El referente social de la agrupación MILES manifestó indignado: "¡Berni salió a justificar la represión en defensa de la propia privada!"
06 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Desde su prisión domiciliaria, el dirigente social Luis D´Elía le pidió al Gobierno que lo indulte junto al resto de los "presos políticos" ligados al kirchnerismo, al tiempo que cargó contra el ministro de Seguridad bonaernese, Sergio Berni, por "justificar la represión" contra ocupantes de tierras "en defensa de la propiedad privada".
El referente social de la agrupación MILES reconoció: "Algunos presos, como Milagro Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo".
Al respecto, cruzó al canciller Felipe Solá por dedicar tiempo a celebrar los indultos a presos políticos en Venezuela en lugar de poner el foco en "los 41 presos políticos víctimas de lawfare" en la Argentina.
Sobre la polémica que se instaló al interior del Frente de Todos por la postura de Berni en contra de las tomas de tierras, D´Elía interpretó que el kirchnerismo está intentando generar un espacio más inclinado hacia la derecha para abarcar una porción mayor del electorado.
Sin embargo, en diálogo con el portal Canal Abierto, alertó que esto se está haciendo "sin medir las consecuencias para nuestro pueblo". "¡Berni salió a justificar la represión en defensa de la propia privada!", se indignó.
"Hoy yo no haría tomas por la pandemia. Las tomas ya son duras de por sí y en este contexto es complicado, pero esto no es nuevo", opinó.
Fuente:NA
Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre 2020.
El acceso a una vivienda digna es un derecho que el Estado debe garantizar. Sin embargo, en la última semana, en vez de brindar soluciones al grave déficit habitacional en el que vive gran parte de la población, representantes del gobierno nacional y provincial se han expresado en contra de las recuperaciones de tierras y pretenden quitarnos los derechos más básicos mediante la criminalización y la judicialización.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro total repudio a todos los funcionarios dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, «el que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso». De esta forma arremete contra las familias sin techo que en una situación desesperante no tienen otra alternativa que instalarse en asentamientos y barrios populares como pueden. La propuesta de Berni solo no contempla la solución a la falta de acceso a servicios básicos elementales como agua, luz y gas, sino que ademas niega la cruda realidad que se vive en este contexto donde muchas familias no pueden pagar el alquiler o viven hacinadas y les la posibilidad de una opción concreta en el marco de la pandemia.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof al recibir 15 intendentes del conurbano expresó que las recuperaciones de tierras «no sólo son ilegales, son injustas». Asi muchos funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal se alinean se alinean denunciando la ilegalidad de las tomas sin buscar soluciones que destraben la necesidad que viven miles de familias. Creemos firmemente que ilegal es no tener un lugar donde vivir, porque constitucionalmente nos asiste ese derecho. Queda a las claras que para el gobierno “hacer cumplir la ley” es desalojar a quienes subsisten de manera precaria y no mirar la ocupación ilegal de tierras y viviendas que realizan countries y emprendimientos inmobiliarios.
De la misma manera reivindicamos a las familias, que a pesar de atravesar un momento absolutamente adverso y plagado de necesidades y ante los años de ausencia de políticas del Estado, toman en sus propias manos la decisión de resolver el problema de la falta de tierra y vivienda. Desde la precariedad, pero con el inquebrantable deseo de tener un techo para elles y sus hijes es que se asientan en lugares donde poder proyectar sus vidas. Lo que la inalcanzable propiedad privada les quita, lo recuperan con la decisión de organizarse como lo hizo en la década del ’80 Agustín Ramírez, mártir de los asentamientos del sur del conurbano bonaerense.
Nuevamente nos volvemos a pronunciar para que el gobierno establezca la instauración de programas masivos de trabajo, obra pública y vivienda, donde las organizaciones y cooperativas estemos contempladas. Es urgente un plan de obras públicas, que las tierras ociosas sean utilizadas y podamos acceder a una vivienda digna y tierra para trabajar. Proponemos que se organicen Consejos de tierras y vivienda distritales, conformados por las organizaciones, delegades de los asentamientos y el Estado, para de conjunto diagramar políticas generales y particulares para cada asentamiento y familia.
Reclamamos:
Tierra para vivir y producir
Viviendas dignas
Ilegal e injusto es el robo de los terratenientes
La tierra es nuestra
No al desalojo por tierra para vivir
Tierra para vivir y producir
Viviendas dignas
Ilegal e injusto es el robo de los terratenientes
La tierra es nuestra
No al desalojo por tierra para vivir
FOL –Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS- Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), MRP- Movimiento Resistencia Popular FAR- Frente Arde Rojo/COPA FOB La libertaria, FOB Autónoma, MTR por la Democracia Directa, OLP Resistir y Luchar
Berni sigue echando nafta al fuego demostrando que está protegido desde el poder: «Mientras sea ministro de Seguridad, el derecho a la propiedad va a ser inviolable»
Resumen Latinoamericano, 6 septiembre 2020.
Con la toma de tierras en el centro de la escena, insiste en que son un delito. Le respondió al referente de la CTEP, Juan Grabois, quien afirmó que «el que dice que ocupar es delito miente». «Debemos tener un Código Penal mentiroso», ironizó.
Sergio Berni. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, anticipó hoy que se reunirá con los intendentes de la Costa Atlántica para «garantizar el derecho a la propiedad privada» y que los dueños de casas de veraneo se queden «tranquilos» de que no habrá «usurpaciones».
«Empezó el temor a que se ocupen las casas de la Costa. Le quiero decir a esa gente que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por su derecho a la propiedad privada, que es inviolable«, sostuvo el funcionario provincial.
En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof indicó que, tras la caravana que realizaron propietarios, se reunirá la próxima semana con los intendentes de la Costa Atlántica «para generar un mecanismo y garantizarle a todos los que tienen su casa en la Costa que se queden tranquilos».
«Mientras sea ministro de Seguridad, el derecho a la propiedad va a ser inviolable. Hay un Gobierno en la Provincia de Buenos Aires que va a cuidar sus intereses», subrayó. A la vez, aprovechó para ratificar su postura frente a la toma de tierras y le respondió al referente de la CTEP, Juan Grabois, quien había afirmado que «el que dice que ocupar es delito, miente». «Deberemos tener un Código Penal mentiroso», ironizó Berni.
El acuerdo que le permite a Berni seguir en el cargo y construir su candidatura
Por Claudio Mardones – 6 de septiembre de 2020
El gobernador Kicillof le marcó las reglas del juego. Dijo que si pensaba actuar por las suyas debía renunciar. Razones de una continuidad incómoda pero conveniente por los próximos meses.
«Empezó el temor a que se ocupen las casas de la Costa, le quiero decir a esa gente que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por su derecho a la propiedad privada, que es inviolable», dijo este sábado el médico, abogado y teniente coronel del Ejército, Sergio Berni para confirmar que buscará explotar el debate público sobre las tomas de tierras calzado en el traje de candidato eterno. Ni las intrigas irresueltas sobre la desaparición y muerte del joven Facundo Astudillo Castro frenaron la carrera del ministro bonaerense, y poco antes de que se confirmara la identidad del cuerpo hallado en un cangrejal, anunció que quiere pelear por la presidencia del Partido Justicialista y que pretende ser candidato a diputado nacional en las elecciones del año que viene.
Entre las arengas del mismo tono que hizo hace dos meses atrás y las reapariciones de esta semana existe una diferencia estratégica para la Casa Rosada. Desde ahora Berni se construirá como un producto electoral con el permiso del gobernador Axel Kicillof, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. También con la tolerancia, siempre inestable y esquiva, de los intendentes del conurbano bonaerense, los principales responsables del encuadramiento de Berni luego de las durísimas discusiones que mantuvieron respecto a la interna que mantiene con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Las cuestiones no eran sólo políticas, sino también operativas para forzar que la Casa Rosada intervenga activamente en el conurbano bonaerense con presupuesto y efectivos para contener el incremento del delito.
Esas tensiones desembocaron en el Plan de Seguridad que anunciaron este viernes el presidente Alberto Fernández y Kicillof, rodeados de Frederic, Berni, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y una decena de intendentes de los tres cordones del conurbano del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Entre esos protagonistas se terminó de cocinar y negociar una estrategia para resolver las urgencias que plantearon los intendentes en medio de la incertidumbre sobre el impacto de la crisis en los próximos meses. Dentro del oficialismo también ordenó las internas de la coalición sobre la gestión de la seguridad en la provincia y definió el futuro próximo de Berni luego de dos meses de durísimos tironeos con la Casa Rosada.
Tal como anticipó este diario hace dos meses, Berni trabajaba en su candidatura bajo la coordinación de su entonces jefe de Gabinete y dueño del medio La Tecla, Mario Baudry. El ministro tuvo que echarlo cuando la crisis interna ya había escalado a un punto de no retorno. Fue después de la irrupción que protagonizó el 1° de Julio en el Puente La Noria a bordo de un helicóptero y corrió el riesgo de ser detenido por desobedecer a las fuerzas federales que realizaban un retén por la cuarentena.
La situación podría haber empeorado en los días siguientes, pero fue frenada luego de una reunión en Olivos entre Fernández, Kicillof, Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. «En ese encuentro se hablaron de varios temas, también de seguridad y de Berni», confió una fuente del oficialismo antes de otro encuentro en La Plata, donde el gobernador terminó de plantearle las futuras reglas de juego.
«Le planteamos que si tiene el deseo de jugar políticamente, lo tiene que hacer dentro de esta construcción colectiva y si pensaba encararla en forma solitaria, que presentara la renuncia y que se armara su espacio», detalló un testigo del encuentro con Berni, posterior a la cumbre de Olivos. «CFK es la conductora del espacio y Máximo es el articulador político y habla con los distintos actores políticos del conurbano y la provincia. Todos estamos ordenados en función a ese esquema, incluso aquellos que tuvieron algún intento de construir un nuevo espacio, como el «albertismo» y se dieron cuenta que eso no iba a funcionar», explicó la fuente para dar por terminado el entredicho con Berni. Para respaldar a Kicillof, CFK y Kirchner no sólo coordinan, sino que siguen con detenimiento e información de primera mano el avance de las gestiones municipales en el conurbano en materia social, sanitaria y de seguridad.
Por fuera de la frivolización de la voz del mando civil para la Bonaerense, la inorganicidad de Berni encierra cuatro coincidencias clave: cuenta con el total respaldo de la vicepresidenta, funciona como un pararrayos en materia de seguridad para preservar a Kicillof y puede jugar un papel central para las elecciones de medio término, donde la problemática de la seguridad ha sido determinante. Ese factor fue clave, recuerdan en La Plata, para la victoria del empresario Francisco De Narváez frente a la candidatura de Néstor Kirchner en 2009 o el posicionamiento de Massa con la promoción del puntivismo extremo. La cuarta pieza desequilibrante tiene que ver con Juntos por el Cambio, porque el discurso punitivista del ministro les permite mantener a raya la influencia en el electorado bonaerense de figuras como la exministra Patricia Bullrich o la exgobernadora María Eugenia Vidal, que ya pidió un informe sobre el alcance del Plan de Seguridad anunciado el viernes.
A principios de Julio, apenas echó a Baudry, Berni redobló la apuesta y grabó un spot para lanzar «Fuerza Buenos Aires», como una manera de revender su producto electoral en medio de las tensiones políticas. «FBA puede ser su línea interna dentro de la articulación que integramos, pero no está definido que encabece la lista porque esa discusión es prematura», acotaron cerca de Kicillof.
Con las internas ordenadas y el desembarco de las fuerzas federales en el Conurbano, el ministro se concentrará en el interior provincial y especialmente en los «pequeños conurbanos» de ciudades bonaerenses como Mar del Plata, Junín, Bahía Blanca, Pergamino y San Nicolás. De ese mapa surgen los mensajes que Berni ahora les prodiga a los vecinos de la costa, anclado en el debate sobre el rol que debe tener el Estado ante tomas de tierras.
Con más efectivos federales en el AMBA, el gobierno provincial puede ejercer otro control junto a los intendentes de la policía provincial. «La bonaerense les tiene respeto y ni hablar de las agencias subnacionales que intervienen acá, como la DEA, que también mantiene diálogo con Berni», explicaron en el peronismo provincial para asegurar que el ministro seguirá en el puesto, al menos, hasta mediados del año próximo.
fuente: Tiempo Argentino
Toma de tierras: La derecha ataca con Seguridad/ El relato simplificador en Provincia, las denuncias contra los mapuche en el sur
Mario Wainfeld / Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2020
Crecimiento de las violencias en pandemia. Las tomas de tierras, historia y contexto. Criminalizar y estigmatizar, las consignas. La cuestión social, prioritaria. La sanción penal, un arma indebida. Discusiones dentro del oficialismo. El peligro real, el sanitario.
Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en “Berardi”. La Reforma judicial en “la cláusula Parrilli”. Confundir, adrede, la parte con el todo.
Demonizar a determinados protagonistas “garpa” al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen. La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes.
Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.
Contrato de lectura o spoiler de esta columna: aspira a encuadrar los hechos, sistematizar, recorrer precedentes, darles contexto.
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De las violencias a las tomas: El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. El colega Raúl Kollmann lo describió rigurosamente días atrás en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/289416-el-delito-con-macri-crecio-pese-a-la-mano-dura
En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios. En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.
Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país. A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren “gente en la calle” desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la “normalidad” que volverá a subir.
La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.
El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.
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El default novedoso: El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de “default en Seguridad”. Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.
Tras cartón llueven novedades sobre el punto. “Las encuestas”, aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos. Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste… no les crea, lectora o lector.
Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.
La mirada dominante enfoca las “tomas”, ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.
La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.
La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof.
El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene “diferenciándose” de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña. Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando “Chino” Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien –comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada– le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.
La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice. El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas. Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia… menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los “planeros”.
Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva. Las preguntas por “sí” o por “no” operan como un arma para quitar densidad a los debates. “Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?” Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.
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A criminalizar, a criminalizar: Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
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La política también existe: La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.
De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.
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El revival de la guerra mapuche: Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi. La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.
Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.
El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses.
Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.
Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vallan (sic) armados”. Buenos vecinos.
Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.
La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de “terroristas”, agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista… Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.
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Los riesgos reales: La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia. En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.
Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país.
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible.
El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.
Estas historias continuarán.
FUENTE: pagina 12
Envio:RL
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