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Batallón de Arsenales de Beltrán, uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura.
Un repaso por los gobiernos de facto, desaparecidos de nuestra región, los centros clandestinos y el juicio a represores.
Por Flavia Campeis
Aquel 24 de marzo de 1976 los medios de comunicación lo anunciaron y por radio se escuchó de esta manera: "Buenos Aires: Una Junta de Comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la Capital Federal, según trascendidos, la ex presidenta era conducida a una residencia sobre la Cordillera de Los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén a 1700 km. de Buenos Aires".
Mientras tanto, además de informarlo en radio, en la prensa escrita también se publicó el Comunicado Nro 1: "Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones".
De esta manera, se informó que durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas habían derrocado a la presidenta María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabelita) y asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti.
Si bien desde años anteriores el Estado ya venía siendo un aparato represivo, intensificado con el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, liderada por José López Rega, desde el golpe militar de 1976, bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se institucionalizó el terrorismo de Estado y comenzó la peor de las dictaduras cívico militares de nuestra historia, cometiendo el mayor genocidio del país, profundizando el esquema de persecución y exterminio comenzado años antes.
El golpe, con aquella idea de "reorganización nacional" significó, entre otras cosas, un golpe a la actividad política y sindical, a la libertad de prensa y expresión, a la economía, pero por sobre todo significó muerte y desaparición. Fue un plan sistemático donde la mayoría de las instituciones trabajaron para que la dictadura se garantice, el Congreso legitimó ese golpe, la iglesia lo apoyó y hubo participación activa de los sectores civiles e institucionales. Un plan sistemático de represión, tortura y exterminio que se extendió hasta el año 1983 y tuvo el oscuro saldo de 30 mil personas desaparecidas.
El Golpe en el Cordón Industrial
El accionar del aparato represivo del Estado en la región conocida como Cordón Industrial fue muy intenso, sobre todo teniendo en cuenta el auge de la lucha obrera en este lugar que había sido denominado "cordón rojo" y que había dirigentes sindicales que eran grandes cuadros políticos y una militancia constante por aquellos años.
Desde 1975 la Nación había llamado a todas las fuerzas a "neutralizar y/o aniquilar" lo que ellos llamaban "el accionar de los elementos subversivos". En este marco, el 13 abril de 1975, en una acción programada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el Batallón de Arsenales 121 (hoy 603) de Fray Luis Beltrán perdió la vida, entre otros, el jefe del Batallón, coronel Carpani Costa.
Para sustituir al fallecido, en mayo de ese mismo año, asumió el cargo el coronel Rubén Osvaldo Cervera. Hacia finales de 1975, llegó desde el norte de nuestro país, el capitán Horacio Maderna, quien sería el subjefe del Batallón.
De esta manera, Cervera y Maderna llevaron adelante las tareas represivas en la zona 2, subzona 11, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad de Rosario, cuyos titulares fueron Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri.
Cuando el 24 marzo de 1976 las fuerzas armadas tomaron el poder a nivel nacional, para ese entonces el Cordón Industrial ya contaba con el homicidio de José Polenta (oriundo de San Lorenzo), asesinado de un disparo el 21 de septiembre de 1975 en la puerta de Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Además, María Luisa Cuatrín (de Fray Luis Beltrán) había sido secuestrada y desaparecida a inicios de diciembre de 1975, y a finales de ese mismo mes desaparecieron Roberto de Grandis y Oscar Vergara (ambos de San Lorenzo).
El Golpe en San Lorenzo
El día siguiente al golpe, el 25 de marzo de 1976, bajo las directivas de la cúpula militar, con Videla ejerciendo la presidencia de facto de la Nación, Cervera y Maderna fueron designados interventores de facto de la Municipalidad de San Lorenzo, destituyendo al intendente Luis Vivas, quien había ganado las elecciones bajo una alianza que hicieron sectores justicialistas, apoyados fuertemente por Cámpora. Al momento que Cervera tomó la intendencia, Vivas fue puesto 45 días preso y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Junto con él se retiró del municipio la mayoría del gabinete.
Cervera y Maderna cumplían simultáneamente la jefatura del Batallón y el gobierno Municipal. El primero como intendente de facto y el segundo como secretario de gobierno y cultura. La mayoría del gabinete de San Lorenzo se retiró, pero no la totalidad, porque quien en ese momento era asesor personal del intendente Vivas, el abogado Pedro Alberto "Pili" Rodríguez, no se retiró con el gabinete depuesto, sino que, muy por el contrario, fue nombrado por decreto del coronel Cervera como secretario de Asuntos Jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta en ese entonces (21), sin mediar antigüedad.
Mientras tanto, la represión en la zona comenzó rápidamente, el mismo 25 de marzo de 1976 fue secuestrado el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. El mismo, luego de ser llevado al patio de la Municipalidad y ser interrogado por Cervera y Maderna, junto a quienes se encontraba también "Pili" Rodríguez, fue trasladado al Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, donde sufrió torturas y golpes. Luego fue pasado bajo dependencia del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y trasladado a la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Allí quedó detenido y días después recuperó la libertad.
Años después, Manuel Casado se convirtió en el primer denunciante de estos delitos de la dictadura cometidos en el Cordón Industrial y Cervera, Maderna y Rodríguez fueron condenados por los delitos cometidos contra él.
Cabe señalar que el traslado de Casado al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán confirma además que ese recinto funcionó como un centro clandestino de detención y torturas por aquellos años, aunque luego se conoció que aquel lugar, durante los años 74 y 75, ya había sido el espacio de detención de obreros y dirigentes sindicales que eran perseguidos.
Operativo de las tres noches
Vale la pena aclarar que uno de los momentos más importantes de la dictadura en el Cordón Industrial fue el llamado “Operativo de las tres noches”. Se trató de un procedimiento llevado a cabo los días 16, 20 y 21 de julio de 1976, donde fueron atacados un grupo de militantes, algunos de ellos asesinados y otros desaparecidos.
El primer día de este operativo fue el 16 de julio de 1976, cuando fue secuestrado Carlos Kruppa, desde su vivienda de Fray Luis Beltrán.
El 20 secuestraron a Roberto "Potongo" Camuglia, de Puerto General San Martín, y a Lina Funes. Además, asesinaron en este mismo operativo a Juan José Funes, sobrino de Lina, ambos de San Lorenzo.
El 21 fueron secuestrados Rafael Carroza, Ramón Di Fiori y junto a ellos Luis Lapissonde, el hoy único sobreviviente y testigo que reconoce como lugar de cautiverio de él y sus compañeros, al Batallón de Arsenales, ex 121, de Fray Luis Beltrán.
Por otra parte, el 8 julio del 76, Hugo Parente desapareció mientras realizaba el servicio militar dentro del Batallón de Arsenales. Al joven le habían dado franco, pero nunca más se supo nada de él.
En total, los desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial por el terrorismo de Estado son: José Polenta, Lina Funes, Juan José Funes, Potongo Camuglia, Rafael Carroza, Ramón di Fiori, Carlos Kruppa, Hugo Parente, Carlos Prat, María Luisa Cuatrin, Juan José López, Roberto De Grandis, Héctor Müller, Ramón Oscar Riquelme, Isabel Carlucci (embarazada), Carlos Vergara, María Castellini, Irma Montenegro, María Benunzzi Torrens.
Este total de víctimas son las que figuran como declaradas ante la Justicia, aunque probablemente el número pueda ser mayor.
Centros clandestinos en el Cordón Industrial
En esta región, al igual que en el resto del país, existieron esos lugares físicos donde se congregaba, torturaba y mataba a los secuestrados, los llamados centros clandestinos de detención.
Se pueden enumerar: La Calamita (Granadero Baigorria), el Batallón de Arsenales 603 ex 121 de Fray Luis Beltrán confirmado por la Justicia Federal como centro clandestino durante una inspección realizada en 2009 junto a un sobreviviente que asegura haber estado detenido en ese lugar y haber escuchado allí a sus compañeros, hoy desaparecidos), La Intermedia (quinta de Amelong ubicada sobre la autopista Rosario-Santa Fe, frente al Automóvil Club Argentino en la zona de La Ribera, donde estuvieron detenidas al menos 16 personas), la cremería de Monje, la Quinta de Funes y distintas casas particulares que servían de apoyatura.
Impugnación de un concejal vinculado a la dictadura
El abogado Pedro Alberto “Pili” Rodríguez fue partícipe de la dictadura en la región y luego se inmiscuyó entre los espacios de la democracia. En 2009 fue electo concejal de San Lorenzo por el voto de más de cinco mil ciudadanos, pero finalmente, el 10 de diciembre de 2009 no se le permitió que asumiera su banca en la sesión preparatoria, lo que luego, se ratificó al iniciarse las sesiones ordinarias en marzo de 2010.
Aquel 10 de diciembre, seis votos negativos y una abstención lograron impugnar el diploma del edil electo por el Partido Vecinalista.
El motivo que llevó a proponer en ese entonces a la concejal Marcela Lozano la impugnación de Rodríguez, fue el procesamiento del mismo por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por privación ilegítima de la libertad, seguida de tormentos, que luego se cambió la carátula a Partícipe Necesario.
Represores del Cordón condenados en 2013, Cervera, Rodríguez, Maderna.
Asimismo, por su parte, el presidente del Concejo, Eduardo Ros, fundamentó su propuesta de impugnación ya que Rodríguez se encontraba exonerado de la Municipalidad de San Lorenzo. Esto debido a que, con la vuelta de la democracia, cuando empezó a normalizarse la vida institucional en la Municipalidad sanlorencina, Rodríguez dejó de concurrir a su trabajo, y se dispuso su cesantía por reiteradas ausencias injustificadas y así fue exonerado de la función pública.
Hay que tener en cuenta que el Concejo Municipal de San Lorenzo tiene un reglamento interno como todos los cuerpos legislativos, y previa asunción de cualquier concejal electo, el mismo se constituye en Juez de la elección de sus miembros, pudiendo ser impugnado el diploma de cualquiera de ellos.
Entre las causales de impugnación que figuran en el reglamento interno, las que se tuvieron en cuenta para la impugnación de Rodríguez fueron: la violación de normas de jerarquía constitucional superior, no poseer condiciones morales y de conducta, tener pendiente proceso criminal por delito doloso. Además, se tomó como ejemplo el caso del ex subcomisario Luis Patti.
Juicio por crímenes del Cordón
En 2013 se realizó el juicio contra los represores del Cordón Industrial en los Tribunales Federales de Rosario. Fue así que en agosto de ese año “Pili” Rodríguez fue condenado a ocho años y medio de prisión por el secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el delegado de los trabajadores municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.
Desde 2014 permaneció detenido dos años en el penal de Marcos Paz y con los beneficios para represores que propició el gobierno de Mauricio Macri, el abogado sanlorencino obtuvo la prisión domiciliaria y desde ese entonces goza de los lujos de su mansión en el country Solares del Carcarañá en la localidad de Oliveros. En febrero de 2020 solicitó salidas transitorias a la prisión domiciliaria para trabajar como asesor (como lo había hecho históricamente) de uno de los gremios más importantes del Cordón Industrial, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), lo que generó el repudio de organismos de Derechos Humanos y finalmente no sucedió.
Cabe recordar que en 2013 junto a él fueron condenados a la misma pena los militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, lo que hizo que la sentencia para Rodríguez sea histórica, ya que fue la primera vez que un civil cómplice de la dictadura recibió la misma condena que los militares juzgados en la misma causa.
Además, Rodríguez aún se encuentra procesado en la “Causa de los Trabajadores”, donde se espera que se juzguen las responsabilidades sobre la totalidad de los 19 desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial durante el Terrorismo de Estado.
Fuente:Sintesis
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