En las autopistas circuló el 42% menos de vehículos que la semana anterior
Arrancó a paso fuerte la nueva cuarentena
Fuertes operativos de control en los accesos a la CABA, y en las estaciones ferroviarias. Se provocaron embudos en los puentes desde el sur, el oeste y el norte.
Imagen: AFP
La nueva etapa de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se extenderá hasta el 17 de julio, arrancó este miércoles con un fuerte operativo cerrojo en los accesos a la Ciudad, lo que provocó largas filas de vehículos y demoras en el ingreso, y un cruce entre funcionarios de provincia y Nación. La primera jornada, estuvo también marcada por los fuertes controles a los pasajeros en los centros de trasbordo, terminales de trenes, subtes y colectivos, que solo pueden ser utilizados por aquellas personas que tramitaron el nuevo permiso de circulación para trabajadores esenciales. Todas estas medidas, sumada a la caída del 50 por ciento de los permisos para circular, hizo que el uso del tansporte público en el AMBA disminuyera el 8,7 por ciento respecto de la semana pasada, que transitaran por las autopistas de la Ciudad en hora pico un 42 por ciento menos de vehículos y las calles porteñas se vieran bastante más vacías que en los últimos días.
Desde la medianoche del miércoles comenzaron a regir los nuevos Certificado Únicos Habilitantes de Circulación (CUHC) para trabajadores esenciales en lo que es una vuelta a la cuarentena dura en el AMBA, tras el aumento acelerado de casos de coronavirus registrados en los últimos 20 días en esta área, y ante el riesgo de que colapse el sistema sanitario de la Ciudad y el bonaerense. De esto permisos, poco más de dos millones, de los más de cinco que había vigentes, fueron renovados.
No obstante esta fuerte reducción, con el cierre de la mayoría de los accesos a la capital, y los controles intensificados en los retenes para verificar los permisos de circulación de los conductores, a cargo de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, se generaron atascos y demoras en los distintos puntos habilitados para el ingreso. El Ministerio de Seguridad informó que 1.200 efectivos intervinieron en el operativo de control que incluyó puentes, accesos y los peajes alrededor de la ciudad, y otros 2.500 en el control de las 241 estaciones de tren del AMBA.
El blindaje produjo largas colas de vehículos en el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana y General Paz y en Acceso Oeste, así como también en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Mientras la congestión de vehículos particulares se concentró en Puente Pueyrredón, en la autopista Panamericana y la General Paz, el mayor conflicto se presentó en Puente La Noria, donde la fila de vehículos se extendió 10 kilómetros. Este atasco en particular quedó en el centro de las noticias porque generó una intervención del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien trató de resolver el problema, que no estaba bajo su óribta sino de la Federal, y terminó en un nuevo cortocircuito con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
De todas formas, más allá de los atascos, las cifras mostraron una reducción importante de la circulación en la ciudad. Según detalló la Secretaría de Transporte porteña por las autopistas de la Ciudad circularon en las primeras horas de la mañana 10 mil vehículos, que representan un 42 % menos que la semana anterior, y un 37 % menos que el tránsito que había antes de comenzar el aislamiento preventivo. Hacia el final del día, esas cifras se elevaron hasta 107 mil vehículos, lo que significa un 30 % menos que el día anterior y un 33 menos que la semana pasada.
Por otra parte, en esa misma franja horaria, los sensores que tiene la Secretaría de Transporte en las principales avenidas porteñas registraron una circulación de 140 mil vehículos, una baja del 19 por ciento en las últimas 24 horas, que significa una caída del 35 por ciento respecto al miércoles pasado. Mientras que en el subte, si bien la caída fue menor, de sólo el 2 por ciento respecto al martes, la cifra de pasajeros sigue siendo baja: transportó 52 mil pasajeros, que representan el 5% del volumen habitual que viajaba antes de la cuarentena, cuando las 6 líneas y el premetro trasladaban 1.112.000 pasajeros diariamente.
En el tren se realizaron 97 mil viajes, un descenso del 19 % respecto a la semana pasada, y un 88 % menos que antes de iniciado el aislamiento social. En tanto los colectivos, que realizan el 80 % de los viajes que se hacen en transporte público, trasladaron 1.847.000 pasajeros, una caída del 11 %con respecto al miércoles pasado, y representa el 20 % de la gente que se transportaba un día habitual antes de la cuarentena. También el sistema de Ecobici registró una baja significativa: contabilizó 724 viajes, 70 % menos que la semana pasada.
Las principales avenidas de acceso al centro porteño mostraron un panorama similar al del resto de las arterias en la primera jornada de endurecimiento del aislamiento, que incluyó el cierre de comercios y la restricción para las salidas deportivas al aire libre, tras el aumento acelerado de contagios en el AMBA, que concentra el 97 por ciento del total de los casos registrados en el país.
En este sentido, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, dijo que el endurecimiento de la cuarentena en AMBA es "la única forma de volver a aplanar la curva y evitar la saturación del sistema". Y advirtió que el ascenso abrupto de la curva de casos y de la ocupación de camas, "son indicadores que nos preocupan y por eso veníamos planteando la necesidad de tomar una medida. Proyectábamos que en 20 días podíamos estar en una situación de saturación del sistema y por eso la decisión que se tomó", señaló.
02 de julio de 2020
El abogado Pablo Lanusse ya prepara la defensa
Espionaje ilegal: Macri, preocupado por el avance de la causa
Por Werner Pertot
Macri respondió por primera vez a la causa judicial con un comunicado el domingo pasado en el que, junto a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, afirmó que la causa es un intento de desviar la atención de los casos de corrupción de funcionarios kirchneristas. "Un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción", decía el texto. Es lo que viene sosteniendo en privado hace tiempo: que la causa está "armada", que "plantaron" a familiares suyos, y que sirve para apuntarle a él nuevamente con el espionaje, como ocurrió cuando estuvo procesado en 2009 cuando era jefe de Gobierno.
El discurso sobre la persecusión política se intensificó en el círculo de Macri no solo con las medidas en la causa de espionaje sino con el llamado a indagatoria de tres ex ministros de Cambiemos por la causa de peajes. "Alberto venía diciendo que no iba a haber una persecusión política y la persecusión hoy es bastante notoria: fueron por tres ex ministros y luego irán seguramente por Mauricio", interpretaban en el ala "dialoguista" del PRO que tiende a mirar más a la distancia lo que sucede. De hecho, si bien sus principales referentes (Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal) firmaron el comunicado de Macri, quien empujó a diestra y siniestra para reunir las voluntades -incluso metiendo a alguno sin consultarle- fue Bullrich.
Y el ala dura es la que una y otra vez empuja para salir a defender al ex presidente. Bullrich amplió el planteo y salió a defender a conductores televisivos que podrían quedar implicados como consumidores de materiales del espionaje ilegal: "Sepan también que vamos a seguir defendiendo a los periodistas a los que hoy quieren convertir en espías", dijo la presidenta del PRO.
Cerca de Macri, hacen eje en la figura de Darío Nieto como víctima: dicen que eligieron a un "buen chico, humilde y trabajador". El ex secretario presidencial salió a hablar del tema con el diario La Nación y dijo: "Esto no es un ataque contra mí, es un ataque contra Mauricio Macri y contra Juntos por el Cambio, contra nuestros valores, nuestra libertad y la República". "Pongo las manos en el fuego por Macri. Yo en mi vida tuve una causa. Es la primera vez en mi vida que necesito un abogado", afirmó. Se solidarizaron con él otras dirigentes del ala dura, como la ex secretaria de Lucha contra la Corrupción Laura Alonso, quien aseguró: "La verdad siempre triunfa".
En el círculo más cercano a Macri evitaron hablar de la situación de Nieto en la causa ("es un tema legal"), pero ya el ex presidente depositó la estrategia judicial y mediática en manos de su abogado Pablo Lanusse, que también es el abogado de Juntos por el Cambio. Algunas versiones indicaban que sería el vocero legal de Macri en esta cuestión. Este diario se comunicó con Lanusse, que prefirió no hacer declaraciones.
Los dirigentes que siguen cerca de Macri hablan de la causa como la primera estocada hacia el ex presidente. "Quieren atacar a Macri. No tengo dudas", decía un hombre que lo sigue tratando. E imaginan, por la dependencia funcional de quienes están siendo investigados, que el siguiente paso será avanzar sobre Fernando de Andreis, el ex secretario general de la Presidencia.
Incluso, la investigación judicial despertó especulaciones políticas sobre si Macri no debería ya comenzar a plantearse una candidatura a diputado el año próximo para tener fueros. Si bien hay quien fogonea esto, el ex presidente aún no tomó una decisión, habida cuenta de que no caería bien ni entre los radicales ni en los sectores cercanos a Larreta. De todas formas, en plena pandemia, se trata de especulaciones que todavía están lejos de llegar a concretarse.
La inspección de justicia de Santa Fe amplió su denuncia ante el juez Lorenzini
"Los activos ocultos" de Vicentin y sus directores
El informe revela el encadenamiento entre más de 20 firmas, a través de sociedades offshore, que no fueron informados como activos propios ante los acreedores en la convocatoria.
Por Raúl Dellatorre
Vicentin, la trama societaria que se quiso ocultar frente al concurso de acreedores.
Imagen: Sebastián Granata
Imagen: Sebastián Granata
La inspección general de Justicia del gobierno santafesino presentó ante el juez Fabian Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, los elementos que prueban que las empresas que conforman el holding agroexportador son muchas más que las admitidas en la presentación que hizo la cerealera ante la convocatoria de acreedores. Se trata, al menos, de 15 empresas en el país y otras diez en el exterior, todas bajo su absoluto control, pero ocultas en su conformación accionaria a través de firmas offshore en Uruguay y en Panamá, y otras en Brasil. Además, el informe de la IGPJ describe las operaciones inmobiliarias realizadas por al menos cuatro de los directores de Vicentin, que a través de escrituras públicas inscriptas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (inmediatamente a la cesación de pagos y casi hasta la aprobación de apertura del concurso) cedieron la propiedad de al menos diez inmuebles que estaban a su nombre, a favor de parientes o allegados, presumiblemente para alejarlos del riesgo de cualquier demanda sobre ellos de parte de los acreedores.
Con todos estos elementos, más otros que surgen de actuaciones de la Sigen y de otros tribunales, la inspección de justicia insistió en el reclamo de apartamiento del Directorio de Vicentin de la conducción de la empresa, ante el riesgo de alteración de pruebas de delitos comerciales o penales, y pidió el nombramiento de una intervención judicial en su reemplazo.
El "entramado social" de Vicentin, según revela el informe de la IGPJ, se conforma de ocho empresas "con domicilio coincidente con el de Vicentin SAIC, calle 14 número 495 de Avellaneda, Santa Fe", otras seis en Reconquista o Rosario con las que comparte todos o la mayoría de directores, una en Buenos Aires bajo la misma condición, una bodega en Mendoza y otra en San Juan, tres filiales de Vicentin en Paraguay, Brasil y Europa, y otras tres radicadas en Uruguay.
Las tres en Uruguay son Vicentin Family Group, VFG Inversiones e Industrias Agroalimenticias Latam. Las tres tienen como representante a María Carolina Buyatti, el mismo apellido del actual presidente de Vicentin SAIC, y que se repite en varios de los directorios de empresas vinculadas. Hay una cuarta, Nacadie SA, inscripta en Uruguay cuyo objetivo social es "realizar operaciones offshore sobre agrocommodities". Es la única accionista además de una sociedad panameña, Swass International Corporation. ¿Por qué la IGPJ la relaciona con Vicentin?
Su representante es un contador argentino, Patricio Coghlan, que en 2017 la inscribe en Argentina y fija domicilio de la empresa en Boulevard H. Yrigoyen 298 de Reconquista, donde está el frigorífico Friar. Coghlan, como representante, fija domicilio en calle 14 número 495, Avellaneda; la misma dirección de Vicentin y de otras ocho empresas del grupo. Ese mismo año, Nacadie decide la compra del 49% de las acciones de Friar, quedando el resto de su capital en manos de VFG Inversiones, 50,5%, y una porción menor a medio punto en Vicentin SAIC.
Este mismo mecanismo fue utilizado en innumerables oportunidades, entre 2014 y 2018, para sacar del patrimonio aparente de Vicentin SAIC a muchas de estas empresas. En los informes y folletos, sin embargo, son todas mostradas como parte de un poderoso grupo con Vicentin SAIC como nave insignia. La IGPJ considera una grave irregularidad que Vicentin se presente a concurso despojada de esos otros millonarios activos, en perjuicio potencial hacia los acreedores. De allí el reclamo de que, por conductas sospechosas, el Directorio de Vicentin sea desplazado "en forma urgente" del control de la empresa.
La instancia actual de ampliación de prueba surge de la respuesta del juez comercial de Reconquista, Santa Fe, a la presentación de la IGPJ santafesina pidiéndole que dispusiera la intervención judicial. El magistrado resolvió abrir un "incidente por separado" con esa demanda y pidió que los cargos que se le imputaban a los directores de Vicentin, fueran acompañadas de pruebas. La IGPJ, conducida por María Victoria Stratta, cumplió ayer con ese reclamo. Los elementos que denuncian la intención de ocultamiento de activos, en perjuicio de los acreedores de Vicentin y de la transparencia del concurso, parecen contundentes.
La presentación de la inspección de justicia provincial era el primer paso de la estrategia ofrecida por el gobernador Omar Perotti a Alberto Fernández, como alternativa al envío al Congreso de una ley de expropiación. El sendero previsto por el gobernador requería que el juez accediera a nombrar una intervención suya, que incluyera a los dos interventores nombrados por el Ejecutivo nacional más un tercero en representación del mismo Perotti, para que condujera el proceso del concurso de acreedores. Luego, el Estado nacional propondría un acuerdo con productores, cooperativas y otros actores económicos de la región, incluida la Provincia, para conformar una sociedad mixta que se haría cargo de la empresa para evitar la quiebra, pero también que pasara a manos extranjeras. Por ahora, esa estrategia se vio trabada por la respuesta del juez y la resistencia de "los Vicentin" (el Directorio anterior) a abandonar el control de la firma, el que retomaron de la mano del juez Lorenzini.
Al mismo tiempo que la inspección general santafesina hacía la nueva presentación ante el juez, el gobernador disponía en la noche del martes la intervención del puerto de Reconquista, estación fluvial sobre un brazo del río Paraná que no registra actividad desde 2004, pero sigue bajo control de Vicentin. Sin embargo, algunas versiones indican que el ente portuario provincial habría detectado actividades de acopio y descarga no declarados. Es decir, operaciones "en negro".
Casi al mismo tiempo, en Paraguay, un grupo de siete senadores encabezados por el ex-presidente Fernando Lugo avanzó en un pedido de informes a la Aduana de ese país referido a la comercialización de soja, "ya que existen actualmente denuncias de supuestos lavados de activos como también de triangulación realizada por la soja argentina por Paraguay, provocando grandes perjuicios económicos al vecino país (por Argentina)".
02 de julio de 2020
Barbijos, distancia social y pocos alumnos por aula
Coronavirus: el Consejo Federal de Educación trata el protocolo para la vuelta a clases
Imagen: Leandro Teysseire
El Consejo Federal de Educación, con la participación de los ministros de las 24 provincias, se reunirá este jueves en asamblea para tratar la aprobación de los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva de las clases presenciales , cuando la situación epidemiológica lo permita. El documento, que se nutre de las experiencias de otros países y contempla las realidades específicas de cada región, fue presentado por el ministro Nicolás Trotta junto con el consejo asesor creado ad hoc, y cuenta con un amplio consenso entre las provincias que participaron en su elaboración.
El acuerdo federal que tratarán los ministros prevé dos instancias: una anterior a la apertura de las escuelas para garantizar las condiciones sanitarias y de higiene necesarias, y otra para cuando los establecimientos estén en funcionamiento. En ese último rubro se incluyen medidas como el uso obligatorio de tapabocas, el mantenimiento de distancia interpersonal, aulas con pocos estudiantes y concurrencia con un sistema mixto: los alumnos irán algunos días a la escuela y otros días seguirán estudiando desde sus hogares.
Gobernadores de regiones donde la situación sanitaria es menos comprometida por la pandemia delinean el regreso gradual a las aulas, en principio, para después de las vacaciones de invierno, es decir a partir de agosto. Para ese mes en Salta analizan la vuelta a clases de alumnos de quinto año del secundario, mientras que en septiembre volverían en séptimo del primario. En Jujuy, que había iniciado el plan de represo presencial en escuelas de zonas sin conectividad, se dio marcha atrás por la detección de múltiples casos de coronavirus. En Santa Fe analizaban recomenzar la actividad en localidades pequeñas pero la aparición de nuevos focos también lo postergó. En Chubut se trabaja para volver en septiembre. En Córdoba, el Centro de Operaciones de Emergencia trabaja en la definición de un protocolo sanitario y la única certeza es que en una primera etapa convivirá la modalidad presencial con la virtual.
02 de julio de 2020
Una resolución para terminar con las filtraciones
El Congreso controlará las escuchas judiciales
Por Miguel Jorquera
Imagen: Prensa Diputados
El Congreso dio otro paso para el control de las escuchas judiciales, que por ahora siguen en manos de la Corte Suprema. A través de una resolución conjunta que lleva las firmas de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se puso en marcha el cumplimiento de un convenio que sellaron los supremos y el Parlamento durante el gobierno de Mauricio Macri para el control legislativo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (AJUDECO), de la que depende la oficina de escuchas judiciales. La resolución establece que la Bicameral de Inteligencia, se encargue de monitorear su accionar.
CFK y Massa desempolvaron el convenio que la Corte Suprema y el Congreso firmaron el 29 de septiembre de 2016, y que nunca se había puesto en marcha. “El Congreso de la Nación efectuará el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, a efectos de garantizar los estándares institucionalidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficientes para prestar asistencia contra el crimen en los planos nacionales y transnacional”, dice el primer punto del acuerdo.
Las autoridades parlamentarias también tomaron el segundo punto del acuerdo para designar el método de control: “El Congreso determinará la modalidad en que se desarrollen las tareas de seguimiento”, afirma el convenio. CFK y Massa asignaron esa tarea a la Bicameral de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia, que preside el diputado oficialista Leopoldo Moreau.
Una bicameral que tiene un rol muy activo en el seguimiento de las diversas denuncias penales e investigaciones judiciales sobre las actividades de espionaje ilegal realizados desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y agentes paraestatales, a dirigentes políticos, sociales, empresarios y eclesiásticos durante el gobierno de Macri. Ahora también tendrá en sus manos el control sobre las escuchas judiciales.
El espionaje ilegal y la difusión de escuchas ilegales fue denunciado por el actual oficialismo durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos y se transformó en una de las prioridades a resolver con su llegada al Gobierno. Una de las primeras medidas del presidente Alberto Fernández fue decretar la intervención de la AFI para terminar con lo que definió como “sótanos de la democracia”.
El Frente de Todos ya avanzó en el Senado, a pesar de la tenaz resistencia de Juntos por el Cambio, con el rechazo al DNU de Macri que traspasó las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema y que nunca había convalidado el Congreso. Aunque la alianza opositora bloquea su tratamiento en Diputados, el oficialismo está decidido a dar la pelea para el definitivo rechazo del DNU de Macri.
La resolución, en tanto, le brindará al oficialismo un sistema de control sobre las escuchas judiciales si –como se propone— la mismas vuelven a la Procuración General, ahora en manos del procurador interino Eduardo Casal. Una situación que se sostiene mientras Juntos por el Cambio continúe en su negativa de rechazar el pliego del juez federal Daniel Rafecas como el nuevo procurador propuesto por el Gobierno. Y para cuya aprobación se necesitan los dos tercios del Senado, un número que el FdT no alcanza en soledad.
02 de julio de 2020
Qué pasa con las personas que salen sin permiso
¿La policía puede detener a quienes violan la cuarentena?
Desde el Ministerio de Seguridad aclaran cuáles son los casos considerados "resistencia a la autoridad". Los organismos de derechos humanos advierten sobre el crecimiento de casos de violencia institucional en el contexto del control del aislamiento obligatorio.
Por Adriana Meyer
Imagen: Bernardino Avila
A partir hoy comienza una nueva etapa de cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires por el coronavirus en Argentina y el Gobierno definió un protocolo para las personas que circulen sin el permiso correspondiente. Algunos medios informaron que la "detención del infractor" es una de las opciones que tiene la policía y las fuerzas de seguridad en los controles callejeros, "de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del Código Penal", esto es, resistencia a la autoridad. Una alta fuente del ministerio de Seguridad fue tajante al explicar ante PáginaI12 que ésto es falso. "Circular sin el permiso no es resistirse a la autoridad, es una infracción. Solo si alguien se niega a cumplir las indicaciones de orden de regreso o de esperar, es decir, ser demorado, eso podría implicar una detención por resistir la órden de un funcionario público", indicó.
"El policía te dice: 'vuelva a su casa'. Si vos te vas, no hay problema. Si alguien no acepta lo que le dice el policía y le responde 'voy a pasar igual', entonces sí hay una violación de la cuarentena con una conducta de resistencia a la autoridad, por negarse a volverse por dónde vino", graficó. Es decir que nadie puede ser llevado detenido salvo que se encuentre "resistiendo a la autoridad". "Si estás en infracción serás notificado, no te pueden detener por circular sin el permiso. Te mandan de vuelta a tu casa, y si te vuelven a pescar intentando volviendo a entrar, te vuelven a notificar y advertir a la Justicia". Por caso, si alguien circula sin papeles, la policía lo para y le pregunta las razones, luego le pide el nombre para notificar a la fiscalía. Si, además, esa persona se niega a dar sus datos, ahí sí podría incurrir en resistencia a la autoridad.
A criterio del alto funcionario consultado, fueron "pocos" los casos de detenciones, con excepciones de situaciones en flagrancia como quienes intentaron trasladarse o trasladar a otros en el baúl de un auto. "La otra posibilidad de detención es la sospecha sobre esa persona que por segunda vez ande sin el permiso, y que la fiscalía advierta que pueda haber sospecha de que esté haciendo otra actividad", explicaron. La policía puede demorarla mientras hace la comunicación a la fiscalía, si por algún motivo ahí deciden la detención entonces sería una decisión de la justicia, no policial.
Durante tres meses de cuarentena, las cuatro fuerzas federales controlaron casi 12 millones y medio de personas para verificar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio que rige para prevenir la propagación del virus causante de la enfermedad covid-19. Unas 98.439 recibieron una infracción por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. También fueron inspeccionados 8.650.951 vehículos en las carreteras de todo el país, y 4.731 automóviles fueron secuestrados al no tener justificación para circular.
La preocupación sobre los alcances de las facultades policiales fue explicitada por los organismos de derechos humanos, que coincidieron en denunciar el incremento de hechos de violencia institucional y abusos en los operativos de control de la cuarentena. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó "casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios". Además, hubo más de una decena de casos de gatillo fácil, entre ellos los fusilamientos de Nahuel Gómez el 28 de marzo, Rubén Sarso el 27 de abril, Alan Maidana el 24 de mayo, Lucas Barrios el 30 de mayo, Augusto Itaurralde el 14 de junio, y su amigo Diego Insaurralde 48 horas después, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, el 17 de junio. Veintitres murieron privadas de su libertad, 8 en comisarías y 15 en cárceles.
El ministerio de Seguridad estableció que las situaciones posibles ante el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio comienzan con la "orden inmediata de regreso al lugar de origen de parte del infractor de acuerdo al tipo de anomalía detectada", siguen con la "demora del infractor a la espera de la decisión del Poder Judicial", y en tercer lugar podría ocurrir la "detención del infractor de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del código penal (que penaliza al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal).
Luego también se puede dar el "secuestro del vehículo del infractor" pero "la decisión respecto de los pasos siguientes respecto del vehículo es competencia del Poder Judicial". En el caso de andenes de trenes, "se labra el acta de infracción y se informa al Poder Judicial que dispone los pasos a seguir respecto de lo informado por la autoridad policial". Según los datos que proveen las fuerzas federales de seguridad, "es el Poder Judicial el que decide los pasos a seguir". Además, "en cualquier caso que se detecten síntomas compatibles con covid-19, se ordena el regreso al lugar de origen para el cumplimiento de la cuarentena, siguiendo las indicaciones del Poder Judicial", y los plazos serán determinados por el juzgado a cargo.
Se preguntaba en este diario Guido Risso si es razonable esperar que un problema gravísimo como una pandemia pueda resolverse en algún sentido aplicando penas. Y si en definitiva es el castigo al otro la forma más racional y efectiva para abordar un enorme y complejo problema de salud pública? La pregunta no debería ser qué hacer "si te detienen" porque la policía no tiene la atribución legal para hacerlo aduciendo el ejercicio del APSO. En el caso de que esa detención ilegal se de, se puede hacer acudir a organismos de derechos humanos como la APDH, el Cels, y el Ceprodh, a los puntos de denuncia de la CPM , a Correpi en las redes sociales, o al número del Ministerio de Seguridad, el 134 .
02 de julio de 2020
Sostienen que el decreto 255 habilita arbitrariedades
Derechos Humanos de Nación pide a Salta seguir protocolos nacionales
El secretario de Derechos Humanos de la Nación llamó a la provincia a seguir el protocolo del Ministerio de Seguridad nacional para la cuarentena.Lo manifestó ante organismos de DDHH que presentaron un informe.
Miembros de HIJOS y Pensamiento Penal hablaron con Pietragalla por la violencia policial
Integrantes de HIJOS y de la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Salta llevaron ayer a la instancia nacional sus reclamos de que se tomen medidas para frenar la violencia policial durante el control en la provincia de las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia. Por un lado, con un informe en mano, plantearon que se suceden a diario hechos de violencia y abusos policiales, habilitadas aún más por el decreto de necesidad y urgencia 255, que anteayer se convirtió en ley 8191, y por el otro, denunciaron la inacción de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal para investigar estos hechos.
Mientras esto sucedía, el procurador General de la provincia, Abel Cornejo, informaba en Diputados que el hasta ayer titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, había sido apartado de este cargo y que se le iniciaba un sumario administrativo. Esta Fiscalía es la que debe investigar las denuncias contra miembros de la fuerza de seguridad provincial, la decisión de apartarlo se tomó luego de que una auditoría revelara lo que se venía denunciando: que hubo una práctica habitual de no investigar estas denuncias, de 2.065 causas recibidas en 2019 y el primer trimestre de 2020, solo tramitó 97.
HIJOS y Pensamiento Penal, y los oganismos de derechos humanos de Salta en general, vienen denunciando insistentemente el crecimiento de la violencia institucional durante la cuarentena. Esta semana presentaron un informe a distintas instancias de los tres poderes de la provincia. Y ayer convocaron a una conferencia de prensa y a una reunión virtual con funcionarios nacionales para pedir que se tomen medidas.
En este último caso la convocatoria tuvo una respuesta que excedió sus expectativas, dado que a los otros funcionarios que habían comprometido su presencia de antemano, se sumó luego el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien criticó el decreto 255, ahora Ley 8191, porque habilita "arbitrariedades graves" y sostuvo que debe haber "una sanción pública" y "una sanción judicial" para quienes cometen estos delitos.
Del encuentro virtual también participaron el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski; Agustín Di Toffino, del Consejo Federal de Derechos Humanos, y Martín Fresneda, del Observatorio de Derechos Humanos del Senado nacional. Se mostraron informados sobre la situación en Salta, de hecho, Pietragalla había recibido ya un informe enviado por la delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, María Martínez Morales Miy, quien también asistió al encuentro.
El secretario recordó que la delegada local pidió a funcionarios provinciales que se derogara el decreto 255, dijo que, siempre respetando la autononía federal, promueven que a la hora de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia las provincias adhieran a las recomendaciones que dio el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque, dijo, "cuando llegan las sanciones internacionales, no se sanciona a las provincias, se sancionan a todo el Estado" argentino.
La abogada María José Castillo, de HIJOS Salta, sostuvo que el informe es un aporte. "Entendemos que las fuerzas de seguridad no tienen una formación en derechos humanos, no hay protocolos de acción. Instamos a las distintas órbitas del estado para que tomen medidas para evitar esto", sostuvo. Igual que antes lo había hecho el abogado Martín Plaza, de Pensamiento Penal, destacó la necesidad de que la justicia actúe frente a las denuncias por violencia institucional. Plaza destacó la inacción de la Fiscalía de Derechos Humanos y la gravedad de algunos de los hechos cometidos, que alcanzan incluso la categoría de torturas.
Del otro lado se mostraron receptivos. Fresneda lamentó la inacción judicial, teniendo en cuenta que “la única expectativa que muchas veces tienen las víctimas es la justicia”.
Los controles se tienen que hacer “dentro del marco del respeto a los derechos humanos, no lo tienen que hacer de cualquier forma”, enfatizó Przybylski, quien señaló la incoherencia de detener a personas que incumplen la cuarentena, porque esa medida busca disminuir el riesgo de contagios, entonces lo ideal es que las fuerzas de seguridad se preocupen de que las personas vuelvan a sus casas, no reunirlas a todas detenidas donde se favorece el contagio. "Hay que evitar las detenciones", aseguró tras recordar el protocolo de Seguridad de la Nación. "Estamos observando esto, que estamos preocupados por el tema y ya se lo hicimos saber a la provincia también", sostuvo.
Durante el encuentro, Canela Alvarez, de HIJOS, señaló también que el gobierno de Gustavo Sáenz no puso todavía a funcionar al Comité contra la Tortura.
“Esperamos que el Estado nacional pueda intervenir con respecto a esto porque la situación es grave”, insistió a su turno Juan Tejerina, también de HIJOS.
Ni bien terminó la reunión, que fue calificada como muy positiva, los participantes celebraron el apartamiento de Vilar Rey, y el sumario que será instruido por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio. Plaza adelantó a Salta/12 que acercarán el informe a esta fiscala, como un aporte a esa investigación. De los 16 casos de violencia policial que se detallan en él, en ninguno hubo avances en la investigación y solo uno tiene imputados. “Somos testigos directos del incumplimiento y la falta de diligencia de esta Fiscalía”, dijo.
El informe será presentado hoy a la delegación local del INADI. La ley 8191 otorga mayores facultades a la Policía, que puede detener hasta por 60 días a una persona sin intervención de un juez, un fiscal ni dar derecho de defensa.
En este marco, ayer trascendió que el gobierno provincial estudia introducir cambios en esa ley para permitir que haya intervención de jueces y fiscales.
Inacción judicial
María José Castillo destacó por su parte ante este medio, que "Salta es la segunda provincia con más hechos de violencia policial", e insistió con las críticas a la inacción judicial: "en el círculo de impunidad la justicia es un eslabón importante".
Asimismo adelantó que instarán a la Corte de Justicia de Salta "para que resuelva sobre la inconstitucionalidad del DNU 255, ahora ley". La abogada señaló que el hecho de que la Corte convirtiera el amparo presentado por los organismos de derechos humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en una acción de inconstitucionalidad "demoró muchísimo, implicó que se convaliden esas facultades exorbitantes a la Policía".
"Esta norma llama mucho la atención a nivel nacional", añadió. Es que "ningún gobierno provincial se animó a sacar una norma que habilite de esa manera a la fuerza policial. Si bien algunas provinciales lo hicieron de hecho no lo consagraron en una norma".
El día 21 de abril referentes de organizaciones de Derechos Humanos de Salta y el CELS presentaron un amparo colectivo en la Corte pidiendo que se suspendiera la aplicación del decreto 255. Este tribunal lo convirtió en una acción de inconstitucionalidad, con lo que evitó dar una respuesta urgente.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario