Anuncian dos movilizaciones por la
aparición con vida de la niña Cármen
«Lichita» Oviedo Villalba
Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.
Este lunes a las 10 hs habrá una concentración frente al consulado de Paraguay en La Plata. Y el martes, a las 14 hs. la cita repetirá frente a la embajada de ese país en Buenos Aires.
Comunicado:
Aparición con vida de Lichita, justicia por Lilian y María por qué Eran Niñas
Compañeros y compañeros, este 2 de marzo nos convocamos frente a la embajada paraguaya. A seis meses de la tortura y ejecución de Lilian Mariana y María Carmen, el 2 de marzo Lichita y su melliza Anahí presente en la movilización cumplen 15 años. Recordaremos en lucha, agitando por su aparición con vida. Se cumplen 6 meses de la tortura y ejecución de las niñas argentinas, a quienes el gobierno infanticida, feminicida del Partido colorado en la cabeza del presidente de la república Mario Abdo Benítez heredero biológico y político de 35 años de dictadura de la alianza Partido colorado-FFAA.
«Lilian Mariana y María Carmen fueron víctimas desde el útero de un Estado que normaliza y promueve un sentido común social adoctrinado para la falta de empatía frente a la violencia, la crueldad y el estigma. Desde antes de nacer, estas niñas ya estaban condenadas, en el sesgo social, a un destino escrito sobre sus cuerpos, sueños y vínculos», Jesareko, Serpaj-Paraguay.
Es que la cultura fascista condensada y sistematizada en los archivos del terror, archivo hallado en 1992 en una comisaría de Asunción, constituye páginas de una historia lúgubre que hoy vuelve a reproducirse con intensidad bajo ropaje de un Estado de derecho con aval de fiscales y jueces.
Aquella historia constituyó el recuento de una nefasta práctica, impune, según la retórica oficial es parte de un pasado cerrado. Sin embargo, sigue muy vigente, pero sobre nuevas modalidades, más cruentas y sobre lógicas justificadas, los falsos positivos en niñas, por ser hijas de revolucionarios.
Los revolucionarios, luchadores sociales y pueblo en lucha y resistencia debemos cargar con el estigma, la sospecha y la justificación sobre nuestros cuerpos de todo tipo de violencia, tortura, asesinato desde los órganos represivos del Estado paraguayo.
La desaparición de Lichita se configura en lo que puede situarse en la inagotable forma de aplicar venganza usando instrumentos públicos.
Compañeros, compañeras, les esperamos este martes y seguimos con la Campaña para el Simposio urgente en Paraguay. Organizando para que una delegación viaje a Paraguay para el simposio y unirme a los dos compañeros que hoy están en el territorio buscando a Lichita.
En menos de dos meses hubo 59
femicidios en el país
Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021
En lo que va del año, 59 mujeres fueron asesinadas en el país, según el Observatorio Lucía Pérez. En la mayoría de los casos existían denuncias previas contra el femicida, lo que expone una vez más las fallas en las políticas públicas de prevención y su insuficiencia, a pesar de los avances de los últimos años.
En menos de dos meses hubo 59 femicidios en el país
Si bien este fenómeno no es nuevo, en los recientes casos que se hicieron públicos como el de Úrsula Bahillo, en la ciudad de Rojas, o el de Guadalupe Carual, en Villa la Angostura, sus familias cuestionaron la pasividad de la Justicia y de las comisarías para evitar los femicidios, ya que existían varias denuncias en contra de los asesinos.
«Todos los femicidios cometidos durante 2021 fueron claramente evitables. Hace varios años que quedó demostrado que el femicida es una persona conocida por las víctimas, que es o fue la pareja o que en algún momento intentó serlo a través de innumerables acosos», sostuvo la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien se dedica principalmente a defender casos de violencia de género y abuso sexual.
La letrada hizo hincapié en que la amenaza ya es un alerta de femicidio. «Hoy una amenaza es un aviso de femicidio, pero parece que las amenazas agravadas por el vínculo por el contexto de violencia de género no son suficientes para los jueces que no las registran como un verdadero aviso de femicidio».
La abogada señaló que desde el punto de vista judicial y legislativo son varias las medidas que se tendrían que tomar para prevenir los femicidios: el urgente sistema de tobilleras electrónicas; una ley para que se condene a quien viola las medidas perimetrales; que exista un procedimiento simplificado de denuncias; que se unifiquen los expedientes y que los funcionarios policiales y judiciales sean condenados por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
«El año pasado la profesora de inglés que había hecho 14 denuncias en Tucumán fue brutalmente asesinada por su acosador y también por quien permitió que ese femicidio suceda, que en este caso fue el fiscal que no hizo nada», afirmó la abogada.
«En el femicidio de Úrsula, en el de Guadalupe, o en el de muchísimas mujeres que no podemos recordar sus nombres, había existido un alerta, un anuncio, una promesa, una amenaza de muerte. Y el poder policial, cómplice y encubridor, y el poder judicial inactivo, se convierten en homicidas culposos porque debido a su impericia y negligencia esas mujeres hoy están muertas», agregó.
El papel de la Justicia.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió en su cuenta de Twitter al papel de la Justicia y de la Policía tras los femicidios de Úrsula y Guadalupe. «Cada femicidio es un dolor irreparable. Seguimos exigiendo a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género. Trabajamos todos los días y alzamos la voz para que no haya ni una menos, nunca más», manifestó.
Esta semana y en declaraciones a la prensa, la funcionaria aseguró que «la intervención del Estado no alcanza, pero que desde Nación se hace lo posible para que la coordinación con los estados nacionales y provinciales se fortalezcan».
Las denuncias por violencia de género deben realizarse en las comisarías y en las fiscalías que dependen de cada gobierno local en las 23 provincias del país como así también en la Ciudad de Buenos Aires.
«Ha fallado la protección».
En tanto, Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, coincide en que la mayoría de los femicidios se podrían haber evitado. «Creemos que lo que ha fallado es la protección efectiva de Úrsula Bahillo, de Guadalupe Curual como de todas las mujeres que acuden a la Justicia a denunciar al agresor», indicó.
En esa línea, recordó que «históricamente desde La Casa del Encuentro sostenemos que la violencia de género debe tener un abordaje integral y federal que proteja en forma efectiva a una mujer o compañera trans en situación de violencia».
Rico, que es también presidenta del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, señaló que «es importante que ante una medida cautelar dictada, se proteja a la mujer. Y si se le otorga un botón antipánico hay que aplicar en paralelo una tobillera electrónica al agresor que será efectiva sólo si existe un monitoreo responsable de parte de la Justicia».
Fuente: Diario femenino
El escritor y poeta Vicente Zito Lema
pide la libertad de Pablo Hasél
Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.
En Argentina, el reconocido escritor, periodista y poeta argentino Vicente Zito Lema se suma a quienes en distintos países del mundo exigen la libertad del rapero catalán Pablo Hasél.
Uno de cada cinco femicidios es
provocado por fuerzas de seguridad
Por Fernanda Paixão /Brasil de Fato/Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.
Datos revelan la alarmante transposición de dos problemáticas estructurales: la violencia de género y la policial
Según el archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial y la Violencia Institucional (Correpi), uno de cada cinco femicidios en Argentina es cometido por agentes de seguridad. En el 90% de los casos, los crímenes son ejecutados con el arma reglamentaria.
La falta de datos oficiales también revela gran parte de la persistencia de este tipo de crimen. Por lo tanto, los datos existentes son elaborados dado el acompañamiento de los casos por organizaciones militantes, como la Correpi. El Instituto MuMaLa reveló que, este año, el 12% de los femicidios en Argentina fueron cometidos por fuerzas de seguridad.
Este año, el 12% de los femicidios fueron ejecutados por fuerzas de seguridad. / MuMaLa
El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano también reveló números nada animadores al fin de enero: cada 24 horas, una mujer fue víctima de femicidio, con un total de 31 casos.
Hasta el cierre de esta edición, el conteo subió para 56. Es entre estos últimos casos que ocurrió el femicidio de Úrsula Bahillo, una última gota que hizo trasbordar la indignación popular en todo el país.
El caso de la joven de 18 años fue emblemático: ella era perseguida por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, oficial de la policía de Buenos Aires. La información sobre su ocupación no es un detalle menor, sumándose al hecho de que la violencia institucional, ejercida por el propio Estado, es representada, en gran parte, por la práctica cotidiana de abusos de las fuerzas de seguridad.
Una ecuación explosiva
La violencia policial y los abusos de autoridad son noticia diaria en Argentina. Solo en 2020, fueron 397 muertes provocadas por fuerzas policiales, en casos que no representaban riesgo para los agentes ni para terceros.
La conducta agresiva se extiende a sus vidas privadas. Entre las víctimas contabilizadas por Correpi desde 1992, la principal causa de muerte entre hombres es estar detenido, bajo custodia policial o gatillo fácil; entre las mujeres es el femicidio, al ser compañeras o ex-compañeras de los ofensores.
«La conclusión a que llegamos, analizando las características de la represión estatal y la violencia machista y patriarcal, es que, cuando esos dos elementos se encuentran en un mismo individuo, se potencian», afirma María del Carmen Verdú, referente de la Correpi.
Una carta firmada por militantes y organizaciones dirigida al gobierno nacional tras el caso de Úrsula describía: «No podemos tolerar ni una muerte más de mujeres e identidades feminizadas, que pagan con sus vidas el costo de una masculinidad que cree tener la potestad de poseerlas.»
El argumento puede encontrar base en un dato llamativo: dos de cada diez femicidas terminan suicidándose en Argentina. Como afirmó la periodista y escritora feminista Luciana Peker, el acto de reivindicar esa pose fantasiosa parece valer más que la propia vida.
En el caso de los llamados «femicidios de uniforme», la ecuación se torna explosiva y, así como faltan datos oficiales, no hay políticas públicas que den cuenta de la particularidad de esta intersección.
Hay capacitaciones en violencia de género direccionadas a funcionarios públicos, como desde 2018 dicta la Ley Micaela. Sin embargo, esto no se reflejó en una disminución de los casos de femicidio ni de represión policial.
«Es esencial fortalecer las capacitaciones y transformar la cultura de las fuerzas policiales. Son instituciones que, históricamente, fueron guiadas con una idea de que intervenir es hacer uso de la violencia», apunta la coordinadora del área de Seguridad Democratica y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou.
«Es un fenómeno específico, que suma la violencia institucional con la violencia de género. Al ser perpetrado por fuerzas de seguridad, el Estado tiene una obligación mayor para evitarlo», concluye.
Caso Úrsula: el estopín
Las agresiones físicas ocurridas durante la relación alarmaron la madre de Úrsula, que hizo una denuncia contra Martínez en la comisaría de Rojas, ciudad en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera de muchas.
Fueron un total de 18 denuncias, a penas três registradas, ninguna suficiente para evitar el fin trágico – y anunciado.
Úrsula fue amenazada de muerte, pero Martínez siguió en libertad, aunque tuviese también procesos judiciales en andamiento, tras las denuncias de otras ex-compañeras.
La violencia policial no se limitó al crimen: en una protesta pacífica en frente a la comisaría de Rojas, una amiga de la víctima protestaba parada, de brazos cruzados, cuando recibió un disparo de bala de goma en el rostro y casi perdió un ojo.
El caso ganó repercusión nacional. Los padres de Úrsula fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, apuntó la responsabilidad de los poderes judiciales y de la policia, para quienes la violencia de género, afirmó, «no es tema prioritario».
Días después, fue anunciada la creación por decreto del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para integrar el trabajo del gobierno nacional con las provincias. La medida fue considerada insuficiente por la militancia feminista.
El Estado es responsable
Referenta del movimiento Juntas y a la Izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Cele Fierro apunta el déficit de presupuesto para programas dirigidos a atender víctimas de violencia de género, incluso el propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, últimamente, viene siendo criticado por «falta de acción».
«El Programa Acompañar, por ejemplo, tiene el objetivo de ayudar a la víctima a lograr una independencia económica, pero con un salario mínimo por solamente seis meses. ¿Cómo eso puede representar una autonomía económica?», cuestiona Fierro.
«Toda esa cuestión abre una puerta para discutir una seguridad comunitaria, con la participación de la población y de las organizaciones de derechos humanos. Tener una policía a servicio debería significar prevención, y no represión. Esto es parte de lo que tenemos que tomar para pensar y construir otro tipo de sociedad», concluye.
El movimiento Ni Una Menos convocó una manifestación el 17 de febrero para levantar pautas urgentes que el caso de Úrsula dejó a las vísceras: la ignorancia del sistema judicial sobre los casos de violencia de género y la falta de coordinación entre las instituciones, muchas dedicadas al tema, como la Comisaría de la Mujer.
Si las víctimas de violencia de género no rara vez son desestimadas – a ejemplo del caso de Mari Ferrer, en Brasil –, las denuncias que recaen sobre los propios agentes de seguridad intensifican ese cuadro. Según Verdú, la justicia y las fuerzas de seguridad andan en paralelo.
«No hace diferencia poner un cartel diciendo ‘Comisaría de la Mujer’ cuando, al final, quien atiende es un policía, con la misma conducta que en cualquier otra comisaría. También está el vínculo cercano, casi familiar, entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad que, técnicamente, son sus auxiliares. La logica de los juzgados parte de creer en los uniformados», apunta Verdú.
«La función de las fuerzas es justamente imponer el disciplinamiento; no hay manera de que eso suceda bajo una perspectiva de género. Es necesario capacitar, pero solo con eso no alcanza. Es una cultura que atraviesa todo el cuerpo social», afirma.
«Sería necesario que las víctimas fuesen atendidas en un lugar con personal civil, en donde puedan hacer sus denuncias y ser recibidas con una escucha real.»
Como medida urgente, las organizaciones sociales demandan declarar la violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género como emergencia nacional.
La carta firmada por militantes y organizaciones al gobierno nacional exigía, entre otros puntos, la coordinación entre el poder judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios, bien como la incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.
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