Hebe de Bonafini exigió la categoría jurídica del Lawfare ante la Corte Interamericana de DDHH
En medio de transformaciones geopolíticas, las Madres denunciaron el método de intromisión externa que violenta los Derechos Humanos, destruye la soberanía, la participación popular y el desarrollo de la región, por lo que exigieron al máximo tribunal de Latinoamérica su reconocimiento jurídico.
Exactamente un año atrás, las Madres de Plaza de Mayo denunciaron formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ataque a los sistemas democráticos vía la alianza mediático-judicial denominada “Lawfare” y reclamaron que se reconozcan los hechos como categorías jurídicas (no sólo políticas), con su debida tipificación en el código penal. Los detalles sobre el escrito judicial pueden consultarse aquí:
En la presentación formal, que fue dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, exigieron que tal figura sea debidamente reglamentada, “siendo que estas violencias de Estado, son el nuevo paradigma de la lucha de nuestro tiempo, y extinguen gravemente los Derechos Humanos en la región, empleados como instrumento de ruptura del Estado de Derecho y los sistemas democráticos”, como se verifica en Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina, entre otros casos.
La denuncia la formularon luego de producido el violento golpe de Estado en Bolivia, que desalojó del poder a Evo Morales e inauguró una fenomenal persecución contra dirigentes del MAS, en absoluto desconocimiento de su legítimo triunfo electoral. Ese golpe, desencadenado luego de un violento proceso de desestabilización política liderado por el presidente de la OEA, Luis Almagro, con notable sincronización mediática, significó el punto más explícito del desarrollo de la Guerra Jurídica en la región, incluso más extremo que el producido en Brasil con la prisión de Lula y su consecuente proscripción política.
Tras la consumación del golpe, una delegación de Madres de Plaza de Mayo recogió en Senkata y El Pedregal testimonios directos de víctimas y familiares de las masacres desatadas por el gobierno dictatorial, lo que motivó una presentación judicial posterior en la que las Madres reclamaron que la figura del Lawfare no sólo sea el verbo de declaraciones políticas inflamadas de verdad, sino que tenga su debido encuadramiento jurídico y su correspondiente sanción punitiva.
Denuncias en Bolivia
El 21 de diciembre de 2019 una delegación de allegados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, arribó a La Paz, a fin de tomar conocimiento en el propio lugar de los hechos del tamaño de la represión desatada en aquel país.
La comisión la integraban el abogado de Hebe de Bonafini y el padre Francisco “Paco” Olveira Fuster, miembro del colectivo de sacerdotes en Opción Por los Pobres. Una vez establecidos ambos en la capital boliviana, tomaron contacto directo con referentes políticos y sociales perseguidos por el régimen de facto y pudieron constatar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Durante su estadía, sufrieron todo tipo de hostigamientos por parte de bandas paraestatales que escoltaron todas sus salidas a la calle y dificultaron su labor, aunque no lograron impedirla. (VER VIDEO ADJUNTO)
A su regreso a Buenos Aires, Hebe de Bonafini, en su carácter de presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, realizó una presentación ante el titular de la CIDH, en la que denunciaron la escala regional del Lawfare, y reclamaron el “urgente y necesario otorgamiento de medidas cautelares y tutelares frente a las verificadas y flagrantes violaciones de los Tratados Internacionales y la suspensión total de facto de los compromisos normativos en materia de Derechos Humanos por parte del Estado de Bolivia”.
A la presentación adhirieron el titular del Parlasur, diputado Oscar Laborde; el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano; la abogada Carol Proner, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia y del Grupo Puebla; el legislador chileno Tomás René Hirsch Goldshmidt; el sociólogo brasileño Emir Sader, y el juez porteño Andrés Gallardo, entre otros catedráticos de Brasil, México, España y Canadá.
Lawfare en América latina
En su denuncia, las Madres precisaron al menos 25 asesinatos y cientos de heridos y detenidos en solo 10 días, que se sumaban a otras 8 muertes ocurridas días antes de la llegada de la comisión. El texto incluía información documental, registros audiovisuales y casi un centenar de testimonios que evidenciaron graves violaciones de derechos humanos, todas ellas caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, de terceros armados y de las agencias de inteligencia y judicial del país. Las maniobras descriptas también hicieron hincapié en el proceso de desestabilización previo, que desembocó en la violenta interrupción del orden constitucional.
En el texto de la denuncia, las Madres observaron la “implementación de causas mediante el uso fetichizado e indebido de los instrumentos jurídicos y de coerción publica para fines de persecución y violencia política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, con fines de proscripción seguidas particularmente a ex funcionarios, legisladores, ministros, líderes políticos afines a la oposición y familiares, con un fuerte respaldo, cobertura e instigación de los medios masivos de comunicación”. En otras palabras: el Lawfare.
En su presentación, reclamaron a los jueces del tribunal internacional su urgente intervención a fin de cesar la vigencia del Lawfare, para lo cual citaron la propia doctrina de esa misma Corte Interamericana, que “ha señalado acertadamente, que el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables y componen una triada, que se complementa con un cuarto requisito que le confiere la estabilidad al sistema de los Derechos Humanos: las garantías judiciales con efectivo cumplimiento”.
A un año de su presentación, la denuncia de las Madres aún no fue respondida. Otra Corte, ésta de carácter supranacional, que omite aplicar las normas internacionales que protegen la soberanía e independencia.… Esta omisión implica también una decisión política en el contexto de una reconfiguración del ámbito geopolítico que deja al desnudo a jueces y periodistas, cómplices también en el silencio.
No se trata sólo de liberar presos políticos y revisar causas judiciales amañadas, sino de construir las condiciones sociales, políticas y culturales, y de definir un nuevo ordenamiento jurídico, que impidan la repetición de estos procedimientos antidemocráticos, que frustran la liberación de los pueblos de la región. Una vez más, las Madres nos invitan a pensar el futuro desde la hermandad de Latinoamérica.
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