Guzmán sostuvo que el FMI es responsable de lo que pasó en Argentina: “Fue un préstamo político”
El ministro de Economía aseguró que “hubo responsabilidad compartida” en la toma de deuda del gobierno de Mauricio Macri y señaló que el crédito “fue para apoyar la campaña del presidente anterior”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán afirmó hoy que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) es responsable de lo que pasó en la Argentina", al tiempo que confirmó que se está negociando con el organismo, un Préstamo de Facilidades Ampliadas a diez años".
En diálogo con el canal de cable A24, Guzmán sostuvo que el préstamo del FMI, fue un préstamo político.
"El FMI es responsable de lo que pasó en la Argentina. Hubo responsabilidad compartida. El FMI le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político, fue para apoyar la campaña del presidente anterior, a costa del sufrimiento del pueblo argentino. Mirá si porque estemos negociando, no nos vamos a decir en la cara las cosas como son. Eso fue un error de responsabilidad compartida. También hay respeto y trabajamos de una forma constructiva con todo el staff del FMI", dijo el jefe del Palacio de Hacienda.
Guzmán agregó que "es tan grande el préstamo del FMI que se hace difícil su sostenibilidad en un período corto. Estamos trabajando en condiciones para que la tasa de interés sea lo mejor posible y es algo que planteé en el G-20 que es la reducción de los sobrecostos en la tasa de interés del FMI".
El lunes, durante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández anunció que iniciará una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por el acuerdo con el Fondo.
“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, sostuvo Fernández.
Los puntos oscuros del préstamo del FMI que el gobierno quiere llevar a la Justicia
La presentación hará hincapié en la manera en que se aceptó la deuda, el direccionamiento político con que actuó el Fondo y en cómo se fugaron del sistema financiero los U$S 44 mil millones prestados.
Casi desde el momento mismo de su rúbrica, en junio de 2018, desde muchos sectores se dijo que el acuerdo stand by entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional estaba flojo de papeles. La decisión del presidente Alberto Fernández, formulada en el inicio de las sesiones legislativas, de presentar una “querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra” es un paso concreto para determinar si hubo delito en la negociación y firma de ese convenio.
La novedad trajo cruces mediáticos en Twitter entre defensores y críticos de aquella negociación. Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, la justificó diciendo que “el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas”. Matías Kulfas, actual ministro de Desarrollo Productivo, lo rebatió: “El crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda intra sector público, que tiene mayor probabilidad de refinanciación”.
En particular, el gobierno quiere que los jueces esclarezcan tres preguntas claves: cómo, por qué y para qué se negoció ese préstamo. Y sospechan que las respuestas a esos interrogantes dejarán en claro la naturaleza del acuerdo.
El cómo remite a la falta de debate y la ligereza con que se tomó una deuda que iba a impactar por años en la economía del país y en la calidad de vida de sus habitantes. “Se incumplieron las normas formales. No hubo acto administrativo de otorgamiento del crédito” dijo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un hilo en el que expuso ese y otros tantos cabos sueltos del stand by.
En cuanto al por qué, en la Rosada aseguran que fue un intento de sostener políticamente a Mauricio Macri para que lograra su reelección. Para demostrarlo muestran la estructura del préstamo: de los 57 mil millones de dólares acordados, el 90% iba a llegar antes de los comicios (la última cuota, a pagar en julio de 2019, fue suspendida por los incumplimientos por parte del gobierno de Cambiemos).
Para reforzar esa tesis, remiten a las declaraciones del presidente del BID, Mauricio Claver Carone, quien siguió de cerca la negociación desde su cargo de asesor de la Secretaría del Tesoro estadounidense en tiempos de Donald Trump. ”Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado la elección, es una cuestión”, reconoció Claver en una videoconferencia organizada por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, según cuenta Infobae. El mismo portal señala que en una minuta entregada a los organizadores antes del evento, el abogado ratificó que el objetivo del préstamo era apuntalar la reelección de Mauricio Macri para evitar el regreso del peronismo.
El para qué está vinculado a la fuga de capitales. Un informe del Banco Central revela que desde mayo de 2018, inicio de la corrida bancaria, hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri, salieron del sistema financiero U$S 45.100 millones, suma casi idéntica a los U$S 44 mil millones que prestó el FMI. El Central destaca que, como si fuese una maniobra bien orquestada, “la fuga de capitales presenta una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por U$S 24.679 millones”.
De este último punto se desprende, como mínimo, una displicencia del Fondo para hacer cumplir su propio estatuto: el artículo VI establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Por esa razón, entre otras, el organismo realiza dos investigaciones paralelas, una a cargo de su Oficina de Evaluación Independiente y otra del propio staff técnico que en 2018 había dado luz verde al acuerdo.
Massa se reunió con la CGT y el proyecto que sube el piso de Ganancias comienza a tratarse
La próxima semana podría ingresar en el plenario de comisiones. Los referentes sindicales pidieron que se exceptúen varios ítems del impuesto, entre ellos aguinaldo y horas extras.
El día después del discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a representantes de más de 20 sectores del sindicalismo. Fue para avanzar en el análisis del tratamiento del proyecto de ley que propone modificar el piso del impuesto a las ganancias. La semana que viene comenzará a tratarse en el plenario de comisiones.
La cita fue este martes a las 17 de manera presencial en el Salón Delia Parodi. También estuvieron presentes Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Vanesa Siley, titular de Legislación Laboral. Luego de dos horas de encuentro, fuentes del oficialismo comentaron a Tiempo que “la iniciativa podría debatirse en tres reuniones informativas en las que volverán a participar, ante los diputados que integran las comisiones, los representantes del sector gremial, funcionarios del Ministerio de Economía, AFIP y del Ministerio de Trabajo”.
En declaraciones a la prensa que estaba en Pasos Perdidos Heller aseguró: “Nos llevamos un montón de tarea para trabajar". Atravesados por la pandemia por Covid 19, una de las políticas prioritarias para el gobierno nacional es “recuperar el salario medio en la Argentina”. Por esta razón el primer proyecto que el presidente pidió que sea tratado con “apuro” en el Congreso fue el que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Entre los puntos que se estudiarán luego del encuentro está el de eximir del tributo a los siguientes puntos: horas extras, aguinaldo, bono por productividad, gastos de guardería, gastos por educación, deducción por concubino.
“Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedaran liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra”, expresó el presidente en la apertura de sesiones ordinarias.
La propuesta, presentada en febrero por el bloque del Frente de Todos, eleva a 150.000 pesos el piso a partir del cual se paga Ganancias, que actualmente es de $74.810 para solteros y de $98.963 para casados con dos hijos. Además sube la base de jubilaciones pasando de seis en la actualidad a ocho haberes mínimos garantizados.
La iniciativa impulsada por Massa, en acuerdo con el bloque oficialista, tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y jubilados para fortalecer el poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias. Y con ello la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional.
Según las estimaciones presentadas en los fundamentos del texto con la nueva ley dejarán de pagar este impuesto 1.267.000 contribuyentes, ahorrando 40 mil millones de pesos que se volcarán al consumo y a la reactivación del mercado interno. La iniciativa que fue presentada por el FdT, la primera semana de febrero en Diputados, pretende modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias elevando el mínimo no imponible para aliviar el bolsillo de trabajadores y jubilados.
Pero desde el sector sindical se inclinan a que el texto tenga modificaciones que coindicen con la propuesta de los diputados de extracción gremial, presentadas por Facundo Moyano el viernes pasado. La iniciativa es complementaria a la del tigrense. De hecho se aceptaron incorporar deducciones por viáticos y almuerzos (muy importante para trabajadores de transporte sobre todo de larga distancia) y los de los hogares monoparentales (para darle perspectiva de género al proyecto).
“Venimos a escuchar. Seguimos considerando que el salario no es ganancias. Vemos con beneplácito este proyecto” coincidieron Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT, y Julio Piumato, representantes de los trabajadores judiciales.
Al ser consultado por Tiempo sobre los ítems que componen el tributo, el metalúrgico Antonio Caló respondió que se tienen que deducir “viáticos, salarios que tienen el condimento de la vianda, horas extras, aguinaldo, y por sobre todo en relación a los trabajadores metalúrgicos, los premios especiales con los que cuentan”.
En el encuentro también estuvieron presentes Héctor Ricardo Daer (Sanidad), Roberto Carlos Fernández (UTA), Roberto Santiago Solari (SUGARA), Daniel Vila (UTCYDRA), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Sindicato del Seguro),Oscar Rojas (SOMRA),Carlos Sueiro (SUPARA), Omar Maturano (La Fraternidad), Argentino Geneiro (UTHGRA), Carlos Frigerio (FATCA), Luis María Cejas (FUBA), Sergio Romero (UDA), Hugo Benítez (OAT), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (FATLyF), Armando Cavalleri (FAECYS), Rodolfo Daer (STIA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Pablo Biró (APLA).
Fuente:TiempoArgentino
03.03.2021 / CORONAVIRUS
A un año del primer caso de COVID, Argentina suma 2,1 millones de contagios pero se esperanza en la llegada de más vacunas
Este miércoles 3 de marzo se cumple un año de la notificación del primer caso de coronavirus en Argentina. Tras este vino una serie de medidas para evitar la propagación del virus. Se destacó la ASPO, la DISPO y el plan de vacunación. Después de 365 días, Argentina suma 2.118.676 contagios y 52.192.
En una conferencia de prensa, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que un hombre de 43 años que había viajado a Europa era el primer paciente con coronavirus en Argentina. En aquel momento la información sobre las vías de transmisión apuntaba a que se producía principalmente por las "microgotas" que emiten las personas cuando tosen o estornudan y que si éstas impactaban en la boca, ojos o nariz de otra se producía el contagio.
La problemática fue incrementando hasta que el 19 de marzo el gobierno nacional anunció la cuarentena y una serie de medidas que permitieron fortalecer el sistema de salud, dañado por la administración anterior.
La cuarentena obligatoria se inició mediante el decreto 297/2020 de necesidad y urgencia (DNU). De esta forma, el país ingresó al "Aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO) a partir del 20 de marzo, con fuertes restricciones a la circulación de personas y multas a quienes violen esas condiciones. Se suspendieron las clases presenciales de todos los niveles y los espectáculos deportivos y culturales, y poco a poco empezamos a convivir con barbijos, alcohol en gel y puntuales medidas de limpieza. Para esa fecha, Argentina ya sumaba 128 casos.
Los primeros anuncios estuvieron enmarcados en un consenso casi absoluto con colaboración de fuerzas de la oposición con responsabilidad de gestión pero paulatinamente se fueron fogoneando, desde diversos sectores del espectro opositor, discursos que cuestionaban las medidas de cuidado.
A un año del primer caso de COVID, Argentina suma más de 2,1 millones de casos y un número alarmante de fallecidos: 52.192, ubicándose entre los primeros 15 países con más casos positivos y víctimas fatales.
La esperanza está puesta ahora en la llegada de más vacunas y su correcta implementación. Para los dos meses que vienen, el Gobierno tiene confirmada la llegada de 3 millones de dosis más de Sinopharm y 1,5 millón de Sputnik V. Además, desde la OMS confirmaron el envío de casi 2 millones de unidades a través del sistema Covax. A ese total se debe añadir que la expectativa es recibir en unos 4 millones y media de Oxford-AstraZeneca, de las variantes india y la producida por Argentina-México.
Fuente:PoliticaArgentina
El Gobierno no extenderá el DNU que congela alquileres y suspende desalojos
Lo anunció el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Desde Inquilinos Agrupados alertaron que desde el 1 de abril "las familias endeudadas quedarán en la calle".
El Gobierno nacional no extenderá el Deccreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congela el valor de los alquileres y la suspensión de desalojos. La medida vence a finales de marzo, tras haber sido prorrogada dos veces en el marco de la crisis económica que produjo la pandemia de coronavirus.
Así lo confirmó este martes el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Explicó que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.
“La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, confirmó el ministro en diálogo con la agencia nacional de noticias Télam.
A partir del 1 de abril lxs inquilinxs que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada. Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento “podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”, y destacó la importancia de “empezar a poner en función la Ley de Alquileres”.
Ente este escenario, la organización Inquilinos Agrupados, que defiende los derechos de quienes alquilan y no tienen el capital o herencia para ser dueñxs de una propiedad, alertósobre el escenario que se espera desde el primero de abril "las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva".
A finales de enero, el Gobierno había oficializado la extensión de la iniciativa hasta el 31 de marzo, mediante el decreto 66/2021. En ese entonces, el Ejecutivo había decidido aplicar la extensión de la medida para inquilinxs, pero no había ocurrido lo mismo con el congelamiento de los créditos UVA.
Desde la cuenta de Twitter del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también se alarmaron y criticaron la decisión oficial que deja en riesgo de situación de calle a familias enteras y personas solas, adultas, mayores que no tendrán a dónde, ni cómo pagar un nuevo alquiler o la deuda acumulada tras la finalización del DNU.
"Es muy preocupante que se anuncie que lxs inquilinxs van a quedar desprotegidxs y que más adelante se verá cuáles serán las medidas para quienes están en riesgo de no tener dónde vivir dentro de un mes", postearon desde el organismo de DD.HH..
Fuente:Infonews
Massa y la CGT acordaron cambios en el proyecto de Ganancias
La CGT reclamó que se excluya del pago de Ganancias el aguinaldo, las
horas extras, viáticos y los plus. El gobierno acelera los cambios. Massa
confirmó que la próxima semana comienza la discusión en comisión.
03 DE MARZO, 2021
Sergio Massa recibió en la Cámara de Diputados a la mesa chica de la CGT y casi una veintena de sindicalistas para analizar las reformas al proyecto de Impuesto a las Ganancias. Los dirigentes, encabezados por Héctor Daer y Carlos Acuña, solicitaron que el texto final excluya elementos salariales como las horas extras, aguinaldo, viáticos, movilidad, almuerzo, gastos escolares, el plus patagónico y las deducciones de concubino.
En el oficialismo estudian avanzar en “la mayor cantidad posible” de esos ítems. Massa aseguró que "está abierto a discutir" modificaciones. Hace una semana, los diputados oficialistas de extracción sindical habían adelantado el pedido de que no paguen Ganancias los trabajadores que perciben hasta 150 mil pesos de salarios brutos. Los líderes de la CGT hicieron fuerza en esa misma línea.
El gobierno acelera los cambios y el proyecto de reforma comenzará a ser debatido la próxima semana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo. Así lo adelantó Sergio Massa este martes.
En el comienzo de la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el objetivo es aprobar la ley “lo antes posible". Este lunes, el Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, pidió celeridad en el tratamiento. “Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedarán liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra", expresó el presidente.
Para el Consejo Directivo de la CGT, el proyecto “es un paso adelante” hacia el objetivo de máxima que es excluir el “impuesto sobre los salarios”, un reclamo que arrastra varios años y gobiernos. Massa, en la previa de la reunión, destacó que en enero de 2016, el 11,6 de los trabajadores pagaban Ganancias, y que en la actualidad el número alcanza al 25,5 por ciento.
Tres diputados del Frente de Todos con origen en el sindicalismo, Facundo Moyano, Walter Correa y Vanesa Siley, también participaron de la reunión con los dirigentes de la CGT. La semana pasada anticiparon en un encuentro con Massa el pedido de modificar el proyecto para que estén exentos los ítems como las horas extras, los viáticos y los plus.
Desde la CGT destacaron que elevar el piso mínimo imponible y establecer una actualización automática según el RIPTE -con el fin de evitar que los trabajadores puedan perder ingresos cuando tengan aumento de salario- posibilitará que 1.300.000 trabajadores entre activos y jubilados dejen de ser alcanzados por el tributo.
“Creemos necesario una reformulación del esquema tributario que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores”, comunicó la CGT luego de la reunión con Massa, y destacaron que el proyecto representa un avance en ese sentido.
De la reunión participaron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller; y de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, y los dos titulares de la CGT, Carlos Acuña y Rodolfo Daer. También los líderes de la UTA, Mario Calegari y Roberto Fernández; Gerardo Martinez, de la UOCRA; Víctor Santa María, del Suterh; Armando Cavalieri, de Comercio; y Omar Maturano de La Fraternidad.
Además, estuvieron presentes los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Pablo Biró (Pilotos), Rodolfo Daer (Alimentación), Sergio Sasia (Sanidad) y Carlos Sueiro (Aduana), entre otros.
Abogados que investigaron el préstamo con el FMI:
“Es hora que los funcionarios rindan cuentas”
Los letrados demostraron judicialmente que el
macrismo violó todas las leyes que rigen la toma de deuda.
03 DE MARZO, 2021
Por EZEQUIEL ORLANDO
Hace dos años, en pleno macrismo, un grupo de abogados llevó adelante acciones judiciales con las que demostraron que el Gobierno había salteado todas las obligaciones legales para firmar, apurado, el préstamo con el FMI. Con el discurso en la asamblea legislativa, el Presidente dejó en claro que buscará que los responsables del mayor empréstito del país sean investigados por la justicia tras el grave perjuicio que le generaron a toda la sociedad.
“Es hora que los funcionarios rindan cuentas”, apoyaron desde la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público. “Recibimos con profunda satisfacción la decisión del Gobierno Nacional de denunciar penalmente a los responsables de esta maniobra criminal”, expresaron. “Solo así lograremos que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, sentenciaron.
Como había revelado El Destape a principio de 2019, este grupo consiguió toda la documentación previa a que el Gobierno cierre el acuerdo con el Fondo. Fue así que descubrió que Cambiemos violó todas las normas nacionales que determinan cómo se tienen que deben tomar decisiones administrativas de estas características.
A través de los patrocinios en las causas “Murúa” y “Coddiani”, lograron comprobar severas irregularidades en el mayor crédito en la historia argentina, por el que se llegaron a girar U$S 44.000 millones. Todo esto más allá de que el Ejecutivo de ese momento haya decidido no pasar por el Congreso Nacional, como entendía el kirchnerismo, y que cada uno de los dólares que entraron se destinaron a alimentar la fuga de capitales, estrictamente prohibido por la política interna del FMI.
En primer lugar, el expediente a través del cual se debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018. Esto es, nueve días después de la carta de intención donde se acuerda la deuda.
En segundo término, el Gobierno no emitió dictamen jurídico previo a la firma de la carta con Christine Lagarde. Sin expediente ni dictamen jurídico no hay procedimiento administrativo válido, de acuerdo a la propia ley nacional de procedimiento administrativo (artículo 7, incisos b y d).
En términos económicos uno de los puntos más graves radica en que el Banco Central no cumplió con su obligación de emitir un dictamen técnico sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin este estudio del BCRA, toda deuda externa es nula, según la ley de administración financiera (artículos 61 y 66).
Tampoco se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, como un decreto presidencial o resoluciones de Hacienda o el BCRA. Por lo tanto, ni los ministros ni presidentes del Central contaban con competencia para firmar por su cuenta sin autorización de Mauricio Macri, de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 11).
En quinto lugar, los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula (artículos 7, inciso b, y 14 de la LNPA).
También coincidió Claudio Lozano con el discurso de Alberto Fernández. "La decisión presidencial de impulsar una querella criminal sobre los responsables del endeudamiento macrista y puntualmente por el acuerdo con el FMI, constituye una definición histórica e importantísima en un doble sentido”, aseguró el director del Banco Nación.
En primer lugar, entendió que, de concretarse, implicaría fijarle un límite al “comportamiento impune que funcionarios han tenido endeudando al Estado argentino y destruyendo el funcionamiento de la economía”. En segundo lugar destacó que permite fortalecer la negociación con el FMI y busca que el resultado de la misma “no sea el de siempre”.
Fuente:ElDestape
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