Piden llevar a juicio político al juez Violini por permitir arrestos domiciliarios de presos
En un escrito al que tuvo acceso Télam, la ONG Usina de Justicia, que defiende los derechos de las víctimas de delitos, acusó al magistrado de "incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo".
En el escrito, con firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, se afirma que el "temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal".
El 17 de abril pasado, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
En ese fallo, el juez dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio eran los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque sin precisar los delitos a los que hacía referencia.
La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento dice que "Violini ha lesionado un adecuado servicio de justicia al 'saltar' por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno".
También remarca que "la acción de habeas corpus colectivo no fue iniciada ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal".
Y se destaca que "de no ser Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional".
"Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal", se añade.
Violini consideró que el pedido de jury "es absolutamente político" y que "es un disparate alarmar a la población" con noticias que indicaban que por esa decisión "se liberaron a 2.300 presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires".
El juez dijo a Radio con Vos que hay "algunos medios y algunos políticos que se aprovechan" y el pedido "es un poco en conjunto" de esas dos partes.
"En 30 años nunca tuve un pedido de juicio político", aseguró, y consideró que "el pedido de juicio político es absolutamente político, valga la redundancia". Apuntó al abogado Soto, a quien calificó como "un personaje oscuro, que trabajó con Patricia Bullrich a la par con todo lo de la doctrina Chocobar"
Violini calificó de "disparate" las afirmaciones de que liberó a "más de 2.300" asesinos y violadores. "Alarma a la población, es un disparate, una porquería, un invento inmundo. Me imputan, inventan cosas y le quieren pegar al gobierno provincial y al nacional", dijo.
La Suprema Corte bonaerense revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo aceptado por Violini, y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, bajo una serie de parámetros que fijó en su fallo.
El juez consideró "bien que la Suprema Corte haya reencauzado el hábeas corpus, el fallo no dice que no habrán prisiones domiciliarias", y precisó que en el recurso que concedió "decimos que la morigeración no debe otorgarse en delitos graves".
Fuente:Telam
El gobierno lanzó el programa Recuperar, destinado al sector cooperativo
Resumen Latinoamericano, 11 mayo 2020
Mediante una teleconferencia, el ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo encabezó la presentación del programa que propone apoyo al sector de empresas recuperadas y autogestionadas de todo el país, que sostienen más de 18 mil puestos de trabajo.
Luego de recorrer las instalaciones de la Cooperativa Envases Flexibles Mataderos, el ministro de Desarrollo social, Daniel Arroyo, a través de una teleconferencia presentó el plan Recuperar, un programa que propone el apoyo de su cartera al sector de empresas recuperadas y autogestionadas de todo el país.
Hasta marzo de 2020, la Argentina registró más de 400 empresas de los más variados rubros que sostienen más de 18 mil puestos de trabajo.
La línea de créditos tiene como objetivos la compra, renovación y automatización de maquinaria, compra de insumos y asistencia financiera. Dentro de las propuestas de subsidios se destacan la capacitación integral de cada trabajador y trabajadora, según las necesidades de cada unidad productiva, así como la mejora en seguridad e higiene en el trabajo.
En primer segmento de la exposición, Eduardo Murúa, director nacional de empresas recuperadas, contó brevemente los dos ejes centrales que estructuran el programa conformado por créditos y subsidios de apoyo al sector.
A su turno, el secretario de Economía Social del ministerio, Emilio Pérsico, resaltó la importancia de apoyar al movimiento de empresas recuperadas y a sus trabajadores. “Son un orgullo de Argentina y modelo de organización y producción para otros países”, señaló.
En el cierre del encuentro, el ministro Arroyo señaló: “La salida es el trabajo, hay que reconstruir de abajo hacia arriba y con trabajo, y el Ministerio de Desarrollo tiene que generar las condiciones y dar asistencia para sostener el ingreso de los trabajadores, generar mecanismos de encadenamiento de la producción y potenciar el desarrollo local”.
La presentación fue observada en vivo por integrantes de empresas recuperadas de todo el país.
Santa Cruz: dos militantes del PSTU fueron detenidas y torturadas en una comisaría
Resumen Latinoamericano 11 de mayo de 2020
Dos jóvenes militantes del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) sufrieron golpes, torturas y violencia de género, mientras estuvieron detenidas en una comisaría de Puerto San Julián.
Los hechos ocurrieron el sábado 9 de mayo a la madrugada, en el domicilio de las hermanas Narela y Agostina Baragaña (ambas militan en el PSTU), donde llegó la policía por una supuesta queja por ruidos molestos, entrando al domicilio sin ninguna orden judicial, para luego llevarlas detenidas a la Comisaría Primera de Puerto San Julián. Durante el trayecto sufrieron golpes de los oficiales, que luego continuaron con torturas y amenazas para que no hagan ningún tipo de denuncia sobre las vejaciones que padecieron.
Las jóvenes militantes hicieron públicas las imágenes de los moretones y raspones que les quedaron producto de los golpes y torturas que recibieron en la comisaría. Rápidamente llegaron los primeros comunicados de solidaridad de organizaciones sociales, partidos de izquierda, centros de estudiantes y organizaciones sindicales que se sumaron al repudio sucedido. Entre algunas de las organizaciones que firmaron la solidaridad, se encuentran CORREPI, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CEPRODH, APeL, H.I.J.O.S Zona Oeste, Mesa de Mujeres, Partido Obrero, Partid de los Trabajadores Socialistas, Movimiento al Socialismo, Izquierda Socialista, Nuevo Mas, ADOSAC, ATE Santa Cruz, Judiciales, SIPREM, CTA Autónoma, Tribuna Estatal, La Grupa, Juntas y a la Izquierda, Plenario de Trabajadoras Lucha Mujer PSTU, ISADORA, Pan y Rosas, Las Rojas, Cuerpas Ausentes Río Gallegos y más.
Todas las organizaciones coinciden en que no es un hecho aislado lo que ocurrió en Puerto San Julián con la policía provincial. Hay denuncias de abuso policial desde hace muchos años, como los casos de tortura de los trabajadores desocupados de Caleta Olivia del 2004, las torturas que sufrieron los trabajadores petroleros de Las Heras en el año 2006 (por el caso Sayago), las torturas que también sufrieron algunos de los trabajadores detenidos de ATE Río Gallegos en el 2013 y otros casos más. El más resonante fue la muerte del joven taxista Gustavo Geréz en una comisaría de Caleta Olivia, ya que su cuerpo fue entregado a sus familiares con innumerable cantidad de golpes luego de ser detenido.
Por último, desde las organizaciones que se solidarizaron, se exigió que se organice una Comisión Organizadora Independiente para que se pueda investigar y encontrar a los responsables de las torturas que sufrieron las militantes y hacer responsable al Estado provincial y nacional por lo ocurrido.
Por La Izquierda Diario
Cerro Negro y Losa: Audiencia fallida y movilización de l@s trabajadores
Resumen Latinoamericano 11 de mayo de 2020
Este fin de semana en Olavarría la La empresa Cerro Negro y Losa aseguró que pagará el 75% de los salarios sólo si llega la ayuda del gobierno. Dirigentes sindicales y empleados se manifiestaron en el Palacio San Martín y se generaron incidentes.
Un clima de extrema tensión definió el conflicto de Cerro Negro y Losa que este viernes tuvo un nuevo capítulo. La audiencia que iba a ser presencial en la mañana de este viernes se realizó por videoconferencia y las partes no llegaron a un acuerdo.
Desde las 11:00, más de un centenar de trabajadores se concentraron en el salón del Sindicato de Ceramistas (Soeco) ubicado en Lamadrid al 2500, mientras se desarrollaba, desde las 10:30, la reunión entre el sindicato de ceramitas y la empresa Sociedad Comercial del Plata. S.A. dueña de ambas fábricas.
El encuentro, que duró aproximadamente una hora, no hizo más que aumentar el enojo de los trabajadores.
“Lamentablemente, el resultado de la audiencia fue negativo, ya que la empresa se mantiene en la posición de no garantizar ni siquiera el 75% del salario. Tomó la decisión unilateral de depositar 5 mil pesos, que no es ni el 25% de su salario, y de forzarnos a una negociación, a costa del hambre de todos ustedes” explicó el abogado Juan Sánchez a los más de 100 ceramistas presentes.
Y detalló que “si la empresa garantizaba ese 75%, nos sentábamos a hablar. Pero ellos dicen que nos garantizan ese porcentaje sólo si llega la ayuda del gobierno. Sino paga el 25 o el 50%”. En abril, los empleados recibieron 12 mil pesos, mientras que este 5 de mayo les fueron depositados 5 mil.
El descontento de los trabajadores conllevó una movilización hacia el Palacio San Martín, con bombos y banderas. Minutos después, los dirigentes sindicales fueron recibidos por funcionarios municipales.
Mientras se llevaba a cabo el encuento, algunos manifestantes ingresaron al Municipio y se generaron incidentes.
Por verte en vivo
Por Marisol Vergara (*) , Resumen Latinoamericano, 11 mayo 2020
Ollas Populares.
Un grupo de exs alumnxs y militantes socialistas de la EMN1 (Escuela Media N°1) “José Martí” de El Talar (Tigre) nos organizamos para acompañar y colaborar en la organización de los y las vecinas que están padeciendo la crisis económica, sanitaria y alimentaria que atraviesa a la Argentina, sumándole el fenómeno Covid-19(cosa no menor).
Creemos que estar unidxs, presentes y luchar siempre será la salida, y por ello decidimos llevar a cabo una primera actividad en conjunto repartiendo 50 porciones de comida y alimentos.
Tenemos como prioridad la solidaridad, pues durante esta cuarentena eterna, no todxs pueden afrontarla sólo “quedándose en sus casas”.
Por ello anunciamos:
Nuestro repudio a la falta de compromiso por parte del Estado para garantizar la asistencia de recursos esenciales (mercadería – elementos de higiene, etc) para comedores – ollas populares y escuelas públicas.
El ingreso familiar de emergencia (IFE), que se enarboló desde el comienzo de la cuarentena, aún no llega al total de lxs solicitantes tras 50 días de cuarentena obligatoria.
El municipio de Tigre tampoco garantiza mercadería a los comedores como pasa en Don Torcuato y por ello la comunidad llevará a cabo una actividad en la EMN11 (Escuela Media N°11).
Actividad: Todos los sábados a partir de las 09:30 am estaremos recibiendo donaciones y llevando a cabo la olla popular en la EM1 “José Martí”, dirección: Pasteur esq/Las Heras, frente a Plaza del El Talar.
(*) Referente OLP “Resistir y Luchar” de Tigre
Envio:RL
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