El gobierno va a fondo con el objetivo de que el aborto sea ley
En la Casa Rosada creen que no hay margen para que el proyecto naufrague y ponen énfasis en considerarlo una política de salud pública. En Diputados arranca una semana preparatoria del debate. Massa y Maximo Kirchner se repartirán el trabajo político. Primera reunión con el colectivo verde.
Comienza el debate parlamentario más esperado en la historia del feminismo argentino: el derecho al aborto legal. La diferencia principal con el proceso de 2018 no está dada tanto en el recambio de la composición del Parlamento sino en el de un nuevo contexto político y social.
El objetivo del gobierno de Alberto Fernández es que el proyecto se convierta en ley, no alcanza sólo con habilitar el debate, como ocurrió con su antecesor, Mauricio Macri, quien además se pronunció en contra de ese derecho. En la Casa Rosada analizan que no sería bueno finalizar el año con una iniciativa firmada por Alberto Fernández votada en contra.
Por lo pronto, en la semana que comienza se definirán los giros a las comisiones de los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo el martes 17. Se prepara un debate intenso en la Cámara de Diputados, aunque, en un período acotado de dos semanas hasta llegar al recinto. Al igual que hace dos años, se espera una ajustada victoria en la Cámara baja. De aquella experiencia surgió un apredizaje: la llave estará en esta oportunidad en debatir juntos los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el denominado "Plan de los mil días" que propone una asistencia sanitaria a la persona gestante y sus hijos durante los primeros años de vida.
Este derrotero será la antesala de la definición final del Senado en donde la presidencia del cuerpo pasó de estar de manos de una opositora a la IVE, como Gabriela Michetti, a las de Cristina Fernández, cuyo voto en 2018 fue a favor del proyecto.
Para las elecciones de 2019 Juntos por el Cambio se ocupó de llenar sus listas con voluntades celestes. Lo opuesto hizo el Frente de Todos. Es por eso que en Diputados se repite un escenario parecido al de 2018. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el texto del Ejecutivo se debatirá en plenario de comisiones entre tres a cuatro días durante dos semanas, y alcanzado el dictamen a favor se bajará al recinto en el marco de una posible prorroga de sesiones ordinarias. Es que, tal como lo dijo la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, todo el bagaje político acumulado de la extensa discusión de 2018 ya está disponible. Sobre esa base se retomará el debate, pero con la estrategia marcada desde el Ejecutivo de mantener encauzada la discusión como una cuestión de salud pública.
Para cumplir con la meta, el trabajo político quedó dividido entre una función militante por parte del jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, y otra moderada que asumirá el titular de la cámara Baja Sergio Massa. Según pudo conocer este diario, para avanzar en el debate las integrantes de la Campaña Nacional a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunirán el lunes con la mesa de trabajo que propuso el tigrense antes de que ingrese formalmente el proyecto al Congreso. La idea es acordar las condiciones de tratamiento de la iniciativa con el colectivo verde. Desde la campaña destacaron que el proyecto del Ejecutivo respeta los principales puntos como las 14 semanas como límite para la práctica, pero criticaron que se siga penalizando a las personas gestantes después de ese plazo.
Desde el FdT descuentan que quienes votaron en contra del aborto en 2018 no van a cambiar su posición, pero sí se puede sumar muchas voluntades entre la cincuentena de diputados indecisos o “tapados”. "Es muy importante que la ley salga sí o sí este año porque es un derecho que no puede seguir esperando y una demanda muy antigua del movimiento feminista", expresó a este diario la oficialista Cecilia Moreau.
Desde Juntos por el Cambio, la diputada radical Brenda Austin señaló: “No tenemos ninguna duda de que esto tiene que ser un trámite que comience cuanto antes donde además ya sabemos que hemos escuchado durante más de dos meses en la Cámara de Diputados a referentes de instituciones, de organizaciones, del sector científico, de otros países, de modo que entendemos que la discusión tiene que versar sobre la opinión de los diputados y diputadas. Esperamos también que pueda ser un debate más corto que el anterior, sobre todo teniendo en cuenta que partimos de una línea diferente de conocimiento, de profundidad del tema, y de elementos y herramientas para discutir”.
Las cuatro comisiones que integrarán el plenario están presididas por diputados a favor de la legalización. Tal es así que Legislación General tiene como presidenta a Cecilia Moreau, secundada por la radical Carla Carrizo, ambas militantes por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres; Salud, a cargo del tucumano Pablo Yedlin (FdT), y cuya vicepresidencia ejerce de Carmen Polledo (PRO), ferviente antiderecho al aborto; Mujeres y Diversidad,comisión que reemplaza a la anterior Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y que preside Mónica Macha (FdT) secundada por Silvia Lospennato (PRO), expresa militante del aborto legal; y Legislación Penal, conducida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) y cuya vicepresidencia quedó a cargo de Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), una dirigenta que en 2018 se pronunció a favor de mantener al aborto en la clandestinidad.
La Comisión cabecera, que llevará adelante la presidencia del plenario, está por definirse entre Moreau y Yedlin. Los argumentos a favor de que la diputada la presida se basan en que siempre fue la comisión de Legislación General la que asumió ese rol (en 2018 y en tratamientos anteriores que no llegaron a tener dictamen). Además, Moreau fue protagonista del grupo sororo de 2018, por lo que cuenta con una vasta experiencia política en el tema. En tanto que la posición a favor de que sea la de Yedlin reside en que el gobierno nacional pretende darle un enfoque de discusión sobre salud pública, y así se podría neutralizar el lobby antiderecho al aborto de Polledo.
El viejo grupo de WhatsApp de las sororas no sólo sigue en uso, sino que está más activo que nunca. Aquella coordinación virtual que se dio en 2018 entre diputados y diputadas de distintos partidos políticos para lograr sumar voluntades sigue siendo la herramienta más rápida para la comunicación a la hora del trabajo legislativo. Se sumaron legisladoras nuevas como Gaillard y Macha, pero también quedan los que ya no están en la nómina actual como Daniel Lipovetzky y Mayra Mendoza. Todos intercambian información y proponen tácticas.
El gobierno podría capitalizar como propio un triunfo político que, no obstante, habrá sido construido colectivamente, en un año en el que el sistema sanitario estuvo tensionado por la pandemia. La sanción del derecho al aborto no sólo terminaría con las muertes y secuelas que provoca la clandestinidad, sino que saldará una deuda de la democracia para con las personas gestantes.
La mesa militar de influencers se diluye en las FF AA pero deja huella en el mundo policial
Hay inquietud por una posible vinculación de ese espacio con la rebelión de la Policía bonaerense. El peso del discurso de Bressi en las fuerzas de seguridad federales.
La "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", que impulsó un grupo de militares, gendarmes y policías retirados para hacer planteos políticos en materia de Defensa y Seguridad, duró 48 horas hasta que el ministro Agustín Rossi denunció un intento de conspiración contra el orden constitucional. El espacio de "influencers" se desintegró a partir de las advertencias del Poder Ejecutivo sobre el riesgo de cometer el delito de sedición. La mayoría de sus integrantes tienen una relación muy estrecha con exfuncionarios de Juntos por el Cambio y de distintos grupos de la derecha local, pero su discurso no parece sumar adherentes dentro de las tres Fuerzas Armadas, cuya oficialidad transita una agenda totalmente distinta desde fines del año pasado, que se estrechó con el rol que tienen ante la pandemia. No sucede lo mismo con el "mundo policial".
La irrupción del espacio y las denuncias que Rossi lanzó en tiempo record no dejaron de alimentar las intrigas sobre su vinculación con la rebelión de la Policía bonaerense, que a principios de septiembre incluyó 48 horas de acuartelamiento y la concentración de un puñado de efectivos armados en la puerta de la residencia presidencial de Olivos. A diferencia de las certezas oficiales sobre los efectos en el mundo castrense, las dudas se incrementan a partir del impacto que puede tener ese núcleo en el heterogéneo "mundo policial", especialmente del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde intervienen las policías bonaerense, de la Ciudad, la Federal y otras fuerzas de Seguridad como Gendarmería y Prefectura Nacional.
"No hay coordinación con ellos, pero tratamos de determinar lo que afecta a los recursos humanos, que son los mismos problemas de quienes están en actividad", le dijo al diario Clarín el general retirado Ernesto Bossi, que fue secretario general del Ejército hace 25 años y luego formó parte de la exSIDE durante el gobierno de Fernando De la Rúa. El militar fue la principal cara visible del lanzamiento y forma parte del Observatorio de Defensa de la UCEMA, cuyo rector es el extitular del BCRA, Roque Fernández. "Nosotros invitamos y comentamos a quienes están en actividad lo que vamos a hacer académicamente en el Observatorio, pero estamos poniendo un cuidado muy especial en no perturbarlos en su conducción y que esto no los afecte en nada", detalló Bossi. La mayoría de sus excamaradas de armas que forman parte de esa mesa acumulan varios años de retiro, o condujeron las fuerzas armadas durante la administración Macri. El poder de fuego de los exjefes Claudio Pasqualini, Bari del Valle Sosa o Ricardo Cundom es limitado. Pero no dejan de hacer esfuerzos para revertirlo. Hace dos semanas Pasqualini dijo en la UCEMA que "el 50% de los militares está debajo de la línea de pobreza" y reclamó "que al término de la vida activa los militares y gendarmes -que son los que más traslados tienen en su carrera- puedan haber accedido a su vivienda y contar con una atención sanitaria de calidad en cualquier lado del país en el que le toque servir a la Patria."
En el Gobierno rebaten ese argumento y reivindican la progresiva eliminación de suplementos para mejorar la escala salarial. Los intentos de la Mesa de Enlace para llegar al interior de las fuerzas persiste, pero es directamente proporcional al desgaste y la desilusión que provocó entre los uniformados la política de Defensa de Cambiemos, la ausencia de las mejoras salariales prometidas en campaña y el estupor provocado por la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan hace tres años, que terminó con la vida de sus 44 tripulantes.
La última pieza que terminó de dañar la prédica e imagen positiva del expresidente ante los militares, y especialmente en la oficialidad de una fuerza tan hermética como la Armada, tiene que ver con el espionaje realizado por la AFI, bajo órdenes de Macri, sobre los familiares de los tripulantes y los mandos castrenses involucrados en la gestión de la crisis. Uno de los mayores limitantes de la influencia de los exgenerales tuvo que ver con la velocidad de Rossi para obligarlos a abortar ese pronunciamiento incipiente, pero también con el descrédito que cosecha el fundador del PRO en un mundo uniformado que lo votó mayoritariamente en las presidenciales de 2015.
Pero en el caso de los integrantes de las policías provinciales, la Federal, la porteña y los efectivos de las fuerzas de seguridad federales, la principal incógnita tiene que ver con Pablo Bressi, exjefe de la bonaerense en la primera parte del mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal, que goza de un vínculo muy estrecho con la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y con su embajada en Buenos Aires. La cercanía de Bressi con sus exsubalternos es mucho más estrecha que la que puede mantener el excomandante de Gendarmería Nacional José Ricardo Spadaro, que dejó la fuerza en 1997. La presencia de Bressi en la Mesa de Enlace pasó casi inadvertida, aunque se trata del mando policial que Vidal tuvo que sacar por las denuncias de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Junto a Bressi también hay otro punto de contacto con la fallida "Mesa de Enlace": su sucesor Fabián Perroni, que dejó la jefatura de la fuerza en noviembre de 2019 y fue uno de los voceros de la protesta policial de principios de septiembre.
Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte las complejidades del proceso en desarrollo. En términos militares, "Defensa actuó rápido y cortó de cuajo un espacio de ese tipo que buscaba funcionar como un polo de opinión que trabaja por abajo para instalar ciertos temas". Pero respecto a su proyección sobre las policías y fuerzas de seguridad, considera que "aparece una preocupación, sobre todo asociada al levantamiento de la vez pasada y al rol que tienen en la region". En este caso, opinó, "hay que tener una preocupación y prestar atención sobre qué cosas subterráneas aparecen queriendo instalar para asociarse con otros factores de poder como para tener un peso político y condicionar ciertas decisiones", advirtió la especialista.
Cómo es el respirador artificial que mantiene con vida a Vicentin
A días de cumplirse un año del anuncio oficial de default, la agroexportadora Vicentin sigue abonando sueldos y manteniendo sus plantas mayormente operativas. No resulta un dato menor, teniendo en cuenta el antecedente de empresas que tuvieron sus fierros oxidados y cientos de trabajadores en la calle a poco de iniciar sus crisis. La fórmula que le permite seguir a flote tiene varios elementos, pero hay uno que se destaca sobre el resto: los contratos a fasón con el Grupo Olio, una firma que viene experimentando un meteórico crecimiento que deja perplejos a propios y extraños.
Grupo Olio es el nombre de un conglomerado que tiene en el rosarino Ariel Olio su principal referente. Dedicado históricamente al agronegocio, el empresario tuvo su primer gran hito en 2016, cuando se hizo cargo de la operación del puerto de Barranqueras, en Chaco, con una inversión de U$S 40 millones. Ya en 2019 anunció una serie de novedades que no pasaron desapercibidas: en marzo informó el lanzamiento de una marca propia para comercializar productos premium de exportación (desde carnes hasta vinos, pasando por aceitunas y garbanzos), la apertura de una oficina en Madrid y una emisión internacional de deuda en la Bolsa de Viena. Meses más tarde, se hizo cargo del 50% del paquete accionario del frigorífico Alberdi –ubicado en la localidad entrerriana de Oro Verde– para potenciar las exportaciones cárnicas, una jugada que implicó U$S 3 millones. Este año, a través de la operación de las plantas de Vicentin, el grupo alcanzó cifras récord de exportación: según revelaron los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, en un informe encargado por el Banco Nación, para julio de 2020 ya acumulaban U$S 212 millones exportados, 50 veces más que lo registrado en todo 2019.
La apuesta de Olio es ambiciosa. El juez de la convocatoria de Vicentin ya autorizó nuevos contratos de fasón para 2021 y 2022, que le permitirán a la malograda exportadora ingresos por entre U$S 80 y 100 millones por año. El piso que establece el acuerdo es de 3 millones y medio de toneladas de soja y medio millón de toneladas de girasol por todo concepto (crushing y molienda). Asimismo, aunque supeditado a la coyuntura, Grupo Olio podrá sumar la tarea de refinado para su posterior venta en el mercado doméstico. Envalentonada, la firma rosarina ya dejó trascender un plan para quedarse con Vicentin: según reveló el portal Punto biz, el proyecto incluye la llegada de fondos chinos. En ese marco de proyección internacional, la compañía acaba de abrir una oficina en Miami, como paso previo para cotizar en Wall Street.
Preguntas
Frente a este panorama, no son pocos los que se preguntan cómo hizo una empresa que hasta hace poco era una más en el universo agrícolo-ganadero para hacerse lugar en un mercado dominado por multinacionales. Estas últimas no parecen haberla recibido muy bien: el CEO de Grupo Olio, Fernando Jurado, declaró al portal Rosario3 que "hubo actores de la competencia que se encargaron de hacernos sufrir bastante". Según dijo, esas compañías preferían ver cerradas las plantas de Vicentin.
La incursión del grupo rosarino en la agroexportadora se dio a través de una de las tres firmas que lo componen –Díaz & Forti SA, especializada en el negocio granario–. Las otras dos son Los Reartes SA (ganadería) y el mencionado Frigorífico Alberdi SA. A ello debe sumarse que, a título personal, Ariel Olio participa en varias sociedades más, como la financiera Compañía Bursátil SA y la metalúrgica Iron Concept SA. En estas dos tiene como socio a Gabriel Adrián Guglielmino, quien a su vez preside MG Group SA, una financiera especializada en la comercialización digital de créditos prendarios.
Según los registros públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre las fuentes de financiamiento nacional a las que acudió Díaz & Forti en el último tiempo aparece la Asociación Mutual 18 de Julio, una entidad que estuvo suspendida en 2018 y 2019 por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por relaciones irregulares con MG Group SA. Tanto esta última, como la mutual y las dos sociedades anónimas en las que participan Olio y Guglielmino, funcionan en un mismo edificio del microcentro rosarino, aunque en diferentes pisos.
La información provista por el BCRA también indica que actualmente Díaz & Forti no utilizan los bancos tradicionales como alternativas principales de financiamiento. En los últimos meses incrementó su pasivo con dos "proveedores no financieros" –según la terminología oficial– emplazados en la city porteña: Crediserv SA y la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Fincredit Ltda.
El respirador y la vacuna
Según revelaron los integrantes del actual directorio de Vicentin –tras el recambio autorizado por la última asamblea del 15 de octubre–, gracias al fasón con Grupo Olio, la compañía ya tiene cubiertas las necesidades de todo 2021. "Tenemos comprometido el 70% de la capacidad en soja y el 50% de girasol. El resto lo tenemos disponible para nuevos operadores que quieran acercarnos una propuesta", dijo Omar Scarel, el histórico contador de la empresa que hoy encabeza el management.
Más allá de esa afirmación, aún nadie sabe dar precisiones sobre qué pasará con la compañía, que necesita millones solo de capital de trabajo para volver a operar con normalidad. Mientras la empresa juega con los tiempos del concurso preventivo, las plantas siguen funcionando con respirador artificial, a la espera de una vacuna que, siendo optimistas, podría ser realidad recién a lo largo de 2021. «
Se estrenó el documental sobre la cerealera
Ayer se estrenó el documental Vicentin: de gran empresa a gran estafa. Se trata de un trabajo de investigación testimonial sobre la historia y el desarrollo de la cerealera Vicentin, hasta llegar a la defraudación y estafa cometida en los últimos años, la complicidad con la empresa de diversos gobiernos y funcionarios a lo largo de los últimos cincuenta años y la responsabilidad penal de sus principales socios.
A partir de la idea original de Enrique Pepe Albistur y en coproducción con Renato Miari, el documental pone de relieve la mirada de Pino Solanas, Ricardo Alfonsín, Luis Rubeo, Carlos del Frade, Eduardo Hecker, Claudio Lozano, Leandro Busatto y el economista Horacio Rovell, entre otros políticos, economistas y personalidades.
Fuente:TiempoArgentino
21.11.2020 /
Cafiero dijo que fue "muy doloroso" lo ocurrido con Abigail pero también criticó la "utilización política del dolor ajeno"
A pesar de la manipulación de medios opositores, el jefe de Gabinete se refirió a la "frustración a lo que vivió ese padre", que cargó en sus brazos más de 5 kilómetros a su hija para ingresar a Santiago del Estero, y reconoció que "las autoridades están tratando de solucionar el daño" por las "medidas de cuidado". También le pegó a la oposición, como Macri, y su "mezquino" uso político del caso.
El ministro coordinador fue entrevistado por Radio La Red y no sólo habló de las principales temáticas económicas de la coyuntura sino que también se pronunció sobre el caso de Abigail, la niña de 12 años enferma de cáncer que ingresó a la provincia de Santiago del Estero cargada en brazos de su padre luego de que la policía de frontera no le permitiese ingresar con su vehículo.
Es que después de que se publicaran las imágenes, gran parte de la oposición, con Mauricio Macri a la cabeza, salió a expresarse con una imagen viral que se compone de un dibujo del hombre con la niña en brazos.
Los medios y usurarios y trolls en Twitter se quedaron solamente con las críticas de Cafiero a la oposición, pero la verdad es que la opinión del funcionario fue bastante más amplia.
"Pasan estas cosas porque la pandemia supuso extremar medidas de cuidado, de restricción de circulación. Las imágenes son muy dolorosas, no podemos decir otra cosa. Igual me parece mezquina la utilización política que quieren hacer de esto. Las autoridades están tratando de solucionar el daño, (pero) eso no le quita frustración a lo que vivió ese padre. También hay que repudiar la utilización política del dolor ajeno", manifestó el funcionario, cercano al presidente Alberto Fernández.
"Es una mezquina utilización política que se quiere hacer de esto", remató el jefe de Gabinete en la entrevista que concedió esta mañana.
Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, con Macri como punta de lanza, usaron Twitter y sus redes sociales para difundir la mencionada imagen.
21.11.2020 / La reestructuración de la deuda
Se fue la misión: el FMI dijo que hay "buenos avances" y en el Gobierno aclaran que "no hay condicionamientos"
El equipo del Fondo que abandonó el país ayer aseguró que "acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado" y "su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social". Por su parte, Santiago Cafiero afirmó que "debe quedar claro" que "si en otro momento de la historia" hubo condicionamientos ahora no serán aceptados.
La delegación de Fondo Monetario Internacional que estuvo 10 días en la Argentina para negociar con el Gobierno nacional la reestructuración de la deuda que contrajo y se fugó durante la gestión de Mauricio Macri abandonó el país y tanto desde el organismo como desde el Poder Ejecutivo destacaron que se lograron avances para llegar a un programa de Servicio Ampliado que postergue los pagos.
Los funcionarios y técnicos del FMI que cerraron su visita este viernes anunciaron que continuará el diálogo por vía remota con las autoridades del Gobierno para alcanzar un programa de facilidades extendidas. "Se han logrado buenos avances en definir los elementos iniciales de dicho programa", sostuvieron.
Según hicieron saber a través de un comunicado, el equipo del Fondo "acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF, o EFF por sus siglas en inglés) así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social".
También resaltaron los acuerdos con los funcionarios locales para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina, que "requerirán un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".
La razón por la que, hace meses, los argentinos no tienen otra que leer y escuchar acerca de esta negociación es que el país debe renegociar una deuda de USD 44.000 millones, contraída durante el Gobierno de Macri luego de que se cerrara el acceso a los mercados internacionales y tras los saltos cambiarios de 2018, que iniciaron una recesión que fue agravada por la pandemia de coronavirus y que recién estos meses empiezan a verse signos de salida.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado antes de la llegada del Fondo al país que el Gobierno iba a buscar un plan de facilidades extendidas. "El programa de facilidades extendidas da un periodo de repago del capital en cuotas entre el año 4 y medio y el año 10", sostuvo en su momento.
Los analistas sostienen que, para que el FMI acceda a otorgar un EFF, Argentina deberá comprometerse a llevar a cabo una serie de reformas estructurales que tiendan a garantizar la capacidad de repago en el futuro. Sin embargo, el Gobierno negó esta posibilidad antes, durante y después de la estadía de la misión del organismo de crédito multilateral en el país.
Durante estas dos semanas, el personal del FMI se reunió con 9 ministros del Gabinete, entre ellos Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y diferentes legisladores, miembros de gobiernos provinciales, representantes de la academia y del sector privado. El Director Ejecutivo del FMI para Argentina, Sergio Chodos, participó en las discusiones.
Hoy, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó que tanto al Fondo como a la ciudadanía le "debe quedar claro" que "no hay condicionamientos" ni un FMI que llega para decirle a los argentinos cómo se tiene que "manejar" el país o la economía.
El funcionario indicó que tras visitar Buenos Aires, los representantes del organismo multilateral "se llevaron un panorama general de cómo se avanza en una negociación de estas características".
"Se entrevistaron siempre a agenda abierta y el Ministerio de Economía facilitó las reuniones con todos los sectores, desde el mundo del pensamiento e intelectuales hasta empresarios e integrantes del Gobierno", destacó.
El ministro coordinador remarcó: "Debe quedar claro que acá no hay condicionamientos ni hay una misión del Fondo que viene a decirnos a los argentinos cómo tenemos que manejar nuestro país o nuestra economía. Eso no existe y nosotros no lo aceptamos".
"Si eso pasó en otro momento de la historia, nosotros no lo aceptamos. Somos un país que tiene autoestima y soberanía, que escribe su propio destino", enfatizó en declaraciones radiales.
Por eso, insistió en que el Gobierno tiene "que negociar con el Fondo, pero con los intereses de los argentinos y argentinas arriba de la mesa y no con otra lógica".
"Al FMI lo trajo Macri, pero nosotros vamos a resolver el problema en el que nos metió", enfatizó Cafiero, para luego insistir en pegarle a la administración anterior por tomar un préstamo del organismo de crédito que "no mejoró en nada la calidad de vida de los argentinos y argentinos".
Fuente:PoliticaArgentina
Vacunas: el Gobierno aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia
Lo dijo el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El lunes se iniciará formalmente la tarea del Comité de Vacunación, integrado por varios ministerios.
El gobierno nacional aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, mientras el lunes se iniciará formalmente la tarea del Comité de Vacunación, integrado por varios ministerios y encabezado por el presidente Alberto Fernández, que se encargará del diseño y logística de la campaña "más grande de la historia argentina".
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que el gobierno nacional tiene la "expectativa de estar firmando el contrato la semana que viene" para la provisión de la vacuna rusa contra el coronavirus.
"Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia" Vladimir Putin, dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10.
Por su parte, el jefe de Estado -al participar de la cumbre de líderes del G20 que se realizó en forma virtual- agradeció a Putin, ya que se ha "trabajado mucho para que la vacuna risa llegue en tiempo y forma a la Argentina".
"Advertimos que el riesgo de la segunda ola también existe en Latinoamérica. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de conseguir la vacuna", dijo el Presidente al participar esta mañana -desde la residencia de Chapadmalal- de la cumbre, que se desarrolla de forma virtual.
En ese marco, aseveró que la Argentina "puntualmente ha trabajado absolutamente con todos los oferentes de la vacuna".
Fuente:Infonews
De la AFI a Carrió: cómo fue el tráfico de escuchas ilegales durante el
macrismo
Una causa judicial que manipuló la exSIDE sirvió
para intervenir los teléfonos de la cárcel de Ezeiza. El caso se
investiga en los tribunales de Lomas de Zamora, donde este viernes comenzó una
ronda de indagatorias clave. Por qué podrían aparecer más cds con escuchas
ilegales. Los vínculos con la Operación Puf y Cuadernos.
22 DE NOVIEMBRE, 2020
Por FRANCO MIZRAHI
El “capítulo penitenciario” del espionaje ilegal que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora puede convertirse en una verdadera caja de pandora. El expediente, en el que este viernes comenzó una ronda de 25 indagatorias, cruza diversos armados judiciales como Operación Puf y Cuadernos a la vez que revela la forma en que la casa de espías se hacía con escuchas ilegales.
En el marco del “legajo carcelario” deberá declarar la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y volverán a prestar testimonio los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El jueves próximo, por ejemplo, serán indagados el exdirector de inteligencia del SPF, Cristian Suriano, y quien fuera su segundo, Juan Carlos Silveira. Mientras que el 30 de noviembre se espera la declaración del extitular del SPF, Emiliano Blanco, y del exjefe de Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, un hombre clave en todo este entramado. El juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, considera que De Stéfano “sorteando la orden judicial, creó una oficina encargada de realizar la escucha total de todo el producido de los teléfonos públicos de los Pabellones IRIC”, es decir, donde estaban detenidos los dirigentes políticos.
Fue en este marco, que los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, también víctimas de las tareas de inteligencia ilegal de la exSIDE, pidieron el miércoles pasado que se sume a Elisa Carrió a esta tanda de indagatorias. La cofundadora de Cambiemos aparece vinculada a una maniobra que ideó la agencia para blindar al espía ilegal Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. La operación se realizó con las escuchas ilegales tomadas en los pabellones IRIC. Carrió las presentó en Comodoro Py apenas estalló el D’Alessiogate, en febrero de 2019. El caso recayó en el juzgado que estaba a cargo de Claudio Bonadío, quien se encargó de volcar las grabaciones en los casos Cuadernos y Operación Puf.
Escuchas ilegales
A luz de lo que surge en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, la AFI macrista se dedicó a hacer “escuchas ilegales”. El caso testigo que revela cómo actuó el organismo de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri es el “caso Segovia”, que es del que se valió la exSIDE para armar la Operación Puf, una maniobra destinada a derribar el D’Alessiogate.
En el marco de los seguimientos al narco Mario Segovia, y a pedido de la AFI, la Justicia intervino los teléfonos del penal de Ezeiza. Así fue como la agencia comandada por Arribas y Majdalani escuchó y grabó las conversaciones de dirigentes kirchneristas detenidos, que nada tenían que ver con el objeto de esa causa.
La forma en que la agencia se hizo de las escuchas ilegales revela que la maniobra pudo haberse repetido en otros expedientes. No debiera sorprender si aparecen nuevos cds con escuchas ilegales.
Según las fuentes consultadas para esta nota, en la AFI hay muchos discos compactos encriptados que aún no pudieron ser analizados por la intervención del organismo.
El mecanismo
Según se desprende del dictamen del 23 de octubre de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la dirección de “Asuntos Jurídicos escuchó conversaciones de los pabellones A, C y D del Módulo VI (del penal de Ezeiza), desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 por fuera de la orden judicial”. En esos tres pabellones se encontraban detenidos los dirigentes políticos.
A través de la manipulación del caso Segovia, el SPF como la AFI tuvieron “acceso irrestricto a cada movimiento efectuado” por los detenidos en “esos pabellones IRIC que eran de interés para su espionaje por razones políticas, a cada llamada telefónica que realizaban, a cada visita que recibían, a cada conversación que mantenían entre ellos”.
¿Cómo fue la mecánica? La Justicia dispuso el 11 de agosto de 2017 la intervención de los teléfonos del pabellón en el que estaba Segovia, a quien investigaba por el tráfico de artefactos explosivos. La orden judicial establecía que la inteligencia penitenciaria debía informar “los días, horarios y teléfonos utilizados por Segovia, a fin de que luego AFI sólo escuche y transcriba las conversaciones que aquél mantenía”. Algo que, como era previsible, no se respetó.
Para peor, la maniobra continuó con el realojamiento de Segovia, a quien el SPF ubicó “en el pabellón A de la URVI, el mismo día en que el espacio fue asignado al sistema IRIC y, consecutivamente, alojaron en dicho pabellón a José María Núñez Carmona y Carlos Zannini, y en el pabellón aledaño a varias personas privadas de libertad de notoriedad pública, mediática y política como el ex vicepresidente Amado Boudou, Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner entre otros”. Es decir, lo ubicaron junto a presos políticos.
En agosto de 2018, luego de que se produjera el segundo ingreso del exvicepresidente Amado Boudou al penal, quien fue alojado en el pabellón C, la AFI en tándem con el SPF logró la “ampliación de la orden judicial de intervención de los teléfonos públicos instalados en pabellones aledaños”, es decir, el C y el D, “ajenos al lugar de alojamiento del sujeto de la investigación penal, Mario Roberto Segovia”. De esta forma, los espías macristas lograron “acceder a la intercepción de los aparatos de telefonía por medio de los cuales se comunicaban con sus abogados, y planificaban tácticas y estrategias a implementar para sus defensas” las "personas privadas de libertad de relevancia política y mediática”, señalaron los fiscales de Lomas de Zamora.
Entre las víctimas estaban Amado Boudou, Roberto Baratta; Lázaro Báez; Juan Pablo Schiavi; Cristóbal López; Daniel Pérez Gadin; Jorge Chueco; José María Núñez Carmona; y Rafael Enrique Llorens, entre otros.
Por ejemplo, según se desprende de la presentación de Alejandro Rúa en la que pidió la citación de Carrió, tan solo uno de los teléfonos del Pabellón D del Módulo 6 del IRIC estuvo intervenido desde el 25 de setiembre de 2018 al 22 de febrero de 2019 y “se grabó en un total de 126 discos". Personal de la AFI los retiró de la Dajudeco entre el 28 de septiembre de 2018 y el 11 de febrero 2019. La mecánica se repitió con otros números telefónicos del penal de Ezeiza, lo que revela el caudal de cds recopilados.
El área de escuchas de Jurídicos, a cargo del agente Mariano Ruda Bart, “escuchó todas las conversaciones de la totalidad de los teléfonos intervenidos en el Complejo Penitenciario Federal I” en el marco del caso Segovia, indicó el juez Juan Pablo Augé en su resolución del 17 de noviembre pasado, en la que describió las imputaciones que pesan sobre las 25 personas que serán indagadas en este “capítulo penitenciario”.
“Recolectada la información obtenida de la escucha telefónica, los imputados De Stefano y sus dependientes, Ruda Bart y (el exempleado del juzgado de Bonadío que pasó a la AFI, Bernardo) Miguens, habrían revelado y divulgado parte de su contenido, sin que mediare orden judicial alguna para ello, con el objetivo de Influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública”, señaló Augé. Las transcripciones de las escuchas “que solo estaban en poder de ellos y sus dependientes, terminaron en manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y del Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”. Con ese pase de manos se puso en movimiento la causa Operación Puf.
Carrió y Stornelli llevaron parte de esas escuchas a Comodoro Py el 8 de febrero de 2019 para intentar derribar el caso D’Alessio, que empezaba a tomar forma en la justicia de Dolores. El día anterior, el juez federal Alejo Ramos Padilla había terminado de allanar el domicilio del espía ilegal en el country Saint Thomas.
Según indicaron a este medio fuentes con acceso a las escuchas, de los centenares de cds que se grabaron en el marco del caso Segovia apenas el 10% fue útil para la investigación. El resto debía destruirse. De hecho, se destruyó. Pero luego de que explotara el escándalo de la Operación Puf, en febrero de 2019. Incluso, Bonadío logró hacerse de una copia de parte de los cds cuyos audios luego se filtraron en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata.
Bonadío, las escuchas y los Cuadernos
Como la presentación de Stornelli con la transcripción de las escuchas recayó en un juzgado de Comodoro Py que no los convencía, Carrió se apuró y realizó una denuncia similar con las mismas desgrabaciones. Esa segunda presentación quedó en manos de Bonadío.
Tal como se desprende de Operación Puf, Bonadío pidió las transcripciones de las escuchas a las que hacía referencia Carrió al juzgado de Lomas de Zamora, que es el que había ordenado escuchar a Segovia: “Se sirva remitir, a la mayor brevedad posible, copia de las transcripciones de las escuchas telefónicas realizadas respecto a los abonados telefónicos instalados en el Complejo Penitenciario Federal n° 1 (Ezeiza), que guarden relación con los imputados Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Enrique Llorens, Gerardo Luis Ferreyra y Jose Maria Olazagasti, quienes se encuentran alojados en el citado Complejo a disposición de este Tribunal”, escribió el magistrado. No pesaba ninguna orden judicial por la cual se debía escuchar a esas personas.
En ese requerimiento, Bonadío era consciente de los derechos que estaba vulnerando. Por eso, tal como se desprende de un dictamen de Alejandra Mangano del 4 de junio de 2019, el juez intentó fundamentarlos: “Debe valorarse la proporcionalidad, es decir que el perjuicio o afectación de derechos acarreado por la medida sea el mínimo necesario para el mal que se pretende evitar. En este caso se avanzará en desmedro del derecho a la intimidad favoreciendo la potencial comprobación de un delito y el avance de la investigación. Debe atenderse en torno a este último precepto, que los ciudadanos dejan en manos de los organismos judiciales la realización de la justicia en pos del bien común; y allí es donde el procedimiento penal avanza, algunas veces, afectando derechos y garantías, mas ello debe desarrollarse siempre con los limites aquí enunciados”.
El punto es que la maniobra que fundamentó el magistrado para avanzar sobre los derechos de las personas detenidas era un invento de la AFI. De hecho, tras la muerte de Bonadío y el cambio de gobierno, la Operación Puf fue desestimada por “inexistencia de delito” en primera instancia. La ilegalidad de las escuchas entonces se volvió aún más que evidente.
En principio, Bonadío había pedido las escuchas que se habían tomado en la causa Segovia desde el 1° de enero de 2019 al 10 de febrero del mismo año. Pero las reclamó para la causa Cuadernos. Tras un “tironeo” con la Dajudeco, la AFI y el juzgado de Lomas de Zamora, recibió la entrega de 40 cds: del N° 504 al N° 544.
Recién el 25 de marzo de 2019 se agregaron “copia de todas las actuaciones” relativas a este episodio en el caso Operación Puf. El 4 de abril de 2019, Bonadío solicitó a la AFI la transcripción de los 40 cds. Según las constancias judiciales, se terminaron de desgrabar el 31 de mayo.
Para ese entonces era claro que varios de los cds ya habían sido transcriptos por la exSIDE de forma ilegal. Eso reveló el origen de la Operación Puf con las presentaciones que hicieron Stornelli y Carrió.
Fuente:ElDestape
21/11/2020 COMIENZA ESTE MIÉRCOLES
Cómo funcionará el Consejo de Guerra que investigará a ocho oficiales por el caso ARA San Juan
El proceso relacionado a la responsabilidad militar en el naufragio del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes, comenzará a desarrollarse el miércoles en el Edificio Libertador.
Por Lucas González Monte
El Consejo de Guerra que analizará las responsabilidades de ocho oficiales de la Armada Argentina -entre ellos el exjefe de la fuerza Marcelo Srur- en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, comenzará a desarrollarse el próximo miércoles en el Edificio Libertador.
Si bien esta etapa tiene una fecha de inicio fijada y no tiene plazos para su finalización, el proceso relacionado a la responsabilidad militar en el naufragio del submarino, en el que murieron sus 44 tripulantes, se inició en 2017 cuando se produjo el cambio de la cúpula de la Armada.
"Esto debió realizarse con mayor rapidez", sostuvo una fuente oficial consultada por Télam, quien remarcó que el Consejo debe buscar "deslindar responsabilidades militares" en una cadena de mando que cuenta con eslabones que hoy están en actividad.
Las actuaciones del Consejo de Guerra serán de carácter confidencial ya que pueden entrar en cuestión datos sensibles como son la misión del buque siniestrado y su rol en el esquema de la defensa nacional.
Las actuaciones del Consejo de Guerra serán de carácter confidencial ya que pueden entrar en cuestión datos sensibles
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que aguarda "con expectativa" el inicio del Consejo, pero aclaró que ese proceso "solo comprende al personal militar" involucrado en el hecho.
"Cuando llegamos al Ministerio le dimos todo el respaldo necesario al oficial instructor del Consejo de Guerra, que es un oficial de otra fuerza, sobre el hundimiento del San Juan, y se puso como objetivo que antes de finalizar el año se empezaran a juzgar las responsabilidades militares", afirmó Rossi en diálogo con FM 104.3 Continental.
Aclaró que la investigación del caso estuvo "a cargo del Estado Mayor Conjunto, luego de que en un primer momento, en el gobierno anterior, el tema lo llevó adelante la Armada".
En ese sentido, el funcionario subrayó que espera ahora "con expectativa el inicio del Consejo de Guerra, que es el tribunal militar donde se dispondrán las sanciones disciplinarias, que podrán coincidir o no con las de la justicia ordinaria".
Según establece la ley, para ciertos casos, es un funcionario civil quien encabeza el tribunal: ese lugar puede ser ocupado por el propio ministro o, en este caso, será ocupado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi.
Además del funcionario, el tribunal estará integrado por el jefe de Estado MayorConjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, y por el brigadier Pedro Girardi, segundo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas.
Fuentes castrenses explicaron a Télam que la participación del EMC en el Consejo sólo se activa cuando lo investigado acontece bajo su órbita o cuando, como sucede en este caso, entre los acusados se encuentra personal de alta gradación.
Srur, el almirante que comandaba a la Armada al momento del hundimiento del ARA San Juan, estará acompañado en el banquillo por los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
Además, se deberá analizar las responsabilidades de Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución
Aunque como explicó Rossi hace poco tiempo se realizó un Consejo de Guerra por un caso de menor relevancia, hay que remontarse casi cuarenta años atrás para encontrar uno de semejante envergadura, y es el que juzgó los actos de los comandantes de las fuerzas durante la guerra de Malvinas.
Además de las décadas transcurridas, también cambió el marco normativo, ya que por aquel entonces regía un código de justicia militar que podía imponer penas reclusión a los miembros de la fuerza.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución.
A la hora de juzgar, el tribunal deberá prestar atención a "la extensión del daño o peligro causados" y, teniendo en cuenta la pérdida del buque y de 44 vidas, expertos consultados por Télam afirmaron que los hechos serían enmarcados como "gravísimos".
De ser aplicada, la destitución implica la baja del condenado de las Fuerzas Armadas en caso de tratarse de personal en actividad o la pérdida definitiva del grado para aquellos que hayan pasado a retiro.
Paralelamente, la causa penal que se instruye en Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia cobró nueva relevancia por estos días luego de que la Cámara ordenara a la jueza de primera instancia que investigue las responsabilidades no sólo de Srur, sino también del expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa Oscar Aguad.
El tribunal de apelaciones emitió esta semana un fallo de 177 páginas en el que confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó el punto con el que la magistrada había desvinculado de la investigación al exmandatario y a sus exfuncionarios.
Entre los procesamientos confirmados se encuentran los del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
21/11/2020 REPORTE DIARIO
Murieron 112 personas por coronavirus y se sumaron 7.140 nuevos casos en todo el país
El total de fallecidos alcanza los 36.902 y los infectados llegan a 1.366.182 desde el inicio de la pandemia.
Otras 112 personas murieron y 7.140 fueron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el Gobierno aspira a firmar la semana próxima un acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna Sputnik V.
Según las cifras oficiales informadas, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 36.902, en tanto que infectados llegaron a 1.366.182, de los cuales 1.187.053 son pacientes recuperados y 142.227 casos confirmados activos.
El Ministerio de Salud de la Nación indicó que son 4.132 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,3% en el país y 59,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Este sábado se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.894 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 350; en Catamarca, 25; en Chaco, 156; en Chubut, 241; en Corrientes, 96; en Córdoba, 888; en Entre Ríos, 216; en Formosa 2; en Jujuy, 12; en La Pampa, 57; en La Rioja, 63; en Mendoza, 226; en Misiones, 1; en Neuquén, 235; en Río Negro, 169; en Salta, 48; en San Juan, 115; en San Luis, 250; en Santa Cruz, 163; en Santa Fe, 1.254; en Santiago del Estero, 201; en Tierra del Fuego, 221; y en Tucumán 257.
En este contexto, el Gobierno nacional aspira a firmar la semana próxima el acuerdo con Rusia para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, mientras el lunes se iniciará formalmente la tarea del Comité de Vacunación, integrado por varios ministerios y encabezado por el presidente Alberto Fernández, que se encargará del diseño y logística de la campaña de este tipo "más grande de la historia argentina".
"Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia"
SANTIAGO CAFIER, JEFE DE GABINETE NACIONAL
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que el Gobierno tiene la "expectativa de estar firmando el contrato la semana que viene" para la provisión de la vacuna rusa.
"Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia" Vladimir Putin, dijo Cafiero en declaraciones a radiales.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández -al participar de la cumbre de líderes del G20 que se realizó en forma virtual- agradeció a Putin, ya que se ha "trabajado mucho para que la vacuna rusa llegue en tiempo y forma a la Argentina".
"Advertimos que el riesgo de la segunda ola también existe en Latinoamérica. Y por lo tanto tenemos la oportunidad de conseguir la vacuna", dijo el Presidente al participar -desde la residencia de Chapadmalal- de la cumbre, que se desarrolla de forma virtual.
Por otra parte, el Gobierno de Santa Fe habilitó a través de un decreto la preparación del regreso de estudiantes a las escuelas en la primera quincena de diciembre, para los "primeros encuentros propiciatorios de la vuelta a la presencialidad" a través de grupos de no más de 10 alumnos, informaron fuentes oficiales.
Desde el Ministerio de Educación de la provincia aclararon que la medida está sujeta a la evolución de la situación epidemiológica del coronavirus en cada región.
"Estamos pensando en algunas acciones en el marco de la resolución del Consejo Federal que habilita algunas actividades introductorias de la presencialidad en los últimos días de diciembre en pequeños grupos", dijo la ministra de Educación, Adriana Cantero.
En el plano internacional, Estados Unidos sobrepasó la barrera de los 12 millones de contagios por el nuevo coronavirus, según el recuento de la cadena NBC News, mientras las autoridades sanitarias instaron a la población a no desplazarse por la celebración del Día de Acción de Gracias.
De acuerdo al recuento del canal estadounidense, el país alcanzó los 12.000.863 positivos y las 255.567 muertes desde el inicio de la pandemia.
En las últimas 24 horas, Estados Unidos registró 195.542 nuevos casos y rompió su récord por segundo día consecutivo en medio de su tercer y peor pico de la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
El país más afectado por la Covid-19 notificó además otras 1.878 muertes por el virus en el mismo periodo, agregó la universidad estadounidense, cuya base de datos se actualiza permanentemente.
Un día antes, Estados Unidos registró 187.833 casos y 2015 muertes asociadas a la Covid-19, la cifra de fallecimientos más alta desde principios de mayo.
Las autoridades cerraron escuelas e impusieron restricciones de costa a costa ante este pico otoñal de la enfermedad, atribuido al incumplimiento de las recomendaciones sanitarias y a que la gente pasa más tiempo en ambientes cerrados por el frío.
Se trata del tercer gran pico de coronavirus luego de los dos previos de la primavera y el verano pasados, que afectaron al noreste y al sur y oeste del país, respectivamente.
El actual pico, sin embargo, afecta a todo el territorio.
Fuente:Telam
No hay comentarios:
Publicar un comentario