06 de diciembre de 2020
Vendaval por las revelaciones de Ponce Asahad
Impacto político directo
La provincia de Santa Fe afronta un período que pondrá a prueba su fortaleza institucional. Decisiones políticas que repercutirán sobre los tres poderes del Estado, y en niveles superiores. No se trata ya de empleados judiciales de poca monta, policías de escaso rango ni asesores o administrativos de las diferentes cámaras o del Poder Ejecutivo. La ampliación de la declaración de Gustavo Ponce Asahad hace 48 horas, obra como catalizador que precipitará situaciones soterradas hasta el momento. Ya era extremadamente grave que dos fiscales --el citado Ponce y el superior jerárquico Patricio Serjal --estuvieran involucrados en una trama de juego clandestino, ramificación de actividades mafiosas que exceden el terreno de las apuestas. Más grave aún es que en la confesión del fiscal --que fue trasladado a un lugar que no depende del Servicio Penitenciario-- y que va a tramitar su excarcelación en los próximos días, haya involucrado al menos a un senador y a dirigentes de diferentes partidos con responsabilidades ejecutivas y legislativas, según la época del relato. Los nombres permanecen en secreto porque los fiscales --que remitieron copia de la declaración de Ponce a la Corte Suprema y a ambas cámaras legislativas-- no quieren quedar expuestos frente a quienes pueden "sacarlos de la cancha", ya que son esos cuerpos los que juzgan su conducta. Y hasta acá, el trabajo tanto de Matías Edery como de Luis Schiappa Pietra es irreprochable. Es cuestión de horas, o días, que todo el entramado tome estado publico.
Desde la Casa Gris se sigue con atención la evolución de los acontecimientos que ofrecen escenarios diferentes y simultáneos, pero que a la vez responden a un mismo patrón. Una alta fuente del gobierno no escinde las derivaciones judiciales de la reciente "aprobación express" de algunas leyes, a partir de una mayoría conformada por un sector de senadores peronistas, que lidera Armando Traferri y del Frente Progresista, en la cámara alta, y con la mayoría que lidera Miguel Lifschitz en la Cámara de Diputados.
Al mismo tiempo, el relevo del Jefe de la Policía de Rosario "por haber mantenido reuniones con dos dirigentes del peronismo que tuvieron participación en la gestión provincial hace quince años". Esa fue la explicación desde el Ministerio de Seguridad, donde se ocuparon de aclarar que no hay imputaciones delictivas sobre Acosta sino que se trató de una desobediencia de órdenes precisas, al punto que será trasladado y no dado de baja.
La decisión se toma sin atenuantes, ya que su paso por la jefatura de Rosario tampoco dio buenos resultados en cuanto al combate contra el delito y la inseguridad. "Las órdenes las dan el ministro Marcelo Sain y el gobernador Omar Perotti, y fueron claras desde el principio; no hay razón para hablar con ningún dirigente político, salvo que se trate de un tema puntal, como podría presentarse con un intendente, por ejemplo y se de aviso a los superiores ante esa posibilidad", dijo a Rosario/12 la fuente, que sostuvo que "más que actividad partidaria, son ex-dirigentes con muchas relaciones y llegada a determinados grupos de poder, incluidos medios de comunicación".
Habrá que ver cómo avanza la justicia, ya que la lógica indica que los aludidos en la declaración del fiscal removido debería ser citados a declarar. Si es o son legisladores en funciones, la provincia de Santa Fe es una de las dos provincias argentinas que requieren el desafuero para que un legislador sea llevado a declarar, incluso por la fuerza en el caso de ser necesario.
Pero como ocurrió en innumerables casos en otras provincias y a nivel nacional, puede el legislador allanarse y concurrir a tribunales. No parece en principio un escenario inmediato. Pero si surge el requerimiento de los fiscales, las cámaras deban abocarse a tratar el o los desafueros de los legisladores que deberían comparecer. Es en ese punto donde se medirán las conductas de los integrantes de los cuerpos, y probablemente se verificará o de desacreditará lo que sostiene desde hace tiempo Sain en torno al "poder transversal que integran desde sectores del peronismo y el Frente Progresista".
Especial atención merecerá la posición que adopte la ex-jueza Alejandra Rodenas, cuyo alineamiento interno en PJ la ubica en el sector de uno de los mencionados por Ponce Asahad, que en su momento acordó con Perotti nada menos que para integrar la fórmula que transformó en la vicegobernadora hace ya un año.
CORONAVIRUS
Duro comunicado de fiscales contra legisladores
La vergüenza de estar sometidos
Imagen: Sebastián Granata
La Asociación de Fiscales de Santa Fe emitió un durísimo comunicado contra los legisladores santafesinos luego de que decidieran convocar a una sesión extraordinaria para definir la sanción contra Adrián Spelta, acusado de haber incurrido en “una falta grave” como funcionario público. La Legislatura lo hizo pese al fallo de la Cámara Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la ley sancionada dos años atrás, que otorgaba a diputados y senadores la potestad de aplicar procesos disciplinarios a los fiscales provinciales de primera instancia. “Están contribuyendo a la destrucción total de la República”, afirmaron los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en el texto. Y por si fuera poco, agregaron: "Nos avergüenza, integrar un servicio de justicia que pretende ser sometido arbitrariamente a un grupo mínimo de poder”.
Rechazan la intervención de Vicentin
Tarde, mal y con nula eficacia
Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti rechazará el operativo del juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, que intervino la empresa por 90 días hábiles, sin desplazar a su directorio. La intervención ligth cayó pésima en la Casa Gris, donde la interpretaron como un intento del juez para “involucrar a la provincia” y “hacerla responsable de la desgracia que puede tener la empresa. La posibilidad de que esto sea aceptado es casi cero”, dijo a Rosario/12 una fuente segura del gabinete. Antes, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia consideró “extemporánea” la decisión del magistrado. “La tendría que haber tomado hace nueve meses”, cuando el gobierno de Santa Fe pidió la intervención y el desplazamiento del directorio anterior. “Ahora, llega tarde”.
El jueves, Lorenzini designó dos operadores para intervenir Vicentin por “90 días hábiles judiciales”, que es un plazo “prorrogable”. El “interventor” será uno de los veedores judiciales, Andrés Shocron. Y un “subinterventor” que el juez dispuso que lo designe el gobernador Perotti “en un plazo máximo de 30 días corridos”, y mientras tanto, el cargo lo desempeñe en forma “transitoria” la titular de la Inspección General de Personas Jurídica de la provincia, María Victoria Stratta. Dos situaciones que no se concretarán. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo nombre al “subinterventor” de Vicentin es “casi cero”, dijo un ministro del gabinete a este diario. Y que Stratta ocupe el puesto de manera transitoria “es improcedente”, agregó Somaglia. “La hipótesis de que la inspectora general de Personas Jurídicas sea subinterventora no resulta procedente porque ese organismo tiene como función controlar, no administrar. Es incompatible con su cargo que la doctora Stratta pueda administrar la firma. Lo que tiene que hacer es continuar controlando, dentro del marco de la ley, que Vicentin cumpla los requisitos que la IGPJ debe controlar”, precisó el secretario de Justicia.
La resolución del juez fue notificada a la Casa Gris el mismo jueves, a última hora, confirmó Somaglia. Lorenzini designó a los “interventores en carácter de co-administradores”, junto con los actuales directivos de Vicentin que siguen en sus cargos.
Somaglia dijo que el gobierno de Perotti “está evaluando el curso de acción a tomar". "A priori, consideramos que el juez se apartó” del planteo que hizo la provincia “hace nueve meses” cuando solicitó la intervención de Vicentin y el desplazamiento del directorio anterior. Ahora --siguió el secretario de Justicia-- Lorenzini "interviene la empresa, pero no corre a los directores, sino que establece una gestión conjunta. Una coadministración entre la intervención y el actual directorio. Eso implica que algunas decisiones del directorio deberán ser supervisadas por la intervención, cosa que se aparta totalmente de lo que había solicitado la provincia cuando planteó el corrimiento del anterior directorio” y el actual.
Lorenzini aceptó “numerosos argumentos” que expuso la provincia “en relación al directorio anterior". "Es una lástima que venga a resolver esta intervención recién ahora, tenía que haberlo hecho hace nueve meses. Es una resolución que llega tarde". Y mal. "Porque no es la que solicitó la provincia”, con el desalojo del directorio. “Vamos a evaluar en los próximos días, qué decisión se tomará en este contexto”, agregó Somaglia.
Sin embargo, un ministro del gabinete adelantó que el gobierno rechazará el operativo de Lorenzini. “El fallo lo dejó al descubierto" y quedó claro que "juega para la empresa”, consider´el funcionario. “Esto no es lo que pidió la provincia en su momento: intervenir Vicentin y desplazar el directorio. Esto es otra cosa porque mantiene al directorio. Esto implica que te quieren hacer responsable de la desgracia que puede tener la empresa. Es coadministrar con el directorio. Entonces, la posibilidad de que sea aceptado por el gobierno es casi cero”, agregó la fuente.
Es una medida “extemporánea” y “muy distinta” a la que plantearon el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe. “La Nación ya retiró su propuesta. Y la de Santa Fe fue rechazada por el juez. Entonces, no tiene sentido que la provincia se involucre” en un operativo que “apunta a lavar al directorio anterior y asociarla a la desgracia que puede tener la empresa. No creemos que una intervención por 90 días y con un directorio en funciones pueda tener posibilidades de resolver algo”, agregó la fuente. “La cosa no pasa por ahí”. “Creemos que esta resolución dejó al descubierto el juego del juez”.
--¿Muy cercano a la empresa? –preguntó Rosario/12.
--Si, totalmente. No veo que ninguna posibilidad de que la provincia respalde esta operación.
Con esta definición tajante, se puede adelantar que la provincia de Santa Fe no sumará ningún subinterventor en el actual proceso de la empresa.
Fuente:Rosario12
Policía de Santa Fe: un modelo en disputa
La posibilidad de que Santa Fe cuente con un conjunto de leyes –tres, para no evadir precisiones– que dote al sistema institucional de las herramientas para otorgarle coherencia y eficacia al desvencijado sistema de seguridad pública encontró un previsible escollo en la Legislatura, donde manda lo que el ministro del área, Marcelo Sain, denomina “bloque histórico de poder”, que gobernó la provincia en las últimas décadas. Un mix de progresistas que van al frente y peronistas que prefieren la retaguardia. Dos leyes votadas sin ser leídas –según confesaron con candor algunos parlamentarios– y sin el análisis de las comisiones de ambas Cámaras, procuraron delimitar el campo de batalla de la disputa por el control político de la seguridad y las fuerzas legales creadas para tal fin. La policía, bah. La escaramuza pública entre las partes fue ampliamente difundida, el contenido de la norma fundamental para modificar el actual estado de cosas es menos atractivo y conocido. Sepan disculpar.
El Gobierno de Omar Perotti envió a la Legislatura tres mensajes con sus respectivos proyectos de leyes para la “modernización normativa” del sistema de seguridad pública, actualizado por última vez cuando el muro de Berlín estaba erecto y la última dictadura no había iniciado el reformateo socio-cultural de la Argentina. No se trata de una “reforma policial”, como se suele creer, sino de un conjunto de normas que intentan “una modernización integral en el sistema de seguridad pública y en el sistema policial”.
Pensar que los problemas de seguridad se reducen a la Policía –que posee, sin dudas, un rol destacado en el éxito o el fracaso de las políticas del área– es un modo de otorgarle a la fuerza un poder que excede sus funciones. Para después quejarse.
De los tres proyectos –Seguridad Pública, Control del Sistema Policial y Sistema Policial de la provincia– el primero es fundamental, porque traza los lineamientos del conjunto.
El comentario a la ley de Seguridad Pública, de acceso en el sitio web de la Santa Fe, señala que “la propuesta pretende saldar un vacío: la provincia no cuenta con una ley que articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad pública”.
“Preocupante paradoja”, sigue, para explicar que “por un lado los problemas de seguridad ocupan un lugar prioritario y destacado en la agenda social y política provincial y, por otro, el sistema político de la provincia no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos político-institucionales para su abordaje”. Caramba.
La ley Orgánica de la Policía, que regula su funcionamiento, fue sancionada en 1975. En otro mundo, sin dudas con otros problemas pero sin los actuales. La ley de Personal Policial es muy poco menos vetusta: tiene 15 años.
Conducción e información
La reforma que propone la Casa Gris se funda en una cuestión que puede parecer banal pero es crucial: que la dirección superior y conducción política de la seguridad esté en manos del poder político, en la cabeza del gobernador y ejecutada por medio del Ministerio de Seguridad.
El autogobierno de las fuerzas de seguridad modelo Frente Progresista derivó en el actual estado de cosas: una policía poco profesional, volcada al papeleo, con escasos recursos materiales, borrosos lineamientos institucionales, desespecializada, reactiva al delito y con rezago en la función preventiva, muchas veces corrompida, sin capacidad –incluso– para una eficaz regulación ilegal de los mercados criminales.
Entonces, en su primer punto, la ley de Seguridad Pública repone el poder de conducción y dirección en el gobernador. Tangencialmente, eso esmerila el poder de los senadores que, aunque ninguna norma lo establezca más que la consuetudinaria, son consultados para la designación del jefe de la Unidad Regional de su territorio y hasta gozan del poder de veto sobre los nominados.
La nueva ley también procura crear un funcionariado especializado en el ámbito del Ministerio que supla las tareas que hoy realizan les uniformades. “Por carencia de recursos humanos para la administración del sistema, el 40 por ciento del plantel policial realizaba tareas administrativas en vez de patrullamiento y operativas de prevención”, reveló la cartera a principios de año.
El segundo eje es el conocimiento. La data necesaria y precisa que el Estado requiere para diseñar la política de seguridad, ejecutarla y evaluar sus resultados. Cuando Sain asumió preguntó cuántos policías había en Santa Fe: le dieron dos números distintos.
“No hay política de seguridad pública sin información calificada que dé cuenta del objeto y de los instrumentos de intervención en materia de seguridad. No se puede prevenir, conjurar o controlar aquello que no se conoce y desconociendo las herramientas con las que se cuenta para ello”, señala el comentario al proyecto de ley, que para eso crea el Observatorio de Seguridad Pública, un instrumento para producir información precisa y útil.
Añade un palito para el exministro del área, el radical con aspiraciones gubernamentales, Maximiliano Pullaro: “Desde la creación del Ministerio de Seguridad se ha gestionado la seguridad pública «a ciegas», sin información ni análisis estratégico, de manera improvisada, ensayística, meramente gestual y con un halo de oscurantismo propio de funcionarios que sólo prestaron atención a sus carreras políticas y sus trayectorias personales”.
Tres policías
Otra novedad que contiene el proyecto es la descentralización de la fuerza de seguridad en tres policías especializadas. Hasta ahora imperó el cambio de destino del personal y la cultura de “todos hacemos de todo”. La propuesta también diluye el poder unificado del “jefe de Policía”, para distribuirlo en tres fracciones.
Para eso propone tres estructuras: la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia de Control Policial. Las últimas dos son creadas por la ley que ni Diputados ni el Senado pudieron tratar este año en sesiones ordinarias.
“El objetivo perseguido es diferenciar y especializar los servicios policiales encargados de la prevención de aquellos abocados a la investigación criminal y al control policial”, señala el proyecto, y agrega que la actual es “una estructura fragmentada e incoherente”.
“Los sucesivos gobiernos «progresistas» (comillas en el original) anunciaron, cada uno a su turno, el desarrollo de un proceso de reestructuración policial. Pero, en verdad, tuvieron poquísima vocación reformista y fueron temerosos de alterar el «status quo policial». Al igual que las administraciones anteriores, fueron «remendando» el sistema policial provincial mediante la creación de diferentes servicios policiales colaterales que hicieron de ese sistema un manojo institucional incongruente, extremadamente fragmentado, con escasos recursos humanos, operacionales e infraestructurales y resistente a una conducción político-institucional integral”, dice.
Desde 2011, siempre por decreto, se crearon los siguientes servicios: en 2011 la Policía de Seguridad Vial; en 2012 Drogas Peligrosas se reconvirtió en Dirección General de Control y Prevención de Adicciones; en 2013 la Dirección Provincial de Proximidad Policial y el mismo año –el del estallido de homicidios en Rosario- la Policía Comunitaria. En 2014 el gobernador Antonio Bonfatti conformó la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI, hoy AIC) y el mismo año la Policía de Acción Táctica. Una multiplicidad de servicios policiales que –a la luz de los hechos– no logró mejoras en la prestación.
Control ferretero
La cuestión de la circulación de armas en el mercado ilegal es otro de los puntos destacables del proyecto de ley de Seguridad Pública.
El título III del proyecto avanza sobre la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, para lo cual propone crear una “Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego”, entendiéndola como un órgano encargado de las políticas provinciales de prevención y reducción de los fierros, en concordancia con las acciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
También conforma la ley, en caso de ser aprobada, el Sistema Provincial Automatizado de Identificación Balística, como base de datos única de evidencia balística, donde el registro no se limita a las armas institucionales, sino que incluye la totalidad de las armas de fuego de la provincia.
La importancia del control de las armas se explica por un dato concreto: 7 de cada 10 homicidios ocurridos en la provincia en los últimos cinco años fueron por medio del uso de armas de fuego.
Para el Ministerio de Seguridad, las principales fuentes de suministro son el robo en viviendas y la falta de control estatal de armas incautadas.
Si al principio de la gestión no se sabía cuántos hombres y mujeres conformaban la fuerza de seguridad, no hay razón para pensar que sí existía un registro único y cabal de las armas oficiales a su disposición.
El Departamento de Logística registra un total de 18.772 armas cortas y largas asignadas, mientras que, según lo informado por cada una de las Unidades Regionales y policías especiales, se contabilizan un total de 17.455 armas cortas y largas asignadas en esas dependencias.
“En términos globales, se aprecia una diferencia entre fuentes de 1.317 armas cortas y largas asignadas”, consigna el comentario que acompaña al proyecto de ley.
El Gobierno investiga, paralelamente, el destino de casi 900 municiones policiales. Según explicó el director de la Agencia de Control de Armas, Lautaro Sapietro, en 2017 el Estado le compró un millón de municiones calibre 9mm a Fabricaciones Militares (FM).
En abril de 2018 FM preguntó en un expediente a la Policía si habían recibido el material y la institución avaló por escrito la recepción. “Cuando llegamos (al Ministerio de Seguridad) no teníamos datos del stock actual”, dijo Sapietro, y explicó que emitió una circular las direcciones generales y las Unidades Regionales para que informaran al respecto.
El inventario dio como resultado que quedaban 102.118 municiones 9 mm en manos de la Policía. “En 28 meses se gastaron 897.882 municiones, que tienen dos destinos: para entrenamiento, en el marco de cursos habilitados, no para práctica de tiro; y las demás en enfrentamientos”, explicó el funcionario.
“Nos da un uso de 1.032 municiones por día. Nos llamó la atención, aunque a lo mejor tiene explicación. Pero es un número alarmante, enfrentamientos la policía tiene muy pocos”, señaló.
Bienestar policial
“Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de género en el sistema policial provincial” son otros de los objetivos del proyecto de ley. Para el primero de los asuntos, la norma prevé la creación de “Comisiones de bienestar policial” como “ámbito de discusión de los aspectos laborales para su mejora”.
Contempla que la comisión esté integrada por miembros del Gobierno y delegados de la fuerza elegidos en forma directa y secreta.
El proyecto reconoce que las y los policías sufren cuatro condiciones de precariedad laboral que no comparten con otros trabajadores estatales: salarios nominales y reales muy bajos; ámbitos laborales con “condiciones materiales y de infraestructura muy deterioradas”; reciben “una educación profesional muy deficiente” y tienen vedado agremiarse sindicalmente.
El proyecto contempla la creación de una “Defensoría del Policía de la Provincia de Santa Fe” y poner el acento en la cuestión de género, en una fuerza atravesada –como buena parte del resto de la sociedad– por una cultura machista.
Algunos datos son contundentes. De acuerdo al Informe de la Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, el 52,8 por ciento de las entrevistadas manifestó haber vivido situaciones de violencia de género en el trabajo, en tanto que el 25,8 manifestó haber sufrido violencia en más de una oportunidad.
Respecto de los tipos de violencia sufridas el 56 por ciento refirió violencia psicológica; el 25,8 violencia simbólica; el 8,1 violencia sexual; el 5,6 violencia física; y el 4,4 violencia económica o patrimonial.
En el 69 por ciento de los casos, la violencia fue ejercida por un superior jerárquico; y el 85,9 de los casos no tuvo ningún tipo de resolución. Un escenario en el que urge intervenir.
Chau tagarna
La ley impulsada por la Casa Gris propone un Título particular para la formación y capacitación policial. Crea la Academia Superior de Seguridad Democrática –que sustituye al Isep– y amplía su horizonte no sólo a la formación de polis sino también de “la dirigencia política y los funcionarios a cargo de los asuntos de la seguridad pública”. Una burocracia especializada, hoy ausente.
Plantea dos ejes: “Formación inicial orientada a la producción de capacidades y desarrollo de competencias para el desarrollo eficiente de las labores policiales y la resolución de problemas; y formación continua y permanente a lo largo de toda la carrera que debe constituir un criterio fundamental para las promociones y ocupación de cargos”.
Parte del diagnóstico acerca de que “muchas organizaciones policiales latinoamericanas han tenido falencias en ambos tipos de procesos formativos. En primer lugar, en la formación policial inicial, ha predominado una concepción militarizada, articulada en torno del entrenamiento disciplinario de orden cerrado, que promueve la sumisión al superior en desmedro del discernimiento responsable; y enciclopedista y áulica, no basada en competencias profesionales y alejada de las labores policiales concretas, donde existe una brecha muy importante entre la formación formal inicial y la práctica concreta”.
Mientras que “en segundo lugar, la capacitación continua no se encuentra inserta en la carrera policial y está desconectada como instancia central (junto con el desempeño) para las promociones y la ocupación de cargos”.
El proyecto también incluye otros aspectos de la temática que, por cuestiones de espacio, sólo se enumerarán: la creación de mesas de seguridad locales –donde articulen esfuerzos los municipios con la provincia–; la regulación de los servicios de seguridad privada; y el control legislativo a través de la creación de una Comisión Bicameral de Control Legislativo de la Seguridad Pública “con la misión de supervisar y fiscalizar que el funcionamiento el sistema provincial de seguridad y las políticas se ajusten estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
Fuente: El Eslabón
El viejo altillo y un hallazgo que emociona
La historia de un descubrimiento que alcanza a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia en una fecha especial
Este 4 de diciembre se cumplieron 44 años de la desaparición de Victorino Puyol,
militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que había nacido en
Santa Fe, aunque aquel hecho se dio en Córdoba y de madrugada. Poco antes, en
marzo de 1975, ya habían detenido a su compañera de militancia y madre de sus
tres hijas, Stella Marys Garategui. Sus nenas tenían 9, 8 y 6 años. La más grande de
las tres es Lucila, actual Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.
Para ella, el aniversario llegó en un momento especial. Es que hace apenas días, llegaron
a sus manos archivos sobre la detención de su mamá, que aparecieron por azar en
una vieja casona de la capital provincial, que había funcionado como dependencia de la
policía.
Todo comenzó cuando un joven que decidió alquilar una casa antigua en Santa Fe se
dio cuenta de que en el altillo había un montón de papeles viejos. “Pero lleno hasta el
techo, casi que no se podía abrir la puerta”, relató Puyol a Rosarioplus.com . En lugar
de dejarlos en un container o en la basura, el flamante inquilino los revisó y advirtió que
se trataba de documentación policial que va de los años 1960 a 1990.
“Es valorable la responsabilidad civil que tuvo este muchacho, que podría haber tirado
las carpetas en el lugar de contactarnos a nosotros”, reflexionó la funcionaria.
Con el hallazgo se activó el protocolo habitual. “Como la documentación parecía estar
relacionada con nuestra órbita de actuación, el 10 de noviembre fuimos a la casa con
Valeria Silva, de la Dirección provincial de Memoria, Verdad y Justicia. También
asistió al Fiscal Federal, Martín Suárez Faisal. Cuando constatamos la existencia de
los archivos, se decidió que el material nos iba a quedar en custodia. Y después nos
comunicamos con Protección Civil, que tiene la logística necesaria para trasladar la
documentación, que estaba en estado de abandono. Lo primero que se hizo fue
separar todo lo que correspondía al período de la dictadura. Esa parte fue al Espacio de
Memoria para trabajar en su clasificación e incorporarlo al Archivo Provincial de la
Memoria. La de los otros años, se embolsó aparte y se informó al Ministerio de
Seguridad de la provincia".
Al empezar a revisar los materiales que van de 1976 a 1983, trabajo que llevará
varios meses, apareció un dato de fuerte carga emotiva para la actual titular
de Derechos Humanos. “Verificamos que hay carpetas de lo que se llamó Libertad
Vigilada, de los que han sido presos políticos de la dictadura, con datos personales
de quien había estado detenido y también toda de su familia. Encontramos, entre otras,
la carpeta de Victorio Paulón y de Elsa Esplendiani, dirigentes sindicales reconocidos
de la UOM Villa Constitución y de ATE. Pero también apareció la ficha de mi mamá,
Stella Marys Garategui de Puyol ”.
Así, este hallazgo de unos viejos papeles y alguien que decide no tirarlos, terminó
siendo el puntapié para seguir rearmando más pedacitos de memoria, de una familia
como los Puyol Garategui, que sintetiza de algún modo la historia política argentina de
los últimos 45 años. La pareja de militantes santafesinos se fue a estudiar a La Plata y
allí nacieron sus hijas. A fines de los ‘60, fueron parte de las luchas estudiantiles contra
la dictadura de Onganía. Él fue detenido y terminó en la cárcel de Trelew, de la cual
fue liberado por Cámpora al asumir en el ‘73. En tiempos de la Triple A, fue detenida ella.
Lucila Puyol tenía 8 años cuando se llevaron a su madre, que estuvo detenida hasta
noviembre de 1980. Cuando salió del Centro Clandestino de Detención estuvo un
año con “libertad vigilada”.
Puyol relató a este medio lo impactante del hallazgo desde el lado personal: “Al
propio hecho de encontrar estas carpetas, que es muy valioso en sí mismo, se le
agregó este dato. Y sí, es fuerte. Mi mamá está fallecida. A mi papá sabemos que lo
mataron cuando lo desaparecieron, pero nunca nos devolvieron su cuerpo. Por su caso
hubo un juicio en Córdoba, que se inició casualmente también un 4 de diciembre, pero
de 2012. Duró cuatro años y se conoció como la megacausa de La Perla, por el
nombre que tenía el Centro de Detención del Tercer Cuerpo del Ejército. Y se buscó
saber el destino de unas 600 víctimas”.
Cuando expresó como testigo en aquel Juicio, Lucila definió a su papá como
“un militante comprometido que creía en una sociedad igualitaria y que nos enseñó a
pensar un mundo mejor y más justo para todos. Creía en un pueblo revolucionario y
organizado y por eso luchó y vivió. También por eso lo mataron ”. Puyol tiene 52 años.
Soportó de muy chica la detención de su madre, el asesinato y desaparición de su padre.
Pidió justicia por ellos y marchó por los 30 mil. Y ahora, por azar, le toca como
funcionaria ser la responsable de cuidar este valioso material que será un aporte a la
construcción de la memoria, del país y de ella misma.
Fuente:RosarioPlus
El Municipio promueve una nutrición adecuada en la primera infancia
El programa Buen Provecho acompaña mensualmente la entrega de 1.700 cajas alimentarias a familias
de toda la ciudad con herramientas que permiten generar hábitos alimenticios saludables
6 de diciembre de 2020
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