11 de febrero de 2021
Primera mesa de precios y salarios entre el Gobierno y los gremios
Los sueldos y la inflación, un pacto político
Imagen: Télam
Dos horas duró la primera mesa del acuerdo de precios y salarios entre el Gobierno y los sindicatos. Dos horas en las que todos los actores presentes sostuvieron coincidencias casi totales y en las que los ministros del Ejecutivo dejaron dos premisas: no habrá techo para las discusiones paritarias y es necesario que haya un trabajo articulado con los sindicatos -como también se les pedirá a los empresarios- para un acuerdo político de monitoreo responsable de la evolución de los precios y variables.
Mientras se armaba la mesa rectangular en el Museo del Bicentenario, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comandó una mini reunión del Gabinete Económico en la que se acordaron algunos puntos para llevar a la charla con la CGT, CTA y los gremios fuera de esas centrales obreras. Un rato después, el jefe de ministros volvió a espantar fantasmas ante los gremios y recalcó la premisa uno: que "las paritarias no tienen techo porque este es un gobierno peronista". Además, les dijo a los presentes que "ustedes son el núcleo de la recuperación de la Argentina, queremos que sean protagonistas".
Otras dos ideas rectoras dejaron los funcionarios: que la reunión de este miércoles fue "la primera de varias" porque, según especificó el Gobierno, lo que se busca es más que una foto y un convenio parcial. Los ministros creen que los acuerdos de precios nunca funcionaron en la Argentina dado que carecían de un pacto político con todos los actores del poder económico. Y que ésta es la chance de lograrlo en esta instancia y las superiores, como el Consejo Económico y Social. El segundo punto, que las voluntades tienen que alinearse detrás de los mandatos de una ley de leyes que es casi un mandato divino para el Gobierno: el Presupuesto 2021.
Junto a Cafiero y Moroni participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán (uno de los más activos con un diagnóstico de la situación general y marcando el caracter político del encuentro); el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Moroni, que jugó de local con los sindicatos, también refirió a la necesidad de "un buen proyecto macroeconómico", combinado con "acuerdos políticos". Y concluyó que "el proyecto político de este gobierno es que los salarios reales le ganen a la inflación".
Por el lado de los gremios, se sentaron, entre otros, el jefe de la CGT, Héctor Daer, Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM); Jose Luis Lingeri (Aguas); Rodolfo Daer (Alimentación); Roberto Fernández (UTA); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH); Sergio Palazzo (Bancarios); Hugo Moyano (Camioneros); Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA);más Hugo Yasky y Ricardo Peidro, de CTA.
La voz de los trabajadores
Cuentan los presentes que el clima fue particularmente positivo y que hubo apoyo total de los gremios a la gestión en la pandemia y a la línea económica. El Gobierno les devolvió agradeciendo el rol que jugaron las clínicas y sanatorios sindicales en la atención médica. Por otra parte, Yasky, Daer y Caló fueron de los más activos respecto a la crítica a los "formadores de precios", apuntados como "responsables" de los desbordes en los valores, sobre todo de alimentos.
Otro de los que jugó fuerte apoyando la gestión fue Moyano. "Estoy convencido de que esto va a tener éxito por la forma en la que ha se ha desarrollado este gobierno, porque lo hace con responsabilidad, no imponiendo sino con convencimiento, como dijeron mis compañeros nos tienen a todos nosotros, el gobierno va con calma, esta conversa le hace bien a la sociedad", explicó en relación al acuerdo de precios.
Martínez, de la UOCRA, le hizo un guiño a la apuesta oficial a los números del Presupuesto. Aseguró que espera que se pueda cumplir la pauta inflacionaria del 29 por ciento, ya que esa distorsión económica es "un impuesto a la pobreza" y afirmó que cualquier medida en ese sentido "es muy positiva".
Así, la pelota quedó ahora del lado de los empresarios, que se verán estes jueves en la misma mesa con el Gobierno, con la marcha de los precios como eje central.
Acordaron seguir negociando precios razonables para los alimentos
Alberto Fernández recibió a la Mesa de Enlace en Casa Rosada
Quizás no sea una gran novedad en términos generales, ya que otros sectores del llamado "campo" ya lo vienen haciendo, pero sí lo es para la Mesa de Enlace, que hasta ahora había rechazado la negociación que realizó el Consejo Agroindustrial para llegar a soluciones en cadenas específicas como la del maíz y la del aceite. Justamente la Mesa de Enlace, ligada a los sectores más duros del PRO, llamó a un lockout empresario cuando el Consejo negociaba con el Gobierno una salida para mantener precios accesibles del maíz en el mercado interno sin afectar las exportaciones.
El encuentro entre los cuatro dirigentes agrarios (Daniel Pelegrina, Jorge Chemes, Carlos Achetoni y Carlos Iannizzotto) y Alberto Fernández (acompañado por Cecilia Todesca, Felipe Solá, Luis Basterra y Gustavo Béliz) empezó en un clima de cierta tensión, que se fue aliviando hacia el final. Inicialmente, los integrantes de la Mesa expusieron su rechazo a la imputación de ser responsables de la inflación. "No somos formadores de precios y la incidencia de las materias primas en el precio de los alimentos es muy baja", afirmaron sustentados en una serie de cálculos que llevaron al encuentro.
Estos fueron rebatidos por el ministro de Agricultura, que advirtió que el impacto en el precio final era mucho mayor, si no en todos, en algunas de las cadenas que acaban de describir. Este fue el caso de la carnes aviar y la incidencia del maíz sobre el precio final, con gruesas diferencias entre el cálculo oficial y la estimación de los ruralistas.
El cuarteto rural cuestionó también el precio que le pagan las cerealeras a los productores, señalando que "no reflejan en su totalidad" la suba de precios internacionales. Y que a su modo, la producción ya está en los hechos haciendo un "desacople" entre precios externos e internos.
A su turno, las autoridades nacionales (principalmente, Todesca y Basterra) plantearon la preocupación del gobierno: sea como fuere el reparto de responsabilidades, "los precios de los alimentos se encarecieron y hoy son inaccesibles para muchos argentinos", lo cual requería un gran esfuerzo de todos los sectores involucrados.
Los ruralistas pideron no ser señalados como responsables de los aumentos, lo cual fue respondido por el propio presidente de la Nación. "Con los demás venimos hablando, todos tienen que hacer un esfuerzo, todos los eslabones de la cadena, y le solicitamos a ustedes que también se comprometan" para que, a través de un diálogo fluido, todos aporten a lograr el objetivo.
Fue en ese momento que uno de los dirigentes rurales lanzó la pregunta: "¿Sin retenciones?", que disparó la respuesta de Alberto Fernández descripta al inicio de esta nota. "Yo no quiero aumentar retenciones", dicho por el presidente, fue la llave que abrió la puerta al inicio de un nuevo diálogo que, por ahora al menos, compromete a la Mesa de Enlace a bajar las armas y comprometerse al diálogo y "el esfuerzo compartido" para el aquietamiento de los precios de los alimentos.
El compromiso asumido es "revisar cómo están funcionando los distintos eslabones" de las cadenas productivas y de comercialización para detectar por qué se están produciendo desvíos de precios que, a esta altura, todos parecerían admitir que son injustificados.
El tono de las declaraciones de los dirigentes rurales a la salida del encuentro pareciera marcar que el clima cambió. Jorge Chemes (Confederaciones Rurales) aseguró que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que haya "reuniones más seguidas" en donde se analicen las cadenas de comercialización. Se mostró optimista, además, frente a la convocatoria del Consejo Económico y Social. "Es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar definitivamente a la inflación de la economía", agregó
Por su parte Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro, indicó que "hubo acercamiento con el Gobierno y se estableció una hoja de ruta que es el diálogo. Nos vamos a poner a trabajar para ver cómo llevarle tranquilidad al sector productivo". El desafío, ahora, es ver si esta nueva relación arroja resultados en materia de precios en el mostrador.
La reunión fue agendada horas después de que las entidades del campo le solicitaran a Alberto Fernández debatir propuestas para estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo a un incremento de los derechos de exportación o la instrumentación de cupos a la exportación de productos primarios.
En los últimos días, el Gobierno mostró su preocupación por el impacto que tuvo la suba de los precios internacional de los commodities en los alimentos locales. Para evitar el traslado a góndola, planteó la necesidad de que los productores ofrezcan soluciones si querían evitar que el Estado resuelva la situación con las dos herramientas a su alcance: retenciones o cupos.
"Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos.Tienen que entender que son parte de la Argentina. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos", aseguró el Presidente el domingo en Página/12.
El ministro expuso ante los gremios objetivos y medidas del Gobierno
Las tres prioridades de Guzmán
El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó una evaluación de la situación económica con el foco puesto en adelantos de medidas y señales que dará la política en este escenario. Fue una adaptación a medida de los discursos que viene dando en universidades y organizaciones de las provincias del Interior que recorre.
En ese diagnóstico ante gremios hizo centro en temas candentes como el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos, la inflación y los alimentos. No fue casual la exposición, dado que el Gobierno entiende el pacto de precios y salarios como una parte de un acuerdo político integral en el que precisa que todos los actores que manejan el poder en la Argentina comprendan la pretensión oficial de llegar a determinados objetivos.
Arrancó hablando de "tres prioridades de la gestión en lo inmediato, dos de ellas económicas y, una, política”. Detalló que “desde el punto de vista económico, son tener un esquema de política macro para la recuperación de la actividad económica junto a una mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores y la segunda es reducir la inflación”. Y continuó: “La tercera prioridad, política, es que esto se haga sobre la base de acuerdos que robustezcan y permitan que aquello que programamos en lo económico se pueda volver una realidad”. Asimismo, el ministro aseguró que “hoy tenemos condiciones para que la inflación se vaya reduciendo año a año y es factible".
Por otra parte, destacó que, "como queremos acumular reservas, el tipo de cambio nominal se va depreciando en función de las presiones que consideramos que hay desde la emisión para financiar el Presupuesto". Y agregó que "dijimos que a diciembre de 2021 el tipo de cambio promedio estará en 102,40 pesos. Eso es más o menos 24 ó 25 por ciento de depreciación en el año".
El punto de Guzmán es central para la previsión cambiaria. Explicó en esta línea que "elegimos una secuencia de política cambiaria que concentre la depreciación del tipo de cambio en los primeros meses del año, pero la pauta de política cambiaria está definida y es aquella que establece el Presupuesto. Es decir que desde el punto de vista macroeconómico tenemos los instrumentos para apuntar a aquello que apuntamos".
Pegada a esa afirmación, mencionó la cuestión tarifaria, un enigma que empieza a develarse con las manifestaciones de funcionarios y que es de suma importancia por el impacto en el bolsillo del costo de los servicios públicos. "Al mismo tiempo -expresó el ministro- avanzamos en un cuadro tarifario que esté dentro de los contornos de la Ley de Presupuesto. Ahí están todos los precios de la economía. Esto nos dice que es factible tener una inflación de alrededor de 29 ó 30 por ciento".
De esta manera, adelantó la idea reactora sobre tarifas que se escuchó en las últimas horas de boca del titular de Diputados, Sergio Massa, y ahora de la del propio Guzmán: que los aumentos que se estipulen para luz y gas, estarán por debajo de los aumentos de los salarios.
"Hoy lo que viene ocurriendo es que mucha gente extrapola lo que ocurrió en el último trimestre del año, y lo que va a ocurrir en los primeros tres meses para todo el año. Eso es un error", siguió Guzmán ante la escucha atenta de los sindicalistas. "Hay factores que han estado presentes en el último trimestre del año y en los primeros meses de 2021 que no tendría sentido extrapolar para más adelante, incluyendo factores como el tema de lo que fue el salto en los precios internacionales en un contexto de pandemia, en el cual en todo el mundo cambiaron la demanda por cosas que se consumen en el mundo. Se consumen más alimentos y menos servicios, y hubo inflación de alimentos que le pegó a todo el mundo", concluyó.
El Frente de Todos cuenta con los votos en ambas Cámaras
El oficialismo avanza con la modificación del impuesto a las Ganancias
En ese marco, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, calificó hoy como "brillante" el proyecto de ley que busca reformar el impuesto a las Ganancias y adelantó que será recibido "con beneplácito" en la Cámara alta. Tras reunirse esta mañana con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el senador del Frente de Todos por Córdoba declaró que espera "un pronto tratamiento" en esa Cámara para su sanción definitiva en el Senado. "Esperamos que pueda darse tratamiento urgente en Diputados y llegue prontamente al Senado. Lo recibiremos con beneplácito el proyecto para el análisis, discusión y sanción de ley definitiva en nuestra Cámara alta", expresó el senador tras el encuentro.
El proyecto que fue presentado por Sergio Massa propone elevar el mínimo no Imponible para que no se les descuente el impuesto a los trabajadores que cobren un salario de hasta 150 mil pesos brutos. "Los beneficios de la ley son claros, los trabajadores que ganan hasta 150 mil pesos no pagarán ganancias y esto permitirá que más de 1.267.000 empleados y jubilados dispongan de más ingresos y fomente el consumo", subrayó.
Caserio informó que se entrevistó con Massa para conversar sobre los principales puntos y ventajas de la propuesta que comenzará a discutirse en Diputados. "Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado es necesario conocer todos los detalles del proyecto, que es muy beneficioso para muchos trabajadores y jubilados", remarcó. Para el legislador se trata de "una brillante iniciativa" que está llevando adelante "el presidente Alberto Fernández y todo el equipo de Diputados".
Según pudo saber Página/12, los senadores de Juntos por le Cambio esperarán el trámite en la Cámara baja para sentar públicamente su posición. Sin embargo, uno de los voceros del bloque anticipó que la intención de Juntos por el Cambio es acompañar el texto. "Nosotros tenemos un proyecto presentado en el mismo sentido en la Cámara de Diputados, lo lógico es apoyar la iniciativa. Más allá de eso el bloque va a esperar para ver como se desarrolla el debate en Diputados", confirmó un asesor a este diario.
Más allá del apoyo, lo cierto es que desde Juntos por el Cambio buscarán introducir algunos cambios en el texto durante su trámite en Diputados. En ese sentido, el secretario de la comisión de Presupuesto y uno de los referentes económicos de JxC en la Cámara baja, Luis Pastori, detalló: "apoyamos el proyecto porque beneficia a mucha gente, pero vamos a proponer cambios para hacerlo más progresivo y equitativo".
Por su parte, desde el oficialismo confirmaron que el texto cuenta con los votos para ser aprobado tanto en Diputados como en Senadores y que la extensión del trámite parlamentario dependerá de la cantidad de expositores. En ese contexto, el Frente de Todos espera sancionar la norma a mediados de marzo.
Si bien la iniciativa puede comenzar a tratarse en Comisión durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Presidente deberá firmar un decreto que incluya al proyecto en el temario para que pueda ser tratado en el recinto de la Cámara de DIputados antes de fin de año. Sin el decreto, la modificación del impuesto a las Ganancias tendrá que esperar hasta el 1 de marzo para poder ser debatida por el pleno del cuerpo.
Pretenden que sea la Corte porteña la que intervenga en el expediente judicial
Causa Correo: Los Macri buscan un tribunal amigo en la ciudad de Buenos Aires
Irina Hauser
La empresa de la familia Macri desató una cruzada con distintos tipos de ataques dirigidos a la fiscala Boquin. Dentro del expediente del concurso de acreedores desacreditó sus decisiones en forma reiterada. En una ocasión llegó a la Corte Suprema de la Nación en un intento por evitar su intervención en las denuncias e investigación sobre maniobras de vaciamiento de la empresa, que pueden complicar la situación del Correo y aumentar las chances de una declaración de quiebra. Los supremos la respaldaron. El año pasado, directamente la recusaron en la causa donde está pendiente el pago de la deuda del Grupo Macri al Estado, que supera los 4500 millones de pesos. La sala B de la Cámara Comercial rechazó la recusación con el argumento, entre otras cosas, de que los fiscales no pueden ser recusados: tienen deber de objetividad, pero no de imparcialidad como los jueces.
El Correo volvió a la carga con una presentación de 105 páginas (incluidos anexos y otros viejos escritos) donde plantea la inconstitucionalidad de aquella decisión de la Cámara y pide que la recusación sea resuelta por el Tribunal Superior porteño que preside Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata fallida de Mauricio Macri para la Procuración General, y tuvo como sus dos últimas incorporaciones a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, a Santiago Otamendi, que fue secretario de justicia de la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia con el macrismo, y a Mónica Vivian de Langhe. El TSJ pertenece a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sus miembros son elegidos por la Legislatura Porteña y el Poder Ejecutivo porteño. El concurso de acreedores del Correo Argentino tramita en fuero Comercial nacional, donde actúan jueces elegidos por el Consejo de la Magistratura nacional, el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Son dos mundos distintos que, pese a la existencia de proyectos y debates sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, no se han juntado.
La respuesta de la Cámara, firmada este martes, fue contundente: “El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero y la específica cuestión concursal de este proceso, por lo que corresponde su rechazo en forma liminar”. Pese a este rechazo, el Correo podría recurrir directamente a los/las supremos/as porteños/as.
La presentación de Socma en nombre de Correo Argentino se aferra a antecedentes del propio STJ y a uno en particular que firmó el año pasado y el que mundo judicial miró con atención, más algunos con desconfianza. En una causa civil, el periodista Gabriel Levinas había sido condenado en primera instancia a pagar a los sucesores de León Ferrari el equivalente a quince cuadros y confirmada esa sentencia por la Cámara del mismo fuero nacional. En lugar de ir a la Corte Suprema, Levinas fue al TSJ con un recurso de queja y la sorpresa fue que este tribunal admitió ese recurso. Firmaron Weinberg de Roca, Otamendi, De Langhe y Luis Lozano. Alicia Ruiz votó en disidencia. Después de aquel antecedente, empezaron otros planteos similares, incluso en casos conocidos como el del policía Luis Chocobar, acusado de asesinar a Pablo Kukoc por la espalda después que intentara asaltar a un turista estadounidense y le causara heridas de arma blanca. La defensa de Chocobar fue al TSJ, que le corrió vista a Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad, y ratificó su competencia para un caso así, que tramita en la justicia penal nacional. El juicio, de todos modos, se está haciendo en esta última.
El expediente del Correo está en la etapa de “salvataje”, que la empresa se está encargando de dilatar con otros tantos artilugios, ya que el riesgo de quiebra existe, y debería afrontarlo Socma. La firma ataca a la fiscala por supuesta animosidad, le adjudica parcialidad, y una supuesta “causa personal” en el asunto. Este argumento lo agita hace tiempo, y ahora agrega –con apoyo de medios afines a la oposición política—que ella tiene un comportamiento diferente en expedientes, como el de Oil Combustible (la empresa de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa), que en rigor no tiene nada que ver con el del Correo.
La empresa de los Macri va rumbo a una quiebra y está concursada desde hace casi dos décadas, en las que esquiva afrontar sus pasivos. A la petrolera le liquidaron todos los bienes en poco más de un año, es un proceso donde no llegó a haber acuerdo de nada. Por el Correo se llegó a firmar un acuerdo con el Estado, cuando el presidente era Mauricio Macri, para licuar su deuda en un 98,87 por ciento, que fue lo que frenó Boquin. En Oil Combustibles la cuestionaron porque sostuvo que había que abrir un período de pruebas ante la fijación de una fecha de cesación de pagos. La mayor parte de sus dictámenes, en rigor, estuvieron destinado en un caso paralelo a garantizar que la AFIP no bloquee el dinero para pagar los sueldos de los medios de comunicación de Indalo. La interpretación de los Macri y que hacen propia columnistas de los grandes medios, es que quiere beneficiar a la empresa. Todo apunta a sacarla del camino a como dé lugar.
El futuro de la investigación del seguimiento a CFK y a los exfuncionarios presos
En Comodoro Py se pelean por quedarse con la causa del espionaje ilegal macrista
Luciana Bertoia
Horas antes del inicio de la feria, la CPM --que es querellante en la causa de espionaje -- presentó un pedido para invalidar todo lo que se hizo en los tribunales de Retiro con respecto a la competencia. El organismo decía que las actuaciones se adoptaron en función de los intereses de un número de particulares interesados y ponía como ejemplo a Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, a Juan Sebastián de Stefano, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Semanas antes, Nieto había planteado que no se podía escindir la investigación de los Súper Mario Bros de la del espionaje penitenciario, para traccionar ambas hacia los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, porque hasta el momento la Cámara Federal venía sosteniendo que lo que pasó en la cárcel de Ezeiza y en la alcaidía de Melchor Romero debía seguir en manos del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.
“El cambio de jurisdicción y/o desmembramiento de la presente causa, ante el estado probatorio y procesal, significaría un nuevo perjuicio para las víctimas por la indeterminada dilación temporal de la respuesta judicial y la necesaria reparación”, dice el escrito de la CPM, que reclama que la causa siga en Lomas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) adhirió a ese planteo, que desde el viernes pasado analiza la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se quedaría con toda la investigación de espionaje de Lomas si la Casación decide arrebatarle la causa a Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Hasta ahora se pronunciaron a favor de convalidar todo lo que hizo Py --como era previsible-- Nieto y De Stefano. El exjefe de Jurídicos de la AFI dice que la CPM quiere exponer una opinión tardía sobre la cuestión de competencia, mientras que Nieto se despachó diciendo que los organismos buscan evitar que la Sala IV se pronuncie sobre dónde seguirá tramitando la investigación sobre espionaje.
Hay quienes entienden que primero debería resolverse este incidente antes de que la Casación defina dónde quedara la investigación. En la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, dicen que están trabajando en el tema, pero no dan estimaciones de cuándo se conocería la decisión. Esta sala se hizo de la causa después de que dos de los jueces de la Sala I, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, le declinaran su propia competencia el 30 de diciembre pasado. Todo fue sin siquiera consultar a la jueza Ana Figueroa --a quien venía asediando Gustavo Arribas con distintas recusaciones. La Sala IV --con los votos de Borinsky y Carbajo-- intervino en un incidente de la causa a favor de Nieto por lo que puede explicarse el interés del secretario privado de Macri para que haya una pronta resolución.
En simultáneo, Augé analiza los 38 pedidos de procesamientos que formularon Incardona y Eyherabide, que involucran funcionarios de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a la exfuncionaria macrista Susana Martinengo. En una carrera contrarreloj no se sabe si Augé va a llegar a firmar la resolución antes de que defina la Casación, que se teme que juegue a favor de Py.
Paula Español participó de las inspecciones
Supervisan los precios de la carne
Español concurrió al Carrefour Market, ubicado en la Av. Corrientes 1160, con inspectores de la Secretaría de Comercio Interior como parte de la actividad que se realiza en todo el país, en conjunto con las provincias y municipios, a través de distintos operativos de monitoreo con el objetivo de controlar “abastecimiento, calidad y precio” de los cortes de carne.
“Hemos recibimos un total de 45 reclamos desde distintos puntos del país, lo que representa un número muy bajo teniendo en cuenta la cantidad de puntos de venta y la cantidad de compradores que implica este acuerdo”, aseguró Español. Además, destacó que “los reclamos respecto a la calidad representan un 27 por ciento de los avisos ingresados, lo que indica que más allá de lo que se vio en redes sociales, lo que nosotros verificamos es que no fue el principal problema de esta primera semana del acuerdo”.
La secretaria de Comercio Interior invitó a los consumidores a realizar los reclamos a través del sitio web y también en los locales comerciales porque es “importante corregir cualquier error para que quienes vayan a comprar encuentren la oferta como corresponde y que realmente esté funcionado”.
El nivel de cumplimiento del acuerdo en los supermercados de todo el país se registra en ascenso. El 82 por ciento de los locales relevados mantuvo un buen desempeño en materia de abastecimiento en los cuales cuadrada, roast beef y carnaza fueron los cortes con mayor disponibilidad, se encontró en el 92 por ciento del total de los locales supervisados, y el matambre fue el corte con menor stock en góndola representando un 65 por ciento.
El acuerdo incluye los cortes más representativos del consumo de los hogares argentinos para abarcar la mayor variedad en cuanto al estilo de cocción. Está compuesto por cortes parrilleros, cortes para consumo diario y cortes para cocción al horno o la olla, en todos los casos los precios de venta son de hasta un 30 por ciento más bajos que los de diciembre del año pasado. De este modo, el kilo de asado de tira se encuentra a 399 pesos; el vacío a 499 pesos; el matambre a 549 pesos; la tapa de asado a 429 pesos; la cuadrada o bola de lomo a 489 pesos; la carnaza a 359 pesos; la falda a 229 pesos; y el roastbeef a 399 pesos. A esos ocho cortes se le suman la carne picada, que se vende a 265 pesos por kilo, y el espinazo, a 110 pesos, ambos cortes presentes en el Programa Precios Cuidados, lo que totaliza 10 cortes de carnes a precios populares.
El acuerdo regirá hasta el 31 de marzo, con el compromiso de hacerlo extensivo a todo el año. Las disponibilidad en los comercios es los primeros tres miércoles y los tres fines de semana de cada mes, sin embargo, cabe aclarar que por los feriados del próximo lunes y martes de carnaval, el próximo miércoles 17 la oferta de cortes a precios populares se va a ver alterada debido a cuestiones de logística y realización de la faena y se pasa para miércoles 24.
En el Mercado Central el acuerdo está disponible todos los días. En total el acuerdo dispone de más de 5.500 toneladas de carne por mes que se comercializan en más de 1.600 bocas de expendio de todo el país, incluyendo grandes cadenas de supermercados y carnicerías como Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día%, Libertad y Carnicerías Friar, entre otros.. En supermercados se encuentran los días miércoles, sábados y domingos de las primeras 3 semanas del mes, y en las carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires todos los días.
El ministro de Seguridad afirmó que los organizadores "disputan una caja millonaria de la sindicalización”
Axel Kicillof y Sergio Berni dejaron al descubierto qué hay detrás de las protestas convocadas por policías bonaerenses
Tras la desafectación de 400 efectivos de la Policía Bonaerense que participaron de la rebelión de septiembre pasado, el gobernador Axel Kicillof, remarcó que "se está cumpliendo el compromiso asumido de incrementar los salarios de la fuerza". "Muchos de ellos son ex policías exonerados por ladrones", que disputan la "caja millonaria" de la sindicalización, calificó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a los uniformados que nuevamente pretendían convocar a una rebelión policial. Además advirtió que, frente a esto, no se va a "hacer el distraído" ni "barrer la mugre abajo de la alfombra".
Durante un acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, Kicillof celebró la transformación de la fuerza policial que está llevando adelante la provincia. "Estamos invirtiendo en patrulleros, en comunicaciones. Estamos equiparando los salarios con las fuerzas federales", repasó. Como contraparte, aclaró, el gobierno pide algo "muy sencillo: dentro de la ley, todo; afuera de la ley, nada (...) Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo. Esperamos exactamente la misma conducta de nuestra fuerza policial".
Luego de detallar los esfuerzos realizados en este último tiempo para mejorar las condiciones de trabajo de los uniformados, el gobernador se diferenció de su antecesora, María Eugenia Vidal. Recordó que la exmandataria mantenía a la Policía Bonaerense con "sueldos bajos, sin instrumentos de trabajo, pero mucha publicidad, mucho cartel, mucha propaganda, mucho periodismo cómplice, pero nada en la realidad".
"Se llenó la boca con el discurso de la seguridad y prometió subirle los sueldos a la fuerza, equiparla. Podemos decir que de lo que prometieron no hicieron nada", lanzó Kicillof, quien denunció que la gestión de Vidal "dejó patrulleros que eran un depósito de chatarra".
Fue Sergio Berni quien se refirió de forma directa a las protestas policiales convocadas para este jueves, a las que calificó como "un intento de desafiar nuestra Constitución, nuestras leyes, los reglamentos policiales". Y puntualizó, para no incluir a todos en la acusación: "Me refiero a este grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y utilizando las redes sociales empujan o intentan empujar a aquellos incrédulos a desafiar y violar permanentemente nuestra Constitución y nuestras leyes".
Según Berni, "muchos de ellos son ex policías exonerados por ladrones". "¡Había que echar en los noventa a policías por ladrones, eh!", ironizó luego. Estos exuniformados, continuó, "intentan, bajo la excusa de que están muy preocupados por las condiciones de trabajo generar rebeldía, pero no les dicen la verdad (a la gente), no les dicen que lo que están disputando es una enorme caja, una caja millonaria que intentan hacerse por la sindicalización policial", algo que "la Justicia ya dijo que es inviable", manifestó el titular de la cartera de Seguridad.
Los miembros de ese sector, subrayó el funcionario, "no sólo desafían a un gobernador (Axel Kicillof), sino a cada uno de los ciudadanos que confiaron en él para que lleve adelante una tarea de reconstrucción después de décadas de desinversión" mediante un "sistema caduco, viciado hasta en sus procedimientos".
Luego Berni destacó que Kicillof haya asumido "la responsabilidad, por primera vez en la historia de Buenos Aires, de comenzar a equiparar los salarios de los hombres y mujeres de nuestra policía con los de las fuerzas federales. Ese es el camino que comenzamos el año pasado".
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la desición de avanzar con las sanciones a los uniformados y expresó que "Berni firmó un acta de compromiso que no iba a haber represalias. Hay que cumplir la palabra. Si él considera que tenía que haber represalias, las tendría que haber hecho en el momento".
Berni, en tanto, criticó "a esos hombres y mujeres que tanto reclaman", porque, según el ministro, "no los escuché alzar la voz en los cuatro años que pasaron cuando el gobierno de la provincia anunció aumentos faraónicos y no sólo no los cumplieron, sino que les ataron los sueldos a los de los docentes".
"Cuando asumimos, no tenían aumento y tenían un 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. A esos que llaman a la rebelión no los escuché. ¿O será que su silencio tenía precio? No escuché a todos los voceros de las redes alzar la voz por estas condiciones laborales durante los cuatro años pasados", insistió.
El fiscal Di Lello decidió investigar al exsecretario de la Presidencia de Macri
Fernando de Andreis, imputado por enriquecimiento ilícito
Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, será investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Así lo decidió el fiscal federal Jorge Di Lello a raíz de una denuncia que había sido presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
De Andreis fue imputado por Di Lello junto con su esposa María Sol Ascanope, la exsecretaria de Comunicación Fátima Micheo y su esposo, Andrés Grippo. En la denuncia que presentó Tailhade ante la Justicia apuntó al incremento patrimonial de De Andreis, que cuando asumió como funcionario en 2015 declaró tener 2.258.147 pesos y al retirarse en 2019 declaró 13.149.190 pesos.
El fiscal dio curso a la causa ante las inconsistencias de las declaraciones del exfuncionario macrista y detalló algunas de ellas. Por ejemplo que existen diferencias en los años declarados de haber comprado acciones de la empresa Boizo Investment S.A. que contiene el saldo de una deuda de 417 mil pesos que había contraído con Ascanope y que no explicaba de qué manera fue saldada.
Además, el fiscal hace foco en la compra de un departamento en Barrio Parque en diciembre de 2018. Un inmueble de 370 metros cuadrados comprado por 31.154.880 de pesos, aunque el valor de mercado en esa zona es de dos millones de dólares. De Andreis declaró ante la Oficina ANticorrupción que era el dueño del cincuenta por ciento del departamento y que adeudaba 7.820.000 pesos a la inmobiliaria Darwin S.A. Di Lello imputó también a la inmobiliaria.
En su denuncia Tailhade había señalado que el ex funcionario macrista “no demostró cómo generó esos ingresos en tres años de actividad pública, además de no declarar que tipo de deuda registra con la inmobiliaria, en que moneda y por qué no realizó pago alguno”. El diputado peronista sostuvo que los funcionarios se habrían "enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, mientras ejercieran tareas como funcionarios nacionales en el periodo presidencial del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019".
El proyecto del Ejecutivo se debate este jueves en Diputados
Una ley para financiar la ciencia
La Cámara de Diputados de la Nación buscará darle hoy, en la primera sesión del año, media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Poder Ejecutivo incorporó este proyecto en el temario de las Sesiones Extraordinarias, y su tratamiento coincide con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El dictamen unificado entre la Comisión de Ciencia y Tecnología y la de Presupuesto y Hacienda, busca declarar de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además, el proyecto establece el aumento progresivo del financiamiento del organismo que comenzará en el 2021 con el 0,28 por ciento del PBI y concluirá en el 2032 con el 1 por ciento. La iniciativa también impulsa que el desarrollo federal de un sistema de ciencia y tecnología que tienda a la reducción de las asimetrías entre regiones y a la consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales con participación del COFECYT.
Fuente:Pagina12
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