Los sindicatos clasistas se manifestarán en Trabajo contra “el pacto CGT-UIA-Gobierno”
Las organizaciones nucleadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo organizaron una radio abierta de la que participará un centenar de dirigentes con el propósito de poner en la calle sus reclamos y propuestas pero, a la vez, garantizar las medidas sanitarias.
Por Alfonso de Villalobos – @alfondevil18 de Mayo de 2020 Varios de los gremios que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) ya se manifestaron en la calle por diversos motivos de índole particular.
Los docentes del sindicato porteño Ademys lo hicieron contra la aprobación de la ley de Emergencia Económica que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta terminó aprobando con modificaciones. Sus dirigentes aseguran que la marcha, con riguroso distanciamiento social, aportó para que el oficialismo, a pesar de contar con mayoría automática en la legislatura, decidiera modificar el proyecto retirando su propuesta de habilitar el pago de salarios en cuotas. La acción, se lamentaron, no alcanzó para impedir que se congelen los haberes a futuro incluyendo la posibilidad de que omitan una cuota pendiente ya acordada para junio.
Los docentes del sindicato porteño Ademys lo hicieron contra la aprobación de la ley de Emergencia Económica que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta terminó aprobando con modificaciones. Sus dirigentes aseguran que la marcha, con riguroso distanciamiento social, aportó para que el oficialismo, a pesar de contar con mayoría automática en la legislatura, decidiera modificar el proyecto retirando su propuesta de habilitar el pago de salarios en cuotas. La acción, se lamentaron, no alcanzó para impedir que se congelen los haberes a futuro incluyendo la posibilidad de que omitan una cuota pendiente ya acordada para junio.
Lo mismo hicieron los trabajadores del neumático nucleados en el SUTNA que, con una movilización callejera, lograron torcer la decisión del propietario de FATE, Javier Madanes Quintanilla que había dispuesto una reducción salarial del 25% a nivel mensual. También los médicos de la CICOP, entre otros, salieron a la calle en reclamo de insumos adecuados cuando en el Hospital Belgrano de San Martín se conoció el contagio masivo de personal de salud.
Pero el reagrupamiento, además de los sindicatos mencionados, la seccional de la Unión Ferroviaria de Haedo, los docentes de la AGD-UBA, el sindicato ceramista, varios Sutebas como el de La Matanza, y dirigentes de comisiones internas como la de Aluar, el ministerio de Economía y el Hospital Italiano, también incluye a organizaciones piqueteras. Se trata del Polo Obrero, el Teresa Vive o el MTR cuyos dirigentes y responsables de los comedores populares también se manifestaron en la avenida 9 de julio, con estricto distanciamiento social, en reclamo de más alimentos y condiciones de sanitarias ante la creciente demanda de comida y las crecientes carencias sanitarias en los barrios.
Contra la conducción de la CGT
Ahora, sin embargo, tomaron la decisión de poner en la calle un reclamo de tipo general repudiando el acuerdo entre la CGT y la UIA que contó con homologación gubernamental a través del ministerio de Trabajo de Claudio Moroni y que, además del pago del 50% del salario neto con fondos de ANSES, habilita la reducción de salarios de trabajadores suspendidos en hasta un 25%. Es lo que harán el martes desde las 11 de la mañana en la sede del minisiterio de Trabajo de la avenida Callao al 100.
Contra la conducción de la CGT
Ahora, sin embargo, tomaron la decisión de poner en la calle un reclamo de tipo general repudiando el acuerdo entre la CGT y la UIA que contó con homologación gubernamental a través del ministerio de Trabajo de Claudio Moroni y que, además del pago del 50% del salario neto con fondos de ANSES, habilita la reducción de salarios de trabajadores suspendidos en hasta un 25%. Es lo que harán el martes desde las 11 de la mañana en la sede del minisiterio de Trabajo de la avenida Callao al 100.
Para los dirigentes, a contramano de lo que asegura la conducción de la CGT, ese acuerdo habilitó una seguidilla de rebajas salariales de las más diversas patronales y sectores. En este punto coincidieron con otras expresiones del sindicalismo como algunos dirigentes puntuales de la Corriente Federal de los Trabajadores, ambas CTA y los metrodelegados de la AGTSyP que se pronunciaron en contra públicamente.
Por eso, el título que eligieron para la declaración de convocatoria que se producirá el martes a las 11 am en la sede de Trabajo de la avenida Callao es “No al pacto CGT-UIA-Gobierno”.
Un planteo de alcance general
El texto, sin embargo avanza en un planteo político general. Allí aseguran que “el gobierno de Fernández está flexibilizando cada día más la cuarentena y ha dado el visto bueno a los recortes salariales pactados entre la CGT y la UIA”.
Del mismo modo, denuncian que “negocia con los bonistas privados para garantizar pagarles la fraudulenta deuda externa y sigue cumpliendo con los pagos de intereses al FMI y otros organismos”.
Un planteo de alcance general
El texto, sin embargo avanza en un planteo político general. Allí aseguran que “el gobierno de Fernández está flexibilizando cada día más la cuarentena y ha dado el visto bueno a los recortes salariales pactados entre la CGT y la UIA”.
Del mismo modo, denuncian que “negocia con los bonistas privados para garantizar pagarles la fraudulenta deuda externa y sigue cumpliendo con los pagos de intereses al FMI y otros organismos”.
Para los dirigentes que firman la convocatoria, mientras “el número de contagios va en aumento, el gobierno juega con el peligro de un descontrol de la pandemia en las barriadas populares”. Además, advierten, “crecen los casos de infectados entre los trabajadores de la salud”. Por otro lado, aseguran que “la realidad es que entre los trabajadores, los jubilados, los obreros de las cooperativas, crecen el hambre y la miseria”, mientras que, “en contraste, las patronales recibieron miles de millones de pesos, incluyendo grandes empresas y multinacionales (pero nada a las empresas recuperadas)”.
En definitiva, aseguran, “mientras (el gobierno) cajonea el anunciado impuesto a las grandes fortunas, auxilia a los empresarios con la plata del ANSES, que es de los propios trabajadores”. Por eso, recuerdan, “la burocracia de la CGT acordó con la UIA que pueden suspender pagando el 75% del salario “neto”, con la anuencia del gobierno” y, se indignan, “¡El estado paga el 50% de los salarios y las patronales pueden pagar solo el 25% restante!”.
Con todo, los dirigentes saludan las decenas de luchas que se desarrollan “pese a las restricciones de movilidad por la cuarentena” y, entre otras, destacan las ya mencionadas así como las de los trabajadores de reparto, los de Clarín, la de los municipales de Jesús María, del frigorífico Penta, Bed Time y los pasteleros de Nirva y los fast food.
En función del carácter general de la medida, la radio abierta será la oportunidad para desarrollar un plante de orden general a los problemas que, consideran, atraviesan a los trabajadores.
De esa forma, entre reivindicaciones contra los despidos y las rebajas salariales, la defensa de las paritarias y la actualización de los salarios así como un seguro de $30 mil para desocupados y monotributistas, plantean consignas políticas de fondo como “que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos, multinacionales y grandes empresarios, no el pueblo trabajador. Por impuestos a todas las grandes riquezas, multinacionales, bancos, patrimonios y dueños de la tierra y el no pago de toda la deuda externa. Por la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, sin indemnización, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores”.
Del mismo modo, y ante la generalización de las ATP ratifican su reclamo de la “intangibilidad de los fondos del ANSES y el aumento de emergencia a jubilados y planes sociales”. Por último, entro otros puntos, desde el punto de vista sanitario, proponen un “sistema único de salud que incluya a los geriátricos” y que sea “estatal, gratuito e igualitario, nacionalizando el sector privado de salud, tanto asistencial (clínicas y sanatorios) como la industria farmacéutica, sin indemnización”.
Como parte de un planteo integral también repudian las “medidas de militarización” y rechazan de forma de “coartar el derecho a la protesta” así como garantizar los “plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente”. La jornada, además, será el puntapie inicial de un plan de acción que continuará con un plenario nacional de dirigentes a realizarse en forma virtual el 27 de mayo de este mes.Del mismo modo, y ante la generalización de las ATP ratifican su reclamo de la “intangibilidad de los fondos del ANSES y el aumento de emergencia a jubilados y planes sociales”. Por último, entro otros puntos, desde el punto de vista sanitario, proponen un “sistema único de salud que incluya a los geriátricos” y que sea “estatal, gratuito e igualitario, nacionalizando el sector privado de salud, tanto asistencial (clínicas y sanatorios) como la industria farmacéutica, sin indemnización”.
Como parte de un planteo integral también repudian las “medidas de militarización” y rechazan de forma de “coartar el derecho a la protesta” así como garantizar los “plenos derechos a la actividad sindical y reivindicativa y a manifestarse políticamente”. La jornada, además, será el puntapie inicial de un plan de acción que continuará con un plenario nacional de dirigentes a realizarse en forma virtual el 27 de mayo de este mes.
Tres médicos y tres enfermeros del Hospital Durand dieron positivo al COVID 19
Tres médicos y tres enfermeros del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand dieron positivo al test de coronavirus , meintras que hasta la tarde de este domingo 61 pacientes están en estudio.
La propagación del Covid-19 entre los profesionales de la salud es una de las máximas preocupaciones de las autoridades sanitarias del país, junto con lo que ocurre en villas de emergencia y geriátricos.
El 15 de mayo, la Justicia laboral ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que testee a la totalidad del personal sanitario del hospital porteño para determinar la cantidad de casos positivos de covid-19 entre los trabajadores de la salud.
La medida cautelar, dictada por el juez Marcelo Fernández el 6 de mayo, trascendió casi diez días después.
El magistrado tomó la decisión tras un amparo de trabajadores del Hospital Durand, presentado por la abogada Mariana Chiacchio, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU).
Desde el ministerio de Salud porteño manifestaron que la Ciudad tiene previsto comenzar a testear a la totalidad del personal sanitario de los 34 hospitales públicos, pero que aún no cuentan con los tests rápidos adquiridos a China. Además, detallaron que los testeos también se realizarían entre el personal de los geriátricos.
FUENTE: CANAL 26
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Por deudas salariales y falta de insumos, los médicos le piden a Kicillof que inspeccione clínicas y sanatorios
Lo hicieron en el encuentro semanal con el Comité Crisis. El sindicato de médicos expuso conflictos por despidos, incumplimientos en el pago de salarios y la «gravísima» falta de provisión de insumos para la protección personal.
En lo que fue el encuentro semanal del Comité de Crisis COVID19 en el Hospital El Dique de Ensenada, el Sindicato Médico (AMRA) expuso ante las autoridades de la Provincia de Buenos aires una serie de conflictos por despidos, incumplimientos en el pago de salarios y la «gravísima» falta de provisión de insumos para la protección personal.
«AMRA insistió en la urgente necesidad de realizar inspecciones en los lugares del sector privado de la salud, dejando en claro que el Ministerio de Salud es el responsable directo de lo que sucede sanitariamente en los diferentes subsectores», explicó el gremio.
Según el sindicato, la respuesta de las autoridades presentes fue que «no cuentan con inspectores suficientes para realizar esas tareas de inspección». Sin embrago, para los médicos «son las clínicas y sanatorios los lugares donde mayor informalidad laboral existe y al mismo tiempo son el foco para el contagio horizontal entre los trabajadores profesionales y no profesionales, como quedó demostrado ya en varios de los casos presentados».
Por otro lado, le plantearon a las autoridades bonaereses la agilización de la burocracia para el ingreso de nuevos médicos en el sector público.
Pusieron como ejemplo el HIGA Eva Perón de San Martín, en el que no se puede abrir la Unidad de Terapia Intensiva nueva de 14 camas por no contar con el personal de enfermería, aunque para el mismo hay 31 postulantes nuevos y ningún nombramiento.
Por último acordaron fomentar la actividad de los Comités de crisis municipales para coordinar los faltantes de los aprovisionamientos y tratar de unificar los criterios de los protocolos de actuación COVID-19 con los establecidos por el Gobierno Provincial.
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Organizaciones sociales retoman protestas por alimentos, trabajo y la crisis sanitaria
Foto: La Nueva Provincia
Con la consigna “Con hambre no hay cuarentena” un sector de los movimientos sociales anunciaron que volverán a concentrar este martes 19 desde las 10 en el Obelisco porteño. “Larreta: ¿cuántas muertes más hacen falta para garantizar la asistencia y alimentaria en los barrios?”, se preguntan, en un contexto de aumento de la cantidad de personas contagiadas y muertas en los barrios precarios de la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman agua potable las 24 horas, testeos masivos en los barrios, aumento del presupuesto en salud y un seguro de 30 mil pesos para todos y todas las desocupadas, entre otras demandas. También volverán a reclamar al gobierno de Alberto Fernández por la provisión de alimentos, pago sin restricciones del IFE y elementos de higiene. “La cuarentena sirve si hay con qué sostenerla materialmente. Casi sin alimentos y sin elementos de higiene las declaraciones de ‘poner la salud antes que la economía’, son solo palabras”, sostienen. Por ANRed.
La nueva concentración en el Obelisco es la continuidad del plan de lucha que este sector de los movimientos sociales lanzaron el 6 de mayo en reclamo a los gobiernos nacional, provinciales y municipales de provisión de alimentos, pago irrestricto del IFE y elementos de higiene. En la nueeva convocatoria se agrega, ahora, además, especialmente el reclamo al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de políticas de gobierno para contener la crisis sanitaria y económica por la expansión del nuevo coronavirus (Covid-19) en los barrios populares y precarizados de la ciudad, como es el caso del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31), hoy instalado en todos los medios de comunicación, por el conocimiento del aumento de la cantidad de personas contagiadas y muertas, entre ellas conocidos y conocidas referentas del barrio.
“Larreta: ¿cuántas muertes más hacen falta para garantizar la asistencia y alimentaria en los barrios?”, se preguntan desde las organizaciones sociales,que reclaman agua potable las 24 horas, testeos masivos en los barrios, aumento del presupuesto en salud, la conformación de comités territoriales por barrio y manzan, aumento de salarios a las cuadrillas de limpieza y un seguro de 30 mil pesos para todos y todas las desocupadas, entre otras demandas.
Pero también retomarán los reclamos hacia el gobierno de Alberto Fernández: “el Ministro Arroyo lleva más de 50 días sin entregar los alimentos básicos y necesarios para los comedores populares – sostienen – Ante el fracaso total del gobierno en restablecer la entrega de alimentos a los comedores populares, ratificando nuestra denuncia sobre la crisis en la compra de alimentos, y frente a la dramática situación que vivimos en medio de la cuarentena. En la actual situación en la que muchos comedores populares no han recibido alimentos en los últimos 50 días y habiendo realizado reuniones virtuales con más de 25 organizaciones nacionales que sufren esta situación. Y que a pesar de todos los esfuerzos realizados mediante reuniones contactos e intentos de que el gobierno comprendiera la gravedad sanitaria y alimenticia que enfrentamos en los barrios populares las organizaciones sociales y piqueteras, con presencia en casi todo el país, retomamos el plan de lucha que había sido suspendido a la espera de las fracasadas reuniones, en las que el Ministerio de Desarrollo Social no pudo entregar un cronograma de entregas de alimentos imprescindibles a pesar de que se había comprometido a hacerlo“.
En contraposición, denuncian que la situación “contrasta con los subsidios a las patronales que sin embargo siguen con los despidos y con los descuentos salariales, y con el pago de la Fraudulenta deuda externa, que no se interrumpiço nunca en medio de la cuarentena”. En este contexto, consideran que “la cuarentena sirve si hay con qué sostenerla materialmente. Casi sin alimentos y sin elementos de higiene las declaraciones de ‘poner la salud antes que la economía’, son solo palabras“, remarcaron.
Difundimos convocatoria:
Volvemos a movilizar en Cuarentena. ¡Porque no se aguanta más!
El Ministro Arroyo lleva más de 50 días sin entregar los alimentos básicos y necesarios para los comedores populares.
Ante el fracaso total del gobierno en restablecer la entrega de alimentos a los comedores populares, ratificando nuestra denuncia sobre la crisis en la compra de alimentos, y frente a la dramática situación que vivimos en medio de la cuarentena.
En la actual situación en la que muchos comedores populares no han recibido alimentos en los últimos 50 días y habiendo realizado reuniones virtuales con más de 25 organizaciones nacionales que sufren esta situación.
Y que a pesar de todos los esfuerzos realizados mediante reuniones contactos e intentos de que el gobierno comprendiera la gravedad sanitaria y alimenticia que enfrentamos en los barrios populares las organizaciones sociales y piqueteras, con presencia en casi todo el país, RETOMAMOS EL PLAN DE LUCHA que había sido suspendido a la espera de las fracasadas reuniones, en las que el Ministerio de Desarrollo Social no pudo entregar un cronograma de entregas de alimentos imprescindibles a pesar de que se había comprometido a hacerlo.
Esta situación contrasta con los subsidios a las patronales que sin embargo siguen con los despidos y con los descuentos salariales y con el pago de la Fraudulenta deuda externa, que NO SE INTERRUMPIÓ NUNCA EN MEDIO DE LA CUARENTENA!!! Los trabajadores ocupados y desocupados estamos pagando esta crisis con la falta de ingresos y hasta de alimentos esenciales mientras los grandes empresarios y banqueros no han puesto nada en esta crisis y han recibido exenciones impositivas y subsidios. La situación ha llegado a un punto límite, la cuarentena sirve si hay con que sostenerla materialmente, Casi sin alimentos y sin elementos de higiene las declaraciones de “poner la salud antes que la economía” son solo palabras.
La semana que viene reforzaremos nuestro plan de Lucha en todo el país con distintas medidas, piquetes, cortes, marchas y ollas populares, porque #ConHambreNoHayCuarentena.
POLO OBRERO – MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba. M.T.R.- M.I.D.O.– MAR, MOV 29 DE MAYO -BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU, BUEL,A TRABAJAR, – AGRUP 17 DE NOVIEMBRE – M.V. y J.S. – MTL REBELDE
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El CEO de Techint que despidió a 1.450 trabajadores cobró parte de su sueldo del Estado
Desde hoy el Gobierno habilitó que Techint puede devolver el dinero. Fuentes oficiales adelantaron a El Destape que en los próximo días se pondrán límites para que la ayuda no incluya a estos altos sueldos.
Paolo Rocca, CEO del grupo Techint, beneficiado con ayuda del Estado. Carlos Bacher comanda una de las empresas del holding. Foto: NA.
Carlos Eduardo Bacher, CEO de Techint Construcciones, cobró parte de su sueldo por parte del Estado en el marco del Programa ATP. Su caso no es menor: Bacher fue el responsable de los despidos de 1.450 trabajadores en plena pandemia y fue quien salió al cruce de Alberto Fernández cuando el presidente los calificó de miserables. Bacher le contestó a Alberto en Radio Mitre, que también recibirá ayuda del Estado para el pago de sus sueldos, tal como reveló El Destape.
Fuentes del Gobierno adelantaron a este medio que en los próximos días se pondrá un límite al nivel salarial de los que pueden acceder a la ayuda estatal. La idea es clara: que no haya casos como el de Bacher u otros CEOs o altos gerentes de corporaciones que tienen sueldos millonarios pero igual se aprovechan una política pública destinada a mantener los salarios de millones de trabajadores. El caso de Bacher no es el único. El Destape pudo reconstruir que son al menos 10 altos mandos de Techint Construcciones cobraron dinero de Anses en sus cuentas bancarias.
Además, a partir de hoy, el Gobierno habilitó además que las empresas que solicitaron ayuda puedan darse de baja en incluso devolver el dinero recibido. Muchas tienen interés, ya que el Gobierno puso otros límites para aquellas que reciban ayuda estatal: por 2 años no podrán repartir dividendos, recomprar acciones propias, operar en contado con liqui ni a través de guaridas fiscales.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La forma de chequear que Bacher cobró de Anses es sencilla. Basta con buscar el CUIT de Bacher y consultar en la web que ANSES habilitó para que les trabajadores puedan conocer si sus empleadores los registraron en el Programa ATP (https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/). Con poner el CUIT de Bacher, la web arroja: “Se aprobó tu pago ATP cobrarás el día 15/05/2020 en tu cuenta bancaria. La diferencia de su haber debe abonarla su empleador”. El 15 de mayo fue el viernes pasado.
El Destape no pudo corroborar cuánto es el sueldo de Bacher, CEO de Techint Construcciones. Pero es obvio que esta muy lejos de los 33.750 pesos que Anses le depositó en su cuenta sueldo.
Como informó El Destape, en Techint ya pagaron los sueldos de abril a principios de mayo, pero la ANSES le depositó a Bacher y otros trabajadores el 15 de mayo. Por ende, la empresa les descontará ese monto el mes que viene. Lo mismo pasó en Radio Mitre y en Viacom, dos gigantes de las comunicaciones a los que también se les aprobó la ayuda estatal para el pago de sueldos.
Dato adicional: es posible que Techint se baje del Programa ATP para poder realizar operaciones en las que quedará limitada si recibe fondos estatales. Por ejemplo, repartir utilidades, recomprar acciones, maniobrar con contado con liqui, operar a través de guaridas fiscales u otros límites que se agreguen en los próximos días. El Gobierno ya amplió estas restricciones por dos años a partir de que las empresas reciban la ayuda estatal. Es decir, si Techint recibe dinero para el pago de sueldos no puede repartir ganancias hasta el 2022. Si se bajan, habrían aprovechado el envión del Programa ATP para ahorrarse unos buenos millones este mes para luego operar con normalidad a partir del que viene. No es la única que hizo esta maniobra. Pero ahora también están habilitados para devolver el dinero.
Desde el Gobierno aseguraron a que no se fijan quien pide la ayuda del Programa ATP sino si cumple los requisitos. “Solo vemos CUITs”, afirmaron, y es creíble. Sin embargo, casos como Techint y Clarin, y en especial la primera que tiene miles de empleados, deberían tener un mayor control.
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“La prohibición es taxativa, no se puede despedir en este contexto”
Con la excepción de Techint, la reinstalación de despedidos durante el aislamiento fue casi inmediata, según el abogado laboralista Matías Cremonte. Para él, lo realmente preocupante son las reducciones salariales que se produjeron en cuarentena.
Redacción Canal Abierto | Días atrás, juzgado laboral de feria Nº 5 hizo lugar al pedido de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y ordenó reinstalar a un trabajador despedido durante la cuarentena.
El fallo dicta la reinstalación de Maximiliano Martínez, un trabajador gastronómico. Como él, muchos fueron despedidos durante marzo y recién fueron notificados después de la entrada en vigencia del decreto contra los despidos. El criterio de esta sentencia sienta un precedente para el resto de los trabajadores en situación similar.
Pero éste no es el primer fallo que se dio. Ya hubo varias órdenes judiciales de reinstalación de trabajadores despedidos durante la vigencia del decreto que los prohíbe.
“En este caso particular hay dos cosas interesantes a destacar: la primera es que se da antes de la prohibición, pero se pondera el carácter recepticio del despido -que se produce una vez que el trabajador recibe el telegrama- que fue durante la vigencia del DNU 329/20. Lo segundo es que el trabajador es uno de los que había solicitado licencia por tener una afección pulmonar e integrar el grupo de riesgo”, destacó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Y agregó: “Previo a la emisión de este DNU, ya se había establecido el derecho a licencias justificadas de este tipo de trabajadores. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la decisión de despedirlo tenía que ver también con el ejercicio previo del derecho a esa licencia. Fue un despido discriminatorio”.
Por los fallos que se van conociendo en el país, hay una adecuada receptividad en el poder judicial, ya que casi inmediatamente ordenan la reinstalación del trabajador o trabajadora despedida, con la excepción de los despidos de Techint, donde casi todos se hicieron efectivos.
“Fue un caso muy emblemático por las características de la empresa, por la cantidad de trabajadores -1.450-, y por la contradictoria actitud del propio Presidente y del Ministerio de Trabajo que termina validando el acuerdo de indemnizarlos pero no reinstalarlos”, recordó Cremonte.
En este contexto, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, también abundan los casos de trabajadores de la salud a quienes se les niegan las licencias parentales. En este sentido, el abogado laboralista señaló: “Más allá de tratarse de una tarea esencial y exceptuada del aislamiento, existen trabajadores y trabajadoras que por la situación general están al cuidado de niños y niñas menores y tienen derecho a utilizar esa licencia.El fallo de la Cámara para la enfermera del Penna fue realmente vergonzoso. Las licencias corresponden. El decreto es claro. Que el Gobierno de la Ciudad lo esté negando es muy preocupante”.
Sobre este punto, y volviendo al caso del trabajador gastronómico, para Cremonte este fallo ratifica que durante la vigencia de esta emergencia están prohibidos los despidos. “Es importante para el trabajador, como precedente, y además como mensaje disuasorio al resto de los empleadores y abogados de empresas para que adviertan que esa prohibición es efectiva y taxativa. No se puede despedir en este contexto”, aseveró.
Si bien los despidos están siendo controlados y respaldados judicialmente, en este contexto de aislamiento, preocupan también las reducciones salariales. “Aún acordadas en muchos casos con los sindicatos y homologadas por el Ministerio de Trabajo, implican una gran contradicción con el sentido del aislamiento, e incluso con las primeras normas que dictó el propio Gobierno Nacional. El aislamiento no debía redundar en ningún tipo de reducción salarial y después se habilitaron reducciones de por lo menos el 25% en la gran mayoría de los trabajadores que no están trabajando”, finalizó Cremonte.
Neuquén: Por segunda vez, huelga de mineros y mineras de Andacollo
Casa de Gobierno de Neuquén
Los trabajadores y trabajadoras mineras de Andacollo se encuentran sosteniendo un corte en ruta 22 y un acampe frente al Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Estuvieron sin acceso a comida y abrigo hasta la noche del domingo, a la espera de una reunión que se realizaría hoy, pero que aún no tiene horario y lugar confirmado. La historia de un yacimiento que por segunda vez deja trabajadores en la calle. Por Corresponsal popular para ANRed
Luego de rechazar una propuesta de miseria, los trabajadores y trabajadoras de la mina de Andacollo permanecen en las puertas del poder judicial de Neuquén. La respuesta estatal ha sido de amedrentamiento y represión.
El conflicto anterior
La explotación de minas de oro en la zona de Andacollo puede rastrearse hasta fines del siglo XIX, a manos de En octubre de 1998, CORMINE (Corporación Minera del Neuquén), empresa estatal dueña del yacimiento, dio la concesión de explotación a Minera Andacollo Gold SA (MAGSA) para extraer oro y plata. Vale decir que esta empresa es una subsidiaria de la más conocida Barrick Gold, protagonista de numerosos escándalos sociambientales por el perverso modelo extractivista que impone en cada área donde pone sus manos.
A partir de enero de 1999, la empresa se instaló en la zona de Andacollo con, entre otros compromisos, la obligación de contratar mano de obra local e inversiones para desarrollar la producción del yacimiento. Durante el año siguiente, Andacollo Gold fue despidiendo a todo el personal, algo más de cien trabajadores, supuestamente por problemas financieros. Por este motivo, en 2001, la provincia de Neuquén le otorgó un crédito de más de dos millones de dólares para reiniciar la explotación en la zona, ya reconvertida la planta, además de energía a precio preferencial. La empresa, por su parte, se comprometió a instalar una planta de fundición en la localidad, algo que nunca sucedió.
En 2004, pobladores del paraje Huaraco, cerca de Andacollo, denunciaron que la empresa había desviado el curso del arroyo homónimo, dejando sin agua toda la zona. Esto sucedió apenas unos meses después de que la empresa bloqueara los canales de riego de la zona para dirigir el agua hacia la zona de explotación. El argumento fue que el arroyo no daba suficiente agua para la explotación aurífera, por lo que había que hacer una obra para extraer agua del río Neuquén, supuestamente demasiado costosa para la empresa. Tras el reclamo popular, finalmente debió realizarse.
Ese verano de fines de 2004 y principios de 2005, personal de salud del Hospital Andacollo detectó brotes de diarreas y gastroenteritis en gente de la zona, pero, al investigar el agua, no encontraron microorganismos que expliquen la enfermedad, sino arsénico. A la peligrosidad propia del trabajo minero, se sumaba el impacto de la actividad y sus desechos en la población local.
Comenzó entonces una puja entre sectores de la sociedad que buscaban organizarse y amedrentamiento por parte de la empresa y el gobierno provincial. Los recursos se iban (la empresa entregaba en impuestos apenas un 3% de sus ganancias) y la contaminación quedaba. Incluso, los trabajadores mineros muchas veces tuvieron que ir a la huelga para evitar la caída de sus salarios, frente a los intentos de la empresa de maximizar sus ganancias.
En 2009 ocurrió un importante derrame hacia el arroyo Huaraco. El director provincial de Minería, Carlos Portilla y Martín Irigoyen, presidente de Cormine, dijeron que “aunque se puede hablar de contaminación porque se han alterado las condiciones naturales del canal, es un hecho menor que no ocasiona peligro para la vida, no se puede hablar de contaminación tóxica”. En ese momento, el gobierno provincial “analizó la posibilidad” de multar a la empresa, pero no sucedió. Portilla e Irigoyen siguen ocupando los mismos cargos el día de hoy.
En 2011 el precio del oro a nivel internacional terminó su escalada histórica, y a partir de 2012 comenzó un marcado descenso que se extendió hasta 2016. Por eso no es casualidad que en diciembre de 2014 Andacollo Gold haya abandonado la explotación, dejando a los trabajadores y trabajadoras en la calle. La empresa abandonó en sentido totalmente literal, ya que nunca se pudo dar con los accionistas, quienes se hicieron humo dejando deudas por casi 50 millones de pesos con el Estado provincial, los mineros y mineras y la AFIP. En ese momento el gobierno provincial aceptó pagar el 50% del salario a trabajadores mineros despedidos para realizar las tareas de mantenimiento, mientras Andacollo Gold se declaraba en quiebra, claro, luego de varios cambios de dueño, y de haberse llevado todo el material aurífero que tenían a la mano.
Corte de Ruta en Arroyito
Corte de Ruta en Arroyito
Trident y Andacollo Gold, la historia se repite
Esta situación se extendió hasta que se realizó una nueva licitación, y en agosto de 2016 desembarcó en Argentina y en Andacollo la empresa Trident Southern Explorations. Comprometida a pagar 4,6 millones de dólares a lo largo de diez años y el 3,3% de sus ganancias en concepto de regalías, incorporó a los trabajadores echados por Andacollo Gold. Además, su pliego fue aceptado por incluir un plan de inversiones de más de 100 millones de dólares para 25 años de explotación, que en su mayoría iban a salir de una inmobiliaria estadounidense, Transcontinental Realty Advisors Inc.
Sin embargo, la historia vuelve a repetirse, y desde 2018 comenzó un paulatino proceso de vaciamiento del emprendimiento. Del crédito de la empresa estadounidense no había noticias, y la empresa argumentaba que el fallecimiento del dueño de la inmobiliaria había dificultado su llegada. En junio del año pasado trabajadores de la mina debieron bloquear el ingreso a la planta porque la empresa no cumplía con las normas de seguridad e higiene, a tal punto que no tenían ambulancia para un eventual accidente. En septiembre, realizaron un corte en la conocida ruta 40, luego de dos semanas de demora en el pago de sus salarios. En ese momento, denunciaron que los dueños estaban vaciando la empresa.
Este año, ya iniciado el aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, el salario de marzo nunca llegó. El 24 de abril, la empresa solicitó la apertura del concurso de acreedores. El gobierno provincial había comunicado incumplimientos de las obligaciones de la empresa una decena de veces, sin embargo, nunca tomó acciones concretas, a tal punto de que la producción, que debía iniciarse en enero de 2019, nunca comenzó.
En ese marco, en un manotazo de ahogado, el 8 de mayo las autoridades provinciales decidieron rescindir el contrato de concesión. Tarde recordaron que nunca exigieron a Trident la garantía de un millón de dólares que establecía el contrato de concesión. Así, la empresa abandona a su suerte a los 238 trabajadores, a quienes les adeuda dos meses de salarios. Además, deja sin pagar deudas por más de 97 millones en pesos argentinos, 41 millones en dólares y 22 millones en pesos chilenos.
En esta situación, el 23 de abril los trabajadores y trabajadoras tomaron el municipio local, mientras sostenían un corte en ruta 43. El 25 de abril tomaron las instalaciones de la mina. El 28 de abril directamente salieron hacia la capital neuquina, al centro del poder provincial, y arribaron a la casa de gobierno el 29 de abril a la mañana. El día entero se sucedió en reunión de mediación judicial, en la que finalmente la empresa se comprometió a pagar el 4 de mayo los sueldos atrasados de marzo y a abonar en tiempo y forma los de abril, mayo y junio. Los trabajadores, por su parte, levantaron las medidas de fuerza y retornaron a su localidad. El 5 de mayo, sin haber cobrado marzo, y tampoco abril, los mineros nuevamente fueron hacia Neuquén.
Las fuerzas de seguridad intentaron bloquear su paso en Zapala y Cutral Co, pero el punto final lo encontraron en la localidad de Arroyito, cerca de donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en 2007, a casi 60 km de la capital. Allí sostienen, desde hace dos semanas, un corte intermitente de la ruta 22. Al mismo tiempo, en un acto de tremenda gravedad institucional, Gendarmería allanó casas de los trabajadores mineros en Andacollo, algo que no tiene ningún tipo de justificación en el delito que buscan imputarles, que es por el incumplimiento del aislamiento social. Lo hicieron, además, en medio de la noche, e incluso ingresaron a domicilios de otros vecinos y vecinas. Esto generó una contundente respuesta social, que se expresó en una marcha el 13 de mayo pasado.
Corte de Ruta en Andacollo
Actualidad del conflicto
Desde el 5 de mayo, pasaron diez días, y el viernes 15 de mayo se realizó una nueva audiencia de mediación. Iba a ser el 13, pero Trident pidió que se posponga para poder participar. Sin embargo, el 15 no asistió. Quienes sí participaron fueron los trabajadores y trabajadoras, quienes movilizaron una comisión que se instaló en las puertas del Ministerio Público Fiscal mientras el resto sostiene el corte en Arroyito. En ese encuentro, el gobierno ofreció una asignación familiar de $20.000 mensuales por seis meses, y el compromiso de buscar una nueva firma que se haga cargo del emprendimiento.
Los mineros y mineras rechazaron el acuerdo, y las fuerzas de seguridad rodearon el acampe e impidieron que quienes se acercaron solidariamente a aportar abrigo y comida pudieran hacerlo. Además, golpearon a un trabajador que fue a comprar a un supermercado cercano e incluso detuvieron a dos personas que iban a armar una carpa para que pudieran pasar la noche, que horas más tarde fueron liberados. Recién en la noche del domingo las fuerzas de seguridad permitieron que llegaran alimentos al acampe, y durante el día de hoy, lunes 18 de mayo, los trabajadores y trabajadoras se encuentran a la espera de una nueva reunión de mediación, que no tendría confirmada hora y lugar.
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Trabajadores de la región sanitaria VI en el contexto del COVID-19
Desde que el gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la expansión del nuevo coronavirus (Covid-19), un equipo de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realiza reportes mes a mes de la situación en la región sanitaria IV del conurbano bonaerense (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela). “Los efectos de la pandemia del COVID-19 se encuentran condicionados por la pertenencia de clase. Estos efectos tienen una expresión dupla: por un lado, los trabajadores que realizan tareas esenciales se ven expuestos en mayor medida a la transmisión del virus. Por otro lado, las fracciones más vulnerables de la clase trabajadora se encuentran en una situación de mayor exposición a las consecuencias económicas del aislamiento. En este reporte se realiza una descripción de estas dimensiones de la epidemia del COVID-19 en los municipios de la Región sanitaria VI de la Provincia de Buenos Aires”, detalla el tercer reporte.
En primera instancia se caracteriza la estructura socio-laboral de la región, destacando aquellas actividades más afectadas a tareas esenciales y su composición de género, se describe la situación relativa de los municipios en relación con las situaciones de mayor precariedad laboral y las zonas más vulnerables en términos socio-económicos. En una segunda parte se describe la difusión del COVID-19 en los municipios de la Región VI para posteriormente ingresar específicamente en el contagio de los trabajadores y las trabajadoras de la región; finalmente se profundiza en un caso que ilustra el impacto de la enfermedad sobre ciertos territorios y actividades particulares.
Caracterización socio-ocupacional de la región VI
Los partidos del conurbano bonaerense se caracterizan por poseer indicadores sociales deficitarios en relación con los promedios nacionales. Para el segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza alcanzaba al 40,5% de su población, 5 puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio nacional (INDEC, 2020a). A su vez, para el cuarto trimestre de 2019, la tasa de empleo era del 41,8%, 1,2 p.p. menos que el promedio nacional, y la desocupación del 10,8%, 1,9 p.p. más que el promedio nacional (INDEC, 2020b). Estos indicadores dan cuenta de la existencia de desacoples entre los requerimientos de fuerza de trabajo del proceso de acumulación y las necesidades vinculadas con la reproducción de la vida en condiciones dignas.
Sin embargo, lo que se presenta fundido en el gris de un número, oculta la existencia de heterogeneidades profundas. Las formas socio-laborales y de reproducción de la vida predominantes son muy distintas entre el norte, el oeste y el sur, entre los distintos cordones, y entre las centralidades y periferias de los municipios.
¿Cuáles son los efectos de la pandemia sobre la clase trabajadora? ¿Qué heterogeneidades se observan? ¿Qué sectores poseen mayores vulnerabilidades? Los datos con los que contamos nos permiten dar respuestas parciales y provisorias a estas preguntas.
El índice de vulnerabilidad socio-económica(I) permite aproximarnos a los matices y gradientes que se presentan en la Región VI. Este índice varía entre 0 y 1, siendo los valores más altos los que expresan una mayor vulnerabilidad. Se observa un predominio de situaciones críticas en el segundo cordón del conurbano, en relación al primero, destacándose el municipio de Florencio Varela como el más vulnerable. A su vez, se presenta una superposición entre los barrios populares (diferenciados con verde) y los valores más altos de la escala. Por otro lado, se vislumbran centralidades en los distintos municipios, con corredores con baja vulnerabilidad, y periferias con valores altos. También, se destacan las fuertes heterogeneidades existentes en los partidos de Lomas de Zamora y Quilmes con zonas definidas con valores críticos, contrapuestas a amplias zonas con baja vulnerabilidad. Por último, se destaca en amarillo el barrio La Paz del que se hará mención al finalizar este reporte (Mapa 1).
Mapa 1. Índice de vulnerabilidad socio-económica según radio censal y barrios populares del RENABAP. Región sanitaria VI de la Provincia de Buenos Aires. Año 2010. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) y datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Estas divergencias expresadas en el espacio constituyen un conocimiento relevante para comprender las condiciones en las que las clases populares de los municipios estudiados llevan adelante la cuarentena. Las fracciones marginalizadas poseen menores recursos materiales para realizar los cuidados requeridos, menores recursos económicos para sostener el aislamiento y padecen barreras de accesibilidad a los servicios de salud y la asistencia del Estado.
En relación con los efectos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) sobre la clase trabajadora, las actividades declaradas como esenciales se presentan como un ámbito de mayor exposición. En particular las actividades vinculadas con la salud son las que denotan mayores tasas de contagio. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, alrededor de un 16% de los infectados e infectadas se desempeñan en dicho sector. En este sentido se evidencia una importante sobrerrepresentación, ya que alrededor de un 6% de la población ocupada se dedica a dicha actividad. En la región sanitaria VI, que constituye nuestro objeto de pesquisa, un 5,4% de la población se encontraba ocupada en la rama de la salud humana y los servicios sociales, con una participación femenina del 55%. Por otro lado, los servicios de seguridad también se encuentran entre las actividades esenciales, estos representaban un 4% de la población ocupada. Finalmente, por las características de las actividades y las condiciones en las que se llevan adelante, las actividades de producción de alimentos también se encuentran expuestas, e incluyen a un 0,5% de los ocupados (Censo 2010).
A su vez, en relación con los efectos económicos de la pandemia, se pueden construir hipótesis a partir de las diferencias entre los municipios. Como indican los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en Aislamiento (Civale, Schteingart y Trombetta, 2020) los efectos económicos difieren notablemente entre las categorías ocupacionales, alrededor de un 4% de los asalariados registrados se encuentran en condiciones de vulnerabilidad(II), mientras que entre los asalariados no registrados alrededor de un 75% se encuentra en esa situación y alrededor de un 80% en el caso de los cuentapropistas.
La inserción en unidades productivas menores a 5 personas y el no registro en la Seguridad Social son indicadores que permiten aproximarnos a la precariedad e inestabilidad de los puestos de trabajo. En la región sanitaria VI se observan diferencias entre los municipios en relación con estos indicadores. Avellaneda presenta una mejor situación relativa, mientras que Lomas de Zamora exhibe las peores condiciones. A su vez, Almirante Brown y Esteban Echeverría tienen valores elevados en relación con la inserción en unidades productivas pequeñas. Por otro lado, Florencio Varela también presenta valores elevados, a lo que se añade que es el municipio con la tasa de empleo más baja de la región. Finalmente, Quilmes posee los peores valores en lo que refiere al no registro (Gráfico 1). Consideramos central hacer hincapié en estas situaciones, pues son los trabajadores de los municipios con los peores indicadores quienes ven expandidos los efectos económicos de la pandemia.
Gráfico 1. Porcentaje de ocupados en unidades productivas de hasta 5 personas y porcentaje de trabajadores no registrados, según municipio. Región sanitaria VI de la Provincia de Buenos Aires. Año 2010. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
En síntesis, esta caracterización general permite dar cuenta de las heterogeneidades que se expresan entre espacios, actividades y municipios. En los próximos apartados avanzamos sobre la expansión reciente del COVID-19 en la región, y en el análisis de casos de contagio en ciertas actividades.
COVID-19 en la Región VI
En la Región Sanitaria VI se confirmaron desde el inicio de la pandemia 447 casos(III), un promedio de 8,3 casos por día. Este lapso puede segmentarse en tres períodos: el comprendido entre el primer caso y la finalización de primera fase del ASPO el día 11/04/2020, el segundo período del ASPO que concluyó el 24/04/2020 y la tercera fase que terminó el 06/05/2020. El primer período contiene 97 casos y supone el desarrollo embrionario de contagios, fuertemente amesetados a partir del ASPO. El segundo momento trae consigo una expansión limitada de los casos, éstos ascienden a 135 (con un índice de crecimiento de sólo 39 puntos -tomando la primera fase como base). Finalmente el tercer período, contiene 214 casos (con un índice de crecimiento de 58,5 puntos tomando la segunda fase como base). Si bien el crecimiento de los casos es sostenido, se encuentra dentro de los parámetros de control esperados. La distribución temporal de los casos en los municipios está reflejada en la animación (Animación 1).
Animación 1. Secuencia temporal de los casos confirmados por municipio. Fuente: Elaboración propia en base a medios de comunicación local, informaciones de municipios y declaraciones de intendentes.
La media de casos en la región es de 49,5 por municipio, aunque existen heterogeneidades entre ellos. Se observa un pico superior en Quilmes -con 91 casos, hasta la fecha de cierre de este reporte- y un límite inferior en Esteban Echeverría con sólo 26 casos (Tabla 1)(IV).
En los medios de comunicación se ha hecho hincapié en el crecimiento abrupto de los casos en el municipio de Quilmes y, tal como se ha mencionado, el número de casos es evidentemente mayor a los de los demás partidos. Sin embargo, es menester comprender esa cifra dentro del peso relativo que tiene en la población municipal. La tabla 1 muestra que en términos relativos el peso es menor.
Tabla 1. Casos confirmados, fallecimientos, población distrital y tasas cada 100 mil ha. Fuentes: Elaboración propia en base a medios de comunicación local, informaciones de municipios y declaraciones de intendentes. Proyecciones de población realizadas por el Programa de Análisis Demográfico (INDEC) disponibles en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-119.
En esta misma tabla se puede observar que el peso relativo de los casos confirmados en Ezeiza, incluso bajo una cantidad absoluta significativamente menor, es mayor, en términos relativos, que los que se observan en los demás municipios. Estos datos permiten concluir que, para el momento de cierre de este reporte, Ezeiza, Avellaneda y Quilmes son los municipios que tienen tasas cada 100 mil habitantes mayores. Dentro de este marco general serán justamente Quilmes y Ezeiza los dos municipios que expresan, tal como se describe en el apartado que sigue, nichos específicos de vulnerabilidad (documentada) para los trabajadores de sectores esenciales.
El COVID-19, los trabajadores esenciales y los riesgos
El control de la pandemia supuso un quiebre en las formas de desarrollo de la vida de la población. Enormes contingentes de trabajadores comenzaron a realizar sus actividades desde sus hogares comprometiendo la distancia entre las actividades domésticas y las laborales. Muchos otros, trabajadores informales, cuentapropistas, etc. dejaron de trabajar, vieron mermadas sus actividades y diezmados sus ya magros ingresos. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consta de un bono de $10.000 para los hogares sin ingresos, no logra suplir las necesidades dinerarias de los sectores afectados. La red de organizaciones sociales cumple un papel fundamental llevando adelante ollas populares, merenderos y otras actividades de asistencia que, sin embargo, no contienen las enormes carencias de los trabajadores sin ingresos. Los impactos socio-económicos de este proceso exceden las posibilidades de este reporte y, sin dudas, aún no son conocidos en su magnitud por los investigadores.
Los trabajadores de las actividades esenciales son quienes más riesgos padecen en la vida cotidiana. La medición de dichos riesgos resulta difícil con la limitada publicación de datos que proveen las instituciones de salud. Sin embargo, nuestros registros lograron identificar contagios laborales en un 10% de los casos confirmados (sabemos que contamos con un subregistro significativo, no obstante con los datos construidos avanzaremos en ciertas descripciones).
Estos casos contienen especificidades que permiten clasificarlos de la siguiente manera: el grupo mayoritario, como era esperable, lo conforman los trabajadores de la salud; un segundo grupo de trabajadores contagiados los encontramos en el municipio de Ezeiza y comprende a trabajadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, por último, un núcleo de trabajadores infectados se encuentra en la industria de la carne, específicamente en trabajadores del frigorífico El Federal, situado en el municipio de Quilmes. A su vez identificamos cuatro casos de choferes (dos provenientes de Brasil y dos de corta distancia) y, también, casos aislados de policías, trabajadores municipales, albañiles, etc.
Profundicemos la descripción en tres conjuntos de trabajadores. Comencemos por los trabajadores de la salud. Ya al comienzo de este reporte se mencionaron los datos generales de trabajadores del sector, su feminización y los altos niveles de contagio. Estos datos nos alertan en torno a una interseccionalidad entre los riesgos de clase y la vulnerabilidad de género, pues así como sucede con los cuidados domésticos, el cuidado de los enfermos también está altamente feminizado.
En nuestros registros hemos logrado identificar 15 casos de trabajadores de salud infectados en la región VI; éstos no se circunscriben a un período determinado ni a un territorio o institución específicos, sino que se distribuyen en los diversos municipios y se extienden a todo el período. Entre ellos cabe destacar el fallecimiento de un médico de 62 años que trabajaba en Quilmes y residía en Berazategui; con este caso, el riesgo de muerte perdió su carácter fantasmático y adquirió total veracidad. A su vez, de los 15 trabajadores de la salud registrados 11 son mujeres, cifra que da cuenta de que en nuestro territorio también se evidencia la feminización de los cuidados evocada a nivel nacional(V). Asimismo, entre los casos de nuestras bases, las profesiones identificadas son la enfermería y la bioquímica. Sin tener posibilidades de profundizar en el análisis, cabe decir que la escasez de insumos de cuidado y el pluriempleo(VI) constituyen elementos centrales para comprender la dinámica de estos contagios y la transmisión del virus.
El contagio colectivo producido entre los trabajadores de la PSA se conoció el día 27/04/2020 e involucra a 11 casos registrados. Estos trabajadores tienen entre 40 y 50 años, sus cuadros fueron leves y sus evoluciones positivas. Se han registrado, también, contagios estrechos con familiares con similares características. A su vez, informes posteriores publicados por medios de comunicación local expresaron otros posibles contagios acaecidos entre estos trabajadores que, sin embargo, por falta de precisión no pudieron ser sumados a nuestros registros.
Vayamos ahora al último caso que se ha de presentar. En éste se vincula la vulnerabilidad de clase en su faceta laboral y territorial. Los trabajadores de la carne que tenemos registrados desarrollan sus trabajos en el frigorífico El Federal. Éste se encuentra situado en el barrio La Paz, lindando entre Brown, Quilmes y Lomas de Zamora. Los casos de COVID-19 del frigorífico comienzan con el contagio de un veterinario de 55 años, trabajador de Senasa, hoy fallecido. Su caso se confirma el 16/4/2020 y el trabajador muere, pocos días después, el 21/4/2020. Confirmado el primer caso, la planta debería haber puesto en marcha el protocolo de seguridad -conociendo la cercanía corporal que produce la línea mecánica de las reses, los vestuarios, los comedores(VII), etc- sin embargo, la empresa continuó abierta y presionó a los trabajadores para continuar las actividades(VIII). En este contexto, dentro de la planta se constataron 9 casos confirmados. Tenemos registro de 3 de estos casos que se confirman entre el 22/04/2020 y el 24/04/2020 (IX); estos tres trabajadores son de género masculino y tienen entre 40 y 55 años. Tras ello fueron los vecinos del barrio los que se movilizaron para solicitar la clausura de la planta. Pese a lo cual, la patronal reabrió de facto el frigorífico, lo que llevó a la detención del dueño del frigorífico y una segunda clausura. Esta situación de irresponsabilidad empresarial generó no sólo contagios entre los trabajadores y sus familias (pues, una tercera fase de contagios -registrada en nuestra base de datos- se produce con los familiares de los trabajadores entre los días 04 y 05/05/2020) sino, también, una ola de terror en el vecindario.
Mapa 2. Detalle del Barrio La Paz y otros Barrios Populares aledaños. Localización del frigorífico El Federal, Quilmes. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) y datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Entre los días 05/05/2020 y 06/05/2020, la municipalidad de Quilmes realizó un operativo llamado “Detectar” que mide puerta a puerta la situación de salud de los vecinos del barrio La Paz y aledaños; este operativo tiene el objeto de lograr la identificación precoz de casos de COVID-19 en los barrios populares. Dentro de esta iniciativa, se identificó un caso positivo que se sumó a otro conocido días antes en un barrio marginalizado colindante, llamado La Matera (Mapa 2)(X). En el cierre de este reporte la preocupación por las formas de prevención del contagio en los barrios populares tomaban la tapa de los diarios, en nuevos reportes retomaremos este tema.
Este tercer material elaborado por nuestro equipo mostró algunas aristas de los riesgos que están afrontando los trabajadores esenciales, y las transversalidades en relación con vulnerabilidades sociales y de género que se evidencian. Conocer con rigurosidad la situación es un primer paso para aminorar los riesgos. Esperamos colaborar con ello.
Referencias
(I) Este índice combina los indicadores: Porcentaje de Jefes de Hogar con estudios hasta Primario Completo; porcentaje de población desocupada de 60 años o menos; y porcentaje de población inactiva de 60 años o menos.
(II) El concepto de vulnerabilidad usado por los investigadores que desarrollaron la encuesta refiere a: no estar trabajando; estar trabajando menos; tener que reconvertirse; realizar teletrabajo en un hogar con niños y siendo único adulto en el hogar.
(III) El período de análisis comprende desde el primer caso conocido (producido el día 12/03/2020) hasta el 06/05/2020 (fecha de cierre de este reporte).
(IV) Lamentablemente los datos públicos no permiten un acercamiento con menor nivel de agregación. Cuando se estaba terminando de redactar este reporte se publicaron datos geolocalizados de los casos en la provincia de Buenos Aires, insumo colaborará sustancialmente en el avance del conocimiento.
(V) Mónica Abramzon (2004) refiere a este proceso de feminización de determinadas ramas de la atención en salud. En este estudio se concluye que la medicina estuvo masculinizada hasta los 80s y la enfermería feminizada (con un leve tendencia inversa en las últimas dos décadas).
(VI) Según un reciente estudio a partir de entrevistas a trabajadores de la salud realizado por CICOP y UNDAV el 45% de los trabajadores tienen otro empleo remunerado; a su vez, el 49% de los entrevistados refirió un promedio de 49 a 60 horas semanales de trabajo y 20.2% más de 60 hs semanales. Disponible en https://cicop.org.ar/documentos/desgaste-psicofisico-en-lasos-trabajadores-de-la-salud/.
(VII) Agradecemos a Oscar Huidobro que nos brindó una provechosa entrevista que nos permitió entender los riesgos del trabajo durante el ASPO en los frigoríficos.
(VIII) Se debe recordar el conflicto por cierre de la planta frigorífica llamada Penta y las situaciones de represión de las protestas por la defensa de la fuente de trabajo. Doscientos cuarenta trabajadores de Penta no reciben su salario desde el 20/03/2020, hubo 450 despidos y el día 10/04/2020 fueron reprimidos cuando reclamaban una solución. Al momento de cierre de este reporte el conflicto no había sido resuelto.
(IX) Los casos que constan en nuestra base corresponden a trabajadores que residen en Florencio Varela y Berazategui. El municipio de Quilmes no brinda precisiones sobre el trabajo o la localidad de los casos confirmados.
(X) El día 13/05 cuando estábamos finalizado de redactar este reporte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publicó una serie de mapas en los cuales se geolocalizan casos confirmados de COVID-19. Esto nos permitió ver 6 casos confirmados en este territorio.
Bibliografía
Abramzón, Mónica (2005). Recursos Humanos en Salud en 2004, Organización Panamericana de Salud: Buenos Aires. Disponible en:
CICOP (2019). Desgaste psicofísico en los trabajadores de la salud. Disponible en:
INDEC (2020a). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2019. INDEC: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
INDEC (2020b). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Cuarto trimestre de 2019. INDEC: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Documentos
Boletín oficial de la República Argentina. Decreto de Necesidad y Urgencia (297/2020), Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Fuentes
Los datos son elaboración propia del equipo y fueron construidos en base a noticias oficiales, medios de comunicación local, informaciones de municipios y declaraciones de intendentes.
14/05/2020
El equipo de trabajo está compuesto por María Maneiro, Soledad Fernández Bouzo, Santiago Nardin, Ariel Farías, Hernán Olivera y Juan Pablo Borda. El asesoramiento experto está a cargo de Sebastián Sustas y Rocío Rivero.
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Los 10 años de Tiempo Argentino, un medio que fue reinventado por sus trabajadores y trabajadoras
Tras superar el vaciamiento empresario, lanzaron en cooperativa el diario digital y relanzaron del dominical en papel. Jugaron un rol fundamental los socios y lectores y el abrazo solidario de todo un gremio.
(Foto: Mariano Martino)
El 16 de mayo de 2010 salió el primer número de Tiempo Argentino. Esa noche, sus trabajadores y trabajadoras festejamos en la redacción. Éramos unos cien que, orgullosos de nuestro trabajo, brindábamos por muchas ediciones más.
Las trabajadoras y los trabajadores de Tiempo procedíamos de las más variadas experiencias profesionales y de vida. Los había fogueados en muchas redacciones y también los que nunca habían pisado una. Había un grupo importante de compañeros y compañeras que provenían del diario Crítica, otros y otras de Crónica, de Clarín, de Perfil, de agencias de noticias; también los y las que provenían de las filas de la desocupación.
Han pasado diez años desde la salida de Tiempo Argentino.
El mérito de este aniversario hay que atribuírselo a su colectivo de trabajadores y trabajadoras. Al anterior, el del primer día, y al actual, el que recuperó el diario tras el vaciamiento y lo sostuvo después.
Ya desde el momento en el que se elaboraban las ediciones número 0, en el verano de 2010, comenzaron dos procesos en paralelo y simultáneos, con muchos cruces e interacciones: de un lado, el fortalecimiento profesional en todas sus facetas; del otro, la organización de la asamblea, el reconocerse a sí misma como integrada por trabajadores y trabajadoras de prensa con necesidades y objetivos comunes.
Periodistas, fotógrafos y fotógrafas, diseñadores, correctores y administrativas fuimos conformando un grupo cohesionado que debió enfrentar desde el primer día la política de salarios bajos y malas condiciones laborales que quería imponer la patronal, para la cual Tiempo era apenas un vehículo de negociados con la pauta publicitaria estatal.
La primera comisión interna, cuatro delegados, fue electa a fines de 2010 y representó un salto de calidad de la asamblea. Desde ese nuevo lugar, las y los trabajadores de Tiempo jugamos un rol destacado en la renovación sindical del gremio de los trabajadores de prensa de la Capital, proceso que derivó en 2015 en la creación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el SiPreBA.
Tiempo formó parte del Grupo 23, el multimedios de Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Mario Pergolini, entre otros. A pesar de los intentos patronales para evitar los contactos, los trabajadores y trabajadoras de Radio América, CN23, El Argentino, Infonews y la Revista 23, entre otras publicaciones y medios, forjaron una sólida relación de colaboración mutua ante los embates empresariales.
Esa unidad fue la que permitió generar una lucha común cuando se comenzó a concretar el vaciamiento empresario y que tuvo un punto alto: el festival solidario del 31 de enero de 2016 en Parque Centenario, que reunió a más de 20 mil personas.
Claramente no estábamos solos. Nos acompañaron masivamente el SiPreBA y los periodistas y trabajadores de prensa de toda la Ciudad, además de los vecinos y trabajadores anónimos en un abrazo gigantesco y reparador.
A ese verano de lucha de 2016 siguió un otoño de organización de la nueva etapa, la cooperativa, que recuperó 125 puestos de trabajo en un contexto de despidos masivos en el Estado y en el sector privado.
Los seis años de experiencia colectiva acumulada hasta ese momento, en la redacción y en la calle, fueron clave para impedir que una patota vinculada a la patronal tomara por asalto la redacción y los estudios de Radio América, una fría y lluviosa madrugada de julio de 2016, con el objetivo de apropiarse de las instalaciones y hacer inviable la cooperativa.
La asamblea de Tiempo se sobrepuso una vez más al golpe y al día siguiente del ataque pusimos en la calle un diario especial con los detalles de esa jornada. La Justicia todavía nos debe una respuesta por ese asalto.
En los cuatro años de cooperativa, logramos desarrollar una factoría de contenidos superior a cuanto se había hecho en los seis años anteriores de vida comercial, que se verifica en el despliegue del diario digital, la contundente presencia en las redes sociales, la producción constante de piezas audiovisuales y la salida del diario de papel los domingos, además de la creación de productos especiales como la investigación sobre la concentración de medios en la Argentina realizada junto con Reporteros Sin Fronteras, entre tantos otros.
Esta evolución se dio en medio de la ruina económica y social que provocó el gobierno de Cambiemos. Arrancamos con la mística intacta pero los bolsillos flacos, como tantos de nuestros lectores y amigos, vapuleados por el neoliberalismo que arrasaba con puestos de trabajo y salarios.
En un momento en el que buena parte de la prensa tradicional se plegó a la furia neoliberal, nuestra asamblea eligió estar del lado de la defensa de los Derechos Humanos, de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres y las minorías, de los pobres y explotados. A sabiendas de que eso nos enfrentaba a los poderes de turno. De esas convicciones compartidas salieron las decisiones de realizar los contenidos que marcarían esta etapa: ir a Chubut a cubrir en el lugar de los hechos la desaparición de Santiago Maldonado; mostrar las movilizaciones populares contra los tarifazos, el desempleo, la carestía o el 2×1; y exponer la corrupción de un poder que se creía intocable.
Hoy, celebramos los diez años embarcados en un proyecto periodístico independiente y comprometido, que no depende de nadie más que de nosotros mismos y, claro está, de nuestros socios y lectores, sin cuyo respaldo nada de esto habría sido posible. Por eso es que aprovechamos este aniversario para agradecerles y convocarlos a que reforzemos el contrato de lectura que nos une.
No queremos ser noticia, pero nos pareció que esta vez podíamos hacer una excepción.
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«Lo que no está reglamentado en favor de la parte débil de la relación laboral, está tácitamente regulado en favor de la fuerte»
La dirigenta de los judiciales y diputada nacional, Vanesa Siley, pidió regular el teletrabajo para evitar los atropellos. «Lo que no está explícitamente reglamentado en favor de la parte débil de la relación laboral, está tácitamente regulado en favor de la parte fuerte», sostuvo.
Vanesa Siley habló sobre el debate que abrió la masificación forzada del teletrabajo producto de la pandemia. La diputada nacional y referente de los judiciales pidió una regulación «para evitar los atropellos»
«Mi postura es que hay que regularlo porque todo lo que no está explícitamente reglamentado en favor de la parte débil de la relación laboral, está tácitamente regulado en favor de la parte fuerte», sostuvo Siley en una entrevista con Tiempo Argentino.
Para Siley «hay que atender a los derechos colectivos de quienes teletrabajan, no sólo los individuales». Y explicó «hay varias cuestiones que están expuestas en los proyectos presentados en la Cámara Baja. Entre esos aspectos generales, se encuentra determinar la jornada laboral, eso es fundamental y ahí estamos trabajando en una fórmula novedosa, que es la desconexión digital. El principio es combinar jornada con desconexión. De lo contrario, se pierde el principio de disociación de la vida personal de la vida laboral».
Además remarcó que «los derechos colectivos de trabajo tienen que ser especificados y explicitados en una regulación de esta modalidad. Ya sea para poder ejercer el derecho a la protesta como para ser representante sindical».
«Los trabajadores deben tener explícitamente este derecho, más allá de que es obvio que se lo tiene porque lo dice la Constitución. Pero en este caso en particular, lo que abunda no daña», agregó Siley quien también preside la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, espacio clave para la fortuna de estas propuestas.
Por último pidió respetar «el goce de idénticos derechos y remuneración». Y advirtió que «Si cambian las condiciones, se generará una nueva categoría, por menos horas, pero el valor hora debe ser igual en cualquier modalidad». Y que se haga cumplir «una regulación que está vigente, sacada por el Ministerio de Trabajo, que es una licencia que tienen los trabajadores y trabajadoras por las cuestiones de cuidado, mientras las clases están suspendidas. Esto afecta especialmente a las mujeres, que suelen estar abocadas a las tareas de cuidado».
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Tras los escándalos con Clarín y Techint, profundizan controles a grandes empresas que reciben apoyo para pagar salarios
El Gobierno «profundizó los controles para las empresas grandes» de más de 800 empleados que solicitaron el beneficio de salario complementario contemplado en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP).
Así surge del Acta Número 11 emitida por el Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP, publicada hoy junto a la decisión administrativa 721/2020 en el Boletín Oficial. Las empresas que reciban el beneficio para pagar parte de los salarios devengados en mayo deberán cumplir, además de las iniciales, otras cuatro condiciones.
Esos requisitos son que no pueden distribuir utilidades, comprar sus propias acciones; ni adquirir bonos para después fugar los dólares. Asimismo, tampoco pueden realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o no que estén radicadas en paraísos fiscales.
Además, esas condiciones rigen por 12 meses con posterioridad a haber percibido el beneficio, y en aquellas empresas que poseen más de 800 empleados el periodo se extiende por 12 meses adicionales; es decir que por dos años deberán cumplir con las mismas.
«La importancia del ATP radica en que el dinero va directamente al bolsillo de los trabajadores, funcionando como una herramienta que protege el empleo y sostiene el ingreso de las familias, llegando a casi a 2.5 millones de personas que van a contar con esta ayuda», indicaron a Télam fuentes de Gobierno.
En esa línea, explicaron que «para las empresas de menos de 25 empleados, el salario complementario significa el 70% de lo que perciben los trabajadores».
«Mientras que en las que poseen más de 800 empleados, este porcentaje se reduce a 50%, por lo que se trata de un programa progresivo, dándole más a los que perciben menor salario», subrayaron.
Respecto a los controles, apuntaron que «entre los compromisos legales que tienen que asumir las empresas grandes por recibir el ATP, se destaca que por el transcurso de 24 meses desde que recibieron la ayuda económica del Estado, no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones, comprar bonos para después fugar los dólares ni realizar erogaciones con otras empresas vinculadas o que estén radicadas en paraísos fiscales».
Existen dos condiciones que todas las empresas, independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan, deben cumplir para que estos perciban el salario complementario.
Los requisitos son que los empleados deben estar inscriptos en una rama que haya estado afectada por las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las empresas haber experimentado una facturación de hasta el 5% nominal positivo, si se compara el periodo 12 de marzo al 12 de abril de 2020 respecto del mismo lapso de 2019.
«El ATP, instrumentado principalmente para beneficiar a las pymes nacionales que son las grandes generadoras de empleo, no puede legislar hacia atrás, es decir en función de lo que los empresarios hayan hecho o no en el pasado», explicaron las fuentes.
Respecto de las pymes beneficiadas hasta el momento, detallaron que las firmas con «menos de 800 empleados son 247.000, con más de 2 millones de trabajadores en su plantilla».
En tanto, las empresas grandes beneficiadas hasta el momento «son 141 con más de 800 empleados que ya han percibido el salario complementario, en las que desempeñan sus tareas unos 260.000 trabajadores».
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El Estado pagó la mitad de los salarios de Granja Tres Arroyos que igual despidió 50 empleados
La firma líder en la industria avícola fue beneficiada con la incorporación al programa ATP, por el que el Estado paga hasta la mitad de los salarios de sus empleados. Igual despidió 50 contratados que hacía un año y medio cumplían funciones en su planta.
Como muchas otras grandes empresas Granja Tres Arroyos, líder en el mercado avícola nacional, consiguió la aprobación para ser beneficiada por el Programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Eso implica que el Estado paga el 50% de sus trabajadores hasta un total de 2 salarios mínimos.
La noticia se conoció en las últimas horas del viernes, cuando los empelados terminaron de cobrar sus haberes y se encontraron con la sorpresa en sus recibos de sueldo. Pero hubo más.
Es que a pesar de no haber detenido sus actividad en la pandemia y de haberlos expuesto en el pico más caliente del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Granja Tres Arroyos despidió a unos 50 contratados.
La noticia la confirmó Fabián Jurado, líder de la seccional Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. «Han dejado afuera hasta el momento a 50 c0ntratados que hace un año y medio que estaban en planta», sostuvo.
El dirigente descartó que haya una situación de crisis en la avícola. «Estábamos en 210 mil pollos y hoy estamos en 190, es una estrategia que ponen como excusa, como que les va mal», señaló.
«Fue esta semana que bajó un poco la producción» agregó Jurado y sentenció: «Es una estrategia porque estamos en plena partiaria que arrancó en abril».
Granja Tres Arroyos es una firma líder que posee el 30% del mercado de pollos local y exporta sus productos a más de 70 países.
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Brote de contagios en cadenas de supermercados: «Ni los medios se acercan por las pautas publicitarias que reciben»
Así lo denunciaron desde las redes sociales los trabajadores de Supermercados. Piden asistencia del Estado porque las empresas no cumplen con los protocolos para evitar la propagación de Covod-19. Hubo 14 casos en las últimas jornadas.
«Los Trabajadores de Supermercados estamos necesitando que se acerquen a las distintas sucursales de diferentes empresas, se está propagando cada vez mas el contagio en los trabajadores, no sale en ningún medio de comunicación«, así abre la carta que los trabajadores de supermercados le enviaron a Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández a través de las redes sociales.
Los empleados señalan que Coto «no está cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias» y que Disco, la firma de la poderosa Cencosud, «hace rotar a sus trabajadores a las sucursales con #COVID19 para cubrir a los trabajadores que están en cuarentena».
«En el día de ayer a una Trabajadora de DISCO sucursal Uriburu #Recoleta le dio positivo por #COVID19, esta misma fue ayudar días antes a otra sucursal en donde también hubo un caso, DISCO sucursal Quintana en el mismo barrio», agregan a modo de ejemplo.
Para agravar el problema, el silencio rodea el asunto. «Ni los medios de comunicación se acercan por las pautas publicitarias que reciben de ambas empresas», explicaron los trabajadores.
El fin de semana se dispararon los contagios en los supermercados. Sólo en el AMBA se contaron más de una decena de nuevos casos y la cifra ya ronda los 40.
«Hay algunas cadenas que no informan de manera oficial y eso complica la posibilidad de tener un número preciso», le contó a InfoGremiales una dirigente de fuerte llegada a las comisiones internas de los supermercados.
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Camioneros confirmó que la sede sigue abierta a pesar de los contagios de Covid-19
La entidad señaló que sigue trabajando con protocolos de seguridad. Se había reportado 10 casos. «La Obra Social también sigue trabajando», aseguró Pablo Moyano18/05/2020 09:20:00
Cerraron ayer las oficinas donde funciona el sindicato de Camioneros, en el barrio porteño de Constitución por un masivo contagio de coronavirus. Esa era la información publicada por el diario El Cronista, que señalaba que los primeros casos se detectaron el jueves pasado a la noche.
Ya fueron confirmados más de 10, mientras se esperaban los resultados de los hisopados a todo el personal que se desempeña en el lugar «entre 150 y 200 personas», agregó el diario.
Sin embargo fue el propio Pablo Moyano el que confirmó que este lunes la sede sigue abierta. «Seguimos trabajando», explicó en un video que circuló en las redes sociales de Camioneros.
Había trascendido que había un miembro de la comisión directiva afectado.
Con estrictos protocolos de seguridad e higiene para quienes tienen que llegar hasta el lugar, Moyano le avisó a los afiliados que la obra social de Camioneros, OSCHOCA, sigue abierta y recibiendo los trámites que tengan que realizar.
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Los blaquier, otros que consiguieron que el Estado pague la mitad de sus salarios
La gigante Ledesma, firma de los Blaquier, consiguió que el Estado le pague la mitad de los salarios de sus trabajadores. Ya se lo comunicó formalmente a sus empleados.
«Queremos contarte que Ledesma SAIC se inscribió en el «Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción», abre la comunicación que el poderoso grupo económico de la familia Blaquier le envió a sus empleados el viernes.
El mismo escrito confirma que el Estado aprobó la postulación y que ese mismo día los empleados de la azucarera más grande del país tendrían depositado en sus cuentas el Salario Complementario que entrega la ANSES.
La curiosidad, como en el caso de Techint, es que Ledesma ya había abonado los salarios de abril, por lo que el monto que cada uno de sus empleados perciba por parte del Estado será «descontado» de su próximo haber.
El emporio de empresas que dirige Carlos Blaquier, había quedado en el ojo de la tormenta cuando, apenas iniciado el aislamiento social le anunció a los trabajadores de su papelera que se podrá reducir su salario un 30%, de acuerdo a la necesidad de la firma de convocarlos o no a cumplir tareas.
Adicionalmente las empresas que reciben este auxilio pueden elegir entre reducir las contribuciones patronales en un 95% o postergar su pago por dos meses. Es decir, más beneficios para uno de los emporios más ricos del país.
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La Ctera exigió real participación docente en las decisiones educativas y garantizar las condiciones laborales
Los representantes paritarios de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) reclamaron en la 96ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) que encabezó el ministro Nicolás Trotta, la «real participación» de los docentes de forma previa a producir «modificaciones» en la actividad, y convocó a respetar «el ámbito paritario para discutir en marcos formales».
Sonia Alesso, secretaria general de la organización sindical, sostuvo en el encuentro que «es preciso garantizar reuniones por niveles y modalidades para determinar las particularidades curriculares en cada caso y contextos federales, en especial en años y ciclos de pasaje en los distintos niveles», explicó la dirigente.
«También hay que garantizar condiciones laborales para el período de continuidad pedagógica a través del actual teletrabajo y para el regreso a la escuela como espacio físico, y la inmediata cobertura de cargos y designación de suplentes, como también la situación de los reemplazantes nacionales», afirmó.
La dirigente reclamó en la plenaria «una paritaria específica sobre esas condiciones laborales para regularlas, al igual que la salud y los protocolos».
En tanto, el secretario adjunto de la Ctera, Roberto Baradel, planteó la necesidad de discutir «la sobrecarga laboral docente en todo el país», al tiempo que bregó por la pronta ejecución del regreso del plan «Conectar Igualdad», anunciado por el ministro Trotta, para que maestros y estudiantes sean provistos de notebooks dentro de este ciclo lectivo.
Los paritarios sindicales tienen en el CFE voz pero no voto, como lo indica la Ley Nacional de Educación, y analizaron junto con los referentes de otros gremios del sector el proyecto de resolución sobre las «Orientaciones para la Evaluación en el marco de la continuidad pedagógica», puntualizó el documento de prensa.
Además de Alesso y Baradel, participaron en el encuentro virtual Eduardo López y Miguel Duhalde, y el dirigente y diputado nacional Hugo Yasky, presidente de la IEAL, la Internacional de la Educación para América Latina.
El proyecto presentado en la plenaria para la actividad docente contempló cuestionamientos y aportes sindicales oportunamente elevados a la secretaria de Evaluación de la cartera educativa, Gabriela Diker, en tanto la Ctera informó que «la resolución final, aprobada por todos los ministros provinciales, determinó los marcos nacional y distritales para articular las decisiones sobre evaluación de la continuidad pedagógica para conocer el proceso educativo en la pandemia».
«Se procura garantizar un marco común federal como regulador de las decisiones provinciales que al respecto se adopten en cada jurisdicción, y un dispositivo de evaluación centrado en el acompañamiento y seguimiento de las trayectorias escolares, generando registros de lo actuado para hacer devoluciones a las familias de los alumnos acerca del proceso, y enfatizando la valoración del seguimiento evaluativo con sentido formativo», explicaron los referentes gremiales.
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La Fundación Favaloro cierra dos sedes y busca reubicar al personal
En el marco de la epidemia de coronavirus, la Fundación Favaloro confirmó su decisión de cerrar las sedes de Arenales y Pilar que por la baja de consultas y tratamientos ya no puede sostener, concentrando a todo el personal en la sede central de Avenida Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.
La sede de Arenales dejará de funcionar a fin de mes, mientras que la de Pilar permanecerá abierta hasta finales de junio. La decisión afecta a unos 50 trabajadores entre ambos establecimientos, que se anticipó que buscarán ser reubicados en la sede central. En caso de que haya problemas para esta relocalización (sobre todo por cuestiones de distancia) se buscará algún tipo de acuerdo entre las partes, ya que se encuentra vigente la prohibición de despidos establecida por el Gobierno Nacional a inicios de la cuarentena obligatoria. Pero la medida también impactará sobre todo un grupo de empresas que ofrecían servicios en forma tercerizada.
La semana pasada médicos del sector privado denunciaron que en distintos establecimientos estaban aplicándose recortes salariales, incluida la Fundación Favaloro, donde se había anticipado una rebaja del 25% de los salarios. La Fundación es sin fines de lucro y depende exclusivamente de los ingresos derivados de sus servicios, registrándose también atrasos en los pagos de IOMA y PAMI, sus principales clientes.
La situación en la Fundación Favaloro una caída del 50% de los ingresos en abril, un retroceso del 74% en las consultas de emergencia y las cirugías generales en relación con el año pasado y una ocupación de camas en internación general y áreas críticas que cayó casi un 30%. En ese contexto, la institución decidió dar de baja las dos sedes antes mencionadas, que funcionaban en edificios alquilados cuya renta ya no se podía seguir cubriendo, en función de preservar las fuentes de trabajo, según afirmaron.
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Reunión de CGT con explícitos pases de facturas
El último encuentro de los integrantes de la central madre de sindicalismo argentino realizada en la sede de UOCRA, estuvo para alquilar balcones, como en los tiempos pugilísticos del Luna Park. Aunque todo muy entre compañeros (más al estilo Nicolino Loche que al de Bonavena) y sin que nadie tuviera intenciones de romper, ni sacar los pies del plato, pero sí con la clara predisposición de usar el cónclave –el primero mano a mano en este proceso de cuarentena- con mucha voluntad de “ir a los bifes”.
Atento a este malestar previo, la conducción de la CGT decidió ampliar la convocatoria a otros gremios y sectores que no integran el Consejo Directivo con la intención de alcanzar un acompañamiento que legitime su accionar y permita mostrar consensos amplios hacia las políticas del Poder Ejecutivo.
La primera discordia se planteó al abordar el acta firmada con el gobierno y la UIA, donde se establecieron porcentajes de recortes en los salarios, más allá de haber dejado librada a cada organización gremial para procurar acuerdos superiores en las negociaciones de cada actividad.
El eje de la crítica tuvo como destinario principal a Héctor Daer. El integrante del binomio de los secretarios generales con mejor llegada al Presidente de la Nación, ya que el vínculo de Carlos Acuña con Alberto Fernández no es tan fluido, entre otras razones por su pertenencia al sector que comanda Luis Barrionuevo.
En verdad, más que el contenido del pacto con los empresarios, la crítica al titular del gremio de la Sanidad y a la cúpula que encabezan ‘gordos’ e ‘independientes’, se basó en la cuestión de “cortarse solos”, marcando un precedente que es determinante para las discusiones de todo el Movimiento Obrero. Muchos dirigentes ven aquí una voluntad demasiado explícita de “hacer los deberes” para la Casa Rosada, sin antes discutirlo con un número mayor de organizaciones.
De ahí que se ensayó la idea de conformar una ‘Mesa de Crisis’ a la que se invite también a la Iglesia y el Campo. Aquí un ex integrante de la conducción cegetista propuso también convocar a los Movimientos Sociales que recientemente dieron a luz su propia estructura gremial, pero la moción fue rechazada por la mayoría de los presentes con diferentes tipos de argumentos.
Sin embargo, el pase de facturas, en su sentido literal, hizo foco en el reparto del dinero que el Estado le viene retornando a las diferentes Obras Sociales. Incluso, quizás por la honestidad brutal que despierta el actual aislamiento, el ensayo de algunas explicaciones, encarnadas históricamente por Jose Lingieri, recibieron un explícito rechazo de varios de los asistentes, por lo que decidió en este aspecto pasar a un cuarto intermedio, a fin de ampliar los interlocutores con posibilidad de acceder a los cálculos finos que se hacen a la hora de determinar el destino de los fondos para la salud y de llegar a un reparto “más equitativo” en la tarea que se realiza desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que hoy encabeza el doctor Zanarini, profesional de extrema confianza del Ministro Ginéz González García.
De hecho, son varios los heridos en su intención de colocar referentes directos en los puestos claves de la SSS, por lo que en este sentido se mantiene un consenso de paz para no producir mayores desbalanceos.
También es cierto que algunas ausencias a la casa de Gerardo Martínez, se hicieron notar más que varias presencias. Tal es el caso del titular del gremio camionero (también señalado como “uno de los más beneficiados por la Super”) y del taxista Omar Viviani, a pesar de haber sido expresamente invitado a formar parte de la cita. Pero son casos distintos, ya que Moyano al parecer nunca integró ‘la lista de buena fe’, para ser parte de esta velada.
Tampoco fue de la partida la ‘Corriente Federal’, el sector de mejor diálogo con la ex presidenta, un sello que define territorios y que pone en evidencia que difícilmente se alcance la tan preciada unidad del Movimiento Obrero, aún bajo este flamante gobierno Peronista. A pesar incluso, que la renovación de autoridades de las oficinas de la calle Azopardo, se sabe que ya no será en agosto próximo, y que el escenario de la pandemia puede hacer que los tiempos se estiren incluso más allá del presente año.
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Tucumán: Sin colectivos por reclamo de atrasos salariales
Tucumán inició la segunda semana sin colectivos debido al paro que realizó la UTA en reclamo de atrasos salariales de casi 4 mil trabajadores. El sindicato advirtió que necesita «respuestas urgentes» en este contexto y que las medidas se pueden profundizar.
El secretario general de la seccional local de UTA, César González, se mostró preocupado y aseguró que todavía que no recibieron respuesta de parte de los empresarios por el reclamo salarial y que «la situación cada día es más compleja y tensa».
«Estamos en la segunda quincena de mayo y todavía no podemos cobrar abril», explicó el dirigente sobre lo que están atravesando. «Es desesperante y estamos muy preocupados porque algunos compañeros no tienen para comer», denunció.
González afirmó incluso que, más allá de las negociaciones que realiza UTA a nivel nacional, «si los empresarios nos llaman y nos pagan, automáticamente levantamos el paro y salimos a trabajar porque nosotros queremos hacerlo, pero no en estas condiciones».
Cabe destacar que UTA a nivel nacional, que lidera Roberto Fernández, se expresó por el conflicto de la provincia norteña: «Advertimos que las medidas podrían profundizarse aún más si no se abonan inmediatamente los haberes adeudados a todos los trabajadores de nuestro sector».
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Covid-19: Detectan un caso positivo en frigorífico de San Vicente y denuncian falta de controles
Apuntan contra los dueños del Frigorífico Santa Giulia: prácticas desleales y defectuosas condiciones de seguridad e higiene
Un caso positivo de Covid-19 en el Frigorífico Santa Giulia de San Vicente obligó a las autoridades municipales a cerrar el establecimiento y ordenar la cuarentena obligatoria a la totalidad de los trabajadores.
El infectado es un empleado de la empresa domiciliado en el distrito de Presidente Perón.
La novedad fue ratificada en las últimas horas por autoridades locales y provinciales de Salud tras realizar el test de confirmación.
El establecimiento involucrado está ubicado en la localidad de Alejandro Korn y es propiedad de José Somma.
Tras detectar el primer caso positivo, funcionarios del Municipio y del área de epidemiología de la Región Sanitaria XI de la provincia se apersonaron en dicha planta para constatar las medidas sanitarias, de higiene y de distanciamiento entre trabajadores determinando la suspensión de tareas en el lugar.
Desde la Federación de Sindicatos de la Carne (FESITCARA) y el Sindicato de la Carne de San Vicente denunciaron a las autoridades de la firma por la deficiente aplicación de las normas de seguridad.
El gremio aseguró que los protocolos de resguardo a los trabajadores no se aplicaron de la manera correcta, según lo establecido para la actividad de acuerdo a lo señalado por la FESITCARA, entidad habilitada para actuar gremialmente en la región.
Al mismo tiempo, la organización alertó sobre maniobras desleales por parte de la parte empresaria que -según afirman- utiliza las internas gremiales a favor de la empresa y en perjuicio de los trabajadores, arriesgándolos en este caso a contraer coronavirus.
Desde la FESITCARA confirmaron a Mundo Gremial que accionarán contra la empresa y exigirán el cumplimiento a rajatabla de los protocolos de seguridad e higiene del ministerio de Trabajo bonaerense y recomendaciones del ministerio de Salud de la Nación.
Para volver a funcionar, el frigorífico deberá dar estricto cumplimiento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y los protocolos emanados por las autoridades competentes, indicó el municipio de San Vicente.
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Ordenan a La Nirva a pagar sueldos adeudados en un plazo de 24 horas
Así lo dispuso el ministerio de Trabajo bonaerense tras pedido del Sindicato de Pasteleros.
La audiencia entre Pasteleros y La Nirva hoy en el ministerio de Trabajo bonaerense
La empresa de alfajores La Nirva deberá abonar la totalidad de los sueldos adeudados a sus empleados en el plazo de 24 horas, según lo dispuesto por el gobierno provincial.
Así lo estableció el ministerio de Trabajo tras el reclamo efectuado por el Sindicato de Pasteleros que conduce Luis Hlebowicz.
La decisión fue adoptada este lunes luego de la audiencia de conciliación mantenida por la organización sindical y los representantes de la firma Productos La Nirva SA en la sede ministerial.
El encuentro es la continuidad de la negociación iniciada días atrás por gestión del gremio de Pasteleros ante el conflicto iniciado en la fábrica por sueldos impagos y parálisis en la planta de producción.
El pasado 15 de mayo, los trabajadores percibieron el beneficio del Programa ATP, por el cual el gobierno nacional afronta la mitad de los salarios en las empresas afectadas por la pandemia. De esta manera, los empleados de La Nirva cobraron el 50% de los salarios correspondientes al mes de abril.
Gasso, primero a la izquierda, encabezó la audiencia en Trabajo
Frente al reclamo sindical por la totalidad de los haberes, impulsado por el secretario de Organización Gremial, Marcelo Gasso, y el delegado de personal Marcelo Cáceres, con representación legal del abogado Gabriel Izaguirre, la parte empresarial propuso abonar un 20% este lunes y el 30% restante el próximo 22.
A su vez, planteó la posibilidad de abonar el 50% de los salarios de mayo el próximo jueves 28, cancelando la totalidad de la deuda el 1° de junio, con la voluntad de reabrir la fábrica la primera semana de ese mes.
“La postura del sindicato fue contundente. Había que plantarse y decir basta de dilaciones. La situación requería una inmediata cancelación de la deuda y poner fin a las distintas irregularidades registradas en perjuicio de los trabajadores”, resaltó Gasso.
En consecuencia, la cartera laboral conminó a la parte empleadora a abonar en el plazo de 24 horas la totalidad de los haberes adeudados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones de ley.
En ese marco se convocó a una nueva audiencia, a realizar de manera virtual el próximo viernes 22, a fin de mejorar las relaciones laborales en la empresa.
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SETIA denunció a la empresa Cheeky por falta de pago de salarios
Desde la entidad exigen a la firma que abone el 100% de los sueldos, mientras que de momento solo realizó anticipos de entre $2.000 y $8.000.
- El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) denunció a la empresa Cheeky y Como quieres que te quiera ante el Ministerio de Trabajo por la falta en el pago de sueldos y exigió que las firmas abonen el 100% de los sueldos.
Desde la entidad gremial aseguraron que estas empresas manejan “uno de los salarios más bajos dentro del mercado nacional” a pesar de que cuentan con miles de franquicias en toda la Argentina y países vecinos.
La compañía que representa estas marcas es comandada por Daniel Awada, hermano de la ex primera dama, Juliana Awada, quienes han recaudado sumas millonarias en los últimos años.
En tanto, desde el sindicato remarcaron que “la empresa no solamente no pagó los sueldos correspondientes, ya que solo abonó anticipos irrisorios que van desde los $2.000 a los $8.000, sino que además dispusieron de la plata otorgada por el gobierno sin haber acordado ni consensuado con nuestro sindicato”.
Al mismo tiempo, desde la cartera laboral convocaron a la entidad gremial para el próximo martes 19 de mayo a las 10 y desde SETIA irán en busca de una solución para todos los trabajadores afectados.
Por otra parte, desde la empresa adelantaron que “para sobrellevar esta difícil situación se depositará un adelanto de $10.000 en el caso de que Anses no concrete su aporte esta semana”, haciendo referencia a los subsidios ATP que impulsa el Estado.
“Todas las empresas que no hayan suscripto acuerdos con nuestra entidad hasta el día de la fecha, se encuentran en la obligación de abonar los haberes correspondientes al mes de abril al 100% conforme la remuneración normal y habitual de acuerdo a la escala salarial y categoría que ostenta cada trabajador”, detallaron desde el gremio.
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La OIT alertó sobre déficits catastróficos de cobertura de la protección social
El organismo internacional llamó a “transformar medidas especiales” para fortalecer los sistemas integrales de protección ante el Covid-19.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a “subsanar los déficits de protección social en los países en desarrollo para atajar crisis futuras” y llamó a estos países a “transformar medidas especiales” para fortalecer los sistemas integrales de protección ante el Covid-19.
“Se han puesto de manifiesto déficits catastróficos de cobertura de la protección social en los países en desarrollo, y la única forma de sostener la recuperación y prevenir crisis futuras es que estos países transformen sus medidas especiales de respuesta en sistemas de protección social integrales”, afirmaron desde la entidad laboral internacional tripartita.
Al mismo tiempo, la OIT advirtió que esta situación podría comprometer seriamente los planes de recuperación, exponiendo a millones de personas a niveles de pobreza, y poniendo en jaque la reacción mundial para hacer frente a casos similares en otros países del mundo.
“Aunque el virus no discrimine entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales y se ha vuelto una cuestión de vida o muerte”, puntualizaron.
La organización internacional informó que nada menos que el 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, no cuentan con asistencia social ni seguro social. Apenas el 20% del universo desempleados en todo el mundo tienen derecho a una prestación de desempleo.
“Los ejemplos de distintos lugares del mundo vuelven a evidenciar que los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y para recuperarse de ella. Los encargados de formular políticas tienen que aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia del público sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para asegurar la capacidad de respuesta en crisis futuras”, reflexionaron.
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Federación Judicial reclama derechos de «trabajadores remotos» en situación de cuarentena
(adnmarcospaz // Info de Ester Kandel / Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades. FJ.ABsAs).– La Federación Judicial Argentina llama al estado de alerta y a la concientización de las y los trabajadores judiciales respecto al trabajo remoto o mal llamado ”teletrabajo”.
Esta denominación se instaló fuertemente a través de los medios de comunicación en los últimos tiempos a raíz del Aislamiento preventivo, social y obligatorio (cuarentena) decretado por el Gobierno nacional debido a la pandemia provocada por el COVID-19. En la práctica significa la modificación de las condiciones de trabajo reguladas en el ámbito laboral.
El trabajo remoto, que en la coyuntura se presenta mayoritariamente como sinónimo del trabajo realizado a través de internet, es una iniciativa de los sectores patronales que no apunta al bienestar de la trabajadora o el trabajador sino a aumentar los márgenes de ganancia empresaria bajando costos laborales.
En este punto es muy importante destacar el trabajo de la enorme mayoría de los medios de comunicación que pretenden instalar la idea que este tipo de desempeño laboral resultaría conveniente para lxs trabajadorxs involucrados.
Como organización sindical debemos salir al cruce de estas campañas mediáticas. Por lo tanto es nuestra obligación desmitificar las supuestas ventajas de esta modalidad laboral y fundamentalmente esclarecer sobre las verdaderas motivaciones que la originan.
La pandemia le ha servido de excusa perfecta al poder económico para llevar adelante la puesta en marcha del trabajo remoto (teletrabajo, en particular) y en tal sentido está tratando de hacerlo de cualquier manera aunque para ello tenga que violar elementales derechos de lxs trabajadorxs como ser la negociación colectiva.
Al respecto las autoridades de los poderes judiciales actúan en la misma dirección, no sólo respecto al teletrabajo sino también en lo referente al trabajo presencial, negándose a discutir con los sindicatos las regulaciones necesarias para su vigencia durante la emergencia sanitaria. Es aquí cuando decimos que sin negociación colectiva no hay acuerdo posible.
Particularizando sobre el trabajo remoto es muy importante destacar que estamos hablando no de un simple cambio de modalidad laboral sino que lo hacemos respecto a otro trabajo. Y es así en tanto es otro el lugar físico de trabajo, son otros los recursos materiales para hacerlo, es otro el ambiente laboral y la interacción con el mismo (es el domicilio particular, presencia de otras personas convivientes, otras actividades simultáneas de esas personas, alteración de la vida familiar, no diferenciación entre vida laboral y vida familiar, intromisión del empleador en la vida privada, jornada laboral sin límites, costos laborales a cargo del trabajador/a, entre otras cuestiones).
Por lo tanto insistimos en la imprescindible negociación que permita arribar a un acuerdo basado en algunas condiciones básicas como ser la limitada vigencia del mismo por un motivo extraordinario como es la pandemia, el carácter voluntario de la participación del trabajador/a en dicha modalidad como asimismo el dejar de trabajar en esas condiciones cuando lo desee, el respeto de la jornada laboral, el derecho a la desconexión, el derecho a la privacidad, la cobertura de la ART, el resarcimiento económico por el consumo energético y mantenimiento/reparación de los dispositivos utilizados entre otras.
Es muy importante agregar que otro de los objetivos buscado por la patronal con esta modalidad laboral es la atomización del colectivo de trabajo y por lo tanto la desaparición de la organización de los trabajadorxs en sus lugares de trabajo pilar insustituible para que unitaria y solidariamente puedan defender sus derechos.
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Desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina, entendemos que si ya existe trabajo remoto o se está ante la posibilidad de su implementación en las filiales, el mismo debe ser regulado paritariamente sobre la base de lo dispuesto por el convenio 177 de la OIT de 1996, ratificado por Argentina ( ley 25800).
En 1996, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio núm.177 sobre el trabajo a domicilio. Al hacerlo, llamó a todos los países del mundo a desarrollar políticas que mejoraran las condiciones de lxs ciudadanxs que son trabajadorxs tercerizadxs. Fue un paso muy importante para lograr que la contribución y los derechos de estos trabajadorxs fueran reconocidos.
El país que suscribe un convenio de la OIT debe hacerlo cumplir circunstancia que se concreta generalmente a través de leyes específicas. . Algunos convenios, sin embargo, son tan destacados que en distintos países forman parte de su texto constitucional como ocurre en la Argentina (art. 75 inc. 22 de la CN).
La OIT también dicta recomendaciones. No son vinculantes para los gobiernos, pero aconsejan políticas y acciones tendientes a facilitar el cumplimiento de los convenios que fueran suscriptos por un país.
Las y los trabajadores a domicilio son parte de la fuerza de trabajo más vulnerable del mundo. La mayoría de ellxs son mujeres, y por largo tiempo no fueron reconocidxs como trabajadores. El trabajo a domicilio es una modalidad de empleo que resulta de interés para la investigación social y para la formulación de políticas, en tanto se trata de una forma que se inserta predominantemente en un campo de preocupación mayor: el trabajo precario. En la última década, junto con la preocupación por el tema del desempleo, el análisis se ha orientado hacia la caracterización de la persistencia y aún el aumento de formas de inserción laboral de alta vulnerabilidad
Si bien la preocupación por el trabajo a domicilio se inserta en el campo más amplio de la precariedad y los procesos de precarización del empleo, queda en discusión de si todo el trabajo a domicilio es precario. El análisis de la Secretaría de Género de la FJA es que con la ampliación de la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación tiende a aumentar la posibilidad de la expansión de nuevas formas de trabajo a domicilio por ejemplo en el Poder Judicial. Y estas nuevas formas pueden estar asociadas con precariedad y vulnerabilidad.
La definición más actualizada del trabajo a domicilio es probablemente la que se incluye en el Convenio núm. 177 de la OIT. En el artículo 1 de dicho Convenio, se define como el trabajo que una persona realiza:
1) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;
2) a cambio de una remuneración;
3) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales;
El trabajo remoto, que en la coyuntura se presenta mayoritariamente como sinónimo del trabajo realizado a través de internet, es una iniciativa de los sectores patronales que no apunta al bienestar de la trabajadora o el trabajador sino a aumentar los márgenes de ganancia empresaria bajando costos laborales.
En este punto es muy importante destacar el trabajo de la enorme mayoría de los medios de comunicación que pretenden instalar la idea que este tipo de desempeño laboral resultaría conveniente para lxs trabajadorxs involucrados.
Como organización sindical debemos salir al cruce de estas campañas mediáticas. Por lo tanto es nuestra obligación desmitificar las supuestas ventajas de esta modalidad laboral y fundamentalmente esclarecer sobre las verdaderas motivaciones que la originan.
La pandemia le ha servido de excusa perfecta al poder económico para llevar adelante la puesta en marcha del trabajo remoto (teletrabajo, en particular) y en tal sentido está tratando de hacerlo de cualquier manera aunque para ello tenga que violar elementales derechos de lxs trabajadorxs como ser la negociación colectiva.
Al respecto las autoridades de los poderes judiciales actúan en la misma dirección, no sólo respecto al teletrabajo sino también en lo referente al trabajo presencial, negándose a discutir con los sindicatos las regulaciones necesarias para su vigencia durante la emergencia sanitaria. Es aquí cuando decimos que sin negociación colectiva no hay acuerdo posible.
Particularizando sobre el trabajo remoto es muy importante destacar que estamos hablando no de un simple cambio de modalidad laboral sino que lo hacemos respecto a otro trabajo. Y es así en tanto es otro el lugar físico de trabajo, son otros los recursos materiales para hacerlo, es otro el ambiente laboral y la interacción con el mismo (es el domicilio particular, presencia de otras personas convivientes, otras actividades simultáneas de esas personas, alteración de la vida familiar, no diferenciación entre vida laboral y vida familiar, intromisión del empleador en la vida privada, jornada laboral sin límites, costos laborales a cargo del trabajador/a, entre otras cuestiones).
Por lo tanto insistimos en la imprescindible negociación que permita arribar a un acuerdo basado en algunas condiciones básicas como ser la limitada vigencia del mismo por un motivo extraordinario como es la pandemia, el carácter voluntario de la participación del trabajador/a en dicha modalidad como asimismo el dejar de trabajar en esas condiciones cuando lo desee, el respeto de la jornada laboral, el derecho a la desconexión, el derecho a la privacidad, la cobertura de la ART, el resarcimiento económico por el consumo energético y mantenimiento/reparación de los dispositivos utilizados entre otras.
Es muy importante agregar que otro de los objetivos buscado por la patronal con esta modalidad laboral es la atomización del colectivo de trabajo y por lo tanto la desaparición de la organización de los trabajadorxs en sus lugares de trabajo pilar insustituible para que unitaria y solidariamente puedan defender sus derechos.
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Desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Argentina, entendemos que si ya existe trabajo remoto o se está ante la posibilidad de su implementación en las filiales, el mismo debe ser regulado paritariamente sobre la base de lo dispuesto por el convenio 177 de la OIT de 1996, ratificado por Argentina ( ley 25800).
En 1996, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio núm.177 sobre el trabajo a domicilio. Al hacerlo, llamó a todos los países del mundo a desarrollar políticas que mejoraran las condiciones de lxs ciudadanxs que son trabajadorxs tercerizadxs. Fue un paso muy importante para lograr que la contribución y los derechos de estos trabajadorxs fueran reconocidos.
El país que suscribe un convenio de la OIT debe hacerlo cumplir circunstancia que se concreta generalmente a través de leyes específicas. . Algunos convenios, sin embargo, son tan destacados que en distintos países forman parte de su texto constitucional como ocurre en la Argentina (art. 75 inc. 22 de la CN).
La OIT también dicta recomendaciones. No son vinculantes para los gobiernos, pero aconsejan políticas y acciones tendientes a facilitar el cumplimiento de los convenios que fueran suscriptos por un país.
Las y los trabajadores a domicilio son parte de la fuerza de trabajo más vulnerable del mundo. La mayoría de ellxs son mujeres, y por largo tiempo no fueron reconocidxs como trabajadores. El trabajo a domicilio es una modalidad de empleo que resulta de interés para la investigación social y para la formulación de políticas, en tanto se trata de una forma que se inserta predominantemente en un campo de preocupación mayor: el trabajo precario. En la última década, junto con la preocupación por el tema del desempleo, el análisis se ha orientado hacia la caracterización de la persistencia y aún el aumento de formas de inserción laboral de alta vulnerabilidad
Si bien la preocupación por el trabajo a domicilio se inserta en el campo más amplio de la precariedad y los procesos de precarización del empleo, queda en discusión de si todo el trabajo a domicilio es precario. El análisis de la Secretaría de Género de la FJA es que con la ampliación de la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación tiende a aumentar la posibilidad de la expansión de nuevas formas de trabajo a domicilio por ejemplo en el Poder Judicial. Y estas nuevas formas pueden estar asociadas con precariedad y vulnerabilidad.
La definición más actualizada del trabajo a domicilio es probablemente la que se incluye en el Convenio núm. 177 de la OIT. En el artículo 1 de dicho Convenio, se define como el trabajo que una persona realiza:
1) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;
2) a cambio de una remuneración;
3) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales;
Establecer la subordinación del trabajador no es una tarea sencilla. Los límites son siempre borrosos. Varias dimensiones están presentes en la realidad y abonan el debate:
1) la utilización de maquinaria propia;
2) la contratación de fuerza de trabajo auxiliar por parte de quien recibe trabajo;
3) el control supervisado de la producción.
Forma de organización y/o ejecución del trabajo realizado a distancia, en gran parte o principalmente, mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicaciones El uso de las tecnologías de la información y la comunicación facilita el almacenamiento, tratamiento y acceso, valga la redundancia, a la información. Es posible supervisar y obtener datos en forma continua sobre los diferentes aspectos de las actividades del teletrabajador e incluso respecto a él mismo, posiblemente sin su consentimiento. Ello puede darse por motivos de seguridad, para medir o mejorar la productividad, pero en lo que atañe a la intimidad del teletrabajador al estar más expuesto, éste debería estar más protegido.
El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia, en la cual el/la trabajador/a desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Se realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, y puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos al domicilio del empleador.
Características del teletrabajo
● Nueva cultura organizacional: ¿Quien está a cargo de la organización del trabajo?, ¿cómo será la comunicación con el jefe directo?, ¿Exisitirán los equipos de trabajo?, ¿Quién y cómo capacitará sobre las nuevas formas de trabajo? ¿Se respetará la jornada laboral?
● Trabajo individual voluntario: debe regularse el trabajo como voluntario, dependiendo ello de las características individuales de cada trabajadxr, debido a la conciliación con la vida privada de lxs mismxs,especificando derechos y obligaciones del empleador y de lxs trabajadores.
● Trabajo por objetivo: No se trata de que se fijen objetivos de productividad dado que los expedientes judiciales no son un número. Refieren a personas, cada expediente tiene una problemática específica y se le debe dar el trabajo y el tiempo necesarios para brindarlel derecho a la justicia.
● Horarios flexibles: .De ninguna manera debe flexibilizarse el horario laboral debiendo respetarse horario y jornada laboral legal o menor correspondiente a cada poder judicial.
● Distancia + ajenidad + TIC: El trabajo se realiza remotamente en un domicilio ajeno al empleador o no, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
● Lugar de trabajo determinado o no: El trabajo remoto puede tener una locación determinada o no, siempre y cuando exista el consenso de ambas partes.
● Conectividad: El lugar donde se desarrolle la jornada laboral debe tener la conexión a internet adecuada para cumplir con las tareas asignadas
● Cobertura de ART: Los trabajadores deben tener cobertura de su jornada laboral semanal, con horarios aproximados y mención de días presenciales.
● Igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial: El teletrabajador goza de los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos trabajadores que presten igual tarea en las dependencias judiciales; los mismos estarán sujetos a la legislación vigente y los Convenios Colectivos de Trabajo y/o Acordadas de los TSJ.
● Respeto a la vida privada: todos los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del teletrabajador deberán salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio.
● Reversibilidad acordada: El convenio debe regularse temporalmente, mientras dure la pandemia, y no ser exigible como una nueva forma de trabajo.
● Herramientas de trabajo provistas por la empresa o el trabajador: Los equipos y herramientas necesarias para cumplir con la labor deben ser provistos por el empleador y el trabajador será responsable por su correcto uso y mantenimiento, como sucede en cualquier puesto de trabajo. En el caso de la inmediatez de la puesta en funcionamiento de la nueva forma de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos y/o amortizaciones que genere su uso.
Conciliar el hogar, la crianza, la limpieza y lo laboral
Entre los aspectos que dificultan el teletrabajo, se evidencian:
* tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar
* tener que apoyar con las tareas a lxs hijxs al mismo tiempo que trabajar
El 46% de las mujeres reconocen tener más carga laboral con teletrabajo: 92% de las mujeres debe cocinar y limpiar mientras teletrabaja Las mujeres sienten estar trabajando más que en tiempos normales de oficina.
Las mujeres son más afectadas con la sobrecarga laboral a la hora de teletrabajar, eso no quiere decir que para los hombres no se haya vuelto más complicado, pero aún en este siglo, las tareas del hogar continúan recayendo en su mayoría sobre las mujeres, aunque la brecha se haya ido acortando con el tiempo.
La jornada hoy en día de las mujeres es más que triple: madre, ama de casa, cuidadora de adulta mayor, docente particular de adolescentes y trabajadora remota “home worker”, mínimo cuatro jornadas laborales. Nadie contempla la sobrecarga que recae nuevamente en las mujeres.
Los horarios corridos. La falta de concentración y de organización. El sueño interrumpido. Los vínculos exigidos. El trabajo reinventándose. Todo está moviéndose al ritmo de un monstruo que no se ve.
La subjetividad no queda afuera y según el momento y las posibilidades actuales, cada persona asume la conciliación entre convivencia y coronavirus o entre las múltiples tareas que le tocan, de distinta manera. No hay que olvidarse tampoco de quienes ni siquiera tienen posibilidad de home office porque no tienen trabajo o porque trabajan en los márgenes.
1) la utilización de maquinaria propia;
2) la contratación de fuerza de trabajo auxiliar por parte de quien recibe trabajo;
3) el control supervisado de la producción.
Forma de organización y/o ejecución del trabajo realizado a distancia, en gran parte o principalmente, mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicaciones El uso de las tecnologías de la información y la comunicación facilita el almacenamiento, tratamiento y acceso, valga la redundancia, a la información. Es posible supervisar y obtener datos en forma continua sobre los diferentes aspectos de las actividades del teletrabajador e incluso respecto a él mismo, posiblemente sin su consentimiento. Ello puede darse por motivos de seguridad, para medir o mejorar la productividad, pero en lo que atañe a la intimidad del teletrabajador al estar más expuesto, éste debería estar más protegido.
El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia, en la cual el/la trabajador/a desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Se realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, y puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos al domicilio del empleador.
Características del teletrabajo
● Nueva cultura organizacional: ¿Quien está a cargo de la organización del trabajo?, ¿cómo será la comunicación con el jefe directo?, ¿Exisitirán los equipos de trabajo?, ¿Quién y cómo capacitará sobre las nuevas formas de trabajo? ¿Se respetará la jornada laboral?
● Trabajo individual voluntario: debe regularse el trabajo como voluntario, dependiendo ello de las características individuales de cada trabajadxr, debido a la conciliación con la vida privada de lxs mismxs,especificando derechos y obligaciones del empleador y de lxs trabajadores.
● Trabajo por objetivo: No se trata de que se fijen objetivos de productividad dado que los expedientes judiciales no son un número. Refieren a personas, cada expediente tiene una problemática específica y se le debe dar el trabajo y el tiempo necesarios para brindarlel derecho a la justicia.
● Horarios flexibles: .De ninguna manera debe flexibilizarse el horario laboral debiendo respetarse horario y jornada laboral legal o menor correspondiente a cada poder judicial.
● Distancia + ajenidad + TIC: El trabajo se realiza remotamente en un domicilio ajeno al empleador o no, mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
● Lugar de trabajo determinado o no: El trabajo remoto puede tener una locación determinada o no, siempre y cuando exista el consenso de ambas partes.
● Conectividad: El lugar donde se desarrolle la jornada laboral debe tener la conexión a internet adecuada para cumplir con las tareas asignadas
● Cobertura de ART: Los trabajadores deben tener cobertura de su jornada laboral semanal, con horarios aproximados y mención de días presenciales.
● Igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial: El teletrabajador goza de los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellos trabajadores que presten igual tarea en las dependencias judiciales; los mismos estarán sujetos a la legislación vigente y los Convenios Colectivos de Trabajo y/o Acordadas de los TSJ.
● Respeto a la vida privada: todos los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del teletrabajador deberán salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio.
● Reversibilidad acordada: El convenio debe regularse temporalmente, mientras dure la pandemia, y no ser exigible como una nueva forma de trabajo.
● Herramientas de trabajo provistas por la empresa o el trabajador: Los equipos y herramientas necesarias para cumplir con la labor deben ser provistos por el empleador y el trabajador será responsable por su correcto uso y mantenimiento, como sucede en cualquier puesto de trabajo. En el caso de la inmediatez de la puesta en funcionamiento de la nueva forma de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos y/o amortizaciones que genere su uso.
Conciliar el hogar, la crianza, la limpieza y lo laboral
Entre los aspectos que dificultan el teletrabajo, se evidencian:
* tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar
* tener que apoyar con las tareas a lxs hijxs al mismo tiempo que trabajar
El 46% de las mujeres reconocen tener más carga laboral con teletrabajo: 92% de las mujeres debe cocinar y limpiar mientras teletrabaja Las mujeres sienten estar trabajando más que en tiempos normales de oficina.
Las mujeres son más afectadas con la sobrecarga laboral a la hora de teletrabajar, eso no quiere decir que para los hombres no se haya vuelto más complicado, pero aún en este siglo, las tareas del hogar continúan recayendo en su mayoría sobre las mujeres, aunque la brecha se haya ido acortando con el tiempo.
La jornada hoy en día de las mujeres es más que triple: madre, ama de casa, cuidadora de adulta mayor, docente particular de adolescentes y trabajadora remota “home worker”, mínimo cuatro jornadas laborales. Nadie contempla la sobrecarga que recae nuevamente en las mujeres.
Los horarios corridos. La falta de concentración y de organización. El sueño interrumpido. Los vínculos exigidos. El trabajo reinventándose. Todo está moviéndose al ritmo de un monstruo que no se ve.
La subjetividad no queda afuera y según el momento y las posibilidades actuales, cada persona asume la conciliación entre convivencia y coronavirus o entre las múltiples tareas que le tocan, de distinta manera. No hay que olvidarse tampoco de quienes ni siquiera tienen posibilidad de home office porque no tienen trabajo o porque trabajan en los márgenes.
De todas formas, partiendo de la base que nuestra sociedad es estructuralmente desigual desde el punto de vista de género (no el único, por supuesto), el coronavirus pone en evidencia la necesidad de que los sistemas de cuidados sean revisados, no sólo por esta emergencia, sino para lo que vendrá; para que la vida valga la pena ser vivida, como decía una de las consignas de este día internacional de las mujeres, que ahora parece tan lejano pero sigue vigente todos los días.
Para muchas el problema no es ver cómo conciliar los cuidados con el trabajo remunerado sin perder la cordura, sino ver cómo van a hacer para comer, para pagar las cuentas si no hay trabajo o las ayudas sociales no alcanzan mientras cuidan de niñas, niños, personas mayores. Y esto sumado a la preocupación de saber que hay una pandemia pero que no tienen todas las herramientas para cuidarse.
La extensión de la Covid-19 profundizó dinámicas desiguales de los cuidados y de los trabajos domésticos no remunerados. Sin redes de contención ni organización con otras instituciones, se sobrecargaron por default las siempre sobrecargadas mujeres. La salida de la cuarentena plantea preguntas de fondo. Urge que los cuidados se impongan en una agenda transversal.
Sin redes de contención ni distribución con abuelas, jardines, colegios, niñeras o clubes, las mujeres pasan los días más sobrecargadas. Se da por sentado que, salvo excepciones, son las encargadas de repartir su tiempo entre el trabajo remoto, la escolarización “en línea” de lxs hijxs y las tareas domésticas. El confinamiento, sin embargo, obligó a muchos hombres a quedarse en casa y algunos empezaron a reflexionar sobre el valor y la carga de las tareas que recaen, mayormente, sobre ellas.
Es que en muchos hogares los tiempos de confinamiento obligatorio resultaron la oportunidad de poner sobre la mesa el enorme engranaje que sostiene a una familia. Varones que, por primera vez, le ponen el cuerpo a ese mundo de la reproducción social que puertas adentro hacen posibles sus performances puertas afuera, en el reconocido mundo del trabajo remunerado
Las mujeres dedican en promedio tres horas diarias más al trabajo no remunerado que sus pares varones, aun cuando se encuentren participando activamente en el mercado laboral La mayor tasa de participación de las mujeres es en los quehaceres domésticos . Son especialmente ellas las que se ocupan de la limpieza de la casa, del lavado y arreglo de ropa, preparación y cocción de alimentos, compras; y reparación y mantenimiento de bienes de uso doméstico. En la lista sigue el cuidado de personas, y por último las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a miembros del hogar.
Supone una reconfiguración de cuestiones que los varones no ven porque no les prestan atención, y es un cambio fundamental No necesariamente se trata de hacer las mismas tareas que la pareja, sino darles visibilidad y reorganizar el ámbito doméstico y de cuidados desde los consensos, los acuerdos y la responsabilidad mutua.
Urge que cambien las lógicas de un sistema que subordina los procesos de la reproducción individual, familiar y colectiva a la ganancia económica. Urge aprovechar el caos de hoy para encontrar condiciones de posibilidad para otras formas sociales mañana
Necesitamos el compromiso del Estado, pero también de las empresas y los sindicatos, no dar por sentado que el cuidado simplemente sucede y dejar que cada familia, y en especial las mujeres, lo resuelvan de la manera que puedan. Eso solo profundiza las desigualdades sociales.
Para muchas el problema no es ver cómo conciliar los cuidados con el trabajo remunerado sin perder la cordura, sino ver cómo van a hacer para comer, para pagar las cuentas si no hay trabajo o las ayudas sociales no alcanzan mientras cuidan de niñas, niños, personas mayores. Y esto sumado a la preocupación de saber que hay una pandemia pero que no tienen todas las herramientas para cuidarse.
La extensión de la Covid-19 profundizó dinámicas desiguales de los cuidados y de los trabajos domésticos no remunerados. Sin redes de contención ni organización con otras instituciones, se sobrecargaron por default las siempre sobrecargadas mujeres. La salida de la cuarentena plantea preguntas de fondo. Urge que los cuidados se impongan en una agenda transversal.
Sin redes de contención ni distribución con abuelas, jardines, colegios, niñeras o clubes, las mujeres pasan los días más sobrecargadas. Se da por sentado que, salvo excepciones, son las encargadas de repartir su tiempo entre el trabajo remoto, la escolarización “en línea” de lxs hijxs y las tareas domésticas. El confinamiento, sin embargo, obligó a muchos hombres a quedarse en casa y algunos empezaron a reflexionar sobre el valor y la carga de las tareas que recaen, mayormente, sobre ellas.
Es que en muchos hogares los tiempos de confinamiento obligatorio resultaron la oportunidad de poner sobre la mesa el enorme engranaje que sostiene a una familia. Varones que, por primera vez, le ponen el cuerpo a ese mundo de la reproducción social que puertas adentro hacen posibles sus performances puertas afuera, en el reconocido mundo del trabajo remunerado
Las mujeres dedican en promedio tres horas diarias más al trabajo no remunerado que sus pares varones, aun cuando se encuentren participando activamente en el mercado laboral La mayor tasa de participación de las mujeres es en los quehaceres domésticos . Son especialmente ellas las que se ocupan de la limpieza de la casa, del lavado y arreglo de ropa, preparación y cocción de alimentos, compras; y reparación y mantenimiento de bienes de uso doméstico. En la lista sigue el cuidado de personas, y por último las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a miembros del hogar.
Supone una reconfiguración de cuestiones que los varones no ven porque no les prestan atención, y es un cambio fundamental No necesariamente se trata de hacer las mismas tareas que la pareja, sino darles visibilidad y reorganizar el ámbito doméstico y de cuidados desde los consensos, los acuerdos y la responsabilidad mutua.
Urge que cambien las lógicas de un sistema que subordina los procesos de la reproducción individual, familiar y colectiva a la ganancia económica. Urge aprovechar el caos de hoy para encontrar condiciones de posibilidad para otras formas sociales mañana
Necesitamos el compromiso del Estado, pero también de las empresas y los sindicatos, no dar por sentado que el cuidado simplemente sucede y dejar que cada familia, y en especial las mujeres, lo resuelvan de la manera que puedan. Eso solo profundiza las desigualdades sociales.
Así como las feministas reclamamos que los varones deben involucrarse más en las tareas de cuidado y como sociedad debemos dejar de pensar que son tareas femeninas, también necesitamos de nuevas leyes y políticas públicas que habiliten y den forma a otra distribución del cuidado. Cuando la pandemia lo permita, va a ser imprescindible avanzar con el mapeo federal de los cuidados que ya se anunció, y considerar la conformación de un sistema nacional como un asunto prioritario. Si queremos una sociedad más justa en términos socioeconómicos y de género, se vuelve central revisar y reconfigurar quiénes cuidan y cómo lo hacen.
Envio:RL
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