JUICIO CONTRAOFENSIVA MONTONEROS: Cronicas dias 48 y 49.

 Crónicas del juicio -día 48- San Martín, la grieta y el negacionismo

El testimonio del General retirado Heriberto Justo Auel estuvo marcado por una tensión permanente. De gesto adusto y típicamente militar, de arranque se enojó con los jueces y luego siguió con el resto de las partes que le preguntaron, con excepción de las defensas, con las que tuvo un trato más amable. Reivindicó a Santiago Omar Riveros, un coleccionista de condenas por crímenes de lesa humanidad. También calificó al genocidio como una "guerra no convencional". (Por El Diario del Juicio*) 

✍️ Texto 👉 Paulo Giacobbe

💻 Edición  👉 Martina Noailles/Fernando Tebele

📷 Fotos 👉  Gustavo Molfino/El Diario del Juicio

—Señor Auel ¿me escucha? —repite dos o tres veces el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers— ¿Usted me escucha?

—Yo lo escucho fuerte y claro —contesta el testigo, y esas primeras palabras darán cuenta del tono castrense que tendrá su testimonial. 

Heriberto Justo Auel, de camisa blanca, suelta, con dos últimos botones desabrochados, cruza sus brazos sobre el pecho cuando responde y ladea un poco los hombros. Su espalda es ancha. De barba cana, tipo candado, pero escasa. Calvo. Los anteojos de marco finito que utiliza reflejan un brillo entre celeste y verde que no terminan de ocultarle la mirada. 

—¿Su profesión?

—Militar.

—¿En actividad? 

—Retirado —contesta el testigo presentado por la defensa, quien dice conocer a casi todos los imputados y ser amigo personal de Eduardo Ascheri. 

La idea es que, dados sus conocimientos, cuente cómo era la organización militar durante el Terrorismo de Estado. Sin embargo, la primera pregunta de la defensa es sobre la opinión personal que tiene de su amigo Ascheri, acusado de crímenes de lesa humanidad: “Mantengo con él, en el retiro, mayor comunicación que cuando estábamos en actividad. Tengo acerca de su persona el mayor respeto. Es una persona seria, humilde, sencilla”. Mientras habla mantiene la mirada hacia su costado inferior. Cada tanto levanta la vista hacia la cámara, hace una pausa, luego continua hablando con la mirada hacia el rincón. 

—Perdón ¿está leyendo?

—No le entendí.

—Soy Matías Mancini, uno de los jueces del tribunal.

—No sé quién habla.

—Soy Matías Mancini, uno de los jueces del tribunal, le pregunto si está leyendo.

Auel se molesta y dice que no, que no tiene apuntes ni papeles en su proximidad, que entonces va a mirar solo la pantalla. Mancini le dice que no es necesario. “Yo la veo a… a  Natalia tomando mate”, replica el militar retirado en una suerte de bufonada que nos permitirá conocer su sonrisa de tiburón. Natalia Corso de Castro es una de las secretarias del tribunal. Más adelante, la jueza María Claudia Morgese Martín le recordará al testigo el lugar que ocupa como tal.

Lego no es un juego

La estrategia de la defensa parecería ser que el General de Brigada retirado sostenga que los crímenes cometidos durante la última dictadura fueron actos legales, justifique las violaciones a los derechos humanos bajo el paraguas de la inconstitucional obediencia debida a los jefes, e insista con la teoría de una guerra interna que no necesita respetar ningún tratado internacional. “La Argentina estaba en una guerra, la peor especie de guerra, una guerra civil. Son las guerras de odio sociales“, se atreve a sostener y su declaración no sorprende: Públicamente ha llegado a desconocer el plan sistemático para desaparecer personas, el robo de bebés y hasta a negar la existencia de centros clandestinos de tortura y extermino. Cuando explica que el Ejército dividió al país en zonas y subzonas, reivindica a Santiago Riveros: “un soldado de la envergadura del General Riveros, que es digno de que ustedes conozcan el currículum”. Esa misma semana, el represor había sumado a su sangrienta foja de servicio otra condena por crímenes de lesa humanidad en un juicio de Zárate.

 

En este juicio, Auel, se embarcará en anécdotas históricas para sacar conclusiones sobre las responsabilidades militares. Arrancó con San Martín en Perú y cuando rumbeaba para la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, le pidió un ejemplo que tenga que ver con Argentina: “el segundo ejemplo, si lo tiene, que tenga que ver con la Argentina, si es de otro país, seguimos con la rueda de preguntas”.

—Tiene que ver, señor presidente, porque las organizaciones militares son universales, lo que ciertamente me indica que estamos ante un tribunal lego —entona Auel, y es la segunda vez que utiliza esa calificación para referirse a los jueces. Fue entonces cuando la jueza María Claudia Morgese Martín decidió intervenir para llamarle severamente la atención: “el Tribunal tiene la capacidad y la potestad de preguntar a los testigos y también puede dejar de interesarnos algún ejemplo que quieran dar, no porque seamos burros, ni nada por el estilo. Si uno o ningún ejemplo nos basta para entender estos casos, suficiente. No hace falta que nadie nos califique. Por otra parte quiero aclararle algo: no estoy de acuerdo con el legajo ejemplar del señor Riveros. Al señor Riveros ya lo conocí, ya lo juzgué, ya lo condené. En mi parecer lo que dijo hasta ahora el testigo está muy claro. El ejemplo se lo agradezco; otro ejemplo, no lo necesito. Y de ahora en más, si puede ser, no haga ningún comentario de lo que hace la gente que trabaja con nosotros, por ejemplo el caso de Natalia, si toma mate o no. Porque eso le incumbe al tribunal y a la señora Natalia. Muchas gracias y no quiero ninguna respuesta de lo que acabo de decir, continúe con su declaración”. 

Heriberto Justo Auel se sentirá ofendido. A la siguiente pregunta le va a decir autoritaria a la fiscal Gabriela Sosti argumentando que lo mandaron a callar la boca. Eggers volverá a explicar que la dirección de las preguntas la tiene el tribunal. La situación se va a reiterar. Otra constante de Auel será preguntar quién le habla cuando le hablan, si puede contestar la pregunta o el sonido del llamado de un teléfono de línea, insistente, pegado al micrófono. 

El ejemplo que dio sobre el General Don José de San Martín, cargado de detalles innecesarios, nada tenía que ver con el juicio. Por la calidad de la imagen, no se puede apreciar si se sonroja cuando menciona al prócer. El Código de Honor de San Martin sostenía: “La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene”. Seguramente, el pensamiento político de San Martín colisiona con el del General retirado Heriberto Auel.

—¿En qué consistieron las prácticas que usted denominó, en varias oportunidades, como guerra no convencional? ¿En qué consistió esa guerra no convencional? ¿Esa guerra no convencional respetó el derecho humanitario y la convención de Ginebra? — pregunta la fiscal Sosti. 

— Si es no convencional no puede reconocer a la convención. Está por fuera de la ley internacional y exige una legislación nacional para operar dentro de ella —contesta Auel. 

Para ejemplificar, recuerda la expedición de Julio Argentino Roca en la mal llamada Conquista del desierto. Con un genocidio justifica otro genocidio. Sosti le va a preguntar si esa guerra no convencional incluyó la tortura y la desaparición de personas. La respuesta será: “Doctora, usted está hablando de delitos que están fuera de la cultura de los argentinos. Los argentinos somos hispanos, criollos, católicos, ¿cómo vamos a ponderar la muerte o la tortura? Eso es un delito”. Niega los hechos y reconoce el delito. Merecía un análisis más complejo que esta crónica no puede brindar. 

Auel no es un improvisado. Ni es la primera vez que está frente a un tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad, ni que lo tilda de lego. Ya se lo había dicho en 2008 al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Neuquén en el juicio por el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Escuelita. Siempre convocado por las defensas que han llegado a decirle “mi general”, en 2014 declaró frente al Tribunal Federal Criminal Nº1 por la Operación Cóndor. Ahí le preguntaron por la organización Unión de Promociones: “He sido presidente de esa organización. Se apoya a los camaradas que están detenidos. A todos aquellos que pertenecen o pertenecieron a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o policiales”. En el Canal TLV1, una suerte de foro apologista, es tratado como una eminencia. El 26 de agosto de este año brindó una entrevista a Juan Manuel Soaje Pinto y se incluyó como combatiente: “La guerra contra terrorista que peleamos desde el '70 hasta los '80.  Esa guerra contrainsurgente pasó a ser estado de guerra. Es decir, no hay actividad de combate, pero el enemigo manifiesta permanentemente su actitud hostil”. 

Heriberto dijo en el juicio por la Operación Cóndor que se retiró del Ejército en el cargo de General de Brigada y que había comenzado su carrera en el año 1951. Entre el '76 y su retiro fue “profesor de la Escuela de Guerra, jefe de Planeamiento de la Reserva estratégica militar, jefe de Regimiento, segundo Comandante de Brigada, Comandante de Brigada”. Sobre su formación académica relató: “He cursado la licenciatura de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Administración y el doctorado en Relaciones internacionales. Yo ingresé en el año 1959 a la universidad a los efectos de buscar los conocimientos que me permitieran encontrar las causalidades profundas de la larga guerra civil argentina”. En este juicio se proclamará experto en Polemología. En el programa TLV1 también lo describen como “profesor, articulista y conferenciante, miembro de la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales”. Un dato de color es que pasó a retiro en 1988, después del alzamiento militar carapintada de Aldo Rico. En abril de 2006, el diario La Nación publicó que “según los diarios de la época, Auel era mencionado por los carapintadas para reemplazar a (José Segundo Dante) Caridi al frente del Ejército y no se presentó a su puesto el día del alzamiento”. El mismo diario, en la sección cultura, promociona sus charlas. El militar enseña en aulas cuadradas sin ventilación sus propios libros. 

La historia

—¿Cómo puede una guerra estar fuera de la Convención de Ginebra? —pregunta el presidente del Tribunal. Auel habla sin responder y el juez vuelve a preguntar lo mismo. “Argentina fue sorprendida por una agresión interna”, dice Auel y el presidente del tribunal da por cerrado el tema. Mancini le recuerda al testigo el Protocolo de Ginebra que se refiere a los conflictos armados no internacionales. 

Tras un cuarto intermedio y después de una pregunta, el testigo dirá que leyó el Manual del guerrillero del Che Guevara para conocer mejor el pensamiento de sus enemigos.

—En el año '83 y relacionado con estos hechos que se están juzgando, ¿tomó conocimiento de una ley que se llamó de pacificación nacional o que otros llamaron de autoamnistía? —pregunta Pablo Llonto, abogado de la querella. 

—Tomé conocimiento por la prensa —contesta el testigo, y aclara que dentro del Ejército no se hablaba de eso porque era un tema político y no militar. 

No recuerda qué decía la norma pero sí que fue usada por el periodismo como autoamnistía porque “buscaba cerrar el problema que hoy llamamos grieta. Buscaba dar término al problema de la confrontación, que luego se reabrió”.  Llonto continúa con preguntas que el testigo no sabe responder o evade. Hasta que le pregunta dónde había estado durante los años '79 y '80: 

—¿Usted me está investigando a mí? —repreguntó agresivo Auel, al tiempo que le volvió a sonar, ruidoso y persistente, el teléfono en la casa. Alguien se quería comunicar. La molestia es superior a la resignación y se le pide que lo apague. 

—En la llamada lucha contra la subversión, la nómina del personal que el Ejército tenía que capturar,  ¿quién la elaboraba? —pregunta Llonto.

—Yo no creo que haya habido un conocimiento como para hacer una nómina del personal a… a… el soldado combate,  y ese combate era un combate de encuentro o era un información determinada para poder capturar, no había una lista de personas a capturar —ignora Auel. 

El abogado querellante le va a preguntar sobre su conocimiento sobre los centros clandestinos de concentración y exterminio, mencionados por el Ejército como Lugares de Reunión de Detenidos. La respuesta de Auel, bajo juramento, será distinta a otras que dio públicamente: “me enteré de la existencia de los lugares de reunión, de prisiones de guerra”.

—¿Nos podría contar dónde estaban?

—Me enteré de uno, en el Operativo Independencia, que estaba a la vista de todos, y otro acá en la Escuela de Mecánica de la Armada, con bandera en la puerta y conocida por todo el mundo.

—¿En Campo de Mayo había alguno?

—En Campo de Mayo también había uno, nunca lo conocí, nunca estuve ahí, pero me enteré de que existía.

—¿Nos podría contar quién le dijo que existía?

—No —sonríe Auel— no... 

—¿Por qué no? 

—¿Cuántos años han pasado? ¿Cincuenta? No me acuerdo, no me acuerdo.  

 

La fiscal Sosti retoma la ronda de preguntas y el testigo dice que no supo del trato que los prisioneros de guerra tuvieron ni su destino. La charla deriva en que Auel admita tener como fuente los libros publicados por Juan Bautista Yofre. “Está citando un material periodístico que conozco y no tiene rigor técnico”, clarifica la fiscal antes de la finalización de la jornada. 

Crónicas del juicio -día 49- Luis Ángel Firpo, El negador salvaje de las pampas

En la misma línea de defensa que ya había esbozado su subordinado Eduardo Caporaso, el imputado Firpo basó sus respuestas en la ampliación de indagatoria centralmente en una negación de su participación en la contrainteligencia del Batallón 601. Se ubicó durante la represión a la Contraofensiva, solo en la custodia de "personas importantes". Ratificó que operaban desde una casa de la calle Rawson, en el barrio de Almagro. En la audiencia también comenzó su indagatoria Marcelo Cinto Courtaux, pero a la hora de las preguntas, el tribunal decidió un cuarto intermedio hasta el próximo jueves. (Por El Diario del Juicio*) 

✍️ Texto 👉 Martina Noailles

💻 Edición  👉 Fernando Tebele

📷 Fotos 👉  Gustavo Molfino/El Diario del Juicio

Terminó la etapa de testigos. En la audiencia 49 están sentados detrás de cámara dos de los seis imputados que quedan con vida en este juicio. Pidieron, a través de su defensor, ampliar sus indagatorias, pero no dirán nada diferente de lo que declararon hace 6 años. Marcelo Cinto Courtaux tiene 73 años y hablará desde una pequeña sala de piso azul en la Unidad 31 donde se encuentra detenido. Luis Ángel Firpo, carga 89 y declarará desde su casa de Mar del Plata donde se encuentra en prisión domiciliaria, como el resto de los imputados. Las dificultades de la conexión en la cárcel de Ezeiza invierten el orden. El primero será Firpo. Ninguno está obligado a decir la verdad. Ambos están acusados como partícipes de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios, de decenas de hombres y mujeres que formaron parte de la Contraofensiva Montonera. Están sentados en el banquillo porque la justicia los considera eslabones esenciales en la maquinaria de Inteligencia del Ejército, con base en Campo de Mayo.      

Aunque lo negará con insistencia durante toda la jornada, entre 1979 y 1980 Firpo fue el jefe de la Central de Contrainteligencia, según se desprende de varios documentos que determinaron su procesamiento. También estaba a cargo de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601. Hoy luce un prolijo pulóver azul con camisa blanca. Su ropa y su pelo canoso es casi todo lo que se reconoce en la pantalla ya que, tal como ocurrió hace algunas semanas con un testigo que fue personal civil de inteligencia, la imagen de la cámara está fuera de foco o configurada con baja calidad. Es curioso que a nadie más le haya sucedido ese aparente problema técnico desde que las audiencias se volvieron virtuales. Ni a los miembros del Tribunal, ni a los querellantes, ni a la fiscal ni a los defensores. Tampoco a la decena de testigos que brindaron testimonio de junio a esta parte. Las únicas dos personas a las que no se les vieron con claridad los rasgos de la cara fueron Firpo y Eduardo Caporaso, ambos integrantes de la División de Seguridad del Batallón de Inteligencia 601. Las dos declaraciones fueron posteriores a la del ex comisario Roberto Álvarez, el testigo que se convirtió en procesado luego de que una sobreviviente lo reconociera a través de la transmisión televisiva del juicio. 

De Firpo no hay siquiera fotos públicas. Quien lo busque por internet sólo encontrará imágenes blanco y negro de otro Luis Ángel Firpo, el Toro Salvaje de las Pampas, boxeador argentino protagonista en 1923 de lo que se conoció como la pelea del siglo. Ese Firpo murió en 1960, cuando el que hoy está acusado de delitos de lesa humanidad comenzaba su carrera militar.   

“Me interesa señalar dos o tres cosas —arranca Firpo apenas el presidente del Tribunal Esteban Rodríguez Eggers le da la palabra—: se dice, en una apreciación del juez, que yo era jefe de la División Contrainteligencia y no es exacto. Yo fui jefe de la Sección Contrainteligencia en 1975 y en enero del ‘76 pasé como jefe de la División Seguridad, que nada tiene que ver con Contrainteligencia. Su misión era exclusivamente proporcionar seguridad a los PMI, personas muy importantes, según el criterio de Jefatura 2 que, a través del jefe del Batallón, indicaba a quién darle protección”. Firpo va a insistir sobre este punto varias veces durante la hora que dura su declaración. Será su eje. Busca despegar el área que tuvo a cargo de cualquier tipo de actividad relacionada con la inteligencia y la contrainteligencia. Los reglamentos y otros documentos militares de la época, que son parte de la prueba en esta causa, muestran lo contrario.

Antes de las preguntas, Firpo quiere aclarar otros dos puntos: “Se me ha imputado por el señor juez diciendo que yo he participado proporcionando información de Inteligencia para la captura o cualquier hecho de agresión contra los montoneros. Eso es totalmente inexacto porque yo nunca pertenecí a la División Reunión de Información que era la encargada de esa tarea, que no tenía nada que ver conmigo. Este señor juez también dice que yo he participado en operaciones en el exterior y en el interior contra Montoneros. Jamás salí al exterior en funciones del Ejército”. El señor juez al que se refiere en realidad es la jueza Alicia Vence, quien tiene a cargo la instrucción de ma megacausa Campo de Mayo.

La casa de Rawson y Obrero Núñez

El Teniente Coronel retirado decide responder preguntas. Su abogado, el defensor oficial Lisandro Sevillano, no le hace ninguna. Cede la palabra. Rodríguez Eggers se pone al frente y le pide a Firpo confirmar la dirección exacta del inmueble de la calle Rawson donde funcionó la División Seguridad. “¿Era Rawson 638? ¿Era un lugar en L?”, le consulta el juez. Firpo asiente. “Sí, Rawson casi esquina Obrero Núñez y, efectivamente, tenía salida por Núñez”. De la casa hay poca información. Según la declaración que dio el 3 de septiembre pasado Eduardo Caporaso, subordinado de Firpo en esa División y precursor en la trampa de poner su imagen distorsionada para testimoniar, la casa tenía una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Ningún cartel ni insignia reconocía el frente del lugar. Caporaso no hizo alusión a que la casa tenía salida por el pasaje Obrero Núñez. 

El frente del galpón con salida a la calle Obrero Núñez que se custodiaba desde una escuela que está enfrente.
📷 El Diario del Juicio

  

La Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia informó, a pedido de la fiscal Gabriela Sosti, que no se encontraron hasta la fecha denuncias sobre el uso de esa casona como centro clandestino de detención. Pero según su equipo de investigación, se pudo constatar que la casa ubicada en la actual calle Palestina (ex Rawson) tuvo una salida por una puerta de galpón sobre el pasaje Obrero Roberto Núñez. Vecinos del lugar relataron en 2018, que durante la dictadura hubo militares ubicados en el techo de la escuela Provincia de Jujuy, que está a la vuelta de la casona y enfrente del galpón. Según pudo constatar el Diario del Juicio, la entrada sobre el pasaje lleva el número 4330 y es un galpón con oficinas de 33 metros de fondo. 

De la información pública surge, además, que la casona de la ex calle Rawson era propiedad del Ejército y que allí funcionó, desde 2004, el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinas del Ejército Argentino. En 2013 hubo una licitación del Ejército para “remodelación del anexo al casino de suboficiales en calle Palestina 638 –Dir. Grl. Pers. Bien.– CABA”, según informó el Programa Verdad y Justicia.

El frente de la casa de Rawson 638. Acutalmente la calle se llama Palestina en ese tramo.

Proteger

—Usted dijo al principio que la Central de Información era la que se encargaba de hacer inteligencia. ¿Puede contarnos más de su funcionamiento? —continúa el presidente del Tribunal—. Respecto de su funcionamiento no tengo la menor idea, ni siquiera cuando era jefe de Contrainteligencia, en el 6º piso, enfrente de donde estaba la oficina de Información, yo nunca entré. Nunca entré en un año. Un principio en Inteligencia muy importante es la necesidad de saber. Si no tengo necesidad, no tengo que forzar ese concepto de Inteligencia de ninguna manera. 

—En ese marco de no saber si no necesito ¿usted tuvo conocimiento en el 79 y 80 de la existencia de centros ilegales de detención de personas? 

—Lo que yo tuve conocimiento es que el Ejército o las Fuerzas Armadas tenían lugares de detención de prisioneros. Yo dije en la indagatoria inicial, e insisto, que no tenía conocimiento fehaciente ni me constaba de ninguna manera. Que podía ser que se tratara de lugares manejados por las fuerzas de seguridad, eso sí porque eso era información pública que, además, le aclaro, esa información pública constituye el 90% de la información de inteligencia y el 10% secreto es el que uno no tiene que meterse cuando no hay necesidad de saber. 

—¿O sea que usted no tenía necesidad de saber?

—Para nada. 

La fiscal Sosti toma la posta. Firpo da algunos datos concretos. Dice que los encargados de calificarlo eran el Segundo Jefe, Luis Arias Duval, y los jefes del Batallón 601 (tuvo tres: Alberto Valín, Carlos Alberto Tepedino y Jorge Muzzio), pero que él respondía al jefe del Batallón directamente. También señala que la protección que debía brindar a unos 30 o 35 militares importantes, algunos ex presidentes de facto como Onganía y Lanusse, era debido a “los asesinatos que llevaban a cabo organizaciones como Montoneros y ERP”, pero que entre 1979 y 1980 “nunca hubo un atentado contra ellos”.   

—En su indagatoria anterior dijo que sus subordinados eran oficiales de inteligencia ¿es así? —le consulta Sosti.

—Nunca dije eso. La gente a mi mando era personal de seguridad, civiles. 

—¿Los 400 eran civiles?

—Había algún suboficial u oficial que se encargaba de algunas tareas importantes de la división como instrucción o control de los lugares de asiento de las personas que se protegían.

—¿Usted dijo en esa declaración que uno de sus subordinados fue Carlos Fontana?

—Sí, Carlos Gustavo Fontana, era Capitán.

—¿Él también hacía seguridad?

—No, era controlador, era el que daba instrucción a la gente en los cursos.

—¿Qué especialidad tenía Fontana?

—Era especialista en inteligencia

—Ah… entonces sí tenía bajo su mando gente de inteligencia… —le advierte Sosti.

—Todos éramos de inteligencia –se enoja Firpo— el personal de civil también eran de inteligencia, eran cuadro c2. 

Carlos Gustavo Fontana fue condenado a 21 años de prisión en 2007 en el primer juicio que se realizó tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 1977 se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia “Paraná” y, a partir de diciembre de 1979, sirvió en la Central de Reunión.

—También mencionó a un tal Gaitán... —sigue la fiscal.

—Era el Teniente Coronel, fallecido, que me sucedió en el mando de la División Seguridad. 

—¿Es el mismo Gaitán que venía de la Central de Reunión de Inteligencia?

—… No sé específicamente, no sé dónde estaba él.

Según la publicación del Programa Verdad y Justicia titulada “El Batallón de Inteligencia 601”, de 2015, el Teniente Coronel Rubén Ignacio Gaitán revistó durante los años 1977, 1978 y 1979 en la Central de Reunión y después fue jefe de la División Seguridad entre 1980 y 1982. En esa misma publicación, Luis Firpo figura en la lista de oficiales y suboficiales que formaron parte de la Central de Contrainteligencia de 1977 a 1979. El juez Rodríguez Eggers se lo preguntará directamente.  

—Es erróneo. Yo le dije de entrada que fui jefe de Contrainteligencia en 1975 y que a fin de ese año pasé a la División de Seguridad.

El juez indaga, ahora, sobre si, como jefe de Seguridad, recibía información de parte de Contrainteligencia. 

—No recibía ninguna información —asegura Firpo.

—¿Y cómo desarrollaba la seguridad sobre esos personajes que usted mencionó? Porqué alguna información preliminar debían tener ¿O iban a la casa y lo cuidaban? —insiste el magistrado.

—Para nada. Yo determinaba el número de personas que iban a integrar la seguridad y el personal estaba instruido con lo que tenía que hacer, es decir, defender a la persona.

—¿O sea que solo hacían la custodia?

—Si, tal cual. Ninguna otra tarea —dice, firme.

—En el mismo sentido, ¿usted recibía información de la Central de Reunión sobre alguna de las organizaciones? —se suma Pablo Llonto, abogado de la querella.

—Absolutamente no, nada, no era de mi incumbencia.

—¿Entonces estas tareas de seguridad no tenían una planificación sobre hipótesis?

—Absolutamente nada. Sólo trabajaba en hechos concretos para personal en funciones o retirados. Yo no necesitaba esa información. Recibía una orden para dar protección y la daba.

Firpo asegura que no recibía ningún tipo de información. Tampoco presentaba informes a sus superiores ni plasmaba la tarea de la División en ningún lado. “No hacíamos reunión de información, no me correspondía, mi misión sólo era seguridad”, dice por décima vez el militar y agrega: “Cuando yo tenía que decir algo hablaba por teléfono con el jefe del Batallón”.

Además de la seguridad a “personas muy importantes”, Firpo recuerda haber dado protección a reuniones bilaterales entre Inteligencia de distintos países. “Tengo presente con España, pero había otros países… Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Perú”.

—¿Vino gente de Inteligencia de España a acá? 

—Sí —se limita Firpo.

—¿Sabe qué temas trataron? –le pregunta Llonto y recibe un nuevo “no, absolutamente”.

—¿Daba sólo seguridad? 

—Por supuesto.

Sosti vuelve a preguntar sobre el eje que Firpo maneja inmutable. 

—¿Su función como jefe de Seguridad estaba dentro de Contrainteligencia?

—No, era completamente independiente.

—Le estoy preguntando por el reglamento. En los libros históricos del Batallón, la Sección de Seguridad está dentro de la Central de Contrainteligencia…

—No, es un error total —sostiene con firmeza.

Para finalizar, Firpo vuelve a pedir la palabra. “En todos mis reclamos para que me den la libertad condicional en esta causa, hacen referencia a que yo habría ido al exterior o proporcionado información que eran ajenas a mi función. Yo nunca participé en nada que tuviera que ver con la lucha contra la subversión, en ninguna oportunidad. Porque no me tocó”. 

Ante la mirada atenta de Marcelo Cinto Courtaux, quien lo escucha desde la cárcel, Luis Ángel Firpo apaga su conexión.   

   

*Este diario del juicio por la represión a quienes participaron de la Contraofensiva de Montoneros, es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, medio alternativo, comunitario y popular, junto a comunicadores independientes. Tiene la finalidad de difundir esta instancia de justicia que tanto ha costado conseguir. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguinos diariamente en https://juiciocontraofensiva.blogspot.com