Rechazan el amparo de Coalición Cívica para tumbar DNU presidencial
Otro revés judicial de los anticuarentenas
El plan era abrirle una causa penal al presidente Fernández por prohibir eventos sociales y familiares en lugares cerrados durante la epidemia.
Por Juan Carlos Tizziani
El juez federal Marcelo Bailaque debería desestimar la causa.
Desde Santa Fe
Los anticuarentenas sumaron ayer otro revés judicial en Santa Fe. El fiscal federal Walter Rodríguez dictaminó en contra del amparo que promovieron dos dirigentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Sebastián Julierac y Mauricio Amer, para que se deje sin efecto el DNU 641 del presidente Alberto Fernández que prohibió “los eventos sociales y familiares en lugares cerrados” y le pidió al juez que interviene en la causa, Marcelo Bailaque, que lo desestime. La acción apuntaba a dos objetivos: una cautelar que declare “inconstitucional” el DNU y suspenda las restricciones, pero también abrirle al primer mandatario una causa penal que lo investigue por supuesta “suma del poder público” y le aplique la pena que impone el artículo 29 de la Constitución Nacional a los “infames traidores a la patria”. Un delirio político. Por el primer hecho, el fiscal dijo que Julierac y Amer no aportaron ninguna “argumentación lógica” que priorice las reuniones afectivas por encima del “derecho colectivo a la salud pública” y el “derecho subjetivo a la vida”. Y por el segundo, los mandó a leer. “En lo relativo a la causa impulsada contra el Presidente de la Nación, los accionantes han omitido considerar que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico para solucionar los conflictos” y “soslayaron los alcances del régimen legal de los DNU regulados por la ley 26.122”. En otra palabras, que no judicialicen la política y si tienen un planteo contra el decreto, el ámbito para hacerlo es el Congreso. Así que solicitó al juez que “desestime formalmente la iniciativa de ejercitar la acción penal pública” contra el Presidente “respecto del alegado delito” de traición a la patria y “revise su competencia” en el asunto.
El amparo que Julierac y Amer presentaron en el fuero federal de Santa Fe es mellizo al que sus colegas de la Coalición Cívica promovieron en distintos tribunales del país. Lo dijo el propio partido de Carrió el 6 de agosto. La operación era “promover acciones de amparos” idénticas en distintas provincias contra el decreto 641 que prohíbe los encuentros. “Los sociales o familiares en espacios cerrados y domicilios, cualquiera sea el número de concurrentes”. Y los “culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados” con más de 10 personas. A juicio de la Coalición Cívica, las “medidas adoptadas” por el decreto presidencial “devienen violatorias de numerosos derechos protegidos por la Constitución” y son “arbitrarias” al limitar el número de asistentes en espacios abiertos a no más de 10 personas.
La acción iniciada en Santa Fe planteaba dos objetivos. Uno es conocido porque se proclamó en los medios cuando se presentó la demanda la semana pasada (promover la “inconstitucionalidad” del DNU 641, suspender sus efectos y habilitar los encuentros familiares y sociales sin restricciones). Pero la otra se conoce ahora. Era abrirle a Fernández una causa penal para que se lo investigue por el supuesto “ejercicio de la suma del poder público” al arrogarse facultades legislativas del Congreso y aplicarle la pena del artículo 29 de la Constitución a los “infames traidores a la patria”.
Es “público y notorio” –dijo el fiscal- que los amparos que se promovieron en Santa Fe y en otros tribunales del país con el mismo fin, responden a un plan. “Una planificación deliberada” –la calificó- para sacar fallos “contradictorios” sobre un mismo hecho, lo que “implica un desgaste de las estructuras del sistema donde se pretende accionar”.
Entonces, al planteo para que se deje sin efecto el DNU que prohíbe las “reuniones sociales y familiares”, el fiscal dijo que Julierac y Amer no pudieron fundar su pedido. No ofrecieron ninguna “argumentación lógica”, que “ante los bienes jurídicos en juego”, permita “priorizar su reclamo por sobre otros de mayor envergadura y relevancia, como el derecho colectivo a la salud pública y el derecho subjetivo a la vida, teniendo en cuenta las características de contagio propias de la Covid, según lo expresan opiniones científicas autorizadas”. Más, ante la escalada de la epidemia en distintas zonas de la provincia.
“Y en lo relativo a la causa impulsada contra el Presidente de la Nación, los accionantes han omitido considerar que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico para solucionar los conflictos” y “soslayaron los alcances del régimen legal de los DNU regulados por la ley 26.122”
Por lo tanto, “ante la ausencia de presupuestos objetivos” para investigar al jefe de Estado, el fiscal le pidió al juez Bailaque que “desestime formalmente la iniciativa de ejercitar la acción penal respecto del alegado delito” de traición a la patria y “revise su competencia” sobre el asunto.
20 de agosto de 2020
Los coleros digitales de Transatlántica
Bajo la lupa del Banco Central
La entidad bloqueó numerosas cuentas por operaciones fraudulentas. El grupo empresario rosarino dijo que es "víctima".
Rebanking -entidad digital- opera desde Transatlántica Rosario.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
“En esto, somos víctimas y denunciantes, no somos investigados”, aclaró ayer el gerente general de Transatlántica Compañía Financiera, Gastón Arana, luego de que trascendiera que Rebanking -entidad digital del grupo- quedó bajo la lupa del Banco Central de la República Argentina por operaciones fraudulentas vinculadas a la compra de dólares. El BCRA bloqueó más de 4600 cuentas tras cruzar datos e investigar movimientos durante varias semanas. En esta oportunidad, los penalizados no son solo los "coleros digitales".
La sanción fue difundida mediante las comunicaciones "C" 87905 y 87906 giradas a todos los operadores del mercado. La investigación local se concentró en Rebanking, entidad digital del Grupo Transatlántica, que había abierto gran cantidad de cajas de ahorro en pesos ligadas a cajas de ahorro en dólares, sin armar la carpeta con la documentación que la normativa dispone para cumplir con la obligatoriedad de lo que se conoce como "conoce a tu cliente". Se trata de un paso clave de la normativa contra el lavado de dinero.
Si bien las normas que favorecen la bancarización autorizan a abrir cuentas en pesos de manera remota o por medios digitales, no lo permiten en el caso de las cuentas en moneda extranjera. En estos casos, el banco o la financiera actuante debe solicitar documentación respaldatoria y si el titular no la aporte debe cerrar esa cuenta. "En este caso ambas cuentas estaban abiertas y operativas", explicó un funcionario ligado a la investigación.
Desde Rebanking aclararon que la inhabilitación de cuentas de “coleros digitales”, no tiene nada que ver con supuestos incumplimientos por parte de la empresa. “En la banca digital, el estándar que nosotros tenemos está aprobado por el BCRA y es el mismo para abrir una cuenta en pesos como para abrir una en dólares. Esta inhabilitación de cuentas en las que avanzamos, no lo hicimos por presunto incumplimiento de normas antilavado de dinero, sino por infracción a la Ley Penal Cambiaria”, explicó el gerente del grupo.
De acuerdo con el ejecutivo, la movida de investigar operaciones sospechosas fue iniciativa de los propios bancos digitales. “Advertimos -en especial desde mayo, cuando la brecha se agrandó- algunas operatorias de este tipo y lo abordamos con premura en conjunto con el BCRA en acciones para restringirlas: les cerramos las cuentas a los organizadores, inhabilitamos a las personas que se habían prestado como coleros e hicimos las denuncias correspondientes”.
Si bien, luego de estos hechos las medidas de control tecnológico se profundizaron (chequeo de onboarding, geolocalización y cuentas de email), según Arana, el freno definitivo lo puso el mismo Banco Central a través de una normativa (Comunicación “A” 7072) que virtualmente prohibió las transferencias bancarias entre cuentas en dólares. Con lo cual, se entiende que la lista difundida ayer por la entidad de conduce Miguel Pesce corresponde a investigaciones abiertas semanas atrás cuyo resultado se supo ahora. “A partir de la medida oficial esta operatoria no existe más, los coleros digitales desaparecieron”, concluyó el gerente de Transatlántica.
20 de agosto de 2020
Acusado de robo fue "reducido" por vecinos y "entregado" a la policía
Fiscalía investiga la muerte en custodia de un joven en San Lorenzo
Un joven de 21 años falleció este miércoles mientras estaba detenido en la comisaría 7ma de San Lorenzo, donde llegó tras haber sido "reducido" y "entregado" a la policía por vecinos, acusado de un hecho de robo. Hay dos detenidos.
"Aproximadamente a las 14 (del miércoles) se dio aviso al Unidad Fiscal de San Lorenzo de un hecho de robo ocurrido en la vía pública, cuando un joven de 21 años, en modalidad de arrebato, logra extraerle una mochila con elementos personales a una persona", indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. La víctima del robo "comenzó a perseguirlo y el acusado ingresó a un domicilio particular donde se encontraba una mujer con dos menores, quien solicitó auxilio a familiares que se hicieron presentes". Allí, "lo golpean y reducen, entregándolo luego a personal policial". En tanto, pasada las 17, se dio aviso a la Unidad Fiscal de San Lorenzo en turno, a cargo de Carlos Ortigoza, del fallecimiento de Cristian Alvarez, tras descompensarse en la seccional, cuando "estaba siendo fichado por el hecho de robo".
Cuando se solicitó presencia del médico policial, éste dio cuenta de "diversos traumatismos en zona de rostro y cuerpo", por lo que el fiscal libró la detención de dos personas, familiares de la mujer que solicitó auxilio, que redujeron al fallecido. Se trata de un hombre mayor y un adolescente que quedó a disposición de la justicia de Menores. "Su situación procesal se resolverá en las próximas horas", indicaron desde Fiscalía.
En tanto, se solicitará una autopsia "bajo el protocolo de Minnesota por ser una muerte en custodia", agregaron.
20 de agosto de 2020
UTA decidió continuar con el servicio
Colectivos en marcha
Los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario acordaron ayer en asamblea general continuar con las actividades y prestar el servicio de colectivos en forma normal. La continuidad en los recorridos de los ómnibus se logró tras la garantía de los fondos aportados por el municipio y la provincia equivalentes a un 50 por ciento del salario de los trabajadores. "Esto es paso a paso", dijo el secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello en conferencia de prensa en la sede gremial de 27 de Febrero al 600. El sindicalista indicó que más allá de las pretensiones de cobrar sus haberes en tiempo y forma "esta circunstancia nos lleva a esto. Desde mayo hasta acá, las cosas fueron variando y tenemos el ciento por ciento de los compañeros en actividad, sin despidos y con el cobro de sus haberes".
20 de agosto de 2020
48 HORAS
Paro municipal
Los trabajadores municipales lanzaron un paro por 48 horas. La decisión fue tomada en el plenario virtual de Festram en el que la bronca por el bono que les ofrecieron -en negro o remunerativo ni bonificable- se hizo sentir a punto tal de convertirse en medida de fuerza. El paro, adelantaron fuentes gremiales, se realizará "debido a la falta de propuesta paritaria" los días miércoles 26 y jueves 27 garantizando los servicios esenciales requeridos por la pandemia. La secretaria del sindicato en Rosario, Yamile Baclini, había adelantado que "si bien uno comprende el contexto de crisis general, no sólo a nivel local, enero, febrero y marzo no fueron meses de baja", por tanto entienden que la pandemia, si bien es un tema a tener en cuenta, no puede servir como excusa para no negociar.
20 de agosto de 2020
CONCEJO
Inspección de obras
A pedido de la titular de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal, Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, se extenderá por cinco sesiones ordinarias el estado parlamentario de expedientes presentados por particulares. Por otro ladoy quedó en estudio la iniciativa del edil Agapito Blanco que planteó modificar atribuciones de la Dirección General de Obras Particulares, para que las inspecciones en las obras en construcción sean obligatorias. Gigliani coincide con la “esencia del proyecto”, y mencionó la necesidad de conocer la opinión del Departamento Ejecutivo, respecto a “si está en condiciones de cumplir”. Igualmente señaló que “es importante la doble acta del inspector que verifica en el momento si hay o no incumplimientos”.
20 de agosto de 2020
Comienza un juicio emblemático por gatillo fácil
Castigo para un crimen negado
El prefecto Ariel Condori enfrenta pedidos de pena de 20 y 30 años por el asesinato de Maximiliano Zamudio, en 2015
Por Lorena Panzerini
María, la mamá de Maximiliano, nunca bajó los brazos en su reclamo de justicia
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
A más de cinco años del crimen de Maximiliano Zamudio, el lunes comienza el juicio contra el prefecto Ariel Condori, y será parte de una semana de lucha contra la violencia institucional (ver aparte). El acusado enfrenta pedidos de pena de 20 y 30 años de prisión, por parte de la Fiscalía y la querella que representa a la familia del pibe de 16 años que fue baleado en barrio Tablada. El tribunal compuesto por Héctor Núñez Cartelle, Paula Alvarez y Valeria Pedrana escucharán más de una veintena de testimonios, durante los tres días que durará el debate. Se trata de uno de los casos emblemáticos en la lucha contra el llamado gatillo fácil, ya que el reclamo de familiares y organizaciones permitió que la causa llegue a juicio oral, después de haber sido archivada dos veces.
La noche del 27 de mayo de 2015, Condori estaba en un Ford Falcon color blanco, en Patricias Argentinas al 4350, entre Ameghino y Uriburu. Zamudio se acercó al automóvil y luego de intercambiar unas palabras con el acusado, éste disparó con su arma particular. El prefecto --que estaba de civil-- intentó justificar que actuó en legítima defensa ante un hecho de robo. Testigos, en cambio, aseguran que "remató" a Maxi cuando se bajó del auto, luego de tirarle el primer disparo.
"Valoramos sobremanera llegar a esta instancia porque tuvimos que enfrentar dos archivos de la causa y hubo que recurrir esas decisiones, por lo que finalmente nos dieron la razón", dijo el abogado querellante Guillermo Campana. "Llegamos con mucha expectativa porque entendemos que logramos conformar pruebas y material que nos habilita a discutir la responsabilidad penal de Condori, como homicida".
La calificación penal con la que Condori se sentará en el banquillo es la de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego"
Sobre las circunstancias del caso, Campana expresó: "Son las que denunciamos siempre: ellos se encontraron en cercanías a la casa de Maxi, en barrio Tablada, y después de un intercambio, una discusión, Condori le disparó un primer tiro al costado del cuerpo y cuando ya había girado, le dio el tiro mortal. Esto nos da a entender que fue una ejecución ilegal, por parte de una persona que si bien no estaba en funciones no deja de ser miembro de la fuerza, por tener un dominio en el tema de armas y que tiene la obligación de restringir el uso letal de la violencia, sobre todo porque su vida no estaba comprometida". Y aseguró: "Aunque diga que Maxi lo estaba amenazando con la culata de un rifle; incluso si fuera cierto que Maxi intentó robarle, no se justifica el disparo mortal. Su coartada no cierra. Dijo que Maxi le sacó el celular, pero hay registros de que siguió funcionando el aparato, que no fue encontrado entre las cosas de Maxi. Otra de las cuestiones que no está probada es que haya concurrido con una vecina al lugar, porque los testimonios son discordantes". Además, Campana recordó que hubo un hecho previo que no dejaron pasar: "la detención de un pibe, amigo de Maxi, al que se le preguntaba si era Zamudio. Entendemos que hay un trasfondo que no pudimos dilucidar, por el cual Condori fue al barrio y terminó con la vida de Maxi". Por todo, aseguró: "Las expectativas son buenas y sostenemos el pedido de 30 años de prisión por haber fusilado a un niño de 16 años. Esperamos que sea el cierre de una etapa de esta lucha que fue larga hasta llegar a este momento".
La calificación penal con la que Condori se sentará en el banquillo es la de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". La querella considera que la pena debe ser de 30 años por entender que no fue un hecho que cometió una persona cualquiera, sino "un miembro de la fuerza de seguridad, que hizo todo lo contrario a lo que debía hacer". En tanto, la Fiscalía pedirá 20 años. Pese a que los querellantes solicitaron en noviembre pasado que el acusado esté en prisión preventiva, la fiscal Karina Bartocci señaló que cumplió con el proceso en libertad, y se resolvió que siga en esa situación hasta el juicio.
Llegar a esa instancia le da orgullo a María, la mamá del adolescente cuyo rostro estuvo en cada marcha, en cada reclamo, durante estos cinco años y que permanece firme desde la imagen del perfil de WhatsApp de la mujer. En el camino de búsqueda de justicia soportó que dos fiscales le dijeran que la causa por el crimen de su hijo sería archivada. Cuando recuerda esos días pone la voz firme: "Nunca bajé los brazos", dijo a este diario. Y no deja de reclamar: "Justicia por Maxi... quiero que descanse en paz".
Desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, recordaron que fueron "5 años de arduo y sinuoso proceso de construcción de justicia que encarnó su familia junto con el equipo jurídico y las organizaciones". Y destacaron que la lucha se hizo "desde el primer momento pronunciando la verdad de lo sucedido contra las versiones policiales y judiciales, así como enfrentando los distintos reveses en la causa".
20 de agosto de 2020
PROTESTA
En calles y redes sociales
Rosario será parte, por cuarto año consecutivo, de la #MarchaNacionalContraElGatilloFácil. Por la situación epidemiológica, la actividad se dará en diferentes modalidades que adelantaron desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional junto con otras organizaciones. Se trata de una nueva edición que se plasmará "en las calles y en las redes sociales". La movida incluye la cobertura en las redes sociales del juicio por el crimen de Zamudio; acompañamiento de la audiencia preliminar por el caso María de los Ángeles Paris --que tiene a cinco policías imputados--; colocación de pasacalles en el recorrido tradicional de la marcha (desde los Tribunales Provinciales, pasando por calle Oroño, Córdoba y la plaza San Martín), con las consignas de la lucha. También habrá intervenciones artísticas frente al Centro Justicia Penal, con transmisión por las redes sociales; y un tuitazo (el jueves) con los hashtag #NiUnxPibxMenos, #ElEstadoEsResponsable, #BastaDeGatilloFácil, #JusticiaPorMaxiZamudio, #MarchaNacionalContraElGatilloFácil y #JusticiaPorLxsPibxs.
20 de agosto de 2020
RECLAMO
Asistencia a jardines
Imagen: Sebastián Joel Vargas
El sector de los jardines de infantes volverá hoy a sus protestas de los jueves, con una carpa negra en la plaza San Martín, que se instalará de 10 a 16. Además, continuarán con la feria de productos de jardines de 13 a 16 y harán un rodeo a gobernación. Subvención de salarios docentes y aumento de la asistencia económicas son los reclamos que harán con la consigna "el gobierno tiene que responder". "¡El momento es ahora!", "¡Por nuestros jardines y la educación de la primera infancia!", son algunas de las consignas que levantan las instituciones privadas que relatan una situación "desesperante", ya que no pueden desarrollar sus actividades habituales desde marzo, y deben sostener tanto la infraestructura como el personal.
Fuente:Rosario12Santa Fe, segunda en anotados al Procrear
Frana: “Esto demuestra la gran demanda de vivienda”
20/08/2020
La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, aseguró que la cantidad de santafesinas y santafesinos inscriptos al cierre de la primera tanda del Procrear “es alentador y también pone en evidencia la gran demanda”. Además, cuestionó la falta de políticas de viviendas en los últimos 4 años, tanto a nivel provincial como nacional.
Con más de 160 mil registros cerró la primera tanda de inscripciones al programa nacional de viviendas. En la provincia hubo casi 17 mil anotados, sólo superada por Buenos Aires. “Es alentador y también pone en evidencia la gran demanda que hay de poder contar con una vivienda propia”, señaló Frana, quien en contacto con Radio Nacional Rosario, destacó: “Esto habla a las claras de lo virtuoso que fue este programa”.
“Es más que alentador y de alguna manera pone en evidencia la gran demanda que hay en la sociedad argentina de poder contar con una vivienda. Reeditar el Procrear habla a las claras de lo virtuoso que fue este programa y lo conveniente que fue para nuestra gente trabajadora”, amplió.
La funcionaria provincial recordó que “lamentablemente en la gestión de los últimos 4 años hubo un programa que se denominó UVA y hoy aún hay muchas familias que siguen estando perjudicadas, porque no lo pueden pagar, no podían cancelar el crédito”.
Como contrapartida de ese plan del gobierno de Mauricio Macri, se volvió a lanzar el Procrear, en el que “tenemos muchas expectativas –remarcó Frana– por volver a tener un programa que ha sido virtuoso desde muchos puntos de vista, no sólo por la posibilidad de acceder a la vivienda, que es el objetivo fundamental, sino también por la posibilidad de pagarlo”.
La titular de la cartera provincial de hábitat indicó que los 16.881 anotados en Santa Fe fueron producto de “ser una provincia muy poblada, pero también es cierto que hay una gran demanda debido a los muchos años en los que hubo algunas respuestas, pero no las que la provincia necesitaba por la gran demanda que hay”.
Para los que quedaron afuera en esta instancia, la Ministra indicó que “el propósito es que en estos cuatro años el programa se amplíe, y quienes no se pudieron inscribir en esta primera instancia, no tengo dudas de que el año que viene habrá una nueva inscripción”.
En cuanto a las medidas del Gobierno de Santa Fe para implementar el Procrear, Frana reveló que “lo primero que hicimos fue tener un registro de terrenos fiscales, que serán muy importantes a los efectos de, cuando lleguen los planes definitivos, poder tener un lugar donde desarrollarlo”.
La pandemia en Santa Fe
Ante el aumento de casos de Covid-19 analizan cambiar de fase
20/08/2020
La ministra de Salud, Sonia Martorano, advirtió este jueves que el gobierno de la provincia de Santa Fe se encuentra en alerta evaluando la situación epidemiológica minuto a minuto, frente al considerable incremento de los contagios en toda la provincia.
Básicamente, si el número de casos pusiera en riesgo las disponibilidades de camas críticas de internación, la primera medida consistiría en pasar de la fase 4 a 3. Y, de este modo, se inhabilitarían nueve actividades.
Cabe recordar que la fase 4 comprende el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), y la fase 3 el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Al respecto, Sonia Martorano explicó que “si la situación epidemiológica lo demanda y el número de contagios entra en tensión con la disponibilidad de camas críticas, la prioridad es la vida y la salud de la población”.
“En ese caso –precisó la funcionaria– debemos suspender las actividades religiosas; deportivas; las reuniones familiares y afectivas; la concurrencia a bares; restaurantes; cementerios; museos y bibliotecas; la pesca deportiva y recreativa; la navegación recreativa y actividades de guarderías náuticas; la enseñanza y aprendizaje de disciplinas artísticas; la actividad artística y artesanal a cielo abierto; las salidas breves para caminatas de esparcimiento, y la concurrencia a shoppings”.
Fases y actividades comprendidas
“Haciendo un repaso, la fase 1 comenzó en marzo por decreto presidencial. Fueron tres meses fundamentales que nos permitieron preparar el sistema de salud y proveernos de todos los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia; pensando en un escenario que está comenzando a generarse ahora, en zonas del país y de la provincia con transmisión comunitaria y por pequeños o grandes conglomerados”, dijo Martorano.
Y destacó: “También esos tres meses fueron fundamentales porque retrasaron la duplicación de los contagios”.
“Ese momento –continuó explicando la ministra de Salud– fue de estricto aislamiento (ASPO). Solo estaban permitidas las actividades esenciales que, básicamente, comprendían al 10 por ciento de la población ocupada en brindarlas. En esos tres meses únicamente podíamos salir para comprar alimentos, medicamentos o por asistencia médica”.
En ese sentido, Martorano describió que ya en la fase 2, “se habilitó un 25 por ciento de circulación de personas, algunas obras públicas o privadas a cielo abierto con cinco operarios y actividades comerciales menores, entre otras”.
Tras esto, Martorano continuó: “En la fase 3, que es la anterior a la actual, teníamos un 50 por ciento de circulación: podríamos volver en cualquier momento si los dos indicadores básicos –duplicación de casos y número de camas críticas– se pusieran en tensión”.
La ministra de Salud explicó, además, que estas medidas no se toman de modo arbitrario o caprichoso. “Cada 14 días de apertura de nuevas actividades fuimos viendo el resultado y los efectos, que se traducen en el número de contagios y ascenso de la curva”, puntualizó.
Para cerrar, la ministra enfatizó: “Sin querer ser reiterativos y poniendo las esperanzas en la vacuna que comenzará a desarrollarse en el país, insistimos en que, por el momento, solo nos queda el autocuidado y la conciencia social. No abandonar las medidas de distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso permanente de barbijo y evitar las reuniones sociales y afectivas, entre otras”.
Fuente: Prensa de Gobernación de Santa Fe.
Fuente:RedaccionRosario
ENDEUDADOS Y APRETADOSInquilinos piden que siga el congelamiento de los alquileres
La Asociación de Inquilinos Rosario alertó sobre la necesidad de tomar medidas para enfrentar la crisis que atraviesan los inquilinos de la ciudad y solicitó que la extensión del decreto nacional que prohíbe los desalojos, prorroga la finalización de los contratos y congela el precio de los alquileres hasta octubre.
“Es necesario implementar de manera urgente la extensión del Decreto 320 hasta el 31 de Marzo”, pidió Emmanuel Canelli, presidente de la organización, y agregó: “Asimismo, con esta medida aisladamente no alcanza, por eso les solicitamos dos ejes más: por un lado, un mecanismo que ayude a enfrentar el endeudamiento que contrajeron los inquilinos y se hace impagable; por otro lado necesitamos que se implemente la autoridad de aplicación que controle la nueva ley de alquileres, estamos atravesando una readecuacion del alquiler, está situación hace necesario que el Estado esté presente para controlar y regular los nuevos contratos y exigencias”.
Desde la Asociación de Inquilinos afirman que vienen manteniendo charlas y reuniones con el gobierno para lograr la extensión del Decreto 320/2020, pero la respuesta por este momento es “el compromiso a analizarlo”, aún no hay una respuesta firme.
“Se hace preciso que la definición sea lo más pronto posible, hay muchísima gente expectante y necesita una confirmación, van pasando los días y se acerca el 30 de septiembre, fecha que concluye el paraguas de protección del DNU 320. Hay muchas personas que ya les án exigiendo dinero para señar una nueva vivienda o renovar en la que está”, concluyó Canelli.
Fuente:RosarioPlus
El 80 por ciento de los pacientes por covid tratados con plasma en Santa Fe muestran amplia mejoría
Los resultados los aportó el director del Centro Único de Ablación e Implantes de Órganos (Cudaio), Armando Perichón. Aclaró que por ahora no son suficientes para demostrar la eficacia del tratamiento, pero son alentadores. La provincia participa de un ensayo a escala nacional. Quiénes pueden donar
20 de agosto de 2020
De 68 pacientes con covid-19 sometidos a tratamiento con plasma de convalecientes de la enfermedad, 54 experimentaron una notable recuperación de su salud. Lo adelantó el director del Centro Único de Ablación e Implantes de Órganos (Cudaio), Armando Perichón, este jueves en una entrevista radial. El funcionario aclaró que esas cifras –80 por ciento de efectividad– son alentadoras pero no alcanzan escala estadística como para obtener una conclusión terminante sobre la eficacia de la terapia. Lo que se hace en la provincia es parte de los ensayos a escala nacional para evaluar el método.
“Si bien aún estamos haciendo análisis de observación de lo que está pasando, como parte de un ensayo nacional, y aún no podemos sacar conclusiones porque no son muchos los casos, puedo confirmar que de 68 pacientes a los que les fue suministrado plasma, 54 modificaron sensacionalmente su estado en 24 ó 48 horas”, informó Perichón a LT8.
El director del Cudaio explicó que el tratamiento para reducir los efectos del virus sars-cov-2 no se aplica a todos los contagiados, y a priori sus resultados dependen de una aplicación en un estadio temprano del cursado de la enfermedad. “No todo paciente puede recibirlo. Hay un momento oportuno para aplicar plasma, y es para quienes presentan marcadores biológicos indicadores de que la enfermedad avanza, cuando hay infiltraciones en base pulmonar que llevan a los enfermos a desaturar oxígeno”. En general, agregó, se realizan una o como máximo dos aplicaciones de plasma con anticuerpos a los pacientes con coronavirus.
La otra punta: los donantes
Perichón señaló que, hasta este miércoles, el Cudaio tenía registrados 245 donantes de plasma en Santa Fe. “Más de la mitad de ellos está en proceso de selección, parecida a la que se hace para las transfusiones de sangre”, explicó. Los donantes deben presentar “niveles de anticuerpos altos para poder donar”, especificó. Y no cursar una enfermedad ni presentar contraindicaciones para la extracción de sangre. Los requisitos, de hecho, son los mismos que para la donación de sangre y se pueden consultar en esta página oficial.
Una persona que transitó el covid-19 y se recuperó, dependiendo de sus condiciones físicas, puede donar plasma todas las veces que quiera, aunque con una ventana de 15 días entre cada extracción. Una hipótesis, sin embargo, acota esta infinitud: el nivel de anticuerpos en sangre de un convaleciente tiende a disminuir con el tiempo.
El proceso: una hora
El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente de la sangre: ni glóbulos rojos, ni blancos ni plaquetas. Estos componentes se devuelven al paciente sin el plasma, que es el líquido de sustento de la sangre que el organismo regenera con rapidez.
Antes de la extracción, se lleva a cabo una entrevista al donante, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud de él y la del receptor anónimo.
El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos.
El Centro de recolección de plasma –en Santa Fe a cargo del Cudaio– provee el plasma a los centros de salud donde están internados los pacientes a los que se decide aplicar la terapia.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Revelan que en Pichincha cerraron 15 bares y restaurantes durante la pandemia
El presidente del Mercado de Pichincha, Reinaldo Bacigalupo, dijo que el cierre de Johnny B. Good, en la esquina de Oroño y Güemes, "no es un caso aislado". La situación es complicada para una de las zonas más importante del polo gastronómico de Rosario.
La situación es complicada para una de las zonas más importante del polo gastronómico de Rosario.
Jueves 20 de Agosto de 2020
Reinaldo Bacigalupo, presidente del Mercado de Pichincha, reveló que el cierre del pub Johnny B. Good “no es un caso aislado” y que el cese de negocios en ese rubro de gastronomía “es algo que se ve con mucha frecuencia”. En esa entidad que agrupa a los bares y restaurantes en una de las zonas más grandes en el circuito gastronómico, llevan contabilizados 15 negocios cerrados desde que se inició la pandemia.
La novedad del cierre del pub ubicado en la emblemática esquina de bulevar Oroño y Güemes, con 45 empleados en la calle, causó un fuerte impacto en uno de los rubros que más sufrieron los perjuicios económicos por la pandemia. Una crisis económica que viene de arrastre del año pasado y las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus fueron el cóctel explosivo que terminó poniendo en crisis a uno de los sectores más pujantes del comercio de Rosario.
Además de Johnny B. Good, en las últimas semanas bajaron sus persianas entre otros Queen's, también en Oroño y Güemes; El Resorte, en Jujuy y Pueyrredón, y Blest, en Alvear y Güemes.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Bacigalupo contó que “alrededor de 15 bares y restaurantes cerraron en la zona de Pichincha, sólo de los que participan en la asociación civil. Hay otros que no cerraron definitivamente, pero que están cerrados en pandemia y no sabemos si volverán a abrir. Hay muchos en venta. La situación es complicada porque somos un polo importante en Rosario.
Al ser consultado sobre el costo de los alquileres en la zona más tradicional y comercial de Pichincha, Bacigalupo dijo que “son altos” y que si bien algunos dueños bajaron un poco sus pretensiones por la pandemia, “ahora que los locales están abierto y el 80 por ciento de los negocios está pagando el alquiler al ciento por ciento. Con los números de facturación actual es muy difícil cumplir con ese pago”.
El empresario sostuvo que muchos contratos de alquiler “están dolarizados. Eso es una locura. Siempre recomendamos que nadie acepte un alquiler en dólares. Un alquiler en la zona más emblemática de Pichincha, un alquiler ronda los 400 mil o 500 mil pesos, en locales grandes, de 500 ó 600 metros cuadrados. Pero los alquileres más bajos rondan los 60 mil pesos para arriba”.
Bacigalupo indicó que la gastronomía en Rosario “está funcionando a pérdida''. Tener los locales abiertos es un atenuante, pero la realidad es que las pérdidas siguen siendo grandes y los locales siguen sin llegar a un punto de equilibrio”.
En ese sentido, expresó que hay tres factores muy importantes que golpean al rubro. “La recesión económica como producto de la pandemia, que seguirá por mucho tiempo; la capacidad de ocupación de los locales al 50 por ciento, y a restricción horaria.
“Sobre los dos primeros, no podemos hacer nada. Nadie está pidiendo ampliar la capacidad. Pero pedimos que se flexibilice la restricción horaria, que nos otorguen una extensión en el horario de atención al público”, agregó.
“La gente puede entrar hasta las 23 y eso hace que trabajemos en un solo turno de los dos. El argentino está acostumbrado a salir hasta más tarde. Ese combo de capacidad ocupacional reducida y restricción horaria hace que estemos trabajando a un 25 por ciento o 30 por ciento de nuestra capacidad plena”, subrayó.
Por su lado, Alejandro Pastore, de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómico de Rosario, señaló a La Capital que algunos dueños de bares y restaurantes "prefieren no comunicar el cierre de sus negocios a la entidad. El número certero aparece cuando se dan de baja en la Municipalidad en el Derecho de Registro de Inspección".
"Algunos comercios del rubro han cerrado, pero los dueños no devolvieron los locales. Prefieren a aguantar, indemnizar a los empleados y mientras tanto pagan el alquiler para no perder todo lo que tienen, esperando que la situación por la pandemia mejore".
Fuente:LaCapital
Para los docentes, la paritaria actual “es una invitación a cenar en donde te ponen el plato, pero no la comida»
"Hacer una negociación paritaria y no tener propuesta salarial es lo mismo que nada", destacaron desde el sector. Los trabajadores de la educación también buscan que la vuelta a la presencialidad no sea definida de manera unilateral.
Ago 20, 2020
Representes gremiales de Amsafe y Sadop se reunieron este jueves para evaluar el plan de lucha que llevarán adelante los docentes públicos y privados de la provincia ante la falta de respuestas concretas a sus reclamos. Desde el sector vienen exigiendo desde hace meses una negociación paritaria en la que se discuta una justa recomposición salarial y la posible vuelta a las aulas de manera presencial.
El descontento de los docentes ante la falta de reconocimiento a las labores realizadas durante la pandemia se profundizó con los últimos anuncios del Gobierno provincial. El bono de 3.000 pesos, una suma en negro, no remunerativa, fue -dicen los trabajadores de la educación- «apagar un incendio con fuego».
A la par de estas políticas, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, manifestó días atrás que «la negociación paritaria sigue abierta», pero el secretario general de Sadop, Martín Lucero, fue contundente: «La paritaria en Santa Fe es una invitación a cenar en donde te ponen el plato, pero no la comida».
«Hacer paritaria y no tener propuesta salarial o decir que las mismas se van a imponer por decreto es lo mismo que nada. La paritaria por sentido propio tiene que tener discusión y posibilidad de acuerdo. En nuestro caso generalmente es una propuesta que se termina debatiendo con los compañeros y las compañeras en las escuelas. Tener una paritaria abierta por el solo hecho de reunirse no es tenerla abierta», manifestó el representante gremial de los docentes privados ante Conclusión.
Al mismo tiempo, el Lucero expuso que las demandas están sobre la mesa desde hace tiempo, razón -a su entender- agrava la postura de las autoridades.
«En ese sentido, el Gobierno ha pecado de no conocer la situación y, especialmente, no escuchar a los sindicatos que desde principio de año venimos planteando la continuidad de la cláusula gatillo y la recomposición salarial. Le dijimos que la política del bono y la suma fija iba a terminar mal. Esto es lo que sucede cuando no se escucha la voz de los trabajadores y las trabajadoras», indicó.
Al momento de señalar cuáles son las medidas de fuerza que están evaluando implementar ante la falta de respuestas a sus reclamos, los docentes apuntaron a este medio que tienen votado un plan de lucha con paros rotativos de 48 horas.
«Es con el mandato de hacerlo en coincidencia con los demás gremios docentes, así que lo estaremos conversando con los compañeros de Amsafe, y así coordinar las medidas que vienen a futuro», anticipó Lucero.
Por su parte, la secretaria general de Amsafe, Sonia Alessó, expresó ante Conclusión que la actualidad de las negociaciones expone a los docentes a situaciones de precariedad y una exigencia desmedida.
«Es un tema preocupante porque el incumplimiento lleva a una rebaja salarial. Los docentes no tuvimos aumento, la última paritaria fue en el 2019. El Gobierno habla de la situación financiera, pero en algunas provincias, en las que también están afectados por la pandemia, ha habido aumento para los docentes y en la provincia de Santa Fe no», resaltó.
Y destacó: «No es solamente un problema de caja, tiene que haber una decisión política la de fortalecer la salud y la educación. El Gobierno está incumpliendo eso».
VUELTA A CLASES PRESENCIALES
Desde el sector también advirtieron que las condiciones para la vuelta a clases presenciales no están dadas, ya que la exposición al contagio de covid-19 en los establecimientos tampoco ha sido discutida con los representantes de los docentes, quienes recorren a diario los establecimientos educativos y conocen las posibilidades edilicias de cada institución.
«No vamos a volver a poner el pie en ningún colegio mientras no esté garantizada la situación sanitaria. Eso lo tienen que determinar las autoridades sanitarias, no justificamos ni entendemos que haya apuro por volver a una presencialidad que ponga en riesgo la salud de toda la comunidad que trabaja con esa escuela», enfatizó Lucero.
Para los representantes de Amsafe y Sadop, las autoridades buscan una pronta vuelta a clases presenciales porque ha quedado expuesto la falta de eficiencia estatal al momento de achicar la brecha digital entre los sectores de la población que acceden a dispositivos tecnológicos y conexión y aquellas que no.
«Los docentes han puesto su dinero al servicio de sostener la educación mediante computadoras, comunicación y todo lo demás. No ha habido un reconocimiento de eso. Al mismo tienen que atender la dolorosa situación de sus propias familias, porque hay casos de grupos familiares de cuatro integrantes y cuentan con una sola computadora y un par de celulares. Ese gasto, que es muy importante, no ha sido reconocido», advirtió Alesso.
Y agregó: «La conectividad y la provisión de computadoras debería ser esencial en este contexto por si la pandemia sigue. La brecha digital pasa a ser un tema fundamental para los sectores populares»
Fuente:Conclusion
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