13 de febrero de 2021
La Cámara decidió que la causa del espionaje ilegal macrista pase a Comodoro Py donde Stornelli puede ser el fiscal que siga investigando
Casación hace su aporte para profundizar el lawfare
Comodoro Py se apronta a fagocitar la investigación sobre el espionaje que tramita en Lomas de Zamora y que desnudó el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo. La Cámara de Casación Federal --con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo-- dispuso que las dos causas que están actualmente en manos del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pasen a los tribunales de Retiro, como reclamaban dos de los hombres más cercanos a Mauricio Macri: su amigo a quien puso al frente de la AFI, Gustavo Arribas, y su secretario privado, Darío Nieto. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, víctima de la vigilancia macrista, le anticipó a Augé que llevará el tema hasta la Corte y le pidió a la fiscalía que adhiera al pedido para evitar que el expediente viaje hacia Comodoro Py, donde la causa tiene altas chances de caer en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y --créase o no-- del fiscal Carlos Stornelli, procesado por espionaje. Es por eso que Carlos Beraldi, abogado de CFK, aseguró a Página/12 que "lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales".
Era una crónica de un final anunciado, pero aun restaba que la Sala IV de la Casación escribiera su capítulo. En el mediodía del viernes, se conoció que Borinsky y Carbajo se inclinaron por sacarle la causa a Lomas y llevarla a Comodoro Py, uno de los centros principales de la aplicación del lawfare. El argumento central es que la mayoría de los hechos sucedieron o fueron ordenados desde la Ciudad de Buenos Aires con algunas “ramificaciones” en provincia de Buenos Aires. "Lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existentes o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora", se atajaron Borinsky y Carbajo en el voto de la mayoría.
Sin embargo, la camarista Ángela Ledesma, remarcó que la decisión implicará inevitablemente torcer el cauce de la investigación que lleva casi un año e insistió en que debería continuar en manos de Augé y los fiscales. "Un desplazamiento a esta altura podría neutralizar tales avances --les respondió Ledesma-- o, al menos, suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso o analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios; extremo que no resulta del todo improbable teniendo en cuenta el quiebre del principio de unidad de acción del Ministerio Público Fiscal".
El dardo de Ledesma estaba directamente dirigido al fiscal de la Casación Raúl Pleé, a quien muchos señalan como quien gestó la jugada para sacarle la investigación a Lomas. Pleé reclamó traer la causa a Retiro, contrariando lo que opinaban tanto Incardona y Eyherabide, así como el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias. "¿Respecto de cuántas posiciones fiscales deberán los imputados tener que defenderse?", marcó con agudeza la jueza, que también dejó asentado que su Sala no debió había haber intervenido, sino la I -- como decía la jueza Ana Figueroa -- corrida de un plumazo en el contexto de una recusación de Arribas.
No todo está dicho
La Casación estaba interesada en ejecutar rápido su sentencia. Un rato después del fallo, ya había llegado a la fiscalía y al juzgado de Lomas el pedido de remitir la causa. Sin embargo, se presentó Carlos Beraldi, en representación de CFK, y le advirtió al juez Augé que la decisión no está firme porque la vicepresidenta la recurrirá ante la Corte Suprema. CFK sostuvo que era un “pronunciamiento arbitrario, que genera una situación de gravedad inédita en tiempos democráticos”, dice el escrito.
"Lo único que se está requiriendo es que el caso sea juzgado por jueces imparciales", explicó Beraldi a este diario. "La decisión de Casación hace suponer que existe una idea de alterar el curso de desarrollo que tiene esta investigación y que va a perjudicar el esclarecimiento de hechos de una gravedad que no hay antecedentes en los años de democracia", subrayó el abogado de CFK, que actúa como querellante en la causa.
Al cierre de esta edición, Augé ya le había girado la causa en digital a la Cámara Federal porteña, aunque toda la causa en papel con los efectos sigue en la fiscalía de Lomas. Es también una certeza que otros querellantes se presentarán para pedirle lo mismo que Beraldi. El tiempo corre para Augé, ya que a fin de mes se le termina la subrogancia en el juzgado de Lomas y la Cámara Federal de La Plata debe definir quién lo reemplazará.
En Lomas tramitan dos causas por espionaje: la de la vigilancia sobre CFK en el Instituto Patria y la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Por el Instituto Patria están procesados Arribas, Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste. Por la causa principal, Augé aun no había resuelto el pedido de 38 procesamientos que hicieron Incardona y Eyherabide en diciembre y que incluían a los jefes de la AFI, del SPF, a los directores de Jurídicos de la exSIDE y a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo. En el juzgado le estaban dando los retoques finales a la resolución justo antes de que la Casación ordenara remitir la causa.
Pese a que la Casación no definió dónde caerá la causa, todo indica que iría al juzgado de Capuchetti y a la fiscalía de Stornelli, que venía reclamando hacerse cargo de la investigación a la que había llamado una “bola de moco”. Sin embargo, no es una decisión cerrada. Es probable que a Stornelli lo recusen alguno de los más de 40 querellantes por su procesamiento por integrar la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio. También es cierto que Capuchetti no mostró gran interés por hacerse con la causa en el pasado. En Py y sus alrededores apuntan hacia el juez Luis Rodríguez, aunque en la carrera también podrían anotarse otros magistrados como Ariel Lijo o Sebastián Ramos.
A pedir de Macri
Nieto y Arribas fueron los artífices del batacazo en Comodoro Py. A sus planteos habían adherido algunas de las supuestas víctimas del espionaje como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, lo que muestra que Py es el equivalente a la tierra prometida para el macrismo.
La resolución de la Casación tuvo lugar en el marco de una fuerte tensión entre sectores del oficialismo y el máximo tribunal penal. El jueves, un grupo de diputados encabezado por Martín Soria denunció al presidente de la Casación, Gustavo Hornos, por haber mantenido supuestamente seis reuniones en Casa Rosada con el propio Macri. También Soria apuntó hacia Borinsky por lo mismo, mientras se multiplican las quejas hacia Eduardo Riggi por haber secuestrado la causa sobre los aprietes al Grupo Indalo, en la que están los entrecruzamientos de llamadas entre los integrantes de la mesa judicial.
Es un escenario todavía abierto, pero sin grandes perspectivas de justicia, y que incluso siembra dudas sobre el futuro de las causas de Dolores, porque, en ese caso también, la Casación podría justificar el arrebato diciendo que la AFI atiende y ordena desde la Ciudad de Buenos Aires.
El lawfare a todo vapor
Bombas y bombachas: el basural que dejó el macrismo en la justicia
Llamó por teléfono a la comisaría para que devuelvan las bombachas que habían robado a una feriante y la condenaron a dos años de prisión por amenazar a la policía. El fallo más ridículo contra Milagro Sala fue avalado esta semana por la Corte. Al mismo tiempo Casación arrebató dos causas de espionaje durante el macrismo y se las entregó de hecho al fiscal Carlos Stornelli, imputado en otra causa por espionaje. Al presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, le comprobaron seis visitas a la Casa de Gobierno entre 2016 y 2018 antes de polémicos fallos de su tribunal que perjudicaban a Cristina Kirchner. El lawfare sigue a todo vapor por la estructura judicial que construyó y cooptó Mauricio Macri. En Brasil, en cambio, un fallo de la Corte de ese país desbarató el famoso Lava Jato que fue tomado como paradigma de la lucha contra la corrupción y demostró que sólo buscaba apartar del gobierno al Partido de los Trabajadores.
Es una enumeración de lo que pasó en sólo una semana con relación al basural que dejó el macrismo en la Justicia y cómo se derrumbó el caso emblemático de lawfare en el continente. Todo parece grotesco. La Corte Suprema avalando el caso de las bombachas, Casación entregando las dos causas por espionaje para que la investigue un fiscal imputado por espionaje, y el juez Hornos haciendo la consulta en la Casa Rosada.
El jueves, cuando el diputado Martín Soria presentó la denuncia contra Hornos en la Cámara de Diputados, con los datos del libro de entrada de la Rosada que la sostenían, el denunciador serial Fernando Iglesias fue el encargado de defender al titular de Casación. El diputado macrista habló del “chiquero de las denuncias”. Iglesias conoce ese chiquero porque fue uno de los que más se revolcó allí.
Las repetidas visitas de Hornos a Macri durante el punto más alto de la persecución judicial contra ex funcionarios kirchneristas generó esta semana un escándalo en Comodoro Py, un territorio de piel curtida como para sonrojarse por denuncias de lawfare. Pero el libro de entradas de la Rosada no se puede desmentir y los pone en evidencia. Hubo jueces que reclamaron a Hornos que dé explicaciones a sus colegas. Seguramente habrá excusas.
Si tuviera que ser juzgado por lo que sucedió solamente esta semana, el Poder Judicial argentino tendría que ser condenado por la práctica vergonzosa del lawfare. Pondrán mil excusas, pero los hechos son contundentes. Resulta evidente hasta para un ciego que la condena que avaló la Corte fue inventada como parte de una cascada de denuncias contra Milagro Sala. El único testigo es el policía que atendió el teléfono. Dijo que Milagro amenazó con poner una bomba en la comisaría si no devolvían las bombachas a la feriante.
Es el mismo modus operandi que con Cristina Kirchner o Amado Boudou y otros funcionarios kirchneristas. Los llenaron de denuncias para conseguir un impacto mediático que avalara las condenas irregulares que pudieran salir de esos juicios. Quedará en los anales del bochorno judicial el día que Cristina Kirchner fue citada por el mismo juez a declarar en ocho indagatorias. La denunciaron por robar objetos históricos: una carta de San Martín que le había regalado Putin y un bastón presidencial que le había regalado la familia del expresidente Héctor Cámpora.
Los jueces aceptaban denuncias o condenaban sin pruebas reales, con testigos comprados, o extorsionados o cuentas dibujadas y falsos peritos y eran aplaudidos como si fueran héroes de la patria. Personajes como el fallecido Claudio Bonadio eran recibidos por los funcionarios macristas con aplausos cuando ingresaban a la embajada norteamericana. Antes de ser convertido en héroe, Bonadio era el juez con más pedidos de juicio político en la Magistratura. Uno de ellos era por demorar una causa en la que los pacientes hemofílicos denunciantes se iban muriendo por haber contraído Sida en transfusiones de sangre mal hechas.
No son detalles. La mayoría de esas denuncias contra exfuncionarios kirchneristas se están cayendo. Otras ya tienen condenas, como la de Boudou. Todas, sin importar el estado judicial en que se encuentren, están invalidadas por ese mecanismo de lawfare. La única forma de hacer creíble esos juicios sería empezar de cero, con otros jueces y con los acusados en libertad.
En el gobierno existe la idea de que deberá ser el Poder Judicial el que se purifique a sí mismo. Exjueces como Carlos Rozanski y el ex magistrado Raúl Zaffaroni plantearon que la reacción corporativa entre los jueces y fiscales es más fuerte que cualquier intento de autodepuración.
En Brasil se produjo el caso emblemático de lawfare, como fue el Lava Jato, cuya culminación fue alejar a Dilma Rousseff y Lula del gobierno y reemplazarlos por el inepto Jair Bolsonaro. El Lava Jato fue tomado como modelo en otros países, además de Argentina para desprestigiar a dirigentes populares.
Pero ahora en Brasil, el descontento con el ultraconservador Bolsonaro creó el ámbito propicio para deconstruir el mecanismo que lo llevó al poder. El juez Gilmar Mendes, del Tribunal Supremo --equivalente a la Corte Suprema de Argentina-- ha dicho que “este modelo de Justicia es de un Estado totalitario, que fue complaciente con parte de los medios. Es, como dijo The New York Times, el mayor escándalo judicial de la historia de la humanidad. Está lleno de delitos, repercutiendo en todo el mundo”.
Dijo eso tras dar a conocer la décima parte de los diálogos que pusieron en evidencia la conspiración política entre los fiscales y el juez Sergio Moro para armar causas judiciales contra Lula.
The New York Times se había explayado sobre el tema: “El Estado de derecho está cada vez más en peligro (en Brasil) con el beneplácito de buena parte del establishment político y económico que ayer respaldó ciegamente la operación Lava Jato y hoy apoya la llegada de un político acusado de corrupción a la presidencia de la Cámara de Diputados (el bolsonarista Arthur Lira), al tiempo que el Presidente desarticula la mayoría de las instituciones de lucha contra la corrupción y el crimen”.
El juez Sergio Moro, la estrella del Lava Jato, pasó de ser un seguro presidenciable, al enorme descrédito y a trabajar en una consultora norteamericana sobre corrupción, seguramente con sede en Miami. En los diálogos de Moro con los fiscales que difundió el Tribunal Supremo quedó en evidencia la colaboración irregular del FBI norteamericano en esa conspiración.
“Moro y el Lava Jato usaron al Poder Judicial como 'la Stasi'”, dijo el magistrado Gilmar Mendez, para espiar a otros jueces, a la Afip brasileña y para filtrar esa información a periodistas amigos y así presionarlos a ratificar los fallos de primera instancia”. Pareciera que hablara de Argentina porque es el calco. La diferencia es que aquí todavía la Corte no cuestiona esos procedimientos. Se considera que estas revelaciones constituyen la antesala de la anulación de los dos juicios de Lava Jato contra Lula y su rehabilitación política.
En Bolivia, tras el triunfo reciente de Luis Arce y el regreso del MAS al gobierno, el Congreso amnistió esta semana a 1.200 personas perseguidas judicialmente por el golpe que derrocó a Evo Morales. La presidenta de facto Jeanine Añez gobernó un solo año. En ese tiempo volaron las acusaciones de corrupción para perseguir a dirigentes del MAS.
Mientras los legisladores del oficialismo votaban la amnistía, la oposición que había respaldado el golpe contra Evo gritaba “¡Dictadura no, democracia sí!”. Respaldaron el golpe pero acusan de dictadura al gobierno que ganó las elecciones y funciona con el Congreso a pleno.
La inflación, aplausos y otros dilemas
Al discurso de Guzmán, hay que sumarle los de Kulfas y Cafiero
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El tono cordial que tanto dirigentes sindicales como empresarios destacaron como rasgo saliente de los encuentros de esta semana con el gobierno, no será suficiente para definirlo como un "acercamiento" a un acuerdo de precios y salarios. Pero es un punto de partida, a partir del cual cada parte deberá empezar a "medir" las intenciones de los demás y definir su propio juego en esta puja distributiva. No hubo propuestas en firme, pero sí señales. La primer tarea será tratar de darle una lectura a las mismas. ¿Por qué los dirigentes empresarios de empresas líderes aplauden a Martín Guzmán al final de su exposición, pero no tuvieron la misma deferencia con Matías Kulfas o Santiago Cafiero? ¿Están escuchando posturas diferenciadas y han decidido tomar partido?
Si así fuera, hay una primera lectura errónea con respecto a lo que el gobierno fue a plantear. Las exposiciones del jefe de ministros y de cada uno de estos últimos a los que les tocó hablar, están obviamente consensuadas. Cada uno atiende una parte de un discurso único. Tanto es así que las presentaciones de Cafiero y de sus ministros se dieron en una secuencia continua antes de cederle la palabra a la parte empresaria. Pero en algunas de las reflexiones de dirigentes empresarios que estuvieron presentes sugieren que se interpretó que, mientras Guzmán defiende la estabilidad económica, financiera y cambiaria y expone la "moderación" del gobierno frente al sector privado, Kulfas vendría a ser quien levanta el dedo acusador contra los "formadores de precios", una calificación que ya son varios los dirigentes patronales que han hecho saber que no les cae bien.
A través de sus distintos expositores, el gobierno reclamó el compromiso de todos para vigorizar el mercado interno (Cafiero), en un marco de estabilidad y responsabilidad fiscal y cambiaria (Guzmán) y, ante la realidad de una disparada inflacionaria, la necesidad de hacer un seguimiento de las cadenas productivas por sector para detectar los desvíos de precios y sus causas (Kulfas).
El cómo, quedó para definirse más adelante, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le tiró una sugerencia a los dirigentes sindicales el miércoles que debe haber llegado a los oídos de alguno de los dirigentes empresarios que concurrieron a la reunión del jueves. Convocó a los gremialistas a comprometerse en el control o seguimiento de los precios, pero no acompañando las inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior a las góndolas, sino en cada eslabón de las cadenas productivas y, fundamentalmente, en la producción de insumos esenciales. Para las crónicas de estos encuentros, esta señal pasó despercibida.
Son los temas de los cuales todavía no se empezó a discutir, pero serán los que van a tensar las relaciones cuando aparezcan en la mesa. Controles de precios, no sólo de productos finales esenciales sino de insumos difundidos: una carta que el gobierno todavía no mostró pero la dirigencia empresaria sabe que jugará. El gobierno ofrece para este año un tipo de cambio controlado, tasas de interés negativas y moderación en las tarifas para no motorizar nuevos aumentos. Debería incluir en ese menú a los combustibles, que a partir del segundo semestre de 2020 jugaron un rol hiperactivo en el rebrote inflacionario. Además, para poder lograr mantener la calma actual en el mercado de divisas, debería poder asegurar una oferta suficiente de dólares. Pero no controla esa variable, en manos de un núcleo muy concentrado de grandes exportadoras.
Como, a la vez, el objetivo planteado por el gobierno es lograr una recuperación económica sólida, que incluya a todos los sectores de la sociedad, hay que mejorar los ingresos de la población. Ya la cuestión de los salarios es complicada por sí misma, porque el planteo de "ganarle por dos o tres puntos a la inflación" está pensado para la tasa de incremento de precios en la meta: 29%. Pero no para los niveles actuales de inflación (3,7% promedio en los últimos cuatro meses). Es como en esos partidos de Copa de ida y vuelta: si en el segundo partido hay que ganar por dos goles, el objetivo se ve accesible si hay que ganar 2 a 0. Pero si el rival hace 2, habrá que convertir 4. No es lo mismo.
De allí que la urgencia en frenar el ritmo inflacionario se antepone en el tiempo a la recuperación de los salarios, pero evitando que éstos lleguen muy retrasados, porque entonces se frustrará o postergará el objetivo de recuperación del consumo interno y de la economía en su conjunto. Además, los salarios no son "todo" el problema: casi un 50% de la fuerza de trabajo está sumergida en la informalidad y sus ingresos no se definen en un acuerdo paritario.
Según propuso esta semana Claudio Lozano, economista del IPyPP y director del Banco Nación, "la decisión de avanzar en un acuerdo de precios y salarios con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo y dinamizar el mercado interno debe complementarse, para ser efectiva, con una estrategia de universalización de ingresos sobre la población en situación de informalidad y desempleo. En una Argentina donde prácticamente el 50% de la fuerza de trabajo se encuentra en situación de informalidad o desempleo, no alcanza con la política salarial para recuperar los ingresos populares".
La propuesta, queapunta a fijar "un umbral de dignidad en materia de ingresos equivalente a un salario mínimo para todos aquellos que ingresan al mercado de trabajo", fue presentada esta semana ante la Mesa de la Lucha contra el Hambre, otro de los ámbitos donde se discuten las políticas públicas de lo que ya está siendo un año intenso. Tal cual lo señala en su presentación, esa propuesta no sería parte del Acuerdo de Precios y Salarios, pero sí un complemento necesario para lograr una recuperación económica asentada en el consumo popular.
En materia de controles de precios en cada uno de los eslabones, otro actor clave hasta acá ausente de las convocatorias a la Mesa del Acuerdo de Precios y Salarios es el entramado pyme. A diferencia de lo que ocurría un lustro atrás, hoy este sector tiene una representación y organización mucho más coordinada entre las distintas asociaciones que los agrupan. La Mesa Nacional de Unidad Pyme, Cgera, Apyme son entidades que se mueven en un mismo espacio y discuten propuestas en conjunto. Detrás de ellas se alinea casi todo el espectro de organizaciones pyme activas. La falta de identificación de representantes del sector ya no es una excusa para no sumarlas al debate.
Tampoco se trata de una formalidad o un "gesto amable" el invitarlos a la mesa. Es una necesidad. No son formadores de precios, pero se articulan con la compra de insumos, la producción de bienes intermedios, el vínculo estrecho con sus empleados y se relacionan con la capacidad adquisitiva de la población como ningún otro sector de la economía. Ya sean empresas familiares o asociativas. Es difícil imaginar que el diagnóstico de cómo se forman los precios en la economía y por qué en determinado momento se disparan, pueda llegar a buen puerto sin su aporte. Y si no hay buen diagnóstico, el camino a la solución será más empinado.
Llegan 580 mil dosis de AstraZeneca, que se suman a las 400 mil de Sputnik V
La semana próxima Argentina podrá vacunar a casi un millón de personas
A partir de la semana próxima, habrá un millón de dosis disponibles para inocular a los ciudadanos argentinos. A las 400 mil de Sputnik V que aterrizaron en el Aeropuerto de Ezeiza, hay que sumar las 580 mil de Oxford/AstraZeneca que llegarán el próximo martes. Producidas por el Serum Institute de la India, serán transportadas por la empresa de aviación logística DHL. Además, 580 mil más llegarán en marzo y con eso se cumplirá el acuerdo con la farmacéutica anglo-sueca cerrado por el gobierno días atrás para habilitar el arribo a territorio doméstico de “partidas adicionales”. En este marco, se incrementará el ritmo de inmunización masiva frente a la posible llegada de la segunda de contagios, cuando las temperaturas comiencen a descender.
Vale destacar que, a partir de marzo, AstraZeneca comenzará con los envíos sucesivos de lotes para completar en todo el 2021 los 22,4 millones de dosis comprometidas en agosto de 2020. En este caso, se trata de la sustancia activa que está siendo producida por el laboratorio argentino mAbxience (propiedad del empresario local Hugo Sigman) y que será empaquetada y distribuida a toda Latinoamérica (excepto Brasil) a partir del trabajo del Laboratorio Liomont de México.
Esta tarde aterrizó el avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú con las 400 mil dosis del componente 1 (adenovirus 26). De esta manera, el compromiso del Fondo Ruso de Inversión Directa (DRIF) y el Instituto Gamaleya queda saldado para esta semana. A partir del 14 de febrero, el gobierno de Vladimir Putin se comprometió e enviar de forma regular 1 millón de dosis por semana provenientes de India y no ya desde Moscú. Con lo cual, si todo marcha según lo pautado, es factible esperar por dos millones de dosis antes de que culmine febrero. No obstante, la experiencia ha demostrado que lo mejor es guardar cautela porque todas las empresas biotecnológicas que se encargan de la fabricación de fórmulas vacunales han informado de retrasos en sus cadenas productivas.
El envío por parte de Gamaleya de lotes del componente 1 guarda estrecha relación con la estrategia que diversas carteras sanitarias han puesto en marcha a nivel mundial. Aunque la inmunidad no es total, el nivel de protección ante un futuro contagio puede ser considerable con una sola dosis. Por eso, la balanza se está inclinando por inocular a la mayor cantidad de gente con una sola dosis y diferir la segunda.
En el marco de escasez internacional y de acaparamiento por parte de los países-potencia, el gobierno argentino continúa avanzando en varios frentes al mismo tiempo. La estrategia de colocar varios huevos en distintas canastas parece rendir sus frutos. Días atrás cerró el acuerdo con la empresa estatal Sinopharm, por intermedio del cual el laboratorio chino enviará 500 mil ejemplares de la dosis 1 y 500 mil de la dosis 2. Hasta la fecha, falta que se puedan destrabar aspectos burocráticos y el envío de documentación para el chequeo exhaustivo y la evaluación que realiza tradicionalmente Anmat con todos los productos. De esta manera, las dosis de AstraZeneca, las del Centro Gamaleya y las de Sinopharm deben sumarse a las que llegarán por parte del mecanismo Covax, instrumento creado por la Organización Mundial de la Salud que garantiza el reparto equitativo de vacunas a nivel mundial. Se trata de 2.200.000 de dosis que están comprometidas para el primer semestre de los 9 millones que compró Argentina.
El foco en el ritmo de vacunación
Ante la disponibilidad inmediata de vacunas, lo que habrá que analizar entonces es la distribución, la logística y el ritmo de inoculación en los vacunatorios de las diferentes provincias. No solo se trata de capacidad sino también de adquirir velocidad. En diciembre, un especialista en vacunas como el virólogo Mario Lozano, investigador del Conicet y exrector de la Universidad Nacional de Quilmes, aseguraba que se estaba en condiciones --en un ambiente ideal-- de vacunar a cinco millones de personas al mes, es decir, 4 personas por minuto durante 10/12 hs durante seis días.
En CABA serán 20 vacunatorios y cinco unidades móviles. Desde Salud buscan un acuerdo con el objetivo de que las sobras sociales y las prepagas también vacunen. Por caso, ya confirmaron el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, el Cemic, Osecac y ObSBA, aunque todavía no confirmaron otras como Swiss Medical, Galeno y Osde, precisamente las más importantes. A priori, lo que buscan estas últimas es asegurarse las suficientes dosis para todos sus afiliados y así evitar complicaciones. En cambio, en Provincia de Buenos Aires todo el proceso de vacunación utilizará la red de infraestructura pública. Para citar un caso emblemático, en La Matanza habrá 56 centros vacunatorios y cuatro hospitales y el objetivo es inocular unas 600 mil personas en las próximas semanas. El objetivo del gobierno es llegar con la mayor cantidad de la población de riesgo inmunizada frente a la segunda ola, que se espera para cuando comiencen a descender las temperaturas y las personas comiencen a realizar sus encuentros en sitios cerrados y desprovistos de ventilación.
Casación los había convocado para el 1 de marzo pero lograron cambiar la fecha
Dólar futuro: Cristina Kirchner y Axel Kicillof harán su alegato el próximo 4 de marzo
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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le hizo saber a la Sala I de la Cámara de Casación que la propia vicepresidente será la que haga el alegato respecto de la causa llamada dólar futuro y lo propio se anticipa respecto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Como los jueces convocaron para lunes 1 de marzo, el abogado Carlos Beraldi reclamó que se ponga una nueva fecha porque coincide con la apertura de sesiones en el Congreso Nacional. Por la tarde de este viernes, la Casación cambió la convocatoria para el jueves 4 de marzo. Además, Beraldi reiteró su pedido de que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación.
Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña deben resolver, de hecho, si se hace o no el juicio que corresponde a ese expediente, abierto con bombos y platillos por varios referentes de Cambiemos. Como anticipó Página/12 la acusación fue demolida por una pericia, firmada de manera unánime, en la que se concluyó que no hubo ningún perjuicio para el estado, que el Banco Central igual tuvo ganancias en 2015, que incluso tuvo más ganancias que en 2016, que se trató de una política destinada a evitar una corrida cambiaria y que permitió conservar reservas. Tras semejante dictamen, parece obvio que corresponde la inexistencia de delito y asoma como delirante la realización de un juicio que va a durar dos años.
No obstante, el fiscal Diego Velasco insistió en que el juicio se debe hacer y dos de los tres jueces del Tribunal Oral le dieron la razón. El recurso llega ahora a la Cámara de Casación.
No sólo CFK va a hablar en la audiencia sino también el otro acusado estrella, el gobernador Kicillof, por entonces ministro de Economía. No se sabe cuál será el contenido de ambos alegatos, pero una de las cuestiones más evidentes es que los únicos beneficiarios de Dólar Futuro, los únicos que tuvieron ganancias, fueron empresarios y consultores de Cambiemos -Mario Quintana, Nicolás Caputo, Gustavo Lopetegui, entre muchos otros-, luego convertidos en ministros, que produjeron una fuerte devaluación con la que se beneficiaron ellos mismos. El obvio instructor de la causa, el fallecido Claudio Bonadío, autorizó a pagarles las ganancias, demostrando que la política había sido legal.
Por lo pronto, el defensor de CFK, Beraldi, presentó este viernes un escrito pidiendo el cambio de fecha por el inicio de sesiones. El traslado al 4 de marzo se confirmó un rato más tarde. Finalmente, Beraldi reiteró un pedido que ya hizo hace un tiempo: que la audiencia sea abierta a los medios de comunicación. La Casación no dijo nada sobre eso y el abogado insistirá con ese reclamo
La lógica indica que Petrone, Figueroa y Barroetaveña podrían inclinarse por la inexistencia de delito, tal como lo señala la pericia hecha por contadores del Banco Central. Del otro lado está la coalición político-judicial-mediática alineada con Cambiemos y con sede en Comodoro Py, que pulseará para ver a CFK, Kicillof, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y muchos otros en el banquillo de los acusados. Sin embargo, ni los denunciantes originarios del PRO -Mario Negri y Federico Pinedo- ponen ahora el acento en este expediente. A esta altura quedó claro que fue pura persecución política y ocupar las tapas de los diarios.
El megacrédito otorgado a Argentina bajo examen de una auditoría interna
El FMI investiga, pero su pasado lo condena
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En el FMI barajan dos investigaciones sobre el mega-crédito otorgado a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. Una de ellas está rodando ya hace varios meses y está liderada por el economista noruego Odd Per Brekk. Se trata de un procedimiento de rutina que el organismo encarga para todos los préstamos por montos excepcionales, como fue el crédito de 57 mil millones de dólares aprobado para la Argentina, de los cuales se entregaron 44 mil millones. Tendrá implicancias políticas si se publica antes de la conclusión de la renegociación que está manteniendo el actual gobierno con las autoridades del Fondo. De todas maneras, los antecedentes en esta materia obligan a tener mucha cautela: a pesar del profundo informe del Fondo sobre la crisis de 2001, años después el organismo volvió a una suerte de relación carnal con Mauricio Macri y resultado es, nuevamente, un enorme costo social.
A la investigación del noruego se le podría sumar un informe de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del FMI. La IEO identificó una serie de posibles temas de evaluación para la gestión 2021-2022, entre las cuales está la “política de acceso excepcional”, en donde sobresale un “caso particularmente difícil como la Argentina”, admite. Por ahora la IEO dijo que va a avanzar en otra propuesta de estudio, vinculada a la reacción del FMI a la crisis de la pandemia.
En 2004, la IEO publicó un reporte de 184 páginas sobre el caso argentino 1991-2002 con críticas a la conducción del FMI de aquel momento. Ese escrito incluyó una serie de "lecciones" entre las cuales se destaca que "el nivel de deuda sustentable para las economías de mercados emergentes puede ser más bajo de lo que se había pensado" y que "cuando hay preocupaciones válidas en torno a la sustentabilidad de la deuda y del tipo de cambio, no es razonable prever que los flujos de capital cambien voluntariamente de sentido".
¿La deuda era sostenible?
El 20 de junio de 2018, el directorio del Fondo, liderado en ese momento por Christine Lagarde, comunicó la aprobación de “un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de tres años por 50 mil millones de dólares, equivalente a alrededor de un 1.110 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI”. Por el monto involucrado, se trató de un tipo especial de acuerdo Stand-By denominado de “acceso excepcional”. Desde hace unos meses, el Fondo está llevando adelante una evaluación “ex post” del programa Stand-By firmado con la Argentina en 2018. Es una exigencia interna que aplica para todos los casos de programas de “acceso excepcional” a financiamiento.
La “política de acceso excepcional” fue introducida en 2002. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable. Caso contrario, el Fondo debería exigir al país una reestructuración antes el otorgamiento del crédito. Este punto debiera ser el nudo de la investigación interna del organismo, dado que solo tres meses después del acuerdo, el 26 de septiembre, el FMI modificó las condiciones del crédito y amplió su monto a 57 mil millones, en un contexto de creciente presión cambiaria e incertidumbre económica. Y apenas un año después, en la previa de las elecciones presidenciales, el acuerdo se cayó, ya que el Fondo no otorgó el último desembolso prometido a Macri. Finalmente, en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández y en la previa de la renegociación con los bonistas privados, el FMI admitió que la deuda argentina no era sostenible.
El mejor alumno
Argentina fue protagonista del informe "El rol del FMI en Argentina 1991-2002", publicado en 2004 por la IEO. A lo largo de sus 184 páginas, el organismo analiza cada una de las decisiones tomadas por el Directorio del Fondo de aquel momento.
"La crisis argentina tuvo devastadoras repercusiones tanto en lo económico como en lo social, e hizo que muchos observadores cuestionaran el papel cumplido por el FMI durante la década precedente, período en el que la institución había trabajado casi sin interrupción en el país por medio de cinco acuerdos de financiamiento sucesivos", describe dicho informe.
"La crisis argentina ofrece varias lecciones para el FMI, algunas de las cuales ya se incorporaron en nuevas políticas y procedimientos", asegura el texto. Entre esas "lecciones", se destaca la que advierte que "el nivel de deuda sustentable para las economías de mercados emergentes puede ser más bajo de lo que se había pensado" y otra que postula que "cuando hay preocupaciones válidas en torno a la sustentabilidad de la deuda y del tipo de cambio, no es razonable prever que los flujos de capital cambien voluntariamente de sentido". Entre las recomendaciones, el informe indica que "la supervisión que ejerce el FMI debería centrarse en la sustentabilidad del tipo de cambio y de la deuda a mediano plazo".
A pesar de aquella autocrítica, en 2018 el Fondo volvió a financiar un programa insostenible y el resultado, es otra vez, es una deuda impagable.
Otros casos “excepcionales”
Desde 2002, el FMI aprobó 21 acuerdos con acceso excepcional a financiamiento, una cuarta parte de todos los acuerdos de fondeo celebrados con países miembros. Sin embargo, el monto mucho más alto de estos acuerdos especiales hace que expliquen más de tres cuartas partes del financiamiento total que brindó el organismo en ese período. Los últimos préstamos de acceso especial son los de Argentina (2018) y Ecuador y Egipto, ambos en 2020, en medio de la crisis de la pandemia.
Una de las últimas evaluaciones publicadas es la de Ucrania, por el préstamo de 2015 por un total de 17.500 millones de dólares (900 por ciento de la cuota parte del país), en medio de la crisis bélica por la península de Crimea. Aunque seguramente el informe más importante hasta ahora sea el de Grecia, que evalúa el préstamo de 28 mil millones de euros (2159 por ciento de la cuota parte) en conjunto con la inyección de 144 mil millones de euros de parte de la Unión Europea, tendientes a salvar al sistema financiero que quedó al borde del colapso luego de la crisis subprime.
Compró 235 millones de dólares en la semana
El Central prendió la aspiradora
Imagen: EFE
El Banco Central compró 235 millones de dólares en el mercado de cambios en la semana. Este viernes no tuvo intervenciones pero en las jornadas anteriores registró compras de más de 100 millones de dólares por día. La autoridad monetaria acumuló en lo que va de febrero compras por más de 400 millones de dólares y aún quedan 8 jornadas hábiles.
De esta forma quedaron opacados los pronósticos de consultores del mercado que aseguraban que durante febrero iban a volver las presiones cambiarias y las dificultades del Banco Central para continuar acumulando reservas internacionales. El equipo económico consolidó una tendencia de compra de divisas en los últimos tres meses cuando en diciembre la autoridad monetaria adquirió más de 600 millones de dólares por primera vez desde mitad de año.
Parte de este resultado se explica por la moderación de la brecha cambiara y la relativa estabilidad de los últimos meses. En octubre la diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación había superado el 100 por ciento. Actualmente se ubica por debajo del 65 por ciento y muestra una volatilidad reducida.
Las expectativas de devaluación del mercado bajaron fuertemente en las últimas semanas y luego de las declaraciones del ministro Guzmán acerca de la pauta de ajuste del tipo de cambio oficial del 25 por ciento para 2021 continuaron bajando los precios del dólar futuro.
El combo de controles cambiarios, colocación de deuda en moneda local, regulaciones a las agencias de bolsa, entre otros fueron claves para consolidar la estabilidad cambiaria. El precio de los dólares financieros (contado con liquidación y tipo de cambio paralelo) se mantiene debajo del dólar ahorro usado como referencia por el equipo económico.
Este viernes el contado con liquidación terminó en 151,61 pesos al retroceder 0,4 por ciento en la jornada. El dólar paralelo se ubicó en 150 pesos con un alza de un peso respecto del jueves pero una baja de dos pesos en los últimos tres días. Por su parte el dólar ahorro (con el impuesto País y el recargo a cuenta de ganancias) se ubicó en 155 pesos.
Por el lado de las acciones hubo un retroceso del 0,4 por ciento en el índice Merval con empresas que perdieron hasta 3 por ciento. En la bolsa de Nueva York algunas compañías dedicadas al negocio de la energía como Pampa rebotaron casi 6 por ciento mientras que las acciones de los bancos perdieron hasta el 4 por ciento.
Los bonos en moneda extranjera continúan marcando retrocesos. Los de corto plazo como el Bonar 2030 bajo legislación local perdieron 1,5 por ciento. El riesgo país se ubicó en 1461 puntos con una leve disminución de 1 punto.
En el mercado especulan que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si se concreta en el segundo trimestre de este año será un catalizador de las compras de estos títulos públicos. El rendimiento de los bonos argentinos se ubica muy por encima del retorno de los bonos regionales (17 por ciento contra 5 por ciento). Esto genera una oportunidad de arbitraje.
Por el lado de los bonos en moneda local se destacó la suba de los activos atados a la inflación. Por ejemplo el TX26 marcó un incremento del 2,5 por ciento y en lo que va del mes acumula una suba del 6 por ciento. La inflación reportada por el Indec del 4 por ciento sumada a una cifra idéntica de diciembre potencia las compras de estos bonos.
El hermano del expresidente controlaba las operaciones desde Luxemburgo
Parques eólicos: Gianfranco Macri, el hombre detrás del negocio
Como suele ocurrir con las estructuras societarias que son afincadas en países que cuentan con una laxo sistema impositivo y altos niveles de secreto, ya sea para ocultar a sus verdaderos dueños y/o evadir impuestos y disimular movimientos de dinero. La causa sobre el pasamanos que se hizo con los parques eólicos en la Argentina está a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi desde comienzos de 2018. El expediente cuenta con una reconstrucción del entramado de empresas que participaron de la compra y la reventa de seis parques eólicos, y que conducen a la familia Macri, pero hasta ahora Lares no figuraba en la investigación y parece completar el circuito. El rastreo sí había llegado hasta Rainbow. El dato novedoso fue publicado ayer por La Nación, que es uno de los medios socios de OCCRP. En estos tres años de investigación, no hubo llamados a indagatoria, aunque el nombre de Gianfranco ya era una de las llaves de la causa, igual que el de un contador de Grupo Macri, Mariano Payaslián. El eje de la pesquisa es establecer si hubo un tratamiento especial para las empresas vinculadas a la familia Macri y qué funcionarios lo facilitaron. Hasta ahora los Macri aparecían como aparentes socios del negocio, pero el hallazgo de Lares Corporation sería un indicador de que lo manejaban o era de ellos.
Para entender qué ocurrió con los parques eólicos hay que remontarse a 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner lanzó un plan que se llamaba "Generación de Energías Renovables" (Genren). Allí se abrieron licitaciones y la concesión de cuatro parques eólicos en Chubut fue otorgada a la española Isolux, vieja socia del Grupo Macri. Cuando Mauricio Macri llega a la presidencia el contador Payaslian vinculado a algunas de las empresas de la familia constituyó una empresa para negocios financieros llamada Usir Argentina SA, y a lo largo de 2016 ,conformó otra llamada Parques Eólicos Miramar y otras dos, Sideli SA y Sidsel SA. Usir resultó controlante de Sidsel y Sideli, que a la vez están vinculadas en alrededor del 10 % a Sideco, de los Macri. Ese año, Isolux había caído en el incumplimiento de los contratos, tenía denuncias por todo el mundo, estaba quebrada y señalada por corrupción. Vende y transfiere las concesiones de cuatro parques eólicos Loma Blanca I, II y III a Sidsel SA y Loma Blanca IV a Sidelli. Todo esto fue revelado por la periodista Emilia Delfino en Perfil. En esa compra aparecerían incluso invirtiendo los jugadores de Boca Juniors Carlos Tévez y Guillermo Barros Schelotto. La lógica era que se revocara la concesión a Isolux y se llamara a licitación, pero eso no se hizo.
Pese a que había anunciado un proceso de desinversión Isolux vuelve a comprar las concesiones de otros dos parques eólicos el 28 de octubre de 2016, en una licitación convocada por el ministerio de Energía, y obtuvo los parques eólicos Miramar, en la provincia de Buenos Aires, y Loma Blanca VI, en Chubut. Pese a que el entonces titular de la cartera, Juan José Aranguren, objetó la adjudicación por los incumplimientos de Isolux, todo siguió adelante. Al poco tiempo, Isolux vendió estos dos parques a las empresas creadas por Paysalian. Para mayo de 2017 las concesiones de los seis parques ya habían sido revendidas: Loma blanca I, II, III, VI y Miramar fueron comprados por la empresa china Goldwind y Loma blanca IV fue adquirido por Genneia, del grupo Brito. Entre lo que se pagó y lo que se obtuvo por la venta, la red de empresas que desemboca en los Macri habría obtenido 69, 2 millones de dólares de ganancia.
Después de las primeras denuncias presentadas por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, comenzaron a salir a la luz nuevos datos relevantes: una cuenta en Nueva York vinculada a Socma y Sideco, con movimientos de dinero que estarían ligados a Tévez, entre otros; un préstamo que recibió Gianfranco Macri de 5 millones de dólares a través de Usir "a cuenta de dividendos"; y la constatación de que Usir SA era filial de Usir International Holding SL, que pertenece a la offshore Luxemburgo Rainbow Finance SA, radicada en Luxemburgo. Desde Socma, ante la consulta de los periodistas Hugo Alconada Mon e Iván Ruiz, dijeron que Lares Corporation fue la empresa de Gianfranco que "encaró los negocios de energías renovables" y que "está declarada en la AFIP". Sus inversiones, señalaron, las hizo a través de Rainbow Finance. Lares se usó, dijeron, para operar dinero de la inversión y de la venta de los parques eólicos. Es curioso que los balances de Lares en Luxemburgo darían pérdidas. La excusa para su radicación allí eran cuestiones burocráticas.
Martínez de Giorgi, se supone, intenta reconstruir el entramado de sociedades, los verdaderos nombres detrás, la obtención de privilegios en el gobierno de Macri y qué funcionarios los facilitaron. Los delitos en la mira son: negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública.
En la época de la compra de los parques de los negocios familiares participaban también Mariano Macri, otro hermano del ex presidente y los hijos de éste, que terminaron vendiendo su participación en Socma a Gianfranco. En el libro Hermano del periodista Santiago O´Donell, Mariano Macri cuenta que "en esas operaciones de energías alternativas a nosotros la empresa nunca nos pasaba un papel. En el caso de los parques eólicos Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio, sin duda alguna".
Es probable que el juez ahora rastree los elementos que llevan a Lares Corporation y que los diputados denunciantes le pidan citaciones de los personajes centrales que ya se conocen en esta historia.
Fuente:Pagina12
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