La millonaria fuga de divisas que operó hasta el 30 de noviembre
Vicentin: Operaciones cada vez más opacas con fondos del Banco Nación
González Fraga señaló que Vicentin no pudo pagar "por la tormenta perfecta" que provocaron las PASO de agosto. Más créditos millonarios otorgados en noviembre, cuando ya hacía tres meses que Vicentin no pagaba sus deudas.
Por Raúl Dellatorre
González Fraga, ex presidente del Nación. No vio ninguna "anormalidad" en los créditos a Vicentin.
Mientras que la Justicia en lo criminal y correccional dispone las primeras diligencias en la causa sobre el presunto fraude al Estado nacional de Vicentin y de un ex presidetne del Banco Nación, la investigación ordenada por las nuevas autoridades de la entidad sigue arrojando datos asombrosos. La operación de prefinanciación de exportaciones por la cual se le otorgó a la cerealera un crédito millonario que nunca devolvió, es una venta de Vicentin Argentina a su sucursal en Uruguay. La firma Vicentin SAIC sucursal Uruguay fue registrada ante las autoridades del país vecino el 25 de febrero de 2019. Si bien la firma está constituida en Uruguay desde 2004, su registración ante el Banco Central de Uruguay se da recién en 2019 en el momento previo a la compra presuntamente efectuada a su casa matriz en Argentina, que el Banco Nación prefinanció y nunca cobró. Además, en el mismo período
Por otra parte, se detectó que, con posterioridad a la fecha en la que Vicentin dejó de cumplir todos sus compromisos con el Banco Nación, se le otorgaron préstamos por 61 millones de dólares adicionales, en la primera quincena de noviembre de 2019 (es decir, inmediatamente después de definidas las elecciones presidenciales), y otros 43,9 millones de dólares antes que finalizara el mismo mes (previo al cambio de autoridades nacionales). La vinculación entre el calendario electoral y las operaciones millonarias a favor de Vicentin no es caprichosa: uno de los hilos que sigue la investigación judicial es la relación entre Vicentin y la fuerza política que lidera Mauricio Macri, ya que a través de sus empresas o por vía personal, el grupo es señalado como principal aportante a la campaña de reelección presidencial del líder de Cambiemos.
La figura de Javier González Fraga, presidente del Banco Nación hasta el cambio de gobierno, aparece fuertemente comprometida con toda la operatoria irregular de Vicentin con la entidad. Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional y desde hace poco más de un mes director del Banco Nación, fue quien tomó a su cargo la primera investigación sobre el caso Vicentin y lo reflejó en un informe que fue tomado por el fiscal Gerardo Pollicita como elemento central para iniciar la causa. Consultado por Página 12, explicó que por el volumen de operaciones de crédito de que se trata, éstas debieron haber sido tratadas y autorizadas por el Directorio, que encabezaba González Fraga. "Las únicas firmas que aparecen en los expedientes avalando los préstamos son a nivel de gerentes y subgerentes, pero en el mismo banco hay manifestaciones de quienes dicen que, cuando Vicentin tenía alguna objeción de parte de encargados de la institución, sus representantes decían que ellos lo arreglaban enfrente, aludiendo a la Casa Rosada". La versión es que, frente a alguna traba a la operación por empleados "de línea" del Banco, ocurría que a las 24 ó 48 horas recibían la orden desde Presidencia del Banco Nación de despejar cualquier conflicto. Si no lo hacían, los funcionarios que se negaban eran "desplazados" del control de la cuenta Vicentin. Así lo relata Lozano en su informe. La conducción actual del Banco ordenó una exhaustiva auditoría sobre este y otros aspectos irregulares de las operaciones de la cerealera santafesina.
Los agarró la tormenta
En declaraciones a una emisora porteña, González Fraga negó este viernes que hubiera irregularidad alguna en las operaciones de Vicentin, a la que calificó como "uno de los clientes más antiguos y más importantes del Banco Nación". Justificó, incluso, la situación de "estrés financiero" de la empresa, responsabilizando a los resultados de las PASO, por el contundente triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, que habría sido la causa de que, al día siguiente, 12 de agosto, se produjera "la tormenta perfecta", según sus propias palabras. "Se vino la megadevaluación, los produectores le empezaron a pedir 40% más en pesos por el grano, hubo sobreoferta de cereales porque se adelantaron ventas por temor a la suba de retenciones, y a Vicentin se le cerró el mercado financiero local e internacional, porque el riesgo país se triplicó (?)".
González Fraga no explica por qué alguna de esas medidas podrían perjudicar a una empresa que, justamente, opera el 85% de sus ventas en dólares, en el mercado externo. Y argumenta, además, que Vicentin tenía un límite de crédito de 300 millones de dólares "desde junio de 2018, y se respetó y no recibió un peso más en los 18 meses siguientes". Pero esto no es lo que dicen los informes que maneja el actual directorio del Banco con el material recabado en los últimos días. El ex titular del Nación asegura que que el saldo deudor de Vicentin "recién superó el 15% de la responsabilidad patrimonial del Banco cuando, por la devaluación, el patrimonio de la institución cayó mucho en dólares, pero eso no podía llevar a cortarle el crédito a una empresa que facturaba 4000 millones de dólares al año". Comprensivo, González Fraga sigue hasta hoy cuidando los intereses de su mejor cliente.
Los datos recopilados por Claudio Lozano, en base a la documentación del propio Banco Nación, indican que el crédito tomado en 2018 como prefinanciación de exportaciones no fue cancelado tras concretarse la operación. Los vencimientos acumulados y el atraso en los pagos "ya hubieran requerido una baja en la calificación crediticia de Vicentin al 30 de abril de 2019, pero el Nación lo mantiene en Nivel 1", refiere el director de la nueva gestión (que encabeza Eduardo Hecker). Sin embargo, en 2019 el Banco le vuelve a otorgar crédito para refinanciar exportaciones.
No obstante ello, el 12 de agosto la empresa cerealera suspende cualquier tipo de pagos al Nación, y en esto coincide con González Fraga que se lo adjudica a fenómenos climatológicos cambiarios ("la tormenta perfecta"). Lo que dejó sin explicación Fraga es por qué Vicentin siguió gozando de la calificación crediticia Nivel 1 después de agosto.
Hasta el último instante
El mes de noviembre, terminado ya el sueño reelectoral de Mauricio Macri, traería nuevas sorpresas. Los registros del Banco señalan que entre 8 y el día 15 se autorizaron renovaciones de crédito por 61 millones de dólares a favor de Vicentin, a pesar de que la empresa estaba "excedida" en su capacidad de crédito, situación que González Fraga admite que existía a partir del 12 de agosto. El 21 de noviembre, por un acta de Directorio surge que se trató en la reunión de ese día el caso Vicentin "validando" el crédito. No sólo eso: en los días siguientesse le concedieron renovaciones a la misma empresa por otros 43,9 millones de dólares. A la fecha, Vicentin acumula 27 operaciones de prefinanciación de exportaciones vencidas e impagas, resume finalmente Lozano.
El 4 de diciembre pasado, casi cuatro meses después de haber suspendido todos los pagos al Banco Nación, Vicentin se declara en cesación de pagos. Hasta ese momento, la conducción de la entidad no había hecho ninguna gestión por recuperar los créditos impagos ni había ejecutado ninguna garantía sobre los créditos millonarios largamente vencidos. "La cuenta de Vicentin en la sucursal Reconquista (provincia de Santa Fe) del Banco Nación es la receptora de los cobros por exportaciones de la firma; hasta una semana antes de la cesación de pagos, tenía un saldo importante, pero el 4 de diciembre estaba en cero", apunta Lozano.
Es una de las tantas líneas de investigación sobre la que trabaja internamente el Banco Nación. "Estamos haciendo auditorías, los sumarios correspondientes, queremos recopilar toda la información necesaria para hacer una presentación penal lo más documentada posible", señala Lozano. "La responsabilidad política de la anterior conducción, está absolutamente clara", remata.
El camarista Martín Irurzun perderá el control de las escuchas
Adios al Señor Oreja
El camarista emblemático de la era Cambiemos, célebre por la doctrina para encarcelar a opositores que lleva su nombre, dejará este martes la conducción del sistema de escuchas telefónicas. Bajo su mando, se produjeron todas las filtraciones ilegales destinadas a enlodar a los adversarios de Macri. Por Irina Hauser
Irurzun dejará la conducción del órgano de escuchas el martes porque ya no cuenta con margen institucional para conseguir una nueva prórroga de su mandato, que vence ese día. En su origen, la designación de este camarista como director de esta dependencia estuvo teñida de anomalías. La Corte Suprema afirmó que se lo había designado por sorteo y sin embargo dos diarios (La Nación y Perfil) anunciaron los días previos que él era el nombre “puesto”. El alto tribunal recibió el aparato de las escuchas en el verano de 2016, cuando Mauricio Macri publicó un decreto que las arrancaba de la órbita de la Procuración General de la Nación, todavía encabezada por Alejandra Gils Carbó, donde habían estado a cargo de la fiscal Cristina Caamaño (hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia). En ese período no existieron filtraciones. El ex presidente quería colonizar el sistema judicial y vio en las escuchas un factor de manejo de poder.
Con el tiempo cobraría dimensión la implicancia de la designación de Irurzun, presidente de la Cámara Federal y aliado del entonces presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, quien propició un importante respaldo a la ofensiva judicial que se desató desde Comodoro Py contra ex funcionarios. Irurzun tenía mandato por un año, según el decreto original. En enero de 2017 se filtró a los medios el famoso audio de la conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, donde ella le decía “soy yo, Cristina, pelotudo”. Con el tiempo se dieron a conocer más y más diálogos. Provenían de una causa en la que el juez Ariel Lijo investigaba una supuesta protección al narco Ibar Pérez Corradi. El premio para Irurzun fue un nuevo DNU de Macri que extendió su mandato a tres años, al cabo de los cuales lo sucedería su segundo. Por eso ahora asumirá el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, que viene de la misma escuela y alianzas, pero en tiempos renovados. Se deberá sortear un nuevo número dos. Pero el nombre que no cambia es el del director Ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, un ex secretario de Lijo que concursó para ser juez federal en Lomas de Zamora pero su pliego está entre los retirados por el Gobierno la semana pasada, sujeto a revisión.
Reacción lenta
El edificio donde se hacen las escuchas es el mismo que en otro tiempo fue la célebre Ojota (Dirección de Observaciones Judiciales) de la ex Side. Está en avenida de los Incas 3834, una calle empedrada llena de árboles altos y frondosos. De afuera no parece lo que es: un lugar con oficinas y locutorios ubicados en un subsuelo que acumula olor a encierro y a la comida que consumen los escuchadores que pasan allí largas horas. Durante muchos años fue un sitio con impronta y personal de la Side luego devenida Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Cuando la Procuración se hizo cargo de las escuchas el panorama era tétrico. Los agentes trabajaban tantas horas que uno de ellos había sufrido un ACV mientras seguía conversaciones. A veces las escuchas que se grababan en forma automática duraban meses o años. Estaba todo sucio, había misteriosas puertas siempre cerradas, los agentes se cambiaban de nombre todos los días y la tecnología era obsoleta, a punto tal que seguían los secuestros con un teléfono de línea.
Pese a eso, durante la gestión de la Procuración y la de la Corte se mantuvo una dependencia tecnológica respecto de la AFI. Hoy el software es el mismo, pero en la DAJuDeCO aseguran gozar de autonomía. El personal, una planta de 273 empleados, es todo –según aseveran-- del Poder Judicial. De hecho está lleno de hijos, hijas y otros parientes de funcionarios de los tribunales de Retiro.
La Corte Suprema se tomó un largo tiempo para pronunciarse y adoptar medidas respecto de la locura de las filtraciones que se combinaron con el arraigo de las prisiones preventivas basadas en la “doctrina Irurzun”, inspirada en un borrador que Lorenzetti había pretendido implementar sin éxito desde la Corte. En el interín, incluso los supremos multiplicaron las facultades de la oficina de escuchas y la convirtieron en un órgano de investigación y asistencia a juzgados. Así, se transformó en un ámbito de contacto directo con Comodoro Py, que ofrecía acceso a bases de datos claves del Poder Ejecutivo, como las de la AFIP u organismo registrales, y se sumaron convenios directos con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
Un dato elocuente que intentaban esquivar señala que el 30 por ciento de las escuchas pedidas por jueces/as en 2017 y 2018 no especificaba el delito que las motivaba. O sea, tenían todas las posibilidades de ser excursiones de pesca capaces de unir en complicidad a jueces y agencias. Recién en junio del año pasado, cuando ya habían pasado dos años y medio de las primeras filtraciones, la Corte firmó y difundió una acordada donde ponía algunos límites y criterios para las intervenciones telefónicas.
Para ese entonces se había sumado otra controversia por la difusión de diálogos privados de ex funcionarios del kirchnerismo o aliados detenidos en el penal de Ezeiza. Un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, había ordenado escuchas de teléfonos públicos de la unidad en un caso de Narcotráfico. Los diálogos aparecieron en manos de Elisa Carrió en febrero de 2019, justo cuando salía a la luz el “D’Alessiogate”, que revelaba una trama de espionaje que unía al falso abogado Marcelo D’Alessio con el fiscal Carlos Stornelli, y salpicaba al fallecido Claudio Bonadio, y a personajes de la AFI. Mientras avanzaba esa causa en Dolores, Carrió decía que los diálogos desde la cárcel revelaban un complot para atacar la causa de los cuadernos. El disparate quedó bautizado como Operativo Puf, y también se judicializó en manos de Bonadio.
El pronunciamiento de la Corte llegó después de dos notas de la DAJuDeCO (una del 14 de febrero del año pasado y otra del 4 de junio), que se defendía, trasladaba sospechas a la AFI, sugería obviar su participación en las causas y evaluar con rigor la de otras fuerzas, mientras alentaba la creación de una policía judicial. El otro disparador fue la visita al país, en mayo último, del relator de Naciones Unidas sobre derecho a la privacidad, que emitió algunos elogios pero varias críticas por el gran volumen de escuchas telefónicas que se hacen (en 2018 se habían intervenido 41.000 líneas) y por la vulnerabilidad del sistema, que tildó de obsoleto. La acordada suprema, del 19 de junio de 2019, advirtió finalmente que las filtraciones son “violatorias del orden constitucional” y planteó la restricción de la participación de la AFI en la investigación criminal, además de refrescar el principio de confidencialidad y la responsabilidad penal que debería existir para quien lo burla. Nada muy nuevo.
¿Cambio de época?
Caamaño, la interventora de la AFI, requirió que los juzgados dejen de pedir colaboración a ese órgano de inteligencia, lo que reforzó la línea suprema. En la DAJuDeCO tienen registro de un solo caso que tramita en el fuero penal económico donde la AFI sigue colaborando. También se jactan de haber comenzado a disminuir el número de escuchas desde que en noviembre impusieron algunas restricciones en su resolución 38 (ver detalles aparte): ningún juez puede ordenar más de 10 intervenciones por causa (el promedio era de 20) y las escuchas no pueden durar más de 30 días (antes el plazo era de 60, o más).
El Gobierno analiza la posibilidad de que la oficina de escuchas vuelva a la Procuración General después de que se designe un nuevo procurador, aunque todavía no hay nada escrito. El candidato postulado, Daniel Rafecas, cuyo pliego se analizaría en marzo, había dicho a Página/12 que la lógica es que así sea cuando se implemente el nuevo Código Procesal Penal que prevé un sistema acusatorio, con protagonismo del Ministerio Público fiscal en las investigaciones, causas más ágiles y audiencias orales, entre otras cosas. Ese sistema fue aprobado en 2015 pero Macri, además de darle las escuchas a la Corte, suspendió su aplicación. Cuando se estaba yendo del poder, el ex presidente y sus aliados vieron conveniente empezar a reglamentar parte de ese Código y empezar por limitar –por ejemplo— las preventivas, después de haberlas alentado entre otros abusos que podían volver como un búmeran.
En la DAJuDeCO prevén los posibles cambios pero intentan sobreponerse a los escándalos y ofrecer mejoras. Además de las restricciones diseñaron y propusieron un sistema de distribución digital de los audios (DIDI) para que vayan directo desde las máquinas que graban hacia el juzgado que requiere las escuchas, y mejorar así su custodia, incluso con una “marca de agua”. Hasta ahora señalan que no se ha podido implementar por falta de presupuesto. Todo parece orientado a aggiornarse, aunque algunos indicios hacen suponer que no será tan fácil: la plataforma digital proyectada se llamará Plataforma Integral, pero ya la nombran como “PI”, algo así como “PY” levemente modificado.
Un límite al descontrol
Por I.H
La oficina de escuchas, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), emitió una resolución el 25 de noviembre último que hasta ahora no se conocía y que pone límites a las pinchaduras y revela algunos datos internos. Por ejemplo, detectaron casos alarmantes donde en una misma causa se llegaron a ordenar más de 70 intervenciones telefónicas. El promedio de intervenciones que señala es de 6000 “líneas diarias en forma concurrente” y por mes alrededor de 10.000. Sólo el 1 % son escuchas directas (las que se hacen, por ejemplo, en secuestros donde hay peligro de vida). Entre 2016 y 2018 se había producido un aumento del 34 % de escuchas.
- La nueva disposición prohíbe escuchar más de diez líneas en una misma causa. En Comodoro Py, por caso, el promedio era de 20 por expediente. En esos y otros tribunales algunos juzgados intentaron resistirse a las nuevas restricciones.
- Los jueces/as deben especificar el delito investigado. De lo contrario, las escuchas podrían tratarse de excursiones de pesca. El 30 por ciento de las intervenciones eran en 2018 de ese tenor. El mes pasado, se jactan en el organismo, ese promedio bajó a 2,7%.
- Tampoco se puede mantener una línea intervenida por más de 30 días. Para pedir prórroga el juzgado debe especificar los motivos.
- Según los últimos números de la DAJuDeCO las disposiciones ya surtieron algún efecto y en enero del 2020 hubo un 34 % menos de intervenciones respecto de noviembre. Respecto de febrero del año pasado la reducción sería del 35 %.
- Para mejorar la cadena de custodia la DAJuDeCO presentó propuestas para generar “marca de agua” en las grabaciones y un sistema de distribución digital de los audios, de manera que sean entregados sin ninguna intervención de personas y eso minimice las chances de filtraciones, aunque siempre quedará algún margen. Sería un mecanismo de envío directo a los jueces o funcionarios autorizados. El nombre que le pusieron a la plataforma, que aún no se implementó en teoría por falta de presupuesto, es PI (Plataforma Integral), que suena igual a (Comodoro) Py.
16 de febrero de 2020
El Gobierno evalúa abstenerse en la elección del secretario general
Con un objetivo más importante en carpeta
Con la política exterior dirigida a la renegociación de la deuda, Argentina no se opondrá a la reelección del uruguayo Luis Almagro, pese a sus diferencias.
Por Fernando Cibeira
Toda la política del Gobierno apunta hoy hacia el objetivo prioritario de conseguir apoyos en la renegociación de la deuda. En la estrategia diplomática es donde más claramente se nota. En otro contexto difícilmente la primera salida al exterior de Alberto Fernández hubiera sido a Israel. Pero así sucedió y ese encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le valió que Donald Trump acelerara la recepción de las cartas credenciales al embajador Jorge Argüello y que en los minutos que duró el encuentro le dijera que el presidente argentino contara con él para solucionar la crisis de la deuda.
En materia exterior Fernández busca posicionarse como un líder progresista -es uno de los fundadores del Grupo de Puebla- pero sin actitudes beligerantes contra nadie. No obstante, la pretensión a veces resulta improbable. Se vio claro en ocasión de los sucesos desencadenados en Bolivia, donde Fernández actuó rápidamente: en repudio al golpe y en auxilio de la riesgosa situación en la que había quedado Evo Morales, en línea permanente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese caso, Almagro trabajó decididamente en la vereda de enfrente. Primero, al considerar las elecciones en las que ganó Evo como fraudulentas en base a supuestas irregularidades luego nunca verificadas. Después, al negar el golpe que colocó en el poder a Jeanine Añez. "La gestión de Almagro será recordada como la más penosa", dijo entonces Alberto Fernández sobre el uruguayo a quien conocía de sus épocas de canciller.
Las elecciones en la OEA están previstas para el 20 de marzo, para ganar hay que conseguir el apoyo de al menos 18 de los 34 estados miembros. Los rivales de Almagro son el embajador peruano Hugo de Zela y la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien se desempeñó con Rafael Correa pero también con su sucesor Lenín Moreno. Curiosamente, el gobierno de Ecuador no la apoya. Alberto Fernández recibió a ambos pero no expresó su respaldo a ninguno. Por esos días se conoció el lanzamiento de la candidatura del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, al BID. De acuerdo a la versión que tienen en Cancillería, cuando Trump vino a Buenos Aires por el G20 le aseguró a Mauricio Macri que el próximo mandato le correspondía a la Argentina. El entonces ministro Rogelio Frigerio se entusiasmó con esa posibilidad que luego se diluyó. Béliz -que trabajó varios años en el BID- supuestamente deberá competir contra la economista brasileña María Silvia Bastos, ex titular del BNDES. Pero en el viaje que el canciller Felipe Solá -también viajó Béliz- realizó esta semana a Brasilia le dijeron que aún no tenían nada resuelto.
Está la idea de que, en sus años en Washington, Béliz hizo buenos contactos en el gobierno norteamericano. Pero dirigentes del Frente de Todos que suelen trabajar en los temas de política exterior aseguraban no entender el lanzamiento de esa postulación al BID. "No comprendo cómo es la jugada: ¿Le pedimos a Estados Unidos que nos ayuden en el FMI y que apoyen la candidatura de Béliz y en la OEA vamos a votarles en contra? Es decir, ¿pedimos todo y no damos nada? Es raro", se preguntaba uno de estos referentes.
En la Cancillería hicieron un análisis parecido y por eso esta semana llegaron a la conclusión de que lo más conveniente era abstenerse en la votación en la OEA. De acuerdo a sus cálculos, a Almagro sólo le faltan un par de votos para conseguir la mayoría, así que es probable que si no gana en la primera ronda lo haga en la segunda, cuando alguno de los otros candidatos se baje. En definitiva, si apoyara a alguno de los otros dos candidatos, Argentina competiría contra Estados Unidos y el resultado terminaría siendo el mismo. Por eso la idea de la abstención se convirtió en la alternativa más potable, por más que consideren que el trabajo de Almagro fue muy malo. En vez de tomar el rol de un secretario de una organización regional que debe trabajar para acercar las posiciones de todos sus miembros, tomó parte y se dedicó a llevar adelante las directivas del Departamento de Estado, como hizo en el caso de Venezuela.
Más o menos para la fecha de las elecciones estará llegando a Washington el ex diputado Carlos Raimundi, designado para reemplazar a Daniel Raimondi, una de los nombramientos de último momento de Jorge Faurie como canciller. Raimondi asumió el 26 de noviembre, con Alberto Fernández ya electo y a días de jurar, con un discurso con loas al trabajo de Almagro. Luego de lo acontecido en Bolivia, Fernández y Solá resolvieron que Argentina tenía que colocar en la OEA un representante que expresara la manera de pensar del Gobierno. Todo indica que deberá convivir su mandato de nuevo con Almagro como secretario general.
Fuente:Pagina12
Gremios
El sindicalismo ratifica su firme apoyo al Presidente pero pide mayor control a los precios de los alimentos
Después de las reuniones que Fernández mantuvo con el titular de la CGT Héctor Daer y con Hugo Moyano, en la Casa Rosada hubo tranquilidad por la uniformidad de los apoyos expresados por el movimieto sindical. Eso si, ambos coinciden en que debe haber un control más riguroso sobre los precios para que los trabajadores no sigan viendo afectado su bajo poder adquisitivo.
Esto ocurrió luego de que el presidente Alberto Fernández en persona encabezara los contactos en la Casa Rosada con distintos dirigentes gremiales, que incluyeron reuniones con uno de los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y con el líder camionero Hugo Moyano. Además, la estrategia podría incluir la semana próxima un encuentro con la CGT, las dos CTA y otros sectores.
El jefe de Estado estaba preocupado porque hasta ahora, las señales parecían negativas, en su intención de encontrar la paz sindical para que las paritarias no se se salgan de control y así desalentar las expectativas inflacionarias en medio de las negociaciones con el FMI. En ese marco, el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sorprendió este viernes al apoyar que las paritarias se negocien este año con sumas fijas para calmar las expectativas de inflación, pero aclaró que se vigilará permanentemente que los salarios no pierdan contra los precios.
"La suma fija tiene una ventaja para los gobiernos. En el año 73, cuando vino Juan Perón, surgió el dicho: los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Se implementó suma fija y recuerdo que fue una buena medida. Y es esto lo que está intentando hacer el gobierno. Pero lo más importante es no perder el poder adquisitivo del salario", señaló Hugo.
Así se expresó ese viernes el líder camionero en declaraciones a radio Cítrica, dos días después de una reunión que mantuvo con el presiente Alberto Fernández y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro en Casa Rosada. "Con el presidente hablamos de las circunstancias creadas por el Gobierno anterior, es una situación muy difícil. Pero tenemos la confianza de que vamos a salir. No hablamos de la cuestión salarial. No me reprochó nada (sobre la cláusula gatillo en la paritaria), como se dijo en los medios. Nos hicimos cargadas por el fútbol. Fue una linda reunión", dijo.
Moyano sostuvo que con la actualización paritaria firmada recientemente con las cámaras del sector, el gremio ha logrado "mantener el salario en comparación con la inflación", pero no dio señales acerca de cómo será el reclamo para el 2020. "Es una situación muy complicada. Era previsible esto que está pasando (por el pedido del Gobierno para eliminar la cláusula gatillo), el país quedó en condiciones muy malas. El Gobierno está intentando recuperar al país, pero no va a ser sencillo", dijo el ex secretario general de la CGT.
Por su parte, el secretario general de la CGT Héctor Daer subrayó este viernes que las paritarias deben tener "revisiones" y no cláusula gatillo, para así "ir readecuando el salario a una realidad económica y de cada una de las actividades" sin que se genere "un proceso inflacionario". Tras almorzar el pasado jueves con el presidente Alberto Fernández, el referente sindical subrayó que el mandatario "sabe la responsabilidad" que tiene el movimiento obrero y afirmó que a la hora de discutir aumentos salariales "no es un tema de moderación, sino de entender el proceso y a partir de ahí encontrar un camino que permita bajar la inflación".
A la vez, Daer indicó que el objetivo de la central obrera es que en las paritarias se pueda "sostener el ingreso, ir recuperando lo perdido, pero que no genere un proceso inflacionario". "Seguramente será mucho más activo el mecanismo de negociación, mucho más dinámico, pero no se puede tomar un mecanismo o un método de negociación universal, porque hay salarios que compartieron su índice con la inflación, otros que perdieron poquito y otros que perdieron más", aclaró.
Hoy tuve el honor de almorzar con el Presidente @alferdez. Hablamos sobre las perspectivas que tenemos para recuperar el poder adquisitivo y poder lograr el objetivo que nos propusimos desde el principio: desarrollar una sociedad más justa e igualitaria para todos.
Consultado respecto a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a otorgar aumentos de sumas fijas a través de decretos, el gremialista explicó que esa modalidad "no es incompatible con la negociación salarial". "Esas sumas se están incorporando a los básicos y después hay que ampliarlas proporcionalmente a las escalas", amplió.
Finalmente, el secretario general de la CGT afirmó que ahora no se puede "ni hablar" de un paro y remarcó que "no está en carpeta" la realización de una medida de fuerza contra el Gobierno de Alberto Fernández. "Sólo podría hacerse si se vuelve a un rumbo de llevarnos a un país fragmentado como tuvimos en los cuatro años del Gobierno anterior. Pero vamos en el rumbo de un país desarrollado, mitigar los efectos de la pobreza, generando desarrollo sustentable", concluyó.
Fuente:PoliticaArgentina
Deuda, inflación y paritarias: el gobierno de Alberto en el centro de un cuadrilátero a oscuras
Por Nicolás Lantos
La Argentina enfrenta una crisis autoinflingida. Uno de los técnicos que participa de la misión del Fondo Monetario Internacional que arribó a Buenos Aires esta semana, le confesó a su interlocutor, un funcionario del gobierno, que encontraba evidente que la deuda, en las condiciones en las que se contrajo, nunca podría ser pagada. El presidente Alberto Fernández pretende que el organismo repita esa idea en un comunicado oficial. Ese es el objetivo de máxima de la estrategia trazada, en coordinación con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La crisis de crédito era parte del plan, estiman en la Casa Rosada. Para condicionar al sucesor de Mauricio Macri si el oficialismo perdía las elecciones a pesar de los miles de millones que aportó el FMI a la campaña. Pero también como excusa para llevar adelante las reformas que Cambiemos quiso implementar desde el día uno pero no pudo hacer por una correlación de fuerzas insuficiente: convertir el slogan “Hay un único camino” en una realidad de tanto tomar deuda en condiciones impagables. Ese plan tuvo dos autores intelectuales: la administración Macri en la Argentina y la gestión Christine Lagarde en el Fondo.
Una pieza clave de la estrategia era permitir la fuga de capitales: por eso el gobierno de Cambiemos levantó todas las barreras a la salida de divisas del país y el FMI no le exigió que hiciera nada al respecto antes de desembolsar el dinero, contradiciendo al artículo VI de su estatuto, como remarcó esta semana CFK. En tanto que los Fondos de Inversión que aprovecharon esas circunstancias para embolsar ganancias que cuadruplican, o más, los valores del mercado internacional, deberán pagar el costo de ese riesgo, porque no solo conocen el modus operandi si no que forman parte de una estafa global.
Este viernes renunció al Banco Mundial su economista en jefe Penelopi Goldberg luego de que el organismo se negara a publicar un informe que elaboró, donde comprueba que cuando un país recibe asistencia financiera del exterior, los desembolsos coinciden con picos en los depósitos de ese origen en bancos de Suiza. “Las fugas representan en promedio un cinco por ciento de la ayuda entregada a ese país”, estima el informe, según reporta el pasquín filokirchnerista The Economist. Una de las supervisoras del trabajo de Goldberg durante su paso por el BM fue la actual titular del Fondo, Kristalina Georgieva.
El gobierno argentino espera que el FMI refleje ese panorama en el informe que elaborará la misión una vez que concluya su estadía en Buenos Aires, a mediados de esta semana. Que dé cuenta de la situación de insolvencia del país y reconozca la responsabilidad compartida para haber llegado a este punto. Y que recomiende a los acreedores privados iniciar las charlas formales para una reestructuración que incluya un plazo de gracia, un recorte de los intereses y una quita significativa del capital. Para discutir la deuda con el propio organismo hay tiempo: el primer vencimiento llegará solamente para el 2021.
A partir de esa declaración del Fondo, comenzaría una nueva etapa, más agresiva, de la negociación con los acreedores privados. Se profundizará el camino iniciado este miércoles por Guzmán en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, cuando dejó claro que hay un horizonte de al menos cuatro años en los que el país no estará en condiciones de pagar. “Va a haber frustración de los bonistas”, advirtió. Al día siguiente, el riesgo país pegó un salto y cayeron los bonos y las acciones argentinas. Era exactamente el efecto que el ministro esperaba; lo que fue a buscar al Congreso.
En términos boxísticos: el gobierno empezó a soltar las manos. Los primeros rounds, con algunos pasos en falso, como la resolución del problema de la deuda bonaerense o el reperfilamiento del bono dual, tuvieron cierto costo pero, al mismo tiempo, sirvieron para medir mejor a quienes están del otro lado. Recién ahora el equipo económico empieza a entender quiénes son, cuántos son, cuánto tienen y cómo piensan sus acreedores. Para llevar a un extremo la analogía deportiva: el cuadrilátero está a oscuras. Se perdieron, por puntos, los primeros rounds, pero los ojos ya están acostumbrándose a la penumbra.
Con el anuncio del aumento a las jubilaciones, acompañado por la entrega de medicamentos gratuitos para los afiliados al PAMI y el envío al Congreso de la ley que reformule los regímenes previsionales llamados de privilegio el Presidente buscó, sobre el final de la semana, volver a tomar la iniciativa de la agenda y dejar atrás los debates bizantinos sobre la nomenclatura de los “presos que no deberían estar presos”, tal como los definió el exministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, al mismo tiempo que inyectaba un nuevo torrente de recursos al mercado interno, a la espera de ver los primeros signos de recuperación.
La baja fuerte de la inflación de enero, anclada a la decisión de mantener pisados todos los precios regulados, tuvo como contrapartida un número altísimo en lo que respecta a alimentos y bebidas, el rubro que más pesa en el bolsillo de los que menos tienen. En el gobierno aseguran que en febrero, sin el salto provocado por la restitución del 21 por ciento de IVA, caerá fuertemente ese rubro y eso arrastrará el número final aún más a la baja. Con sesenta días de inflación menos a dos puntos y medio, cambiarán las expectativas a la hora de negociar salarios, tarifas y contratos, se ilusionan.
Fernández dio otro paso hacia la desindexación de la economía en los almuerzos que tuvo esta semana con representantes de los distintos sectores del Movimiento Obrero Organizado, encabezados por Héctor Daer, titular de la CGT, y por el dirigente de Camioneros Hugo Moyano. Con ellos acordó habilitar revisiones periódicas de los acuerdos paritarios a cambio de dejar de lado el mecanismo de la cláusula gatillo. Esta semana seguirán desfilando referentes por la Casa Rosada: en la lista de invitados figuran el bancario Sergio Palazzo y el Titular de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.
El regreso a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner después de otra estadía en Cuba junto a su hija Florencia marcó, también, el final de los escarceos inconducentes con exagerada cobertura mediática. De los otros, que no se publican, siempre hay, aunque el estilo de conducción del Presidente, que no se obsesiona por evitarlos, les baja un poco el precio. A veces suceden simplemente porque sobra el tiempo ocioso. Es hora de empezar a repartir más tareas. Sergio Massa tendrá a cargo, desde esta semana, el equipo que va a elaborar la nueva fórmula que regirá el aumento a las jubilaciones a partir de septiembre.
Fuente:ElDestape
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