18 de diciembre de 2020
La Cámara de Senadores pasó a cuarto intermedio hasta hoy
Los fiscales presentaron las pruebas
Imagen: Prensa Senado
Desde Santa Fe
El Senado pasó ayer a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 10, después de escuchar más de tres horas a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo por supuesta “asociación ilícita en carácter de organizador” -que tiene una pena mínima de cinco años de prisión-, en la causa en la que ya están presos los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Durante el día, el corrillo parlamentario aseguraba que el requerimiento del Ministerio Público sería rechazado por el acuerdo político entre Traferri y su colega de la UCR Felipe Michlig, que podría sumar doce votos: cinco de los senadores del requerido y siete del interbloque del Frente Progresista. Eso no ocurrió. El mismo corrillo asegura que podría ocurrir hoy, pero un senador plantó la duda. “Yo no estaría tan seguro, me parece que hay varios radicales que no quieren comerse el sapo de rechazar el desafuero”, confió a Rosario/12. Lo que impactó del informe de Edery y Schiappa Pietra fueron los audios de las intervenciones telefónicas, sobre todo las que incrimina al ex secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco, a quien los fiscales consideran un “intermediario” entre Traferri y el empresario del juego, Leonardo Peiti, otro de los imputados. Ayer, los senadores escucharon a Paulichenco cuando llama a Peiti y le dice: “Tráeme plata” y su interlocutor le contesta: “Deja de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en…”. Según los fiscales, “la prueba es contundente. Tenemos elementos para imputar al senador y llevarlo a juicio oral, a él y a todos los integrantes de la organización”, dijo Edery.
La atención en la Legislatura se dividió ayer entre el informe de Edery y Schiappa Pietra ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que controla Traferri. Y luego, en el Senado, que debía sesionar a las 15, pero recién arrancó alrededor de las 19, cuatro horas después, y al solo efecto de votar un cuarto intermedio hasta hoy, a las 10. Durante bastante tiempo, en el recinto sólo estaban los cuatro senadores que responden a la Casa Gris: Marcelo Lewandowski, Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Marcos Castelló, que ayer maduraron la decisión de votar el desafuero de Traferri y no obstruir la investigación judicial.
Poco antes, uno de los redactores de la Constitución de Santa Fe en 1962, Danilo Kilibarda, aportó una clave. “Si hay indicios de que un miembro del cuerpo puede haber cometido un delito, es un elemento suficiente para quitarle la inmunidad. La Cámara no puede ser cómplice de un delito por un espíritu corporativo. El caso emblemático es el del ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, que se sometió a la Justicia y luego salió absuelto”, recordó por LT 10.
“Lo mejor para un legislador es presentarse espontáneamente ante el juez y ejercer su derecho a defensa. El legislador, como la mujer del César, debe ser y parecer. La inmunidad parlamentaria es una garantía de no persecución, pero no absoluta. En estos casos, lo más sencillo es ponerse a disposición de la Justicia y que no queden dudas”, explicó Kilibarda.
Edery y Schiappa Pietra llegaron ayer a la casa de las comisiones del Senado junto al fiscal general de la provincia Jorge Baclini, quien consideró su participación en la audiencia –documentada por taquígrafos- como “un gesto de respaldo del Ministerio Público a la investigación. Es un claro aval a los fiscales”, remarcó Baclini.
-Después del informe a los senadores, ¿están más cerca del desafuero de Traferri? –le preguntaron a los fiscales.
-Yo creo que sí. Estamos más cerca –contestó Schiappa Pietra.
-¿Ratificaron los elementos para imputar al senador Traferri?
-Nosotros ya tenemos armada la imputativa. Estamos esperando que la Legislatura nos habilite para imputarlo. Incluso, le ofrecimos que él renuncie a sus fueros el día que se presentó (para hacer su descargo), pero dijo que no. Por eso, estamos haciendo este trámite en la Legislatura –explicó Edery.
Una colega le preguntó por las llamadas que involucran al ex secretario legislativo del Senado que los fiscales consideran el “intermediario” entre Traferri y Peiti.
¿Hay otros audios de Paulichenco?
-Hay varias conversaciones que revelan un trato muy habitual (con Peiti).
-¿Paulichenco hablaba con Peiti, de parte de Traferri, siempre?
-Muchas de ellas, sí. Siempre mencionándolo a Traferri.
-¿Y aparece el tema del juego clandestino?
-En dos de ellas, sí.
-¿Y audios del senador Traferri con Peiti?
-Llamadas. Y encuentros -cerró Schiappa Pietra.
PODIO
Lo acusan de "proteger" a ex petroquímica Electroclor
Serjal sumó una mancha más que contamina
El ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, suma ahora una nueva imputación: no avanzar en la investigación por contaminación contra una ex petroquímica del cordón industrial santafesino. Ahora Serjal es acusado de "proteger" a la ex petroquímica Electroclor de Capitán Bermúdez y será oficialmente imputado en una audiencia fijada para el 23 de diciembre a las 10.30 en San Lorenzo.
"Esto surge a partir de una investigación que se hizo por pedido de una Fiscalía de Santa Fe sobre una irregularidad que ya se había advertido en un decreto que había dictado Serjal que tenía unos numeración bis y que fue la famosa causa de los Toyota", explicó ayer la fiscal regional María Eugenia Iribarren. "A partir de allí se nos pidió un informe sobre si era común esa numeración por lo cual nosotros hicimos una revisión del protocolo de resoluciones y detectamos otra resolución que tenía un número bis . En este caso es precisamente donde el fiscal regional le da una instrucción particular a un fiscal para que aplique un criterio de oportunidad en una causa en donde había contaminación ambiental, que es de interés público, por lo cual no sería de aplicación este criterio" profundizó Iribarren.
"Entonces se empezó una investigación que tiene asignada a los mismos Fiscales que están investigando a Serjal y en base a eso es la nueva imputación que implica poner una numeración bis a un decreto lo que genera una sospecha porque no se siguió una numeración correlativa. No hay explicación de porqué no se insertó una resolución de la misma manera que son todas las otras, y ésta era una resolución que al igual que la otra llamaba la atención. Más aún cuando uno analiza el contenido de esa resolución, donde un fiscal regional le da a un fiscal de grado a cargo una causa de las características una orden, cuando la relevancia la tiene la contaminación ambiental, se empezó detectar que era irregular esa situación de numeración bis, y fue una alerta, un llamado atención para que nosotros pudiéramos analizar el contenido de esa resolución", explicó la fiscal regional.
En rigor al ex jefe de los fiscales, lo investiga otra vez la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que cita además a los empresarios Sergio Tasselli y Matías Gallegos, por la petroquímica.
Sospechan que Serjal habría ordenado al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa contra Electroclor, a pesar de la prueba colectada. Los problemas ambientales que habría generado la ex Electroclor datan de largo tiempo, al menos desde 2006. Pero en 2018 se generó un antecedente de peso tras el allanamiento en septiembre del predio, cerrado en 2013, por presunto daño ambiental.
En la provincia de Santa Fe, Taselli tiene presencia en la Usina Sorrento y cerró la Petroquímica Bermúdez y el molino harinero Bruning en San Jorge; pero además se quedó con algunas de las privatizaciones menemistas que terminaron invariablemente mal.
Taselli marchó preso en agosto de 2018 en la llamada causa de los cuadernos, por las supuestas coimas de la obra pública. Y recuperó la libertad a fines del mes siguiente.
El empresario adquirió a fines de los 90 la ex Electrocolor, empresa que cerró durante las penurias de la década menemista, y la rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Otra vez se repitió la misma mecánica, arreglando lo mínimo e indispensable de la planta de Capitán Bermúdez, retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible, con lo que clausuró la fábrica en 2013.
El detalle de este caso fue el accionar mafioso contra los trabajadores que resistían la quiebra. Mientras los obreros ocupaban la fábrica, un grupo de desconocidos incendió un sector de la empresa, vandalizó oficinas e incluso descargó una feroz balacera contra la industria. Hoy la planta está abandonada y son recurrentes los informes que advierten del peligro ambiental que genera la falta de mantenimiento ya que quedaron químicos en los tanques, tubos y cañerías de la petroquímica.
En 2019 Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.
El Concejo regula las actividades de parques de diversiones y circos
El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de ordenanza impulsado por la presidenta del cuerpo, Maria Eugenia Schmuck y la concejala Fernanda Gigliani que regula los parques de diversiones y circos. La misma establece mayores controles y normativas de seguridad en juegos y atracciones que se instalen de manera permanente o lleguen de forma transitoria a la ciudad.
“Luego de la tragedia del Parque Independencia llegamos a la conclusión que la normativa vigente merecía ser modificada y sin dudas los aspectos vinculados a la seguridad y al funcionamiento son requisitos fundamentales a cumplimentar ante la instalación de parques de diversiones y circos” explicó Schmuck y aclaró: “El objetivo de esta norma está dirigido fundamentalmente a salvaguardar la integridad física y la seguridad de quienes asisten”.
De acuerdo a la nueva normativa, el parque o circo deberá presentar un informe técnico- mecánico donde tendrán que especificar la periodicidad con la que se realizarán los controles individuales de cada juego y atracción en particular y a su vez se establece que la misma no podrá ser superior a 6 meses. El cumplimiento de este requisito será condición para el otorgamiento y continuidad de la habilitación y renovación. Asimismo se va a solicitar un plan de evacuación firmado por profesionales de Higiene y Seguridad donde se indique la capacidad del público, salidas de emergencias, roles de incendios y capacitación del personal en manejo de equipos de extinción. “Antes éstas atracciones se autocontrolaban, claramente algo que no es lógico ni aceptable, ahora con esta ordenanza tienen la obligación de presentar informes técnicos, mecanismos para su habilitación, y deberán establecer la periodicidad con la que van a presentar informes de cada juego en particular”, aseveró la presidenta del cuerpo.
La ordenanza fija además, sanciones para los casos de incumplimiento porque en caso de que en alguna inspección en la que se detecten incumplimientos a uno o varios artículos de la normativa, la autoridad de aplicación podrá imponer la clausura inmediata del establecimiento. En caso de persistir el incumplimiento se procederá a la caducidad definitiva de la habilitación.
“La tragedia del parque nos marcó como ciudad y nuestro objetivo es no volver a pasar por situaciones similares. Con esta legislación damos la posibilidad de entretenimiento seguro y a la vez instamos para que los parques vuelvan a instalarse en Rosario; cosa que no sucede desde 2013”, finalizó Schmuck.
Vandalismo contra planta transmisora de LT3
El gremio de prensa pidió audiencia a Sain
"Nuestro gremio se pronunció ayer a través de un comunicado, repudiando las acciones y planteando la necesidad de que el Estado provincial garantizara la seguridad en el predio. A sólo un día del hecho anterior, la planta de transmisión de la AM LT3 volvió a ser foco de hurto y destrucción por quinta vez, con el robo de un portón de grandes dimensiones y de la batería que alimenta el generador, el desmantelamiento de las ventanas y la rotura de una cámara y de un tanque que ocasionó el derrame de combustible en el lugar".
"Ante este recuento de ataques, nuestra organización se pregunta si existe una intencionalidad de silenciar definitivamente a LT3. Es imprescindible que, desde el Estado, se repare en la gravedad de estas acciones que amenazan la continuidad de la transmisión y que se tomen medidas urgentes".
"Así lo entendió también el diputado Carlos Del Frade que presentó un proyecto de declaración ante la Cámara de la provincia para que manifieste su preocupación por los hechos de vandalismo. La AM más antigua de la ciudad está atravesando una situación muy difícil y debemos defenderla, defender a sus trabajadorxs y garantizar el derecho de la sociedad a la pluralidad de voces".
Desabastecimiento de agua en el norte santafesino
Un conflicto que se pone salado
Por el desabastecimiento de agua en el norte santafesino, la diputada nacional Ximena García (UCR) presentó un pedido de informes por los incumplimientos de Santiago del Estero a la cuota hídrica del río Salado. Esta situación, dijo la legisladora, se debe a la bajante provocada por la retención de aguas arriba en el azud de Colonia Dora (Santiago del Estero) y la extracción por bombas clandestinas a lo largo del cauce hasta el límite con Santa Fe, según constató el gobierno provincial, todo esto agravado por la falta de lluvias en la zona. "El norte santafesino está en peligro ya que existe el riesgo de que se produzca un agotamiento de la reserva de agua para tratamiento en el Departamento 9 de Julio", advirtió la diputada.
A través de un convenio que rige desde 1998, el Comité de la Cuenca del Río Juramento–Salado, cuyo rol primordial radica en la distribución de los caudales entre las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, determinó que la provincia no puede recibir menos de 3 m³/s, cuantía a la que hoy no se está llegando, por presuntos incumplimientos de las otras provincias que integran el Comité. A mediados de noviembre, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica nacional realizó mediciones constatando un aumento de los caudales en el límite de Salta y Santiago del Estero, y una importante reducción de caudales en el tramo del río Salado.
"En el límite interprovincial entre Santiago del Estero y Santa Fe se registraron caudales de 1,02 m³/s, y de 0,68 m³/s aguas abajo del Azud de Tostado. Estos niveles provocados en gran parte por presencia de una bomba de extracción de alta potencia, y alrededor de 44 tomas puntuales, según constató el gobierno de Santa Fe, dificultan la preservación de los recursos naturales de la región, y ponen en peligro el abastecimiento de agua potable para la población”, señaló García.
En el pedido de informes, la diputada pregunta al Ejecutivo nacional qué intervención tuvo la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, miembro del Comité, en los reiterados y sistemáticos conflictos generados por la merma unilateral e intencional que la provincia de Santiago del Estero provoca sobre el caudal del río Salado, y qué medidas ha tomado o tomará ante el conflicto actual. Además, quiere saber si se están realizando las mediciones de control necesarias a fin de garantizar el cumplimiento del Convenio interprovincial que exige que se registre un caudal de 3 m³/s en el límite entre Santiago del Estero y Santa Fe.
La diputada pide conocer qué sanciones se han aplicado, o se prevé aplicar, a las provincias que por si, o a través de sus vecinos, incumplen el convenio sobre caudales, y en qué estado se encuentra la reglamentación de la Ley 28.688 - de Gestión Ambiental del Agua - sancionada en 2002. "Santiago del Estero debe cumplir con sus compromisos asumidos de entrega de agua y no afectar las necesidades básicas de la ciudadanía santafesina", planteó García.
"Manuel Belgrano. En el bicentenario de su fallecimiento"
Un libro para las bibliotecas
El ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch, y su par de Educación, Adriana Cantero, presentaron el libro Manuel Belgrano. En el bicentenario de su fallecimiento, editado por la cartera cultural y autoría de la Junta Provincial de Estudios Históricos (JPEH). Ambos ministros estuvieron acompañados en la presentación por el titular de la JPEH, , Alejandro Damianovich, y la secretaria de la entidad, Ana María Cecchini de Dallo.
El titular de Cultura recordó: "Cuando la Junta de Estudios Históricos nos presentó el proyecto, el gobernador Omar Perotti tomó la decisión al instante, y ahí empezamos a trabajar en el diseño y la publicación”. Llonch resaltó: “Estamos llevando este libro a todas las bibliotecas populares y espacios de cultura de toda la provincia”.
En tanto, Cantero destacó que “el libro tiene el valor de un legado que perdura y que puede ser revisitado, ése es el valor de la escritura. Además, este libro tiene el valor de ser una visión belgraniana, con mirada santafesina”.
Asimismo, la ministra subrayó: “Para nuestras generaciones futuras, y todos los santafesinos y santafesinas, está muy bueno que podamos volver a mirar a nuestros próceres, con esa mirada que nos saca de lo estático de un bronce, que se merecen, para pensarlo desde lo contemporáneo”.
Párrafo aparte merecen seis artículos sobre Belgrano y Santa Fe, entre ellos uno que refiere al nacimiento de su hijo, Pedro Rosas y Belgrano, que fue anotado en la Iglesia Matriz de Santa Fe; y el resto sobre todas la veces que Belgrano estuvo en territorio santafesino.
"Nosotros estamos viendo a Belgrano con una mirada contemporánea, del siglo XXI”, agregó Damianovich.
Audiencia pública hacia una reforma judicial
El 18 de noviembre, el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público finalizó su labor y el 10 de diciembre presentó su informe final con recomendaciones para la reforma judicial al Poder Ejecutivo. Este dictamen incluye propuestas y recomendaciones sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el sistema de juicio por jurados.
A partir de la presentación del informe del Consejo Consultivo, la UNR con el aval de la UNPAZ y UNDAV postuló una propuesta para la realización de la segunda edición de la Audiencia Pública Virtual Hacia una Reforma Judicial como Evento Científico Tecnológico y de Innovación para ser financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación, resultando ganador con el objetivo de que las tres universidades funcionen como plataformas de difusión del estudio realizado, promoviendo y facilitando el intercambio de información sobre el informe del Consejo Consultivo y propiciando la participación de la ciudadanía dando cumplimiento al derecho a comunicar y recibir información.
La clausura de la Audiencia Pública tendrá lugar a las 18.30 y estará a cargo de los miembros del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público: Marisa Herrera, Andrés Gil Domínguez y Omar Palermo, quienes expondrán el estudio elaborado durante los 90 días trabajo.
El fiscal Moreno explicó las medidas en la causa contra Vicentin
Todo para saber quién decidió las maniobras
Imagen: Sebastián Granata
Tras los allanamientos de esta semana en la causa por estafa contra Vicentin, el fiscal Miguel Moreno indicó que tuvieron como objetivo "recabar información para saber concretamente quiénes van a ser imputados". En ese sentido señaló: "Investigamos estafas que creemos que ocurrieron, y siendo una sociedad la que las comete tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometerlas. El objetivo es precisar el aporte que cada una de las personas involucradas tuvo en relación con los delitos". El funcionario judicial recordó que "los denunciados son quienes integran el directorio, síndicos y representantes legales que hayan celebrado contratos con bancos o corredores agropecuarios". Y sostuvo: "Vicentin recibía granos que en los balances demostraban como propios, sin exhibir que todavía no habían sido pagados".
Se trata de la investigación penal que se tramita en Rosario ante una denuncia de media docena de acreedores comerciales, presentada a mediados de año, por estafa. En el expediente hubo 13 allanamientos esta semana y se concretó una orden de interdicción de cuentas bancarias y cajas de seguridad de personas físicas y jurídicas relacionadas al grupo.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos hizo ayer un repaso de la causa que tiene a cargo. "Comenzó con la denuncia de productores agropecuarios por la entrega de cereal a través de la modalidad de contrato con precio a fijar; es decir que se entrega cereal y en determinado momento el productor decide fijar precio y es ahí, conforme los precios de mercado de ese día, que se establece la contraprestación --en este caso-- por parte de Vicentin". En detalles, dijo que "entregaron, mediante esta modalidad, granos a Vicentin y que sus contratos y las obligaciones derivadas no fueron honradas. Ellos consideran que fueron estafados porque al momento de contratar no fueron informados por Vicentin, quien no habría honrado la buena fe comercial; que fueron privados de la información acerca de la realidad económico-financiera de la empresa, en cuanto a que no tenía posibilidades de realizar la contraprestación, pagar el precio de los granos".
Ante ello, indicó que "los productores que se presentaron (en la Justicia) por estafa son entre cinco y seis que, frente al otro grupo de acreedores, es menor porque del otro lado tenemos los bancos internacionales y el banco Macro que reclaman una deuda superior a los 500 millones de dólares. En este caso, hablamos de una suma, en su conjunto, que puede ser de 7 u 8 millones de dólares; a excepción del corre-acopio Grassi que tiene una acreencia superior a los 50 millones", precisó.
Moreno detalló que en los allanamientos realizados en Reconquista, Avellaneda y Ricardone se secuestró "información tanto física como digital. Continuamos extrayendo de la fábrica de Avellaneda de Vicentin información informática relacionada con operaciones, decisiones societarias; se secuestraron libros de actas de cada sociedad que forma el holding". Y agregó que "la clausura (en oficinas de Avellaneda) no está relacionada con sospecha de movimiento de bienes, sino con la posibilidad de trabajar sobre una caja fuerte que había que abrir y sobre terminales informáticas".
En ese contexto, planteó que el procedimiento "estuvo destinado a deslindar o precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando. Nosotros investigamos estafas que creemos que ocurrieron, y siendo una sociedad la que las comete tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometerlas. El objetivo es precisar el aporte que cada una de las personas involucradas tuvo en relación con los delitos", dijo.
Consultado en conferencia de prensa sobre a situación de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó: "Entendemos que fue utilizada por la firma como un escenario mediante el cual, exhibiendo una cantidad importante de contratos, la empresa usa el registro de cada contrato de compra de granos en la Bolsa para exhibir una salud financiera que no era tal. Vicentin recibía granos que en los balances demostraba como propios, sin exhibir que todavía no habían sido pagados". Y sobre los pasos a seguir, señaló: "El plazo que nos lleve relevar la información será importante. Como toda causa penal necesita tener imputados y esta medida tuvo como objeto recaban información acerca de saber concretamente quiénes van a ser imputados. Los denunciados son quienes integran el directorio, síndicos, representantes legales que hayan celebrado contratos con bancos o corredores agopecuarios".
En cuanto a la competencia de la Fiscalía de Rosario para continuar con la causa, recordó que fue avalada por el juez Hernán Postma esta semana; pero estimó que podría ser apelada por el directorio de la empresa. "La causa debe tramitar aquí porque los hechos ocurrieron en esta jurisdicción. No veo que sea beneficioso ni para los eventuales imputados ni para los investigadores que la causa se tramite en Reconquista, porque el núcleo de los negocios está en el gran Rosario".
Fuente:Rosario12
Concejo Municipal
Tras un largo debate en el Palacio Vasallo, ediles resolvieron dejar sin efecto los cambios de uso para las tierras del cordón verde, que seguirán siendo protegidas, y aprobaron la iniciativa del concejal Toniolli para crear un parque agrario en la zona sudoeste.
Luego de meses de debate del proyecto de suelo productivo enviado por el Ejecutivo local, el Concejo Municipal decidió que el área frutihortícola de la zona Uriburu y Circunvalación siga siendo protegida, y además aprobó una ordenanza complementaria de autoría del edil Eduardo Toniolli para crear allí un Parque Agrario, destinado prioritariamente a la producción de alimentos agroecológicos.
Finalmente el Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas, impulsado por la gestión de Pablo Javkin –cuyo objetivo es la radicación de industrias en la zona sudoeste de Rosario– sufrió cambios en el marco del debate al seno del legislativo local: las 800 hectáreas del cordón verde, alcanzadas en el proyecto original por un cambio de uso de suelo que ponía en duda su continuidad, seguirán teniendo el mismo destino.
“Primó la racionalidad”, afirmó Toniolli, que encabezó los planteos críticos a la propuesta oficial, acompañando a ambientalistas y pequeños productores. “Con el progresivo avance de las áreas urbanas, Rosario fue perdiendo tierras que décadas atrás eran utilizadas para la producción de alimentos, y permitían, por ejemplo, que nuestra ciudad se autoabasteciera de verduras”, agregó.
En este sentido, el concejal justicialista explicó que “nos encontramos en el centro de una de las zonas más fértiles del país, y no disponemos casi de alimentos sanos producidos en las cercanías para abastecer a la población, eso obliga a grandes traslados, con el consiguiente costo económico, y la generación de más impacto ambiental”.
“Por eso creíamos necesario preservar estas tierras –continuó–, que además de ser de las pocas disponibles en Rosario para la producción de alimentos, prestan servicios ambientales, permitiendo la infiltración del agua y evitando inundaciones”.
Y señaló, en referencia a la aprobación de la Ordenanza que pone en marcha el Programa de creación de Parques Agrarios, que “tiene por objetivo promover las prácticas agroecológicas (en este área y en otras a definir en el futuro), el desarrollo de unidades productivas familiares y de pequeños productores locales, la actividad pecuaria, la generación de circuitos eco-turísticos y de comercialización de alimentos sanos, y la creación de una Escuela de Agroecología orientada a la formación y generación de trabajo para los jóvenes, entre otros usos”.
Por último, Toniolli afirmó que “producir cuidando nuestra casa común es un imperativo del momento”, definió la decisión tomada por el cuerpo legislativo local como “un gran avance que abre la posibilidad de coordinar en el futuro con el Estado provincial, y con las localidades de Pérez y Soldini, la construcción de un gran Parque Agrario Metropolitano”, y recordó que una iniciativa de esas características fue presentada por la diputada Lucila de Ponti en la legislatura provincial”.
Para enfrentar la pandemia
El gobernador Omar Perotti, acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Freyre, encabezó este jueves una reunión de trabajo a través de una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia para establecer las líneas de acción en la logística del operativo de vacunación contra el coronavirus.
En ese marco, Perotti destacó la labor de los mandatarios municipales y comunales: “Es muy importante el trabajo de cada uno de ustedes desde el territorio para que podamos garantizar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus”, dijo. El gobernador subrayó una idea clave al consignar que “debemos hacerlo todos juntos; necesitamos del trabajo mancomunado para poder asegurarnos el éxito de este operativo”.
Además, Perotti apeló al compromiso personal en las conductas preventivas en torno al Covid-19: “Debemos sostener los cuidados personales y evitar relajarnos; es momento de redoblar los esfuerzos ante las fiestas, porque si sumamos reuniones sociales llegaremos a los festejos con más posibilidad de contagiar a nuestros seres queridos”.
A su turno, Martorano, quien encabeza el comité interministerial de vacunación, resaltó la predisposición de trabajo de los intendentes y presidentes comunales. “Presentamos la situación epidemiológica actual y tuvimos una muy buena
respuesta por parte de los referentes territoriales”, indicó.
Por último, la funcionaria remarcó que “necesitaremos de todos para poder llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas en un territorio tan extenso como nuestra provincia. Vale destacar que el inicio de esta vacunación disminuirá la mortalidad y las internaciones”.
Fuente:RedaccionRosario
Aumento de la TGI: denuncian que será del 40%, maquillado del 10%
Como suele suceder, la polémica por el aumento de la Tasa General de Inmuebles (TGI) prendió en el Concejo durante el tratamiento del Presupuesto. Si bien fue aprobada la suba, desde el bloque Juntos por el cambio, sostienen que hay un aumento solapado y maquillado que el que verdaderamente sentirán los rosarinos en 2021.
"El intendente Pablo Javkin no le está diciendo la verdad a los rosarinos porque el aumento real en el mes de abril será de casi un 40% ya que a este 10% que hoy aprueba el Concejo se le sumará el aumento que ya estaba previsto por el municipio para el mes de enero ”, afirmaron los ediles de Juntos por el Cambio.
A modo de ejemplo, desde el interbloque detallaron que “la Municipalidad ya emitió el TGI de enero a marzo con un aumento del 25,1%, si le agregamos un 10% en abril, va a ser un aumento total del 37,5% . La persona a quien pertenece esta cuenta, por ejemplo, pagaba en diciembre $ 630,40, en enero va a pagar $ 788,69 y en abril $ 867,56 ”.
Es decir, que el aumento que figura en el Presupuesto es efectivamente de un 10% pero sin mencionar que desde enero habrá otro. El coordinador del Gabinete del municipio, Rogelio Biazzi dijo que no hubo ningún engaño. "Existe una potestad del Ejecutivo, otorgada por el Concejo, para actualizar la tasa de acuerdo a la variación del costo del sistema de recolección de basura. Como no fue utilizada en todo 2020, se piensa usar en enero de 2021", sostuvo en La ocho.
En ese mismo sentido, los legisladores aclararon: “La potestad de aumentar la TGI es una facultad que el intendente para tiene en cualquier momento sin necesidad de pasar por usar el Concejo Municipal y nos parece una irresponsabilidad que lo haga de esta manera sin ser claro con los vecinos de la ciudad ”.
Biazzi sostuvo que lo comunicaron " con toda la claridad". "Cuando presentamos el proyecto, comunicamos el aumento a partir de abril el 10%. Brindamos todas las explicaciones. El decreto de usar la facultad de aumentar la TGI fue reciente".
Se viene un nuevo sistema de fotomultas que registra más infracciones
El Concejo de Rosario aprobó en la madrugada de este viernes la implementación de un nuevo sistema de fotomultas que registrará 27 faltas de tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Las infracciones que se suman al control a través de cámaras son: exceso de velocidad, no respetar prioridad de paso, giro en U, circular o pisar la ciclovía, manejar con las luces apagadas, detenerse en carriles exclusivos, llevar más de un acompañante o menores de 10 años en motos, no utilizar casco, uso del celular, manejar sin el cinturón de seguridad colocado, entre otras conductas.
Lo que se recaude con el nuevo sistema de fotomultas se distribuirán en un ochenta por ciento al Fondo Compensador del Transporte y el 20 restante a la Secretaría de Salud.
Según adelantó el intendente Pablo Javkin, luego de enviar la iniciativa al Palacio Vasallo, el nuevo sistema se licitará a partir de febrero y deberá entrar en vigencia durante el transcurso del año.
Fuente:RosarioPlus
Una mancha más
Otra mala nueva para Patricio Serjal: le imputan encubrir
contaminación ambiental de ex Electroclor
El próximo 23 de diciembre será formalmente acusado por el "archivo doloso" de una causa contra la firma Petroquímica Capitán Bermúdez, acusada de dañar el medio ambiente. En la audiencia también serán notificados de la imputación y podrán defenderse los empresarios Sergio Taselli y Martín Gallegos
Un nuevo frente judicial se abrió contra el detenido ex fiscal regional Patricio Serjal, quien iba a ser reimputado este jueves como organizador de una organización ilícita aunque la medida judicial fue suspendida luego de que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada, fueran citados ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para fundamentar el pedido de desafuero al senador Armando Traferri, con el objetivo de imputarlo, también, como organizador de este grupo delictivo dedicado a amparar el juego clandestino. Con lo cual será formalmente acusado recién el lunes a las 15.30.
Pero además el próximo 23 de diciembre el ex fiscal regional Serjal, que actualmente se encuentra en prisión preventiva acusado de recibir coimas del empresario Leonardo Peiti, será imputado por archivar una causa por contaminación ambiental que enfrenta la ex firma petroquímica Electroclor anclada en Capitán Bermúdez y cerrada desde 2013.
La investigación se inició tras una denuncia de la ONG Taller Ecologista. Las muestras tomadas en el lugar determinaron que había niveles de contaminación que generaban un potencial daño al medio ambiente y a al salud pero esa pesquisa fue presuntamente demorada y archivada por Serjal.
Según la información judicial, la investigación que llevaba adelante el fiscal Juan Carlos Ledesma terminó en un cajón tras una instrucción concreta de su entonces jefe regional.
Pero la caída en desgracia de Serjal derivó en la revisión de sus decisiones y el caso salió a flote y se inició una investigación por su accionar ante la investigación que enfrentaba la ex Electroclor, Petroquímica Capitán Bermúdez.
Ahora el ex fiscal regional enfrentará una nueva imputación por este caso el la víspera de Nochebuena: le van a achacar la orden de archivar la investigación fiscal a pesar de la evidencia que existía en el caso para continuar con la pesquisa, lo que según la acusación se dio en connivencia con los empresarios Sergio Taselli y Matías Gallegos, explicó una fuente fiscal, quien aseguró que en el mismo acto serán imputados estos dos empresarios.
Un empresario con peso
En la provincia de Santa Fe, Taselli tiene presencia en la Usina Sorrento y cerró la Petroquímica Bermúdez y el molino harinero Bruning en San Jorge; pero además se quedó con algunas de las privatizaciones menemistas que terminaron invariablemente mal.
Taselli marchó preso en agosto de 2018 en la llamada causa de los cuadernos, por las supuestas coimas de la obra pública. Y recuperó la libertad a fines del mes siguiente.
El empresario adquirió a fines de los 90 la ex Electrocolor, empresa que cerró durante las penurias de la década menemista, y la rebautizó como Petroquímica Bermúdez. Otra vez se repitió la misma mecánica, arreglando lo mínimo e indispensable de la planta de Capitán Bermúdez, retomó la producción hasta que la seguridad fue insostenible, con lo que clausuró la fábrica en 2013.
El detalle de este caso fue el accionar mafioso contra los trabajadores que resistían la quiebra. Mientras los obreros ocupaban la fábrica, un grupo de desconocidos incendió un sector de la empresa, vandalizó oficinas e incluso descargó una feroz balacera contra la industria.
Hoy la planta está abandonada y son recurrentes los informes que advierten del peligro ambiental que genera la falta de mantenimiento ya que quedaron químicos en los tanques, tubos y cañerías de la petroquímica.
Aquella causa de los Toyota
En 2019 Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.
En noviembre pasado el fiscal general Baclini revocó la decisión de Serjal, reabrió la investigación contra González y emitió una resolución donde dijo que la situaciones expuestas en el caso implicarían una violación a la responsabilidad ética y a la transparencia que se le exige a todos los funcionarios del MPA. Tras esta intervención, Serjal pidió su apartamiento de la causa, cuenta el preinforme. La entonces diputada Alicia Gutierrez pidió una investigación contra el fiscal regional por posible mal desempeno.
En carácter de acusador de esta investigación administrativa estuvo el diputado Carlos del Frade, quien en mayo de este año presentó un preinforme donde citó algunos de los dichos de la ex diputada Gutiérrez, queén en una de sus conclusiones dijo que Serjal “decidió actuar en contra de la ley que lo obliga a mantener y proyectar probidad en sus conductas públicas y privadas”, y pidió que se imprima el trámite que corresponde al caso. A lo que le siguió un descargo del fiscal regional.
Daño ambiental incalculable
La ex Electroclor se dedicaba a producir cloro. Los vecinos plantearon durante décadas que el lugar “es una bomba de tiempo y que está en riesgo la salud de la población cercana”. Finalmente, tras la denuncia, la Fiscalía ordenó dos años atrás (un mes después de que Taselli fuera detenido en la llamada causa de los cuadernos) un allanamiento.
En aquel entonces el ambientalista Lucio Addino, de la organización Encuentro Social por Trabajo y Ambiente Sano, le dijo a El Ciudadano: “Las denuncias se vienen haciendo desde hace años por parte de agrupaciones ecologistas”.
“Hay responsabilidad política y de la Justicia, que llegó tarde. Esperemos que los dueños de este soterramiento tengan las penas que les correspondan. Hay que actuar con firmeza ante este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud de los habitantes”, se lamentó entonces y dio datos incontrastables: la ciudad de Capitán Bermúdez duplica la tasa de casos de cáncer de colon de la media nacional.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, los tumores son en la provincia la segunda causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares y por encima de las afecciones respiratorias y causas externas: accidentes, homicidios y suicidios.
En el Cordón Industrial, las localidades de Capitán Bermúdez y San Lorenzo tienen mayores índices de casos de cáncer registrados en general. En particular, Capitán Bermúdez supera la media nacional de muerte por cáncer colorrectal y en San Lorenzo se duplica la tasa de mortalidad por cáncer de páncreas, en comparación con la media del país.
Fuernte:ElCiudadanoyLaRegon
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