Presentan proyecto de ley para condenar el negacionismo del terrorismo de Estado en el país
Tras el 45° aniversario de la última dictadura militar en la Argentina, se presentó un nuevo proyecto de ley.
El diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Koenig, presentó un proyecto ante la cámara baja que tiene como finalidad de multar o condenar penalmente al negacionismo o para quienes hagan apología al terrorismo de Estado en el país. Además, plantea la posibilidad establecer la capacitación obligatoria en derechos humanos para todos los integrantes de la administración nacional.
El proyecto, que impulsa a modificar varios puntos del Código Penal e introduce nuevos, lleva la firma de e la diputada Cecilia Moreau y es apoyado por más de 20 legisladores nacionales del oficialismo. Se expresa que es «un compromiso inquebrantable recordar a quienes entregaron su vida luchando por los derechos de los más desprotegidos y olvidados, y por la construcción de una sociedad más solidaria y una patria más justa, más libre y soberana».
Además, subraya que en la sociedad «vuelve a aparecer un negacionismo peligroso, una nostalgia de la mano dura, un elogio del autoritarismo, un desprecio por la vida humana». Esta iniciativa también rechaza los «ataques políticos y mediáticos contra madres y Abuelas de Plaza de Mayo», que «no por casualidad recrudecen cada 24 de marzo» y «se expresa en la negación del genocidio, y con la cifra» de los desaparecidos.
Los autores del proyecto sostienen que las sanciones no se expresan «con cárceles -el punitivismo nunca fue nuestra bandera-, sino con penas pecuniarias, pues suponemos que el bolsillo les duele más que la libertad a los negacionistas». Por otro lado, también se impondrá «la inhabilitación absoluta por un tiempo determinado para ser funcionarios públicos para aquellos que niegan el terrorismo de Estado».
Por último, expresaron en declaraciones con Télam: «Nuestro proyecto no se agota solo con sancionar el negacionismo, necesitamos ir más allá y así, como lo hicimos con la ley Micaela y con la ley Yolanda, que establecieron la capacitación obligatoria en temas cruciales, también lo queremos hacer con los derechos humanos».
Fuente:ElIntransigente

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