Impunidades en el año de la pandemia
Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
Los juicios a los genocidas de la última dictadura no han sido la excepción en el parate total de actividad que significó la pandemia de la Covid-19, pero en este caso se profundizan los problemas de un proceso que lleva 14 años de idas y vueltas que juegan a favor de impunidades varias. Asoman el estiramiento indefinido de los procesos, la virtualidad de los debates y la emergencia de represores con domiciliaria como algunos de los problemas más complejos.
EL BALANCE
El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar en el primer año de la gestión albertista el estancamiento general del proceso que hace años se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 21 de diciembre de 2020 el Estado argentino efectivizó 241 juicios orales y 2 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 243 juicios hubo 1.699 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.449 condenas sobre 1.427 represores y hubo 222 absoluciones por un universo de 8.830 víctimas. Esto quiere decir que en 14 años de juicios alrededor del 44% del total de los 3.300 imputados desde 2003 fue llevado a juicio. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 630 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
De un total de 589 causas, sólo el 40% tuvo sentencia, un 44% se encuentran en etapa de instrucción, lo que equivale a 260 causas, además de haber un 12 % de expedientes a la espera del inicio del juicio oral y sólo un 4% en distintas instancia de debate.
De las 243 causas que llegaron a sentencia desde 2003 el 60% fueron confirmadas por Casación o Corte Suprema y el restante 40% espera resolución en segunda instancia.
Se sabe que en las causas de lesa humanidad la justicia tarda un promedio de más de 5 años desde que se requiere la elevación a juicio hasta que se confirman sentencias. Ello hace ver que si aunque fuera un tercio de las causas en instrucción se elevaran a juicio ya mismo, esos procesos estarían terminando recién en 2026. Y si los otros dos tercios se elevaran en 3 y 5 años cada uno todos los procesos terminarían con mucha suerte en 2035.
La proyección es altamente optimista si pensamos que hay 260 causas en instrucción y el promedio anual de sentencias de primera instancia es de 15 a 20 expedientes en todo el país. Este año fue la excepción por la pandemia, pero bajó a sólo 8 veredictos y muestra de manera palmaria el problema que significa la pérdida de tiempo en estos procesos.
Además en los últimos 4 años se ha invertido la situación de libertad los represores (un total de 2484 imputados, procesados o condenados) porque de un 60 % detenidos contra un 40 % en libertad promedio en 2015 se pasó al 64 % en libertad y sólo el 36% promedio detenido en 2020. Pero además, de ese 36% de «detenidos» casi el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200 genocidas. La queja de algunos sectores respecto a la situación actual de emergencia de las domiciliarias es plenamente selectiva cuando lo que se ve es la profundización de un proceso de privilegios e impunidad para los genocidas que tiene larga data.
Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.300 imputados siguen representando una investigación sobre el 2% del total de los responsables y los 1.427 condenados equivaldrían a 2 represores por cada CCD. –
Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes.
EL AÑO DE LA PANDEMIA
Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 20 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad importante, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Los jueces Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despiden este año de sus cargos en la justicia platense con la demorada sentencia por Brigada San Justo y ya coronaron su impar actuación con un nuevo fallo absolutorio del genocida CNU Juan José «Pipi» Pomares, pese a que Casación los conminó en abril de 2019 a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad del asesino.
El panorama nacional tampoco es alentador este año. La primera sentencia de 2020 llegó en abril pasado en Mar Del Plata, en una audiencia sin público en la causa «Subzona 15», donde se condenó a 35 represores de esa estructura represiva del Ejército, así como a integrantes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, de Prefectura y un integrante de la Comisaría de Miramar por 272 casos. El fallo absolvió a 5 represores, en su mayoría de la Armada. El segundo fallo se dio en mayo en Comodoro Rivadavia, donde el Tribunal Oral local condenó a unos módicos 6 años como partícipe secundario en la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel al jefe de Informaciones de la Policía de Chubut Tito Nichols, y absolvió al segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la FT7 de la Armada, Hernán Álvaro Hermelo. La tercera causa en llegar a sentencia fue también en mayo, pero en Rosario, en la Causa «Feced 3 y 4», donde 10 represores fueron condenados a penas altas por 188 casos y se reconoció por primera vez en esa zona los delitos sexuales como autónomos. El cuarto veredicto llegó a fines de mayo en Entre Ríos, en un debate realizado con tribunal ad hoc y por escrito de acuerdo al viejo código, donde se dictaron 2 perpetuas y 6 sentencias menores sobre represores que seguirán con domiciliaria o bien excarcelados como llegaron al juicio.
En octubre llegaron un segundo fallo por el Operativo Independencia en Tucumán, donde se condenó a perpetua a 3 de los 25 imputados, la mayoría recibió entre 10 y 18 años y se absolvió a 9 represores, y otro en San Nicolás con sentencia dispar en la causa «Saint Amant 3» donde tres ex militares recibieron perpetua por crímenes en distritos del noreste bonaerense pero un policía recibió una pena a tres años de prisión y otro militar resultó absuelto.
En noviembre llegó la sentencia en la quinta parte de la causa por el CCD Automotores Orletti, en un proceso que incluyó a 10 víctimas –entre ellas las apropiaciones de Anatole y Victoria Julien Grisonas- y donde se condenó a perpetua los represores de la SIDE Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo, Miguel Furci y Honorio Martínez Ruiz, dos de ellos con domiciliaria pese a las perpetuas.
Cerró el año la sentencia en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo, donde si bien hubo 10 represores condenados a perpetua y otros 6 a 25 años, se absolvió a , integrante del plantel de la Brigada al que el tribunal por mayoría le creyó que no fue parte del CCD porque se fue a realizar un curso, y que no está procesado en ninguna otra causa.
Además, los jueces Esmoris y Jarazzo se despacharon en este fallo y a pedido de la defensas de los represores con la inconstitucionalidad del artículo 19 inciso 4 del Código Penal, esto es preservarles las jubilaciones de policía y ejército a los represores pese a inhabilitarlos de manera absoluta para ejercer cargos públicos. Ni hablar de que los doctores que votaron con anterioridad el 2×1 a un par de represores no asomaron a la posibilidad de decretar que esto se trató de un Genocidio, y se quedaron en la tibia posición de hechos «constitutivos de crímenes de lesa humanidad», como si se hubiera tratado de un ataque indiscriminado a la población civil y no del aniquilamiento planificado desde el Estado de una generación de luchadores.
El 2020 dejó entonces un total de 8 fallos, 17 absoluciones y 94 condenas por más de 980 víctimas son los resultados de todo el año 2020. Si bien el número puede parecer importante para un año donde la actividad judicial estuvo 8 meses parada, hay que aclarar que muchos de estos debates arrancaron hace más de 2 años y que si no fuera por las sentencias en «Subzona 15 u «Operativo Independencia 2», los resultados hubieran sido más magros.
Además a futuro el impasse judicial por la Covid-19 impactará en el estiramiento de los procesos, tanto en los ya iniciados como en aquellos por iniciarse.
A su vez asoma otro problema crónico. La seguidilla de represores apartados por motivos de salud y muertos impunes seguirá creciendo si la realización de los juicios se sigue estirando. A esto se suma la continuidad «on line» de los juicios y a las condiciones prácticas para su realización en un contexto como la actual pandemia del Covid-19, que han sido un parte aguas en la concepción del acto de justicia que significan estos debates. No se puede estirar más los procesos porque los imputados se mueren impunes o fingen estar seniles, y además porque muchas de las víctimas, sobreviviente sus familiares también van quedando en el camino sin tener un mínimo de reparación de parte del Estado argentino.
En la ciudad de La Plata la virtualidad de las audiencias venía ganando terreno mucho antes de las problemáticas planteadas por la pandemia y el ASPO: la modalidad de un juicio cuasi virtual se inauguró en 2018 en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo donde la presencia en la sala de debate sólo correspondió a las partes y el público, mientras los genocidas realizaron las indagatorias, el seguimiento de los testimonios y las últimas palabras por videoconferencia desde unidades penales o desde las Cámaras Federales de Mar Del Plata y de Comodoro Py, ya que la mayoría de ellos se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera la virtualidad del proceso en La Plata viene preocupando a las querellas de los organismos de Derechos Humanos hace rato. Incluso las fallas técnicas en la imagen y el audio de las videoconferencias demoraron gran parte de las alternativas del juicio San Justo, con la recurrente y extenuante media hora del ya clásico «¿hola, me escucha?» entre los jueces y los genocidas, la utilización por los represores de esa mediatización para hacer mezquinas o irregulares las indagatorias y los reiterados cuartos intermedios para mejorar la comunicación.
El cúlmine de esta situación fue volver a escuchar los testimonios de las compañeras Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio por exhibición en video en el juicio por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús, debate demorado por años y que arrancó en la virtualidad total, con tres de las luchadores centrales por justicia en esos CCD exigiendo castigo a los genocidas en ausencia física.
Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.
POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!
HIJOS LA PLATA – diciembre de 2020.
Fuente: AnRed
El 89% de lxs ciudadanxs quiere
que paren los desmontes
Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
¿Qué opina la sociedad acerca de cuestiones medulares para el medio ambiente y sus habitantes? Una encuesta de opinión pública encargada por la ONG Periodistas por el Planeta (PxP), y realizada por la consultora Poliarquía echa luz sobre este interrogante. Sus resultados son contundentes.
El 89 por ciento de la población está a favor de que se frene la deforestación en la Argentina. “El dato es consistente a lo largo y ancho del país, cruza a todos los estratos socioeconómicos y grupos etarios, e incluso, a la elección política” indican desde PxP.
El estudio muestra, además, que los argentinos no quieren que se siga expandiendo la frontera agropecuaria a expensas de territorios boscosos, incluso en aquellas áreas que ya han sido devastadas por incendios o destruidas intencionalmente.
Los resultados de la encuesta
Ante la pregunta concreta de si creen que las zonas desmontadas pueden ser aprovechadas para nuevas actividades económicas, sólo un 9 por ciento respondió que sí. Un 79 por ciento dijo, en cambio, que hay que dejar que se recuperen los ecosistemas arrasados.
“La encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo durante las dos primeras semanas de noviembre, tuvo como intención relevar el estado de la opinión pública respecto del medioambiente en general, los bosques y los incendios que han venido arrasando ecosistemas enteros en la mitad de las provincias del país en los últimos meses. También, se buscó determinar qué piensan los argentinos sobre quién tiene la responsabilidad respecto de su destrucción y si importa que el tema se incorpore en la agenda política”, indican desde Periodistas por el Planeta.
El estudio reveló que hay un consenso casi total sobre los beneficios que brindan los bosques en el país.
Un 92 por ciento respondió que consideraba que los bosques eran “muy importantes” o “bastante importantes”. Un 86 por ciento señaló que estaba enterado de que se realizan desmontes. Y un 77 por ciento afirmó conocer que existe una ley que protege los bosques.
Ante la pregunta “¿Quién cree Ud. que es el responsable de que haya desmontes?”, un 28 por ciento respondió que son los gobiernos provinciales, un 22 por ciento el gobierno nacional y un 31 por ciento dijo que la culpa cae sobre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
“Si se toman todas las cifras en conjunto resulta que los argentinos entienden que hay una conexión entre la política (por acción u omisión) y el avance de las topadoras”, observan desde PXP.
“¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la tala de árboles o desmonte para que haya más cultivos de soja, cría de ganado o desarrollos inmobiliarios?”, fue otra pregunta. Un 75 por ciento dijo que estaba nada o poco de acuerdo. Y, un 73 por ciento dijo luego que hay que “dejar que se recuperen” las zonas destruidas. “Este dato revela que la opinión pública ya no coincide con el argumento de que hay que sacrificar a los bosques en nombre del desarrollo económico, como muchas veces señalan políticos, productores e, incluso, los medios de comunicación”, indican y agregan desde PxP que “en cambio, un 81 por ciento se mostró a favor de que exista una ley para regenerar las zonas que fueron destruidas, algo que hoy no se está discutiendo en la agenda parlamentaria”.
“¿Cree que el Gobierno Nacional debería prohibir por completo la deforestación?”. Un 74 por ciento dijo que sí. Cuando junto a esta pregunta, además, se inquirió a quién había votado en la última elección, un 73 por ciento dijo que a Alberto Fernández, un 77 por ciento, a Mauricio Macri y un 71 por ciento, a otro. O sea que, más allá de las expresiones electorales, hay un acuerdo generalizado sobre la necesidad de que se avance en esta agenda.
Cuando se pregunta “cuán importante es para Ud. que se frene la deforestación en la Argentina”, un 70 por ciento dice que es “muy importante”, un 19 por ciento dice “algo importante”. Sólo un 5 por ciento dice que es “poco importante” o “nada importante”. Esta opinión es constante tanto en Capital, como en el GBA o el interior del país, más allá del nivel de educación, el sexo o la edad del participante en la encuesta.
“¿Piensa Ud. que debe haber una ley que ordene la regeneración de áreas deforestadas o incendiadas?”. Un contundente 81 por ciento dijo que sí. “Una vez apagado el incendio, ¿qué cree Ud. que debería hacerse con ese área?”, preguntaron en la encuesta. Otra vez, la respuesta no deja lugar a dudas: un 79 por ciento se inclinó por la opción “dejar que se recupere”.
Sobre los incendios
La ocurrencia de incendios en grandes extensiones del territorio argentino también ha dejado un impacto en la opinión pública nacional. Un 77 por ciento entiende que “debería ser una prioridad del gobierno nacional”. Aquí también, la coincidencia de opiniones es muy elevada en la Ciudad de Buenos Aires, el GBA y el interior del país. Lo mismo ocurre con los grupos etarios y en personas con distintos niveles educativos, más allá de a quién hayan votado en la última elección nacional. Un 88 por ciento de la población escuchó noticias sobre incendios durante este año.
El dato relevante es que el 83 por ciento de las personas consultadas dijo creer que los “incendios de los bosques se producen intencionalmente”.
¿Cuál cree que es la principal razón para provocar incendios forestales?, se preguntó. Un 32 por ciento dijo que para usar la tierra para cultivos de soja, otro 27 señaló que era para emprender proyectos inmobiliarios. Un 10 por ciento afirmó que era para utilizar terrenos para asentamientos, y otro 10 por ciento indicó que se incendiaba con fines de expandir la ganadería.
Fuente: La Tinta
Gremial de Abogadxs se solidariza
con 11 colegas peruanxs detenidxs
Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
Ojalá pudiéramos estar defendiéndolos en la misma Lima. Ojalá la Gremial pudiera estar enfrentándose a los jueces y fiscales tan terroristas como el Estado Terrorista peruano. Nadie dude que lo estaríamos haciendo al costo que fuere. Como estuvimos sentados codo a codo con estos mismos tan queridos compañeros colegas en el juicio al Dr Abimael Guzmán y las cras y cros del Partido Comunista del Perú en la siniestra Base Militar de El Callao. La Gremial conoce uno por uno a estos cros colegas. Varios de ellos han estado muchas veces en la Argentina. Y nosotros en Perú visitando a los presos y entablando amistad y compañerismo con los abogados peruanos.
La Gremial ha aprendido muchísimo de cada uno de estos cros y cras. Aprendimos técnica del Derecho. Aprendimos a luchar sin compasión ni respeto hacia los jueces y fiscales del enemigo explotador capitalista. Aprendimos esa riquísima soberbia de aquellos que están Convencidos de la causa que esgrimen, soberbia que los dignifica porque no hay que ser humildes o serviles con jueces y fiscales que son la punta de lanza de los enemigos de la Humanidad. Aprendimos cómo se forma colectivamente una Defensa Penal que descarga disciplinada e intermitentemente cañonazos tras cañonazos de saber y de argumentos técnicos, ideológicos y lógicos hasta demoler el castillo de la Justicia capitalista e imperialista.
«yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno«, dice un verso del Martín Fierro. Eso fueron estos cros y cras en la Base de El Callao. Toros y torazos. Ingresar a ese lugar asusta solo de verlo. Saber que uno tiene que defender al Dr Abimael Guzmán y otros dirigentes del PCP en ese lugar, con esos jueces y fiscales no es para muchos abogados. Sólo la ideología, el convencimiento, la fe en lo que se cree puede hacer que un abogado se presente ahí a ser defensor. De todo eso que estos cros poseen nosotros aprendimos.
La Gremial los vio actuar porque estabamos sentados junto a ellos. Hoy están todos presos. No lloran, no se lamentan, no se consideran «víctimas». Asumen la detención, (que quizás se prolongue un tiempo) con la naturaleza de cualquier luchador. Vemos silencio en el mundo de los juristas y de los «Derechos Humanos», quizás por eso la Gremial no se reconoce como una organización de DDHH y menos acepta tener «juristas» sólo tenemos abogados defensores. Los encarcelaron por defender como defienden, por luchar como luchan y por pensar como piensan. Quizás algo parecido a los 150 muertos y desaparecidos abogados de la Gremial. Esa forma de ejercer el Derecho suele no ser gratis. Se paga con vidas, libertades, sanciones de los Colegios, etc. Gratis jamás. Si sale gratis es que al enemigo judicial no se lo golpeó suficiente. Para ellos, como para nosotros no hay Justicia mala o Justicia Legítima. Eso es para abogados ingenuos, incautos u oportunistas. La Justicia de las Universidades no es la de la vida real. La Justicia real, aunque se disfrace de «legítima» es la que tiene encarcelados a estos queridos compañeros.
La mayoría de esos compañeros ya estuvieron muchos años presos con anterioridad. Da mucha bronca e impotencia reconocer que poco podemos hacer por ellos.
Sólo la lucha de los Pueblos hasta alcanzar a construir una Sociedad con Igualdad hará posible que gente como Uds sean dignificados.
¡¡¡Fuerza compañeros colegas!!!!
Aguanten y resistan!!!
La Gremial está con Uds, con sus familiares y con sus compañeros y compañeras.
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Navidad amarga para la primera
línea de la salud
Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) anunció que «en los tres días que quedan hasta el feriado del 24 los trabajadores de la salud harán sentir con paros y movilizaciones su indignación, cansancio y amargura frente a la política salarial del gobierno nacional, las provincias y los municipios». María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, remarcó: «las medidas de lucha son la reacción lógica frente a un discurso que habla de los trabajadores de la salud como esenciales en contraposición a un trato real que los ubica como descartables. Tenemos que enfrentar la campaña de vacunación y la segunda ola de Covid-19 con 65 mil trabajadores infectados, 500 fallecidos y centenares con secuelas físicas y psicológicas. Finalizamos el 2020 con agotamiento y decepción en los equipos de salud. Necesitamos un viraje radical de las políticas públicas para nuestro sector en 2021. Hay que saldar la deuda con la salud pública y sus trabajadores».
En un comunicado titulado «Navidad amarga para la primera línea de la salud», la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) anunció que «en los tres días que quedan hasta el feriado del 24 los trabajadores de la salud harán sentir con paros y movilizaciones su indignación, cansancio y amargura frente a la política salarial del gobierno nacional, las provincias y los municipios».
María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, afirmó que las medidas de lucha «son la reacción lógica frente a un discurso que habla de los trabajadores de la salud como esenciales en contraposición a un trato real que los ubica como descartables», remarcó, y agregó: «tenemos que enfrentar la campaña de vacunación y la segunda ola de COVID con 65.000 trabajadores infectados, 500 fallecidos y centenares con secuelas físicas y psicológica. Finalizamos el 2020 con agotamiento y decepción en los equipos de salud. Necesitamos un viraje radical de las políticas públicas para nuestro sector en 2021. Hay que saldar la deuda con la salud pública y sus trabajadores”, finalizó.
Efectivamente, la semana comenzó este lunes 21, con una medida de fuerza provincial convocada por SISAP Fesprosa Chubut en reclamo de salarios dignos y el cobro del aguinaldo,que consistió en una movilización a las 10 horas a la sede del Gobierno Provincial en Rawson.
En tanto que hoy se desarolla un paro y movilización unificadas de los y las trabajadoras residentes y concurrentes de Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo del pago a los profesionales de primer año y una urgente recomposición salarial. «La CICOP Fesprosa del Hospital Posadas movilizará junto a los residentes – anunció el Fesprosa – Exige la convocatoria a la paritaria sectorial y una recomposición global que compense tanto el deterioro de los últimos cuatro años como la inflación de 2020. También el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia de pase a planta del 100% de los trabajadores del Hospital Posadas en condiciones de contrato precario».
Mientras que en Río Negro el Movimiento de Autoconvocados, con el apoyo de Fesprosa Río Negro, convoca a una nueva jornada provincial de lucha con retención de tareas y movilizaciones en todos los establecimientos sanitaros exigiendo una recomposición salarial.
En Santa Fe, en el caso de que en la paritaria convocada para el día 21 el gobierno no realizara una oferta satisfactoria a los profesionales de la salud, el Siprus Fesprosa anunció que concretaría una medida de fuerza en todo el territorio provincial.
Finalmente, en Tucumán el Sitas Fesprosa convoca a un nuevo paro general de 48 horas en reclamo del cumplimiento de los compromisos paritarios y una recomposición salarial: hoy con asistencia, mientras que mañana no.
Fuente: AnRed
Por qué hay que temerle a las megagranjas porcinas
Por Raúl Dellatorre, Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
El acuerdo retomó vida tras una visita de funcionarios argentinos a un frigorífico estatal en Beijing. Pero también reflotó el debate sobre cuál es el tamaño ideal de los establecimientos que criarán los cerdos.
La expectativa de un acuerdo con China para producir carne porcina de exportación con ese destino volvió a tomar fuerza en la última semana. Pero también se reavivó el debate con respecto a cuál debería ser el modelo productivo que acompañe tal posibilidad. Mientras el Representante Especial para la promoción del comercio y las inversiones de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, señaló que el gobierno argentino propone «no la instalación de megagranjas, de 100 mil madres reproductoras cada una, sino de granjas inteligentes que sólo tienen 10 mil madres», el dirigente agrario Pedro Peretti lo refutó. «Diez mil madres es una dimensión para Argentina que representa granjas muy, pero muy grandes. La única granja inteligente, para nuestro campo, es la de 200 madres». Y no es sólo una cuestión de escala, o de concentración de ingresos, sino de abastecimiento y precios internos, además, sugieren algunos estudios.
Tras una visita al frigorífico estatal China Animal Husbandry Group en Beijing, Vaca Narvaja contó detalles de la charla con Xue Tingwu, presidente de la firma, y su mesa directiva, acerca de los proyectos de inversión en producción porcina. El funcionario local describió los problemas que tuvo su país con la peste porcina africana que impactó en la producción local desde que se desató en 2018. Sólo en el último año, generó un déficit de 8 a 12 milones de toneladas de carne de cerdo, producto que representa el 70% de la proteína animal de la dieta del pueblo chino. Además, los dos principales proveedores europeos, España y Alemania, se encuentran afectados por la misma enfermedad en origen.
El representante argentino, en palabras reproducidas por la revista Dang Dai editada en Buenos Aires, señaló que en ese marco ambos países encuentran intereses compartidos en el incremento de la producción de carne de cerdo en suelo argentino para ser exportada a China.
Sabino Vaca Narvaja sostuvo, tras el encuentro con Xue Tingwu, que se analizaron diversos proyectos de inversión en producción porcina, que contemplan el cuidado del medio ambiente y que se enmarcan dentro de una estrategia integral, que requiere de la superación de falsas dicotomías, incluyendo a los pequeños y grandes productores.
«La Embajada argentina propone la instalación de Granjas Inteligentes, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables y no la instalación de Megagranjas. Mientras que las Megafactorías instaladas en Estados Unidos son unidades productivas de alrededor de 100 mil madres, las granjas inteligentes sólo tienen alrededor de 10 mil madres”, afirmó el funcionario argentino.
Y esta es, puntualmente, una de las cuestiones en debate del proyecto. Una granja de diez mil madres es, para Argentina, una escala alcanzable para muy pocos, megaempresas que producirían a una escala que dejaría fuera de competencia a pequeños y medianos productores, tanto de la exportación como del abastecimiento al mercado interno.
La entrada en producción de diez o doce megagranjas de ese tamaño supondría multiplicar al doble o más la actual producción de cerdo, «con la posibilidad no sólo de exportar a China sino de ofrecer la producción al mercado interno. No hay lugar para productores chicos y grandes en esas condiciones, o se toma la decisión de buscar una escala para cientos de productores locales, o se deja el negocio en grandes de megacorporaciones», advirtió Peretti, al ser consultado por Página/12.
«Se quedarían con el negocio de exportación pero también con el mercado interno. El acuerdo puede ser que le asegure la soberanía y la seguridad alimentaria a China, pero así concebido pone en peligro la nuestra, porque deja la oferta de carne porcina en manos de un oligopolio. Se pone en riesgo el acceso a la producción, pero también el precio interno. La integración vertical en el rubro de alimentos hay que entenderlo de una vez por todas, es un atentado a la democracia», sostuvo el ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria (hasta que rompió por desacuerdos con las políticas golpistas de la Mesa de Enlace).
Peretti, impulsor de un modelo de producción agraria de chacra mixta («la pyme agraria», la denomina), sostiene que la oportunidad de abrir la exportación de carne de cerdo debe ser aprovechada a través del fomento de la extensión de explotaciones medianas en todo el país «en las que el productor, con un plantel de 200 madres, pueda cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales, y tenga un campo anexado en el que produzca su propio maíz para alimentar los cerdos». Esa escala es la que ofrece las mejores condiciones ambientales y socioeconómicas, subraya, porque genera además arraigo del productor a su propia zona.
Un problema adicional, pero no desatendible, es que China está recuperando aceleradamente su producción porcina. Por la peste africana, que hizo su aparición en agosto de 2018, China debió sacrificar casi la mitad de su rodeo porcino. Recientes informes oficiales indican que, actualmente, dicho rodeo se recuperó alcanzando un nivel equivalente al 88% del existente antes de la peste. Y seguirá creciendo.
Es un indicador para que Argentina no quede atada, en su estrategia, a los negocios que se presentan circunstancialmente, sino aprovechar la oportunidad para generar una alternativa de producción, pero que también sea útil cuando las circunstancias internacionales se modofiquen. En el mientras tanto, convendría no dejar de mirar las condiciones del mercado interno y de la propia soberanía alimentaria.
La marea verde por el aborto
legal enciende las calles
Por Andrea Monasterios, Resumen Latinoamericano, 22 de diciembre de 2020.
En un año atravesado por las prohibiciones, la tragedia y las carencias, la posible conquista del aborto legal en Argentina es un destello de esperanza feminista en la región. Movilización masiva, economía popular, fiesta en las calles: ¡así se mueve la marea verde!
Son poco más de las 07:20 de la mañana en Buenos Aires. Hasta hace poco, unas chicas dormían sobre el asfalto con sus cabezas sobre las mochilas. Quizás hayan pasado toda la noche despiertas. En realidad, nadie en las cercanías del Congreso argentino pudo dormir mucho anoche ni la madrugada de este 11 de diciembre.
—Se cierra la votación, por secretaría se da lectura al resultado: 131 votos afirmativos, 117 negativos, seis abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Se escucha por los parlantes instalados en las avenidas Callao y Rivadavia, que sonaron a todo volumen mientras duró la parte de la sesión extraordinaria de Diputados que debatió el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En total fueron 20 horas. Pero no solo Argentina estaba en vigilia, Latinoamérica entera tenía el ojo puesto en la Cámara Baja.
Gritos. Dos segundos de incredulidad. Más gritos, saltos, llanto, abrazos. Nos invade una sensación de que por fin pasa algo bueno en este año. Este año…
Sale humo verde y morado. Brota un poquito de alegría, esperanza. El próximo 29 de diciembre, en el paso definitivo, lxs senadorxs argentinxs definirán si el aborto libre y seguro “será ley”.
Hasta aquí llegamos también en 2018. Pero en los últimos días de este año la historia podría ser distinta.
Las calles, las luchas y la economía popular
No salgamos a las calles. Ok. Pero, “¿si los derechos se ganan en las calles?”, cuestiona Mariana Botardo, integrante de Mala Junta, una agrupación feminista que pertenece al Frente de Todes.
“Muchas veces quisimos salir para defender nuestros derechos, pero las cuestiones epidemiológicas complicaron todo. Ahora que está un poco más pasable venimos a manifestarnos”, celebra.
La última vez que nos habíamos visto, así, tan masivamente, fue en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
La reactivación económica popular se despliega, se moviliza, se siente: la calle es una gran feria. Por un lado, hay gazebos de las diferentes organizaciones donde se dan charlas o se comparte información. Por otro, las tradicionales parrillitas con choris, patis y bondiolas toman las calles.
También aparecen marcianos (en Bolivia se conocen como bolos), hamburguesas veganas, budines, panes rellenos. Incluso veo una casera que llegó desde La Matanza a vender charquekan orureño, algo inusual para las calles porteñas.
Puntos de hidratación en la vigilia del 10D. Foto: Andrea Monasterios
¡Qué ganas de quedarnos en las calles!
Después de casi un año de encierro, con casi 30 grados de temperatura, la jornada invita a la gente a ser parte de la historia en el espacio público.
Si bien hubo diferentes movilizaciones a lo largo del año, la primera que realmente fue masiva se vio con el funeral del futbolista Diego Maradona, el 26 de noviembre.
Esta marea verde es la primera, en el orden político, que convoca a miles de personas a tomar las calles para exigir que se amplíen los derechos de las gestantes.
“Quizá hablar en estos términos hace 15 años hubiese sido impensado”, dice Verónica Diz, de la editorial Madre Selva. Recuerda que, si bien la campaña nacional por el aborto tiene 15 años, esta lucha viene desde las asambleas que se hacian incluso antes.
“Estar en las calles, encontrarnos con el público que le gustan los libros, en un día tan importante como hoy es emocionante”, comenta Verónica.
“Pese a que hemos perdido tanto por la pandemia, tenemos que aprender a sostener otros modos de hacer economía alternativa, que no quiere decir una subeconomía, sino una propuesta dentro del capitalismo de hacer relaciones comerciales que sean justas, feministas y colaborativas”.
Lo político es personal
“Tenemos que usar a la política como una herramienta para luchar, si no lo hacemos, otras personas lo harán para ir en contra de nuestros derechos”, arenga Tatiana Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.
Con solo 19 años, Tatiana fue candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda-Unidad. Ahora está con sus compañeras, como muchas otras jóvenes que vienen a pasar la noche en esta especie de aventura/picnic/fiesta/lucha/catarsis al cierre de un año pandémico.
Tenemos que “poder estar dentro del escenario político”, insiste Tatiana. Ella es crítica con las modificaciones que se hicieron en la ley para conquistar algunos votos indecisos. Le “hacen ruido”, especialmente, la figura de la “objeción de conciencia” por parte del personal de salud y que las adolescentes deban asistir a una IVE acompañadas.
“Sabemos que la violencia intrafamiliar es altísima”, por este motivo muchas no podrán contar con el apoyo de alguien, complementa.Anuncio solidario
“Una vez salga, tenemos que seguir luchando hasta que se implemente en toda la Argentina, porque sabemos que hay provincias donde la iglesia baja línea y en los hospitales no van a querer cumplir”, añade Verónica de Madre Selva.
Del otro lado de las calles, detrás de los muros fríos que encierran el concepto de Estado, hay mujeres organizadas para que en esos espacios de poder se tomen en cuenta perspectivas distintas para las políticas públicas.
Fernanda Fuentealba, secretaria general adjunta del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, e integrante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es una de ellas. “Nosotras hacemos carne a este pedido, damos esta misma lucha dentro del Estado para hacer políticas feministas y transfeministas, somos nosotras quienes restituimos los derechos vulnerados”, explica.
La politización de la sociedad argentina, en todos los flancos, es altísima. La gente se interesa por estos temas y no tiene problema en seguir la extensa sesión de debates, que pronto se transporta a conversaciones en Twitter. De ahí a las calles, donde el circuito vuelve a comenzar.https://www.youtube.com/embed/gJj_0EZZMfw?feature=oembed
América Latina será toda feminista
Luego de escuchar el resultado favorable en Diputados, una mujer se arrodilla mientras levanta y empuña su pañuelo verde.
Alrededor suyo decenas de desconocidas se enredan en abrazos. Los cánticos anticlericales retumban en el centro histórico bonaerense. Las que se conocen, las amigas de años, se reconocen en miradas cómplices: más de una rememora su experiencia personal, las lágrimas corren. Hay también quienes recuerdan a las que ya no están.
La marea verde argentina, cuando se moviliza, expande sus olas en toda la región. Es de ensueño ver su nivel organizativo y de concertación. Más allá de las diferencias ideológicas, diputadas que apuestan por proyectos de país distintos, hoy se encuentran lado a lado. Hay derechos transversales a las posturas políticas.
Argentina, actualmente, lucha por una Educación Sexual Integral, la mejor distribución de anticonceptivos y la despenalización total del aborto hasta la semana 14 del embarazo, entre otras demandas.
Entretanto, en Bolivia, un diputado antiderechos y exvocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, toma protagonismo mediático por amedrentar y perseguir a activistas que brindan información sobre abortos seguros.
Fuente: Muy waso
Envio:RL
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