRAF- Asociación de mujeres Rurales Argentinas federadas.
¡Porque no todo el campo es lo mismo!
El otro campo
Resumen Latinoamericano /Canal Abierto /16 diciembre, 2019
Mientras se espera la reunión de los jefes ruralistas con el gobierno y se reiteran los rumores de protestas contra la actualización de los derechos de exportación, distintos sectores del campo se adelantaron pronunciándose a favor de las retenciones y las medidas redistributivas.
2008, el alejamiento del oficialismo del entonces jefe de Gabinete y actual presidente, Alberto Fernández, tuvo mucho que ver con la Resolución 125. La medida imponía retenciones al campo y finalmente no salió, pero fue mucho más que eso. La 125 dividió aguas para siempre en la sociedad y también en el peronismo.
Desde entonces, en el imaginario social argentino la palabra “retenciones” opera como un significante poderoso que despierta pasiones a uno y otro lado de una grieta que se abría en 2008 y que la nueva gestión brega por cerrar once años después. Habida cuenta de que fue el macrismo y sus adalides quienes más se beneficiaron de ella.
Este sábado por la mañana, el decreto 37/2019 salió publicado en el Boletín Oficial y estipuló que las retenciones a las exportaciones de granos pasarán a tener una alícuota del 12%, en lugar del monto fijo de 4 pesos por dólar, establecido en 2018 cuando la divisa apenas rondaba los $40. La medida operó como un déjà vu.
El clima se había caldeado ya el viernes, cuando curiosamente el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, decidió sacar del cajón una causa del tan emblemático 2008 contra los dirigentes rurales Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Luciano Miguens, Hugo Biolcati y Fernando Ginoino por haber cortado la ruta 9. Y los procesó.
Inútil fue que el Presidente pidiera a los productores agropecuarios “que no se inquieten” y explicara que sólo se trata de una actualización de las “las retenciones que ya existían” y que, por cierto, Mauricio Macri se vio obligado a reponer cuando la inflación estragaba los salarios.
Inmediatamente, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, señaló que el Presidente “comienza a faltar a su palabra” porque éste no es un anuncio “a favor de la producción, alentándola”, como esperaban desde la confederación. En tanto, Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural, aseguró que cuando Fernández “era candidato dijo que nos iba a consultar, y eso no ha sucedido”. Los diarios de mayor tirada hicieron su parte.
La historia no se repite igual
Pero, a diferencia de entonces, el campo de 2019, crisis mediante, ya no es un bloque unido y nuevos actores pesan con voz propia. “Las retenciones son un instrumento de la economía, y a diferencia de lo que muchos plantean, que no sirven para nada, a nuestro entender sirven para ayudar a la agroindustria nacional, a la ganadería, a las producciones”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) que representa a entidades agropecuarias y agroalimentarias.
“La medida nos sorprendió como a muchos, si bien éramos conscientes de que esto se venía y que había que actualizar, lo estábamos conversando con algunos funcionarios y pensábamos que antes del anuncio íbamos a poder charlarlo. Pero ya está, la decisión está tomada y sí nos parece que ahora debería llegar una segmentación. Los productores más chicos no pueden pagar lo mismo que un productor grande –analiza Rossi-. Es el momento de poder sentarse a discutir y armar el esquema de retenciones en base a beneficiar a los productores más chicos y de esta manera reactivar la economía del interior del país. Estamos conversando y estimamos que puede llegar a buen puerto, que tendremos buenas noticias en las próximas horas”.
Por su parte, desde el Foro Agrario Nacional, a través de un comunicado titulado Retenciones: el campo que sí las apoya, afirmaron acompañar “medidas redistributivas como las retenciones a la exportación, sobre todo en momentos de una Emergencia Social y Alimentaria”.
“Nuestro campo, el que trabaja con los pies en la tierra, propone retenciones segmentadas. Esto quiere decir gravar la exportación según la facturación de las cooperativas y la situación de las economías regionales. En este sentido era lógico que el nuevo gobierno iba a actualizar el derecho a exportación. Los $4 adicionales fueron tomados con un dólar a $38 contra los $63 actuales”, reza el comunicado.
Tampoco faltaron críticas a la Mesa de Enlace que, según Rossi, “no representa a todo el sector productivo”. “Ahí tampoco hay un acuerdo sobre el tema, porque a los productores más grandes no les interesa la segmentación y a los productores más chicos sí. Hay una cantidad de entidades, como nuestras cooperativas, que no están representadas en la Mesa de Enlace y que tenemos propuestas. Hoy parece que todo es retenciones, pero está el tema del financiamiento, el seguro contra riesgo, los caminos rurales, hay muchas políticas que se pueden tratar. Y con las retenciones se pueden generar fondos de incentivo como, por ejemplo, a la exportación de carne”, agrega.
Por su parte, el Foro Agrario diseñó un Programa Agrario Soberano y Popular con 21 propuestas concretas que fueron presentadas en más de diez provincias argentinas y que esperan sea tomado por el nuevo gobierno.
Otras agrupaciones de peque pequeños productores, campesinos, pueblos originarios y trabajadores rurales también salieron a apoyar públicamente la decisión del gobierno.
“Entendemos que esta medida apunta a resolver la emergencia social en la que se encuentra inmerso nuestro país luego de cuatro años de neoliberalismo en el poder. Esta medida implica caminar en la senda de reformas para la justicia fiscal, donde aquellos sectores de la sociedad que más ganancias se apropian aporten a los fondos que alivien el sufrimiento de los más humildes. Resolver la situación de hambre e indigencia del más del 40% de la población debe no ser solo la prioridad del gobierno, sino un deber de toda la sociedad”.
“Sabemos que estas medidas, orientada a uno de los sectores de mayor concentración de poder económico que es el conglomerado exportador, tienen como objetivo también poder influir en los precios internos a fin de aliviar también a las familias de clase media. Este aumento no pone en riesgo los niveles de rentabilidad de los sectores concentrados, y son justamente estos lo que toman de rehenes a nuestros pequeños y medianos productores trasladándoles los costos de estas medidas”, concluye el comunicado firmado por MTE Rural; MNCI Vía Campesina; Frente Agrario Evita; Federación Nacional Campesina; y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federadas, entre otras.
Otras agrupaciones de peque pequeños productores, campesinos, pueblos originarios y trabajadores rurales también salieron a apoyar públicamente la decisión del gobierno.
“Entendemos que esta medida apunta a resolver la emergencia social en la que se encuentra inmerso nuestro país luego de cuatro años de neoliberalismo en el poder. Esta medida implica caminar en la senda de reformas para la justicia fiscal, donde aquellos sectores de la sociedad que más ganancias se apropian aporten a los fondos que alivien el sufrimiento de los más humildes. Resolver la situación de hambre e indigencia del más del 40% de la población debe no ser solo la prioridad del gobierno, sino un deber de toda la sociedad”.
“Sabemos que estas medidas, orientada a uno de los sectores de mayor concentración de poder económico que es el conglomerado exportador, tienen como objetivo también poder influir en los precios internos a fin de aliviar también a las familias de clase media. Este aumento no pone en riesgo los niveles de rentabilidad de los sectores concentrados, y son justamente estos lo que toman de rehenes a nuestros pequeños y medianos productores trasladándoles los costos de estas medidas”, concluye el comunicado firmado por MTE Rural; MNCI Vía Campesina; Frente Agrario Evita; Federación Nacional Campesina; y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federadas, entre otras.
Envio:RL
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