Resumen Latinoamericano, 25 enero 2020
En la capital de Chile se realizó el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, en el que participan al menos 50 ponentes, entre ellos el abogado Baltasar Garzón. Entre los participantes del Foro se encuentra Hugo Molares, padre del fotoreportero argentino Facundo Molares, detenido en Bolivia acusado por el gobierno de facto de participación política y agitación. Hugo Molares reiteró que su estado de salud es bastante delicada y grave, «él es un fotoreportero que estaba haciendo su trabajo, cayó enfermo y a raíz de su enfermedad, en estado de coma se le sometió a una especie de audiencia cautelar, se le dictaminó prisión preventiva y lo llevaron a una cárcel en contra de la prescripción del juez y del director del hospital».
Resumen Latinoamericano*/ 24 de enero 2020 .—
De acuerdo al Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en 2019 la fuga de capitales alcanzó los U$S 26.870 millones de dólares, a pesar del cepo implementado en la segunda mitad del año, siendo la segunda fuga más importante de la historia luego del récord del propio Macri en 2018, cuando se fueron del sistema nacional U$S 27.230 millones de dólares.
Si se suma todo el período macrista, la fuga habría sido de U$S 88.371 millones, un monto cercano al de la deuda en dólares tomada por el Gobierno.
Solo en diciembre de 2019 y luego de la aplicación de un cepo más estricto, se revirtió la tendencia, pudiendo volver a crecer las reservas del BCRA en alrededor de U$S 1000 millones.
Todo este proceso, ruinoso para la economía nacional, demuestra que la implementación de políticas de liberalización y endeudamiento solo beneficiarion a unos pocos que pudieron comprar masivamente dólares y fugarlos en lugar de invertirlos.
Prácticamente ninguno de esos miles de millones de dólares se usó para ampliar infraestructura, capacidad industrial, posibilitar avances tecnológicos, modernizar el aparato productivo. La cuantiosa deuda que posibilitó el atesoramiento y fuga queda como verdadera pesada herencia para el conjunto de la sociedad.
Fuente: Kontrainfo
Las dos caras de Vaca Muerta en Europa.
Resumen Latinoamericano*/ 24 de enero 2020 .—-
Mientras el gobernador de Neuquén organiza reuniones con petroleras en Madrid para seducir inversiones, en Barcelona distintas organizaciones sociales repudian la llegada del buque con gas de fracking proveniente de Vaca Muerta.
El buque metanero Kari Elin intenta llegar a costas de Barcelona pero el temporal “Gloria” en el mar Balear lo retrasa. Lleva 130.000 metros cúbicos de gas natural licuado proveniente de Vaca Muerta, salió el último día del año del puerto de Bahía Blanca tras ser procesado en la unidad de licuefacción Tango FLNG. En el puerto de llegada un grupo de organizaciones ambientales y sociales lo esperan para darle una malvenida y expresar el rechazo que les genera que el Ayuntamiento de Barcelona compre por quinta vez gas de fracking, esta vez argentino. “Es sumamente preocupante que se normalice este tipo de importación, porque el gas de fracking tiene un enorme impacto ambiental y climático y entra en contradicción con el supuesto esfuerzo institucional de la Cumbre catalana por el Clima de la Generalitat y la Declaración de Emergencia Climática del ayuntamiento de Barcelona”, expresa un comunicado de las organizaciones.
Firmado por Ecologistas en Acción, Organización Entre Pueblos, Rebelión o Extinción Catalunya, Movimiento de Acción por el Clima, Viernes por el Futuro Barcelona, 350 Barcelona, Movimiento por la Justicia Climática, Observatorio de la Deuda en la Globalización, un comunicado de prensa expresa que les parece inmoral que se compre gas que viene con los impactos que ellas rechazaron, cuando lograron que el país prohíba el fracking en 2014. Las organizaciones saben de los conflictos con las comunidades mapuches, los sismos, los derrames y explosiones en Vaca Muerta, están al tanto de las enfermedades que generó en distintos lugares y de las zonas sacrificadas tras el boom del shale. Además, demuestran que esa importación atenta contra el cambio climático. “En el caso del gas de fracking, las fugas son notablemente más altas que las del gas convencional y, por ejemplo, el gas procedente de Vaca Muerta tiene unas emisiones asociadas al llegar a puerto de entre 200.000 a 350.000 toneladas de CO2eq, o lo que es lo mismo, las emisiones de entre 36.000 y 57.000 habitantes de Catalunya en un año”.
En el lugar de arribo del buque, hubo una concentración. “Exigimos a las instituciones que anuncien declaraciones de emergencia climática que contengan medidas para la prohibición del fracking, tanto de extracción doméstica como de importación. No podemos aceptar la externalización de los impactos de esta técnica extrema a otros lugares del mundo ni tampoco su gran contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero”, demandaron las organizaciones durante esa actividad.
Las tensiones de Vaca Muerta en Madrid
En tanto el gobernador Omar Gutiérrez viajó a Madrid invitado a la Feria Internacional de Turismo y aprovechará la oportunidad para convocar a los directivos de la empresas petroleras entre las que están la francesa Total, la angloholandesa Shell y la noruega Equinor. En las reuniones buscarán asegurar las inversiones acordadas. La preocupación del mandatario neuquino radica en que las finanzas del estado provincial dependenden de Vaca Muerta. Esos encuentros se concretarán en un marco de incertidumbre en torno a la política nacional de hidrocarburos y a la espera de que el gobierno nacional termine la redacción del proyecto de ley que va a reformar la estructura de producción de hidrocarburos. Según trascendió la apuesta no sería solo por el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta, tal como ocurre desde el 2014. Por otro lado, en esta semana se define el futuro de cientos de obreros petroleros sobre los pesa la amenaza de despido tras la baja de equipos de trabajo en Neuquén y Río Negro.
*Fuente: Observatorio Petrolero Sur
La triste realidad de los Indígenas wichi de Salta: niños muertos por desnutrición, atención hospitalaria cero, y respuesta autoritaria del Estado / El caso de Santa Victoria Este
Resumen Latinoamericano, 24 enero 2020
Tras toma y expulsión de la gerenta de Santa Victoria Este, militarizan el Hospital de una de las zonas más vulnerables
Fue luego de que familias originarias tomaran la institución sanitaria tras ser reinstalada una gerenta cuestionada.
En los últimos días tres niños murieron por desnutrición y falta de atención médica.
En el marco del conflicto que hubo ayer nuevamente en Santa Victoria Este por la reinstalación de la gerenta Marcela Quispe, los médicos del Hospital decidieron poner un cartel con el aviso de suspensión de las atenciones a menos que sean de emergencia.
“Atención: sólo emergencia con riesgo de vida. No hay médicos”, indicaban el cartel pegado en una de las puertas. Ante ello, desde el Ministerio de Salud se decidió recurrir al de Seguridad para poner policías que custodien la institución, en donde es atendida una de las poblaciones más vulnerables de la provincia, en su mayoría miembros de comunidades originarias. De hecho de allí son dos de los tres niños wichís muertos por causas vinculadas a la desnutrición.
Personal del Hospital había tomado la decisión de no atender cerca de las 19 de ayer tras una mañana complicada.
Durante el mediodía, la madre de Belén Barbier, una chica que falleció junto a su pareja el 9 de diciembre pasado tras haber colisionado su moto con una ambulancia, fue a sacarla a Quispe. La gerenta había sido reinstalada en el cargo por el Ministerio de Salud de la provincia pese al pedido de la familia quien la responsabiliza por el desorden que existe en el área operativa.
El accidente y muerte de Belén generó que su padre, Gervasio Barbier, también referente del Instituto Instuto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) del pueblo wichí de Santa Victoria Este pidiera la exoneración de la médica. Sucede que Barbier asegura que Quispe y otros responsables del Hospital conocían las denuncias contra los choferes de las ambulancias por manejarlas en estado de ebriedad. Sin embargo, dijo que nunca se hizo nada al respecto.
A ello Barbier sumó los malos tratos de la médica y la falta de entendimiento a las comunidades. El tono de las denuncias que ya habían generado amenazas a su integridad, hicieron que Quispe tomara licencia por 60 días. Pero retomó sus tareas antes de que su licencia concluya.
Durante la ausencia de Quispe en la gerencia, Barbier se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud. El pedido principal era que Quispe se fuera, y que el doctor Juan Casabella Dávalos se quedara de gerente.
El lunes de esta semana la médica fue reinstalada y Casabella Dávalos trasladado. Al ser esta la respuesta del Ministerio de Salud, que fue mientras Barbier estaba en Salta Capital con las gestiones, su familia de Santa Victoria Este decidió que iban a tomar el Hospital lo cual finalmente sucedió este jueves.
Al mediodía, durante la toma, la madre de Belén entró directo al despacho de Quispe y la intimó a irse. En medio de forcejeos y con policías de por medio, la médica salió escoltada y se fue. Ya en su domicilio, llegó la Infantería para protegerla, dado que los manifestantes fueron hasta allí.
Quispe se fue. Casabella también. Y los médicos que habían quedado habían decidido no atender por temor a que les pase lo mismo. Ante ello, el secretario de Salud, Antonio de los Ríos, solicitó la intervención del Ministerio de Seguridad para custodiar el Hospital con policías.
“Fue un problema de Barbier que agredió a todo el mundo. Específicamente él no respeta la Ley”, dijo de los Ríos a Salta 12. Afirmó que Casabella se fue “por un pedido personal de él que quería salir del área operativa”. El funcionario de Salud afirmó que “acá hay un capricho de una persona que tiene nombre y apellido. Entiendo el dolor, pero el capricho no”, dijo.
Barbier por su parte, afirmó que está la Ley “pero para nosotros no se cumple. Mi hija murió. Y sus asesinos, libres”. Se teme que ante su actitud la primera acción que se tomará sea su detención. “A mi ya no me importa. Sé que esta es mi verdad y también lo sabe la otra gente”, sentenció.
Santa Victoria Este: wichis se movilizaron hacia la casa de la gerente del hospital para repudiarla
por FM Alba | Ene 24, 2020 |
La gerente del hospital público de Santa Victoria Este; Marcela Quispe; fue escrachada por un grupo de originarios en su propio hogar, mientras que una enfermera denunció a la pareja del referente wichi Gervasio Barbier por agresiones. Por medio de redes sociales se difundió un video donde los originarios califican de “perros” y “animales” a los efectivos que intervinieron y “perra” a la médica.
Todo comenzó cuando se reubicó desde el Ministerio de Salud de Salta a la Dra. Marcela Quispe al frente de la gerencia del Hospital y este jueves se colocó un letrero que avisaba solamente la atención de urgencias; con riesgo de vida; debido a la falta de médicos.
El dirigente Barbier viene protagonizando una serie de reclamos ante el hospital desde el fallecimiento de su hija y yerno en un accidente sobre Ruta 54, ambos atropellados por una ambulancia. El wichi y varios más insistieron e insisten en que el chofer estaba alcoholizado y a partir de allí han señalado como principal responsable a la gerente.
Volvieron los reclamos en el Hospital de Santa Victoria Este
23 enero 2020
La decisión es de la familia y adherentes al reclamo de un referente wichí que perdió a su hija y yerno en un accidente con una ambulancia.
La respuesta del Ministerio de Salud de la provincia a los reclamos de Gervasio Barbier, referente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en Santa Victoria Este fue llevarle la contraria. Al menos esa fue la interpretación del dirigente, según los hechos narrados a Salta/12.
El 9 de diciembre la hija de Barbier, Belén, y su pareja, Milton Corvalán, iban en moto desde Santa Victoria Este a Misión La Paz en horas de la noche. En dirección contraria venia una ambulancia del Hospital local. Hubo un choque y los chicos fallecieron.
Desde ese momento Barbier pidió que se exonere al conductor de la ambulancia y a la gerenta del Hospital, Marcela Quispe. A uno acusó de manejar alcoholizado (algo que ya había sido denunciado en anteriores ocasiones por otro agente de Salud), y a Quispe, por haber conocido siempre la situación sin hacer nada. Junto a ellos apuntó a otros agentes del Hospital, y todos los denunciados tomaron licencia por dos meses.
Durante ese tiempo asumió en la gerencia el médico Juan Casabella Dávalos. “Pero ahora lo sacaron y el lunes volvió Quispe”, dijo Barbier, al destacar que el tiempo de licencia no se había terminado. Ante la decisión de Salud, pese a que las conversaciones por la situación institucional continuaban en Salta Capital, Barbier junto a su esposa decidieron ayer volver a Santa Victoria para tomar el Hospital a partir de hoy.
Para Barbier la decisión de Salud tiene que ver con sus denuncias de falta de medicamentos en la zona. Él había filmado un video en el cual se apreciaba la falta de insumos médicos en un centro de Salud. En la denuncia pública indicó que algunos habitantes originarios cruzaban a Paraguay o Bolivia para conseguir los medicamentos gratuitos.
Barbier hizo la filmación un viernes en una salita del área operativa. El domingo, como forma de contrarrestar lo filmado, el médico Casabela Dávalos filmó una habitación del Hospital de Santa Victoria Este atiborrada de medicamentos.
Las denuncias cruzadas se dieron a conocer y, como parece suceder últimamente, generó el desagrado de los funcionarios ministeriales. Para el referente wichí, la solución que encontraron fue echarle la culpa a Casabela Dávalos y trasladarlo.
“Ellos me piden tolerancia pero yo ya no puedo”, dijo Barbier. Recordó que los cuestionamientos a Quispe no son de ahora y el pedido de su alejamiento viene por otras situaciones y la enemistad que se ha generado con algunos referentes de las comunidades victoreñas.
La situación podría generar violencia y tensión en el Hospital, como ya sucedió en la primera toma, que fue a mediados de diciembre. En aquel momento hubo agresiones sobre algunos agentes cuestionados. El pedido de Barbier y quienes adhieren a su reclamo (su familia y otros vecinos de distintos parajes), es que “con resolución o sin resolución”, Quispe se vaya del Hospital.
Denuncian falta de insumos en el Hospital de Santa Victoria EsteUn lider wichí de la zona afirmó que en el Hospital escasean medicamentos y jeringas.
14 enero 2020
Desde el Ministerio de Salud negaron tal situación y manifestaron que se provee todas las semanas.
– Ni jeringas hay.
– No hay ni jeringas. Bueno eso era lo que yo quería saber.
El diálogo es entre el referente del Pueblo Wichí Gervasio Barbier y un enfermero de un Centro de Salud del área operativa de Santa Victoria Este (SVE). El audio, y un video, que se tomaron en uno de los centros sanitarios donde viven en su mayoría comunidades originarias wichí de Salta fueron difundidos por Barbier.
El referente originario afirmó que incluso en la enfermería del Hospital de SVE un cartelito informa que no hay jeringas. En tanto, la reacción del Gobierno (poco novedosa), fue salir a desmentirlo con un video grabado por el gerente del Hospital, Juan Casabella Davalos.
El dirigente wichí que vive en Misión La Paz dijo haber denunciado la situación al secretario de Salud de la provincia, Antonio de los Ríos. El funcionario negó que haya recibido la denuncia, sin embargo, reconoció haberse reunido con Barbier. Ante la consulta de Salta/12 sobre la escasez de medicamentos expresó: “Estamos proveyendo de insumos todas las semanas y están con todos los insumos”.
Curiosamente, esa es la misma respuesta que dijo haber recibido Barbier de parte del funcionario cuando le señaló la falta de medicamentos.
Pero De los Ríos señaló sobre ese encuentro que “lo recibí ayer (por el viernes) en mi oficina y no me comentó nada de esto (en referencia a la denuncia de Barbier)”.
Al otro día, Casabella tomó imágenes para mostrar que la medicación había llegado y que no había problemas de insumos.
El referente wichí lanzó una denuncia en contra de algunos de los integrantes médicos del establecimiento sanitario tras la muerte de su hija en un accidente con la ambulancia del Hospital de Santa Victoria Este. Desde el Ministerio de Salud ya se abrió un sumario y se alejó de las funciones a Marcela Quispe, quien se desempeñaba como gerenta.
Barbier sostuvo en su reciente denuncia que los insumos faltan en todos los centros de Salud del área operativa como Pozo La China, Misión La Paz, La Puntana, Santa María, y hasta en la zona de Alto La Sierra (en donde también hay un hospital).
En la zona no abundan las farmacias. Menos en los parajes donde se encuentran los centros de Salud. “La gente tiene que comprar el medicamento o recurre al centro de Salud de Paraguay en Misión La Paz (en realidad es la localidad paraguaya de Pozo Hondo, ubicada del otro lado del puente internacional, que marca el límite entre Argentina y Paraguay). Los de La Puntana deben recurrir a los centros de Salud de Bolivia”, relató Barbier al describir la situación que atraviesan quienes viven en esta zona fronteriza. En algunos casos, dijo, desde los centros de Salud de los países vecinos les brindan los medicamentos de manera gratuita, mientras que en otros casos deben entregar dinero.
Salta: Murió otro niño y ya son cinco los decesos desde que comenzó el año /Pueblos originarios reclaman políticas públicas propias
Resumen Latinoamericano, 24 enero 2020
En medio de la emergencia, en la semana en que tres niños wichi murieron por desnutrición, referentes indígenas de siete pueblos se reunieron en Tartagal para debatir sobre su realidad.
Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También, el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.
Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de este mes en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.
Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional.
En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. De entrada nomás hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la «participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten», en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud, estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año, sin embargo, sigue sin reglamentarse.
Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.
El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua, y, bajo la consigna «sin agua no hay vida», hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.
Títulos comunitarios
En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral.
Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante, debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria.
Por estos motivos, la 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.
Instituto indígena, intervención estatal
En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la «elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este«.
Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que «subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención» porque «no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.
El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia.
Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de «Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta».
Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o «Cepeís», como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que «se respete la reglamentación del INAI»
Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la «Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas«.
Embarcación pide espacio
A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar.
Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia.
De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación.
El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.
Murió otro niño y ya son cinco los decesos desde que comenzó el año
24 DE Enero 2020
Se trata de un bebé de 8 meses de edad que llegó en grave estado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal procedente de la comunidad wichi de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este.
La ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, y el nuevo gerente del hospital Perón, Juan Ramón López.
Un niño murió por shock séptico en Tartagal, de acuerdo al certificado de defunción. Se trata de un bebé de 8 meses de edad que llegó en grave estado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal procedente de la comunidad wichi de Las Vertientes, municipio de Santa Victoria Este.
Se suma así otra muerte a la lista de niños del Chaco salteño que perdieron la vida en lo que va del año con severos problemas de desnutrición como cuadro previo al deceso. En el caso de este niño el certificado de defunción menciona como desencadenante de la muerte un cuadro séptico y la carencia de un sistema inmunológico activo.
A fin de corroborar la información ante el mutismo de los hospitales de Santa Victoria Este y de Tartagal, se consultó al intendente Rogelio Nerón sobre este caso, y él mismo lo confirmó y aportó los primeros datos que se conocieron el jueves por la tarde.
El jefe comunal manifestó que el chiquito falleció como consecuencia «de desnutrición y deshidratación».
Explicó: «Yo me encuentro en Buenos Aires esperando ser antendido por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, le voy a plantear que no puede ser que los chiquitos se sigan muriendo. Ya pasaron varios días de la visita de todos los funcionarios al Chaco salteño pero hasta el momento, salvo el tema del agua, no hemos tenido ninguna otra respuesta y no podemos seguir esperando».
La muerte del bebé wichi se produjo, según explicó el intendente Nerón, el miércoles 22, un día después de que asumiera la gerencia general de hospital Juan Domingo Perón el anestesista salteño Juan López, en reemplazo del médico José Fernández.
¿Choque de culturas o ausencia del Estado?
El jueves, pudo ser consultado sobre este nuevo deceso el secretario de Salud de la Provincia, Antonio de los Ríos, quién explicó: «En realidad no son muertes por desnutrición, sino que la desnutrición es un componente más en el cuadro clínico de los niños. Esto ocurre por múltiples factores relacionados con la forma de vida de las comunidades aborígenes, especialmente wichis, que son reacias a la atención médica. Hay muchas barreras culturales y cuando están agonizando los chicos recién los llevan al hospital».
El funcionario agregó: «Es muy lamentable que esto ocurra y por eso estamos poniendo en funciones a facilitadores interculturales para tratar de que nuestros hermanos no se nos mueran así, que entiendan que ya no sirve seguir sosteniendo ciertas costumbres que los llevan a la muerte. Hay un fuerte compromiso de este gobierno de llevarles agua potable, segura, porque eso es un paso básico para tener salud y no enfermar con gastroenteritis y deshidratarse».
«Los esconden en el monte»
De los Ríos opta por acusar a factores culturales cuando es el Estado el que siempre ha estado ausente ante las demandas de los pueblos originarios. Señala también que «las comunidades wichis, que son muy cerradas, deben adquirir nuevos hábitos de higiene. Tenemos muchos problemas con ellos por falta de entendimiento cultural, por ejemplo esconden a los enfermos en el monte, hay que ir a denunciarlos a la policía para poder asistirlos y si el agente sanitario los denuncia no puede entrar más a la comunidad. Es muy difícil pero estamos haciendo grandes esfuerzos para abarcar esta problemática que es histórica en el norte y poder lograr algún cambio sanitario positivo. Yo mismo fui a recuperar a tres niños wichis que las familias tenían escondidos en el monte y que estaban en riesgo de vida. Lo logramos con la intervención de los facilitadores interculturales, que resultan fundamentales porque a mí me ven como un enemigo y no como alguien que los quiere ayudar. Ahora están recibiendo asistencia en el hospital Perón de Tartagal».
Nuevo gerente
En un acto presidido por la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, el médico Juan Ramón López asumió como gerente general del hospital Presidente Juan Domingo Perón, cabecera de esa área operativa. López es salteño, oriundo de Joaquín V. González, tiene 49 años de edad y ejerce la medicina desde hace 24. Se graduó como médico en la Universidad Nacional de Córdoba. En los últimos cinco años se desempeñó como anestesiólogo en el hospital Juan Domingo Perón, donde hizo la devolución de su residencia profesional.
El hospital de Tartagal es un establecimiento polivalente, un hospital-escuela, ya que en él se forman profesionales en distintas especialidades. Atiende a una población aproximada de 250 mil personas, entre Tartagal, localidades aledañas y región fronteriza con Bolivia.
Perfil de gestión
«Tenemos muchas cosas por hacer en este hospital, muchas se hicieron bien y vamos a tratar de mejorarlas», dijo el nuevo gerente general.
«Tengo la confianza suficiente como para pedirles a todos los que trabajan acá que la sensibilidad hacia el prójimo esté a flor de piel, que pongamos dedicación y tengamos paciencia con la gente», expresó López.
Envio:RL
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