El sector cayó 8,4% en los primeros 10 meses de 2019
Los industriales piden congelar
Fisfe le pidió a Perotti evitar aumentos de electricidad, gas, transporte y agua para "apuntalar la recuperación" del rubro.
Víctor Sarmiento, presidente de la Federación de Industriales de la provincia.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
La Federación de Industriales (Fisfe) le pidió por escrito al gobernador Omar Perotti que tome una decisión trascendente: congelar todas las tarifas de servicios que dependen de la jurisdicción provincial. La solicitud, que busca oxigenar a las empresas y "apuntalar" la recuperación, se conoció al mismo tiempo que la provincia difundía el Índice de Actividad Industrial de octubre, que marcó un 0,1% comparado al mes anterior pero ratificó el desastre que fue 2019 para el sector, con -8,4% en los primeros diez meses del año.
La solicitud alcanza a servicios básicos como agua, luz, transporte y gas, de los cuales la provincia tiene los resortes para definir tarifas, ya sea a través del control de las empresas prestatarias como EPE y Assa o de normas de regulación como en el transporte de pasajeros interurbanos y concesiones de peajes. En el caso del gas, si bien existe una empresa estatal de la provincia, la provisión corresponde a la concesión nacional de Litoral Gas.
Fisfe explica que motiva la comunicación "la preocupación entre nuestros representados y la expectativa de recuperación que como santafesinos y argentinos necesitamos". La nota no explicita plazos de congelamiento, pero en declaraciones posteriores Sarmiento sugirió que podría ser 180 días.
"Veríamos con agrado que el gobierno en su conjunto, desde los distintos poderes, agote las instancias y arbitre los medios necesarios para aplicar el congelamiento de los cuadros tarifarios de electricidad, gas, agua y transporte en nuestra provincia", dice la nota que lleva la firma del presidente de la Federación, Víctor Sarmiento.
Fisfe recuerda que la industria santafesina lleva 19 meses de caída de la actividad y que "necesita más que nunca de políticas activas para garantizar un repunte".
La carta al gobernador menciona que "es delicada situación que está atravesando el sector productivo y hay necesidad de sostener el funcionamiento de las empresas, así como de mantener los puestos de trabajo de las mismas y sostener los niveles de actividad, apuntalando a la producción y el consumo interno".
Fisfe también le recuerda al gobernador que la nota no hace más que reafirmar "lo referido en la reunión que mantuvimos con la Mesa de Entidades Productivas, realizada el 4 de noviembre de 2019" en la que analizaron estos temas las entidades y el gobernador electo.
El presidente de Fisfe aclaró que el mismo planteo lo habían hecho al anterior gobernador, Miguel Lifschitz, y que ahora esperaban la asunción de las nuevas autoridades para retomar el planteo.
“El arco político de Santa Fe, encabezado por el gobernador, debería comprender la crisis real del sector industrial. Por eso queremos abrir una puerta al diálogo”, adelantó Sarmiento.
Ayer mismo se conoció el Índice de Actividad Industrial de la provincia, que si bien marcó un 0,1% de crecimiento en relación al mismo mes del año anterior, confirmó la estruendosa caída del sector durante 2019: -8,4% en los primeros diez meses del año en relación al mismo período de 2018.
En octubre de 2019 los rubros que más sufrieron con relación al mismo mes del año anterior fueron Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo -29,7%; Madera, papel y productos derivados, excepto muebles -27,2%; Muebles y colchones -18,7%; Aceites y grasas de origen vegetal -6,5%; Vehículos automotores -7,1%; Alimentos y Bebidas -2,1%.
Los principales rubros que mostraron crecimiento fueron: Procesamiento de carne y pescado 24%; Edición e impresión 22,9%; Sustancias y productos químicos 13,2%, y Lácteos 12,8%.
18 de enero de 2020
La Liga Bioenergética defendió ley de promoción
Biocombustibles versus petroleras
La Liga Bioenergética que integran seis provincias argentinas productoras de biocombustibles salió al cruce del sector petrolero, con el que mantiene un fuerte conflicto de intereses. Según publicó el Cronista Comercial, las grandes petroleras publicarán en los próximos días un informe que sostiene que mantener el régimen de promoción de los biocombustibles costó 6.000 millones de dólares en 15 años.
La respuesta no tardó en llegar. La Liga, de la cual Santa Fe es fundadora y promotora en los últimos años, hizo una devolución con los beneficios de esa industria. Indicó que "no está subsidiada, al contrario de otras industrias que necesitan que les garanticen mejores precios que los fijados internacionalmente para hacer inversiones en Argentina" y que "evitó importaciones por más de u$s 27.000 millones de dólares en el periodo 2010–2019".
Un tercer punto es que "desde hace más de 10 años, los biocombustibles constituyen (y así debe continuar) una política de Estado nacional y federal, que contribuye a la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de economías regionales, la industrialización de producción primaria en origen, sustitución de importaciones y la diversificación de la matriz energética".
Las fábricas de biodiésel y bioetanol denuncian hace 3 años una situación gravísima, con plantas cerradas en algún caso y otras trabajando por debajo del límite de rentabilidad. A diferencia de las fábricas que pertenecen a las grandes cerealeras, dedicadas a exportar, las pymes abastecen el corte obligado de la nafta y el gasoil para el mercado interno.
Sukerman Visita a la planta de GM
Fuente:Rosario12
Trabajo coordinado
Perotti y Lammens acordaron promocionar el turismo en Santa Fe
En una reunión llevada a cabo este viernes con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, el gobernador Omar Perotti refrendó un acta acuerdo con hoteleros santafesinos para promocionar el desarrollo turístico de Santa Fe. En ese marco, Perotti señaló que “fue una excelente reunión” y resaltó que “el trabajo coordinado con la Nación y con nuestra provincia va a ser clave para que Santa Fe tenga un protagonismo en el turismo receptivo y sea una opción más para todos los argentinos”.
Esta es “la firma de un convenio que ya habíamos anunciado para que Santa Fe se sume con su oferta turística a una instancia a promocional”, recordó Perotti, y remarcó que “este es un paso inicial muy importante, vamos a hacer junto al ministro Lammens mucha de estas acciones promoviendo cada una de las localidades de la provincia de Santa Fe”.
De esta manera, el compromiso rubricado prevé por parte de los gobiernos nacional y provincial “llevar a cabo distintas acciones y estrategias a los fines de concretar promociones atrayendo a turistas de distintos puntos del país, como así también de países vecinos para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad turística provincial”.
Por su parte, Lammens afirmó: “Nos pone muy felices que, en este contexto de crisis, las provincias avancen con propuestas ingeniosas y económicas para que los argentinos y argentinas puedan disfrutar del derecho a vacacionar. Entendemos que la industria del turismo puede ser fundamental para reactivar la economía en cada región. Y celebramos que se realice de manera articulada entre Nación, las provincias y el sector privado».
La firma del acuerdo, realizada en la sede de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación, tiene como objetivo fortalecer la actividad turística provincial y posicionar a Santa Fe como un destino cercano, atractivo y accesible.
En el documento denominado “Vacacioná en Santa Fe”, rubricado por Lammens, Perotti, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Rosario, y la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines de Rafaela y la Región, se comprometieron a elaborar para el verano 2020 una promoción para 4 personas con 7 días de alojamiento a un precio de 20 mil pesos, procurando la extensión de estadía y la ocupación de plazas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020.
De la reunión participaron también el secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti; la directora de Relaciones Parlamentarias e Interjurisdiccionales del ministerio nacional, Florencia Casamiquela; y la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino.
Fuente: Prensa de Gobernación de Santa Fe - Fuente:RedaccionRosario
Lepratti abre el debate sobre el perfil de quienes se postulan para ser agentes
Esteban Velázquez cumplió condena por el asesinato de "Pocho" en 2001 y puede volver a trabajar en seguridad como parte de la Guardia Urbana de Arroyo Seco
El ex policía Esteban Velázquez, que el 19 de diciembre de 2001 asesinó a Claudio "Pocho" Lepratti en el barrio Las Flores, está cerca de volver a prestar servicio como agente, ahora en la Guardia Urbana de Arroyo Seco. La familia del reconocido militante repudió la posibilidad y llamó a debatir sobre el perfil de las personas que el Estado evalúa para trabajar en seguridad.
La ex concejala de Rosario, Celeste Lepratti, dijo estar “consternada con esta situación aunque no es la primera vez que sucede con gente involucrada en la represión de 2001”.
La hermana de “Pocho” además recordó que Velázquez militó por Cambiemos en 2015 y cuidó los votos del ex gobernador Carlos Reutemann cuando éste se postuló y ganó una banca en el Senado de la Nación.
Para la ex edila, la posibilidad de que el ex policía pueda sumarse a una fuerza de control obliga a replantear algunas cosas. “Invitamos a debatir si en la Guardia Urbana pueden presentarse personas con perfiles como el de Velázquez”, dijo en diálogo con Sí 98.9.
De momento, la familia Lepratti solo recibió comunicaciones por parte de organizaciones de Arroyo Seco y ningún mensaje oficial por parte del Ejecutivo de esa localidad. Velázquez se presentó a un concurso público para volver a ingresar al Estado y quedó entre los preseleccionados. “Ahí nos enteramos y rápidamente nos pareció que debíamos advertirlo. En definitiva siempre va a ser el asesino de mi hermano”, señaló Celeste.
Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión –aunque cumplió solo 10- por el crimen cometido en la represión policial del estallido social que acabó con el gobierno de Fernando De la Rúa. Mientras estuvo tras las rejas la familia de Pocho denunció que el ex policía gozaba de ciertos privilegios y que siempre fue su intención volver a ser un agente del Estado.
MAFIA O DEMOCRACIA
Convocan a una audiencia pública en el Concejo por la violencia en Rosario
Por iniciativa de los ediles y diputados de Ciudad Futura y el
Frente Social y Popular, el Concejo Municipal abrirá sus puertas el próximo
miércoles para una audiencia pública en el marco de un enero de violencia
extrema en Rosario. Invitan al debate a funcionarios de los tres poderes del
Estado.
Organizaciones sociales y sindicales, empresarias y religiosas
también podrán sumarse “para llegar a acuerdos que permitan abordar la crisis
de seguridad que vive Rosario”, indicaron los concejales.
La edila Caren Tepp aseguró que: "No podemos naturalizar
esta situación, por eso convocamos a abrir las puertas del Concejo Municipal
para que no solo todos los poderes del Estado sino también la ciudadanía venga
con sus ideas, sus aportes y su compromiso”, y abundó: “Esto no lo resuelve
solo un Intendente, un ministro o un gobernador. Por eso convocamos a todos y
todas a, desde la política, la justicia, la cultura, a aportar lo suyo. Esto es
mafias o democracia y nos tenemos que involucrar todos".
A su turno, el diputado provincial Carlos del Frade enfatizó en
el carácter multipartidario del encuentro al asegurar que: "La política no
puede quedarse de brazos cruzados ante una crisis de seguridad como la que vive
Rosario. Menos aún si entendemos que esto es una respuesta al intento de
reforma policial que se está haciendo. Las bandas narco policiales que infunden
terror en la población tienen mucho poder de fuego y plata, pero son una
minoría. Y a las minorías se las combate con una mayoría movilizada. Esa es
nuestra apuesta".
La audiencia pública, que tendrá lugar en el Concejo Municipal
de Rosario el próximo miércoles 22 desde las 18, contará con presencia de
referentes de distintos ámbitos y estará abierta a la participación ciudadana.
Fuente:RosarioPlus
Fuente:RosarioPlus
Deuda por coparticipación: Perotti espera una definición de la Corte Suprema
El gobernador se manifestó comprensivo respecto del momento económico del país. Dijo que esperará la decisión de la Corte sobre cuál es el monto actualizado a reclamar “por lo cual no es hoy una deuda que nosotros podamos estar exigiéndole a la Nación”
17 de enero de 2020
Ezequiel Nieva
El gobernador es consciente del delicado momento que atraviesa el país en materia económica y financiera. Por eso, señaló que no precipitará los reclamos; por el contrario, buscará establecer un acuerdo razonable una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine cuál es el monto actualizado que le corresponde a la provincia.
El pago de la deuda por descuentos sobre la coparticipación a favor de la Afip y la Anses tiene fallo firme de la Corte desde noviembre de 2015. Durante los cuatro años del macrismo, aunque hubo algún acercamiento entre las partes, la provincia no consiguió que el gobierno nacional cumpla con ese fallo.
A valores históricos, la deuda acumulada entre 2006 y 2015 es de algo más 22 mil millones de pesos. Durante el último mandato del Frente Progresista, la provincia actualizó esa cifra varias veces: en 2017 reclamó 50 mil millones y a principios de 2019 subió la cifra a 80 mil millones.
Al momento del cambio de gobierno, la gestión saliente señaló que le dejaba a Perotti una acreencia de 100 mil millones de pesos. El gobierno de Cambiemos nunca reconoció montos actualizados y tampoco el de Alberto Fernández en su primer mes de mandato. Por eso, debido al paso del tiempo, la inflación y los intereses acumulados, ahora es la Justicia la que deberá “actualizar” el monto.
Por lo pronto, Perotti se muestra paciente y sin apuros. El gobernador entiende que no es la principal urgencia en este momento en que el país debe renegociar con los organismos internacionales, entre ellos el FMI, la abultada deuda externa que heredó del macrismo. Luego será el momento de las deudas internas.
El tema volvió a instalarse en la agenda política este jueves, cuando Perotti visitó al presidente Fernández en la Casa Rosada para coordinar acciones contra la inseguridad. Consultado por la deuda histórica, tras esa reunión, el mandatario santafesino aseguró que el presidente se comprometió a ayudar a la provincia “en este momento adverso” para las arcas provinciales y se mostró confiado en lograr una solución razonable sobre la cuestión de la deuda histórica.
“Desde hace semanas estamos hablando con la Nación y con las distintas áreas sobre cuál es la posibilidad de ayuda para este momento adverso que tenemos”, indicó Perotti ante los medios porteños. “Nos encontramos con un déficit fiscal importante que supera los 15 mil millones de pesos, una deuda flotante cercana a los 25 mil millones y un fondo unificado de cuentas oficiales totalmente utilizado, por lo cual necesitamos una ayuda en esta coyuntura”.
Perotti recordó que “la provincia presentó en mayo del año pasado una liquidación que fue objetada en ese momento por el gobierno nacional (a cargo de Mauricio Macri) y que hoy está a decisión de la Corte sobre cuál es el monto final que debe pagarse, por lo cual no es hoy una deuda que nosotros podamos estar exigiéndole a Nación”.
De todos modos, el mandatario provincial sostuvo que la “expectativa” está puesta en “conocer ese fallo” y, en función de eso, iniciar negociaciones con el gobierno central con “la inteligencia necesaria para encontrar la mejor forma de resolverlo en beneficio de la Nación y de la provincia de Santa Fe”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
La clave del proyecto de Perotti en Seguridad naufragó en el Senado
Los legisladores díscolos del PJ eliminaron lo que pedía Saín: cambios en el manejo policial, en sus gastos reservados y para las compras de insumos.
Por Hernán Lascano hlascano@lacapital.com.ar
El gobernador Omar Perotti reclama que la ley de emergencia en seguridad, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, recobre impulso porque el gobierno necesita de su sanción para afrontar una coyuntura crítica en hechos de criminalidad. Lo que tuvo nula discusión pública es que las partes que más interesaban al mandatario en el proyecto original remitido a la Legislatura nunca llegaron a la Cámara baja, porque tales prioridades se recortaron en el Senado provincial. Y esas amputaciones le fueron impuestas por los representantes díscolos del propio PJ. Por lo que si el Poder Ejecutivo insiste con el mismo proyecto lo más probable es que sufra un nuevo revés.
Los senadores rebeldes del PJ le suprimieron al proyecto de emergencia los artículos más importantes solicitados por el ministro de Seguridad Marcelo Saín. Lo que pedía eran básicamente cuatro cosas. Que el Ministerio de Seguridad manejara los gastos reservados de la policía y no cada uno de los cuerpos policiales en forma autónoma. Que se flexibilizaran los límites para hacer licitaciones o compras de insumos para seguridad. Que esa cartera modificara las bases orgánicas y normativas del régimen policial. Por último que el Ministerio tuviera la facultad de cambiar y reasignar dependencias y funciones actuales de la policía. Nada de esto quedó en pie en el proyecto que salió del Senado.
La disputa
Fuentes legislativas señalaron a este diario que el recorte tuvo que ver con la negativa del grupo encabezado por el senador Armando Traferri (San Lorenzo) a cederle atribuciones especiales sobre el manejo de la policía a Saín, con quien mantuvo diferencias que son explícitas. El Frente Progresista también estuvo de acuerdo en mochar esos artículos que pedía Perotti. Pero en el Senado el PJ tiene mayoría, por lo que lo decisivo para cercenarle la parte esencial de la emergencia en seguridad fue definido por el grupo de los peronistas rebeldes, que de este modo marcaron la cancha al gobernador en el esquema de gobernabilidad.
Esto parece dejar claro que si el gobernador envía la misma fórmula para enfrentar la emergencia en seguridad, como lo anunció, difícilmente vaya a prosperar.
Servicio policial
El proyecto original que remitió Perotti al Senado el mes pasado autorizaba en su artículo 19 a armar una nueva orgánica para el servicio policial de la provincia. En el planteo original propuesto por Saín, ese cambio postulaba reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, vigentes desde 1975, a fin de que el servicio policial sea el instrumento para el control de la violencia y problemáticas criminales.
Ese artículo fue suprimido de cuajo por el Senado, por lo que no integró el texto que llegó a la Cámara de Diputados. También los senadores eliminaron el artículo 20 que disponía que el Ministerio de Seguridad era la autoridad de aplicación —es decir quien tomaba las decisiones— de las disposiciones y medidas del estado de emergencia de seguridad que la ley iba a declarar.
Las correcciones del Senado no permitieron modificar en nada la estructura orgánica de la policía. Como paliativo concedió que la cartera de Seguridad reciba personal de otras reparticiones de la administración del Estado en apoyo administrativo a las tareas de seguridad. Pero no de las tareas de tipo policial, es decir, las funciones exclusivas del personal que porta armas.
Fondos reservados
Otro artículo mochado fue el 25, que le asignaba al Ministerio de Seguridad la administración y el control de los fondos especiales de manejo policial. Igual destino tuvo el 26, que pedía que las rendiciones de cuentas de los órganos policiales que recibieran fondos reservados se remitan a una comisión bicameral de la Legislatura, que los controle con intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia. Eso implicaba una verificación más estricta del destino del dinero asignado a la policía para situaciones excepcionales, lo que también no resistió la poda.
Otro recorte fue el que autorizaba una suba de hasta un 50 por ciento del límite previo para realizar licitaciones o concursos privados para compra de insumos o bienes destinados a seguridad. El problema es que la ley actual de administración y eficiencia del Estado que promovió en los años 90 el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier torna muy prolongados los procesos de compra. En la idea del actual oficialismo eso produce demoras en situaciones que deben ser resueltas de modo urgente por la crisis de seguridad y por eso se buscaba la excepción que no pasó el cedazo de los senadores.
Fuente:LaCapital
Fuente:LaCapital
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