20 de noviembre de 2020
El Comité de Vacunación a cargo de la logística será recibido por Alberto Fernández el lunes
Coronavirus: la puesta a punto de la mayor inmunización masiva
Una vacunación masiva no es tarea de todos los días. El objetivo, como el propio Alberto Fernández dejó en claro, es “empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero" con la aplicación de las dosis.
Hacia fin de diciembre se espera que la primera que llegue sea la Sputnik V --desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia-- y luego será el turno, durante el primer trimestre de 2021, de la fórmula de AstraZeneca y el Laboratorio de Oxford. De la primera llegarán 25 millones de dosis y de la segunda, 22 millones. Si se le suma la de Pfizer, que ofreció un millón más, se llegaría a un total de 48 millones de dosis, algo así como 24 millones de vacunas aproximadamente (ya que todas prevén un esquema de una dosis y refuerzo). Vale destacar que, en el presente, todas las fórmulas siguen los ensayos en fase 3 con miles de voluntarios alrededor del mundo y requerirán de la aprobación del uso de emergencia por parte de los entes reguladores de los diferentes gobiernos para su distribución. En el caso de Argentina, la institución encargada de tal asunto es la Anmat.
“Mi idea es que Pfizer y Rusia rápidamente me den vacunas y empezar en enero y febrero (de 2021). La Argentina tiene capacidad de vacunación de 5 millones de personas por mes, con lo cual serían 10 millones en enero y febrero”, agregó el Presidente. La prioridad la tendrán “el personal de salud, de seguridad, los adultos mayores y las personas con enfermedades prevalentes”, dijo. De esta manera, esa cantidad indica que “el 23 por ciento de la población” ya estará vacunada con la Spuntnik V y la de Pfizer a principios del año próximo.
“Eso nos permitirá entrar a muy tranquilos a marzo” para minimizar los efectos de una posible segunda oleada de contagios, ya que al menos el “60 por ciento de las personas vulnerables en términos médicos” habría recibido la inoculación. “En marzo --agregó el mandatario-- ya tendríamos 4 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca (y la Universidad de Oxford, que se producirá entre Argentina y México), y en ese mes ya estarían vacunados todos los que están en riesgo".
Al hacer los anuncios, Alberto Fernández volvió a destacar que uno de los “logros” de la política sanitaria durante la cuarentena fue “que no se sature el sistema sanitario” ante la demanda de pacientes, y respondió a las críticas que recibe desde la oposición. “Escucho a algunos ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana y me explican cómo había que hacer las cosas, y me asombra”, criticó.
Sus críticas fueron dirigidas a los funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio: “Fueron los que dejaron el sistema sanitario en situación calamitosa, los que no inauguraban hospitales hechos en 2015 para que la gente no sintiera que eran hospitales hechos por Cristina (Kirchner); fueron los que cerraron el Ministerio de Salud y ahora vienen a explicarme cómo se hacen las cosas. Es como el colmo”, sentenció.
Por su parte, el ministro Ginés González García destacó la importancia de "lograr una planificación para que llegue a la mayor cantidad de personas". “La idea es vacunar hasta el mes de julio del año venidero para disminuir la mortalidad", señaló y ratificó que "la vacuna será gratuita". "Dentro de nuestros planes está realizar la campaña de vacunación más grande en la historia y llegar a todos los sectores de la sociedad", recalcó.
Cómo será la logística
Aunque desde el gobierno aún no brindaron detalles sobre cómo se diseñará el operativo, Daniela Hozbor, bioquímica e Investigadora Principal del Conicet en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de La Plata, se anticipa a la situación y a partir de su conocimiento del área, comenta al respecto: “La logística será un tema muy pero muy complejo. Si bien no se inmunizará a toda la población en una primera instancia, ya se está barajando la posibilidad de inocular a una parte muy importante”. Luego señala: “Desde las autoridades sanitarias se manejan números que rondan las 12 millones de personas en un comienzo. El dato clave es que habrá que hacerlo en el tiempo más corto posible para reducir las consecuencias que tiene la covid si continúa avanzando”.
De acuerdo a la técnica empleada, cada variante necesita de una logística particular. Un eje crucial es la temperatura de la sustancia activa. “Todo plan de inmunización tiene una logística muy particular porque en el transcurso hay que mantener la calidad del insumo. Buena parte de las vacunas requieren, por lo menos, ser mantenidas entre 2 y 8 grados (como la de Moderna). La rusa, según ensayos en fase 2, tiene una mejor eficacia en ambientes congelados”, apunta. Y luego continúa: “Esa cadena de frío se volverá más difícil de satisfacer si llegásemos a contar con dosis de Pfizer porque en este caso el desafío será mayor. Según lo que se sabe hasta el momento, la propia compañía ha previsto este inconveniente y tratará de suministrar algunas partidas con un embalaje particular. De cualquier manera, estas vacunas deberán llegar a sitios de nuestro país en los que se pueda asegurar el frío, ya que de lo contrario será muy difícil”.
La elaborada por Pfizer, al estar basada en tecnología de ARN mensajero, las ampollas deberían almacenarse a 80 grados bajo cero y no todas las naciones del mundo cuentan con tantas heladeras para la ocasión. Desde aquí, Albert Bourla, el director ejecutivo de la corporación estadounidense, ha comunicado el diseño a escala de cajas con termómetros en su interior y sistemas de GPS, para monitorear el curso de la distribución y chequear que la temperatura de las dosis --durante todo el recorrido hasta llegar al lugar de destino-- sea óptima.
La inmunización a escala obliga al trazado de una ruta de acciones y operaciones. Si bien constituye un factor decisivo, la situación no se soluciona con el arribo de las drogas, pues hay muchos aspectos que deben tenerse en cuenta. Un punto clave, por ejemplo, será capacitar a los vacunadores de diversas escuelas de enfermería distribuidas por el país. No se descarta, para ello, la convocatoria de médicos, farmacéuticos y especialistas retirados para contribuir en el procedimiento. Desde aquí, sostiene Hozbor: “Ya contamos con un calendario de vacunación complejo y los recursos humanos son fundamentales. Desde las autoridades se han iniciado cursos de capacitación para los profesionales que pueden intervenir en esta campaña. Otro factor que no es menor es llevar a cabo el registro de los vacunados; de seguro, se necesitará de un sistema informatizado para manejar grandes volúmenes de datos”.
Además de los recursos humanos, la otra gran necesidad será la disponibilidad de insumos necesarios. Desde jeringas y algodones, hasta diversos elementos de higiene que pueden escasear en algunas regiones si se tiene en cuenta que la inoculación deberá penetrar todos los rincones de la nación. Una vez que los recursos materiales y humanos estén listos, la planificación será regida por el orden. Con tan solo imaginar que millones de personas se vacunarán en cuestión de meses, es fácil advertir que no todas podrán asistir a los centros de vacunación en simultáneo porque se verían desbordados al instante. En esta línea, aunque desde el gobierno no precisaron en base a qué criterio será la lógica establecida para la vacunación --terminación del número de documento, utilización del padrón electoral--, los primeros que se inmunizarán con las dosis serán los profesionales de la salud, los adultos mayores a 60 años y aquellas personas que cuenten con patologías previas que los hagan más vulnerables frente al contagio por la covid, en un esquema riguroso dividido por turnos. Más adelante, a medida que el Ejecutivo cierre acuerdos con otros laboratorios, las partidas venideras servirán para proteger al resto de la población.
Con impronta federal
El coronavirus nunca fue un problema fácil de segmentar. Antes el epicentro era el AMBA y en el último tiempo el foco se trasladó al resto de las provincias. Hasta el cansancio, especialistas de la salud y de la ciencia procuraron dejar en claro que, a diferencia de los humanos, los virus no conocen de fronteras. Así fue en marzo y así será en el futuro inmediato, cuando se inicien los preparativos para la inmunización masiva. Los lineamientos específicos del modus operandi y la división del trabajo que prevé el proceso de vacunación se discutirán este viernes en el marco del encuentro del Consejo Federal de Salud. Precisamente, el Cofesa es el organismo estatal que reúne a las carteras sanitarias de los 24 distritos y el encargado de gestionar las políticas públicas en la materia desde que se inició la pandemia en marzo.
El propósito de la reunión será diagramar un boceto acerca de cuáles serán los detalles del procedimiento. Algunas como Buenos Aires o Córdoba ya han adelantado detalles al respecto. El ministro Daniel Gollan sostuvo hace apenas unos días que el propósito sería vacunar a nada menos que 6 millones de bonaerenses durante el verano y principios de otoño. Entre ellos, al tope de la lista se ubican los mayores de 60 años y el personal esencial. En un segundo escalafón estarían incluidos los docentes y los auxiliares, con el propósito de que las clases comiencen con normalidad en 2021. Hasta el momento, está en plena discusión la creación de sitios específicos para la ocasión, o bien, el empleo de otros espacios afines al campo de la salud. El otro ejemplo ilustrativo es Córdoba que, además de organizar una vacunación de escala (planean suministrar las dosis a más de 1 millón de cordobeses), también comprará un millón de vacunas por su cuenta. Así lo aseguró Diego Cardozo, el ministro de Salud provincial. Los próximos días serán decisivos.
Nada mejor que un asado para relanzar el vínculo
Sorpresivo encuentro en Colonia entre Alberto Fernández y Lacalle Pou
Con un sorpresivo e informal asado "entre amigos", los presidentes Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou relanzaron el vínculo bilateral entre Argentina y Uruguay, con algunos cortocircuitos en tiempos pasados. En la Estancia Anchorena, en las afueras de Colonia, ambos presidentes, que hasta ayer se habían tratado más de manera virtual que personal, repasaron todos los temas de la agenda y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad regional a través de organismos como la Celac. "Creemos que hay que trabajar juntos para que la región vuelva a unirse, respetando la diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se globaliza", comentó luego Fernández.
Apenas le informaron que su segundo hisopado era negativo y que ya no estaba obligado a mantenerse aislado, el Presidente viajó rumbo a Colonia en helicóptero acompañado únicamente por su vocero Juan Pablo Biondi. El encuentro entre los dos presidentes -que sorprendió porque no figuraba en la agenda de actividades oficial- se venía conversando desde principios de año y tuvo un par de postergaciones hasta que la pandemia dejó todo en veremos. Fernández es amigo del canciller uruguayo Francisco Bustillo, que fue embajador en Buenos Aires cuando él se desempeñaba como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
En la campaña electoral del año pasado, cuando Fernández viajó a Madrid se hospedó en la residencia que ocupaba Bustillo como embajador uruguayo. Días atrás, se reencontraron en la asunción de Luis Arce en Bolivia y terminaron de cerrar el almuerzo, que se postergó unos días más por el aislamiento que debió mantener el Presidente por el contagio de coronavirus del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Quien estaba al tanto de estas conversaciones era el embajador en Montevideo, Alberto Iribarne, otro amigo personal de Fernández que participó ayer del encuentro.
Lacalle Pou estuvo en Buenos Aires en diciembre pasado para la asunción de Fernández, junto al todavía presidente Tabaré Vázquez y al ex presidente José Mujica. Luego de eso no hubo ningún otro encuentro personal entre ambos -sí conversaciones virtuales- y las sucesivas suspensiones tenían inquietos a los funcionarios uruguayos. Pero ayer todos los resquemores quedaron atrás y ambos presidentes se mostraron muy relajados y a los abrazos. Como muestra de que se trató de un "almuerzo de camadería" y no una reunión de trabajo no viajó el canciller Felipe Solá. "Estábamos al tanto del encuentro pero era reservado", comentaban en Cancillería.
La Estancia Anchorena es el lugar de descanso de los presidentes uruguayos, con su aristocrático casco estilo normando y sus alrededores de ensueño de impecable verde. Lacalle Pou recibió a Fernández de sport y calzado con alpargatas azules, y se hizo cargo de la parrilla: hubo chorizos, entraña y asado, con flan de postre. Menú bien rioplatense que el propio mandatario uruguayo se ocupó de servir, como buen anfitrión. "Debo confesar que nos sorprendió a todos como muy buen asador", aseguró Bustillo, que ofició de vocero. Algo que se repitió en la reunión fue que las diferencias ideológicas que pudieran existir entre las dos administraciones no iban a resultar obstáculo para que el vínculo bilateral se estreche y apunten juntos al fortalecimiento de la región. Concretamente mencionaron la Celac, el organismo latinoamericano que actualmente preside de manera temporaria el mexicano Andrés Manuel López Obrador, de excelente vínculo con Fernández.
En cambio, no hablaron de la Unasur. Otro organismo, en este caso sudamericano, que Fernández ya avisó que quería relanzar, especialmente luego del triunfo del MAS en Bolivia y el que se espera del correísmo en febrero en Ecuador. Dada la orientación, probablemente no sea una idea que entusiasme a Lacalle Pou. Pero coincidieron en que el posicionamiento respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no puede seguir funcionando como parteaguas en la región. Que quien quiere una cosa para Venezuela, de un lado, y quien quiere otra cosa, del otro. "Aparte, nadie sabe a ciencia cierta si la solución pasa por a o por b, entonces no puede ser que por eso Latinoamérica esté dividida", fue la conclusión a la que llegaron.
Tocaron una lista de temas, pero sin profundizar demasiado. Bustillo comentó que hicieron un repaso de la situación del Mercosur, con su acuerdo comercial con la Unión Europea en el limbo, y las relaciones con Estados Unidos y con China. Incluso desde antes de la asunción de la actual gestión, Uruguay se viene mostrando más proclive a la apertura con otros países. Lacalle Pou lo puso como una prioridad, punto en el que coincide con Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil, como era de imaginar, se llevó más de un tramo del encuentro en Colonia. "No hay nadie que hable bien de Bolsonaro en la región", comentó ayer un funcionario al tanto de lo conversado en el asado. También hablaron de la navegabilidad de los ríos Uruguay y Paraná, que figuran siempre dentro de las preocupaciones uruguayas en la relación bilateral.
"Fue una muy buena reunión. Pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular", expresó luego Fernández. "Los dos sentimos que debemos hacer mucho más profundo el vínculo y la relación de nuestros pueblos", añadió el Presidente. "Era una oportunidad que se debían", sostuvo luego Bustillo, quien debió trajinar lo suyo para cerrar el encuentro. "Fue una excelente ocasión para reencontrarse dos personas que se respetan y se aprecian", concluyó.
Fuente:Pagina12
Provincia crea un sistema de alerta temprana para evitar las tomas de tierras
Con el objetivo de evitar que se repita una foto como la de Guernica, el gobierno provincial conformó un sistema de alerta temprana que tiene por objetivo desactivar las ocupaciones de tierras en cada municipio, antes de que accione la justicia y la situación derive en un desalojo policial.
El sistema quedó plasmado en el acuerdo que firmaron la ministra de Gobierno, Teresa García, con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en representación del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL) que integran legisladores, organizaciones de la sociedad civil, y que se formó para actuar durante la toma de Guernica.
El objetivo es que el Estado active las soluciones necesarias para las familias en situación de vulnerabilidad, antes que la ocupación de terrenos derive en una denuncia judicial y termine con un desalojo policial como el de Presidente Perón.
"Ahora vamos a poder ayudar al gobierno para que, apenas suceda una situación masiva de ocupación de tierras debido a la situación de vulnerabilidad de las familias, podamos realizar acciones entre el municipio, el Copreviol y la Provincia para buscar soluciones a la demandas de estas personas", explicó Lorenzino, titular del Copreviol. Y agregó que la clave de este acuerdo es que "servirá para actuar de forma coordinada".
El Copreviol está integrado por organismos provinciales como Defensoría de Casación Penal, subsecretaría de Derechos Humanos, Cámara de Diputados y de Senadores, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos.
Enfermeros y enfermeras de la Ciudad iniciaron paro de 48 horas con marcha y acampe en Plaza de Mayo
Reclaman salarios dignos y la inclusión en la carrera profesional de la salud, ya que son considerados personal administrativo. Este sábado se conmemora el día de la enfermería.
Trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires realizan medidas de fuerza este viernes en la víspera del día de la enfermería, que se conmemora el sábado 21 de noviembre. Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizan un paro de 48 horas, una manifestación y un acampe en Plaza de Mayo, en reclamo de "salarios dignos" y la "inclusión de la enfermería en la carrera profesional de la salud de la ciudad de Buenos Aires". También el Frente de Salud Nucleados en ATE realiza medidas de fuerza con retención de tareas sin asistencia a los lugares de trabajo y una movilización al mediodía en el Congreso.
"Paramos, marchamos y vamos a acampar en Plaza de Mayo porque no pueden seguir ninguneando a la enfermería de esta forma", explicó la dirigente de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), Carolina Cáceres, en declaraciones a El Destape Radio.
La concentración se realiza desde las 11 frente al Congreso y marcharán a partir de las 13 hacia Plaza de Mayo, donde realizarán un festival y un acampe.
No obstante, según aclararon desde la asociación, estarán "garantizadas las guardias mínimas y los servicios de terapia intensiva”, precisó la enfermera.
La enfermera del Hospital Tornú explicó que los sueldos del sector "no llegan a la canasta básica" y que "un salario de ingreso a la enfermería está por debajo de la línea de pobreza".
En tanto, Cáceres afirmó que "el gobierno de Larreta no tiene diálogo" con el sector, y cuestionó al ministro de Salud porteño, Fernán "Quirós quien anda paseándose por los medios diciendo que la enfermería no va a pasar a ser encuadrada como trabajador de salud".
Para el sábado, el sector prevé además realizar un minuto de silencio "por los compañeros que murieron" en el contexto de la atención en la pandemia, los que, según las cifras estimadas, "está llegando a las 200 personas".
El Frente de Salud Nucleados en ATE realiza medidas de fuerza con retención de tareas sin asistencia a los lugares de trabajo y una movilización al mediodía en el Congreso.
“Los motivos son varios: rechazar la paritaria de Larreta, dónde otorga un 5% para todo el año 2020, exigir el aumento salarial acorde a la inflación con retroactivo a abril; que se otorgue un Bono de fin de año para todo el equipo de salud; urgente pase a planta permanente de todo el personal de Enfermería contratado por Pandemia; inclusión a la Carrera Profesional Ley 6035 de los Lic. De Enfermería, Bioimágenes y instrumentadores quirúrgicos; y un aumento del 85% de los adicionales”, señalaron desde ATE.
Exitosa subasta de bonos: Economía embolsó $ 210 mil millones
El monto recaudado por los nuevos títulos permitirá abonar los vencimientos de deuda de esta semana. Quedará un remanente para cancelar adelantos del Banco Central.
La licitación de bonos de este jueves dejó saldo favorable de poco más de $ 33 mil millones para el Tesoro. Gracias a la colocación de tres títulos (uno a tasa fija y dos ajustables por CER), la Secretaría de Finanzas logró recaudar $ 210.517 millones. Esa suma le permitirá cancelar los vencimientos previstos para este viernes por $ 177.199 millones y quedarse con el excedente.
De acuerdo al informe oficial, el grueso de lo obtenido ($ 179.837 millones) fue por la colocación de bonos del Tesoro que vencerán en mayo de 2022 (Bonte 22), con una tasa fija de 22% anual. El resto provino de dos bonos cuyo capital se ajustará por el coeficiente CER, con vencimiento en agosto de 2021 y marzo de 2022, con intereses de 1% y 1,2% anual respectivamente.
Los mercados descontaban el éxito de la subasta porque estaba dirigida de manera principal a los bancos, que pueden integrar esos títulos como parte de los encajes que deben dejar en el Banco Central para respaldar los depósitos de sus clientes. De todas maneras, para Economía tuvo sabor a triunfo porque le permitió lograr su propósito: que el dinero obtenido en cada emisión de deuda supere al menos en 10% las obligaciones que se deben cubrir.
Hace dos semanas, el Palacio de Hacienda se había comprometido a que “durante los meses de noviembre y diciembre no se solicitarán asistencias del Banco Central al Tesoro en forma de adelantos transitorios” y que “cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral (de 10%) será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central”. En esta ocasión, por cada 100 pesos a devolver, se lograron 119. Si se cumple lo prometido, en los próximos días Economía podría cancelar adelantos del BCRA por algo más de $ 15 mil millones.
Fuente:TiempoArgentino
19.11.2020 / Judiciales
ARA San Juan: en línea con los familiares, ordenaron investigar a Macri y Aguad por el hundimiento del submarino
Fuerte revés para Juntos por el Cambio en una causa de alta sensibilidad social: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yañez por el hundimiento del San Juan, pero le exigió investigar al ex presidente, al ex ministro de Defensa y al ex jefe de la Armada, a quienes se busca exculpar. Los detalles.
“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, argumentaron en la resolución.
Según trascendió del texto judicial, se asegura que "estas razones impiden – al menos en este estado del proceso - descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”, determinación que también alcanza al ex Jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.
La decisión del tribunal, presidido por Javier Leal de Ibarra e integrada por Aldo E. Suárez y Hebe L. Corchuelo de Huberman, tuvo como objeto de análisis lo dispuesto por la jueza Yáñez en diciembre del año pasado, cuando ésta ordenó el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por el siniestro que se llevó la vida de los 44 tripulantes, pero exculpó a Macri, Aguad y Srur, los funcionarios más altos involucrados en el hecho, que las querellas querían que fueran investigados pero que habían quedado afuera del caso, hasta ahora.
La magistrada, confirmada ahora por la Cámara al frente de la investigación, acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura, según la investigación.
La lista de oficiales navales procesados en primera instancia incluye al capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.
Yánez interpretó que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que en mayor o menor medida desoyeron el planteo del extinto comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017. Por el contrario, desvinculó de todo a Macri, Aguad y Srur.
El fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del ex presidente, el ex ministro de Defensa y del entonces jefe de la Armada.
“La Resolución recurrida es nula, toda vez que se expide sobre personas que no fueron imputadas ni tomada su declaración indagatoria. Se trata de una suerte de ‘defensa’ del ex Presidente de la Nacion Ingeniero Mauricio Macri, el ex Ministro de Defensa de la Nación Dr Oscar Aguad y del ex titular de la Armada Almirante Marcelo Srur”, argumentó en la apelación la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria.
Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, explicó Carreras a Infobae.
La audiencia de apelaciones se demoró varios meses por la pandemia, pero finalmente se llevó a cabo hace tres semanas con un sistema mixto: varias de las partes estuvieron presentes en Comodoro Rivadavia y otras lo siguieron a la distancia. Allí, el fiscal de Cámara Norberto Bellver también pidió la indagatoria de Macri y Aguad.
Ahora, Macri, Aguad y Srur serán investigados y posiblemente deberán declarar. Además, quedan confirmados los procesamientos de López Mazzeo; Villamide, Alonso y Correa por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal. En cambio, se revocó los procesamientos de Malchiodi y Sulia, que quedaron con falta de mérito al igual que Alberto Marti Garro.
La Cámara también ordenó que se lleve adelante una pericia técnico- informática “sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity” y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.
Oficializan el ATP para
noviembre con nuevos topes y montos
El Gobierno formalizó la extensión para noviembre de la séptima ronda del
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
con nuevos topes y montos. Se incorporan guarderías y jardines maternales.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 2085/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que acepta las recomendaciones del Acta 26 del Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP.
De este modo, se extiendan los beneficios del Programa ATP relativos al Salario Complementario, a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Crédito Tasa Subsidiada respecto de los salarios y contribuciones que se devenguen durante noviembre.
La norma también establece que reciban el beneficio del Salario Complementario aquellas empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en la nómina de rubros afectados en forma crítica.
En esta oportunidad, se definió incluir a guarderías y jardines maternales, que por no encontrarse inscriptos bajo el código 851010 del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE), no accedían al beneficio de Salario Complementario.
En consecuencia, a fin de contemplarlos en el beneficio, el Comité estimó necesario requerir que el Ministerio de Educación remita a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la nómina de establecimientos que desarrollan esa actividad, que cumplan con los parámetros propuestos, y se encuentren inscriptos bajo otro código del referido clasificador, para su incorporación al ATP.
El Gobierno extendió el programa ATP hasta fin de año
En el caso del Salario Complementario, el Comité estableció como modalidad de cálculo para noviembre que el salario neto resulte equivalente al 83% de la remuneración bruta devengada en octubre, exteriorizada en la declaración jurada de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondientes a dicho período.
También indicó que el Salario Complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% del salario neto.
El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a 1 salario mínimo vital y móvil ni superior a la suma equivalente a 1,5 SMVM, es decir, entre $ 18.900 y $ 26.350.
El Comité estableció que la suma del Salario Complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un beneficio, por el concepto en trato, superior a su salario neto correspondiente a octubre.
Además, consideró conveniente que en el sector salud continúen con la percepción del beneficio del salario complementario aquellas empresas que verifiquen una variación de facturación interanual negativa, igual a cero o positiva de hasta el 35%, cualquiera sea su cantidad de empleadas y empleados.
También estimó necesario mantener la metodología de comunicación a la AFIP de la nómina de instituciones pasibles de ser beneficiaras del ATP.
Por el lado de las empresas, se mantuvo el beneficio para aquellas de sectores no críticos cuya variación interanual de la facturación nominal esté entre -100% y -0,1%, que pasarán a tener un crédito a una tasa de interés de 27% anual, con tres meses de gracia, por hasta $22.680 por trabajador, a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas.
Este crédito podrá ser reintegrado total o parcialmente al final del pago de las cuotas, si la empresa cumple con metas de creación de empleo en 2021.
Estas empresas también continuarán con el beneficio vigente de la postergación del pago de contribuciones patronales, y se aclaró que este beneficio será independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa.
En tanto, las empresas pertenecientes a sectores críticos y no críticos podrán acceder al beneficio del crédito reconvertible en subsidio.
Por un lado, las compañías, cualquiera sea la cantidad de empleados, con una variación de facturación nominal interanual negativa; o de menos de 800 empleados y empleadas y una variación igual a cero o positiva de hasta el 35% accederán a un crédito con tasa anual del 33%.
Fuente:Infonews
El oficialismo avanza en el Senado con la reforma de la Procuración
General
El proyecto limita el mandato del procurador general y baja la mayoría
requerida para su elección. Podría ser la última reunión sobre el tema.
20 DE NOVIEMBRE, 2020
La Comisión de Justicia del Senado se reunirá este viernes para continuar con el debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal y el oficialismo busca avanzar con el dictamen para un proyecto que limite el mandato del procurador general y baje la mayoría requerida para su elección.
El senador de la Nación, Oscar Parrilli convocó a la comisión para las 10 de la mañana, luego de que se conocieran detalles del informe que envió al presidente Alberto Fernández el consejo de asesores para la reforma judicial, con la sugerencia de modificar la mayoría para elegir al procurador. Fuentes parlamentarias señalaron a NA que sería la última reunión sobre el tema y que el oficialismo buscará avanzar con la firma de un dictamen para someter a votación en el recinto, aunque todavía no está definida la letra final.
El sector del bloque más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió el debate sobre dos proyectos que había presentado la oposición a fines de 2019 pero en los últimos días el rionegrino Alberto Weretilneck impulsó otro, que recibió el visto bueno de sus pares del Frente de Todos.
La iniciativa acota el mandato del jefe de los fiscales, que hoy es vitalicio, a cinco años y reducir la mayoría requerida para designar al jefe de los fiscales, para que en lugar de los dos tercios de los presentes se necesite mayoría absoluta, es decir, 37 votos. Esto le allanaría el camino a la bancada del Frente de Todos para elegir al procurador, con su propia mayoría, dado que cuenta con 40 votos más el de Weretilneck.
La convocatoria a la comisión se realizó horas después de que se conociera que el informe del consejo asesor convocado por Fernández resolvió, tras una ajustada votación que salió 6 a 5, recomendar esa modificación a la Ley del Ministerio Público.
El debate se da en momentos en que el pliego del juez Daniel Rafecas, propuesto por el Presidente como nuevo procurador General, está frenado en la Cámara alta y es objeto de discusiones internas tanto en el oficialismo como en la oposición. Pese a que Juntos por el Cambio rechazó inicialmente la candidatura de Rafecas, la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió públicamente acompañarlo, con el argumento de que "el kirchnerismo buscaría poner a alguien más afín a ese sector".
Por su lado, la bancada de senadores del Frente de Todos reconoció que la prioridad era avanzar con la reforma de la Ley del Ministerio Público antes que debatir sobre el pliego de Rafecas, tras lo cual tanto el Presidente como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ratificaran que el actual juez federal es el candidato del Gobierno.
Fuente:Eldestape
20/11/2020 AFI
Comienzan las indagatorias por el supuesto espionaje ilegal dentro de las cárceles
Los exmiembros del SPF AnÍbal Meza y Matías Fernández serán interrogados a través de la plataforma virtual Zoom por el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Dos exagentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) serán indagados este viernes en el comienzo de una nueva ronda de declaraciones en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri que tramita en Lomas de Zamora.
Los interrogatorios a los exmiembros del SPF AnÍbal Meza y Matías Fernández, previstas para las 10 y las 12, respectivamente, se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual Zoom ante el juez federal Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tienen delegada la investigación.
La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado "legajo 9", en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.
Para esta tanda están previstas 25 declaraciones indagatorias entre las que sobresalen la de los exjefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, previstas para el 9 y 10 de diciembre, y la del extitular del SPF, Emiliano Blanco, convocado para el 30 de noviembre.
Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.
En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el "trabajo operativo" y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.
Los imputados "se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje” respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.
"También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos", sostuvieron los fiscales cuando solicitaron las indagatorias.
Las tareas de inteligencia ilegal "alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales".
Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juán Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.
También fueron convocados el procesado exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros: los dos últimos plantearon la nulidad de sus citaciones bajo el pretexto de haber sido convocados por el solo hecho de reenviar un documento que contenía información sobre personas privadas de su libertad.
Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas realizadas a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezezia como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, vulnerando la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.
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