07 de octubre de 2020
El índice epidemiológico de cada distrito determinará el retorno progresivo a las aulas
Trotta se reunió con ministros provinciales para evaluar el regreso a clases
El regreso a alguna forma de clase presencial, las características que adoptará y a qué población de estudiantes abarcará, son cuestiones que se siguen discutiendo con una compleja trama de variables sobre la mesa. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó el martes una reunión del Consejo Federal de Educación --que está compuesto por los ministros de las 24 provincias--, junto al ministro de Salud, Ginés González García, para comenzar a definir una estrategia de revinculación presencial con las escuelas. Fue una reunión extensa, donde los ministros provinciales expusieron la enorme diversidad de realidades de situación epidemiológica en sus regiones o provincias, cuyo resultado dio cuenta de la dificultad del tema. El tema sigue: Trotta presentó una "guía de análisis de riesgo epidemiológico basada en criterios objetivos", que fue elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación, con el aporte de especialistas que integran el consejo asesor, y que será evaluado por las autoridades jurisdiccionales de salud y educación en otra reunión que se llevará a cabo el miércoles a las 15.
Aunque el lunes Trotta había anunciado que habría "novedades" sobre este regreso, mencionado que "no hace falta vacuna para la vuelta a clases", la cuestión finalmente se seguirá dirimiendo. La reunión del miércoles comenzó pasadas las 18 y se extendió hasta casi las 22, por la cantidad de oradores que presentaron inquietudes de los más variadas. Fueron seis las provincias que retomaron la presencialidad, y sin embargo sólo tres pudieron mantenerla. Es el caso de San Luis, La Pampa y Formosa, mientras que San Juan, Catamarca y Santiago del Estero debieron retroceder con la medida por el aumento de los casos. Las provincias que tienen los mayores centros urbanos son las más complejas para planificar el regreso. Estas son, además de CABA y Buenos Aires por la región del AMBA, Santa Fe y Córdoba. La postura de los gremios docentes sigue firme, como desde un comienzo, en la negativa a la presencialidad de cualquier grupo de alumnos mientras no estén dadas las condiciones epidemiológicas.
“Pusimos a consideración, en respuesta a la genuina preocupación de la comunidad educativa, alternativas para la revinculación y el acompañamiento a estudiantes, el retorno de últimos años de primaria y secundaria y el cierre escolar del año, que deberá ser considerada por cada una de las jurisdicciones, y de existir consenso, deberán luego serán tratadas en el seno del Consejo Federal de Educación”, manifestó el ministro una vez concluido el encuentro. Lo cierto es que no se llegó aún a ninguna resolución concreta respecto a cómo y cuándo se retomará esa presencialidad.
Trotta había especificado que pondría a disposición de los ministros de todas las provincias el índice epidemiológico elaborado por los ministerios de Salud de la Nación y las provincias y diversos especialistas. Este índice divide el territorio nacional según el riesgo de contagio en alto, medio y bajo, y sobre esta base se podrá evaluar el regreso progresivo y escalonado de alumnos en aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes.
"Desde un principio la prioridad han sido las y los alumnos que finalicen un ciclo", aseguró Trotta. Según trascendió, la prioridad serían los estudiantes que estén cursando el último año del ciclo, ya sea en primaria o secundaria; aquellos que no tuvieron contacto con la escuela debido a la falta de conectividad; y los que asistan a escuelas especiales.
La posición de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, fue tajante. Sostuvo que era "imposible" la vuelta a las aulas por la alta curva de contagios y la sobreexigencia a la que está sometido el sistema de salud de la provincia en este momento. En tanto desde la provincia de Buenos Aires, la ministra Agustina Vila llevó a la reunión un protocolo que consiste en una vuelta progresiva a la presencialidad de algunos grupos específicos --los que estuvieron desvinculados con la escuela-- en las ciudades de baja o nula circulación del virus, que son las que se encuentran en fase cinco.
Según detallaron desde la gobernación bonaerense en diálogo con este diario, la vuelta a la presencialidad de estos grupos en las distintas ciudades "dependerá de la aprobación o no del nuevo índice epidemiológico, de si entra la fase cuatro o no en el mismo. Si el índice habilita el regreso de algunos chicos en ciudades que estén en esa fase, se volverá a la presencialidad en casi toda la provincia, ya que allí tenemos aproximadamente a 75 municipios", describieron. Con respecto al programa ATR que el gobernador Axel Kicillof lanzó hace tan solo unos días, indicaron que "es un programa de acompañamiento a los alumnos con dificultades que servirá para los municipios donde consideramos que aún es imposible volver, fundamentalmente los de la zona del AMBA". Ayer se conoció la cifra de docentes suplentes y de estudiantes de los últimos años del profesorado que se inscribieron: más de 18 mil.
En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, que durante las últimas semanas mantuvo un debate intenso con Nación en relación a la vuelta a la presencialidad de los alumnos más vulnerables en espacios abiertos, voceros de la cartera educativa porteña se quejaron en diálogo con este diario de que en la reunión "no pasó nada". Y que "habrá otra reunión con los referentes de salud de las jurisdicciones para seguir analizando los indicadores que permitirán el día de mañana algún tipo de presencialidad". En la provincia de Córdoba, en tanto, el regreso a la presencialidad no se espera para el corto plazo porque, según voceros del ministerio que encabeza Walter Grahovac, no estarían dadas las condiciones epidemiológicas para llevarlo a cabo.
El debate por el regreso a las aulas en medio de la pandemia
¿Cuál es la postura de los
gremios docentes sobre las
clases presenciales?
En el marco del debate acerca del regreso a las clases en forma presencial, los gremios docentes dejaron en claro que su postura es acompañar la decisión de las autoridades sanitarias y consideran que es necesario avanzar sólo si lo permite la situación epidemiológica producto de la pandemia. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señaló que este martes habrá novedades.
En ese sentido, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, afirmó que los docentes pretenden que regrese la presencialidad, sin embargo resaltó que es necesario que estén "dadas las condiciones epidemiológicas".
Además, dijo que la situación no es la misma en todo el país. "Depende de cada lugar. Argentina es un territorio con 24 jurisdicciones, y en los lugares donde hay pocos casos hay clases", aseveró Alesso en declaraciones a FutuRöck, y recordó que "hubo sitios con cero casos donde volvieron las clases y luego se tuvo que dar marcha atrás".
Sobre la discusión por el protocolo presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que es "una polémica falsa".
"Que un grupo de niños vaya a unos tinglados a tener alguna tarea, no es volver a las clases", aseguró y se preguntó: "en un momento de aumento de casos ¿no es mejor llevarle la computadora a los chicos y mantener el contacto que sabemos que hacen los docentes?".
Por su parte, la presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, explicó que no son los docentes sino los funcionarios de las carteras de Salud, quienes definirán el regreso.
"Son las autoridades sanitarias quienes recomendarán la vuelta a clases presenciales, contemplando los cuidados y condiciones necesarios de protección para toda la comunidad educativa", expresó Petrocini a través de un comunicado.
La dirigente insistió en que "no hay 'pareceres' o caprichos de los docentes o de los sindicatos para abrir las escuelas: estamos hablando de una pandemia, donde hay protocolos en los que se viene trabajando desde hace meses que se deben respetar".
Las declaraciones de los gremios docentes se producen en la previa de la reunión que mantendrá el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con sus pares de las 24 jurisdicciones para evaluar el cuadro de situación de cada distrito. En ese sentido el ministro destacó que la prioridad del Gobierno es que los alumnos finalicen un ciclo y evaluó que “no hace falta la vacuna para volver a clases", aunque resaltó que "debe haber datos objetivos" para "dar pasos seguros”.
Trotta anticipó que en el encuentro virtual de este martes se planteará la necesidad de dar comienzo a las actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, entre otras) según el marco normativo ya establecido y habilitar actividades en las escuelas con estudiantes del último año de primaria y secundaria.
Nada por aquí, nada por allá
Fotocopias de los cuadernos: la fiscalía confirmó que no hay grabaciones de los
arrepentidos
Imagen: Télam
Después de pasarse la pelota unos a otros, finalmente la fiscal de juicio Fabiana León envió un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación confirmando lo que ya era público y notorio: que no existen ni grabaciones ni videos ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Lo que hay son actas, es decir las declaraciones firmadas por el propio arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli. De esa manera queda sin saberse lo ocurrido realmente en cada una de las audiencias, porque se podría haber comprado la declaración con dinero o se podría haber coaccionado al imputado --como varios lo denunciaron-- diciéndole "declara contra Cristina o duerme en el calabozo". Estas formas de sacarle el arrepentimiento al arrepentido debieron quedar registradas según lo sostiene la ley. Ahora la Sala I de Casación deberá resolver sobre la validez de las declaraciones, que constituyen una prueba central del expediente. Los magistrados decidirían a principios de noviembre.
La polémica arrancó en la audiencia concretada hace dos semanas cuando varios de los abogados de los imputados --Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro, Eduardo Barcesat, Laura Fechino y Marcelo Mónaco-- les hicieron dos planteos a los integrantes del tribunal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña:
* Que no se puede aplicar en el caso la Ley del Arrepentido porque la extensión de esa norma a los casos de corrupción se produjo en octubre de 2016, siendo que los hechos reflejados en las fotocopias de los cuadernos se produjeron entre 2007 y 2015. Los abogados, por lo tanto, sostuvieron que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva.
* El segundo planteo fue que la ley exige que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior". El espíritu de este párrafo es que quede grabada la audiencia justamente para evitar coacciones o compras de declaraciones. Cuando habla de "registro técnico" está claro que no se refiere a lo habitual, que son actas escritas.
Como se sabe, quien encabezó la instrucción de la causa, el fallecido juez Claudio Bonadio, era famoso en Comodoro Py porque aplicaba su propio código procesal, de manera que convalidó lo hecho por el fiscal Stornelli, alineado con el macrismo y de estrecha relación con el ex presidente. La revisión quedó a cargo de los ahora famosos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Cámara Federal sin acuerdo del Senado y sin sorteo alguno: los pusieron a dedo.
Tras el planteo de los abogados defensores, la presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa, le pidió las grabaciones al juez que sucedió a Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi. Este contestó que en el expediente no hay nada, pero le mandó un oficio a Stornelli para que diga dónde están las grabaciones o filmaciones. El fiscal respondió que él tampoco las tiene porque se las mandó a la fiscal de juicio, pero que se cumplió con lo que --según él-- requería la ley. En el camino intercedió el fiscal de Cámara, Raúl Plee, también integrante de la troupe macrista de Comodoro Py y le exigió a la Sala I que cesara en su intención de pedir las grabaciones o registros. El Tribunal le contestó que debió expresar su postura en la audiencia, pero que como Plee no concurrió, no podía oponerse fuera de término y fuera del ámbito que correspondía. Finalmente este martes, la fiscal de juicio, Fabiana León, envió un escrito a Casación diciéndole que lo que tiene son los legajos de cada uno de los 31 arrepentidos y que los magistrados pueden acceder a esa documentación que, además, está digitalizada. Los legajos son carpetas en que están archivadas las actas de cada una de las audiencias con los arrepentidos y sólo figura la declaración del imputado de ese día, con la firma del propio arrepentido, el fiscal y el abogado. Nada parecido a un registro técnico.
Las defensas afirman que la inexistencia de grabaciones, videos o registros viola en forma taxativa la exigencia de la ley porque, precisamente, la norma buscaba controlar la negociación entre un funcionario público --el fiscal-- y una persona imputada, es decir que para la Justicia había cometido delitos. Para muchos juristas, la misma negociación con un acusado carece de ética y más bien prueba las ineficiencias del Estado para probar un delito. Por de pronto, otros jueces --como Alejo Ramos Padilla-- adoptaron posturas distintas. El magistrado de Dolores acordó con el fiscal Juan Pablo Juri que debía haber un video de las audiencias y fue reacio a aceptar a los imputados como arrepentidos.
El grave problema para la causa de las fotocopias es que las declaraciones de los arrepentidos son una prueba de máxima importancia porque otras evidencias entraron en crisis. Los propios cuadernos, por ejemplo, pasaron de estar quemados --como afirmó el presunto autor, el chofer Oscar Centeno-- a aparecer, inexplicablemente, sin rastros de fuego. Ese hecho demolió, al menos hasta ahora, la ya limada credibilidad de Centeno.
Habrá que ver cómo continúa el camino hacia el juicio oral, pero es muy probable que termine en la Corte Suprema toda la controversia sobre los arrepentidos y la constitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en este caso.
Condena a las violaciones a los Derechos Humanos y al bloqueo e intervencionismo
Las razones oficiales para el
voto sobre Venezuela en la
ONU
Argentina votó una resolución de las Naciones Unidas que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela, en sintonía con el informe elaborado por la alta comisionada Michelle Bachelet. En un comunicado, la Cancillería detalló que las posiciones adoptadas durante la reunión de este martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra fueron por instrucción expresa del presidente Alberto Fernández, como para despejar cualquier duda. Además de votar a favor de la instalación de una misión permanente de Naciones Unidas en Caracas y de investigar las denuncias de las presuntas víctimas, Argentina también expresó su rechazo a los "bloqueos y sanciones" que "agreden especialmente al pueblo venezolano". Pese a esta salvedad, el voto argentino generó críticas dentro del oficialismo como las que expresó la designada embajadora en Rusia, Alicia Castro.
En su discurso ante la comisión, el embajador argentino Federico Villegas Beltrán ponderó los "resultados positivos" de la colaboración que mostró el gobierno de Nicolás Maduro con el trabajo de Bachelet, pero argumentó que el informe presentaba un "insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio". Esta resolución fue aprobada por 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, entre las que se ubicó México.
La postura argentina fue analizada durante el fin de semana en encuentros de los que participaron la conducción de Cancillería -Felipe Solá, Pablo Tettamanti y Guillermo Justo Chaves-, que luego el canciller terminó de definir el lunes en conversación con Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Ahí coincidieron que había una postura histórica de Argentina de defensa de los derechos humanos que es reconocida en todo el mundo y que se debía respetar. En el caso específico de Venezuela, la posición de las Naciones Unidas es la que viene llevando adelante Bachelet.
Desde la campaña electoral, Alberto Fernández se remite a ese informe cada vez que le preguntan sobre el tema. Incluso, cuando todavía era candidato y fue recibido en Bolivia por el entonces presidente Evo Morales, tuvieron un intercambio de opiniones sobre la situación venezolana en la que Fernández le recomendó a Evo que leyera el informe de la ex presidenta chilena. Ese informe fue presentado actualizado el 25 de septiembre pasado, donde se volvió a hablar de ejecuciones extrajudiciales y se reclamó el desmantelamiento de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana. Más o menos por esa fecha, Argentina se integró al Grupo de Contacto Internacional que encabeza el canciller europeo Josep Borrell, que tiene como objetivo encontrar una salida a la crisis venezolana, lo que en el Gobierno interpretaban que los obligaba a actuar en sintonía con los países que integran ese Grupo. Tampoco quedó fuera del análisis, como es de imaginar, que justo ayer iniciaba su misión en el país el FMI, en cuyo directorio juega un papel decisivo Estados Unidos, país con el que Argentina ya se había colocado en la vereda de enfrente durante la reciente elección en el BID, que finalmente perdió.
En las conversaciones previas también se evaluó que varios dirigentes del peronismo mantienen un vínculo fuerte con el chavismo, en la misma medida que la oposición y sus medios afines demonizan todo tipo tipo de acercamiento, con lo que cualquier decisión debía tener en cuenta estas variantes. De hecho, hubo un antecedente la semana anterior cuando el representante argentino en la OEA, Carlos Raimundi, evitó una condena a la situación venezolana, lo que fue recortado en títulos catástrofe como si se tratara de un apoyo. En verdad, explicaban en Cancillería, lo que falló Raimundi en ese mensaje fue en no hacer una mención al informe Bachelet.
Eso ayer quedó muy explícito cuando el país remarcó "la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial". En un documento de cinco páginas, los países expresaron preocupación y alarma por diferentes aspectos de la crisis venezolana, incluyendo temas como la emigración masiva y la inseguridad alimentaria. Entre los países que votaron a favor, además de Argentina, hubo europeos como Alemania, España e Italia y sudamericanos como Brasil, Chile, Uruguay y Perú.
En la misma sesión, Venezuela junto a países aliados presentó una resolución propia en la que destacó los "progresos" registrado en el país en los últimos tiempos, que fue aprobada por 14 votos a favor contra 7 rechazos. Hubo una mayoría de 25 países que se abstuvieron, Argentina entre ellos.
La Inmobiliaria Larreta no cerró por la pandemia
El Gobierno porteño privatiza Costa Salguero para
construir edificios
Nicolás Romero
Una breve racconto para entrar en tema: en abril de 2018 se aprobó en la Legislatura la creación del “Distrito Joven” y se habilitó la concesión de locales gastronómicos, bares y boliches en un área que comprende los terrenos sobre las márgenes del Río de la Plata, a la altura del aeroparque Jorge Newbery. Una franja de tierra que se extienden por más de 6 kilómetros de largo, que incluye los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Todo este Distrito fue dividido en 5 sectores, correspondiendo el Sector 4 a Punta Carrasco y el 5 a Costa Salguero.
El 5 de diciembre pasado la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.289 que autoriza al Ejecutivo porteño a vender los predios Costa Salguero-Punta Carrasco, pero dispuso que previo a la venta se debía llamar a concurso público para urbanizar el área y dictar la normativa urbanística correspondiente. En julio de este año se dieron a conocer los ganadores del Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río "Parque Salguero", organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano en conjunto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA.
Ahora los legisladores del bloque Vamos Juntos dieron el último paso para la venta al presentar el proyecto N°2094-J-2020, que modifica la normativa urbanística de la Urbanización Determinada U14 “Distrito Joven" y otorga capacidad constructiva permitiendo levantar en 7,5 hectáreas del Sector 5 un conglomerado de edificios con alturas que irán hasta los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera. Y en el Sector 4, donde se proyectan espacios para actividades diurnas y nocturnas de esparcimiento, deportivas, culturales, comerciales, recreativas, gastronómicas y un helipuerto, se permitirán edificaciones de hasta 12 metros de altura.
El proyecto, que deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura, viene acumulando rechazos desde diversos sectores. El 28 de septiembre, el Colectivo de Arquitectas les envió una carta con la firma de 342 profesionales a los 60 legisladores de la Ciudad, en la que se mostraron alarmadas de que "no se contemple la necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público para futuras generaciones".
La arquitecta María José Leveratto, integrante del colectivo, explicó a Página/12 que "no estamos de acuerdo con este proyecto que privatiza, parcela y vende estas tierras en la costa del Río de la Plata porque es tierra pública, que es un bien irrecuperable, y que va terminar armando un barrio náutico top, donde la tierra vale más de 9000 dólares el metro cuadrado. Un lugar privilegiado que está a 300 metros de la autopista que te lleva al aeropuerto de Ezeiza o a la zona Norte, donde podés poner tu velero en la puerta, y tenés a cinco minutos Aeroparque. Es una tierra muy interesante para los negocios inmobiliarios, pero no es lo que necesita la Ciudad", remarcó.
Por otra parte, la arquitecta y docente universitaria señaló que "si bien hubo un concurso de idea en el que participó la FADU, la Sociedad Central de Arquitectos y Fadea (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), esos concursos de arquitectura son los que usa el Gobierno de la Ciudad para validar lo que ya tiene pensado. Ya que que quienes se presentan tienen que limitarse a lo que piden las bases para no quedar afuera".
En tanto, desde la ONG el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) rechazaron la privatización y concesión de las tierras que van a impedir el libre acceso a la costa y a generar una barrera que va a obstaculizar la visual del río. A través de la plataforma Change.org están juntando firmas para frenar el proyecto.
Su titular, Jonatan Baldiviezo, advirtió que "para la Ciudad es un giro de 180 grado de lo que venía discutiendo la ciudadanía para el destino de la Costanera Norte. A partir de los 90, cuando comenzaron las privatizaciones, comenzó una lucha ciudadana para que la ciudad recuperara la vista al río y que la costanera se transforme en un gran parque público. Se logró que se sancionara la ordenanza que prohíbe la privatización de la rambla de la Costanera Norte y que una vez finalizadas las concesiones no se podía volver a privatizar. Eso quedó después plasmado en el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad que establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación, y se volvió a ratificar en 2009 con el Plano Urbano Ambiental (PUA)". Y advirtió que "aprobaron el Distrito Joven para legalizar las reconcesiones que se venían haciendo porque estaba prohibido reprivatizar la costanera, dos años después te venden una parte. Quizás después avancen con el resto".
Con otra perspectiva, la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FADU, María Eva Koutsovitis señaló que “la Ciudad enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, es un contrasentido en el marco de la agenda climática, privatizar el borde costero, que debería estar destinado a un espacio verde público. La venta del predio de Costa Salguero no sólo es la pérdida definitiva de una parte de la Costanera que tendría que ser de la sociedad porteña para su disfrute irrestricto, sino que también es el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero".
Y remarcó que el Gobierno porteño comenzó a proyectar el Colector Cloacal Norte "para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que se construirán sobre las tierras públicas vendidas y qué sólo serán accesibles para el 5% de la población porteña. Mientras las porteñas y porteños que habitan las villas de la ciudad continúan sin acceder formalmente al agua potable, al saneamiento cloacal, a los tendidos eléctricos seguros y a la conectividad".
Desde la oposición, legisladores del Frente de Todos (FdT) también se expresaron contra el proyecto. Matías Barroetaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, dijo a este diario que "esto se enmarca en el proceso de venta de tierras públicas que se viene dando desde que el PRO gobierna la Ciudad", y remarcó que "tienen que archivar el proyecto y volver a discutir. Son terrenos únicos que deberían ser utilizados y discutidos en el PUA para revincular a una ciudad que vive de espaldas al rio".
Su colega de bancada Javier Andrade dijo que "más allá de las cuestiones técnicas, lo que vemos es que se está habilitando la construcción de emprendimientos de lujo sobre la costanera, el borde costero que el Plano Urbano ordena democratizar y garantizar el acceso. Es un hecho inédito que de materializarse se va a transformar en algo irreversible". Además, señaló que el proyecto de ley "lo que hace es subdividir la parcela de Costa Salguero, y subrepticiamente queda habilitada la posibilidad de subdividir el resto de los sectores. Es un precedente que puede multiplicarse, a lo que se suma la cantidad de usos que se otorgan, que van de oficinas y todo tipo de comercios a hotelería. Aunque no está la norma para la construcción en cada sector, con este antecedente pueden avanzar".
En el mismo sentido se manifestó su compañero Santiago Roberto "lo que buscan es realizar uno de los tantos negocios inmobiliarios a lo que ya nos tiene acostumbrado la administración de Larreta, cuando esa zona está prevista como un espacio para que los vecinos y vecinas de todos los barrios se acerquen al río. Si este proyecto es aprobado se va a convertir en una barrera de cemento que terminará afectando a todos los porteños y porteñas"
Referentes de organizaciones, militantes y funcionarias repudiaron a los jueces Rizzi y
Anzoátegui por misóginos
ILE: El fallo machista recibió
duras críticas
Sonia Santoro
El fallo que llamó “sicarios” a los médicos y denunció a las y los funcionarios que garantizaron a una niña violada la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo fue repudiado por organismos y organizaciones sociales. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijeron que “por fallos como éste es que seguimos exigiendo que es urgente y prioritario el aborto legal en Argentina”. “Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la Corte Suprema”, dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elisabeth Gómez Alcorta.
“Es vergonzoso el activismo judicial anti derechos que se expone con absoluta impunidad en una sentencia. Hablar de ‘Protocolo de homicidio parental’ para referirse a una política pública refrendada por la Corte en el fallo FAL, no sólo implica desconocimiento del derecho, sino un inocultable desprecio por los valores democráticos”, dijo la abogada Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres de Tucumán. Mónica Menini, articulante de la Campaña, enmarcó este fallo en el avance de sectores antiderechos que ostentan una “oposición ciega a un derecho que las mujeres, las niñas y las personas gestantes tenemos adquirido en nuestro país, que es la interrupción legal del embarazo o el aborto por ciertas causales que ya existían en el Código Penal desde 1921. El fallo FAL vino a hacer una aclaratoria sobre lo que ya estaba escrito. La mayoría de las provincias argentinas están adheridas a las guías de interrupción o a protocolos”. “Por eso insistimos en que es tan necesario que esta situación se revierta definitivamente y que el aborto esté legalizado en Argentina. Es urgente que nuestra legislación tenga esta transformación definitiva porque las mujeres, las niñas, las personas gestantes siguen llegando al sistema de salud sin el conocimiento pleno de si estoy exigiendo un derecho o si me van a armar una causa y me van a llevar presa”, explicó.
Este lunes Página|12 reveló que dos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 denunciaron a los organismos y funcionarios que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos.
Se trata de Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, que ya habían sido recusados este año por transfóbicos y machistas en una causa en la que estaba imputada una mujer trans. Los jueces cuestionaron la “interrupción legal del embarazo” (ILE). Llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos, metiendo presión y amenazas a los efectores del sistema de salud a cargo de llevar adelante estas prácticas garantizadas en el país desde hace un siglo.
“Este tipo de fallos impacta sobre los efectores de salud, que lo que tienen que saber es garantizar la salud, y no ponerse a la expectativa de si mañana un juez me va a decir que soy un sicario porque no hice más que garantizar el derecho a quien me lo pide”, agregó Menini. Los jueces compararon, además, a la ILE con los métodos de tortura de la mafia o los rituales de las tribus antropófagas y llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación.
El malestar por el fallo que recordó a las cruzadas y al medioevo, creció a lo largo del día. Algunos actores hablaron de la necesidad de abrir un juri de enjuiciamiento por su mal desempeño reiterado, en esta causa y en la que estaba imputada una mujer trans, de la que fueron recusados en marzo por la Cámara Nacional de Casación Penal por no aplicar la perspectiva de género y el respeto a su identidad de género. “Es muy grave lo que expresaron sobre una decisión que es ley en nuestro país y que tiene el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Menini. “Que tupé llamar “sicarios” a quienes garantizan derechos. Hay que empezar a pedir más juicios políticos a los jueces como Anzoátegui”, disparó Deza. “Desde Mujeres x Mujeres, como organización feminista, haremos activaremos los carriles institucionales para que estos jueces no usen su lugar de poder para violar derechos”, adelantó.
El rechazo no solo vino desde el movimiento de mujeres, sino también de actores políticos como por ejemplo la Juventud Radical que a través de su cuenta de Twitter repudió el voto de los jueces “machistas, transfóbicos y patriarcales” Anzoátegui y Rizzi. “La ILE es una práctica legal hace un siglo. Jueces así permiten la perpetración del patriarcado y la naturalización del mandato a parir, además de impartir justicia por mandatos religiosos”, agregaron.
En su cuenta de Twitter Gómez Alcorta enmarcó estas acciones junto a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán, “que evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente”.
La CGT se reunirá con la comitiva del FMI
El sindicalismo le reclamará
al Fondo un acuerdo sin
ajuste con la Argentina
La conducción de la CGT volverá a reunirse con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro se realizará en la sede de la Uocra, como ocurrió en otras oportunidades, donde los dirigentes de la central obrera le reclamarán que el acuerdo con el gobierno argentino sea "sin un ajuste despiadado", según reconoció el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
En esta oportunidad, la delegación del Fondo estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina. Éstos le pidieron a la CGT un encuentro donde, según afirmó Rodríguez, expondrán que "cualquier salida tiene que ser buscando un equilibrio de todas las variables macroeconómicas, pero sin un ajuste despiadado que suma aún más en la miseria a la gente que está sufriendo".
Rodríguez es, además del titular del mayor gremio de empleados del Estado, el secretario general adjunto de la CGT, y durante una entrevista con FutuRock dijo que la delegación del FMI les pidió una reunión "y lo vamos a hacer este jueves" donde dijo que la postura de la central obrera será "la misma que venimos planteando cada vez que nos reunimos con ellos".
Según el titular de UPCN, la central obrera siempre le expresó a los enviados del FMI que "el Fondo es corresponsable de cierta manera de la dramaticidad que está viviendo el país por la deuda desmedida que se ha generado en los últimos años y cualquier salida tiene que ser buscando un equilibrio, una lógica, y sin un ajuste despiadado", aseveró.
La intención de la cúpula gremial es mostrar firmeza en cuanto a no aceptar las imposiciones tradicionales del FMI como el ajuste que, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, se reclamó reforma laboral, rebaja de las jubilaciones e incluso la reducción de los empleados públicos.
En ese sentido, trascendió que los gremialistas consideran que las negociaciones con el FMI, con el que se debe rediscutir una deuda superior a los 45 mil millones dólares, deberá hacerse dentro de los parámetros que el Gobierno nacional llevó adelante con los bonistas privados. Esto es, que no se apliquen "sacrificios" a los trabajadores argentinos al entender que la deuda con el Fondo es una herencia del gobierno de Cambiemos.
Las reuniones que la CGT tuvo con la delegación del Fondo, que comenzaron luego de que Macri se endeudara con el organismo, se realizaron siempre en la Uocra, donde su titular Gerardo Martínez es además el secretario de relaciones internacionales de la central obrera.
No es la primera vez que la CGT se reúne con la delegación del Fondo en tiempos de la conducción de Kirstalina Georgieva. En mayo pasado, ya en pandemia, el encuentro se realizó vía Zoom con Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina y el representante del organismo en la Argentina, Trevor Elleyne. En esa oportunidad habían adelantado un rechazo a cualquier reforma laboral. En la reunión del jueves participará además Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
Luego de ese encuentro, la CGT aserguró, mediante un comunicado, que por la responsabilidad que tiene el Fondo en el endeudamiento argentino "deberá comprometerse en la búsqueda de una solución que garantice la sustentabilidad macroeconómica que permita un desarrollo inclusivo desde el punto de vista social y laboral”.
El secretario del expresidente pidió que suban su declaración a las redes
Espionaje ilegal macrista:
declaró Darío Nieto y se
negó a responder preguntas
Imagen: NA
Darío Nieto buscó despegarse del escándalo de espionaje ilegal en el que está imputado y evitar que las esquirlas le lleguen a su jefe, Mauricio Macri. Durante la indagatoria que debió brindar ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, Nieto negó cuantas veces pudo su vínculo con la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, quien para los fiscales funcionaba como un canal alternativo para que la información ilegal que recababa una banda de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llegara a manos de altos funcionarios del Poder Ejecutivo macrista.
"Jamás Susana Martinengo me dio ningún informe de inteligencia, no conozco a ninguno de los espías imputados en la causa, nunca supe de estas supuestas reuniones en Casa Rosada entre Martinengo y los espías y nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia", soltó Nieto de un borbotón en la audiencia que se realizó de manera remota. Durante la declaración, que duró menos de media hora, Nieto se despachó contra los fiscales y sorprendió al pedir distribuir en sus redes sociales el video de la audiencia, justo un par de días después de poner el grito en el cielo porque se había filtrado información del expresidente que estaba en la causa.
Nieto funciona como la sombra de Macri desde hace años. Fue, durante todo su mandato, su secretario privado. En 2017 le concedieron el cargo de subsecretario de Asuntos Presidenciales y, como tal, tuvo bajo su mando a Martinengo. La mujer es, hasta ahora, uno de los canales a través del cual se entiende que el propio Macri podría haber recibido la inteligencia ilegal que producía la banda de los Super Mario Bros; el otro es el formal a través de la AFI, adonde el entonces presidente había designado a su amigo Gustavo Arribas. Martinengo empezó a trabajar para Macri cuando él todavía estaba en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Allí fue donde aparentemente la mujer trabó amistad con Jorge “Turco” Sáez, un expolicía de la Ciudad que pasó a la AFI para conformar la banda de los Super Mario Bros.
En sus conversaciones con Sáez, Martinengo solía pedirle información para que ella pudiera pasarle a Nieto y éste al entonces presidente. Curiosamente, Sáez grababa esas conversaciones y después las compartía con su compinche Leandro Araque. Gracias a esta extraña metodología, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide lograron reconstruir que Nieto habría recibido informes de Martinengo en, al menos, dos oportunidades. Un informe habría sido sobre el espionaje a las comunidades mapuches y el otro, sobre las movilizaciones en torno a la reforma previsional de 2017.
Nieto dijo casi no conocer a Martinengo. La englobó como una más de las 125 personas que tenía a su cargo y remarcó que, además, no era una empleada jerárquica, por lo que su trato no era ni cercano ni frecuente. “Mi relación con Martinengo era absolutamente profesional. De hecho, yo la conozco a Martinengo directamente en Casa Rosada”, dijo el politólogo de 35 años. "No la conocía de antes. Cuando asumo el cargo de subsecretario, ella ya trabajaba en la Dirección de Documentación Presidencial. No la llevo yo ni mucho menos. No era de confianza. Yo hablaría con ella una vez cada dos meses”, agregó.
En su primera indagatoria, Martinengo había hablado más de su relación con Nieto. De hecho, contó que, cuando se peleaba con su jefa, lo buscaba a Nieto. En su ampliación, la mujer intentó despegar al secretario y al propio Macri. Dijo que ella no tenía línea directa con Nieto, sino que alardeaba con sus amigos espías, a quienes recibía en la Casa de Gobierno o visitaba en el departamento que usaban como base en el barrio de Mataderos.
Nieto apunta a nulificar todo lo que pueda surgir de sus teléfonos, por un lado, y, por el otro, busca que la causa viaje a los tribunales de Comodoro Py, un territorio menos árido que Lomas para el macrismo. La Cámara Federal de La Plata rechazó un pedido de su abogado, Gervasio Caviglione Fraga, para anular los allanamientos que se hicieron en las propiedades de Nieto y todo lo que haya surgido de esos allanamientos. Mientras tanto, en la Cámara Federal porteña tienen para analizar un pedido de Nieto para abrir una investigación por una presunta adulteración de su teléfono. Por el momento no tuvo quórum: el fiscal Jorge Di Lello dijo que no había delito y el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por cerrado el tema.
Hasta ahora, no apareció un segundo teléfono que tenía Nieto. Durante la audiencia de este martes, él confirmó su existencia, pero dijo que lo devolvió en diciembre porque correspondía al Gobierno. En el listado al que accedió Página/12, no figura Nieto como poseedor de uno de los teléfonos encriptados de la AFI que Macri repartió entre sus amigos.
El otro tema que desvela a Nieto es llevar la causa a los tribunales de Retiro, así se lo hizo saber al juez Augé en un escrito que presentó antes de la audiencia. El secretario de Macri pidió que la investigación se mude a Comodoro Py. Contó con el aval del fiscal Carlos Stornelli y con la resistencia de la jueza María Eugenia Capuchetti. El tema ya llegó a la Cámara Federal porteña. Ese tribunal ya había sostenido que el tramo que corresponde al espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en su departamento y en el Instituto Patria debe investigarse en Comodoro Py, pero, no está dicha la última palabra, porque Augé y los fiscales se opusieron. Con Nieto, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani terminará esta semana la ronda de indagatorias que comenzó el mes pasado. Los fiscales de Lomas deberán, entonces, decidir si piden los procesamientos de los espías y los funcionarios macristas, y es probable que en las próximas semanas avancen con el tramo vinculado al espionaje en las cárceles.
El gremio de empleados del Estado rechazan el incremento del 7 por ciento
Paro y marcha de ATE en
todo el país en reclamo de
mejoras salariales
El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretó el paro nacional que acompañó con una serie de movilizaciones en diferentes ciudades del país en rechazo de la paritaria del sector que el Gobierno nacional acordó con el gremio de UPCN. Hugo "Cachorro" Godoy, como secretario general del gremio a nivel nacional aseguró, durante el acto realizado en el Congreso de la Nación, que los empleados estatales enfrentaron la crisis que generó el gobierno de Mauricio Macri y "por eso tenemos bronca y decepción cuando la propuesta de aumento es un mísero 7 por ciento".
El porcentaje al que hizo referencia Godoy es lo que la Casa Rosada ofreció y que UPCN, como el gremio más importante en cuanto a cantidad de afiliados, aceptó rápidamente a pesar de la pérdida de poder adquisitivo que tuvo el salario en tiempos de Macri. El acuerdo que se firmó la semana pasada dice que en diciembre las partes volverán a reunirse para abrir otra vez la negociación.
La Ciudad de Buenos Aires la protesta se desarrolló en el Obelisco, hasta donde llegó una caravana de autos con banderas de ATE por fuera de las ventanillas que luego se dirigieron al Congreso donde se desarrolló el acto central.
"Luego de perder más de un 40 por ciento de salarios durante el macrismo y cuando se espera un 35 por ciento de inflación en 2020, un 7 por ciento de aumento es igual a reducción salarial", se quejó ATE a través de mensajes que difundió durante la jornada en las redes sociales.
Por su parte, Godoy indicó, durante el acto realizado en las puertas del Congreso, que "con nuestro trabajo, los estatales nos pusimos al hombro la pelea contra la crisis. Enfrentamos al neoliberalismo todos los días, por eso tenemos bronca y decepción cuando la propuesta de aumento es un mísero 7 por ciento".
En otro tramo de su discurso, Godoy aseguró que es imprescindible "aprobar ya el impuesto a las grandes fortunas para que los que más tienen paguen la crisis y no los que menos tenemos".
El sindicalista dijo que "el esfuerzo que hacen los médicos y enfermeras, los trabajadores y trabajadoras de migraciones, de seguridad de los puertos, del Senasa y del Indec, de los instituto de niñez, los de Anses, entre otros, no son correspondidos por las autoridades nacionales". En ese sentido, consideró que "ahora en forma contradictoria, en vez de fortalecer al Estado, el Gobierno le reduce los impuestos a los que fugan divisas del país de la Argentina. Entonces hay mucho malestar entre los trabajadores por esto y queremos dar un golpe de campana para que el Gobierno reflexione y revise su política para fortalecer el Estado Nacional, no para debilitarlo".
La marcha de ATE se replicaron en varias provincias como en Córdoba, donde el sindicato encabezó una caravana y acto en el Monumento a Agustín Tosco en la capital provincial.
Durante la mañana, cuando comenza el paro de ATE, el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, reconoció en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck, que "lamentablemente" las paritarias se están "negociando con una tendencia a la baja, un elemento que tiene que contemplarse como un gran aporte del sector del trabajo" a la reconstrucción del país frente al impacto de la pandemia de coronavirus.
Proyección de la Cepal. Impacto de la pandemia en la economía regional
Argentina caería 10,5% este
año y Brasil, 9,2
Imagen: NA
La economía argentina caerá este año un 10,5 por ciento, lo cual la ubica en el tercer peor lugar de América latina y el Caribe, sólo superada por Perú (-13 por ciento) y Venezuela (-26 por ciento). Entre los países vecinos, Brasil retrocedería un 9,2 por ciento, seguido de Chile, 7,9; Bolivia, 5,2; Uruguay, 5,0 y Paraguay, 2,3 por ciento. A nivel regional, la pobreza este año volverá a los niveles de 2005 y la indigencia, a los de 1990.
Estas proyecciones fueron publicadas por la Cepal en su Estudio Económico 2020 y presentadas por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, quien advirtió que “la crisis económica regional va a durar más de lo que se pensaba, la recuperación va a tomar varios años y será más lenta que tras la crisis subprime, por lo que habrá que mantener políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias expansivas”. Según el informe, América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada de su producto interno bruto (PIB) regional de 9,1 por ciento. A fines del 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010.
Cierre de empresas
La Cepal calcula el cierre de 2,7 millones de empresas formales en la región en 2020, mientras que el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019. La pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas.
La Cepal hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos profundicen la política monetaria y fiscal expansiva, para lo cual no solo es lógico aumentar el endeudamiento y la emisión monetaria sino que el organismo también considera conveniente regular los flujos de capitales y aumentar la presión tributaria.
Presión tributaria
“Es necesario que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1 por ciento del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con el 34,3 por ciento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para esto se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1 por ciento del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados a la salud pública”, dice la Cepal.
A nivel nacional, la Cámara de Diputados está discutiendo el aporte extraordinario de los grandes patrimonios, que permitiría incrementar la recaudación en alrededor de 1 punto porcentual del PBI. La información de la Cepal es valiosa para esa discusión, porque muestra que, a diferencia del argumento usual de parte del establishment de “la presión impositiva ya es demasiado alta”, el peso de los impuestos sobre el PBI en Argentina es del 28,8 por ciento, en la línea de Uruguay (29,2 por ciento), por debajo de Brasil (33,1) y del promedio de los países de la OCDE (34,3 por ciento).
“Se estima que el resultado fiscal podría alcanzar un déficit regional del 8,4 por ciento del PIB en 2020, como consecuencia de una disminución de los ingresos y un aumento del gasto público, mientras que la deuda pública bruta de los gobiernos centrales podría aumentar 9,3 puntos porcentuales del PIB”, indica la Cepal.
Apoyo del Estado
Según los cálculos del organismo, el apoyo fiscal del Estado nacional argentino para enfrentar la pandemia equivale a 4,9 puntos del PBI sumado a 0,5 punto en garantías estatales para créditos. Está en una línea similar a Bolivia (4,9 por ciento del PBI), pero por debajo de Brasil (7,9 por ciento y 0,5 por ciento en garantías), Chile (5,7 por ciento y 1,2 por ciento en garantías) y Perú (6 por ciento y 10,7 por ciento en garantías).
La economía argentina enfrenta la pandemia en condiciones mucho peores que sus vecinos. En materia de crecimiento, el país viene de caídas del 3,5 y 3 por ciento en el PBI per cápita en 2018 y 2019, a diferencia de Brasil (0,5 y 0,4), Chile (2,5 y -0,1), Uruguay (1,2 y -0,1), Bolivia (2,8 y 0,8), Perú (2,2 y -0,5).
Por otra parte, la Argentina no cuenta con posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque está sobreendeudada: la deuda pública bruta del gobierno central era del 90,2 por ciento del PBI en 2019, contra un promedio regional del 45,7 por ciento. Además, el país tiene muy limitada la posibilidad del financiamiento por vía de la emisión monetaria, en medio de una crisis de confianza alrededor del peso. Son condiciones pre-existentes ala pandemia que se potenciaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
Tres líneas de créditos hipotecarios ya están habilitadas
Línea Construcción de
Procrear: más de 65 mil
inscriptos
Los créditos hipotecarios bancarios a tasa fija son actualmente inalcanzables, mientras que los que se actualizan con UVA, que permiten un mayor acceso, resultaron un dolor de cabeza para los deudores por la actualización que acompaña la inflación. Mientras tanto, el Ministerio de Economía trabaja en un proyecto de ley para crear un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción del crédito, una especie de “seguro” contra la suba de precios y en línea con evolución salarial.
Líneas habilitadas
Actualmente hay tres líneas habilitadas para créditos hipotecarios. Las dos primeras en abrir la inscripción fueron la de Construcción, para financiar la construcción de una vivienda de hasta 90 metros cuadrados, con un crédito de hasta 3,5 millones de pesos y con la posibilidad de una persona para acceder con un mínimo de un sueldo equivalente a dos salarios mínimos (33.750 pesos). Por el otro lado, la línea ampliación es justamente para ampliar una vivienda existente por hasta 30 metros cuadrados, con un financiamiento de 1,5 millones de pesos.
Para la línea ampliación es requisito, obviamente, contar con una vivienda única. Pero una de las exigencias poco conocidas entre los interesados de la línea construcción es que deben contar con un lote propio, escriturado antes del 4 de agosto. Por el contrario, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat reciben presiones del sector inmobiliario para quitar este requisito.
“Lotes en venta con escritura inmediata, apto crédito Procrear. Anticipo por 8000 dólares más el saldo restante en pesos”, dice una publicidad que aparece en la red social Instagram del Grupo Randazzo, del sector de desarrollo inmobiliario. También en septiembre se creó una cuenta anónima llamada “Escrituré después del 4 de agosto”, donde presionan para quitar el requisito. Desde la cartera que conduce María Eugenia Bielsa consideran que se trata de publicidad engañosa. Justamente, el criterio de inscripción que pide tener un lote fue pensado para evitar lo que ocurrió en el primer Procrear, que la tierra tuvo fuertes aumentos de precios.
Sin lote
De todos modos, existen líneas de crédito en donde las personas pueden acceder a una vivienda sin contar con tierra. Es el caso de la que fue habilitada la semana pasada, llamada de Desarrollos Urbanísticos. Ya se inscribieron 15 mil personas, y en caso de salir sorteado, permite acceder a 10 mil propiedades de edificaciones ya construidas por el plan Procrear. El plazo de repago es a 30 años, con un período de gracia, y con ajuste de capital por la Tasa Hogar (atada al Coeficiente de Variación Salarial publicado por INDEC).
Con esta línea, en la Ciudad de Buenos Aires se podría acceder a un departamento o dúplex de hasta 114 metros cuadrados ubicado en la llamada Estación Buenos Aires, que se encuentra en Parque Patricios. Se trata de una imponente edificación con 2500 viviendas. Fue construido desde 2013 por el anterior Procrear, empleando a 13 mil personas. Las obras se frenaron en 2015 y actualmente se continuaron para sumar más viviendas. Pero también en la línea Desarrollos Urbanísticos hay departamentos en localidades bonaerenses (San Miguel, Morón, Ezeiza y Canning) y en las provincias de Santa Fe y Mendoza.
Por otro lado, en las próximas semanas se abrirán otras dos líneas para acceder a la casa propia. Una será la de Desarrollos Habitacionales. La otra se llama Lotes con Servicios que permite construir, pero también acceder a la compra de un lote, que ya forme parte del programa Procrear, sin salir al mercado inmobiliario.
Entrega de viviendas
Mientras tanto, todas las semanas se entregan viviendas en distintos desarrollos urbanísticos del Procrear. Quedaron 11 mil viviendas sin terminar en los últimos cuatro años. En los últimos 15 días se entregaron llaves para 700 viviendas, que surgen de las 2800 viviendas que habían quedado comprometidas tras los sorteos de los créditos hipotecarios UVA Procrear que realizó el gobierno anterior y no entregó.
El lunes por la tarde, diez familias aguardaban bajo el sol primaveral la entrega de su llave en la estación Buenos Aires de Parque Patricios, de la que participó PáginaI12. “¡Qué emoción! ¿Con esto ya me puedo mudar?”, consultaban. “Ya está, ya podés ir a tu casa”, contestaban los funcionarios Juan Ignacio Duarte y Luciano Scatolini, del Ministerio de Hábitat. “¿El control remoto en el llavero es para la cochera?”, indagaba otra familia. Las sonrisas eran indisimulables en las familias, que se sacaban fotos con el edificio de fondo y mostrando la llave, en todos los casos, de su primera vivienda propia. La entrega administrativa duró apenas unos minutos. Concluyó con un aplauso y con el grito de uno de los nuevos propietarios: “¡Felicitaciones vecinos!”.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario