Gerente de empresa desplegó una conducta anticuarentena
Rafaela, en alerta naranja
Contrajo el coronavirus que obligó a aislar a 60 personas, cerrar cinco fábricas con más de 200 trabajadores afectados.
El intendente Castellano (en el centro) en conferencia.
Después de 117 días sin casos de covid, Rafaela quedó ayer en “alerta naranja” por el gerente de una empresa de 64 años que desplegó una conducta anticuarentena durante ocho días: viajó a Córdoba, una provincia con circulación comunitaria del virus, y al regresar a la ciudad, “violó la vigilancia epidemiológica”, “desobedeció” al equipo médico del municipio que le pedía los 14 días de aislamiento y generó decenas de “contactos estrechos” entre familiares, amistades y cinco empresas del grupo en el que trabaja que tuvieron que activar el protocolo. Un “irresponsable”, un “mentiroso”, lo calificó el intendente Luis Castellano, quien no descartó la posibilidad de denunciarlo ante la justicia si el Ministerio Público de la Acusación no actúa de oficio. El contagiador generó un escándalo: obligó al aislamiento de 60 personas (que pueden ser más porque falta completar el mapa de contactos estrechos), el cierre de cinco plantas industriales –hasta tanto se realice la desinfección- y el parate de más de 200 trabajadores afectados. “Esto sucede por un nivel de irresponsabilidad supina, absoluta, de esta persona que porta el virus”, se enojó el intendente.
Ya el domingo a la noche, había trascendido que Rafaela tenía un caso de covid positivo. En ese lapso, tras una primera oleada de 21 casos y un fallecido, logró la fase 5, un nivel de actividad económica del 80 por ciento y una calidad de vida que no tienen otras zonas de la provincia. Pero ayer, Castellano confirmó que la ciudad estaba en “alerta naranja” y ante el riesgo de retroceder de fase por la conducta “irresponsable” del ejecutivo de una empresa que no identificó.
Castellano dijo que era probable que llegara una segunda oleada del covid. “Y llegó, pero de la peor manera”. “Cualquiera se puede enfermar. El problema no es ése, el problema es qué hacemos cuando lamentablemente nos toca la posibilidad de ser sospechosos o estar enfermos”. “Si actuamos con responsabilidad es probable que nos pase como la primera vez, donde muchos rafaelinos que vinieron del exterior hicieron su cuarentena con mucha responsabilidad. Salimos de esa fase con 21 casos y llegamos al 80 por ciento de las actividades en marcha”.
“Pero ahora sucedió todo lo contrario por el nivel irresponsabilidad supina, absoluta” de la persona que lamentablemente porta el virus”. El anticuarentena –dijo Castellano- violó “absolutamente todas las normas”, viajó a Córdoba que es una “zona de circulación comunitaria para una actividad que no se puede hacer. No sabemos con qué permiso”. Y cuando regresó a Rafaela “desobedeció el consejo del equipo médico porque tampoco cumplió la cuarentena” de 14 días. “Pero además de no cumplir el aislamiento armó dos conglomerados de relaciones estrechas, uno con su familia, sus seres queridos y otro con las empresas a las que pertenece o forman parte del grupo en el que trabaja”, agregó.
Lo grave –reveló Castellano- es que este ejecutivo “también le mintió al equipo médico. No dice cuáles son las relaciones estrechas que tuvo. No le importa lo que pase con sus familiares o con las empresas. Hablamos de la salud y la economía. Y mucho menos le importa lo que le pase al resto de la ciudad. Porque hoy tenemos alrededor de 60 personas que van a estar aisladas cuando se termine de armar el mapa epidemiológico, que se arma a partir de los datos que se obtienen de la persona contagiada y de sus contactos estrechos. Todavía no tenemos ese mapa, pero suponemos que son alrededor de 60 personas aisladas. Más cinco empresas que tuvieron que cesar su actividad y hoy (por ayer) no abrieron y alrededor de 200 trabajadores afectados”.
“Estos 200 trabajadores se preguntarán: ‘a partir del contacto con el gerente, ¿con quiénes tuvimos contactos nosotros? Y así vamos a seguir sumando. ¿Y en todos esos contactos no hay personas en riesgo?, por la edad o su estado de salud. “Esta es la situación de hoy en Rafaela”, aceptó Castellano, sin ocultar su enojo.
Una infectóloga del equipo médico, dijo que el empresario “es asintomático”, se le hizo un primer hisopado que “dio un resultado dudoso, se le comunicó que continúe en aislamiento y a las 48 horas se le confirmó que era positivo”. “Es fundamental que las personas contagiadas digan la verdad, porque si no la dicen es imposible hacer nuestro trabajo”, explicó la médica. “Si nos mienten, nos equivocaremos” y en el caso del covid “no podemos equivocarnos”.
-Este gerente de empresa violó todas las normas. ¿Van a hacer la denuncia penal? –preguntó un colega.
-Es posible –contestó Castellano-, pero también es posible que el Ministerio Público de la Acusación pueda actuar de oficio.
19 de agosto de 2020
Causa Serjal: allanaron concesionaria de autos Toyota
Los dos autitos del exfiscal regional
Los "compró" el ahora detenido funcionario judicial tras archivar una causa que investigaba a su dueño por el vaciamiento de una compañía.
La concesionaria en cuestión es propiedad de Rómulo González, un hombre que había sido denunciado por el vaciamiento de una compañía y, en su momento, el expediente cayó en manos de Serjal quien, dos semanas después de declarar la inexistencia del delito, compró dos autos cero kilómetros en el negocio del denunciado. A fines de noviembre último, se reabrió la investigación del caso y Serjal pidió ser apartado de esta causa.
La investigación de estos sucesos se viene realizando desde hace meses, incluso antes de que el nombre del exfiscal regional aparezca ligado al detenido fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes son sospechosos de pedirle dinero al empresario Leonardo Peiti a cambio de favores judiciales.
Cabe destacar que, a la vista de los recientes hechos que vinculan a Serjal y a Ponce Asahad con Peiti, ambos fiscales presentaron su renuncia y en la última semana se ordenó la prisión preventiva para los dos funcionarios del MPA.
La causa que disparó la investigación a Serjal por la compra de dos vehículos cero kilómetro involucraba a Omar Augusto Santero, propietario de la firma Carrocería Sudamericana, y a Rómulo González, a quien se acusaba de haber vaciado la compañía antes mencionada para favorecer a Auto Rosario, una concesionaria que Toyota tiene en la ciudad.
El caso, que pasó por cinco años de idas y vueltas judiciales, según explicó la querella, estuvo expuesto a demoras y cambios de fiscales, hasta que fue cerrado por Serjal.
El exfiscal regional, a veintinueve días de cerrar la causa y liberar de cargos a González, renunció a un plan de pagos de un vehículo que había contratado con anterioridad y compró dos autos cero kilómetros en AutoRosario. El valor de la compra de los dos vehículos -un Toyota Etios y un Toyota Corolla- equivale a tres millones de pesos y ambos están a nombre de Serjal y su esposa.
En su momento, esta controversia generó que el fiscal general, Jorge Baclini, reabriera la causa por delitos económicos, apartara a Serjal (lo que él mismo solicitó voluntariamente) y enviara las actuaciones para consideración de la Legislatura provincial, bajo advertencia de que los hechos “implicarían” una “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia”.
19 de agosto de 2020
Allanamientos y detenciones masivas en Rafaela
Redada en bar clásico
Un café tradicional de Rafaela, en el centro de la ciudad, frente a la plaza, quedó ayer en medio de la sorpresa y el impacto de quienes suelen acomodarse en sus mesas, entre ellos jueces y abogados. El allanamiento fue uno de los 39 que se realizaron durante todo el día en una causa por supuesta “asociación ilícita” y “juego clandestino” que investigan los fiscales de la unidad de Criminalidad Económica y Delitos Complejos, Martín Castellano y Lorena Korakis. El megaoperativo estuvo a cargo de la Policía Federal –otro indicio de que la pesquisa no confía en la Policía de Santa Fe- y el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Y sus resultados sorprendentes: 14 detenidos.
Trece cayeron en la redada y el último se entregó alrededor de las cuatro de la tarde al saber que lo buscaban. Más, el secuestro de vehículos, celulares, armas y documentación de interés. Al margen del procedimiento en el café clásico al que concurren operadores del Poder Judicial, también fue allanado otro bar, a pocas cuadras, frente a la Jefatura del Unidad Regional V de Rafaela, informaron medios de la ciudad.
El fiscal Castellano ya anunció que pedirá la presión preventiva de los 14 presos cuando se realicen las audiencias imputativas y de medidas cauteleres en las próximas horas. Castellano es el mismo que investiga otra causa que conmocionó a Rafaela, a la que el ministro de Seguridad Marcelo Sain llamó la “mafia cheta” y el propio fiscal definió al grupo de imputados como una “fuerza de choque”.
La mayoría de los 39 allanamientos se realizaron en Rafaela, pero cuatro de ellos en poblaciones cercanas: dos en Ramona, uno en Plaza Clucellas y uno en la ciudad de Sunchales. Fuentes del MPA dijeron que la causa es de larga data, y no está vinculada con la caída del “rey del juego clandestino” David Perona.
19 de agosto de 2020
Atropellan a dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda
El objetivo era romper la huelga
Arengados por el abogado del grupo Vicentin, dos obreros que querían ingresar embistieron contra la asamblea que reclama aumento salarial hace 60 días
Por Sonia Tessa
Tras la embestida, hubo corte en la ruta 11
Desde hace 60 días, las y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, una empresa del grupo Vicentin, realizan un paro por aumento salarial, ya que sus ingresos no alcanzan a ser de 120 pesos por hora de trabajo. En la madrugada del martes, el abogado de Vicentin, Héctor Vizcay, se presentó en la puerta del Parque Industrial de Reconquista --donde está emplazada la textil que emplea a 430 personas y factura 5300 pesos por minuto-- para intentar que ingresaran unos 15 trabajadores dispuestos a romper la huelga. Fueron acompañados de cuatro patrulleros y una intensa presencia policial. La decisión de la asamblea de trabajadores en lucha fue impedir el ingreso a la planta y dos hombres --arengados por el profesional-- embistieron a dos manifestantes: la delegada Sonia Zanel y Lucía Calderón. Las trabajadores fueron hospitalizadas, aunque fuera de peligro y por la tarde estaban en sus casas. Desde el mediodía hubo corte de protesta en una mano de la ruta 11.
Zanel alertó el peligro de esta escalada de violencia empresaria. "Por suerte no pasó nada grave. Ante una reacción así de estos compañeros que fueron para chocarnos, los muchachos no los agredieron, porque hubiese sido una locura todo esto", dijo la delegada que encabeza la lucha, no sólo contra la patronal sino también contra las conducciones sindicales de SETIA Y AOT, los dos gremios textiles que acordaron las condiciones de trabajo que incluyen --como ya publicó Rosario/12-- el pago de una parte de los magros salarios --un promedio de 25.000 pesos-- con vales del frigorífico Friar, también de Vicentin. Ahora, la mayoría de les trabajadores están encuadrados en el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de la zona, que encabeza la lucha por mejoras salariales.
"La responsabilidad es del grupo económico Vicentin y del Ministerio Público de la Acusación, que evidentemente trata de proteger al grupo económico. El MPA no intervino, llamé a todos los fiscales durante la madrugada, pero ninguno estuvo presente cuando atropellaron a dos mujeres y tanto el doctor Vizcay tanto como quienes embistieron se encuentran en estado libertad", dijo la abogada Luciana González, que representa a las y los trabajadores. La profesional recibió amenazas desde cuentas de Facebook truchas, pero en la Fiscalía su denuncia fue desestimada sin realizar ninguna investigación.
La intención del grupo Vicentin es que los y las 430 trabajadores vuelvan al trabajo sin conseguir ningún aumento de sueldo. La semana pasada, las cámaras empresarias de la región se reunieron en la Sociedad Rural para pedirle al gobierno provincial que obligue a los trabajadores a retomar sus tareas, sin la mejora salarial reclamada. "El conflicto sigue igual, 60 días de paro, 60 días llevamos sin cobrar. El viernes tuvimos una reunión con Robertito Vicentin, los seis delegados de fábrica y el señor Vizcay, tratamos otra vez de destrabar la situación, pero ellos quieren que entremos a trabajar, que prendamos la empresa y después negociar. Nosotros dijimos que no, estamos pidiendo un aumento salarial, y no podemos entrar, estar 60 días afuera y entrar con las manos vacías", expresó Zanel, quien recordó que la lucha gremial de Algodonera Avellaneda es ciclópea, contra todo el poder económico de la zona. "Todo lo que es poder judicial, estamos más custodiados que no sé qué. Te das vuelta y tenés la policía, la fiscalía encima nuestro. Cuando cortamos la entrada del Parque Industrial, y a cada paso que damos, estamos hostigados por la policía, no nos sentimos libres de expresar lo que estamos reclamando", dijo Zanel. Desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias de Reconquista, Eliana Ibarra llamó a una asamblea que se realizará hoy para definir medidas.
19 de agosto de 2020
Movilizan a Tribunales para "prevenir" un femicidio
Para evitar que sea irreparable
Acompañada por el recuperado club Cóndor, Melisa, una mujer de 33 años que es hostigada por su ex pareja pide respuestas
Por Lorena Panzerini
Organizaciones barriales y feministas acompañaron el reclamo de Melisa
Imagen: Sebastián Granata
Imagen: Sebastián Granata
Con la consigna de "prevenir femicidios", el recuperado club Cóndor, con su espacio de género, junto a organizaciones feministas y barriales, se manifestaron ayer en los Tribunales Provinciales contra la escalada de violencia machista. Lo hicieron a partir del caso de Melisa, una mujer de 33 años que hace meses vive un calvario ante permanentes hostigamientos de su ex pareja, mediante acoso y diferentes amenazas. La preocupación tiene que ver con que Nicolás R. incumple una prohibición de acercamiento y ya tiene antecedentes violentos: en 2017 fue imputado por hechos cometidos contra otra mujer de la ciudad de Pérez, que terminó internada con el 25 por ciento del cuerpo quemado. "Si la Justicia no acciona, nosotras reaccionamos", aseguraron en la convocatoria.
Hace nueve meses que Melisa no tiene paz. Cansada de los amedrentamientos y persecuciones de R., hizo una publicación en redes sociales que fue compartida unas 119 mil veces, en la que relató cada una de las agresiones, actos de acoso y amenazas de su ex: huevazos en su ventana, obstáculos para entrar o salir de su casa, cortes de luz hasta seis veces por día, llamados, molestias a sus familiares, amigas y compañeras de trabajo, mensajes e insultos por sus redes sociales, son algunas de las cosas que relató la joven en su perfil de Facebook, el mes pasado.
Pero esa no fue la primera vez que habló, en junio hizo una presentación en la Justicia y más de un mes después --cuando se viralizó su publicación-- le llegó un botón de pánico. Actualmente, la causa está en manos de la fiscal María Teresa Granato. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se indicó que hay ordenadas rondas policiales. Sin embargo, les manifestantes aseguraron que el acusado no cumple la prohibición de acercamiento y cada vez que Melisa avisa al 911, él logra huir antes de la llegada del personal.
La movida, que se presentó como la "primera movilización en Argentina para prevenir femicidios", surgió del espacio de mujeres La palabra liberada, del club Cóndor. Nicolás Ferela, presidente de la entidad, relató a este diario que hace dos meses tomaron conocimiento de la situación por la que Melisa "vive aterrada". "La tuvo que hacer pública, porque desde noviembre viene denunciando la violencia, el acoso y la persecución por parte de su expareja. Lo hizo cansada de no tener respuestas de la Justicia. Nosotros la estamos acompañando con un equipo, pero entendemos que su caso no es un hecho aislado, sino que esto va a seguir pasando si no hay respuesta. Entendemos al club como un espacio de organización y para reclamar que se cumplan los derechos", dijo.
El asesor legal del club, Nahuel Jane, planteó que lo que les llamó la atención para acompañar a Melisa fueron "básicamente los antecedentes del agresor", quien ya tuvo una causa por violencia de género que cerró en un juicio abreviado a tres años, tras el cual recuperó la libertad, según indicaron desde el MPA. "Notamos que la violencia es una espiral que puede arrancar con un insulto y en muchos casos puede terminar en un femicidio, y esto es lo que queremos evitar. El órgano judicial debe actuar ante situaciones de aviso. Las restricciones de acercamiento deben cumplirse y esta persona la hostiga, se le presenta y hay varios elementos que lo incriminan. Pedimos que se avance para que esto cese. En ninguno de los casos de violencia de género la restricción opera por sí sola. El órgano judicial debe hacer que se cumpla esta medida. Con todas las constancias que existen se debe actuar", instó.
Imputado. Un comerciante de 30 años quedó en prisión preventiva luego de ir a la casa de su ex pareja, en barrio Matheu, tocar bocina sin parar, bajar con una pistola y disparar, poniendo en riesgo a dos personas del lugar. Minutos después volvió y tiró varias veces al frente de la casa de los vecinos. La abogada Evelyn Quain dijo en LT8 que las víctimas "escucharon bocinazos, salieron a pedir silencio y se encontraron con un sujeto que les respondió con balas”. La letrada relató que el caso tuvo que ver con una situación de violencia de género. Cuando el agresor fue allanado en 3 de Febrero al 1400 se le secuestraron armas, municiones y un chaleco balístico. El fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos le imputó tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de guerra, tenencia ilegal de arma de uso civil. Además, le endilgó las amenazas coactivas contra su ex novia.
19 de agosto de 2020
Piden indagatorias por un alquiler del municipio de Santa Fe
Trámite rápido para la casa del diputado afín En cuatro días, la gestión de José Corral decidió la operación sobre la vivienda del diputado Álvaro González. Citan a declarar a Pedro Ortubia y Mariano Hoet
Por Juan Carlos Tizziani
(Desde Santa Fe) El fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria del comandante mayor de Gendarmería Pedro Ortubia y del ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Santa Fe Mariano Hoet en una causa que investiga una operación inmobiliaria del ex intendente José Corral con fondos del municipio: el alquiler de la casa del diputado nacional del PRO y vicepresidente de su bloque Alvaro González en el casco histórico de la capital para convertirla en comando de la Gendarmería en Santa Fe durante tres años, entre 2016 y 2019. El acuerdo le significó a González un ingreso superior a los 2 millones de pesos en ese lapso. El fiscal imputó a Ortubia y a Hoet por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” y consideró “acreditado el estado de sospecha” para indagarlos, sin perjuicio del rol que cumplieron otros ex funcionarios en la “contratación directa y en tiempo récord” de la casa de Alvarito. En el trámite, también participaron el ex secretario Legal y Técnico Juan Carrara, el ex fiscal municipal Federico Sedlacek, la ex secretaria de Hacienda Belén Echeverría, su colega de la cartera de Gobierno y el propio Corral, quien firmó los contratos: el primero, en setiembre de 2016 y su prórroga, en 2018.
El fiscal Rodríguez solicitó las indagatorias de Ortubia y Hoet el 20 de julio, pero el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe desde que su jubiló su titular Francisco Miño, plantó el freno. “Téngase presente”, le respondió once días después, el 31 de julio. Rodríguez pidió explicaciones. “El término ‘téngase presente’ no constituye una respuesta válida acerca de la imputación” en la causa y solicitó que fije día y hora de las audiencias para indagar al ex jefe de la Gendarmería en Santa Fe y al ex operador de Corral.
El fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria del comandante mayor de Gendarmería Pedro Ortubia y del ex secretario de Seguridad de la Municipalidad Mariano Hoet
La casa del diputado nacional Alvaro González es conocida, está ubicada en calle Moreno al 2400, en el casco histórico. En diciembre de 2014, el ex presidente Mauricio Macri, la inauguró como sede de la Fundación Pensar. En 2015, fue el bunker del PRO en las campañas del propio Macri y de su ex candidato a gobernador de la provincia, Miguel Torres del Sel. Y en setiembre de 2016, Corral la alquiló para que opere el comando de la Gendarmería, en una contratación directa que es la que investiga el fiscal Rodríguez.
Rosario/12 ya informó que el alquiler de la casa tuvo trámite express, se resolvió en cuatro días hábiles, entre el 15 y el 20 de setiembre de 2016. El 15, fue jueves, cuando una inmobiliaria ofreció la casa y su precio (50.000 mensuales el primer año y 65.000 el segundo). Y el 20, martes, cuando Corral firmó el contrato, junto dos secretarias del gabinete, entre ellas la de Hacienda, Echeverría.
En ese lapso, el fiscal puso bajo la lupa el “aporte individual concreto” que hicieron los dos imputados -que ahora quiere indagar- para que se consumara el negocio. En el caso de Ortubia, es una firma que metió en un papel “sin fecha, ni membrete, ni sello aclaratorio de firma”. Ahí, le dijo a Corral que era “estratégicamente conveniente” alquilar la casa de González. Es “un sitio lindero a una de las vías de acceso principales de la ciudad” y eso permite --lo ilustró-- que los efectivos de Gendarmería que entonces estaban a su mando “puedan plasmar su actividad de manera eficaz” y “contribuir” a las “políticas de seguridad” en Santa Fe.
El fiscal imputó por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”
Como el papel de Ortubia no tiene fecha, el fiscal cree que lo incorporaron al expediente el 16 de setiembre, que fue viernes. Porque ese mismo día, aparecieron dos firmas más. La de Hoet, que era subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, que avaló el alquiler de la casa porque tenía las “características necesarias y acordes” para que “los agentes nacionales puedan desarrollar su actividad”. Y llegó a esa conclusión porque había realizado “conjuntamente” con la Gendarmería un “relevamiento de las necesidades” de la fuerza y “un análisis de las ofertas inmobiliarias recibidas”. La tercera firma fue la de Corral, que ese mismo viernes 16, sacó el decreto 164 que aprobó la contratación y el alquiler de la casa de Alvarito, ofrecida al municipio 24 horas antes.
El lunes 19, metieron otras dos firmas. El secretario Legal y Técnico Juan Carrara y el fiscal municipal Federico Sedlacek dictaminaron a favor del negocio. Y desde Buenos Aires, el diputado González como “propietario” de la casa concedió el “poder de administración” a la inmobiliaria y autorizó el alquiler de su casa. El martes, 20, Corral y sus dos secretarias firmaron el contrato.
A juicio del fiscal “se encuentra satisfechos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal de la Nación para convocar” al comandante de Gendarmería Pedro Ortubia y al ex secretario de Seguridad Mariano Hoet a “prestar declaración indagatoria, sin perjuicio de la intervención de terceras personas, en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de coautores”, dice el dictamen del fiscal Rodríguez. Ahora, solo falta que el juez Bailaque defina el día y hora de las audiencias.
19 de agosto de 2020
PLÁSTICA.
Adiós a Julián Usandizaga
El artista y maestro inventor de otro tiempo Falleció el 17 de agosto, a los 87 años. Fue un dibujante, grabador y docente muy querido. Deja como legado una de las mejores obras gráficas del país
Por Beatriz Vignoli
El saludo de los habitantes, obra de 1968.
Jamás sabremos qué estaba soñando Julián Usandizaga en su última siesta, en la tarde del 17 de agosto, a los 87 años. El dato concreto es que no despertó. Le fue ahorrado el disgusto de ver otra fecha patria bastardeada por los manifestantes anticuarentena, que hubiera sido uno más de los tantos que le dio en su vida la derecha nacional. Pero quienes lo conocimos y conocemos su obra, sospechamos que despertó en otro lugar, en alguno de aquellos planetas de utopía que con tanto detallismo dibujaba, o grababa y coloreaba en acuarela, al modo de su maestro Juan Grela. Su versión del surrealismo, con claroscuros minuciosos, hizo escuela de estilo, de compromiso y de pensamiento.
Porque el Vasco Usandizaga, como le decían sus colegas y sus numerosos discípulos, no sólo fue un dibujante y grabador que elevó sus técnicas a la categoría de alto arte, y no sólo fue un maestro de artistas, y no sólo fue un intelectual capaz de pensar dibujando a partir del pensamiento decolonial. Aquel tipazo de vida sencilla y humor ácido, que hacía chistes acerca de su propia edad y comentarios humorísticos satíricos sobre la sociedad en aquellas charlas que brotaban (como seres de sus lápices) cada vez que su costumbre de andar en bicicleta por todos lados nos lo deparaba por azar, fue un mago que supo reinventar el tiempo. Cuando la represión estatal lo encerró en una celda, con tozudez proverbial se puso a dibujar alegorías anticolonialistas y antiimperialistas, inspiradas en la lectura que hace Fernández Retamar del ensayo Ariel de José Enrique Rodó, basado en los personajes del drama inglés del período barroco La Tempestad de William Shakespeare. De ese conjunto de obras, su dibujo titulado Próspero ingresó a la colección del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino al ser galardonado con el Segundo Premio Adquisición "Dirección General de Cultura", en el marco del XLVIII Salón de Rosario (1982). Cuando vinieron los reyes de España al Congreso de la Lengua, él estaba en el Congreso de las Lenguas exponiendo con texto propio esas obras. Tenía un arsenal de lecturas escondido, que transmitía en su taller. Afuera, se hacía el zonzo.
Escribió Julián Usandizaga, en aquel texto político que tiene plena vigencia hoy, cuando muchos de quienes se formaron con él están luchando por producir un cambio cultural donde se reconozca a lxs artistas como trabajadorxs y por consiguiente como sujetos de derechos laborales: "En el sistema autoritario de Próspero [el brujo causante con sus malas artes de la tempestad del título, y amo de facto de la isla donde recalan los náufragos], la función subalterna de Ariel [el príncipe náufrago] consiste en la ejecución y propagación de sus ideas hegemónicas. Lo que Próspero piensa, Ariel lo comparte y realiza. Las ideas son de Próspero. Calibán [el isleño nativo esclavizado] nos trae la leña. Próspero se atribuye así, todo. Es el dueño del trabajo, de los productos, también de las ideas. No conviene que Calibán piense, ¡que trabaje! Ni que Ariel tenga juicios propios, ¡puede discrepar! ¿Quién es Ariel en el disociado sistema de Próspero? Es la mitad incompleta de la realidad. Es el ejecutor y propagador de los pensamientos y las convicciones del falso dueño de casa. Es el mayordomo fiel que disfruta como adulador/adulado de la generosidad prestigiadora de Próspero. Es el intelectual obediente, aristocratizado, disociador/disociado. ¿Disociado de qué? De las otras funciones que completan la realidad, aquéllas que fueron relegadas a Calibán, las del trabajo. Las más tangibles, prácticas y utilitarias. [...] Este Ariel de media realidad no proviene de la experiencia, y este Calibán de media realidad no accede a la conciencia".
Julián Usandizaga nació en Juncal, Provincia de Santa Fe (donde años después fue nombrado Ciudadano Ilustre), y se radicó a los 14 años en Rosario. Egresó con la especialidad en Pintura de la Universidad Nacional del Litoral (donde sería nombrado Profesor Honorario) y se especializó en grabado con una beca en Barcelona. En Rosario, estudió en los talleres de los maestros Marcelo Dasso y Juan Grela. Fue profesor en la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario (entre 1963 y 1989) y profesor titular de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario (de 1984 a 1989). Expuso desde 1960 en museos del país y del exterior, como Casa de las Américas (La Habana, 1992). Fue invitado a la III Bienal Americana de Artes Gráficas de Cali (Colombia, 1975) y a la Bienal de Grabado de América de Maracaibo (Venezuela, 1977). Entre los muchos premios nacionales e internacionales que ganó por su obra, en 1999 obtuvo la Mención Especial del Jurado del Premio Adquisición Alberto J. Trabucco.
Fuente:Rosario12
Fechas de pago del bono de 1500 pesos y los beneficios de las pensiones sociales 5110
agosto 18, 2020
El primero se percibirá este miércoles 19 de agosto, y los segundos, el 28 de este mes.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia dio a conocer las fechas del pago del bono de 1500 pesos y de los beneficios correspondientes a agosto para todas las Pensiones Sociales Ley 5110.
Atento a ello, este miércoles 19 se pagará el bono de $1500 para todos los beneficios que se perciban a través de la CPS Ley N° 5110.
En tanto, el pago del mes de agosto se hará efectivo el viernes 28 de agosto para todos los beneficiarios que comprenden las pensiones Sociales Ley N 5110, de ex Combatientes de Malvinas, de ex presos y presas políticos y de madres de desaparecidos.
Fuente:Notife
Coronavirus en la ciudad
Crecen los casos positivos en barriadas de Rosario
19/08/2020
La Subdirectora de los Centros de Salud Municipal, Silvina García, admitió este miércoles un aumento de los casos y consultas relacionadas al virus Covid-19 en barrios de la ciudad con respecto al área céntrica.
La funcionaria sanitaria señaló que el aumento en las últimas semanas de casos en distritos barriales “impacta de manera diferente” con respecto al área céntrica por diversos factores, uno de ellos son las “cuestiones de hacinamiento”.
“Por el aumento se está trabajando en los cuidados, y actuar rápidamente para bloquear la diseminación de los casos”, dijo la médica pediatra en una entrevista con la emisora LT8.
“Desde que comenzó la pandemia que los centros de salud municipales vienen trabajando tanto con pacientes sin Covid-19, y una atención diferencial por casos relacionados a la pandemia: Se han incrementado los casos en estas últimas semanas pero no es un escenario de desborde”, y agregó: “En los centros de salud municipales tenemos líneas telefónicas para casos de Covid-19, whatsapp y también se reciben consultas por la Facebook.
Consultada por la realización de hisopados y, si el aumento de la demanda generó demoras en los resultados, la Subsecretaria afirmó que las personas que tienen sintomatología se les realiza el hisopado el mismo días y el resultado se obtiene entre las 24 y las 48 horas aproximadamente”.
Este martes la ciudad registró 44 casos positivos de Covid-19 y dos personas fallecidas, según las autoridades sanitarias locales, un 70 por ciento de los casos positivos recientes en la ciudad fueron detectados en poblaciones que viven más allá de los Bulevares.
Desastre ambiental
Por el humo, centenares de consultas médicas
Muchas atenciones por afecciones a las vías respiratorias se registraron en los últimos 20 días, por la contaminación del aire por la quema en las islas, informaron este martes desde la UNR.
Lo reveló el asesor legal del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, al brindar detalles sobre cómo el humo que proviene de las islas del Delta afecta la calidad del aire y la salud.
El humo que no cesa sobre Rosario, por las reiteradas quemas en el humedal, “genera afecciones respiratorias a las personas sanas, pero hace mucho daño a la gente que padece enfermedades preexistentes como asma, alergías o Epoc”, añadió.
“Incluso, hay algunas problemáticas cardíacas, porque la mala calidad del aire también los impacta negativamente”, dijo De Bueno, según publicó la agencia Télam.
También comentó que a raíz de la situación por el humo, el Observatorio Ambiental de la UNR “puso a disposición de los vecinos un servicio de consultas médicas y otro de asesoramiento judicial”.
“Las personas deben conocer cuáles son sus derechos a la hora de generar algún reclamo judicial”, subrayó, y explicó: “Por un lado se genera un daño colectivo ambiental por el daño al humedal, la flora y fauna”.
“Mientras que a través del ambiente se genera un daño individual, llamado ´intereses individuales homogéneos, que es cuando son muchas las personas que tienen una afectación en su salud por un daño ambiental como la contaminación del aire”, completó.
Y continuó: “En este caso, la gente puede ir contra las autoridades públicas o contra los dueños de los terrenos (en las islas) que son solidariamente responsables”.
De Bueno detalló, luego que a raíz del humo que invade a la ciudad de Rosario, sobre las quemas en los humedales, que en los últimos 20 días tuvieron “más de 150 llamados por asesoramiento jurídico y otras 250 llamadas por afecciones a la salud”.
Por su parte, la directora de Salud del municipio rosarino, Silvia Marmiroli, dijo a Télam que las quemas en las islas “ya tienen más de una década en la ciudad”, pero desde enero último “los rosarinos vienen siendo azotados con intensidad por el humo”.
“Las quemas en las islas producen una mezcla de gases y partículas pequeñas que son inhalables, se depositan en los pulmones y son perjudiciales para la salud”, indicó.
La funcionaria explicó que el humo en las personas provoca, entre otras afecciones irritación ocular, goteo nasal, rinitis, laringitis, traqueítis, broncoespasmos,y crisis asmáticas.
Luego expresó que comparado con el 2019, este año tuvieron la particularidad que a partir del 20 de marzo, surgió la pandemia y el aislamiento social que “originó una disminución muy importante de consultas” en todos los centros de salud.
No obstante, reconoció que entre enero y febrero de este año sí detectaron aumento de consultas, sobre todo en los días en donde se visualizaba el humo en las islas. “Pero actualmente, el nivel de consultas es igualmente muy bajo”, concluyó.
Informe epidemiológico
Se registraron 44 nuevos casos en Rosario, y dos muertes
El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó que este martes se confirmaron 128 casos nuevos de Covid-19, en el territorio provincial.
Los casos nuevos corresponden a las localidades de:
● 44 de Rosario (26 contactos de casos confirmados y 18 en investigación).
● 13 de Venado Tuerto (9 contactos de casos confirmados y 4 en investigación).
● 9 de San Lorenzo (en investigación).
● 8 de Santa Fe (6 contactos con casos confirmados y 2 en investigación).
● 7 de Villa Constitución (5 contactos de casos confirmados y 2 antecedentes de viaje a zona
con circulación).
● 6 de Casilda (en investigación).
● 4 de Firmat (1 contacto de caso confirmado y 3 en investigación).
● 4 de Monte Vera (contactos de casos confirmados).
● 3 de Aldao (en investigación).
● 3 de Capitán Bermúdez (en investigación).
● 3 de Granadero Baigorria (en investigación).
● 2 de Elortondo (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación).
● 2 de Los Molinos (en investigación).
● 2 de Santo Tome (1 contacto con caso confirmado y 1 antecedente de viaje a zona con
circulación).
● 1 de Lehmann (en investigación).
● 1 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación).
● 1 de Alvear (en investigación).
● 1 de Bigand (contacto de caso confirmado).
● 1 de Empalme Villa Constitución (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Funes (contacto de caso confirmado).
● 1 de Helvecia (contacto de caso confirmado).
● 1 de Ibarlucea (en investigación).
● 1 de Laguna Paiva (en investigación).
● 1 de Las Toscas (en investigación).
● 1 de Pueblo Esther (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Rafaela (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Ricardone (contacto de caso confirmado).
● 1 de San Justo (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Sancti Spíritu (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Timbúes (en investigación).
● 1 de Tortugas (en investigación).
● 1 de Villa Ocampo (en investigación).
● 44 de Rosario (26 contactos de casos confirmados y 18 en investigación).
● 13 de Venado Tuerto (9 contactos de casos confirmados y 4 en investigación).
● 9 de San Lorenzo (en investigación).
● 8 de Santa Fe (6 contactos con casos confirmados y 2 en investigación).
● 7 de Villa Constitución (5 contactos de casos confirmados y 2 antecedentes de viaje a zona
con circulación).
● 6 de Casilda (en investigación).
● 4 de Firmat (1 contacto de caso confirmado y 3 en investigación).
● 4 de Monte Vera (contactos de casos confirmados).
● 3 de Aldao (en investigación).
● 3 de Capitán Bermúdez (en investigación).
● 3 de Granadero Baigorria (en investigación).
● 2 de Elortondo (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación).
● 2 de Los Molinos (en investigación).
● 2 de Santo Tome (1 contacto con caso confirmado y 1 antecedente de viaje a zona con
circulación).
● 1 de Lehmann (en investigación).
● 1 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación).
● 1 de Alvear (en investigación).
● 1 de Bigand (contacto de caso confirmado).
● 1 de Empalme Villa Constitución (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Funes (contacto de caso confirmado).
● 1 de Helvecia (contacto de caso confirmado).
● 1 de Ibarlucea (en investigación).
● 1 de Laguna Paiva (en investigación).
● 1 de Las Toscas (en investigación).
● 1 de Pueblo Esther (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Rafaela (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Ricardone (contacto de caso confirmado).
● 1 de San Justo (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Sancti Spíritu (antecedente de viaje a zona con circulación).
● 1 de Timbúes (en investigación).
● 1 de Tortugas (en investigación).
● 1 de Villa Ocampo (en investigación).
El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 3557.
En el día de la fecha se informó el fallecimiento de dos personas, una de 84 años y una de 89 años, ambas con residencia habitual en la localidad de Rosario.
Hasta la fecha se registran un total de treinta y cuatro (34) fallecidos en la provincia.
Cuarenta y tres (43) pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 21 con asistencia respiratoria mecánica y 22 sin asistencia respiratoria mecánica.
Ciento dieciocho (108) pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Hay un total de 2.398 pacientes recuperados.
Fuente:RedaccionRosario
ADVERTENCIA DE PEROTTI
Las actividades que serían restringidas si Santa Fe retrocede de fase
El Ministerio de Salud de Santa Fe recordó cuáles son las actividades que serían restringidas si la provincia retrocede de fase por el incremento de casos de coronavirus en la región.
El gobernador Omar Perotti había advertido este martes que “si sigue en aumento la circulación comunitaria” del coronavirus “volveremos a fase 1”. Asimismo, aclaró que en ese caso “los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron” sus actividades.
“Nosotros tenemos que saber que si sigue en aumento la circulación comunitaria, si seguimos con este nivel de casos, vamos a tener que ir retrocediendo”, dijo el mandatario al inaugurar la ampliación de un hospital en la localidad santafesina de Villa Constitución.
Las actividades que serían restringidas si la provincia retrocede de fase son:
- Las religiosas.
- Las deportivas (impliquen o no contacto físico entre los participantes).
- Reuniones familiares (que ya están prohibidas).
- Concurrencia a bares, restaurantes, cementerios, museos y bibliotecas.
- Pesca deportiva y recreativa. Navegación recreativa y actividades en guarderías náuticas.
- Enseñanza y aprendizaje de disciplinas artísticas.
- Actividad artística y artesanal a cielo abierto en plazas, parques y paseos.
- Salidas breves para caminata de esparcimiento.
- Concurrencia a shopping.
CON UN BONO NO ALCANZA
Javkin no levanta el tubo y los municipales siguen sin paritaria
Los trabajadores municipales de Rosario continúan reclamando por la apertura de paritarias. Este miércoles se reunirán en un plenario virtual en el ámbito de Festram "para evaluar los pasos a seguir a la expectativa de una nueva paritaria", detalló Yamile Baclini, secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, a Rosarioplus.com. Entienden que no hay excusas para no negociar aunque el gobierno local se escuda en la pandemia.
El paro de la semana pasada y la extensa y ruidosa caravana que tuvo lugar por distintos puntos de la ciudad parece haber pasado desapercibida para el gobierno de Pablo Javkin. La gremialista local destacó "el amplio acatamiento" de la medida de fuerza, aunque confirmó que aún no han recibido un llamado del Palacio de los Leones.
"En primera instancia para nosotros lo lógico y esperable sería tener una convocatoria paritaria, poder tener una reunión donde podamos hablar de una política salarial y tener una propuesta concreta", pidió.
Además, Baclini agregó: "Nos hemos encontrado con un silencio absoluto, lo único que nos ofrecieron fue un bono de 3000 por única vez, en negro, no remunerativo ni bonificable y ahí terminó todo".
En comunicación con este medio, la secretaria de Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario sostuvo que "si bien uno comprende el contexto de crisis general, no sólo a nivel local, enero, febrero y marzo no fueron meses de baja". Baclini destacó que en los primeros meses del año la recaudación fue normal y ni aún así recibieron una convocatoria para discutir los salarios.
Al respecto, detalló: "Aún después de la pandemia, el sector de trabajadores y trabajadoras municipales no paró nunca. Las áreas de Salud, Desarollo Social y tantas otras áreas que sin ser declaradas esenciales se anotaron como voluntarios para poder prestar servicios".
Además, resaltó la labor de los trabajadores de Obras Públicas en la construcción de los centros de aislamiento para la prevención del coronavirus y la labor continua de Parques y Paseos en la fumingación contra el dengue.
"Fueron muchas las áreas de la Muni que siguieron en actividad a través de sus trabajadores", sentenció.
A la hora de enumerar sus reclamos, la respuesta es contundente: "lo primordial es el salario".
"En lo que va del año no hemos tenido ninguna una recomposición salarial y la realidad es que ya en esta instancia ni siquiera estamos hablando de un aumento de sueldo. Estamos pidiendo evitar seguir perdiendo frente a los avances de la inflación", amplió.
La gremialista advirtió que los trabajadores municipales están pagando con su esfuerzo. "Cuando cobramos el sueldo uno no compra dólares ni monedas extranjeras o lo pone en bonos, acá el sueldo del trabajador y la trabajadora va al supermercado y el consumo interno de la ciudad", sostuvo.
También Baclini hizo mención al paro de la semana pasada. Aclaró que lamentaron la situación y "lejos está querer tomar medidas de fuerza".
"Por parte de la sociedad tenemos un reconocimiento y un agradecimiento por exponerse a la pandemia, fundamentalmente en el ámbito de la salud, sin embargo a la hora del reconocimiento económico no hay respuesta", reclamó.
"Estamos dispuestos a conversar, no es que tenemos una idea fija y no nos movemos de eso", indicó.
Por último, destacó que "el Estado debe dar el ejemplo cuando después exige a los privados. Queremos algo que realmente le sirva a todos los trabajadores, no sólo a los activos sino también a los jubilados".
Fuente:RosarioPlus
Fuente:RosarioPlus
Derechos sexuales
En el primer semestre hubo casi un 60% menos de abortos legales en la salud pública de Rosario
De enero a junio, 279 mujeres accedieron a una interrupción en hospitales y centros de salud, cuando en el mismo período del 2019 fueron 650. Una de las explicaciones es que la pandemia limitó acceso al derecho. En abril, ONU advirtió que podía haber 7 millones de embarazos no deseados en el mundo
18 de agosto de 2020
Arlen Buchara
De acuerdo con el Área de Estadísticas de la Secretaría de Salud Pública de Rosario, en el primer semestre de 2020 hubo 279 interrupciones legales del embarazo (ILE), de las cuales 132 fueron a través de los centros de salud con el método medicamentoso de pastillas de misoprostol y 118 fueron en hospitales con la técnica de Aspiración Manual Endouterina (Ameu). Además, hubo un total de 29 internaciones, una cifra baja si se tiene en cuenta que hace una década todos los abortos eran con internación y la mayoría de las mujeres llegaba a las guardias de los hospitales con riesgo de morir por abortos hechos en condiciones inseguras. Los datos de este año muestran que actualmente casi el 90 por ciento de las ILE se resuelve de manera ambulatoria y con un seguimiento de profesionales de la salud.
Los primeros seis meses de 2020 registran una baja significativa en relación al mismo período de 2019, cuando accedieron a un aborto legal 650 personas gestantes, es decir un 57,8% por ciento más que en 2020. De ese número, 316 fueron con misoprostol y 243 con Ameu. Las internaciones fueron 91.
“El contexto de la pandemia puede haber influido negativamente en el acceso de las mujeres y personas gestantes a la ILE. Para corroborarlo son necesarios estudios científicos o esperar al análisis estadístico anual, que mostrará la cantidad de embarazos y cuántos fueron no deseados. Además, hay que tener en cuenta la tasa de uso de anticonceptivos, que en los centros de salud se vienen entregando con normalidad, incluso llevando casa por casa. Si el número de embarazos no deseados crece podría ser un indicador de las consecuencias de la pandemia, pero es necesario analizarlo en profundidad luego de pasado el tiempo necesario”, opinaron desde la Secretaría de Salud Pública.
Además, informaron que desde que empezaron las medidas de aislamiento por el coronavirus, los abortos legales siguen garantizándose con normalidad con algunas modificaciones. La primera recomendación es que las personas que quieran acceder a una ILE vayan a los más de 80 centros de salud barriales antes que a los hospitales para evitar un posible contacto con infectados. Los métodos anticonceptivos se entregaron con normalidad, tanto en los centros o a través de la visita médica a la casa.
Pandemia y derechos sexuales
En abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) difundió un informe sobre salud sexual y reproductiva y el efecto de la pandemia en la vida de las mujeres y personas gestantes. En casi 30 años, entre 1990 y 2018, en el mundo se duplicó la cantidad de mujeres que usan métodos anticonceptivos: pasó de 470 millones a 840 millones.
Según el análisis, hasta marzo de este año 450 millones de mujeres utilizaban métodos anticonceptivos en 114 países de ingreso bajo y mediano prioritarios. La pandemia y el distanciamiento social, entre otras medidas para prevenir el contagio del coronavirus, generaron cambios en los sistemas de salud como alteraciones de las cadenas de suministro mundiales, la ocupación del personal clínico en la respuesta al Covid-19, limitación de servicios sanitarios, mujeres que no van a los hospitales por miedo a contagiarse, restricciones de circulación impuestas que se lo impiden, entre otros obstáculos.
Teniendo en cuenta estos factores, desde UNFPA estimaron que por la pandemia es probable que 47 millones de mujeres de 114 países no puedan acceder a anticonceptivos. Previeron que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes. Por cada 3 meses que se mantenga el confinamiento, habrá hasta 2 millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos.
Además, si el confinamiento se prolonga al menos durante 6 meses, se prevén 31 millones de casos más de violencia por razón de género. Se espera que, por cada 3 meses que prosiga el confinamiento, haya 15 millones de casos adicionales de violencia de género.
Según un estudio del Instituto Guttmacher, una disminución del 10% en el acceso a la atención por el impacto del Covid-19 en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones riesgosas. Además, con esta estimación calcularon que podía haber 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes de personas gestantes durante este año y 49 millones de personas tendrían insatisfechas sus necesidades en el acceso a los anticonceptivos.
Abortos en 2019
En total, en 2019 se registraron 1.054 abortos legales en la ciudad: 439 con pastillas y 490 con Ameu. Las internaciones fueron 125. Una vez más, los números dan cuenta de que casi el 90% de los abortos se resuelve de manera ambulatoria.
Los datos de 2019 muestran una leve baja en relación a 2018, cuando se debatió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso Nacional. En 2018 hubo 1.312 interrupciones, un 40% más en relación a 2017. El incremento del año del debate se explica en la difusión en los medios que tuvo Rosario como una experiencia modelo de aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que junto con la provisión de misoprostol, fue la receta para que desde 2012 no haya muertes por aborto clandestino.
En Argentina el aborto está despenalizado en caso de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada.
El Ministerio de Salud nacional lo hizo, pero sólo un tercio de las provincias de la Argentina lo cumplen. Rosario adhirió en 2012 y la provincia de Santa Fe en 2013, y después volvió a hacerlo en 2020 con el nuevo protocolo. En Rosario esta guía se aplica con un criterio de ampliación de derechos y se entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las técnicas usadas son las más seguras: pastillas de misoprostol que permiten abortar de manera ambulatoria hasta la semana 12 de embarazo y Ameu, que tampoco necesita internación.
Empresa en concurso
Se cierra el cerco judicial sobre los directivos de Vicentin y ex funcionarios macristas
Acreedores de la empresa pidieron una auditoría para determinar los motivos del quebranto. La Justicia Federal inhibió los bienes de Algodonera Avellaneda, pidió informes sobre el secretario privado del ex presidente Macri y levantó el secreto fiscal y bancario de Javier González Fraga
A solo una semana del plazo final para la presentación de los acreedores en el marco del concurso –el 25 de agosto–, la el juez federal Julián Ercolini inhibió los bienes de Algodonera Avellaneda –controlada por Vicentin– y pidió copias de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente Mauricio Macri referidas a los préstamos del Banco Nación. Ercolini también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex presidente de esa entidad, Javier González Fraga.
Los principales acreedores de Vicentin le pidieron a la Justicia provincial que autorice una auditoría forense para determinar los motivos del colapso de la empresa, que a fines de 2019 se declaró en “estrés financiero” y entró en default. El pedido fue presentado ante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien tiene en sus manos el concurso de acreedores de la firma oriunda de Avellaneda.
La auditoría forense es un proceso que involucra conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros y se utiliza generalmente en causas judiciales por fraude o malversación de fondos.
El pedido fue presentado por los principales acreedores de Vincetin: el Banco Nación, los bancos IFC y FMO y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Entre los cuatro reúnen la mitad de la deuda total de Vicentin.
Según el escrito divulgado este martes por el portal Punto Biz, se trata de “un paso indispensable” para el futuro de la convocatoria de acreedores, que vence el próximo 25 de agosto.
“Las conclusiones (…) servirán de apoyo también a una decisión si corresponde o no el desplazamiento íntegro del directorio de Vicentin”, señalaron los acreedores en la presentación ante el juez Lorenzini, quienes reclaman una explicación “seria, técnica y profesional” sobre lo sucedido durante el último año.
La auditoría solicitada deberá incluir un análisis exhaustivo sobre el grupo económico, sus flujos de caja y sus operaciones de exportaciones, entre otros. También pidieron un inventario de mercaderías y que se levante el régimen de confidencialidad para poder acceder a los correos electrónicos de los directores de Vicentin.
Inhibición de bienes
El juez federal Julián Ercolini decretó este martes la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda SA, propiedad del Grupo Vicentin, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a favor de la cerealera.
El magistrado dispuso una serie de medidas a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación en la que se analiza la “posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin”.
De acuerdo con el expediente, esa operación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos”, que actualmente “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos” y a la espera de un concurso preventivo.
La inhibición de bienes de la Algodonera Avellaneda “tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables” de esa firma y la “prohibición de innovar la composición accionaria” sin ser notificada a las autoridades correspondientes.
El magistrado no dispuso la inhibición general de bienes de la firma Vicentin SAIC porque ya está inhibida por el juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso de acreedores de la empresa, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Al requerir las medidas, el fiscal Pollicita había señalado que “los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.
Para ello, los funcionarios “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó Pollicita en base a documentación probatoria recibida en la causa.
González Fraga, hasta las manos
El juez Ercolini también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga.
El magistrado dispuso la misma medida sobre otras 24 personas, entre las que se encuentran el ex vicepriedente del Banco Nación, Lucas Llach, y los directivos de la empresa oriunda de Avellaneda Máximo Padoan y Sergio Vicentin.
Macri, complicado
Además, el juez Ercolini solicitó al juzgado de Lomas de Zamora que lleva adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente, vinculado a la gestión de préstamos para la empresa Vicentin.
Es otra medida requerida por el fiscal federal Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez Ercolini en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.
Según se informó semanas atrás en la señal de noticias C5N, en el celular de Nieto fue encontrada una anotación en el block digital del 22 de noviembre de 2019, en la que alguien indicaba: “Hablá con Martín Mura (ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires) por préstamo a Sergio Nardelli (por entonces, CEO de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”.
Fuentes del gobierno la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Télam que, efectivamente, a fines del año pasado Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación, vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin, pero que finalmente la propia entidad bancaria rechazó esa solicitud tras evaluar la documentación presentada por la empresa.
Al ordenar la medida, el juez Ercolini sostuvo: “Atento a los recaudos que demanda la producción de una diligencia de esta índole, solicítese al titular del juzgado mencionado que, por medio de la misma división que se encuentre efectuando el estudio pericial del teléfono celular secuestrado a Darío Nieto, encomiende la obtención de una copia forense de su contenido para ser elevada a este tribunal, de la que se indique indefectiblemente el correspondiente valor hash”.
A su vez, señaló, que “deberá detallarse cada paso llevado a cabo para realizar dicha copia forense y asegurarse en todo momento la adecuada preservación de la cadena de custodia del elemento secuestrado y de los datos informáticos del celular, como así también de la copia forense, con la indicación de los funcionarios intervinientes, los lugares de traslado y la fecha y hora en la que se produzca cada acto”.
El celular de Nieto fue secuestrado en el expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal luego de que el nombre del secretario privado de Macri –en la actualidad y durante su gobierno– apareciera mencionado en mensajes de Whatsapp intercambiados entre algunos de los espías imputados y la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Tendrá como destino el programa presupuestario creado por el Poder Ejecutivo en marzo pasado, para la atención de la pandemia por coronavirus
Miércoles 19 de Agosto de 2020
El ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, informó que el gobierno provincial trabaja en la concreción de un nuevo financiamiento por 6.000 millones de pesos que endrá como destino el programa presupuestario creado por el Poder Ejecutivo en marzo pasado, para la atención de la pandemia por coronavirus.
En ese sentido, el titular de la cartera señaló que se acordó con el Banco de la Nación Argentina un préstamo por 4.000 millones de pesos en el marco de lo establecido por la ley 13.978.
Agosto manifestó que las condiciones de devolución contemplarán un plazo de hasta 48 meses con un periodo de gracia y un costo financiero que tomará como base la tasa Badlar.
Dicho financiamiento tendrá como destino el programa presupuestario creado por el Poder Ejecutivo en marzo pasado, para la atención de la pandemia por coronavirus. Agosto confirmó que, adicionalmente, se analiza la posibilidad de emitir títulos públicos en pesos en el mercado local por hasta $2.000 millones, en la medida que las condiciones del mercado sean las adecuadas. El ministro indicó que, en el marco del programa financiero que lleva adelante, el Gobierno Provincial hizo uso del crédito por un monto de 15.600 millones de pesos en lo que va del año, a los que deberán adicionarse los nuevos 6.000 millones de pesos en la medida que la provincia obtenga las autorizaciones del Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central.
Fuente:laCapital
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