Elizabeth Gómez Alcorta se refirió al dictamen del fiscal Rivarola
"No es un caso aislado, es una deuda histórica"
De esta forma, la ministra se refirió a lo sucedido con el fiscal de la provincia de Chubut Fernando Rivarola, quien utilizó la frase "desahogo sexual" en referencia a la violación grupal de una adolescente.
“El dictamen del fiscal Fernando Rivarola es emblemático y esperamos que este caso sirva para impulsar una verdadera transformación del Poder Judicial en Chubut y en todas las provincias. Contar con un Poder Judicial con perspectiva de género es una de las mayores deudas que tiene aún la Argentina”, sostuvo la ministra.
En un encuentro en la Casa de Gobierno provincial, la funcionaria entendió que “la resonancia mediática y política que tomó este caso demuestra que es apenas un ejemplo de un problema estructural de los poderes judiciales, que es la falta de perspectiva de género".
Ante integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y de organizaciones de la sociedad civil, la ministra invitó "a repensar los estándares probatorios para los casos de violencia de género". "Muchas veces, las cuestiones dogmáticas o probatorias constituyen una excusa de los jueces y fiscales a la hora de abordar los casos de violencias de género”, aseveró.
Gómez Alcorta iba a participar de la reunión por videoconferencia, pero a raíz del repudio que provocó el uso de la expresón "desahogo sexual" para referirse a violación, en un dictamen del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, decidió viajar a la provincia.
"Lo que nos trae acá es un ejemplo de una problemática estructural que es importante reconocer. De ese tipo de ejemplos tenemos todos los días en todos los lugares de nuestro país. Esta situación nos obliga a tomar una decisión muy fuerte, un compromiso muy importante político, porque sin ese compromiso el caso pasa inadvertido”, explicó.
La ministra aseveró que "no es un caso aislado, ni una situación particular, sino que es un modo centralmente en el cual trabaja el Poder Judicial por una cantidad de efectos, de problemas estructurales". “Nos espera una enorme agenda. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creemos que es vital para poder abordar integralmente las violencias por motivos de género que en todo el país los Poderes Judiciales sean aliados”, agregó la ministra, que invitó a repensar los estándares probatorios para los casos de violencia de género. “Muchas veces, las cuestiones dogmáticas o probatorias constituyen una excusa de los jueces y fiscales a la hora de abordar los casos de violencias de género”, explicó.
"Este es el tiempo que nos toca vivir, para repensar todas las instituciones no porque queramos, no porque sea optativo, no porque tengamos un movimiento de mujeres dinámico que nos obliga, sino porque además como funcionarias y funcionarios tenemos esa obligación", postuló.
En este sentido, remarcó que existen "tratados internacionales, y normas provinciales y nacionales que obligan a este compromiso", y planteó que "el tiempo es ahora; no más adelante”.
07 de junio de 2020
Denuncian que grababan hasta las conversaciones con abogados y familias
Espionaje ilegal: pusieron micrófonos en las celdas de los presos "kirchneristas"
El espionaje a empresarios y ex funcionarios detenidos fue una coproducción de la AFI y los penitenciarios. Escuchaban hasta las reuniones protegidas con las defensas. Por esas celdas pasaron Zannini, Schiavi, Báez y Cristóbal López, entre otros.
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
La cárcel de alta seguridad estaba cribada de escuchas de inteligencia.
Imagen: NA
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El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, va a profundizar esta semana la investigación sobre una gravísima operación de inteligencia (una más) que se concretaba en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. No sólo estaba intervenido el teléfono público, sino que había micrófonos en las celdas y en la sala donde los ex funcionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y hasta donde se producían los encuentros con las familias y visitas. La evidencia surgió de los allanamientos en dos dependencias del Servicio Penitenciario Federal pero sobre todo en un celular de un agente de la AFI y ex penitenciario, Leandro Araque. Quienes vieron las pruebas se asombraron: "¡Este tipo no borró nada de su celular en años". Pero el arranque de la semana en Lomas ya será un torbellino: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner irá este mismo lunes al juzgado de Lomas a ver las evidencias que encontró Villena sobre el espionaje del que la ex mandataria fue víctima.
El magistrado la citó sin fijar horario para que vea las pruebas que se encontraron en el celular de Araque, pero también en el de otros dos agentes de la AFI, el abogado Facundo Melo y un segundo ex penitenciario, Jorge Sáez, así como en las computadoras del SPF. En total, se encontraron 1500 carpetas. Horacio Rodríguez Larreta también concurrirá a Lomas esta semana: será un momento incómodo porque se encontrará con el espionaje ilegal puesto en marcha por quien fue su jefe político, Mauricio Macri.
Esta trama del espionaje de Cambiemos fue adelantado por Página/12 el 11 de mayo a raíz de la investigación de un atentado-amenaza en julio de 2018, contra el ex subsecretario de Defensa José Luis Vila. Un narco, Sergio Verdura Rodríguez, contó que puso una caja con trotyl en la avenida Callao por pedido de Melo, abogado y agente de la AFI. El hilo llevó luego a los dos ex penitenciarios, Araque y Sáez, cuyos domicilios fueron allanados y sus celulares secuestrados.
El vínculo de la AFI con la Dirección de Reunión de Información --Inteligencia-- del SPF se fue verificando, por lo que Villena ordenó el allanamiento de esa Dirección y también la Dirección de Seguridad del SPF. El titular de Inteligencia, Claudio Suriano, pidió la jubilación esta semana, mientras que el jefe del SPF, Emiliano Blanco, presentó su renuncia.
Araque y Sáez hicieron un asombroso trayecto laboral: del Servicio Penitenciario pasaron a la AFI y de la AFI a la Policía de la Ciudad. Las malas lenguas dicen que eran hombres recomendados por el fallecido Jorge El Fino Palacios, el policía de confianza de Mauricio Macri, ya involucrado en una operación de espionaje anterior en que, por ejemplo, espiaron a la hermana y al cuñado de Macri.
De todas maneras, lo más impactante fueron las fotos, videos y documentos que se encontraron en el celular de Araque, pero también en lo secuestrado a Melo y Sáez, y en las dos dependencias del SPF. En total, hay 1500 carpetas con material sobre políticos, intelectuales, jueces y periodistas, incluyendo adherentes al propio macrismo: Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot, Emilio Monzó y muchos otros. En Lomas dicen que hasta había carpetas de Florencia Kirchner y de Florencia Macri, la hermana menor del mandatario. Según indicaron distintas fuentes, Villena también se chocó con pruebas de espionaje en el penal de Ezeiza, parte del cual ya se conocía y en el que el juez también tuvo responsabilidad. Pero las nuevas evidencias mostrarían un cuadro de situación aún mucho más grave.
"Cableado"
En el argot, a las escuchas con micrófonos ocultos se la llama "cableado" y los indicios apuntan a que el módulo 6 del penal de Ezeiza estaba cableado casi en su totalidad. Los ex funcionarios y empresarios estaban detenidos principalmente en los pabellones C y D, pero también algunas veces en el A o en el B. Allí estuvieron en uno u otro momento, por ejemplo, Amado Boudou, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Lázaro Báez, Cristóbal López o Fabián de Sousa, entre muchos otros.
A esos detenidos siempre les llamó la atención que sumaran dos o tres narcos, algunos de ellos muy pesados, como Mario Segovia, el llamado "rey de la efedrina". O sea que resultaba incongruente que en el mismo pabellón, de máxima seguridad, estuvieran personas que de ninguna manera se escaparían, con narcos que entrañaban un verdadero peligro de fuga. Todo indica que la razón era el espionaje: el SPF preparaba como argumento que en verdad tenían información de una fuga y por eso realizaban el control de lo que pasaba mediante escuchas. El argumento fue usado en un momento por el propio Villena y las grabaciones terminaron en manos de Claudio Bonadio que, a su vez, las distribuyó entre periodistas adictos para que realizaran las operaciones de prensa contra el peronismo con escuchas ilegales. Usaron diálogos de detenidos con sus abogados, con amigos y hasta con sus parejas.
En principio, el cableado fue concretado por una especie de yerno --en rigor el novio de una hija-- de un agente de la AFI. Esto demuestra una vez más que los "candados", como les dicen a los agentes penitenciarios, estaban combinados con la central de espías que mandaba el gran amigo de Macri, Gustavo Arribas.
Como es obvio, el espionaje en las celdas, la sala de reunión con los abogados y el ámbito de encuentro con las visitas y familias es una violación de los derechos humanos, del derecho a la intimidad y violación del derecho de defensa. La AFI y el SPF y a través de ellos el aparato político-judicial-mediático, podían enterarse hasta de los argumentos de las defensas en los procesos judiciales.
Queda el interrogante de cómo es que se hizo algo tan masivo y torpe, del que quedaron rastros en celulares y computadoras. Una respuesta posible es que el macrismo llenó la AFI de policías, ex comisarios, oficiales y suboficiales, que actuaron como lo hacen de forma habitual: van y vienen con los secretos, difunden lo que hacen, venden información al mejor postor. No es casual que dos hombres claves hayan terminado en la Policía de la Ciudad. También en la trama de Marcelo D'Alessio, investigada por el juez Alejo Ramos Padilla, había dos ex comisarios bonaerenses al frente de la operación.
07 de junio de 2020
Los desafíos de la nueva normalidad
Todo lo que Alberto Fernández se juega en junio
Los frentes de conflicto del Presidente. Nueva oferta en el canje de deuda. Movidas de los acreedores. Reuniones con Lavagna y con grandes empresarios. La nueva normalidad, esperanzas y riesgos.
Por Mario Wainfeld
Reunión con grandes empresarios: pedir pero no dar.
Imagen: NA
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Néstor Kirchner era cuestionado o ensalzado al comienzo de su mandato presidencial porque abría muchos frentes de conflicto. Demasiados, contabilizaba la derecha nativa. En general, contra los legados de la dictadura y del neoliberalismo. En particular, contra la Corte Suprema, los represores del terrorismo de Estado. En detalle, contra los acreedores externos a quienes no atacaba pero con los que negociaba con patriótica fiereza. Alberto Fernández, Jefe de Gabinete todo el cuatrienio, jugó en Superliga por primera vez en aquel contexto.
Como presidente AF también se bate en varios frentes en circunstancias más desventajosas que las de Kirchner, quien tampoco amaneció en el Paraíso. El hombre contaba con baja legitimidad de origen a diferencia de Fernández. La oposición política estaba diezmada tras el horrible gobierno del presidente Fernando De la Rúa. Ahora conserva fuerza y juega en bloque con el establishment. Las catastróficas consecuencias del default ya se habían producido y se contaba con el beneficio relativo de no tener que pagar deuda privada. La economía florecía, circunstancia que hoy provoca saudades. El decisionismo de Kirchner, piensa este cronista, acrecentó su popularidad tras el acné antipolítico (anti gobernantes, quizá) del “que se vayan todos”.
La legitimidad de ejercicio de AF escaló gracias a su gestión en la crisis sanitaria: por la decisión temprana de la cuarentena y por el modo de construir decisiones. La renegociación de la deuda constituía un desafío inevitable. El resto de la agenda entró en hibernación o se lentificó, incluyendo la promesa de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El horizonte fugitivo de la nueva normalidad obsesiona al presidente. Lo activa una nueva hiperquinesis. Recorre provincias, pernocta en un par. Se interna en las fábricas que reabren. Integrantes del Gabinete se dejan ver con cascos y barbijos, a veces remixando el mundo productivo y la política sanitaria como el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti cuando enfilan a Chaco. El ministro de Economía Martín Guzmán escapa un rato del insalubre microclima del canje de deuda y recorre algún establecimiento. El mensaje es claro: el Estado nacional está presente en todos los territorios, acompaña, coprotagoniza e incentiva la vuelta al trabajo.
Incursionando apenas en la psicología de los funcionarios, salir del contorno del AMBA cumple otra funcionalidad: los energiza, les carga las pilas.
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La Primera Enmienda: La República (que así suele nombrarse Argentina en la jerga del canje) presentará una enmienda a su oferta inicial ante la SEC estadounidense por ahí antes del viernes próximo. La burocracia financiera exige un Decreto de Necesidad y Urgencia más papelería frondosa plagada de números y tecnicismos políglotas para llevar a Nueva York. Recién entonces comenzarán a correr nuevos plazos, que se miden en días, semanas si hay viento a favor.
Se acercan posiciones con los bonistas privados aunque media un abismo de miles de millones de dólares y de diferencias en los plazos de gracia.
Los Fondos de Inversión matizan su lenguaje despectivo. El archi poderoso BlackRock cambia a su representante, movida en la que seguramente influyó una sugerencia-presión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentada en este diario semanas atrás. El enroque implicó, maquinan en Hacienda y la Casa Rosada, un mínimo gesto de distensión. Un lobbista del Grupo Clarín despide en su panorama empresario al ex enviado, haciendo pucheros.
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Invisibles y visibilizados: En los suburbios de la mesa-zoom de negociación el Gobierno articula con aliados invisibles. El aludido AMLO, el financista David Martínez que sabe comportarse como ami-enemigovio del Grupo Clarín.
A plena luz, Fernández convoca a un almuerzo para mostrar interlocución con el ex ministro Roberto Lavagna. Y a un cónclave de cuerpo presente con la crema del gran empresariado.
La relación con Lavagna se consolidó cuando cohabitaban en el Gabinete de Kirchner. Fernández quería ponerlo a la cabeza del nonato Consejo Económico Social, lo sondeó sin éxito “n” veces en la pre pandemia. Departen a menudo.
Guzmán conversa con su precursor con frecuencia, se costea eventualmente hasta la casa de Lavagna. En la semana que hoy termina, se divulgó un almuerzo entre los tres.
Lavagna aconseja llegar a un acuerdo sustentable, de cifras no se habla. Industrialista y crítico del sector financiero, el ex ministro y candidato presidencial comparte con Guzmán una valoración alta y prudente del tejido PyME argentino. Hay que fomentar ahí. Imaginar que es posible fundar un mercado de capitales en pesos se agrega a las coincidencias, lúcidas y voluntaristas a la vez.
El 3-J AF recibió a capos del empresariado, en Olivos. Todos y todos; todos varones. Escenario machirulo en un día especialmente inadecuado. En la dirigencia argentina son escasas las mujeres, las patronales encabezan la lista.
La descripción oficial: diálogo franco. La de los invitados y el off the record gubernamental: buenos modales, mangazos suaves y cero compromiso para aportar algo. Los grandes jugadores mostraron preocupación por medidas socializantes, en especial un proyecto de la diputada Fernanda Vallejos. La propuesta, válida como iniciativa, no tiene estado parlamentario. En el Agora se sabe que AF no la apoya pero sus interlocutores transmiten pánico. Émulos de Mirtha Legrand avizoran que se viene el zurdaje. ¿Creen las patrañas que escriben asesores bien pagos, periodistas bien pautados? Hipótesis de este cronista: más de cuatro creen en sus propias fabulaciones tal como les pasa a tantos psicópatas en la vida privada. Fernández quiso contenerlos, les habló de un porvenir con menos desigualdad. Difícil que el chancho chifle o que ingiera margaritas…
Como le sucedía a Kirchner, el presidente estrecha mejores lazos con gobernadores e intendentes. Según el santacruceño, los representantes con cargos ejecutivos entendían la política mejor que nadie. Manejar presupuestos, priorizar necesidades, estar expuestos al veredicto popular… Kirchner desconfiaba de otras profesiones a las que AF es más afecto: científicos, intelectuales, anche periodistas. La pandemia acercó posiciones entre gobernantes de banderías surtidas, el presidente los ensalza en discursos o conferencias de prensa.
Como le sucedía a Kirchner, el presidente estrecha mejores lazos con gobernadores e intendentes. Según el santacruceño, los representantes con cargos ejecutivos entendían la política mejor que nadie. Manejar presupuestos, priorizar necesidades, estar expuestos al veredicto popular… Kirchner desconfiaba de otras profesiones a las que AF es más afecto: científicos, intelectuales, anche periodistas. La pandemia acercó posiciones entre gobernantes de banderías surtidas, el presidente los ensalza en discursos o conferencias de prensa.
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Dialécticas duras: El oficialismo duplica y prolonga inversiones sociales gigantescas: los ATP para pagar sueldos, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las personas con menos ingresos. Medidas encomiables que operan como remedios transitorios contra la malaria, no como vacuna.
El programa económico aspiracional consiste en llegar a un acuerdo sustentable con los bonistas, liberar al Fisco de pagos en divisas por tres años. Sobre esa base podría formularse un presupuesto 2020 reactivador.
Mientras esa incógnita no se despeje las nuevas fases de la cuarentena impactarán de modo dispar. Velozmente harán más grata la vida cotidiana, familiar. La recuperación económica es más peliaguda porque la pandemia que castiga a todo el mundo encontró a la Argentina en un punto de partida deplorable, en el fondo del pozo.
En un recomendable Informe de coyuntura, reseñado hace pocos días en Página 12, la consultora PxQ del economista y ex funcionario Emmanuel Alvarez Agis alerta contra ilusiones prematuras sobre la economía y hasta sobre la salud. Textual: “Levantar la cuarentena no parece ser un camino para reactivar la economía. Abrir no es vender, y vender no es cobrar. La oferta no genera su propia demanda, ni en condiciones normales y, menos, en cuarentena. Salir rápido y mal del ASPO más bien podría ser el camino para disparar un brote masivo de covid-19”.
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Trazabilidad y fronteras: La peste escribió una agenda nueva, difundió un diccionario antes ignoto para profanos. Alcaldes o gobernadores estudian datos sobre la duplicación. La trazabilidad de los contagios, otra preocupación expandida. El gobernador santafesino Omar Perotti dispone apertura de restaurantes con protocolo celoso que abarca inscribir a comensales o parroquianos para eventualmente seguir la ruta del virus.
La pesquisa sobre el recorrido se aplica en cada comarca en la que resurgen contagios. A veces imprevisibles e inevitables. A veces auto infligidos por ciudadanos motivados por la sensación de estar exentos o por la ansiedad de volver a vivir como antes. Desde el punto de vista sanitario las búsquedas son necesarias, comidilla de cualquier palique-zoom entre mandatarios. Cultural y políticamente conllevan un riesgo, típico de la etapa. Comprobar que la covid-19 llegó “desde afuera”. Exterioridad que puede aludir a una provincia limítrofe o a una localidad lindante. Los ejemplos se multiplican, son conocidos. Constituyen una anormalidad al interior de la nueva normalidad: las actividades se reanudan, el temor-odio al forastero y las murallas interiores se mantienen erectas, temibles.
El confinamiento ahonda problemas preexistentes. La violencia familiar, la machista, la institucional. El empoderamiento a fuerzas de seguridad es elogiado en exceso. En la mayoría de las provincias son pésimos sus antecedentes. Las respuestas veloces a delitos afrentosos en Tucumán o Chaco no resuelven el problema. El macrismo incitó, ordenó o encubrió violaciones de derechos humanos, imposible empeorar sus desempeños. Recordarlos es tan necesario cuan insuficiente. Es deber estatal evitar las condiciones de posibilidad de “desbordes” policiales. No basta reaccionar contra los delitos consumados.
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Los idus de junio: El otoño transcurre con temperaturas templadas en casi toda la geografía nacional. Buena nueva frente a una variante de gripe. Llegarán el invierno y la fecha de pagos de los aguinaldos, seguro. Muy factiblemente se dilucidará la negociación de la deuda externa. Junio se insinúa como un mes decisivo.
“Lo peor no pasó” repiten en canon el presidente, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hablan de la covid-19, con aval pleno de especialistas y ministros de Salud.
En materia económica el Gobierno nacional prevé-anhela- procura apuntalar que sí pasó lo peor, el pico inverso: abril y mayo.
Si se despejara la presión de la deuda externa, la tendencia podría consolidarse. Alberto Fernández lo verbalizó en sus giras federales tal vez con intenso entusiasmo de la voluntad.
En la coyuntura asusta el conteo de contagios y fallecimientos. Gente común ansía salir a la calle, pasear, reunirse, correr. La evolución de la pandemia depende del acierto de los gobernantes y también del autocontrol ciudadano. Hasta ahora funcionaron bien, en promedio. El porvenir sigue siendo impredecible, prevalece la incertidumbre.
América del Sur es el epicentro de la peste. La contabilidad social, horrible en cualquier caso, arroja cifras comparativamente buenas para nuestro país. Todas estas historias continuarán.
07 de junio de 2020
Consignas provocadoras de la derecha: "gobierno de infectólogos”, “infectadura”, "infectocracia"
El objetivo político de los anticuarentena
Esta corriente mediática y social que cuestiona la política sanitaria que salva vidas es escasa en argumentos y sólo busca debilitar al gobierno de Alberto Fernández.
Por Diego Rubinzal
Escasa convocatoria en el Obelisco tuvieron los anticuarentena el sábado pasado.
Imagen: NA
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La Organización Mundial de la Salud destacó el rol de la Argentina en la lucha contra el coronavirus. A pesar de eso, los militantes anticuarentena descargan artillería pesada contra la estrategia sanitaria oficial. Alfonso Prat Gay apuntó contra la gestión de Alberto Fernández (des)calificándolo como “gobierno de infectólogos”.
Esa estrategia discursiva es replicada por redes sociales y miembros del periodismo hegemónico. Por caso, Marcelo Longobardi manifestó que “la infectocracia que nos gobierna nos va a volver locos”.
Otra manifestación en ese sentido fue un documento firmado por 300 personajes (Sandra Pitta, Santiago Kovadloff, Juan José Sebreli, Luis Brandoni, Federico Andahazzi, Darío Lopérfido, entre otros) que denuncian la existencia de una “infectadura”.
Ese tipo de mensajes son una secuela de la campaña de desprestigio del Conicet impulsada por sectores macristas a fines de 2016. Parecen comentarios irreflexivos pero no lo son. La intención de esa vocinglería escasa de argumentos es debilitar al gobierno.
Esa conducta resulta repudiable en medio de una pandemia, como reconocen algunos dirigentes opositores. Lo cierto es que esas cuestionables prácticas distan de ser exclusividad argentina. En una nota titulada “Es política, no tecnocracia”, el monárquico periódico ABC español ataca al presidente Pedro Sánchez sosteniendo que “la frase más escuchada desde que comenzó la pandemia es que el gobierno adopta sus decisiones en base a criterios técnicos. Eso es sencillamente un imposible metafísico porque no existen “las decisiones técnicas” como no existen las sirenas, ni los marcianos, ni los centauros. Las decisiones son éticas, políticas, económicas. Lo que el lector prefiera. Pero nunca son técnicas”.
En el newsletter de Cenital, el politólogo Tomás Aguerre comenta que “es paradójico porque, históricamente, han sido las tendencias conservadoras las que habían utilizado la idea del saber técnico -en general, de (un tipo) de economistas- como fuente de legitimación política. El problema creo, está en la definición de tecnocracia. Tomar decisiones con sustento científico no es tecnocracia”.
La historia contemporánea argentina registra dos gobiernos con un acentuado discurso “tecnocrático”. El cursillista Juan Carlos Onganía fue pionero en esa materia. Una de las figuras claves en esa dictadura, el general Osiris Villegas planteaba que la elite debía “ocupar, en la dirección política del Estado, los puestos cimas y claves para la toma de la decisión; los puestos dirigentes deben ser de los capaces y no destino accesible para los politicastros o ignorantes”.
El repertorio discursivo macrista (meritocracia, el mejor equipo de los últimos cincuenta años) tuvo muchas coincidencias con las ideas-fuerza planteadas por el onganiato, más allá de la disímil legitimidad de origen de ambos gobiernos. En pocas palabras, los CEO eran los más capacitados para liderar un proceso de cambio y de modernización de la economía argentina.
Esa visión gerencial de la política asimila la gestión pública a una cuestión administrativa. Los problemas a resolver requieren meras respuestas técnicas. Lo cierto es que bajo ese manto de “neutralidad” se esconde la defensa de determinados intereses.
En El enroque tecnócrata, el magistrado español Miguel Pasquau explica que “la tecnocracia no es encomendar a los técnicos las decisiones técnicas. Eso es simplemente sentido común. La tecnocracia es la utilización de la coartada de la complejidad técnica para sustraer a la política (y por tanto a la democracia) ámbitos de decisión que son políticos porque condicionan la suerte de intereses en conflicto”.
Los CEO eran representantes de intereses económicos concentrados, mientras que los infectólogos aportan una mirada científica para enfrentar una pandemia; vaya diferencia.
07 de junio de 2020
Cualquier cosa sirve para oponerse
Coronavirus: Los anticuarentena fueron al Obelisco
Algunos comerciantes y otros nostálgicos de la dictadura se manifestaron en el centro porteño.
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Un grupo variopinto de personas se congregó este sábado por la tarde en el Obelisco para protestar contra la cuarentena. Había comerciantes que asistieron a la concentración sin apuntar contra el aislamiento como medida ante el coronavirus sino para reclamar la implementación de protocolos sanitarios en sus actividades para poder "volver a trabajar". Y hubo otros que rechazaban específicamente la cuarentena, con consignas en contra del Gobierno y teorías conspirativas en torno de la pandemia de covid-19. Incluso se pudo ver a un hombre de bigote y sombrero, luciendo una remera estampada con la cara del genocida Jorge Rafael Videla y la consigna: "Mi general, se lo necesita".
Entre esos manifestantes hubo algunos simpatizantes del dirigente de extrema derecha Alejandro Biondini y personas que creen que la pandemia es parte de una conspiración para imponer un "nuevo orden mundial", poniendo en duda la existencia del virus.
Algunas de esas personas se mostraron agresivas con los trabajadores de prensa que acudieron al lugar, según consigna un cable de Noticias Argentinas.
Algunas de esas personas se mostraron agresivas con los trabajadores de prensa que acudieron al lugar, según consigna un cable de Noticias Argentinas.
"Mi general se lo necesita", rezaba la remera de un hombre que asistió a la marcha con la imagen del genocida que comandó el golpe y la primera parte de la última dictadura cívico-militar de la Argentina, y que murió en la cárcel cumpliendo condena judicial.
Algunos con barbijo (el miedo no es sonso) y otros sin, ya que no reconocen la existencia del virus, enarbolaban pancartas con consignas poco congruentes entre sí: "No queremos ser Venezuela" (infaltable), "Todos los gobiernos son títeres" (Bolsonaro, Merkel, Fernández, todos marionetas de no se sabe quién), "Barbijo = Bozal" y una que entraba por el lado científico: "Dióxido de cloro = cura prohibida" (¿una referencia a la idea de Trump de tomar lavandina para no contagiarse?).
07 de junio de 2020
PáginaI12 accedió a las pruebas: la lista completa de los periodistas espiados por el G-20
Espionaje ilegal: las fichas de la AFI de Macri y Bullrich sobre periodistas y empresarios
Este diario tuvo acceso a las fichas de los casi 500 periodistas, empresarios y académicos espiados por los servicios de inteligencia de Macri a pedido de Bullrich. Incluyen datos personales e ideológicos y se los categoriza de acuerdo a su relación con el Gobierno. También hay informes de infiltrados.
Por Fernando Cibeira
Macri y Arribas fueron denunciados como responsables del espionaje ilegal por la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.
Las simpatías con el kirchnerismo, la pertenencia a un sindicato, intervenciones en las redes a favor del aborto o en contra de los abusos policiales, alcanzaban para ganarse un "amarillo" en la calificación de los agentes de la AFI que se encargaron de revisar los más de 400 pedidos de acreditación de prensa a la Cumbre del G-20 en 2018, según surge del análisis de las carpetas halladas en una caja fuerte por la intervención al organismo, a las que tuvo acceso PáginaI12. Más grave aún se ve la pesquisa realizada en ocasión de la Cumbre de la OMC, a fines de 2017, donde a los empresarios y dirigentes sociales que se inscribieron se les hizo una ficha con todos los datos en poder del Estado: propiedades, vehículos, participaciones societarias, cuentas bancarias, vínculos familiares y personales y hasta el salario de la empleada doméstica. Además, hicieron un seguimiento especial a dos organizaciones sociales que plantearon objeciones a los eventos y hasta fueron a espiar un acto del PTS en el que proponían boicotear la cumbre.
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó la denuncia judicial el viernes --quedó radicada en el Juzgado Federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi-- contra las autoridades de la AFI, los agentes que realizaron los informes y el ex presidente Mauricio Macri, como responsable de la actividad de inteligencia. El lunes, Caamaño acercará al juzgado el material de prueba. Se trata de las 403 fichas de periodistas, 28 de académicos y otras 59 adicionales encontradas en enero pasado en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales, separadas en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios".
En la denuncia, Caamaño hizo el trazado de lo ocurrido. Primero, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich elaboró un documento interno "confidencial" donde estableció los lineamientos que debían ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de las acreditaciones a periodistas para estos eventos. El macrismo buscó colocar a estas dos cumbres internacionales en Buenos Aires en el vértice de su estrategia para mostrar al país de nuevo inserto en el mundo del que supuestamente lo había sacado el kirchnerismo. Por eso, el extremo cuidado para que no ocurriera ningún incidente que pudiera empañar estos eventos. De hecho, para la Cumbre de la OMC se prohibió el ingreso de un activista noruego y de una periodista británica, por los que luego el Gobierno tuvo que pedir disculpas y revisar su decisión. Entre los papeles que presentará Caamaño hay una carta del ex canciller Jorge Faurie dirigida al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, con un pedido sobre un caso.
Los fichados
En la lógica de extremar los cuidados de Macri y Bullrich, la tarea administrativa de revisar un pedido de acreditación para saber si los datos presentados eran ciertos quedó en manos de agentes de inteligencia, que se dedicaron a analizar la orientación ideológica de cada solicitante calificando verde, amarillo o rojo, según su particular criterio. Hay algunas características generales tal vez no tan objetables como cuando le colocan rojo a solicitantes de un medio que aseguran ya no existe más --es el caso de quienes lo hacían por la agencia DPA en español-- o amarillo a medios que evalúan "no masivos", a los que aconsejan no acreditar. Lo más llamativo es cuando hacen una observación sobre la participación de los periodistas en las redes, con un lenguaje que recuerda al de los servicios durante la dictadura.
Aquí se detallarán algunas de las frases de estas fichas, a las que PáginaI12 tuvo acceso. Las autoridades de la AFI le entregarán un copia a cada periodista que fue investigado, incluyendo a los acreditados por este diario, Fernando Krakowiak y Javier Lewkowicz, quienes también debieron pasar por el insólito filtro.
* Marina Gilbert Aizen: de la periodista de Clarín que firma sus notas como Marina Aizen, advierte que es "hija del periodista Isidoro Gilbert (1931-2018), corresponsal de la agencia TASS, órgano oficial de la ex URSS y miembro del Partido Comunista".
* Sebastián Hadida: del periodista de la agencia NA dice que "muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto".
* Ignacio Petunchi: del fotógrafo de Ambito Financiero sostiene que "comparte permanentemente posteos en contra del gobierno. Fue uno de los periodistas que recibieron balazos de goma durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante la votación por la reforma previsional".
* Dolores "Lola" Cardoner: a la periodista de Canal 9 la apuntan porque "fue una de las más de 400 periodistas y comunicadoras que firmaron la carta pública por el #AbortoLegalYa".
* Gastón Reyes: sobre el camarógrafo de Canal 9 subraya que "en febrero de 2010 fue detenido cuando se encontraba cubriendo un episodio en Av. Las Heras y Coronel Díaz, donde aterrizó un helicóptero de la policía para llevar a un efectivo herido al Hospital Churruca. Según su versión, un policía sin identificación comenzó a agredirlo e intentar interrumpir su trabajo a pesar de la ausencia de un vallado perimetral".
* Nicolás Stulberg: del fotógrafo de Infobae recuerda que "es el autor de la foto del supuesto policía infiltrado en incidentes que Leopoldo Moreau mostró en el debate del Congreso por el presupuesto".
* Estefanía Pozzo: de la periodista por entonces en El Cronista subraya que "es una activa feminista".
* Adrián Escandar: sobre el también fotógrafo de Infobae advierte "Postura Política Crítica. Comparte publicaciones de los trabajadores de Télam, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo. En Facebook se pronunció en contra de Bolsonaro y pidio la liberación de Lula".
En general, se repiten las alertas sobre posiciones feministas, apoyo a la actividad gremial y sobre camarógrafos y fotógrafos que fueron víctimas de violencia policial haciendo alguna cobertura. Hay observaciones curiosas. De Marcelo Silvestro, de Perfil, sostiene que "podemos inferir que es kirchnerista". Sobre Fernando Rodríguez, de La Nación, aclara que "es miembro de la Red Argentina para el Desarme". Acerca de Fabio Soria, de La Nación, aporta que "también es chef". De Maximiliano Luna, de Infobae, comenta que "en 2017 una foto suya de la gira de Iron Maiden formó parte de la muestra anual de Argra".
Por otro lado, están quienes según los agentes de la AFI son afines al macrismo o antikirchneristas, que, invariablemente, reciben un verde aprobatorio:
* Marcelo Longobardi: del conductor que pedía su acreditación por CNN en Español afirma que "manifiesta una postura cercana al oficialismo".
* Claudio Jacquelin: respecto al editor de La Nación subrayan que "se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio 'me gusta' es a la de Laura Alonso".
* Román Lejtman: acerca del periodista, en ese entonces en Radio Nacional, comentan que “maneja una linea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.
La cumbre de la OMC
En la denuncia presentada, la interventora Caamaño sostiene que el trabajo realizado por la AFI vulnera el artículo 4 inciso 2 de la Ley de Inteligencia Nacional, que establece que ningún organismo de inteligencia podrá "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción". Claramente, eso se observa en el caso de las fichas elaboradoras sobre periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se anotaron para el G-20. Pero, en verdad, fue todavía más profundo el espionaje realizado sobre los representantes de las organizaciones inscriptas para participar de la cumbre interministerial de la OMC, unos meses antes.
En esas fichas, además de la foto de cada uno, se agregan capturas de su actividad en Internet, incluyendo fotos de su familia y de sus amigos. Pero va mucho más allá de las redes sociales. Por ejemplo, de Raúl Roccatagliata, que es identificado como miembro de la Sociedad Rural, se detallan datos personales (personas que habitan el domicilio a su nombre, pasaporte, obra social, vínculos familiares, teléfonos), datos laborales donde se consigna hasta su condición de monotributista, bienes personales (automotores), situación financiera (bancos con los que opera), cuentas de mails (particular e institucional), capturas de sus apariciones en medios con sus opiniones sobre la coyuntura del sector agropecuario, detalles de su actividad como directivo de la SRA y su candidatura a la Junta de Auditores de la OMA.
Hay 67 fichas de este tipo realizadas con datos de integrantes de otras organizaciones como Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, de quien además se destaca su militancia en contra del voto electrónico, o Pablo Secchi, de la Fundación Poder Ciudadano, de quien detalla una larga lista de vínculos. Pero sobre quienes se ocupan en especial es de los integrantes de dos organizaciones que eran críticas del evento como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo "Julio Godio", grupo del que remarca su vinculación con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, como si se tratara de una organnización clandestina.
Gerardo Codina, Jorge Benigno Gómez, Alberto Robles, Sofía Scassera, Francisco Cantamutto, Federico Wahlberg y, especialmente, Luciana Ghiotto son objeto de un informe secreto de varias páginas acerca de su actividad gremial y sus posiciones políticas. Por ejemplo, de Cantamutto y de Wahlberg, que pertenecen a la organización Sociedad de Economía Crítica, destacan: "Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios alternativos y de corte kirchnerista como PáginaI12. Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de Agencia Paco Urondo, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio".
El pecado original del grupo, al parecer, fue haber participado de una charla en septiembre de 2017 de Luciana Ghiotto en la Universidad Nacional de General Sarmiento. A Ghiotto, docente de Economía Política en la Unsam e investigadora del Conicet, la colocan como "opositora a la OMC y al G-20. Autodenominada 'alter-mundista'". Además, mencionan que allá por 2005 participó de la Contracumbre de las Américas y que "la causante habría viajado, en compañía de dos individuos, a Alemania con motivo de las manifestaciones contra la reunión del G-20".
Estos son sólo algunos de los datos que figuran en las carpetas que Caamaño dejará el lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi para respaldar su denuncia por "producción de inteligencia ilegal" en perjuicio de casi 500 personas entre periodistas y referentes de organizaciones sociales, políticas, académicas, civiles y empresariales. En particular, en el escrito destacó que estas tareas de inteligencia no fueron ordenadas ni autorizadas por ningún juez, sólo dispuestas por las autoridades de la AFI en connivencia con el Ministerio de Seguridad.
La carta del canciller
La denuncia de Cristina Caamaño recuerda que los particulares criterios utilizados por la AFI para rechazar la participación de algunos solicitantes a la Cumbre de la OMC le generaron roces diplomáticos al país, que en ciertos casos debió reveer la medida y aceptar la petición. Dentro de la documentación hallada, hay una carta firmada por el canciller Jorge Faurie, fechada el 7 de diciembre de 2017, dirigida al director de la AFI, Gustavo Arribas, para pedirle que se permita la acreditación de Kirsi Chavda, integrante de la ONG finlandesa Siemenpuu. "Motiva el pedido la solicitud que me hiciera llegar el canciller de Finlandia, quien ha garantizado el buen comportamiento de la señora Chavda de acuerdo a los usos y costumbres locales", escribió Faurie. Además, añadió un pedido similar de parte del canciller de los Países Bajos respecto de los integrantes de la filial holandesa de la ONG Transnational Institute. Para la AFI se trataba de dos organizaciones globalifóbicas que no debían ser admitidas.
"Fuentes propias"
"Se obtiene de fuentes propias que durante las actividades llevadas a cabo en relación al plenario se establecieron las pautas generales de armado de comisiones que tendrán como misión operativa el entorpecimiento de la conferencia OMC", está resaltado en rojo en la primera página del informe secreto de una actividad del PTS realizada en el Hotel Bauen respecto de la cumbre de la OMC a la que, y no era ningún secreto, la fuerza troskista se oponía. Lo de "fuentes propias" deja en claro que hubo un infiltrado de la AFI en el evento o que alguien le informó de primera mano, un dato que agrega un agravante al resto de los informes hallados en la agencia de inteligencia. Además de mencionar a los dirigentes presentes, en la carpeta hallada hay una ficha con foto de cada uno de ellos: el diputado Raúl Godoy, los delegados de Pepsico Camilo Mones y Catalina Balaguer, los entonces candidatos a diputados Christian Castillo y Alejandro Vilca, los delegados sindicales Hernán García, Silvio Eguez, Laura Espeche, Ana Laura Lastra y Claudio Dellecarbonara. Lo más inquietante del trabajo de inteligencia es que además cuenta como información adicional con listados de "aportantes del PTS en la provincia de Buenos Aires" y de "Cuadros Formados y Capacitados del PTS", con nombres completos y números de documentos.
La lista completa de los periodistas espiados por el G-20
1 Julieta Tarrés Radio Nacional
1 Martín Torino El Cronista
1 Gabriel Tuñez DPA
1 Cristian Varela Radio Nacional
1 Luis Gonzalo Zegarra Cuadra Infobae
1 Hernán Zenteno La Nación
1 María del Pilar Assefh El Cronista
1 Sandra Bernard Reuters
1 Walter Bianchi Reuters
1 Jorge Martín Bidegaray Clarín
1 Martín Ezequiel Di Natale Infobae
1 Santiago Lucas Filipuzzi La Nación
1 Gustavo Luis Gavotti Infobae
1 Marina Gilbert Aizen Clarín
1 Patrick Gillespie Bloomberg
1 Camila Hernández Otaño Infobae
1 Adrián Royo Cáldiz The Bubble
1 Raúl Bargados Bloomberg
1 Pablo Martín Bursztyn Etcheverry Bloomberg
1 Tomás Khazki Infobae
1 Natalia Kidd EFE
1 Ernesto Javier Monzani TN
1 Emiliano Tassitro TN
1 Cecilia Domínguez Somos Noticias
1 Claudia Regina Martínez DPA
1 Eliana Esnaola Agrofy News
1 Ivan Weissman Red/Acción
1 Javier Caamaño Malagon EFE
1 Mariano Fuchila Ámbito Financiero
1 Nicolás Rodrigo González TN
1 Jorge Ancona A24
1 Marcelo Novo Televisión Pública
1 Leandro Heredia TN
1 María Eugenia Iglesias Torroba Revista Apertura
1 Francisco Martineran Auber BAE Negocios
1 Pedro Damián Diego Perez EFE
1 Antonio Pinta El Cronista
1 Alejandro Rebossio Revista Noticias
2 Sebastián Hadida Noticias Argentinas
2 Ignacio Petunchi Ámbito Financiero
2 Santiago Spaltro El Cronista
2 Cristina Terceiro Guimarey EFE
2 José Alberto Cabezas Reuters
2 Diego Fabiań Demarco Canal 9
2 Marcelo Longobardi CNN en español
2 Agustín Milic CNN en español
2 Román Lejtman Radio Nacional
2 Dolores “Lola” Cardoner Canal 9
2 Sabrina Alani Canal 26
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2 María Alejandra Corrales Televisión Pública
2 Fernando Adrián Fraquelli Televisión Pública
2 Mariano Ernesto García Telefe
2 Alfredo Ghirlanda Crónica TV
2 Ignacio Javier Girón Telefe
2 Sebastián Lannepoudenx CNN
2 Christian Rodrigo Loschak Telefe
2 Daniel Malnatti Canal 13
2 María Julia Mastromarino Telefe
2 Fernand Menendez Telefe
2 Josefina Minujen Canal 26
2 Cristina Perez Telefe
2 Juan Carlos Rodríguez Telefe
2 Matías Rodríguez Telefe
2 Matías Hernán Tomeo Telefe
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2 Aldo Omar Villarruel Telefe
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07 de junio de 2020
Desde este lunes, la mayor parte del país deja el aislamiento obligatorio
Coronavirus: La cuarentena se despide en 18 provincias
La reapertura de actividades económicas y sociales ya está en marcha en todos los distritos donde la pandemia de coronavirus está controlada. El aislamiento es reemplazado por el distanciamiento físico obligatorio. Según el Ministerio de la Producción, en 19 provincias la economía está en un 80 por ciento de su capacidad. Las únicas excepciones son el AMBA, gran parte del Chaco y zonas puntuales de Córdoba, Río Negro y Chubut.
Por Sebastián Cazón
Los paseos y las reuniones sociales, con los debidos cuidados, ya volvieron a la cotidianidad en muchas provincias.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Jugar un partido de fútbol, recorrer un shopping, ir a la peluquería y hasta juntarse con familiares y amigos es una realidad que existe en muchas partes del país y es invisible al discurso anticuarentena que se amplifica desde la Ciudad de Buenos Aires. “Hay que tener una mirada más federal de la situación”, plantea a PáginaI12 Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros la Nación. “Desde que comenzó la cuarentena hemos aplicado, junto a gobernadores e intendentes de todos los partidos, una reapertura progresiva y responsable. Ahora dimos un paso muy importante que es levantar el aislamiento obligatorio en 18 provincias para reemplazarlo por el distanciamiento físico obligatorio, que va a ser la nueva normalidad hasta que se encuentre la vacuna”, afirma.
El lunes comienza una nueva fase de la cuarentena administrada para enfrentar al coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, Gran Córdoba, algunas ciudades de Río Negro, como Roca y Bariloche, y en Trelew, Chubut. Pero en el resto de la Argentina la situación es diferente y se dispuso un proceso gradual de desconfinamiento con protocolos sanitarios. "A diferencia de lo que sucede en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en más del 85 por ciento del país no hay circulación comunitaria del virus y fuimos avanzando en ese sentido”, afirma Cafiero. A nivel nacional, fueron liberadas 62 actividades, mientras que a nivel provincial se otorgaron permisos a más de 300.
“En el AMBA, por razones estructurales como la aglomeración, el control es más difícil y ahí se concentra el 90 por ciento de los casos. Sin embargo, no se puede condenar al resto de las provincias a estar aisladas cuando la epidemiología en esos lugares está controlada”, subraya el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued.
En lo que respecta al nivel económico “en 19 provincias la actividad está superando el 80 por ciento”, detalla Guillermo Merediz, secretario PYME del Ministerio de Producción. “En una parte importante del país, comercios, fábricas y talleres comienzan a tener una paulatina recuperación productiva, siempre siguiendo protocolos y cuidados sanitarios para evitar inconvenientes", agrega. Según un informe de la UIA realizado a fines de abril, más de la mitad de las empresas no estaban produciendo y el 63 por ciento tenía caídas en las ventas mayores al 60 por ciento. “En estos momentos, volvimos a una realidad previa a la pandemia, en donde el nivel de actividad está en un 80 por ciento”, asegura José Urtubey, vocal de la UIA.
En cuanto a la construcción, luego del derrumbe del 75,6 por ciento interanual en abril, el gobierno nacional autorizó, a pedido de los gobernadores, la reanudación de las obras en el ámbito privado y se reactivaron algunas obras públicas. “Abril fue un piso, creemos que en mayo la situación ha mejorado”, afirma Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. “En el ámbito privado hay más de quince provincias que empezaron obras y todos los días vamos dando un paso más hacia una mayor actividad. En cuanto a la obra pública, a nivel nacional viene con mayor ritmo, en cambio en las provincias hay una restricción financiera por la falta de ingresos que hace que se aboquen más a pagar sueldos que hacer obras”.
“La situación económica no tiene que ver estrictamente con la cuarentena sino con la pandemia”, asegura Merediz. “En muchos comercios que han retomado su actividad, las ventas han sido muy bajas producto de la escasa movilidad y su reapertura no trajo necesariamente un fuerte repunte”. De acuerdo con la UIA, las empresas enfrentan una caída importante de la demanda, incluso en las actividades consideradas esenciales, donde el consumo se focaliza en ciertos productos puntuales. En el mismo sentido, la Cámara Argentina de Shoppings remarca que ya reabrieron doce grandes centros comerciales en diferentes provincias (Neuquén, Salta, Misiones, Chubut, Tucumán, Corrientes, Jujuy, San Juan, San Luis, Río Negro, Entre Ríos y Tierra del Fuego), sin embargo las ventas son mínimas. “En las localidades y provincias donde han abierto, la concurrencia del público es muy baja debido al poco desplazamiento personal. Las ventas no llegan al 20 por ciento de lo habitual y son un paliativo en un escenario crítico”, explica Mario Nirenberg, presidente de la Cámara que nuclea a estos centros comerciales.
En el ámbito gastronómico, en tanto, los locales de todo el país abrieron sus puertas para ofrecer alimentos y bebidas, ya sea en la modalidad de delivery, “take away” o con permanencia en el local como sucede en las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, estas últimas dos habilitadas el viernes. En el caso de Mendoza, por ejemplo, desde el 28 de mayo se aplica un protocolo gastronómico que fija un horario de atención de 7 a 23, grupos de hasta 6 personas y reservas anticipadas con número de DNI dependiendo el día.
“Hoy el país está partido en dos. En la mayor parte, prácticamente todos los sectores de la economía se fueron habilitando, con excepción de los que generan un alto grado de concentración de personas. En el AMBA, en cambio, ha sido más diverso, pero un sinnúmero de sectores y actividades industriales se han habilitado. No hay una regla general porque se estructuraron en función de las solicitudes de los intendentes”, afirma Merediz.
Pero no todo es economía. Los permisos también apuntan a descomprimir las consecuencias sociales del aislamiento. En este sentido, en doce provincias se habilitaron encuentros familiares y de amigos en domicilios particulares con determinados protocolos sanitarios. Es el caso de San Luis, Chubut, Corrientes, Jujuy, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, Misiones y La Pampa. Por ejemplo, en la provincia gobernada por Sergio Ziliotto se anunció el miércoles pasado que se autoriza para los fines de semana y feriados el reencuentro social con un límite de diez personas, así como la posibilidad de viajar hacia distintas localidades del distrito.
No obstante, los protocolos de apertura exigen que los resultados acompañen, caso contrario la orden es retroceder en las medidas. Eso ocurrió, por ejemplo, en Chubut donde el gobierno se vio obligado dar marcha atrás y desautorizar los encuentros sociales en gran parte de la provincia por el aumento de casos. Lo mismo sucedió en Córdoba capital en el mes de mayo, en Villa Ocampo en la provincia de Santa Fe, en Santiago del Estero donde se aisló a toda la ciudad de Suncho Corral, en los pueblos Fraile Pintado y Calilegua en Jujuy, en Mocoretá, provincia de Corrientes, que deberá volver a fase 1, y en la ciudad de Orán en Salta que regresó a una cuarentena estricta.
Para los amantes del fútbol 5, en Salta las canchas agotaron sus reservas. La provincia también habilitó el funcionamiento de gimnasios y clubes deportivos, al igual que Corrientes y La Pampa. En tanto, Mendoza consiguió ayer la autorización del gobierno nacional. Por su parte, La Rioja dio luz verde para actividades al aire libre, así como para la apertura de canchas de paddle, tenis y campos de golf. En total son 19 las provincias que habilitaron las actividades deportivas como el running y el ciclismo. En la Ciudad de Buenos Aires se habilitará a partir del lunes desde las 20 y hasta las 8 de la mañana.
“Los resultados de todo este proceso son muy buenos --afirma Cafiero--. Comprobamos un alto grado de responsabilidad social y por eso estamos avanzando. Sin embargo, todavía no superamos el problema porque el virus sigue circulando y aún no tenemos vacuna.”
Fuente:Pagina12
Ya se relanzaron más de 270 proyectos en todo el país. El programa de 12 mil millones en Neuquén y de 4600 millones en La Pampa. En qué consiste el plan Suelo Urbano. La articulación con los intendentes y el sector privado. Cuándo podría aplciarse en el AMBA.
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
7 de Junio de 2020
El gobierno nacional se prepara para atravesar el pico de la pandemia con una estrategia desdoblada. Mientras se mantiene firme en el sostenimiento de la cuarentena intenta proyectar una agenda productiva hacia un incierto escenario post pandemia. En diálogo tenso con el sector privado, desde el gobierno se proponen que el Estado sea “el motor de la reactivación económica”. Los ministerios de Obra Pública y Desarrollo Territorial son los designados para llevar adelante esa tarea.
Alberto Fernández comenzó a mezclar los mensajes sobre Covid-19 con inauguración de obras públicas y reactivación de empresas privadas. Con la intención de instalar una agenda federal, las visitas a las provincias sonel escenario ideal para mostrar el presente del extenso territorio nacional y el futuro –todavía lejano– del AMBA. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, fueron los primeros en acompañarlo en estas recorridas federales. Después se sumaron Gabriel Katopodis, al frente de la cartera de Obra Pública, y María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat.
En total son 270 las obras –desparramadas a lo largo del país, menos en el AMBA– que volvieron a ponerse en marcha luego de dos grandes escollos. El primero había nacido de la crisis económica que paralizó el último tramo de la gestión macrista y luego el parate obligado por la pandemia. Si bien las actividades involucradas en la obra pública siempre estuvieron habilitadas porque fueron calificadas como esenciales, a muchas empresas no les fue fácil adaptarse debido a complicaciones con el abastecimiento de insumos y el miedo en los trabajadores a exponerse al coronavirus, entre otros factores, según explicaron fuentes del sector. El transporte y alojamiento bajo protocolo Covid-19 garantizado por parte de las empresas fue clave para destrabar estas obras. Primero fueron los 52 hospitales –urgidos por la emergencia sanitaria– luego rutas y también plantas potabilizadoras. “Se trata de fortalecer toda la capacidad de cuidado del Estado para que la Argentina duela menos-le dijo Katopodis a Tiempo- No es la meritocracia la que va a mejorar la vida de los ciudadanos”.
A su vez se desplegó en el territorio el programa de micro obra pública Argentina Hace, implementado en municipios chicos de las provincias con el objetivo de generar trabajo local en pequeñas obras. En ese contexto, Fernández y Katopodis dieron inicio este viernes a los proyectos de macro y micro pública en Neuquén con una inversión de 12.300 millones de pesos y en La Pampa con 4600 millones.
Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat –cartera asimilable al antiguo Ministerio de Vivienda– el objetivo es vincular la iniciativa estatal con actores privados aunque no esté destinado a la generación de lucro sino a desarrollo, según aclaran fuentes oficiales. “El Estado es la única herramienta capaz de brindar soluciones a una crisis sanitaria y económica como esta. Y lo hace a través de planes que privilegian las necesidades de los que menos tienen y la generación de puestos de trabajo genuinos, que es un derecho ligado a la vivienda”, le dijo Bielsa a Tiempo Argentino, y destacó el que en ese sentido el programa Argentina Construye fue diseñado para responder a los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano durante la emergencia.
Las líneas de subsidios no sólo se otorgan a personas para ampliación y refacción sino a organizaciones de la comunidad, como comedores populares. Las obras tienen que contar con la articulación de los gobiernos provinciales, municipales. Hasta el momento comenzó a implementarse en Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, pero el objetivo es que se incorporen todas las provincias.
También este ministerio asumió la recuperación del plan Procrear. Como reveló Tiempo el año pasado, son 11 mil las viviendas en condiciones de terminación y entrega que habían quedado vacías y ahora deberán ponerse en condiciones para ser adjudicadas. Por el momento son 700 las unidades otorgadas en medio del establecimiento de nuevos protocolos Covid-19 en la construcción privada.
En medio de la crisis sanitaria debido a las condiciones de hacinamiento que sufren las villas y los barrios populares, desde este ministerio retomaron la indicación prepandemia de Alberto Fernández de trazar un plan de descentralización habitacional. El gobierno está por lanzar el Plan Nacional de Suelo Urbano, cuya creación se publicó en el Boletín Oficial hace un mes y que tendrá el objetivo de preparar grandes terrenos ociosos para generar barrios y desarrollos urbanísticos. También contempla la creación de un banco nacional de suelo. Esta idea enfrenta el desafío de vincular la construcción de nuevos barrios con los centros geográficos donde se ubican la producción y el trabajo, en la actualidad hiperconcentrados en el AMBA.
El funcionario de Larreta encargado de la Villa 31 es inversor del fondo BlackRock
Es el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, que debe ocuparse de la urbanización. Según su declaración jurada, son más de $ 2,5 millones en el fondo más duro en la puja por la deuda.Por Sebastián Andrade - @seba_rodrigo
7 de Junio de 2020
El secretario de Integración Urbana y Social del Gobierno de la Ciudad, Diego Fernández, posee títulos de deuda argentina y bonaerense y es inversor en el fondo BlackRock, el más duro de los que están negociando la deuda con el Estado nacional por estos días.
Según consta en su única declaración jurada en el cargo, del 28 de junio de 2019, desde que asumió en diciembre de 2015, el funcionario encargado de urbanizar la Villa 31 adquirió una casa en Uruguay por casi 20 millones de pesos, una casa con amarra en el Tigre, un semirremolque, un yate, una moto BMW 1200GS y una camioneta Toyota SW4.
El 12 de abril de 2017, Fernández adquirió cuotapartes en el fondo de inversión BlackRock por 1.057.883 pesos, que hoy valen 2.589.262, o sea, un 244% más. También cuenta con títulos de deuda República Argentina 6 y 7, Global Series 8, Provincia de Buenos Aires 7,por un total de 25.332.189 pesos de junio de 2019.
El hombre al que las organizaciones sociales apuntan por la falta de agua que todavía sufren sectores del Barrio Carlos Mugica diversifica sus inversiones también en acciones de empresas como Apple, Mondelez, General Electric, Volkswagen, Petrobrás, Pdvsa, entre otras. Llega en ese rubro a más de 18 millones de pesos a valor de cotización de junio de 2019, siempre según su declaración jurada.
El 11 de abril de 2016, los Panamá Papers hicieron público que Fernández, junto con los entonces ministros de educación de Nación y de Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gabriel Sánchez Zinny, tenía una cuenta offshore de la empresa Formar Foundation en Estados Unidos.
Quienes conocen a Fernández saben que es un sushiman, que es dueño de la cadena Dashi Sushi, pero también fue dueño de Pikkei, un restaurante de comida peruana-japonesa en Montevideo 1061. “No nos sorprendió para nada lo de la Villa 31”, respondió una de sus trabajadoras ante la mención de Diego Fernández.
Una nota de la agencia de noticias Ansol reveló que sus empleados denunciaban que, en febrero de 2019, tras una serie de cambios de nombres y firmas, los abandonó a su suerte sin pagarles indemnización, vacaciones ni los últimos dos sueldos. “Si quieren, tómenlo. Pónganse colchones. Hagan lo que quieran. A mí no me ven más”, les dijo Jorge Marengo, apoderado como gerente de Pikkei bajo todas las firmas. Desde entonces, el restaurante está gestionada por una cooperativa de trabajo.
Desde que Mauricio Macri volvió al Fondo Monetario Internacional en mayo de 2018, las organizaciones sociales señalan que la deuda es con el pueblo. Si no lo había dejado claro la emergencia social de 2016, ni la alimentaria en 2019, la pandemia lo muestra en números diariamente. La enfermedad no es exclusiva de los barrios populares, pero ahí se propagó como en ningún otra zona geográfica.
Del otro lado del Estado, ya no como acreedor sino como funcionario público que debe garantizar condiciones de habitabilidad, Diego Fernández no fue tan efectivo como con sus inversiones. Desde su asunción afirmó que en 2019 la Villa 31 sería Barrio Carlos Gardel y estaría integrada a la Ciudad con todos los servicios funcionando. Falló aún cuando contaba con un presupuesto de $3.519.824.352 en 2018, el 58% del que cuenta el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se encarga de todas las demás villas.
A la nula presión de agua en las cañerías de diversas zonas se le suman, con la llegada del frío, los riesgos eléctricos por falta de gas natural. Ya comenzaron los incendios por sobreexigir con el uso de estufas eléctricas una red eléctrica no renovada.
También crece la presión para expulsarlos. “El proyecto principal es una transferencia de tierras fenomenal. Diego Fernández se puso entre ceja y ceja el sector del bajo autopista. Hacen demoliciones con la gente viviendo a los costados. Ya el martillo eléctrico lo vuelve inhabitable, pero además dejan el riesgo de derrumbe. Después, abandonan los escombros, por lo que se inunda y multiplica las posibilidades de dengue. Últimamente, además, han liberado el sector. Hay hechos de inseguridad muy graves y el miedo de vecinos y vecinas a abandonar sus casas para internarse permanece debido a las ocupaciones”, explicaron desde organizaciones sociales.
El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, les reconoció a las organizaciones que son ellas quienes llevan el 80% de las personas que se testean por el Detectar. “Somos quienes hacemos llegar la información, conocemos a los vecinos y les garantizamos algunas condiciones mientras están internados”, señalaron desde la Asamblea Feminista.
Además, alertaron que toda la población de riesgo en el barrio es una categoría universal. “Hay muchísimas personas con problemas respiratorios por las condiciones de habitabilidad. Hay muchísimas personas con problemas vinculados a la diabetes, por alimentación basada en harinas”, agregaron.
Luci Cavallero, integrante de Ni Una Menos e investigadora de la deuda en clave feminista, explicó: “Lo perverso en la urbanización de la 31 es que se ve todo el circuito de la deuda”.
Por un lado el Estado se endeudó con el Banco Interamericano de Desarrollo para urbanizar y no lo hizo realidad. Por otro, para acceder a la vivienda, el Estado propuso tomar deuda. “¿Es un derecho en tanto se accede a través de deuda?”, preguntó Cavallero.
“La escritura que firman por la asunción de la deuda dice que en el tercer mes de mora el Gobierno podría iniciar un desalojo. También toma en cuenta para esa mora a las deudas por servicios públicos, algo que no pasa en ningún lado: el gobierno dice que no se pueden atrasar en el pago de servicios públicos porque también sería incumplimiento del contrato de titularización de la vivienda”, especificó. La preocupación por la mora en servicios públicos se vuelve trascendental para una población que mayormente no tiene trabajo en relación de dependencia y enfrenta un gasto nuevo y dolarizado.
De fondo temen que nuevamente el endeudamiento implique un control poblacional y que el mercado cumpla la tarea que el Estado comenzó durante la última dictadura: terminar de desalojar el suelo más caro de la Ciudad para que en él empiecen a regir las normas de la deuda y el mercado.
Fuente:TiempoArgentino
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