La justicia intimó al gobierno porteño a que reincorpore a un centenar de agentes de tránsito
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sumó otro revés en la Justicia. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Patricia López Vergara, intimó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que reincorpore a un grupo de agentes de Tránsito que habían sido desvinculado a principios de año, tras protestar en contra de la precariedad laboral. El Ejecutivo tiene ahora un plazo de diez días para cumplir con la medida, caso contrario comenzarán a correr cuantiosas multas.
López dictó la resolución tras dar “por incumplida parcialmente la medida cautelar dictada” hace unos días atrás y otorgó “un plazo de 30, 60 y 90 días escalonados para efectuar el pase progresivo de cada Agente de Tránsito contratado, a la planta transitoria”, según se desprende del fallo que fuera publicado por el sitio oficial del Consejo de la Magistratura porteño (www.ijudicial.gob.ar).
Hace un año, los agentes de tránsito Cinthia Choque y Santiago Siciliano fueron embestidos por un auto que iba a toda velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga. La joven falleció, mientras que su compañero debió ser hospitalizado. El trágico episodio puso de relieve las precarias condiciones de contratación de estos empleados, quienes se manifestaron en diferentes ocasiones. En su momento, desde la Asociación de Trabajadores del Estado presentaron una medida cautelar para que el gobierno porteño se abstuviera de tomar represalias contra los trabajadores.
La justicia hizo lugar al pedido, pero el gobierno de la Ciudad hasta el momento no cumplió: no le permitió a un centenar de agentes volver a sus habituales funciones y trasladó a los trabajadores a otra área. “A la fecha el GCBA no ha reinstalado a los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo; tampoco ha incorporado a los Agentes en cuestión a la Planta Transitoria de la Administración”, señala López, al tiempo que añade que “en el marco de una pandemia ha dispuesto el traslado de estas personas a una nueva repartición bajo la órbita de otro Ministerio sin asignarles funciones claras y con la misma precarización contractual laboral que tenían, en clara contraposición a lo que ordena la medida cautelar de autos”.
“¿Acaso habría que esperar otra muerte más de una agente para plasmar un derecho en la realidad con suficiente solidez como para no desvanecerse en el aire?”, preguntó López en sus considerandos.
“Los distintos avatares de la Administración no deben esfumar la protección de los derechos constitucionales que aquí se debaten. Se reitera, en tal sentido, que desoír estos pedidos de la parte actora no hablaría de una justicia de ojos vendados e imparcial cual es su representación, sino de una justicia sorda a los reclamos y carente de empatía con sus semejantes”, concluyó la jueza.
Alberto Fernández ratificó su compromiso con la legalización del aborto
El presidente se expresó por su cuenta de twitter: "La penalización del aborto ha fracasado como política". Lo señaló al conmemorarse el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
El presidente Alberto Fernández ratificó hoy su compromiso para enviar al Congreso la ley de legalización del aborto e "implementar con eficacia" la Educación Sexual Integral (ESI), al conmemorarse el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
"La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud", expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Fernández ratificó su "compromiso" para "legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI".
El jefe de Estado cerró su publicación con el mensaje "Será ley", que es una de las consignas de la campaña argentina por la interrupción voluntaria del embarazo.
Miles de personas participaron del pañuelazo virtual, a través de la cuenta de Youtube de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en reclamo del tratamiento legislativo "urgente" y la aprobación de la ley.
Los proveedores aceleran los precios: almacenes denuncian aumentos de hasta el 15%
Son datos de los últimos diez días. Referentes del sector en Buenos Aires y Rosario alertaron por maniobras de las formadoras de precios.
En los últimos diez días los almacenes bonaerenses recibieron aumentos de precios de productos de consumo masivo de hasta el 15% por parte de las fábricas proveedoras, consignó a Tiempo Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros bonaerense.
El referente informó que los comercios de cercanía recibieron aumentos del 15% en aderezos, del 10% en cervezas, del 7% en harinas, del 7% en aceites y del 10% en yerbas.
Por estos días los proveedores están en el objetivo de los comerciantes que les atribuyen aumentos unilaterales y desabastecimiento.
Como trasfondo las fábricas de alimentos y otros productos de consumo masivo negocian con el gobierno aumentos en el marco del programa Precios Máximos, que está disponible solo en las grandes cadenas de supermercados.
En principio las empresas nucleadas en Copal y otras cámaras del sector pidieron el levantamiento del programa de precios de referencia, según confirmó a Tiempo el dirigente alimenticio Daniel Funes de Rioja. El gobierno ratificó el programa hasta el 31 de octubre pero accedió a estudiar aumentos puntuales empresa por empresa.
El Ministerio de Desarrollo Productivo confió a este medio que las negociaciones están avanzadas. Pero puertas adentro se libra una batalla por los porcentajes: las empresas piden autorización para aumentar hasta el 30% pero el gobierno estaría dispuesto a conceder solo un 3% en promedio.
Mientras se desarrolla esa negociación el resto de los eslabones del comercio, que además de las grandes cadenas contiene a los comercios de cercanía, almacenes y autoservicios incluyendo la rama de los orientales, denuncian aumentos cotidianos de los grandes fabricantes que pasan desapercibidos.
A la par de los almaceneros los supermercados del interior del país representados en las cámaras CAS y FASA advirtieron al gobierno que frente a la insistencia de los aumentos de los proveedores dejaron de recibir determinados productos, lo que empieza a dar lugar a faltantes de productos determinados en las góndolas.
Tiempo presentó en su última edición un informe del Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) que graficó la concentración de la industria alimenticia y otras del consumo masivo que explica a su vez la discrecionalidad para fijar los precios que luego impactan en el poder adquisitivo.
En el interior
Juan Milito, del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, señaló que en esa ciudad los comercios de cercanía no sufrieron grandes aumentos directos pero sí perdieron bonificaciones por parte de las empresas proveedoras que definieron como “incrementos encubiertos”. Son los casos de grandes del mercado como Unilever y Procter & Gamble que “en lugar de aumentar sacaron bonificaciones que se tradujeron en aumentos en las góndolas”.
Al margen de eso indicó que se están preparando para las remarcaciones a partir del 3 de octubre y desde ya se sabe que las cervezas van a apreciar subas significativas.
Fuente:TiempoArgentino
28.09.2020 / ¿Se cae la causa?
Cuadernos: la Justicia pide las grabaciones de "arrepentidos" que obviaron Bonadio, Stornelli, Bruglia y Bertuzzi
Casación Penal le requirió al Juzgado 11, aquel que ocupara el fallecido juez antikirchnerista, los registros audiovisuales o sonoros que exige la ley del arrepentido de las declaraciones de los empresarios que se acogieron a ese régimen y quedaron libres o evitaron la detención. El magistrado y el fiscal nunca los mostraron, pero Bruglia y Bertuzzi igual avalaron la investigación, que ahora tiembla.
Por primera vez, la Justicia dio un paso a derecho que puede hacer caer la causa de las fotocopias de los cuadernos, uno de los expedientes que más usufructuó el macrismo para atacar al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Es que la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, le exigió al juzgado desde el que Claudio Bonadio impulsó la investigación hasta su fallecimiento, las grabaciones de las declaraciones de los "arrepentidos" obligatorias por ley que nunca ordenaron ese juez ni el fiscal Carlos Stornelli y que obviaron los trasladados a dedo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
En concreto, tal como reveló Tiempo Argentino en una nota de Néstor Espósito, los camaristas Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone dispusieron una “medida para mejor proveer”, lo cual implica un requerimiento previo a resolver planteos de fondo, como nulidades, sobreseimientos y oposiciones a elevación a juicio oral.
“Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase –con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos”, sostiene la decisión de los jueces a la que accedió el mencionado medio.
El artículo 6 de la ley 27.304 -conocida como "ley del arrepentido", impulsada y sancionada por el macrismo- determina que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Sin embargo, el tratamiento del expediente nacido por las anotaciones del chofer Oscar Centeno en cuadernos que desnudaban, presuntamente, la corrupción kirchnerista, hasta ahora había obviado la ley: empresarios declararon y sus supuestos testimonios espontáneos resultaron clave para sostener la causa y meter presos a ex funcionarios kirchneristas, pero en todas las instancias judiciales habían considerado que las actas que firmaron los imputados eran suficientes como “medio técnico idóneo”, sin ningún registro sonoro ni audiovisual.
El fiscal rebelde Stornelli y el fallecido juez Bonadio no habrían ordenado grabar nada o al menos nunca mostraron tales registros ante los reiterados pedidos, y lo actuado por esto fue ratificado en múltiples oportunidades por dos jueces de Cámara: Bruglia y Bertuzzi, quienes ahora buscan que el macrismo y la Corte los salven de volver a sus tribunales constitucionales.
Como recuerda Tiempo, los abogados defensores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, por el ex ministro Julio De Vido, cuestionan desde el inicio del expediente las condiciones de arrepentimiento, ya que sospechan que la incorporación de los empresarios imputados a ese régimen que implica reconocer responsabilidades penales a cambio de reducir sustancialmente sus consecuencias en un juicio oral, no fue producto de una decisión voluntaria.
Según evalúan, todos o casi todos los arrepentidos fueron presionados por Stornelli y Bonadio para involucrar en la investigación a CFK, entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, y a los funcionarios que la acompañaron en su gestión presidencial.
Con la muerte de Bonadio, el juzgado 11 de Comodoro Py quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Esto significa que éste deberá buscar en si esas grabaciones existen y, si es así, entregarlas a Casación Penal para que se corrobore si los "arrepentidos" dijeron lo que escribieron el fallecido juez y Stornelli. Si, en cambio, no hay ningún registro, como se sospecha, tiembla el expediente.
Si no aparecen los registros que exige la Justicia, todos los procesados, presos y enviados a juicio oral por Bonadio y Stornelli y confirmados por Bertuzzi y Bruglia, iniciarán nuevas rondas de pedidos de nulidad en los tribunales, esta vez con el as de espadas en la mano. Qué dirá el macrismo y la prensa opositora si ocurre esto último es cantado, aunque esté claramente ajustado a derecho.
Fuente:PoliticaArgentina
Covid-19 en Argentina: "La mortalidad no llega al 3%"
Lo precisó el infectólogo y asesor presidencial, Tomás Orduna. "Estamos en un 50% abajo en cantidad de casos por millón de habitantes fallecidos en comparación con buena parte de los países de América Latina", informó.
"Seguimos estando, comparándonos con buena parte de los países de América Latina, en un 50% abajo en cantidad de casos por millón de habitantes fallecidos, en términos generales. La mortalidad no llega alrededor del 3%”, precisó este martes Tomás Orduna, infectólogo y miembro del equipo de asesores de Presidencia, acerca de los muertos que generó el Covid-19 en la población argentina hasta el momento.
Acerca de los datos de muertes en la provincia de Buenos Aires por coronavirus, que esta semana se sumaron 3.523 fallecidas/os, el especialista consideró: “Esto ha pasado y el recalculando, sobre una cosa tan drástica como la muerte, es un golpe duro cuando uno tiene esos datos duros".
Rechazan las acusaciones sobre "ocultamiento" de muertes
Los nuevos registros bonaerenses surgen del entrecruzamiento de datos del Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), del Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y del Registro de las Personas (Renaper). "Bienvenido mostrar con claridad y con toda la transparencia posible lo que sucede en nuestro país. Acuérdense que eso pasó también en China, no de muertes, sino de cantidad de casos. No hay que pensar que esto no sea algo que pueda ocurrir en estadísticas o registro de datos", analizó Orduna en conversación con el programa Ahora Dicen de radio Futurock.
En cuanto a la situación del Covid-19 en el territorio más densamente poblado del país, el infectólogo informó: "En CABA hemos descendido de manera lenta. Es un logro, los sistemas de salud del AMBA dieron contención a pesar de estar muy presionados".
Sobre la reunión que mantuvieron este lunes con el presidente Alberto Fernández y los integrantes del Gabinete nacional, el también jefe del Servicio de Patologías Regionales, contó: “La conversa fue básicamente ver cómo estamos epidemiológicamente, cómo mejorar o intentar mejorar las cuestiones comunicacionales para poder llegar a grupos focalizados, como la juventud, que toma riesgos y que al mismo tiempo pone en riesgos a otras personas”.
"El Presidente está sin barbijo en la foto porque había estado hablando recién. Podría haber sido una oportunidad (elegir otro momento) cuando se envía la foto a los medios", reflexionó acerca de la difusión de estos encuentro y los conflictos que se pueden generar a nivel opinión pública producto del recorte que muestra una imagen.
Asimismo, destacó que la psicóloga y también asesora presidencial, Alicia Stolkiner, propuso en el encuentro hablar de "nueva cotidianidad" en lugar de "nueva normalidad". "No sabemos por cuánto tiempo va a ser", explicó Orduna, jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz.
Fuente:Infonews
Indagan a Gustavo Arribas por el espionaje político
de la AFI en 2017: qué rol cumplió
El exjefe de la AFI macrista fue citado de forma
presencial para este martes por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos
Padilla. El miércoles se espera a su segunda, Silvia Majdalani.
28 DE SEPTIEMBRE, 2020
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Este martes a las 11 se espera que el exjefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, vuelva a presentarse a una indagatoria en un juzgado federal acusado de espionaje ilegal. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo convocó de forma presencial para que responda sobre su rol en el marco del proyecto AMBA, la iniciativa por la que la agencia de inteligencia se expandió con nuevas bases en territorio bonaerense, en 2017. La Justicia considera que desde esas bases se hicieron tareas de inteligencia ilegal contra decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Todo ocurrió en el marco de las elecciones legislativas de aquel año, algo que para el magistrado no fue casual. El miércoles está convocada Silvia Majdalani.
En una resolución firmada el 23 de septiembre, Ramos Padilla consideró que Arribas fue el “funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”, es decir, la dirección que estaba a cargo del proyecto AMBA.
“Por su parte, la subdirectora Silvia Majdalani habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes”, agregó el juez federal de Dolores, quien reveló todo este entramado del espionaje electoral en Buenos Aires a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.
Según informaron fuentes judiciales a El Destape, este lunes la nueva causa siguió con movimiento. Por ejemplo, se presentaron diversos abogados defensores. Aún no lo hicieron víctimas.
Tal como surge de la resolución de Ramos Padilla hay más de 50.000 archivos entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de dos discos rígidos que acercó la intervención de la AFI a pedido del magistrado. Aún no fue analizado todo ese material. Los investigadores lograron ver en profundidad lo que corresponde a la base de Ezeiza, que estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, sindicado como el jefe de Marcelo D’Alessio, a quien se le amplió el procesamiento por los nuevos hechos. Ante este panorama no debiera sorprender si surgen otros acontecimientos relativos al espionaje de la AFI macrista.
A esto hay que sumar el material que había en las bases de la AFI en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Se trata de tres bases que el organismo de inteligencia ya tenía en territorio bonaerense y se sumaron al proyecto AMBA en abril de 2017. Esa documentación está siendo analizada. Por ejemplo, la intervención de la AFI halló el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan buscando la información solicitada por Ramos Padilla en la base de Mar del Plata. El caso del ARA San Juan se investiga en la justicia federal de la ciudad balnearia porque no ocurrió en tiempos del proyecto AMBA, que se extendió entre abril y diciembre de 2017.
El caso del espionaje bonaerense en 2017 pasó a ser una causa conexa al D’Alessiogate. Por ahora –y solo por ahora- se repiten dos imputados: Pablo Pinamonti, director del proyecto AMBA, y Ricardo Bogoliuk, jefe de la base Ezeiza.
El rol de Arribas
El papel que cumplió el jefe de la AFI macrista e íntimo amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, en este nuevo caso de espionaje ilegal quedó de manifiesto en la resolución de Ramos Padilla del pasado miércoles.
“El agente Carreiras señaló que recibía órdenes directas de parte del director Pablo Pinamonti quien, por su parte, recibía órdenes de la superioridad, la cual creía que era Silvia Majdalani –a quien sindicó como la Jefa Operativa–, y el Director General de la AFI Gustavo Arribas”, escribió Ramos Padilla en la mentada resolución donde dictó el procesamiento de Pinamonti y Bogoliuk y convocó a indagatoria a otras 9 personas, entre las que figuran Arribas y Majdalani. Carreiras, declaró Pinamonti, era el jefe de la base AFI de La Matanza.
Por su parte, “el agente Vicente Melito señaló que prestó servicios para la AFI desde octubre del año 2016 hasta noviembre del 2017. Refirió que cuando ingresó mantuvo una entrevista personal con Gustavo Arribas y que éste le informó que se iban a crear las BASES AMBA para trabajar en ‘temas vinculados al narcotráfico y al crimen organizado y que esta nueva dirección se abría para ayudar a la gobernadora’. Declaró también que luego de esa reunión con Arribas, mantuvo otra con Pablo Pinamonti, a quien en ese momento no conocía y que en esa reunión participó también Silvia Majdalani”.
Melito fue uno de los coordinadores del proyecto AMBA junto a Daniel Salcedo. Y, coincidencias de los sótanos de la democracia, tenía relación con otro expolicía que pasó a la AFI y quedó involucrado en otra causa de espionaje ilegal: Jorge “Turco” Sáez, quien fue uno de los Super Mario Bros indagado en la justicia federal de Lomas de Zamora.
Salcedo y Melito también fueron citados a prestar declaración indagatoria por parte del juez Ramos Padilla. Se los espera el 6 y 7 de octubre en el juzgado de Dolores. Junto a ellos fueron convocados los jefes de las ya desaparecidas bases del proyecto AMBA como el agente Carreiras.
Es que con la excusa del proyecto AMBA se espiaron de forma ilegal a al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. “Se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”, escribió Ramos Padilla en la mentada resolución de 342 páginas. “En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó. Hasta realizaron tareas de inteligencia ilegal en comedores y merenderos.
Según pudo saber este medio, Bogoliuk apelará la decisión del juez ya que desde su entorno consideran que se apresuró en su decisión al no terminar de escuchar al resto de los imputados. También ponen reparos en torno al origen de la prueba. Pero aseguran que no cuestionarán la competencia de Ramos Padilla para intervenir, algo que se espera que hagan otros abogados defensores.
La superioridad
La mención sobre los reportes a la “superioridad” se repite en diversos testimonios acumulados en la causa. “Pablo Pinamonti señaló en su última declaración que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de la Dra. Silvia Majdalani”, escribió Ramos Padilla.
Hasta aparece una resolución firmada por Arribas en la que se “blanquea” el espionaje ilegal. Se trata de la resolución Nº 558/17. Allí, Arribas “definió las funciones de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y estableció específicamente que su primera función era la de ‘Coordinar las tareas de las Dependencias de la Provincia de Buenos Aires para optimizar el funcionamiento del área’. Asimismo, resulta notoria la expresa función asignada a la dependencia dirigida a ‘Planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político económico, psicosocial y en el componente científico tecnológico’”, indicó Ramos Padilla. Quien acto seguido, concluyó: “Es la propia resolución emanada por el Director General de la Agencia la que encomendó a la Dirección a cargo de Pinamonti que una de sus funciones principales fuera la reunión de información sobre el factor político”.
Por todo esto, Ramos Padilla prohibió salir del país a Arribas y Majdalani, también investigados en otras causas de espionaje ilegal como la de Lomas de Zamora, donde fueron procesados por espiar a CFK. El juez de Dolores les retuvo sus pasaportes, prohibió que se reúnan o comuniquen con otros imputados o agentes de la AFI y les trabó una caución de 20 millones de pesos. Este martes y miércoles espera escucharlos para luego definir su situación procesal.
Fuente:ElDestape
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