Declaró servicio público esencial a la telefonía, internet y el cable
El gobierno congeló las tarifas de celulares, internet y televisión paga hasta fin de año
Por Leandro Renou
El Gobierno nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló los precios hasta el 31 de diciembre. De esta manera, para acceder a subas las empresas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema de mayores costos que lo justifiquen. Un mecanismo de regulación del precio similar al que tiene la medicina prepaga que, en este caso, será controlado por el Enacom.
En paralelo, además de esa autorización, cuando se reglamente el decreto se precisarán las características técnicas que tendrán los Planes Universales, una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria. Lo que buscarán aqui, según explicaron a Página/12 funcionarios que trabajaron en el tema, es que esos planes universales reemplacen a los prepagos actuales, pero con mejor condiciones de servicio que garanticen prestaciones mínimas. En estos casos, tampoco se restringirán los aumentos ni se congelarán valores en 2021, sino que seguirán el mismo mecanismo de aumentos que los planes convencionales.
La recuperación del rol de regulador del Estado es clave en el paquete de medidas. Cuando Cambiemos asumió el poder en 2015, derogó con el DNU de creación del Enacom el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establecía que las telcos y tics eran servicios esenciales “en competencia”, y que el Estado tenía la facultad de autorizar aumentos. Desde el Gobierno aclararon, precisamente, que lo que se hará no es fijar tarifas ni con audiencias ni con cuadros tarifarios, como sí ocurre en las eléctricas, gas y agua.
En el pelotón de los alcanzados por el decreto están todos los prestadores, desde las telcos como Telecom y Telefónica, a los cables como Cablevisión, del Grupo Clarín, con una sola excepción: por cuestiones técnicas, Directv será pasible de no poder aumentar hasta fin de año, pero se verá en qué encuadramiento termina en lo que queda del estudio técnico.
La medida, que se formalizará a través de un decreto de necesidad y urgencia, se viene trabajando desde hace unas semanas en diferentes frentes del Ejecutivo y los organismos técnicos. Lo que definió su comunicación fueron los aumentos que las firmas del sector avisaron que aplicarían en septiembre, cuando ya venían de incrementos en marzo y abril, de entre 10 y 25 por ciento dependiendo de la compañía.
Puesto en los números que se manejan en el Ejecutivo, y luego de sondeos de subas que las compañías hicieron ante el Enacom, se calculó que las alzas de marzo y abril, sumadas a las de septiembre, superaban en un 20 por ciento a la inflación acumulada entre diciembre del 2019 y estos últimos días.
Según supo PáginaI12, el tema se conversó el martes último en un almuerzo en Olivos del que fueron parte el presidente Alberto Fernández; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el titular de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. En la previa, Innovación, que funciona bajo el ala de la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero, coordinó con el Enacom las cuestiones técnicas.
La normativa que definió Fernández es un pedido histórico de las entidades de defensa del consumidor, que tienen al tope de sus reclamos las subas en estos servicios. La tensión que existía con las prestaciones y tarifas de estas compañías se asimila al clima caliente que se gestó en 2011, cuando las subas repetidas y por sobre la inflación de las compañías de medicina prepaga terminaron con una regulación aún superior. Una ley que, en el fondo, le otorgó al Estado las mismas herramientas que el decreto a publicarse para autorizar aumentos en base a esquemas de mayores costos.
El mensaje de Alberto Fernández
En su cuenta de Twitter, el Presidente comentó las medidas y aclaró que “de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”.
Agregó que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.
Este punto es, precisamente, una de las cuestiones que se charlaron en las reuniones de Gabinete económico y en la quinta presidencial. Que en un contexto en el que la pandemia obliga a buena parte de los argentinos a trabajar desde sus hogares y cuando en muchos casos los ingresos de los trabajadores cayeron en la pandemia, no podían seguir dándose subas de precios en servicios esenciales durante el confinamiento. Más aún cuando desde el inicio de la cuarentena la facturación de esas firmas no se resintió sino se vio incrementada por las mayores necesidades técnicas del home office.
Las claves del decreto
📌 Mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se publicará esta noche el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.
📌 Además se congelarán hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
📌 Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
📌 Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias.
📌 La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.
22 de agosto de 2020
Los principales bolsones de economía en negro
Cómo es la evasión a gran escala
Construir una economía más equitativa en la pospandemia requerirá un Estado fuerte con más recursos y menos evasión fiscal. ¿Dónde se radican los principales focos de evasión de la economía argentina?
Por Raúl Dellatorre
Controles de carga en los puertos bonaerenses
Imagen: ARBA
Imagen: ARBA
Si la economía que se aspira a tener en la pospandemia es la de una distribución menos desigual que la existente al fin del mandato de Mauricio Macri, un requisito ineludible es que se necesitará un Estado muy presente. Otra condición a esta altura indiscutible, dada la experiencia reciente, es que el excesivo endeudamiento externo no es un método muy elogiable para obtener un "superávit de caja", con lo cual los recursos, en principio, deberán obtenerse fronteras adentro. ¿Y cómo se logra que el Estado cuente con recursos? ¿Gastando menos? No es eso lo que se espera del Estado en una etapa en la cual su aporte a mejorar los ingresos de la población será central. ¿Recaudando más? Sí, ante lo cual la pregunta siguiente es: ¿con más impuestos o con menos evasión?
La primera alternativa (más impuestos) está en discusión, la segunda (menos evasión) no merecería la más mínima duda. En todo caso, la cuestión es cómo. El asunto viene sobrevolando el espacio político económico en las últimas semanas. El "caso Vicentin", ¿no es una ventana para asomarse a la ineficiencia en el control fiscal sobre el comercio exterior? ¿No es una evidencia de la existencia de mecanismos de evasión y a la vez de fuga de divisas a gran escala? ¿Se trata solamente de Vicentin o es la conducta que siguen otros grandes exportadores, aunque no hayan quedado tan en evidencia?
Estos interrogantes le resultan incómodos a muchos, pero el tema esta ahí, pendiente, latente, bajo investigación en la Justicia y con alcances inimaginables. También hay evasión interna. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) acaba de dar una primera respuesta, esta semana, con la nueva fiscalización en los puertos de la provincia, donde controlarán la entrada y salida de camiones, origen y destino de la mercancía que transportan y la documentación respaldatoria. También se pesará la mercadería para verificar su correspondencia con los volúmenes informados en la documentación. Hay fundadas sospechas de que se trata de cantidades que, en general, suelen no coincidir.
"Combatir la informalidad (operaciones "en negro") no es sólo controlar que se entregue ticket o factura en un comercio de barrio, porque la evasión en gran escala está en otros lugares de la economía", afirmó este viernes Cristian Girard, director de ARBA, estableciendo el blanco al cual apuntar en el combate a la evasión.
"Lanzamos un amplio dispositivo para control de la mercadería en tránsito; la acción iniciada en los puertos, que arrancó por Dock Sud y Quequén, es sólo parte de un operativo más general", señaló Girard a Página/12 cuando se lo consultó sobre los objetivos que proyecta con esta acción. "Tenemos indicios de que hay mucha evasión en todo lo que forma parte de la actividad extractiva en la provincia, y vamos a centrarnos en eso, en los sectores más concentrados de la actividad extractiva, que no es sólo la compraventa de productos sino la contratación de personal que tiene que ver con la actividad. Es todo un sistema de economía paralela que necesitamos detectar", apuntó.
El interés del gobierno provincial es recuperar recaudación sobre Ingresos brutos, pero si se detecta uina operatoria integral "en negro", eso va a ser en beneficio de las arcas fiscales de la Nación y los municipios. Le expresión de Girard, por otra parte, grafica otra condición de la inequidad: la mayor evasión está en los que burlan las cargas tributarias en gran escala, no en el pequeño comercio de barrio que vende "en negro".
"Un camión cargado de piedra caliza, o de arena o cualquier otro producto mineral, que se extrae y se traslada sin ser declarado y se vende de igual manera, constituye toda una operatoria que encadena varias operaciones no registradas, pasando por las personas contratadas para la carga y descarga", señaló el titular de ARBA.
Otro tanto puede ocurrir, por ejemplo, con la cosecha de granos que se almacena en silobolsas durante meses sin ser declarada. Cuando se vende esa cosecha, fraccionada, podría pasar disimulada entre otras operaciones y ser destinada incluso a la exportación sin haber dejado registro de la misma. Fuentes oficiales revelan que se han detectado evasiones bajo ese mecanismo.
En ARBA cuentan con lo que denominan "índice verde" de producción, un sistema de prefiscalización que, por intermedio de imágenes satelitales, recoge información especialmente en la "zona núcleo" sobre el volumen de los principales cultivos. Esa herramienta les da una estimación sobre la producción de cada grano en cada cosecha, que sirve como referencia comparativa para lo que después se declara. No existe la misma logística para medir la producción en minas y canteras o sobre productos regionales comercializados a granel, sectores en los que "hay indicios de evasión fuerte".
Puertos
Un inesperado "defensor" de Vicentin le señaló a este diario: "Si hacía contrabando, lo hacía en defensa propia". Al preguntarle cuál era el significado de tan curiosa paradoja, el interlocutor se explayó. "Cuando Vicentin exporta, compite en condiciones desventajosas con las empresas multinacionales que operan en el mismo negocio. Las otras empresas también comercializan soja paraguaya, pero la trasladan por barcazas hasta el puerto de Nueva Palmira, en la costa oriental del río Uruguay. Por el mismo puerto cargan la soja de los estados del sur de Brasil, todo eso sale por el Río de la Plata sin pagar impuestos ni tasas, que sí pagan los granos que salen de puertos argentinos, aunque evadan una parte".
Este punto abre un gran debate acerca de la capacidad de Argentina de ejercer control sobre su comercio exterior. Horacio Tettamanti, ex subsecretario nacional de puertos y vías navegables, tiene una visión fuertemente crítica sobre el tema. "Faltan controles, y el problema más grave está en la pérdida de soberanía sobre las vías navegables, más que en los puertos en manos privadas. El concepto de Hidrovía es una farsa, un concepto mutante, no existe. Fue un concepto que irrumpió en los 90 para firmar un Tratado que dejó en manos de un colectivo el manejo de las vías navegables de la cuenca del Plata. Ahí la Argentina resignó soberanía, que el proyecto de Mauricio Macri profundizó y ahora circula otra idea que completaría ese proceso: la formación de una nueva sociedad mixta con la participación de las provincias del Litoral, pero manejada por la Bolsa de Comercio de Rosario, que ganaría una influencia enorme porque el proyecto ahora incluye al Río de la Plata. Un mamarracho jurídico", advirtió.
El escándalo Vicentin abrió una ventana por donde se pudo espiar en las irregularidades del comercio exterior, entre otras la evasión sobre el principal rubro de exportación del país, y por lo tanto principal fuente de ingresos de divisas. Pero, según advierte Tettamanti, también permitió ver "la legalidad con la que funciona el Paraná como vía navegable, mediante normas que desconocen la soberanía nacional sobre el río".
Muy lejos de los pequeños comercios, por las operaciones a gran escala de la economía argentina es donde circula la evasión. No se podrá construir una economía más equitativa ignorando el tema.
22 de agosto de 2020
La cantidad de infectados en el país se elevó a 329.043 personas
Coronavirus: se registraron 8159 nuevos contagios y 214 muertos
Mientras continúan internados en terapia intensiva 1853 contagiados, la ocupación de camas se mantiene estable, con una ligera tendencia a la baja: el promedio de todo el país es del 58%, mientras que en el AMBA es del 67,1%.
Imagen: AFP
El reporte vespertino del Ministerio de Salud confirmó 8.159 nuevos casos de Covid-19, una cifra a penas inferior al récord reportado ayer y el segundo registro más alto para una sola jornada desde el inicio de la pandemia. Con ese número la Argentina llega a los 329.043 positivos.
El informe de la cartera de Salud también confirmó 214 nuevas muertes, 50 en el reporte matutino y 164 en este segundo parte. La cifra significa un incremento de 27 casos respecto de los reportados en la víspera y lleva el total de muertes por Covid-19 a 6.730. Entre todos los países del continente, Argentina mantiene una de las cifras más bajas de muertes por millón de habitantes.
El porcentaje de ocupación total de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) reflejó una leve baja tanto a nivel nacional (58%) como en el AMBA (67,1%). Esta mañana, tras el récord de casos registrado ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, destacó que el sistema sanitario público está "un poco menos presionado" . En tanto, los casos confirmados de Covid-19 internados en UTI alcanzaron los 1853, un incremento de 21 casos en el último día.
La provincia de Buenos Aires registró 5.322 nuevos casos y la Ciudad de Buenos Aires 1.179, ambas incrementaron la cantidad de casos respecto de ayer, pese a que el número total fue menor, pero continúan mostrando una meseta en las cantidades máximas. También continúan mostrando cifras elevadas provincias como Córdoba (182), Jujuy (250), Mendoza (212), Río Negro (137), Santa Fe (262). Entre Ríos, en particular, mostró un salto significativo en el última día pasó de de 51 casos a 136.
Los casos de "circulación comunitaria" continúan en aumento y representan el 61,4% del total del país, mientras que 0,4% son "importados", 25% son "contactos estrechos" de casos confirmados y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Luego del reporte matutino en el que se reportaron 50 nuevas muertes, el informe vespertino registró 164 nuevas muertes. Se trató de 94 hombres: 61 residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Corrientes; 10 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; 5 residentes en la provincia de Santa Fe.
También se reportó el fallecimiento de 70 mujeres: 47 residentes en la provincia de Buenos Aires; 12 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Córdoba; 1 residentes en la provincia de Entre Ríos; 5 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; 1 residente en la provincia de Santa Fe y 1 en la provincia de Santiago del Estero.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.322 | 205.069
Ciudad de Buenos Aires 1.179 | 82.805
Catamarca -1 | 63
Chaco 55 | 4.756
Chubut 19 | 474
Córdoba 182 | 5.454
Corrientes 4 | 243
Entre Ríos 136 | 1.997
Formosa -1 | 79
Jujuy 250 | 5.874
La Pampa 0 | 187
La Rioja 51 | 978
Mendoza 212 | 4.252
Misiones 5 | 58
Neuquén 47 | 2.067
Río Negro 137 | 4.466
Salta 90 | 1.590
San Juan 1 | 36
San Luis 0 | 39
Santa Cruz 68 | 1.246
Santa Fe 262 | 4.315
Santiago del Estero 38 | 455
Tierra del Fuego 36 | 1.636
Tucumán 67 | 904
22 de agosto de 2020
Un concurso salvavidas para el Grupo de la familia presidencial
Correo Argentino: un “salvataje” para que Macri gane tiempo
Ganar tiempo, dilatar el pago de la deuda y esquivar la quiebra parece ser el objetivo del grupo Macri. Una de las empresas oferentes es el mismísimo Correo, otra está endeudada.
Por Irina Hauser
Imagen: Leandro Teysseire
En un hecho que tiene todo el aspecto de una gran simulación para favorecer al Grupo Macri, seis empresas se presentaron al llamado “salvataje” o “cramdown” del Correo, en el proceso concursal que logró dilatar 19 años sin pagar su multimillonaria deuda. Ahora esas empresas lo ayudarían con una nueva táctica para ganar tiempo y esquivar la quiebra . Quienes se postulan deberán hacer ofertas para pagar por una firma que está inactiva, endeudada y denunciada por vaciamiento, aunque tiene pendientes juicios contra el Estado. Lo más asombroso es que una de las empresas oferentes es el mismísimo Correo, porque así lo permite la ley de Concursos y Quiebras. Entre las demás, algunas están vinculadas con los Macri, hay una endeudada y una SAS (sociedad de acciones simplificadas), figura cuestionada.
La instancia del “salvataje” suele ser en los procesos concursales la antesala de la quiebra, que es lo que Macri y su familia han intentado evitar a toda costa, ya que en caso de declararse se extendería y debería ser afrontada por las controlantes del Correo, Socma y Sideco, pilares en el funcionamiento actual del grupo empresario. El Correo tiene una enorme deuda que comenzó por cánones impagos y el “salvataje” o “cramdown”, se debió haber concretado en el año 2004, como ya señaló la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín en incontables dictámenes.
Boquin fue quien denunció en 2016 un hecho elocuente: con Mauricio Macri en la presidencia, representantes del Estado nacional –por entonces del ex Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad– aceptaron un acuerdo con el Correo que licuaba su deuda en un 98,7 por ciento, a pagar –además– hasta 2033. Ella sostuvo que era “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas.
Fue tal el escándalo público que el Estado dio marcha atrás, y desde entonces el grupo empresario desplegó un sinfín de estrategias legales para dilatar un nuevo acuerdo. Mientras que la fiscala Boquín fue asediada con denuncias por supuestos malos tratos que desembocaron en la reciente apertura de un sumario insólito por maltrato laboral por decisión del procurador interino Eduardo Casal, como represalia por la investigación que inició el Congreso en su contra. Al día de hoy el Correo debe más de 4500 millones de pesos.
La convocatoria a oferentes para rescatar a la empresa postal comenzó después de que la Cámara Comercial rechazó el último planteo de la firma para frenarla. Vale recordar, de todos modos, que la misma Cámara, integrada por Matilde Ballerini y Lilia Gómez Alonso de Diaz Cordero, fue la que favoreció dilaciones por años. ¿En qué consiste? En la presentación de empresas que se manifiesten dispuestas a comprar las acciones y hacerse cargo de las deudas. Hoy el Correo tiene tres empleados, ninguna actividad y deudas con 700 acreedores, dentro de los cuales el principal es el Estado. El plazo para esas ofertas se cumplió ayer y fue entonces que aparecieron:
* La firma Organización Courier Argentina SA (OCASA) de Héctor Colella, sucesor de Alfredo Yabrán en sus empresas y vinculado con Mercado Libre.
* Transporte Chimiray SRL, de Ramón Puerta, un viejo aliado de Macri y el PRO.
* MV Cargo SAS, que son tipos de sociedades creadas en tiempos del macrismo para poder armar firmas en 24 horas, sin presentar balances ni responder a grandes requisitos, y en ocasiones utilizadas para cometer fraudes.
* Valuaciones SA, de actividad inmobiliaria.
* Jorge Alberto Anselmi, un caso extraño ya que tiene un concurso de acreedores pendiente en trámite de pago, de una propuesta homologada en septiembre del año pasado. Aún no empezó a pagar, antes no tenía para hacerlo, no está muy claro por qué podría comprar el Correo.
* Y la que apareció a último momento es la propia empresa Correo. La ley permite que si hay otros postulantes la propia concursada se presente, como una nueva oportunidad para conseguir conformidades de los acreedores.
El primer paso es la tasación de la empresa. Luego hay que ver si alguna oferta de pago es aceptada por los acreedores. De todo este grupo OCASA pareciera ser la que podría estar en condiciones de hacer una oferta sólida. Pero es difícil descifrar cuáles son las ventajas de comprar una empresa casi inexistente y llena de problemas.
Algunas especulaciones apuntan a cierta expectativa de ganarle juicios con reclamos de indemnizaciones al Estado relacionados, por ejemplo, con la expropiación del Correo, o que esos juicios si son ganados sean usados como compensación. Son procesos por montos mayores aún que la deuda del Correo, porque los intereses son calculados a “tasa activa”.
Según otra teoría, todavía cabe la posibilidad de que el Estado sea declarado “acreedor hostil”, por su resistencia a aceptar un acuerdo, de modo que deba aceptar un pago convenido si el juzgado lo aprueba. La jueza Marta Cirulli es la que deberá evaluar las propuestas y los acreedores aceptar. Por el Estado opinarán distintos organismos y entidades que forman parte del universo de acreedores e interviene también la Procuración del Tesoro.
En el caso del propio Correo, claro que sorprende que se presente, porque los antecedentes no la ayudan: no puede usar las conformidades anteriores porque ya que Boquin mostró que eran truchas, que eran dadas –como representantes de los acreedores– por los mismos directores de la firma, apoderados del estudio Tonelli y apoderados e integrantes del estudio de Jaime Kleidermacher. Cerca del 80 por ciento de acreedores que habían dado su aval tenían esa característica.
Correo, además, está denunciada por desvíos de dinero del concurso y maniobras de vaciamiento, incluso hacia personas vinculadas al gobierno de Macri, como el diputado Pablo Tonelli y el exasesor Pablo Clusellas. Se calcularon unos 35 millones de pesos en desvíos, por lo menos. A esto hay que sumar que los balances de la empresa de 2018 fueron declarados “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos” por la Inspección General de Justicia (IGJ).
En lo que coinciden varios funcionarios que conocen el expediente es en que hay una intención de utilizar la instancia del “salvataje” como una nueva oportunidad para dilatar una definición y el pago de la deuda. También se especula con que salga una ley que ponga entre paréntesis los concursos de acreedores en trámite. De por sí los múltiples planteos que pueden aparecer, ir y venir, en el “cramdown” seguirán dando tiempo para que el grupo Macri siga eximido de sus obligaciones.
Se presentaron al filo de que se decretara la quiebra del Correo
Las empresas que salvaron a Macri
La empresa logró así dilatar la quiebra y el pago de la deuda millonaria que tiene principalmente con el Estado y otros 700 acreedores privados.
Entre las empresas que se presentaron figura Ocasa, de Héctor Colella.
El proceso de salvataje del Correo Argentino, el paso previo a la declaración de la quiebra, que vencía este viernes por la mañana contó a último momento con cinco inscriptos: cuatro empresas y una persona física. Se presentaron para salvar a una compañía que no tiene actividad y está plagada de deudas, pero de este modo la empresa de la familia Macri logró una vez más dilatar la quiebra y el pago de la deuda millonaria que tiene principalmente con el Estado y otros 700 acreedores privados desde hace más de quince años. La quiebra de la empresa insignia de correo postal argentino significaría que Socma, accionista de la misma, debería hacerse cargo de las deudas.
Las empresas que ofertaron como interesadas en la adquisición del capital social de la compañía concursada (es decir, las deudas) y salvar a la familia Macri son los siguientes: Organización Courier Argentina SA (Ocasa), Transporte Chimiray SRL, MV Cargo SAS, Valuaciones SA y Jorge Alberto Anselmi que se presentó como persona física.
Todo queda en familia
Ocasa es la empresa logística propiedad de Héctor Colella, ex socio de Alfredo Yabrán en OCA y sindicado como su “heredero”. Colella se quedó con la empresa hasta venderla al Exxel Group. Uno de los negocios más conocidos que concretó la firma en los últimos años fue quedarse con la distribución de las ventas de Mercado Libre, que perdió OCA. En la cuarentena, logró duplicar su negocio de e commerce en medio de la caída generalizada de las ventas. La compañía también tiene negocios con TGLT, firma controlada por PointState que adquirió la constructora de Nicolás Caputo, el amigo del Cardenal Newman del ex presidente. Además, compartió un proyecto de una empresa de consultoría en temas relacionados a la seguridad, Seguridad Integral Templar SA, con el ex Ministro de Modernización de la Ciudad y luego legislador porteño Andy Freire y con el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, entre otrosex funcionarios macristas.
Transporte Chimiray SRL es una de las empresas del ex embajador argentino en España durante el gobierno de Macri, Ramón Puerta. Puerta es un histórico aliado del ex presidente y se reconoce amigo de Macri. Durante la previa a las elecciones presidenciales de 2015, en las que el ex diputado nacional por la provincia de Misiones dio un signo de apoyar la posible candidatura de Sergio Massa, declaró "yo estuve con Macri y soy su amigo, pero soy peronista". Su presencia en el salvataje a través de su empresa de transporte que cuenta con pocos empleados, pareciera confirmar que Mauricio Macri acudió a sus amigos para ganar tiempo y seguir dilatando el proceso judicial.
MV Cargo SAS es una Sociedad por Acciones Simplificadas, figura jurídica que implementó el macrismo para constituir sociedades de manera más rápida y con menos controles que el que se le exije a una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas y la responsabilidad de los socios está limitada a sus acciones. Esta fue creada en el 2018 por Sergio Daniel Villarreal y Carlos Mariano Moiraghi. "No tiene empleados registrados ni antecedentes crediticios pero sí un cheque rechazado en enero de 2020 por falta de fondos. Eran 20.000 pesos, pero dicen que quieren hacerse cargo de la multimillonaria deuda de Correo Argentino", informó El Destape.
Valuaciones SA es una empresa registrada como inmobiliaria, cuyo presidente es José María Fresco. Si bien no se la vincula directamente con la familia Macri, su balance no corresponden con las cifras que se necesita para hacerse cargo de la deuda del Correo.
Jorge Alberto Anselmi se presentó como particular. La empresa Organización Anselmi, de la que podría ser dueño, también entró en concurso de acreedores y se encuentra pagando la deuda desde el año pasado.
La causa por el Correo Argentino viene de larga data. La empresa estatal fue concesionada por la familia Macri entre 1997 y 2003, año en el que se rescindió el contrato por incumplimiento. En 2016 y con Macri como presidente, el Poder Ejecutivo aceptó la propuesta de condonación de deuda que, según un cálculo de la Procuración General, implicaba la quita de un 98,87 por ciento en detrimento del Estado. Este hecho finalmente no se consumó.
En los últimos días, la fiscalía rechazó una última oferta de pago de la familia Macri por considerarla abusiva y en detrimento del Estado. Como no se pudo lograr un acuerdo entre el deudor y los acreedores se puso en marcha el proceso de salvataje que estipula la ley de Quiebras. La empresa estuvo muy cerca de quebrar, pero la presentación de estas empresas postergó la decisión judicial.
22 de agosto de 2020
La causa por el seguimiento a Cristina Kirchner
Espionaje ilegal: la Cámara Federal porteña avaló la maniobra de Gustavo Arribas en busca de un juez amigo
La Cámara Federal porteña avaló la maniobra para que el expediente cambie de jurisdicción. Habrá otras instancias y mientras tanto la causa seguirá avanzando.
Gustavo Arribas logró que, a sola firma, hicieran lugar a su apelación.
Imagen: NA
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Un nuevo capítulo en la causa por presunto espionaje ilegal de la AFI macrista sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner amenaza con llevar ese expediente a Comodoro Py, territorio históricamente amigable con Cambiemos. La Cámara Federal porteña resolvió ayer que la investigación por los seguimientos ilegales realizados en el Instituto Patria --donde se descubrieron los autos de los espías estacionados en la puerta- y la del domicilio de CFK en Recoleta --donde se denunció la instalación de cámara y la toma de fotografías-- debe seguirse en los tribunales porteños. La causa por la violación sistemática y deliberada a la Ley de Inteligencia por parte de la AFI macrista se tramita actualmente en la Justicia de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Augé, en paralelo con otra causa donde se investigan decenas de seguimientos y operaciones ilegales.
La decisión de ayer la tomó el camarista Mariano Llorens, a sola firma, que hizo lugar a una apelación del extitular de la AFI Gustavo Arribas y del fiscal federal porteño Guillermo Marijuan. Con esta decisión se revoca otra anterior, la de la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti, quien había rechazado el pedido.
Llorens fundamentó que los hechos investigados "se vinculan con una actividad de espionaje ilegal producida por un organismo federal que tiene sede en esta ciudad (por la ciudad de Buenos Aires)". Y que, además, "la investigación tiene como norte dilucidar los hechos vinculados con la realización de tareas de inteligencia ilegales sobre el Instituto Patria y en el domicilio particular de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ambos ubicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Este escándalo de espionaje empezó el 7 de agosto de 2018, cuando las autoridades del Instituto Patria descubrieron dos autos de la AFI vigilando y filmando lo que ocurría en la fundación encabezada por Cristina Kirchner. Meses más tarde, Cristina Kirchner también denunció que habían intentado colocar tres cámaras y un domo en la esquina de su casa, sin explicación alguna.
La denuncia original se radicó en Comodoro Py, pero la actual tramitó en Lomas porque ese juzgado tiene competencia sobre el aeropuerto de Ezeiza, el lugar que los espías señalaron luego como entrada de supuestos terroristas o agresores a CFK. También Lomas tiene competencia en Avellaneda, donde está la plaza en la que una denuncia trucha de la AFI ubicó a dos personas diciendo que "era buen momento para hacerle algo a CFK", porque las fuerzas de seguridad estarían "concentradas en el G20". Según las pruebas recolectadas en esta investigación, ese fue el armado posterior que se usó, justamente, para justificar el seguimiento ilegal en el Instituto Patria, una vez que fue descubierto y denunciado en su momento por Marcelo Parrilli. Y el que permitió entonces las autoridades de la AFI fuesen absueltas, dando por cierta esa explicación.
En el juzgado de Augé, en Lomas de Zamora, los exdirectivos de la AFI macrista ya fueron procesados y embargados por 2 millones de pesos , con prohibición de salir del país, por los hechos ocurridos en 2018, cuando el organismo espió de manera ilegal a la entonces expresidenta. Fue procesado, además, el ex director de contrainteligencia, Martín Coste, quien había confirmado todas las maniobras que investigan los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. En la causa ya estaba procesado Alan Ruiz, el ex jefe de operaciones especiales de la AFI.
Además de la investigación por el Instituto Patria, Arribas fue citado a indagatoria también por el juez Augé de Lomas de Zamora en la otra pesquisa paralela por espionaje ilegal que tuvo como víctimas a funcionarios, políticos, periodistas, empresarios. La decisión de la mudanza a Comodoro Py llega un día después de que Augé dispusiera, en esta causa conexa, el llamado a indagatoria del exsecretario de Mauricio Macri, Darío Nieto , y cuando Susana Martinengo también volverá a ser indagada, como nexo clave para canalizar la información obtenida ilegalmente hacia la Casa de Gobierno. También fuer citada en esta causa la cúpula de la AFI, que encabezaba Gustavo Arribas, considerados organizadores de un asociación ilícita junto con el exjefe de operaciones Alan Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.
Ante esta resolución, la jueza federal porteña María Eugenia Capuchetti deberá pedir a su par de Lomas de Zamora que se inhiba de seguir entendiendo en la causa y que le envíe las actuaciones. En caso de una negativa por parte de este magistrado --lo cual al día de hoy parece ser la más segura resolución--, se trabará una cuestión de competencia entre la Cámara Federal de Comodoro Py y su par de La Plata (una instancia que ya definió la competencia del juzgado de Lomas).
El asunto, en esa instancia, terminará de decidirse finalmente en la Cámara de Casación de Comodoro Py. Más allá de la sala que toque sorteada, se sabe que es territorio que ha jugado con Cambiemos. Pero hay un detalle que no es menor: mientras todo esto ocurra, pasará tiempo (varios meses, probablemente), se seguirá produciendo prueba y la causa seguirá avanzando.
22 de agosto de 2020
Cambios en Energía
Renunció Lanziani y lo reemplaza Darío Martínez
Fue tras un pedido del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El nuevo secretario preside la Comisión de Energía de Diputados y tiene vínculo fluido con el presidente Alberto Fernández.
Por Leandro Renou
Martínez, el nuevo secretario del área
El ministro Matías Kulfas le pidió la renuncia a Sergio Lanziani, que será reemplazado en la Secretaría de Energía por el neuquino Darío Martínez. El cambio se dio en el marco de cuestionamientos internos al funcionamiento de la cartera. En paralelo, el Gobierno anunció que la secretaría quedará ahora bajo el ala del Ministerio de Economía.
Martínez, diputado por Neuquén, preside la Comisión de Energía en la Cámara Baja, y tiene un vínculo fluido con el presidente Alberto Fernández y las otras terminales políticas del Frente de Todos.
El cambio se produce en momentos en que el Gobierno nacional busca reanimar la actividad del conjunto de los sectores productivos, en el marco de la pandemia.En el área específica de Energía los objetivos trazados apuntan a potenciar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que sufrió en los últimos meses el impacto de la pandemia de coronavirus, con una fuerte baja de los precios internacionales y una importante caída en la demanda local.
Martínez tendrá a su cargo, en ese sentido, la definición sobre los cambios en las normas hidrocarburíferas, en especial para potenciar la extracción tanto en los yacimientos convencionales como en los no convencionales de Vaca Muerta. Y tiene abierto un frente a definir que es cómo seguirá el esquema tarifario de los servicios públicos, pendiente de una revisión.
ENTRE LA POLÍTICA Y EL PETRÓLEO
Sus allegados destacan que Martínez, por su vida y militancia neuquina, conoce de primera mano Vaca Muerta, sus empresas, sus trabajadores y las problemáticas que deberá superar para convertirse en el gran factor de desarrollo de la Argentina.
Nacido en la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, de 45 años y con estudios como Contador Público -aunque no recibido- en la Universidad Nacional del Comahue, acompañó al ex Intendente de Cutral Có Ramón Rioseco, como candidato a vicegobernador en 2019 por el Frente de Todos.
Previamente, fue concejal de la capital provincial por el Justicialismo en el período 2005-2013, candidato a intendente en el año 2011 y electo legislador nacional en 2016, cargo que ocupó durante todo el gobierno de Mauricio Macri.
Se lo define en su entorno como un dirigente con buenos lazos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el Gobierno aseguran, además, que llega con un nexo fluido con el Presidente y los distintos componentes de la alianza gobernante.
Martínez, como legislador, tuvo una activa participación judicial en la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri en la causa denominada Panamá Papers, relacionada con la presunta creación de empresas offshore para lavar dinero o evadir impuestos por parte de empresarios y funcionarios de distintos países del mundo.
En la provincia patagónica, a Martìnez se lo define como un seguidor de Cristina Fernández y ahora también del Presidente que "sueña con gobernar Neuquén", vocación que sus compañeros partidarios de la provincia no niegan, aunque remarcan que falta mucho tiempo para la puja electoral de 2023.
La interna partidaria neuquina lo llevó a tener que declinar esa aspiración en las últimas elecciones en favor de Ramón Rioseco, quien finalmente fue superado por el reelecto gobernador, Omar Gutiérrez.
También aseguran sus allegados que el actual presidente del Partido Justicialista de la provincia, tiene buena llegada con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, con quienes deberá entablar un largo diálogo para redefinir el futuro productivo del sector.
En un documento recientemente difundido, Martínez señaló que "el nuevo Esquema de Gas para promover la inversión y la producción del sector será "un primer paso" a ser complementado con la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno nacional.
Habló de la importancia que tiene la cuenca neuquina "como principal productora y proveedora, para generar, sin dudas, el movimiento de la economía regional, y el fortalecimiento de las finanzas provinciales por mayor recaudación de regalías e impuestos".
Meses antes, Martínez manifestó estar en sintonía con la instrumentación de un precio sostén con el barril de crudo, que finalmente implementó el gobierno, de esta manera de "garantizar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y separar el precio de los combustibles de su valor internacional", explicaba.
En aquel entonces aseguraba que "la parálisis que tiene Vaca Muerta es por la improvisación que tuvo la gestión anterior en materia energética: se pasó de la política liberal a intervenir fuertemente y generó mucha desconfianza".
Nacido en la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, de 45 años y con estudios como Contador Público -aunque no recibido- en la Universidad Nacional del Comahue, acompañó al ex Intendente de Cutral Có Ramón Rioseco, como candidato a vicegobernador en 2019 por el Frente de Todos.
Previamente, fue concejal de la capital provincial por el Justicialismo en el período 2005-2013, candidato a intendente en el año 2011 y electo legislador nacional en 2016, cargo que ocupó durante todo el gobierno de Mauricio Macri.
Se lo define en su entorno como un dirigente con buenos lazos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el Gobierno aseguran, además, que llega con un nexo fluido con el Presidente y los distintos componentes de la alianza gobernante.
Martínez, como legislador, tuvo una activa participación judicial en la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri en la causa denominada Panamá Papers, relacionada con la presunta creación de empresas offshore para lavar dinero o evadir impuestos por parte de empresarios y funcionarios de distintos países del mundo.
En la provincia patagónica, a Martìnez se lo define como un seguidor de Cristina Fernández y ahora también del Presidente que "sueña con gobernar Neuquén", vocación que sus compañeros partidarios de la provincia no niegan, aunque remarcan que falta mucho tiempo para la puja electoral de 2023.
La interna partidaria neuquina lo llevó a tener que declinar esa aspiración en las últimas elecciones en favor de Ramón Rioseco, quien finalmente fue superado por el reelecto gobernador, Omar Gutiérrez.
También aseguran sus allegados que el actual presidente del Partido Justicialista de la provincia, tiene buena llegada con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, con quienes deberá entablar un largo diálogo para redefinir el futuro productivo del sector.
En un documento recientemente difundido, Martínez señaló que "el nuevo Esquema de Gas para promover la inversión y la producción del sector será "un primer paso" a ser complementado con la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno nacional.
Habló de la importancia que tiene la cuenca neuquina "como principal productora y proveedora, para generar, sin dudas, el movimiento de la economía regional, y el fortalecimiento de las finanzas provinciales por mayor recaudación de regalías e impuestos".
Meses antes, Martínez manifestó estar en sintonía con la instrumentación de un precio sostén con el barril de crudo, que finalmente implementó el gobierno, de esta manera de "garantizar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y separar el precio de los combustibles de su valor internacional", explicaba.
En aquel entonces aseguraba que "la parálisis que tiene Vaca Muerta es por la improvisación que tuvo la gestión anterior en materia energética: se pasó de la política liberal a intervenir fuertemente y generó mucha desconfianza".
22 de agosto de 2020
El artículo que protege a los jueces de "las presiones políticas, económicas y mediáticas" desató acusaciones cruzadas
El oficialismo rechazó las críticas opositoras a las modificaciones de la reforma Judicial
Para el Frente de Todos es "una medida de resguardo para la independencia de los magistrados". Juntos por el Cambio lo considera "un ataque a la libertad de expresión".
Por Miguel Jorquera
María de los Ángeles Sacnun, presidenta del plenario de comisiones que modificó el proyecto.
El oficialismo confía en aprobar a Reforma Judicial en el Senado y salió al cruce de las críticas opositoras sobre el proyecto de ley. La inclusión de un artículo impulsado por el Frente de Todos donde establece la obligación que tendrán los jueces de "comunicar" ante el Consejo de la Magistratura las presiones de “poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativos, amistades o grupos de presión de cualquier índole”, desató acusaciones cruzadas entre legisladores de ambos espacios sobre el rol de los medios de comunicación.
Legisladores del Frente de Todos rechazaron que con la incorporación del inciso en el capítulo de la Reforma Judicial sobre las “Reglas de Actuación” se intente cercenar la libertad de prensa y explicaron que, en cambio, los que busca “es dar una herramienta de resguardo a los jueces”. Desde Juntos por el Cambio exacerbaron las críticas al afirmar que el dictamen obtenido por el oficialismo en la Cámara alta constituye “un asalto al Poder Judicial” y que el artículo incorporando las denuncias sobre las presiones de los poderes fácticos es “un ataque a la libertad de expresión”.
“Intentamos que se sepa que, como muchas veces hay presiones políticas y económicas, también hay presiones de los medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos”, dijo el senador oficialista Oscar Parrilli, quien promovió incorporar “los poderes mediáticos” al texto original del Ejecutivo que establecía denunciar “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. “No hay ninguna limitación, ninguna prohibición”, pero “saltaron como leche hervida”, explicó Parrilli para calificar la reacción opositora.
“Dentro del artículo 72, hay un inciso que estable comunicar, no denunciar, en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en las decisiones de los jueces por parte de poderes políticos, económicos y mediáticos. Lo cierto es que se está intentando de esta manera proteger y preservar a los magistrados de aquellos poderes que pueden generar algún tipo de mecanismo de hostigamiento para que los jueces dicten sentencias en uno u otro sentido. Los jueces no solo deben ser independientes del poder político, también deben ser independientes de los poderes económico y mediático”, dijo la senadora María de los Angeles Sacnun a Página/12.“
“Se trata de una disposición que busca fortalecer justamente lo que algunos medios dicen que se ataca con este proyecto, que es la independencia de los jueces. Deberían estar muy conformes con esta cláusula en lugar de dar vergüenza ajena con una discusión absolutamente pueril y falaz”, dijo a PáginaI12 el diputado Rodolfo Tailhade, que preside la comisión de Justicia y agregó: “La postura de Juntos por el Cambio es de un infantilismo vergonzante, que movería a risa si no fuera que prácticamente se trata de un chantaje al gobierno y a la democracia”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio volvieron a manifestarse en contra de la reforma judicial y del inciso incorporado en el proyecto con ataques al Gobierno. “Hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”, dijo el radical Mario Negri. “Creo que volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio”, insistió el jefe del interbloque de diputados de la alianza opositora,
“El Gobierno viola la Constitución Nacional y avanza en su plan de reforma judicial y ataque a la prensa y la libertad de expresión, a jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”, exclamó el radical bonaerense Álvaro De Lamadrid. “A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada. El país está ingresando al peligroso mundo de los autoritarismos con fachada democrática. Sin prensa libre no hay democracia”, lanzó el radical mendocino Luis Petri. “La reforma judicial que pretende imponer el kirchnerismo no solo busca impunidad, sino también amedrentar al periodismo. Es inadmisible que propongan legalizar la censura y atacar la libre expresión”, sumó el legislador entrerriano Atilio Benedetti.
22 de agosto de 2020
El Estado se hará parte de una parte de los salarios privados de agosto
El ATP sigue por quinto mes consecutivo
El gobierno considera que la situación no es la misma que en abril, por lo que el programa tendrá cambios. Estudian incluir un subsidio para firmas que aumenten el empleo.
Por Florencia Barragan
El objetivo del Gobierno es por un lado asistir a las pymes que lo necesiten, y a su vez cuidar las arcas fiscales.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
El Gobierno confirmó que el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) volverá a extenderse por quinto mes consecutivo. Así, en septiembre el Estado se hará cargo una vez más de parte de los salarios del sector privado de agosto. Sin embargo, restan definir los detalles de cómo se implementará la asistencia a las empresas. El gabinete económico considera que la situación no es la misma que en abril, por lo que el programa podría tener cambios. Por otro lado, estudia incluir un subsidio para las compañías que aumenten el empleo.
La medida ya se encuentra contemplada en la normativa de funcionamiento del ATP, pero aún no fue confirmada su implementación. Consistiría en otorgar créditos a tasas blandas a las empresas que puedan convertirse en subsidios si cumplen determinadas metas de empleo. Se trata de una medida que se aplicó con una lógica similar en Estados Unidos. “En la medida que la economía se normalice van a venir los incentivos como este posible ATP”, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una conferencia virtual en la Universidad Torcuato Di Tella.
El ATP se fue “calibrando” a lo largo de los meses, según explicó Kulfas. Los primeros dos meses el Estado pagó parte de los sueldos de cualquier tipo de empresa. El tercer mes bajó el subsidio para las zonas donde se vivía una nueva normalidad, es decir, donde regía el distanciamiento social, y no aislamiento. Luego, en el ATP 4 fueron excluidas del programa las grandes empresas, y para las que hubieran aumentado su facturación nominal de forma interanual, no se pagó el salario complementario, sino que se les otorgó un crédito a tasa blanda.
El objetivo del Gobierno es por un lado asistir a las pymes que lo necesiten, y a su vez cuidar las arcas fiscales, en un contexto de fuerte suba del gasto y caída de los ingresos. Hasta el momento, el programa ATP destinó casi 49.900 millones a la primera ronda, 40.900 millones a la segunda, 32.000 millones a la tercera y 27.000 millones en la cuarta. “La reducción en el costo fiscal de cada ronda evidencia la recuperación en el nivel de actividad”, aseguraron en la reunión del gabinete. Al 10 de agosto, el 89 por ciento del empleo estuvo habilitado para trabajar. Esa cifra era del 58 por ciento a fines de marzo, cuando se decretó la cuarentena, y del 77 por ciento en julio, según el centro de estudios para la producción.
ATP 4
El Gobierno difundió las cifras finales del ATP 4, mediante el cual el Estado pagó parte de los salarios y se otorgaron créditos a tasas blandas para asistir a las empresas en el pago de sueldos. En esta cuarta etapa, 135.484 pymes fueron aceptadas para ser asistidas mediante el salario complementario y 75.400 para el crédito subsidiado. Así, se alcanzará a 1,7 millones de trabajadores (1.387.186 por salario complementario y 353.431 de crédito subsidiado). Se habían inscripto 273.809 empresas, de las cuales se seleccionaron 210.884, por lo que el 77 por ciento del total recibió el beneficio.
Los datos fueron analizados este jueves durante la reunión de gabinete económico que se realiza todas las semanas en Casa Rosada, coordinada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la cual asisten los funcionarios de todas las carteras económicas. En el ATP 4 se excluyó a las grandes empresas pero se amplió el universo de beneficiarios. En los anteriores, accedían las compañías en donde la facturación hubiera aumentado hasta un 5 por ciento nominal. El último mes, las que tuvieron aumentos de hasta 30 por ciento nominal pudieron entrar, pero no mediante el salario complementario sino por el crédito subsidiado.
Desde que se lanzó el programa ATP fueron asistidas 328 mil empresas, en al menos una de las rondas del programa. Estas empresas representan cerca de 3,07 millones de trabajadores y el 60 por ciento del total de las firmas empleadoras del país. Más del 70 por ciento de los salarios pagados corresponden a pymes de hasta 200 trabajadores.
Fuente:Pagina12
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