Este martes indagan a Araque por lo que descubrieron en su aparato
Mentiras verdaderas en el celular del espía
Fotos, mensajes, informes completos, grabaciones... un tesoro del espionaje ilegal que lleva directamente a la cúspide del poder macrista. La estrategia de negar.
Por Raúl Kollmann
El juez Juan Pablo Augé, que va a interrogar este martes al espía Araque.
Imagen: NA
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En el celular del espía Leandro Araque aparecen informes de todos los colores. Que “Cecilia Moreau (la hija de Leopoldo) está negociando el acercamiento de Sergio Massa con Cristina”. Que el obispo Jorge Lugones “fue encargado por el Papa Francisco para poner a la iglesia contra el gobierno (de Mauricio Macri)”. Que “Horacio Rodríguez Larreta está operando en el gremio de Comercio, de la mano de Alfredo Coto”. El 15 de agosto de 2018, que “Camión senior (Hugo Moyano) está gravísimo. Tuvo un ACV. Es cierto que nos sirve más preso”. “Averiguame si CFK viajó a Neuquén”; “Ramona (Graciela Camaño) conversa con Vidal para armar algo contra Mauricio”. Que “hay que terminarle las cosas a Majul de los carteles para antes del programa”. El espía Araque tendrá que dar explicaciones sobre todo eso y mucho más este martes a las 10.30, pero dirá que no puede declarar nada porque no se garantizó la cadena de custodia del Samsung 7. No reconocerá el celular como propio. Se trata, obviamente, de una maniobra procesal.
El espía, expolicía de la Ciudad, integrante del grupo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conocido como Súper Mario Bros, fue convocado por el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La acusación no es menor: “haber conformado una organización criminal desde el aparato del estado, en especial desde el Poder Ejecutivo, a partir de la Agencia Federal de Inteligencia, concretando operaciones de espionaje ilegal”.
Araque y su abogado defensor, Fernando Sicilia, apuestan a no responder sobre el contenido y a cuestionar el manejo del expediente, en especial cuando estuvo en manos del juez Federico Villena. Pero todo indica que la mayor apuesta de todas es que la causa viaje a Comodoro Py donde, ya se sabe, el aparato político, de inteligencia, judicial y mediático, alineado con Cambiemos, juega de local. El centro de la declaración de Araque será que el Samsung 7 fue manipulado y que no contestará nada sobre lo que se encontró. El celular fue secuestrado originalmente en otro expediente en que se investigó a la esposa de Araque por un dinero faltante en un operativo antidrogas. Cuando estalló el escándalo del espionaje ilegal, el teléfono viajó del juzgado de Daniel Rafecas a Lomas de Zamora y en ese proceso, dicen Araque y Cecilia, se hizo la manipulación. Ahora Araque alegará que no se hace responsable sobre el contenido, pero está claro que el material es contundente: centenares de fotos, informes, chats y una cantidad de información rudimentaria, torpe, muy propia de policías puestos a hacer espionaje. De hecho, hasta terminaron grabando a sus propios jefes.
Esta es la segunda indagatoria de Araque y, aunque ahora se atendrá a objeciones procesales, su línea de defensa fue achacarle toda la actividad ilegal a sus superiores, en especial a Alan Ruiz, el jefe de Operaciones Especiales de la AFI. Y a su turno, los titulares de la central de espías, cuando les toque el turno en octubre, alegarán que lo que hicieron fue por órdenes judiciales. Pero hay evidencias de que se espió a dirigentes políticos opositores y oficialistas para saber qué estrategia tenían en el terreno electoral, sindical y social.
El diseño de las operaciones no es burdo, lo que resultó burdo fue la ejecución:
* Cristina, por supuesto, era el objetivo principal. El vínculo con Massa, a través de Cecilia Moreau; una delegación de venezolanos que la habría visitado, un viaje a Neuquén para apoyar candidatos, las reuniones con dirigentes, los allanamientos, las causas. Todo figura en los informes.
* Hay muchos seguimientos a figuras de Cambiemos, empezando por Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal. Lo que monitoreaban es que esas figuras supuestamente ensayaban alternativas al liderazgo y la candidatura de Macri. Pero el espionaje no se concentró sólo en el tema político: les buscaron “negocios”, amantes y reuniones ocultas.
* Se espió a Graciela Camaño por ser del riñón de Massa y porque mantenía reuniones con funcionarios vinculados a la Embajada de Estados Unidos. También estaba la idea de que Camaño, junto a Vidal, podían armar una corriente contra Macri y su mano derecha, Marcos Peña.
* Luis Barrionuevo, marido de Camaño, apareció en el radar porque “opera para Macri”, decían los espías. “Por eso lo pusieron como interventor del PJ”, se afirmó en un chat. Pero se ve que no le confiaban mucho, porque también se concretaron seguimientos.
* El obispo Lugones, junto a su sobrino, el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, fueron seguidos y vigilados porque según los agentes eran los encargados de articular a los movimientos sociales contra el gobierno, por orden del papa Francisco.
* Los Moyano aparecen como una gran obsesión, al punto que los siguieron en numerosas oportunidades, con autos y motos. Los espías hasta hablaron con enfermeros y médicos en el momento en que lo internaron, según ellos porque había sufrido un ACV y estaba gravísimo. Después, el espionaje lo ubica en la organización de la marcha contra la reforma jubilatoria y los agentes aseguran que los Moyano usaban a barras bravas de Independiente combinándolos con los de Racing.
* Sobre el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon también realizaron seguimientos. Sacaron fotos de su vehículo y su vivienda y les dieron la instrucción de averiguar qué fue a hacer a Comodoro Py. Todo giraba en torno a la obra del soterramiento del Sarmiento y la constructora Odebrecht, socia del Grupo Macri. Además, en Brasil la empresa admitió el pago de coimas en la Argentina.
* En determinado momento, todos los agentes parecieron trabajar para determinar quién pegó carteles contra el periodista Luis Majul. Los chats estuvieron centrados en apurarse que las imágenes y los informes estuvieran a tiempo para el programa.
En realidad, gran parte de las indagatorias giran en torno al origen de las órdenes. A simple vista, parece evidente que todo partía de Mauricio Macri, al punto que en determinado momento los propios espías lo deducen. Comentan un titular de Clarín en el que se menciona que Macri llegó a un acuerdo con Monzó y el mismo día les ordenaron levantar todo el espionaje sobre el entonces presidente de la Cámara baja.
El mismo hilo conductor surge de la orden de espiar a Florencia Macri, hermana del ex presidente, y su pareja Salvatore Pica. Por lo que surge de los celulares, se pretendía averiguar cuál era la situación sentimental de ambos y también las actividades económicas de Pica, que ocupaba puestos en dos empresas del Grupo Macri. En algún momento se mencionó que Pica podía estar involucrado en contrabando o incluso en narcotráfico, pero eso no surge de los chats. Todo hace pensar que esa operación sólo podía interesarle a Macri.
Parece evidente que el juez Auge tiene un ojo puesto en el ex mandatario, porque en la acusación que se le lee a los imputados hace alusión al destino de los informes ilegales. Sostiene que Darío Nieto, el secretario de Macri, “era un canal subsidiario, pero no por eso menos importante, de la transmisión ilegal de información conseguida ilegalmente”. O sea que existían dos caminos hacia Macri. El oficial, a través de Gustavo Arribas, y el subsidiario que iba de los agentes a la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, de ella a Nieto y de Nieto a Macri. El magistrado lo menciona específicamente con los datos que todos buscan –en La Matanza, Avellaneda y otros puntos– sobre la movilización opositora de diciembre de 2017 en ocasión de la reforma previsional. Nieto deberá declarar el 6 octubre y luego terminarán Silvia Majdalani el 8 de octubre y Arribas el 9.
La fórmula de Augé es la habitual en estas investigaciones: quedan para el final los imputados más importantes.
06 de septiembre de 2020
El relato simplificador en Provincia, las denuncias contra los mapuche en el sur
Toma de tierras: La derecha ataca con Seguridad
Crecimiento de las violencias en pandemia. Las tomas de tierras, historia y contexto. Criminalizar y estigmatizar, las consignas. La cuestión social, prioritaria. La sanción penal, un arma indebida. Discusiones dentro del oficialismo. El peligro real, el sanitario.
Por Mario Wainfeld
Imagen: AFP
Simplifica, miente simplificando, que algo quedará. La derecha política o mediática reformula el consejo de Goebbels y lo aplica cotidianamente. El Consejo de Juristas se cifra en “Berardi”. La Reforma judicial en “la cláusula Parrilli”. Confundir, adrede, la parte con el todo.
Demonizar a determinados protagonistas “garpa” al menos para una platea ideológicamente afín y emocionalmente predispuesta a la ira. Desde ya, la máxima generadora de los males es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Inventar problemas, exagerarlos, exasperar, constituyen labores diarias. Cuando no hay un problema, se inventa. Más fácil es magnificar o distorsionar los que existen. La inseguridad, por ejemplo, que afecta y preocupa a la gente común. Para narrarla, también se miente, manipula y simplifica. Minga de contexto, me ne frego en la historia y los precedentes.
Una narrativa falaz propone un puro presente, exclusiva responsabilidad del actual gobierno. O de otros chivos emisarios: los pobres, los vagos, los piqueteros, los barones del conurbano. Hasta los mapuches caen en la volteada.
Contrato de lectura o spoiler de esta columna: aspira a encuadrar los hechos, sistematizar, recorrer precedentes, darles contexto.
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De las violencias a las tomas: El número de delitos creció en 2019 pese a la política represiva del macrismo. Bajó el número de homicidios, una tendencia de años. El colega Raúl Kollmann lo describió rigurosamente días atrás en Página 12: https://www.pagina12.com.ar/289416-el-delito-con-macri-crecio-pese-a-la-mano-dura
En pandemia las violencias se incrementan, en todo el planeta. Crecen desde el pie, acrecientan tendencias preexistentes, no arrancan de cero. Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, da cuenta del fenómeno global, con especial énfasis en delitos graves intrafamiliares o femicidios. En la Argentina ocurre lo mismo. Las explicaciones son evidentes: el hacinamiento o la convivencia más extendida, las dificultades de las víctimas para pedir auxilio. Montado sobre la base anterior, de por sí tremebunda.
Las estadísticas criminales, como todas, pecan de imperfección en la inédita coyuntura. Registran la rareza de marzo-abril, los meses de la cuarentena intensa en todo el país. A ojo, funcionarios avezados registran que durante ese lapso creció la violencia a nivel privado mientras bajaron de modo atípico e insostenible en el tiempo ciertos delitos que requieren “gente en la calle” desde arrebatos o salideras hasta venta de droga al menudeo. Como los accidentes de tránsito, otra variable dependiente de la “normalidad” que volverá a subir.
La violencia institucional, las violaciones recurrentes de derechos Humanos, se agravan con la omnipresencia de las Fuerzas de Seguridad, empoderadas por discursos benevolentes o elegíacos que algunos uniformados traducen a su manera.
El empobrecimiento general agranda las necesidades. Estos trazos (por si hace falta remarcarlo) no justifican las violaciones a la ley ni las reparan. Apenas tratan de encuadrarlas. Simplificar, el designio de las derechas. Complejizar, comprender sin resolver, el karma de los progresismos, las centro izquierdas, los nacional -populares.
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El default novedoso: El lunes pasado el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán anunciaron el resultado de canje de deuda con acreedores privados. El martes un editorialista de Clarín anunció la existencia de “default en Seguridad”. Alejado en parte el económico, la guerra enfila hacia otros frentes.
Tras cartón llueven novedades sobre el punto. “Las encuestas”, aseguran, revelan que la inseguridad es la máxima preocupación de los argentinos, por delante de la economía o la salud. La encabezaban hasta que se cerró el canje, mirá vos. Los sondeos no se detallan, su unanimidad es sospechosa. Este cronista es ateo frente a esa religión, las encuestas de opinión suelen fallar por problemas técnicos, mala fe. A veces, devoción a quien las paga. Añádale la dificultades para medir durante la peste… no les crea, lectora o lector.
Se visibilizan crímenes urbanos, dolorosos, cuyas víctimas son personas comunes, trabajadoras. La empatía de otros argentinos es automática, justificada tanto como la noticiabilidad de los delitos. Se carece de indicadores cuantitativos, por ahora. Los opositores resuelven que se incrementaron. Se torna imposible convalidar o refutar de plano las afirmaciones.
La mirada dominante enfoca las “tomas”, ocupaciones de terrenos. No nacieron en agosto ni de un repollo. Son una constante que se prolonga desde décadas atrás. Muchos barrios o villas actuales comenzaron así. De nuevo, suceden y alarman a las autoridades (intendentes en especial) de cualquier bandería.
La derecha punitivista propugna soluciones rústicas para cuestiones multicausales. El reduccionismo se expande. Las argumentaciones sociales se desechan con desdén. No son grupos de personas pobres, señalan con el dedito en ristre, sino un negocio inmobiliario de un puñado de vivos.
La escalada verbal alisa terreno para una réplica represiva. El ala derecha de la coalición gobernante entra en el juego, motivando un internismo que debilita a Fernández y al gobernador Axel Kicillof.
El ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni es el emisor más potente e irresponsable. Parece dedicado al divisionismo. Viene “diferenciándose” de su par nacional Sabina Frederic desde el comienzo de la gestión. Con franqueza tan proverbial como reprobable, emite spots de campaña. Frente a las tomas copa el lado derecho del mapa político. Acusa al Movimiento Evita, en general y a Fernando “Chino” Navarro en especial. Es el segundo funcionario nacional al que descalifica. Su verborragia preocupa al presidente quien --comentan fuentes indubitables de la Casa Rosada-- le encareció más de una vez que se callara. Berni, describe con gracia el periodista Martín Rodríguez, se define como soldado pero obra como francotirador.
La desmesura verbal más grave la comete Berni al discutir con Cristina Castro, la madre de Facundo. Lo hace a cielo a abierto, en franca disparidad de poder. El respeto a las víctimas es una de las mejores claves de la historia reciente, maltratarlas la contradice. El funcionario, para peor, viene derrapando en esa cuestión. Prometió encontrar vivo al pibe, un exceso de voluntarismo o de soberbia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, siempre busca oro en el filón de la mano dura. Se aparta de sus labores específicas para anunciar que se privará de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los supuestos okupas. Un despropósito, ajeno a su competencia, no previsto en las normas respectivas. Un derecho social no se quita así como así solo por una denuncia… menos que menos en un gobierno peronista. Massa lo sabe pero su objetivo es armonizar con sectores de opinión pública encolerizados. Azuza la estigmatización de los “planeros”.
Otros integrantes del Gobierno aluden a la génesis social de las tomas. La necesidad, agravada por la larga recesión y el derrumbe económico en los meses recientes. La polémica los condiciona y pone a la defensiva. Las preguntas por “sí” o por “no” operan como un arma para quitar densidad a los debates. “Por sí o por no. ¿Ocupar terrenos es delito?” Queda bárbaro responder afirmativamente, es derechísticamente correcto. Algunos funcionarios caen en la celada o quedan entrampados.
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A criminalizar, a criminalizar: Las tomas preocupan a los intendentes, atentos a las reacciones de los vecinos. El Estado tiene deberes varios respecto del derecho a la vivienda digna: prohijar ocupaciones de predios no se cuenta entre ellas. Puesto de otra manera: tiene deberes más estrictos. También la carga de preservar el orden público.
Los punitivistas cortan el nudo gordiano: criminalizan las tomas. Son delito, alegan. En una interesante columna de opinión publicada el sábado en este diario Juan Grabois (referente de MTE/UTEP) explica las tomas, desde un ángulo social y político. En materia jurídica, el abogado Grabois interpela “ocupar no es usurpar (…) existe algo llamado derecho penal”. Tiene razón. En un breve diálogo telefónico el profesor-presidente Alberto Fernández discurre parecido. “El derecho penal no resuelve todo. El delito de usurpación no está previsto para estos casos. Si yo fuera juez no condenaría a quien se instaló en estado de necesidad. Menos en pandemia cuando se le pide a la gente que se guarezca, que se quede en sus viviendas”. Redondea con un tecnicismo: “Sería una acción típica pero no antijurídica”.
El mandatario conoce, por boca de periodistas y alcaldes conurbanos, que hay personajes que venden tierras que no les pertenecen, o cobran un alquiler trucho, abusando de la necesidad de los humildes. Esas personas sí delinquen, agrega este cronista, cometiendo estafa solo para empezar. Pero explotan a gente común, carenciada: no la representan ni expresan a su conjunto. Eduardo de la Serna, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, conoce como baqueano a esas prácticas y a los territorios en que vive. Publicó este sábado: “es de esperar que haya buenas políticas sociales, habitacionales que eviten la cantidad de personas que lucran con la necesidad: narcotraficantes, punteros políticos, avivados, fuerzas de seguridad, empresarios inescrupulosos”.
Otra vez se toma una partecita, la peor, para descalificar al todo… y clamar para que encanen a los que buscan una morada. Sin ser jurista, sin usar la jerga técnica, De la Serna da en la tecla desde un punto de vista moral: “los pobres, que deben dejar la casa paterna con sus nuevas familias y encuentran terrenos no aptos, pero al menos posibles, ¿roban?” pregunta. Como buen predicador, induce a la respuesta ética.
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La política también existe: La construcción de viviendas es, quizás, la política pública central entre los planes reactivadores de Fernández. La persistencia del virus lentifica la instrumentación. Se prolonga la gigantesca deuda interna.
Las controversias internas en el Frente de Todos (FT) corresponden a roles diferentes y a ambiciones distintas. El modo de participar en las futuras acciones diferencia a movimientos sociales e intendentes.
Existen también reyertas entre Berni y los alcaldes. El plan de seguridad lanzado el viernes complace de modo diverso a distintos protagonistas. Los intendentes, de todos las fuerzas políticas, celebran tener recursos técnicos, más efectivos, móviles, cámaras etc. Saben que eso sintoniza con los reclamos de la gente común. Berni pudo haber sido puenteado un poquito pero se atendió a una demanda iniciática suya: el envío de gendarmes para ampliar el número de uniformados en las calles.
De cualquier modo, las tensiones o los (válidos) objetivos diferentes necesitan sustanciarse con cuidado porque acecha una oposición a menudo salvaje que quiere erosionar al Gobierno. Su facción más extrema, temible y minoritaria va por más: coquetea con una opción destituyente. Los de afuera juegan y fuerte. La máxima del Martín Fierro tendría que llevar al autocontrol dentro las filas oficialistas.
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El revival de la guerra mapuche: Mezclar todo, otro artificio de los manipuladores. Se reaviva el espectro del peligro mapuche, utilizado por el gobierno del presidente Mauricio Macri hace tres años. En aquel entonces la violencia institucional causó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este último en la zona de Villa Mascardi. La ministra Patricia Bullrich envió a los Albatros de la Prefectura, un grupo de elite, que disparó munición de plomo contra ocupantes del lugar, familias enteras.
Los derechos de los pueblos originarios, crónicamente conculcados, fueron reconocidos por la Constitución reformada en 1994. Hacerlos operativos es complejo porque interfieren cosmovisiones diferentes, siglos de hostigamientos. La sangre derramada de Rafita Nahuel ahonda las disidencias.
El actual gobierno armó una mesa de diálogo encomendada a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Es una prestigiosa dirigente rionegrina que fue senadora. La mesa hace su trabajo, en una maraña de malentendidos que no se resolverán en pocos meses.
Las tomas de tierras derivan de reclamos ancestrales, del rechazo a los criterios de propiedad imperantes, razones religiosas. No las resumimos en una apretada nota de domingo. Pero poco o más bien nada tienen que ver con las ocupaciones en el Conurbano.
Las monsergas a favor de la propiedad privada carecen de sentido porque los terrenos ocupados son públicos. Los manifestantes se autoconvocaron con consignas temibles que describe con minucia el periodista local Santiago Rey (@santiagorey): “plomo y más plomo”, “repriman a esos delincuentes”, “nos juntamos unas 300 personas con palos, piedras y algún arma de ‘juguete’ y los sacamos como se debe” “prendan fuego y vallan (sic) armados”. Buenos vecinos.
Violencia privada en defensa del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyo nombre es una expresión mapuche.
La prensa dominante desliza opiniones de invitados ignotos quienes hablan de “terroristas”, agitan el espantajo de una guerra con Chile y otras lindezas. El ex presidente Eduardo Duhalde, por ahí envejeció mal o tuvo un desvarío temporario. Pero se cayó para el lado al que se inclina: no se troskeó ni volvió socialista… Lo que es peor, no está solo en su prédica protogolpista y antidemocrática.
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Los riesgos reales: La bancada de diputados nacionales de Juntos por el Cambio exige sesiones presenciales. No las hay en los Legislativos de la Ciudad Autónoma ni en Mendoza. En esta provincia se insta una reforma constitucional mientras el diputado radical Alfredo Cornejo vocifera que hay que evitar temas divisivos durante la pandemia. En su distrito, el gobernador Rodolfo Suárez resolvió reinstaurar restricciones preocupado por la ocupación de camas en terapia intensiva y la suba de contagios. La regresión a fases anteriores sucede en Santa Fe, en San Luis, en Jujuy, en Córdoba.
Contra toda evidencia el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promueve reaperturas de bares y restaurantes en la vía pública, quiere habilitar terracitas internas. Mira sin ver el relajamiento de la conducta ciudadana mientras crece el número de contagios y muertes en su distrito y en todo el país.
Profesionales de la salud, fatigados y sobre exigidos alertan a la sociedad civil y a mandatarios. El incremento de indicadores tremendos en materia sanitaria es una amenaza cabal, creciente, terrible.
El peligro del desborde social o de una insurrección de pueblos originarios es incomparablemente menor, por decirlo con un eufemismo.
Estas historias continuarán.
06 de septiembre de 2020
Los gremios de médicos y enfermeros cuestionaron las aperturas en la Ciudad de Buenos Aires “Indignante”, “triste”, “irresponsable” y “tremendo”, la reacción de los trabajadores de la salud ante los bares repletos
Por Adrián Figueroa Díaz
Un día precioso para salir a tomar algo... si no fuera por el virus.
Imagen: AFP
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“Pareciera que hay dos Argentinas, la de adentro de los hospitales y la de afuera”, reflexionó Rodolfo Arrechea luego de ver las imágenes de los bares de Palermo y Puerto Madero abarrotados de personas que transgredieron las recomendaciones del distanciamiento social. Él es delegado en el Hospital Rivadavia, y junto con varios dirigentes gremiales de salud cuestionaron al gobierno porteño por haber fomentado ese aglomeramiento en el peor momento de la pandemia. “Indignante”, “triste”, “irresponsable” y “tremendo” fueron algunos de los calificativos con que describieron lo que pasó.
La situación generó un intercambio entre el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Cafiero exigió que la ciudad cumpliera con los protocolos sanitarios y aseguró que “si es necesario, retrocederemos en la apertura”. Santilli respondió que “la mayoría de la población respeta las normativas”, aunque “siempre hay algunos que se pasan”, por lo cual “se reforzarán los controles para que no haya excesos”.
Lo primero que Arrechea pensó cuando vio los videos y fotos de la multitud tomando cerveza en la calle fue “esto es tremendo”. “Sabíamos lo que iba a pasar si se abrían los bares, y pasó. Y ahora encima viene la primavera” alertó.
“Pareciera que hay dos Argentinas, la de adentro de los hospitales y la de afuera, con gente que piensa que los hospitales no le pertenecen, que no son su lugar y que no ve lo que en realidad está pasando”, lamentó. También dijo sentir “bronca e indignación porque pareciera que en la conducta social hay un negacionismo sobre las consecuencias del virus y que se naturalizaron los 200 muertos por día”.
No fue el único representante gremial de médicos y enfermeros que conversó con Página/12 sobre lo que muchos criticaron. Para Flavio Vergara, técnico virólogo del Instituto Malbrán y delegado de ATE de esa institución, lo que pasó en Palermo y otros barrios de la ciudad “fue una locura”. “Fue una clara definición de la crisis social que se vive, incentivada por una decisión de gobierno porteño que relega sus decisiones a la mano del mercado; porque quienes salieron, lo hicieron para consumir, y hubo trabajadores que fueron obligados a ir para atender esa demanda”, explicó.
Vergara reconoció que “hay un montón de gente que cumple” con las medidas preventivas. La mayoría de la sociedad, claro. Pero lo de anoche muestra que “hay otro montón que desafía la lógica del cuidado de una manera grosera peligrosa e irresponsable. Y si esto sigue así, el colapso va a ser inevitable”, recalcó.
Por este motivo, rechazó la posibilidad de más aperturas que estimulen la movilidad social. “Afectan el trabajo” en los centros sanitarios, destacó y puso como ejemplo lo que ocurre en donde desempeña sus tareas: “En el Malbrán, por más que desarrollemos metodologías más certeras y descifremos el genoma del virus, la decisión de tener más aperturas nos hace un flaco favor”.
Según las cifras oficiales, el sistema de salud de todo el país ya tiene casi 25 mil profesionales de la salud contagiados y casi 90 muertos. Sin embargo, “los médicos, los enfermeros y el resto del personal tenemos que salir a poner el pecho, con un cagazo bárbaro”, dijo Arrechea, que es delegado de ATE-Capital en uno de los hospitales con una alta atención de pacientes con Covid-19.
En el Hospital Garrahan hay 361 trabajadores contagiados con covid-19. Esto afecta la atención a los también 341 niños y niñas que contrajeron el virus y que son atendidos en ese centro pediátrico. “Uno ve esta realidad y la otra realidad (de los bares porteños), y se sorprende”, lamentó Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de ese hospital.
“Uno comprende la situación de los que necesitan abrir sus negocios y de las personas que están agobiadas de estar en cuarentena. Pero no se entiende que esto ocurra frente al número de casos que tenemos y la situación del sistema sanitario”, afirmó la profesional.
Frente a “esa gran contradicción”, lo que el gobierno porteño tendría que hacer es “volver a una fase anterior para darle un respiro al sistema sanitario y no estresarlo, y luego sí dar más aperturas”, recomendó. “En cambio –lamentó–, todas las semanas hay más y más aperturas. La señal que está dando el gobierno es que todo está mejor, que hay camas, que la situación del sistema no es tan grave, y esto influye.”
Desde la Cicop, el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires también llovieron las críticas. Su vicepresidente, Fernando Corsiglia, anunció que el comité de crisis de esa organización lanzará una declaración para que “se tomen más restricciones”.
“No estamos en condiciones de generar aperturas porque van en sentido contrario a las necesidades primarias, son problemáticas y no están atendiendo a lo que pasa en los hospitales y en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que, en el primero y en el segundo cordón del conurbano, tienen un promedio de ocupación del 80 por ciento”, señaló.
Volviendo a lo de los bares porteños, Arrechea consideró que el problema de lo que se vio allí fue la “irresponsabilidad” social pero también “la decisión político sanitaria del gobierno porteño de abrir actividades, y su forma de comunicarlo”. “En España e Italia –ejemplificó– mostraban las imágenes en terapia intensiva, y eso de alguna manera hizo que la gente reaccione distinto. En cambio, acá te dicen que al aire libre disminuyen los riesgos y que hay que pasar a otra fase. Mayor circulación, mala comunicación: así no se va a solucionar el problema.”
“El sufrimiento de los trabajadores es muy alto. Están todo el día en salas y guardias viendo cómo mueren pacientes que no pueden despedirse de sus familiares y, cuando salen del trabajo, hay gente de fiesta en las calle. Es una esquizofrenia incomprensible”, agregó Vergara.
Norma Lezama acaba de finalizar su aislamiento preventivo. El testeo a ella y a su hijo le dio negativo, así que volverá al trabajo. Desde ese lugar y con el testimonio de los niños y niñas internados, apeló a la conciencia de quienes anoche se aglomeraron para tomar una cerveza con amigos. “Les pediría que lo eviten. Ayer en la TV escuché a un sociólogo que se preguntó ¿cuántas muertes estamos dispuestos a sufrir por tomar una taza de café en un bar? Eso es lo que tendríamos que pensar”, reflexionó.
Para Arrechea, hay que insistir en el mensaje de “quedarse en casa y no incentivar la apertura”. Pero básicamente, “hay que recuperar el principio de solidaridad hacia los más débiles, como los ancianos o enfermos, y hacia los trabajadores de la salud. Hemos perdido eso. Y en esa pérdida, empezamos a perder la batalla”, concluyó.
06 de septiembre de 2020
Puede cambiar la historia en Diputados de la reforma de la Justicia Federal
El hilo de Roberto Lavagna que le cortó la respiración a todos los medios
El macrismo y su escudo mediático instaló que el proyecto de reestructuración de los tribunales federales no conseguiría atravesar la Cámara baja, pero con solo unos tuits, el ex ministro de Economía consiguió conmoverlos.
Lavagna le abre la puerta al debate por la reforma judicial.
La estrategia del macrismo de bloquear el Congreso, para no tratar la reforma judicial, quedó al borde del fracaso luego de una serie de tuits de Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía le dio vía libre a los diputados del Interbloque Federal para debatir el tema y no congelar la discusión. "Es positivo que tengan posturas propias. Mal ejemplo sería que el sector que en la campaña presidencial de 2019 defendió los consensos forzara posiciones únicas", publicó el ex candidato. "El disenso es un componente esencial de las democracias modernas", sumó. También dijo que las diversas posiciones del interbloque "no deben llamar la atención: responden a realidades provinciales distintas y a orígenes políticos diversos".
Las expresiones de Lavagna dejan una puerta abierta para que los diputados del espacio den el debate por la reorganización del fuero federal, y el oficialismo pueda avanzar en la Cámara baja. Desde el bloque Consenso Federal, que lo integran tres diputados, reafirmaron ante la consulta de Página/12 que no van a "aportar ni al quórum, ni al debate". Sin embargo, tienen el aval de Lavagna para no tener "una posición unificada" con el resto del sector.
Dentro del Interbloque Federal, que tiene 11 diputados, hay una gran incógnita en los cuatro del bloque Córdoba Federal. Este espacio ratificó su decisión "de no votar" la reforma judicial, en un comunicado. El término utilizado por la bancada que responde al gobernador Juan "Gringo" Schiaretti no es arbitrario y deja más dudas que certezas a la hora de hilar fino. "No votar" puede significar dar quórum, o no, pero también abstenerse o ausentarse en la misma votación. Igualmente, mantienen desde lo discursivo la crítica al proyecto del Gobierno. "El tratamiento de dicho proyecto es inoportuno y no debe tratarse sin el consenso necesario que requiere una reforma de esta envergadura", argumentan.
Por otro lado, José Luis Ramón, titular el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, anunció que también está dispuesto a debatir la reforma judicial y a darle algunas modificaciones a la media sanción. "Vamos a pelear para que se hagan cambios que apunten a una real federalización de la justicia", señaló y dejó en claro que desde su espacio, de ocho diputados, van a sumar voces al debate. Posiblemente, el Frente de Todos también sume de este sector el número necesario para el quórum, 129, y los más optimistas del oficialismo confían que les darán los votos para aprobar la reorganización de la justicia.
Este panorama deja aun más solo a Juntos por el Cambio en su afán de trabar el funcionamiento de Diputados y que no se sancione esta ley. La foto de la sesión de la semana pasada es un adelanto de lo que va a ser el debate por la reorganización de la justicia federal. Esto es el macrismo reclamando sesiones presencial bajo la amenaza de judicializar al Congreso, mientras que el resto de los bloques opositores se aleja de esa idea. “Las minorías no le pueden imponer la agenda al oficialismo. Las minorías tenemos que controlar, exigir, y acompañar, en especial en esta situación de crisis”, dijo el martes Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), que se ecolumna con Ramón. También se desmarcaron de JpC los dos de la izquierda, Alma Sapag (MPN) y el Interbloque Federal, que preside Eduardo "Bali" Bucca.
Desde el Frente de Todos vieron con buenos ojos las declaraciones de Lavagna. Esta bancada tienen 119 integrantes, pero votan 117 (José Ignacio "Vasco" de Mendiguren está de licencia por su cargo en el BICE y Serio Massa lo haría solo para desempatar). Con estos números, el bloque que conduce Máximo Kirchner deberá convencer a 12 diputados o diputadas para llevarle una victoria parlamentaria al presidente Alberto Fernández.
Informe: Antonio Riccobene
Fuente:Pagina12
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