Por un cambio en la ley, quedarán exentas del impuesto
Las compras en dólares previas a la sanción de la ley no pagarán el 30 por ciento
La excepción fue incluida en el dictamen del proyecto de Ley de Solidaridad firmado anoche en Diputados. El cambio al proyecto original favorece a quienes realizaron operaciones en los últimos días.
Por Cristian Carrillo
En su artículo 32, la iniciativa contempla el denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30 por ciento, conocido como dólar turista por cinco años para la compra del billete y toda transacción en moneda extranjera que se realice con tarjeta o desde una cuenta bancaria. Con el agregado en el artículo 40, se le pone punto de inicio formal a la medida.
“El impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con exclusión de las transacciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha”, confirma el apartado.
Quedarán exceptuados del impuesto los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas, entre otras. Tampoco aplicará para las importaciones. La AFIP será el agente de retención, según quedó ratificado en el mismo artículo.
Quiénes pagan el impuesto
El recargo del 30 por ciento se aplicará a toda compra de moneda extranjera, incluidos cheques de viajero, para atesoramiento o sin un destino específico. En este caso se incluye a los 200 dólares mensuales que se pueden comprar a través de la cuenta bancaria o los 100 por ventanilla que impuso el anterior gobierno y que se mantendrá en simultáneo con el recargo. También se cobrará sobre el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del cliente para comprar bienes o adquirir prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito. El banco será encargado de retener el 30 por ciento sobre el tipo de cambio.
Además, resultan incluidas las operaciones efectuadas a través de portales o sitios virtuales, mediante compras a distancia, tales como Amazon, Ebay y Alibaba. Se incluye el pago por servicios prestados por no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, como Spotify, Netflix, Youtube, Apple TV, HBO Go y Tinder. La adquisición de servicios a través de agencias de viajes y turismo del país y de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país. En este caso se aclaró que los pasajes , pese que se coticen en pesos y se encarguen a aerolíneas instaladas en el país serán alcanzadas por el impuesto.
Cuándo entra en vigencia
En el proyecto original de la ley de emergencia que envió el Ejecutivo se detallaba el momento de la operación con tarjeta en que debería hacerse la percepción del impuesto. En el artículo 35 señalaba la percepción del impuesto en el caso de compra con tarjeta se realizará “en la fecha de cobro del resumen o liquidación de la tarjeta”. Esto generó algunos interrogantes respecto de las operaciones que se habían realizado en los últimos días y que recién impactará en el resumen del próximo mes. También hubo consultas sobre el mecanismo de pago del impuesto en el caso de las compras en cuotas. El proyecto establece que cuando se trate de una compra en cuotas el 30 por ciento se abonará en su totalidad junto con el primer pago.
En el artículo 40 se ratifica que el impuesto recaerá sobre “las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley”. Según pudo confirmar de fuentes oficiales, esto implica que no estará alcanzada toda operación en efectivo o en cuotas que se realice antes de la promulgación de la ley, lo que se espera para este fin de semana.
De todos modos, aclaran que hay opciones para pagar previas a que se pesifique la deuda. Por ejemplo, se podrá pagar en ventanilla con dólares físicos la parte en moneda extranjera del resumen de cuenta. También podrá debitarse en caso de contar con una cuanta en dólares, aunque debe hacerse avisando al banco o por homebanking (dependerá de cada entidad) antes de que venza el resumen. En este caso se evita el pago del impuesto del 30 por ciento, aunque el contribuyente deberá sacrificar los dólares en cuenta o bajo el colchón.
En el caso de pasajes y estadías en el exterior, cuyo agente de percepción son las agencias de viajes, el impuesto se aplica en la primera cuota. Sin embargo, también comenzará a regir para operaciones (compra) que se realicen antes de que esté promulgada la ley. Quienes ya compraron o lo hagan en los próximos días hasta su sanción en el Congreso lo harán con un dólar a precio oficial sin recargo. Es importante fijar la fecha para evitar avivadas de bancos y agencias de viaje, ya que no se trata de un recargo que después pueda descontarse de Ganancias u otros impuestos como sucedió con el cepo hasta 2015.
Quiénes no pagan
La medida se toma con carácter de emergencia por el término de cinco años a partir del día en que se promulgue la ley elevada al Congreso. Pero podría haber cambios si las condiciones económicas mejoran, para lo cual estará facultado el Poder Ejecutivo por la misma ley.
No estarán incluidas las compras de divisas para la importación de productos al país. En ese caso existe una suba en la tasa estadística de importación.
No estarán alcanzados por el impuesto los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco se pagará por los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, según el proyecto de emergencia pública.
Lo ordenó el fiscal Jorge Di Lello
Ex funcionarios del PRO imputados por usar subsidios a desocupados con fines electorales
Era un bono de 5.000 pesos. La jueza María Servini había dictado una medida cautelar que impedía su reparto hasta después de los comicios. Más de la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio en Formosa cobraron el subsidio.
Por Irina Hauser
Dante sica, exministro imputado.
Imagen: NA
Imagen: NA
El ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, el ex secretario de Empleo, Fernando Premoli, y el diputado Ricardo Buryaile, junto con otros cinco funcionarios, fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello en la causa donde se investiga la creación y entrega de un subsidio para desocupados con fines clientelares. Fue en los días previos a las elecciones del 27 de octubre, en la búsqueda desesperada de votos por parte del macrismo. El bono en cuestión, de 5000 pesos, fue establecido a través de la resolución 1177 de la secretaría de Empleo y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. El Gobierno de Mauricio Macri lo ofrecía a través de punteros y dirigentes propios en diversos municipios. Una denuncia adicional reveló que más de la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio en Formosa cobraron el subsidio.
El bono estuvo destinado a 130.000 personas. Se empezó a pagar en las semanas previas a las elecciones presidenciales. Primero se abonaron 80.000 pero a raíz de una denuncia del Frente de Todos, basada en la investigación del periodista de Ambito Financiero Mariano Martín, la jueza María Servini dictó una medida cautelar que impidió su reparto hasta después de los comicios. Tanto ella como el fiscal Di Lello advirtieron sobre la violación a la veda electoral y sobre el uso para direccionar el voto de personas en situación de vulnerabilidad afectadas por la falta de empleo. A eso sumaban la utilización de la estructura del Ministerio de la Producción para la maniobra. Después del 27 de octubre, el gobierno de Macri pagó los 50.000 subsidios restantes.
Como la medida cautelar fue solo preventiva y quedó pendiente la cuestión de fondo, Di Lello especificó en un dictamen su decisión de impulsar una investigación para determinar si se violó el artículo 139 del Código Electoral, que establece castigar con penas de 1 a 3 años de prisión a quien “compeliere a un elector a votar de determinada manera”. El otro punto es la violación de la veda electoral (artículo 64 ter). A la denuncia original del Frente de Todos, representado por Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, se sumó otra proveniente de Formosa.
El abogado Williams Caraballo añadió otro condimento a la maniobra conocida inicialmente de atracción de votos por medio de punteros: advirtió que casi un 54 por ciento del total de las mesas (que eran 1404) tenía fiscales de Juntos por el Cambio que habían resultado beneficiarios del bono. Caraballo apuntó no sólo a Sica y a Prémoli, sino al delegado de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo, al concejal municipal de Formosa Miguel Montoya, y el diputado Buryaile (estos últimos como posibles gestores del pago de los subsidios).
Eso explica que todos esos nombres aparezcan entre las imputaciones señaladas en el dictamen de Di Lello, a los que se suma Irina Zárate, delegada del Ministerio de Desarrollo Social en Formosa, Diego Herrera, delegado de Anses, de San Antonio de Areco el intendente Ratto y de Roque Pérez el candidato Juan María Cravero. Ratto, por ejemplo, había reconocido públicamente el uso de los bonos, como un pedido de autoridades al que accedió saliendo a “buscar beneficiarios”. En Roque Pérez el subsidio se ofrecía en la página de Facebook de Juntos por el Cambio.
Entre las primeras medidas que propone Di Lello, sugiere citar a declaración testimonial a Durañona (Areco), Nardini (Malvinas Argentinas) y Gasparini (Roque Pérez). Para esto tuvo en cuenta el relato del periodista Martín, sobre la captación de votos en los municipios. También solicita corroborar quiénes fueron fiscales de la alianza Juntos por el Cambio en las PASO en Formosa y quiénes en las elecciones generales, más todas las que Servini considere necesarias. El Frente de Todos también había pedido que se investigara la utilización de los bonos para el pago de autoridades de mesa, como método para buscar resultados favorables.
18 de diciembre de 2019
El secretario general de APLA habló sobre la nueva política aerocomercial Pablo Biró: "Aerolíneas Argentinas quedó muy golpeada"
En diálogo con Any Ventura, en la AM750, Biró se refirió a la designación de Pablo Ceriani al frente de la aerolínea de bandera y a la política aerocomercial del gobierno de Alberto Fernández.
"Aerolíneas está muy lastimada, quedó muy golpeada y sabremos la real dimensión del daño que hicieron cuando terminen las auditorías", explicó Pablo Biró, secretario general de APLA, quien anticipó que con la decisión política de dejar de "hacerle daño a la empresa y dejarla crecer" se puede salir adelante: "Aerolíneas tiene lo más importante que es su gente. Los trabajadores están muy preparados", advirtió y agregó que todos "están con muchas ganas de poner la compañía en marcha. Estamos todos muy esperanzados"
Acerca de la nueva política aerocomercial de la flamante administración, Biró dijo que, luego de la primera reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, "quedamos en que íbamos a tener una charla mucho más extensa cuando fueran designadas las autoridades de cada área y cada secretaría". Explicó, además, que "todavía no nos hemos reunido ni con las autoridades de Aerolíneas ni con los ministerios de Transporte o Trabajo".
Para Biró, la designación de Pablo Ceriani al frente de Aerolíneas Argentinas "es una buena noticia". "Lo conocemos muy bien y antes de ser técnico, administrador, político o gestor es una buena persona. Hemos atravesado conflictos muy duros y él siempre fue un articulador, poniendo Aerolíneas adelante y la defensa de los intereses nacionales".
El secretario general de APLA explicó que existen "un montón" de trabajadores preparados en el país que "no tienen trabajo". Además denunció que la administración anterior, de Mauricio Macri, "regaló" soberanía a empresas extranjeras. Por último, recordó que el ex ministro de Transporte fue denunciado por sobornos para facilitar la entrada de dos lowcost al mercado aerocomercial argentino: "No sé si fue un negocio, una entrega, corrupción o qué", concluyó.
Fuente:Pagina12
por Editora
19 diciembre, 2019
Dirigentes sociales, gremiales y políticos manifestaron su apoyo a la huelga de hambre frente a los Tribunales que empezó el martes 17 y culminará el jueves 19 de diciembre, en reclamo de la libertad de las presas y presos políticos. El dirigente Fernando Esteche, el referente de Curas en Opción por los Pobres, Padre “Paco” Olveira y el abogado Maximiliano Rusconi analizan el lawfare y las detenciones arbitrarias.
Huelga de hambre en los Tribunales
El padre Paco Olveira conversó desde los Tribunales y afirmó: “Lo que hoy se llama lawfare, esta persecución judicial como brazo armado del poder político de la derecha para perseguir a opositores políticos y luchadores sociales se ha llevado en estos últimos 4 años de gobierno macrista de una forma descarada en Argentina. Seguimos teniendo presos políticos en la Argentina, los procesos están viciados, como el caso de Milagro Sala, que la presidenta del tribunal supremo de Jujuy dijo “no la vamos a dejar libre””, sostuvo el Padre Paco.
El dirigente social, Fernando Esteche, desde la concentración frente al Palacio de Justicia, explicó: “Creo que tuvimos 4 años de violaciones recurrentes al Estado de derecho y la institucionalidad y justamente fue posible porque se violó toda lógica institucional y con esto tiene que ver el lawfare. Los jueces y medios de comunicación empleados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo para cometer su venganza y revancha”.
“Estamos intentando visibilizar la situación de los compañeras presas y presos políticos que para desnaturalizar esta situación en momento en los gran parte del pueblo argentino tiene grandes expectativas y esperanzas pero que todavía estamos soportando el oprobio de tener presos y presas políticos”, concluyo Esteche.
Por otra parte, en conversación con Laura D´Onofrio y Sergio Burstein, el abogado de Julio de Vido, Maximiliano Rusconi, expresó: “Creo que es muy importante que el próximo Procurador General de la Nación asuma con valentía la necesidad de reorganizar el Ministerio Público y para eso sus días van a ser un infierno”. Sobre el caso de Julio De Vido sostuvo que “no se ha demostrado ningún tipo de culpabilidad en sus causas, nada de nada”, finalizó.
Fuente:DiariodePlazadeMayo 
No hay comentarios:
Publicar un comentario