03 de noviembre de 2020
Se suspende la orden de desalojo del barrio La Cariñosa
Tregua hasta febrero para encontrar una salida
El empresario que reclama el terreno, los vecinos que viven en el lugar y funcionarios acordaron explorar una solución que garantice el hábitat para las familias.
Vecinos junto con organizaciones sociales se manifestaron en Tribunales.
Imagen: Gentileza Rosario PlusCon un acta acuerdo, vecinos del barrio La Cariñosa lograron suspender la orden de desalojo dictada a principios de octubre, y el 15 de febrero habrá una nueva audiencia judicial. "La defensa jurídica y social de los vecinos consiguió un avance cualitativo en el derecho de vivienda digna. Términos jurídicos suspendidos hasta el 15 de febrero de 2021 y el compromiso de Nación, provincia y municipio para garantizar el hábitat de las familias", celebró Nire Roldán, de la Concejalía Popular, sobre el resultado. Los habitantes del predio donde viven más de 500 familias se movilizaron ayer hasta los Tribunales Provinciales, con el objetivo de dejar en claro que se trata de un barrio popular (incluido en el registro nacional) donde viven hace más de 40 años. El acuerdo de suspensión entre las partes fue entregado a la jueza que el mes pasado dictó la sentencia de desalojo ante la presentación del empresario Armin Reutemann. Durante el cuarto intermedio de unos 120 días habrá un trabajo de diálogo con diferentes actores, para garantizar el hábitat.
El conflicto viene de larga data, pero tomó mayor trascendencia la semana pasada en coincidencia con el debate nacional en torno a los desalojos. Para separar aguas, Roldán aclaró que "esto no tiene nada que ver con Guernica ni lo que paso con el campo de Entre Ríos; estas son familias que hace 40 años que están instaladas. Buscamos una solución concertada".
El terreno en litigio es una extensa área en forma de triángulo que se encuentra delimitada por las calles Medina, Juan Pablo II y Avenida Uriburu, en la zona sudoeste de la ciudad.
Según se indicó, el terreno fue comprado en 2002 por el empresario Armin Reutemann, pero en el lugar ya había cientos de familias. "Lo único que queremos es un hogar", "No al desalojo”, “Basta de jueces corruptos”, escribieron en los carteles los vecinos del terreno ubicado en Avellaneda y Circunvalación, al sudoeste de Rosario, que ayer se movilizaron hasta Tribunales.
Para Roldán, que desde la Concejalía Popular defiende a vecinos y vecinas del lugar, lo que se logró después de dos horas de reunión es "un triunfo de la lucha jurídica y social". Según indicó, el acuerdo está comprendido en un "acta que se firmó en conjunto, donde nosotros dejamos claro que la ley nacional prohíbe este tipo de procedimientos jurídicos, en relación al desalojo, en el caso de los barrios populares como es La Cariñosa".
Según se indicó, el acuerdo fue entregado a la jueza Cecilia Camaño, ya que ante la cantidad de gente presente desde el juzgado adujeron que no se podían garantizar (en una audiencia) las medidas sanitarias, en relación a la pandemia. Para Roldán, el procedimiento de "convocar a vecinos y después decir que no tenían lugar para atenderlos es una falta de respeto. No tuvimos oportunidad de hablar con la jueza, pero le dejamos un informe y entregamos en secretaría el acta", detalló.
En tanto, indicó que en el informe que dejaron en el Juzgado de Circuito, se plantean cuestiones que sirven para apelar la sentencia del 5 de octubre "por lo que expresa la ley nacional sobre barrios populares y porque está la pandemia en vigencia. Entendemos que los vecinos tienen posesión del inmueble hace 40 años, y se sabía perfectamente que aquí había familias, que no era un barrio con usurpadores, sino que hay residentes que pelean por conseguir servicios de agua potable, energía y todos los servicios que requiere el barrio", expresó el referente de la Concejalía Popular.
Además de Roldán estuvieron el diputado Carlos Del Frade y su par Damaris Pachiotti, la concejala Luz Olazagoitía, representantes de la provincia, de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; Servicio Público de la Vivienda, y representantes de Barrios Populares a nivel nacional. Además, Nire Roldán destacó el "respaldo de la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat) de la Nación, María Eugenia Bielsa". Al mismo tiempo, lamentó que "la otra parte (por el empresario) arrancó diciendo que entendía que había 27 familias en el predio, cuando claramente son más de 500. Además, dejaron en claro que pretenden establecer un negocio inmobiliario, cuando antes está el derecho a la vivienda digna".
Javier Barreto, un vecino que nació y vivió sus 30 años actuales en La Cariñosa, cuestionó el fallo de la jueza Cecilia Camaño cuando habló con Rosario/12: “La magistrada desconoce nuestra realidad, jamás vino al barrio a ver cómo es. Desde afuera es fácil decir que somos ‘okupas’ o usurpadores cuando en realidad acá somos todos laburantes y personas que vivimos desde mucho antes de que se hiciera el negocio inmobiliario”.
03 de noviembre de 2020
Imagen: Gentileza Rosario Plus
Con un acta acuerdo, vecinos del barrio La Cariñosa lograron suspender la orden de desalojo dictada a principios de octubre, y el 15 de febrero habrá una nueva audiencia judicial. "La defensa jurídica y social de los vecinos consiguió un avance cualitativo en el derecho de vivienda digna. Términos jurídicos suspendidos hasta el 15 de febrero de 2021 y el compromiso de Nación, provincia y municipio para garantizar el hábitat de las familias", celebró Nire Roldán, de la Concejalía Popular, sobre el resultado. Los habitantes del predio donde viven más de 500 familias se movilizaron ayer hasta los Tribunales Provinciales, con el objetivo de dejar en claro que se trata de un barrio popular (incluido en el registro nacional) donde viven hace más de 40 años. El acuerdo de suspensión entre las partes fue entregado a la jueza que el mes pasado dictó la sentencia de desalojo ante la presentación del empresario Armin Reutemann. Durante el cuarto intermedio de unos 120 días habrá un trabajo de diálogo con diferentes actores, para garantizar el hábitat.
El conflicto viene de larga data, pero tomó mayor trascendencia la semana pasada en coincidencia con el debate nacional en torno a los desalojos. Para separar aguas, Roldán aclaró que "esto no tiene nada que ver con Guernica ni lo que paso con el campo de Entre Ríos; estas son familias que hace 40 años que están instaladas. Buscamos una solución concertada".
El terreno en litigio es una extensa área en forma de triángulo que se encuentra delimitada por las calles Medina, Juan Pablo II y Avenida Uriburu, en la zona sudoeste de la ciudad.
Según se indicó, el terreno fue comprado en 2002 por el empresario Armin Reutemann, pero en el lugar ya había cientos de familias. "Lo único que queremos es un hogar", "No al desalojo”, “Basta de jueces corruptos”, escribieron en los carteles los vecinos del terreno ubicado en Avellaneda y Circunvalación, al sudoeste de Rosario, que ayer se movilizaron hasta Tribunales.
Para Roldán, que desde la Concejalía Popular defiende a vecinos y vecinas del lugar, lo que se logró después de dos horas de reunión es "un triunfo de la lucha jurídica y social". Según indicó, el acuerdo está comprendido en un "acta que se firmó en conjunto, donde nosotros dejamos claro que la ley nacional prohíbe este tipo de procedimientos jurídicos, en relación al desalojo, en el caso de los barrios populares como es La Cariñosa".
Según se indicó, el acuerdo fue entregado a la jueza Cecilia Camaño, ya que ante la cantidad de gente presente desde el juzgado adujeron que no se podían garantizar (en una audiencia) las medidas sanitarias, en relación a la pandemia. Para Roldán, el procedimiento de "convocar a vecinos y después decir que no tenían lugar para atenderlos es una falta de respeto. No tuvimos oportunidad de hablar con la jueza, pero le dejamos un informe y entregamos en secretaría el acta", detalló.
En tanto, indicó que en el informe que dejaron en el Juzgado de Circuito, se plantean cuestiones que sirven para apelar la sentencia del 5 de octubre "por lo que expresa la ley nacional sobre barrios populares y porque está la pandemia en vigencia. Entendemos que los vecinos tienen posesión del inmueble hace 40 años, y se sabía perfectamente que aquí había familias, que no era un barrio con usurpadores, sino que hay residentes que pelean por conseguir servicios de agua potable, energía y todos los servicios que requiere el barrio", expresó el referente de la Concejalía Popular.
Además de Roldán estuvieron el diputado Carlos Del Frade y su par Damaris Pachiotti, la concejala Luz Olazagoitía, representantes de la provincia, de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; Servicio Público de la Vivienda, y representantes de Barrios Populares a nivel nacional. Además, Nire Roldán destacó el "respaldo de la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat) de la Nación, María Eugenia Bielsa". Al mismo tiempo, lamentó que "la otra parte (por el empresario) arrancó diciendo que entendía que había 27 familias en el predio, cuando claramente son más de 500. Además, dejaron en claro que pretenden establecer un negocio inmobiliario, cuando antes está el derecho a la vivienda digna".
Javier Barreto, un vecino que nació y vivió sus 30 años actuales en La Cariñosa, cuestionó el fallo de la jueza Cecilia Camaño cuando habló con Rosario/12: “La magistrada desconoce nuestra realidad, jamás vino al barrio a ver cómo es. Desde afuera es fácil decir que somos ‘okupas’ o usurpadores cuando en realidad acá somos todos laburantes y personas que vivimos desde mucho antes de que se hiciera el negocio inmobiliario”.
Progresistas
Fiscal federal pidió investigar a los defensores de un narco
La delgada línea de los abogados
El fiscal de juicio Federico Reynares Solari pidió ayer que se investigue a dos abogados defensores de un narco detenido y enjuiciado, con quienes tuvieron algo más que un asesoramiento profesional. Se trata de los abogados Hernán Tasada y Mariano Scaglia, defensores de Ramón "el Rengo" Insaurralde. "En una de las conversaciones le aconsejan que descarte todo, hay otra conversación en la que Ramón Insaurralde manda a estos profesionales a defender a otra persona que no era él y después en el segundo tramo de la causa aparece como vinculada a la banda, y también se habla de un arreglo espurio con un personal policial por una suma de dinero, y después hay conversaciones donde hablan de asociarse en negocios como fiestas electrónicas", explicó el fiscal de juicio a Rosario/12.
"Nosotros consideramos que todo esto genera un cuadro grave, en primer lugar porque estas conversaciones pueden ser utilizadas para la condena de Insaurralde, y en segundo lugar se pide que se investigue a estos profesionales en las instancias que correspondan al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados así como al Poder Judicial de la Nación, porque estarían participando, asociándose con personas que cometieron delitos infringiendo la ley de drogas, interviniendo no con posterioridad a los hechos sino cuando la persona está cometiéndolo. Eso permite la oportunidad de que la personas siga cometiendo esos delitos. Es por eso que hemos tomado esta medida de pedir que se los investigue de una manera muy profunda y muy firme a Mariano Scaglia y a Hernán Tasada, ambos abogados de Insaurralde", dijo Reynales Solari.
El próximo lunes los profesionales señalados, que estuvieron interactuando en la jornada de ayer vía Zoom, podrán contestar en su alegato de defensa el próximo lunes.
"De todas maneras estas escuchas a las que yo hago referencia no son una sorpresa para nadie porque estaban desde los albores de la investigación transcriptas por el personal policial de la PSA desde el año 2017 y ellos son abogados desde entonces de Insaurralde. Es decir que conocen perfectamente estas conversaciones", remarcó el fiscal de juicio.
-¿Cuáles son las condenas pedidas para el clan Insaurralde? preguntó este diario.
-Son 24 personas las que están siendo juzgadas en estos hechos, que son dos causas que se acumularon procesalmente ahora: la primera de ellas se empezó investigando un punto de venta al menudeo en la zona de Vía Onda y a partir de allí se llegó a Ramón Insaurralde, que era una persona que traía material estupefaciente a la ciudad de Rosario desde la zona de Lomas de Zamora, cuyo proveedor era el ciudadano boliviano Jalil Blanco, y aquí la distribuía. Se lo detuvo en los primeros días del mes de febrero del año 2017 pero siguió haciendo esta actividad desde la cárcel con algunas de las personas que lo hacían en la primera oportunidad y después con otras. En ambos también teniendo el mismo proveedor de material estupefaciente, que es una persona que estaba prófuga en la primera causa y está prófuga en la segunda. Para Ramón Insaurralde pedimos una pena total de 22 años por organizador de comercio de estupefacientes porque es una persona repitente de delito, y también es reincidente porque tiene condenas en el Tribunal Oral de Santa Fe, así como en el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 de Rosario por la ley 23.737. Tiene dos hechos como organizador reincidente y tiene dos anteriores . También pedimos una pena alta para Omar Espíndola, que es una persona que tiene una condena de prisión perpetua pero que quebrantó la misma cuando estaba en libertad condicional, por lo cual vamos a pedir que se acumule una pena de siete años más la perpetua.
Cabe señalar que quien juzga a Insaurralde es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 3 integrado por Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Faciano e Ivon Bella, y es quien deberá resolver el pedido de investigación sobre los abogados. En rigor esos pedidos se trasladan directamente al Ministerio Público de la Acusación, que toma los elementos y los remite a instrucción. "Por más que sean conversaciones entre abogados y clientes consideramos que estas no son conversaciones protegidas por el secreto profesional porque no se trataría de una situación que se sucede con posterioridad a la concreción de un delito y entonces se define la estrategia con posterioridad, sino que por el contrario, estas charlas se daban simultáneamente a los hechos, es decir tenían colaboraciones con esos hechos", dice el fiscal.
"Esto tiene que ser analizado, hay múltiples conversaciones con Ramón Insaurralde mientras se consumaban delitos. Puntualmente cuando lo detienen en calle Mendoza y Dorrego iba hablando con muchas personas, entre ellas con los abogados, porque se estaban allanando domicilios suyos o domicilios de personas que formaban parte de su organización con una importante cantidad de droga. Entonces nosotros las consideramos relevantes. Ahora las defensas van a tener la oportunidad de contraponer sus argumentos y poner en tela de juicio a este tema. Y después el tribunal resolverá. Nosotros queremos que se utilicen como prueba porque las consideramos importantísimas en el marco del decomiso de 30 kilos de cocaína y 20 balanzas en poder de Insaurralde, en un depósito de Bulevar Seguí y Suipacha. Este es un secuestro muy importante de estupefacientes", remató Reynares Solari.
Reportaron 44 muertes en un día en Rosario
El virus deparó otro día de
record negro
Imagen: EFE
Una estridente caravana de ambulancias del Pami sobre la avenida del Huerto quebró el bucólico paseo de quienes el domingo a la mañana disfrutaban la soleada costa central. Las sirenas en fila fueron la señal de luto y advertencia del personal sanitario porque uno de los suyos acababa de morir, presa del coronavirus. Era el enfermero Osvaldo Álvarez Peña, otra baja más entre los trabajadores de salud que enfrentan la pandemia. Al margen de cierto amesetamiento en la curva de contagios, la cuenta de muertes ayer golpeó feo y marcó un día record en ese sentido: 75 pacientes fallecieron en la provincia, de los cuales 44 residían en Rosario. Hubo 1793 contagios a nivel provincial, y 515 a nivel local. Hace diez días, los contagios en esta ciudad superaban los 1000 casos diarios.
El reporte del comité sanitario ayer impactó por la cifra récord de muertes causadas por coronavirus desde que se declaró la pandemia en marzo pasado. Nunca antes se había alcanzado esa cifra en un día, ni en la provincia ni en Rosario. Para peor, cuatro de las víctimas tenían 22, 26, 28 y 38 años, respectivamente.
Una fuente de la Secretaría de Salud municipal relativizó la posibilidad de que los 44 pacientes de esta ciudad hayan fallecido todos en la jornada de ayer. "Existe algún delay (retraso) en las cargas de datos, sobre todo después de un fin de semana", explicó.
El lunes anterior, después del otro fin de semana, en la ciudad se habían reportado 690 casos, es decir que hubo una disminución de una semana para otra.
Uno de esos decesos del fin de semana -puntualmente, el sábado- fue el de un trabajador de salud. El enfermero Osvaldo Álvarez Peña tenía 46 años y ninguna enfermedad preexistente ni nada que hiciera presagiar el desenlace fatal, al cabo de dos semanas de internación. Era parte del staff del Pami I desde 2007, pero también supo trabajar en terapia intensiva de varios sanatorios de la ciudad. Con Álvarez Peña, es el tercer trabajador del Pami que muere en Rosario por covid 19. Antes había fallecido un médico, y luego un empleado de mantenimiento. Y se suma a la decena de profesionales de la salud que han fallecido por covid 19 en Rosario.
Además de los 515 contagios reportados en Rosario, la cuenta provincial se completa con 224 casos en Santa Fe, 163 en Rafaela, 85 en Venado Tuerto, 44 en San Lorenzo y 39 en Villa Gobernador Gálvez, por citar los de mayor relevancia.
Rosario fue ayer el municipio con mayor cantidad de muertes (44), seguido por Santa Fe (5), Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto y Rafaela, con 4 personas fallecidas en cada una de estas. Con estos fallecimientos, Santa Fe acumula 1356 víctimas fatales del coronavirus, y 139.000 contagios.
El gobierno sale a desactivar expectativas aperturistas
La Navidad en mesa chica y
sin lechón
Imagen: Prensa Gobernación
La desaceleración que exhiben los números en torno a la pandemia en los últimos días alentó un clima incipiente de distensión que obligó al gobierno provincial a salir al cruce y advertir que no hay margen para relajarse ni gastar a cuenta. Dos ministros, Sonia Martorano y Roberto Sukerman, usaron los micrófonos cotidianos de la prensa para señalar la zozobra que Europa vive por estos días con el rebrote del coronavirus, y el recordatorio de que las reuniones afectivas siguen acotadas, por más que el comercio navideño ya invite a planificar grandes mesas familiares.
Una de esas noticias que destilan ilusiones de vieja normalidad aconteció ayer con la reanudación de los vuelos comerciales de cabotaje y el primer servicio Ezeiza - Rosario por Aerolíneas Argentinas. Con eso en mente fue la ministra de salud al acto protocolar en el Aeropuerto Islas Malvinas. "Todavía es prematuro hablar de un amesetamiento de la curva porque puede haber una escalada", aclaró Martorano aunque asumió que las mediciones marcan una tendencia a la baja en los contagios diarios que se reportan aquí. Y como ejemplo se sirvió de lo que pasa en el Viejo Continente. "Ahí tenemos el diario del lunes, que nos sirve mucho. En Europa se pensaba que el verano mejoraba la situación y no es tan así", balanceó.
"La contagiosidad del covid 19 no disminuye a medida que la temperatura se eleva, solo que es mejor así porque propicia la ventilación de lugares cerrados y los encuentros al aire libre", explicó la responsable de la cartera sanitaria. En este sentido, Martorano remarcó que espera el transcurso de 14 días continuados de esta situación de restricciones ambiguas (sobre todo la prohibición de reuniones sociales y el pretendido corte de circulación nocturna) para confirmar que la pandemia en Rosario haya frenado de verdad. Con todo, en el gobierno asumen que ambas restricciones no son cumplidas en el sentido estricto de la palabra.
Con la misma misión de desactivar expectativas aperturistas, el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, habló en ese sentido desde la delegación Rosario de Gobernación. "No hay que imaginarse unas fiestas multitudinarias, lamentablemente. Los festejos deberán ser mucho más acotados, y no podremos hacer la vida de verano que hicimos otros años", avisó. Por lo visto, no le hizo mucho caso la muchedumbre que transitó y habitó este fin de semana el corredor Pellegrini, los parques de la costa central y rambla Catalunya.
Sukerman brindó estas advertencias al término de una reunión con Martorano y con el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. Su objetivo fue bosquejar protocolos de prevención sanitaria para actividades estivales como piletas, colonias de vacaciones, y playas varias de la ciudad y las isla de enfrente.
"No creo que lleguemos a tener reuniones como solíamos hacer con los seres queridos, las amistades. Hay que seguir teniendo cuidado. Se tiende a creer que lo peor ya pasó y la situación sanitaria no tiene complicaciones, pero claramente no es así", señaló el titular de la cartera laboral.
En tanto, los presentes comentaron algunos rasgos de lo que serían esos protocolos veraniegos, sobre todo la estipulación de 10 personas como límite para actividades grupales en colonias de vacaciones y piletas. "Esto implicará una mayor rotación de chicos, que tengan menos días a la semana en la colonia", dedujo un vocero.
Por el lado del río, Sukerman anticipó que cualquier escenario será con restricciones a la afluencia de paseantes. "Vamos a trabajar con limitaciones, con una capacidad de espacio menor a la prevista, tenemos una ventaja con la bajante del río que nos da más playa. Todo va a tener una restricción y tendremos que organizar y comunicar muy bien para que las personas no vayan inútilmente si la capacidad de La Florida está al límite", preanunció. Y entrevió dificultades en la autorización que la Municipalidad de Victoria expidió para que los navegantes de Rosario puedan cruzar y desembarcar en las islas. "Habrá que organizar bien las actividades con los titulares de los paradores de isla, que en su mayoría son rosarinos", adelantó.
Imagen: Prensa Gobernación
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti confirmó ayer que el presupuesto de la provincia para 2021 que envió el viernes al Senado incluye una cláusula que garantiza el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados y temporarios de la provincia, que son entre 4.500 y 5.000. El anuncio fue valorado por el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, quien expresó su “satisfacción” por el hecho y le pidió a la Legislatura que apruebe la ley para “lograr así la tan ansiada estabilidad de los trabajadores estatales por la que se viene luchando” desde el gobierno de Miguel Lifschitz. El secretario de Trabajo Juan Manuel Pusineri dijo que el relevamiento de las futuras designaciones está casi listo y –a pedido de Rosario/12- adelantó que serían blanqueados 1.300 médicos, 2.000 profesionales de la salud y de hospitales, 1.000 empleados en la Administración central, 200 en el Ministerio de la Producción, 150 trabajadores viales y alrededor de 100 en el Ministerio de Educación. “Son números estimativos”, explicó Pusineri.
En el mensaje 4908 que envió a las Cámaras, Perotti informó que la política salarial de la provincia incluye los acuerdos paritarios con los gremios estatales y la designación de los contratados. “Con relación a los gastos en personal, jubilaciones y pensiones, se ha contemplado para el próximo ejercicio (2021) la incidencia de la anualización de la política salarial del corriente año, reflejadas en los acuerdos paritarios correspondientes a los distintos escalafones del sector público provincial”, dijo el gobernador.
Ayer, el secretario de Trabajo explicó que la cláusula que garantiza esas designaciones es el artículo 23 del proyecto de ley. El inciso “A” dispone “no aumentar el total general de gastos fijados para la Administración Pública Provincial”, pero sí habilita dos “excepciones” a esos gastos. 1) “Los que resulten necesarios para cumplir con los compromisos asumidos en leyes vigentes que contemplen la incorporación de agentes al sector público” y 2) “Los necesarios para la incorporación a planta permanente de los agentes que actualmente se desempeñan como personal contratado – transitorio de acuerdo a lo establecido en los convenios paritarios con los distintos gremios” estatales.
“En las paritarias, asumimos el compromiso de incorporar a la planta permanente a los trabajadores contratados y transitorios del Estado y lo vamos a cumplir”, ratificó Pusineri. Ese acuerdo incluye a los médicos, los profesionales de la salud, los trabajadores de la Administración central (nucleados en UPCN y ATE) y los viales”.
Hay un relevamiento que está casi listo para “determinar quiénes reúnen las condiciones estipuladas en las paritarias” y pasar a la planta permanente, explicó Pusineri. Y cuando se le pidió más precisiones, explicó que en su mayoría son trabajadores escenciales: unos 1.300 médicos, 2.000 profesionales de la salud y de hospitales, 1.000 empleados en la Administración central, 200 en el Ministerio de la Producción, 150 trabajadores viales y alrededor de 100 en el Ministerio de Educación. En total, serían entre 4.500 y 5.000.
La semana pasada, antes de que Perotti enviara el presupuesto a la Legislatura, ATE le pidió que incluyera en el proyecto la "creación de cargos" para cumplir los "acuerdos paritarios" y pasar a planta permanente a los contratados. Funcionarios del Ministerio de Economía le adelantaron al gremio que la norma que garantizaba el blanqueo era el artículo 23. “Esto va a permitir regularizar la situación de cientos de trabajadores y trabajadoras que en su mayoría están cumpliendo tareas en servicios esenciales del Estado”, señaló ATE.
Ayer, cuando Pusineri ratificó el anuncio, el líder de ATE valoró la decisión del gobierno de Perotti de reconocer a los trabajadores precarizados el derecho a la estabilidad, que garantiza la Constitución de Santa Fe. El presupuesto 2021 incluye una cláusula para regularizar la situación de los “trabajadores contratados y transitorios”, tal como se acordó en las paritarias. “Es una satisfacción” que se haya incorporado esa norma que el gremio reclama desde hace años, dijo Hoffmann y le pidió a la Legislatura la “sanción del Presupuesto 2021 y lograr así la tan ansiada estabilidad de trabajadores y trabajadoras estatales por la que se viene luchando” desde el gobierno anterior.
Malestar en clubes por gasto en policías si no hay público
Polémica por la seguridad
Imagen: Sebastián Vargas
El Ministerio de Seguridad de la provincia modificó, en parte, los costos que deben asumir los clubes para los operativos de seguridad en los partidos de fútbol. Para las instituciones es más la inversión que deben hacer en seguridad. Con la vuelta del fútbol, aunque sea sin público, estalló el primer conflicto. Unión no quiso pagar 12 adicionales y el partido con Arsenal, el pasado domingo, no se suspendió por la mediación de la Liga Profesional. El malestar, además, se expande por la discrecionalidad de los funcionarios provinciales para determinar el número de agentes que debe contratar el club.
El presidente de Unión, Luis Spahn, no quiso pagar el servicio de seguridad de 12 uniformados para realizar el partido con Arsenal y la Secretaría de Seguridad de la provincia le suspendió el partido. Se jugó, finalmente, porque el dinero lo acercó la Liga Profesional. La situación vivida recrea la discusión que se silenció por la suspensión del fútbol a causa de la pandemia y tiene en el foco de la crítica el decreto 49/2020 que regula los servicios de policía adicional.
“Unión no incumplió el pago del operativo dado que el mismo se realizaría el día lunes post partido, tal cual se efectivizó el pago el viernes (un día después del partido) correspondiente al partido jugado el jueves por Copa Sudamericana. En la mayoría de las veces se paga al día siguiente del partido”, explicó ayer la dirigencia de Unión. En su defensa, el club explicó: “Para los partidos amistosos que disputó Unión y que fueron televisados se abonaron 12 efectivos policiales. Estos encuentros se jugaron por protocolo sanitario con un máximo de 220 personas dentro del estadio. Se había sugerido en la reunión de seguridad del día lunes 26 de octubre de repetir los 12 efectivos policiales para el partido con Arsenal. Además se debía realizar la reunión de partido el día viernes que finalmente no se concretó por razones ajenas a Unión. El partido con Arsenal se disputó con el mismo protocolo sanitario que los partidos amistosos, es decir con un máximo de 220 personas pero se duplicó la cantidad de efectivos policiales (de 12 a 24). A los partidos sólo asisten: planteles de ambos equipos, trabajadores de televisión y grupo mínimo de dirigentes. No hay espectadores. Para un partido con público de aproximadamente 15.000 personas Unión paga 240 efectivos policiales, es decir 1 policía cada 62 personas (espectadores). Para el partido con Arsenal, Unión pagó 24 agentes policiales para 220 personas, es decir 1 policía cada 9 personas (que no son espectadores) y donde el riesgo de incidentes es casi inexistente con todo el estadio cerrado”.
Fuente:Rosario12















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