OPINION.

Opinion

Violencia institucional contra las mujeres

MACHISMO ESTATAL

10/11/2020 

Las mujeres deambulan por los pasillos, mareadas por los portazos, por las respuestas inentendibles, por un lenguaje jurídico encriptado adrede.
VICTORIA SANTESTEBAN*
Latinoamérica es la región más azotada del mundo por la violencia machista. Brasil, Perú y Argentina dieron cuenta esta semana que muy a pesar de haber ratificado la «Convención para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres», el machismo estatal la evita, sin importarle la responsabilidad internacional que ello acarrea.

Estados machistas.
En Brasil, la justicia absolvió a un empresario -con antecedentes de violación- acusado de violar a una modelo, tras inventar la figura del «estupro culposo», inexistente en la ley brasileña. Los jueces protegieron al empresario diciendo que no había tenido intención de violar a la joven. El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas la desaparición de pruebas, cambios de declaraciones del imputado y una revictimización feroz contra la modelo Mariana Ferrer, a quien se la acusó entre otras cosas, de inventar la denuncia para ganar seguidores en Instagram.
En Perú, se absolvió a un acusado de violación porque la víctima llevaba ropa interior roja. La justicia peruana entendió que esos atuendos suelen usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. La lencería sirvió a estos jueces para restarle credibilidad a la víctima, para no considerarla tímida como ella decía ser, como si la personalidad extrovertida habilitara también la violencia. El razonamiento judicial, carente de toda legalidad, concluyó que la ropa interior color rojo es señal de consentimiento. Por si fuera poco, acusó a la víctima de denunciar al imputado por venganza.
En Argentina, el 30 de octubre, Paola Tapacho, fue asesinada por un ex alumno, Mauricio Parada Parejas. Paola y su familia habían realizado desde 2015 un total de 15 denuncias por acoso y amenazas contra quien sería el femicida. Algunas de éstas derivaron en restricciones de acercamiento que el agresor incumplía. «A mi hermana la mató el Estado», dice la hermana de Paola, y sintetiza el concepto de violencia institucional contra las mujeres que la ley 26.485 describe en su articulo 6.

Violencia institucional.
Conforme la ley de protección integral hacia las mujeres, violencia institucional, como modalidad de violencia de género, es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier ente público, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley de protección integral para las mujeres. Por su parte, el artículo 2 de la Convención de Belém do Pará establece que se entenderá por violencia contra las mujeres a la violencia física, sexual y/o psicológica que sea perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ésta ocurra.
La violencia institucional resuelve el enigma de cómo, a pesar de los avances legislativos y la proliferación de oficinas especializadas en la temática, la violencia contra las mujeres continúa en aumento. La violencia institucional revela que el cambio cultural y la deconstrucción se resiste al compás más «acelerado» -a pesar de los siglos que tardaron en sancionarse- de las leyes. La parsimonia intencional pone en evidencia que muchas de las personas que integran el Estado se manejan -culposa y/o dolosamente- al margen de la ley.

«No hay delito».
La normativa para la erradicación de la violencia de género exhorta a agentes estatales a la especialización y capacitación continua además que les exige, trato humanizado (como si hubiera que pedirlo por ley) para las mujeres que requieran asistencia. La empleada pública de Gasalla, a los gritos, requiriendo el sellado que inventa para zafar de la atención porque quiere seguir tomando mate, y el juez que jerarquiza sus prejuicios por sobre la Constitución, son los arquetipos de estatales que la ley apunta.
Desde la comodidad del escritorio de la comisaría se dice «señora, no le puedo tomar la denuncia porque no hay delito». La policía se arroga facultades jurisdiccionales y determina que del relato de la víctima no hay nada en el Código Penal que pueda asistirla. La policía no sólo se atribuye competencias que no tiene sino que confunde delito con violencia de género, como si se tratara de lo mismo.
Cuando la policía o el fiscal manda a la mujer a la casa, cuando el juez absuelve al imputado porque decide salvarlo conforme el pacto de varones, cuando ni siquiera se ofrece un vaso de agua e información, el Estado es responsable. Responsable, entre otras cosas, de empujarla al laberinto kafkiano de un proceso que continúa la violencia, que protege al varón, y alecciona a las demás: si denuncian la violencia, viene más violencia.
Las mujeres deambulan por los pasillos, mareadas por los portazos, por las respuestas inentendibles, por un lenguaje jurídico encriptado adrede, que es otra barrera a su derecho de acceso a justicia y protección.
Frente al deber de acompañamiento y empoderamiento, las denuncias no se toman o se archivan, las medidas de protección no se dictan o no se cumplen y las sentencias condenan a las víctimas por su ropa, hábitos y costumbres.

Falta de idoneidad.
Esta semana, la moraleja de los cuentos de Brasil, Perú y Argentina es que denunciar violencia reproduce violencia. El mensaje mafioso se resume en la impunidad del violento y las denuncias encajonadas son la crónica del femicidio anunciado que el Estado tenía la obligación de prevenir.
Las mujeres cansadas continúan por las oficinas laberínticas, relatando incontables veces la escena que las hizo llegar allí, a ese escritorio desde el que un desconocido mira el reloj y bosteza, sin querer si quiera saber lo que se siente. Quienes desde el escritorio, a pesar del deber de hacer algo no hacen nada, quienes frente a la solicitud de auxilio ninguna fibra de su humanidad se mueve, responsabilizan al Estado por su falta de idoneidad. La falta de idoneidad, que desde 1853 exige nuestra Constitución para el desempeño de cargos públicos comprende la empatía. Y como otro pasadizo del laberinto, aparece una puerta para denunciar también, a ese Estado violento. La puerta abre la incógnita de si será otra trampa revictimizante del sistema, para cansarla y silenciarla.

*Abogada, Magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.

Fuente:laArena