Una prueba clave sobre la estructura para espiar montada en las cárceles
Espionaje ilegal: encuentran un convenio secreto entre la AFI macrista y el Servicio Penitenciario
El espionaje ilegal realizado en las cárceles durante el gobierno de Macri tuvo como “paraguas” un convenio secreto de cooperación firmado entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El acuerdo hallado en el marco de la investigación judicial es la primera prueba documental de la colaboración de ambas instituciones para espiar y controlar a ex funcionarios y empresarios detenidos.
Por Irina Hauser
Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, firmó el convenio secreto junto al entonces titular del SPF, Emiliano Blanco.
Imagen: NA
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El espionaje ilegal que el gobierno de Mauricio Macri realizó dentro de la cárcel de Ezeiza y otros penales sobre ex funcionarios y empresarios presos tuvo como “paraguas” un convenio secreto de cooperación firmado entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Es un acuerdo de carácter “secreto” que aparece como la primera prueba documental de la vinculación entre ambas dependencias que estuvieron involucradas en la búsqueda y recolección de información de quienes eran llamados despectivamente “presos K” y que era utilizada para perseguirlos o presionarlos. El pacto fue firmado el 8 de junio de 2018, que fue el año de máxima actividad de inteligencia ilegal según lo que se advierte en la causa que tramita en Lomas de Zamora, y el de gran cantidad de detenciones bajo la llamada “doctrina Irurzun”. El texto habilita actividades difusas y claramente da pie a la “asistencia tecnológica” de la AFI, lo que lleva a sospechar que se utilizó para instalar el cableado con micrófonos y cámaras, además de dar luz verde al tráfico de informes sobre las personas privadas de la libertad por corrupción.
El documento es analizado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que la semana pasada allanaron distintas dependencias del SPF: la Dirección General, la ex Dirección de Inteligencia, conocida como Área 50, la Dirección de Asuntos Internos y el propio penal de Ezeiza. Como informó PáginaI12, además, el procedimiento en la Dirección derivó en que dos funcionarios declararon ante la fiscal que dos ex colaboradores del ex titular del SPF Emiliano Blanco se había llevado cajas con documentación al dejar el cargo, lo que desembocó en otro allanamiento a la vivienda del entonces jefe de las cárceles. Blanco es, además, quien firma el convenio analizado en representación del SPF, y por la AFI, lo suscribe su ex director, Gustavo Arribas. En su cláusula primera dice “que el SPF se compromete a brindar la información que la AFI le requiera" y la central de inteligencia “podrá prestar asistencia exclusivamente en cuestiones logísticas, tecnológicas y/o de mantenimiento siempre que resulte necesario para la observancia de las mismas legalmente asignadas”.
La firma
La firma de Blanco llamó la atención de los investigadores, porque si se tratara de cuestiones sólo de inteligencia, núcleo de actividad de la AFI, habría firmado el jefe de ese área, que era Cristian Suriano. Pero Blanco fue la autoridad máxima y a partir de la semana pasada quedó claramente imputado en el expediente. Los fiscales, a esta altura de la investigación, ya están convencidos de que desde el SPF sus “máximas jerarquías” implementaron “un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), donde alojaban, todos juntos, a ex funcionarios acusados en causas de corrupción. El IRIC fue un invento de la gestión macrista y proporcionó, según Incardona y Eyherabide, un “mecanismo que habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada con distintos fines, y compartida presumiblemente con la Agencia Federal de Inteligencia”.
El documento que revela ahora PáginaI12, y que llegó esta semana a manos de la fiscalía, es el que muestra ese nexo. En los procedimientos hechos hasta ahora en la causa ya se constató que en el penal de Ezeiza había por lo menos un micrófono y cámaras en el módulo VI, donde estaba el IRIC, además de gran cantidad de cables que permiten deducir que había más adminículos todavía. La excusa para instalar ese cableado para espiar fue la presencia del narco Mario Segovia, quien en rigor parece haber sido trasladado allí, en medio de los ex funcionarios presos, precisamente para justificar el espionaje. Se suponía que a él lo debían controlar por posible fuga y actividad narcoterrorista desde la cárcel. A los otros presos les llamaba mucho la atención su presencia en ese lugar, que además también se usó como justificativo para pinchar los teléfonos públicos, de donde se grabaron conversaciones privadas de los detenidos, difundidas a través de medios de comunicación, con el objetivo, entre otros, de atacar el expediente del D’Alessio Gate, donde aparecían sospechas sobre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en plena causa de los cuadernos.
Testigos del espionaje
Pero además dos testigos de identidad reservada, que pertenecen al SPF, hicieron aportes cruciales al relatar cómo se recolectaba la información con todas esas instalaciones para espiar y se hacía un monitoreo desde el Área 50, que también recibía información, que probablemente terminaba en la AFI, según sospechan los investigadores.
Emiliano Blanco, ex titular del SPF.
También contó uno de los testigos que un asesor de Blanco, Fernando Carra, era el encargado de presionar a algunos de los presos, con la información obtenida en los seguimientos ilegales, para que declararan contra Cristina Fernández de Kirchner u otras personas. Los otros jefes que fueron mencionados por estos testigos secretos fueron Juan Carlos Silveira (de Seguridad) y Miguel Angel Perrotta (Asuntos Internos), más el chofer de Carra, Sergio Ducal. Ahora también están complicados los funcionarios que se llevaron documentación el último día de trabajo de Blanco. Ellos son Fernanda Koser (del Servicio de Prevención de Corrupción, ligado al IRIC) y Carlos Marchese (jefe de gabinete de Blanco). También está corroborada la relación de algunos de los espías del llamado grupo “Super Mario Bros”, que participaron en múltiples operaciones ilegales, con Suriano, que dirigía el Área 50.
Las cláusulas
El convenio secreto AFI-SPF viene a confirmar la existencia de ese fluido lazo entre ambos organismos que, por la vastedad de las posibles acciones que habilitaba, se pudo haber usado perfectamente como justificación del cableado para espiar, entre otras medidas de vigilancia sobre los presos, cuyas familias, conocidos y abogados en varios casos también fueron monitoreados sin justificación legal alguna.
En su segunda cláusula, el convenio dice que las “partes se comprometen a guardar absoluta reserva de la información, datos, circunstancias y/o personas respecto de las cuales pudieran tomar conocimiento”. Y en la tercera, “habida cuenta la naturaleza y objeto” determina que el acuerdo tiene carácter “secreto”. Tenía vigencia por dos años, pero la actual intervención de la AFI consideró que cayó automáticamente con la modificación de todas las reglamentaciones. Claro que no fue reemplazado porque no tiene razón de ser y, al parecer, tampoco tenía antecedentes.
Los allanamientos
Los fiscales analizan por estas horas el material recolectado en los allanamientos de la semana pasada que resultó de gran relevancia: hay carpetas de cada uno de los presos del IRIC, con informes sobre ellos. Hasta ahora se conocía que había un seguimiento puntilloso porque en el celular de uno de los espías implicados apareció una planilla tipo Excel con una larga lista de los ex funcionarios, sindicalistas y empresarios presos y datos sobre sus causas, en algunos casos sobre su entorno y presos allegados junto con un semáforo que indicaba el grado de interés o énfasis que había que poner en el seguimiento, y qué agente se ocupaba de cada uno. Además de ese listado, uno de los testigos secretos habló de aprietes a ciertos presos. En la lista del semáforo estaban, por caso, Lázaro Báez, Omar "Caballo Suárez", Ricardo Jaime, César Milani, Julio de Vido, Fabián de Sousa, Juan Pablo "Pata" Medina, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Oscar Thomas, Víctor Manzanares Fernando Esteche, Rafael Llorens, Jorge Chueco.
Es probable que esta semana ya algunos de ellos sean citados como testigos en este gran capítulo del espionaje ilegal.
20 de agosto de 2020
La iniciativa del oficialismo será tratada por el Senado en la próxima sesión
Los cambios que recibió el dictamen de la reforma judicial
El oficialismo aceptó modificaciones. Desde Juntos por el Cambio ratificaron que rechazarán el proyecto pero no presentaron dictamen alternativo.
El debate en comisiones se extendió durante tres semanas.
La reforma judicial quedó a un paso de la media sanción en el Senado. Este miércoles se firmó el dictamen con la incorporación de varias modificaciones que surgieron al calor del debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. El oficialismo tiene todo listo para aprobar el proyecto en el recinto la semana que viene. Al mismos tiempo el Frente de Todos comienza a trabajar en Diputados, donde deberá buscar los votos una parte de la oposición para conseguir una victoria parlamentaria.
Más de 50 especialistas en la materia participaron del debate virtual en el plenario de las comisiones, durante tres semanas, con jornadas de más de cinco horas. En ese marco fue que surgieron ciertas correcciones al texto que el Gobierno había presentado en la Cámara alta a fines de julio. Entre las modificaciones que se incoporaron, la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta del plenario, destacó que los sorteos de jueces pasarán a ser grabados en busca de mayor transparencia, y que se dio marcha atrás a la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.
Además, se hizo lugar al planteo de los organismos de derechos humanos, de que las secretarías con competencia específica en el tema conserven la competencia exclusiva, que esta especialidad sea mantenida. Asimismo, al régimen penal juvenil se incorporará una competencia juvenil exclusiva para tratar este tipo de delitos.
Sacnun subrayó la importancia de "reformar el proyecto, tal como lo pidió el Presidente cuando lo presentó. No llegó cerrado, si no abierto para discutirlo e incorporarle aquellas reformas que entendemos que lo podían enriquecer". "Se demostró que esto no es una escribanía, se han aceptado muchas modificaciones, algunas sugeridos por la oposición", agregó, a su turno, el neuquino Oscar Parrilli.
El macrismo en el debate en la comisión
Al principio de la reunión se vio algo extraño. El senador Estaban Bullrich aparecía en la pantalla y de fondo se veía una foto de él, en la misma posición en la que aparece en las teleconferencias, como si fuera un doble. Si bien por momentos intervenía en el debate, por otros no y dejaba entrever la posibilidad de que realmente no estuviese presenciando él mismo la discusión, y que fuera una imagen la que lo suplantaba. Una actitud curiosa del senador que proponía bajarle el sueldo a todos los trabajadores estatales para "solidarizarse con los que más están sufriendo la pandemia".
Pero esta no fue la única actitud llamativa del macrismo en el debate. Juntos por el Cambio no acompañó al oficialismo en el dictamen mayoritario, pero tampoco presentó uno propio. Solo se limitaron a criticar, incluso antes de leer el proyecto. "No podemos hacerle sugerencias porque la esencia misma del proyecto está a contramano de lo que necesita la Argentina", dijo la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), para justificar la falta de propuestas de su espacio.
"Se mejoró el proyecto"
Por su parte, el jefe del oficialismo, José Mayans, destacó que "se mejoró el proyecto" durante el debate y remarcó que no pierde "la esperanza de que la oposición haga su aporte". "No podemos ahorrar en la Justicia si queremos una democracia fuerte", analizó.
Primero el Senado, después Diputados
El Frente de Todos no tendrá problemas para darle media sanción a la reforma judicial la semana que viene. Las primeras dudas respecto a la aprobación aparecen en Diputados, donde el oficialismo, que tiene 117 votos (Massa solo vota si hay empate y De Mendiguren está de licencia por su cargo en el BIDE), deberá ir a buscar 12 voluntades en algún sector de la oposición.
Ayer se conoció que los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, votarán en contra, al igual que los 116 del macrismo y los tres del lavagnismo. Así las cosas, la dupla Massa Kirchner deberá hacer uso de su cintura política para conseguir los votos que falten para llevar buenas noticias a la Casa Rosada.
Informe: Antonio Riccobene
20 de agosto de 2020
La ahora exfuncionaria podría ocupar otra función en la administración nacional
Renunció la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós
Tras poco más de ocho meses en la gestión, la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, le presentó su renuncia de manera “indeclinable” al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Fuentes oficiales aseguraron que entre la ahora exfuncionaria y miembros del gabinete del ministro de Educación Nicolás Trotta hubo diferencias de tipo programáticas que impidieron continuar al frente del cargo que ocupaba.
En la Casa Rosada lamentaron la decisión que tomó la prestigiosa educadora pero sostuvieron que trabajan para contar con la participación de Puiggrós en otro lugar de gestión.
En diciembre del año pasado, cuatro días antes de asumir la presidencia, Alberto Fernández presentó a los integrantes de su gabinete. En esa oportunidad dijo sobre Puiggrós que iba a acompañar a Trotta: “Es una licenciada en educación que conoce el tema educativo como poca gente en la Argentina. Ella, seguramente, a va a secundar más que bien a Nicolás”.
En los últimos tiempos, se había emprendido una reestructuración de los planes fijados ante la pandemia, que terminaron aumentado las distancias que arrastraban desde casi la llegada del nuevo gobierno.
La viceministra de Educación renunció en momentos en que las clases no se cursan con normalidad por la pandemia de coronavirus y mientras se analizan los protocolos que permitirán el regreso paulatino de los estudiantes a las aulas de todo el país. En rigor, recién están regresando a clases los alumnos de San Juan, Catamarca y para septiembre se piensa que es posible que Santiago del Estero se sume a este todavía escuálido listado de provincias en condiciones de volver a dictar clases.
La dimisión de Puiggrós no fue la única. A lo largo de estos meses de gestión, ya se había retirado del ministerio la subsecretaria de Planeamiento, Prospectiva e Innovación, Liliana Pascual. También habían presentado su dimisión los asesores de Puiggrós, el pedagogo Roberto “Tito” Marengo y el médico Norberto Liwski.
Puiggrós es, además de licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Pedagogía y tiene una larga participación en la política argentina. Fue convencional Constituyente en 1994 y en 1997 asumió como diputada nacional como integrantes del Frepaso para luego ocupar una banca por el Frente para la Victoria entre 2007 y 2015. Antes había ocupado el cargo de directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y también supo ser, en 2001, secretaria de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva.
20 de agosto de 2020
El informe del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina: se registraron otras 76 muertes
Imagen: Leandro Teysseire
El Ministerio de Salud informó esta viernes a la mañana 76 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 6.406 la cifra de muertos desde marzo pasado.
El informe del Ministerio de Salud
📌El total de casos confirmados en Argentina es de 312.659 (49,1% mujeres y 50,9% hombres).
📌Desde el último reporte emitido, se registraron 76 nuevas muertes. 47 hombres, 32 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Jujuy; 2 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Neuquén; 1 residente en la provincia de Río Negro; 3 residentes en la provincia de Santa Cruz; y 29 mujeres; 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Chaco, 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; y 1 residente en la provincia de Tucumán. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 6.406.
📌A la fecha, el total de altas es de 233.651 personas.
📌Ayer fueron realizadas 18.013 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 1.030.992 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 22.720,7 muestras por millón de habitantes.
📌El número de casos descartados hasta ayer es de 578.043 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).
Fuente:Pagina12
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