04 de abril de 2021
Rodríguez Larreta y el instructivo enviado a los hospitales públicos de CABA ante la segunda ola de coronavirus
El gobierno porteño lo oculta, pero se prepara para lo peor
La Ciudad de Buenos Aires reconoció la gravedad de la situación del covid-19 tomando fuertes medidas en los hospitales públicos, aunque las dio a conocer mediante comunicaciones internas y parece obvio que no quiere que tengan repercusión. El objetivo de la administración es manejar con bajo perfil estas decisiones, mientras se niega a poner en marcha nuevas restricciones a la circulación y a las actividades. “Llegó el momento, tenemos que preparar el sistema”, le dijo a Página/12 una alta fuente del gobierno porteño. En un instructivo denominado Refuncionalización de los servicios prestados en hospitales públicos, la administración de Horacio Rodríguez Larreta suspendió desde el 2 de abril "todos los turnos para estudios de laboratorio. Sólo se hará la extracción y el procesamiento de muestras de pacientes Covid”; “se suspenderán los turnos de operaciones, salvo oncológicas y cardiovasculares”; “en la internación, se reducen las camas de cirugías programadas y se ampliarán progresivamente las destinadas a pacientes Covid”, "las unidades coronarias se adecuarán a la situación epidemiológica", es decir que se prepararán para recibir pacientes de coronavirus.
Gravedad
Como es de público conocimiento, el promedio de contagios de las últimas jornadas es de 1300 por dia en CABA. Este sábado fueron todavía más, pese a que se trata de fin de semana: 1.888: “son números parecidos a los de enero o de septiembre. Eso nos obliga a tomar medidas fuertes, porque no se puede esperar más. Una ventaja que tenemos hasta ahora es que la mayoría de los contagiados son más jóvenes que en los picos anteriores. Por eso, teniendo el mismo número de contagiados tenemos ocupadas 160 camas en las terapias intensivas de los hospitales públicos, cuando antes tuvimos 320. Pero uno no puede confiarse”, señalan en el gobierno porteño. Claro que no aceptan tomar medidas en serio. A nivel nacional, los números muestran que se registraron 10.384 contagios y 83 muertes.
Datos
En el sistema público de CABA, hay diseñadas 450 camas de terapia intensiva. De esas están ocupadas por covid, 160, pero hay otras 180 en la que están pacientes de otras patologías. La mayoría: cirugías programadas, por ejemplo, de cadera.
El sistema privado, de obras sociales y demás vertientes tiene un total de 1.600 camas de terapia intensiva. Hay ocupadas 1.250, pero de ese total sólo 450 son de covid. En septiembre hubo 650.
Es decir, las terapias están cargadas -por lo general lo están casi siempre-, pero todavía no tan cargadas con pacientes covid. Sin embargo, los datos de contagios son tan alarmantes que es imperioso preparar todo para una ocupación casi total.
Medidas
El instructivo interno de los hospitales públicos, que tiene una página y media, es contundente. Empezó a aplicarse el viernes pasado:
*Consultorios: se suspenden todos los turnos, salvo los relacionados con dolencias urgentes: obstetricia, traumatología y clínica general. Se activará el sistema de teleconsulta.
*Se reducen las prestaciones en las guardias, orientándolas hacia pacientes con sintomatologías de covid.
*Se suspenden las cirugías programadas salvo las de urgencia y las que no admiten postergaciones.
*Los laboratorios se concentrarán en extracciones y procesamientos relacionados con covid.
*Se suspenden turnos para radiografías, ecografías y el resto de diagnósticos por imágenes. Se prioriza a las áreas relacionadas con covid.
*Se transformarán unidades de terapia media en unidades de terapia intensiva.
*La unidades coronarias también se adecuarán para recibir a pacientes covid.
*Shock Room: en cada hospital, se “refuncionaliza” para adecuarse a la situación epidemiológica.
*En el último punto se habla de que “se irá activando la total disponibilidad de los hospitales en función de la situación epidemiológica”. O sea, todo el hospital para enfermos covid.
El instructivo está firmado por Laura Beatríz Cordero, subsecretaria de atención hospitalaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Panorama
Este diario pudo conversar con médicos y enfermeros de los hospitales públicos. Todos coinciden en que cada vez llegan más pacientes covid, “mueren menos, pero van ocupando las camas”, “era evidente que tenían que tomar medidas porque de a poco esto se iba a saturar”; “hay faltantes de medicamentos”; “contratan enfermeros, pero a los pocos días de van”. El cuadro de preocupación está en todos lados.
Las autoridades porteñas admiten que los números son malos, peligrosos, pero no reconocen el origen del crecimiento de contagios:
*No mencionan el relajamiento de los cuidados que se expresan en la aglomeración de personas en bares e incluso en plazas, algo que se percibe a simple vista. El gobierno porteño no está dispuesto a poner ningún límite de horario.
*Sostienen que las clases presenciales no afectan el nivel de contagios.
*Tampoco aceptan que la mayor cantidad de contagios tiene que ver con más circulación, por lo tanto no aceptan ni la iniciativa del teletrabajo propuesta por el gobierno nacional.
*Dicen que circulan variantes del virus más contagiosas -la del Reino Unido-, pero todavía no de manera generalizada.
*Consideran que quienes se contagian en CABA son más jóvenes que en la Provincia de Buenos Aires. Según ellos se trata de estudiantes y de una franja que registra pocos síntomas. Sin embargo, este sábado, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, que tiene seis veces más población que CABA, tuvo tres veces más contagiados. O sea, está proporcionalmente mejor. Respecto de las muertes, pasa algo parecido: PBA tuvo cuatro veces más fallecidos, pero tiene seis veces más población que CABA. Lo que está claro -y en eso están de acuerdo todos-, es que la curva de mortalidad aumenta a menos ritmo que los contagios.
Vacunas
El único ángulo en que el gobierno porteño insiste es en que debe recibir más vacunas porque tiene más población de edad y más personal de salud que el resto de los distritos.
De esa manera explican que recién están terminando de vacunar a los mayores de 75, cuando casi todas las provincias ya empezaron hace rato con ciudadanos de más de 60. Según las fuentes porteñas, si el flujo de vacunas continúa de forma aceptable, empezarán con la vacunación de los mayores de 70 el jueves y el viernes próximo. En principio, habían hablado de que arrancarían este mismo fin de semana, pero ahora argumentan que no tienen suficientes dosis y por lo tanto postergaron hasta el final de la semana que se inicia este lunes.
Discursos
En el terreno público, Rodríguez Larreta y los demás funcionarios siguen el libreto de Cambiemos de defensa de las libertades individuales pero en el terreno más interno van abriendo el paraguas. Con un instructivo poco difundido preparan los hospitales públicos de CABA para un empeoramiento de la situación.
Llega el undécimo vuelo de Aerolíneas con otro cargamento de Sputnik V
Un aterrizaje con otro medio millón de vacunas
Raúl Kollmann
El ritmo de llegadas de vacunas se aceleró notoriamente y la promesa es que en abril habrá todavía más chances de sumar dosis. El millón que llegó de China se empezó a distribuir este fin de semana y con lo que viene de Moscú habrá otro medio millón más. Está la versión de que el Airbus que trae las Sputnik V partiría otra vez casi de inmediato, pero -como ocurre desde el principio- nada está confirmado hasta que viene el ok desde Moscú. El equipo negociador que encabeza la ministra Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini es sumamente cauto.
Respecto de la Sinopharm, nadie duda de que vendrán, pero obviamente el crecimiento de casos marca una urgencia. La Provincia de Buenos Aires está enviando 50.000 citaciones para vacunar por día, pero podría subir a 100.000 e incluso a más. El ministro Daniel Gollán dijo que con la cantidad suficiente de dosis, en PBA podrían terminar de vacunar a los mayores de 60 antes del 30 de abril. En ese marco, la llegada de las Sinopharm es clave: en Casa Rosada afirman que están trabajando en concretar los dos vuelos que faltan y sostienen que están negociando una cantidad aún mayor.
Crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorar salarios y jubilaciones y fortalecer la cobertura social con transferencias directas
Qué hacer para bajar la pobreza e indigencia
Las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre del primer año de la pandemia son intolerables en términos sociales y políticos. Con la experiencia del ciclo del kirchnerismo, que registró una fuerte caída de esos indicadores luego de la explosión de la convertibilidad para luego estabilizarse en niveles elevados del 25/30 por ciento, la estrategia pública para abordar esta crisis es conocida:
1. Orientar todas las herramientas de política económica para impulsar un fuerte y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto.
2. Fortalecer en consecuencia la creación de empleo.
3. Definir un marco de negociación paritaria que culmine con aumentos salariales superiores al alza de precios, en especial de alimentos, bebidas y servicios básicos.
4. En ese sentido, buscar con políticas macroeconómica (fiscales y monetarias) y de ingresos (precios y salarios) una reducción de la tasa de inflación.
5. Robustecer el esquema de protección social (jubilaciones, AUH y otras prestaciones), ampliando la cobertura y mejorando el ingreso en términos reales de los titulares de derechos.
6. Consolidar un esquema de transferencias monetarias directas a los grupos más vulnerados (Tarjeta Alimentar y otros planes).
Salida de las crisis
El objetivo político principal, además de la estabilidad económica, tendría que ser ingresar en un sendero de reducción de la pobreza monetaria, para encarar al mismo tiempo la multidimensional. Esta incluye el acceso a una vivienda digna, agua potable, cloacas, servicios básicos, educación y salud.
El aspecto relevante del Gobierno debería ser definir una orientación en ese sentido para ir mejorando el cuadro sociolaboral. No es una misión de alcance inmediato, por eso lo importante son las medidas que se instrumentan para definir esa tendencia.
No es complicado de entenderlo en base a la experiencia reciente. La estrategia económica de la alianza macrismo-radicalismo fue una fábrica de pobres como lo refleja la evidencia empírica, más allá de las recorridas en medios con interlocutores amigables y tuits clasistas de los responsables del área económica en esos cuatro años de neoliberalismo.
La definición de la tendencia es clave más aún cuando, se sabe, las salidas de grandes crisis, como la actual, exige mucha perseverancia política, recursos económicos y firmes convicciones para consolidar un recorrido sólido de recuperación socioeconómica.
El antecedente último de esa dinámica se encuentra después del estallido de la convertibilidad. El gobierno de transición de Eduardo Duhalde fijó aumentos de salarios por decretos, política que continuó el gobierno de Néstor Kirchner que impulsó rápidamente paritarias libres.
De ese modo, el salario real pudo recomponerse hasta alcanzar en el 2007 el nivel que tenía en 1998, cuando había comenzado una recesión que se prolongó cuatro años. O sea, fueron casi cinco año hasta cicatrizar las heridas de la gran crisis 2001/2002.
El impulso dado por el Estado permitió la recuperación del salario real vía decretos y fortaleciendo a la parte sindical en las negociaciones paritarias. Acción que resultó fundamental porque el sector empresario buscó también recuperar márgenes de rentabilidad perdidos en la crisis, lo que presionó sobre la tasa de inflación haciendo más complicado avanzar con el aumento del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Es lo mismo que sucede ahora que se refleja en tasas de inflación del 3 al 4 por ciento mensual. Esa tensión se conoce como puja distributiva.
En 2009, además, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la Asignación Universal por Hijos que permitió una fuerte caída de la indigencia, no tanto así de la pobreza.
Ahora, con algunos matices, se repite el mismo escenario de salida de una gran crisis, con un Estado que tiene el desafío de fortalecer a los sectores de ingresos fijos y a los que están fuera del sistema laboral formal.
Margen fiscal
El Presupuesto 2021, el cual constituye el eje central del plan económico del Gobierno, de acuerdo a lo expresado por el ministro Martín Guzmán, prevé un crecimiento de 5,5 por ciento y un déficit fiscal de 4,5 por ciento del PIB.
Como el aumento del Producto sería del 7,0 por ciento, según la actualización realizada por Guzmán en declaraciones recientes, los recursos nominales serían también mayores a los previstos.
Si el crecimiento de la economía fuese del 9,0 por ciento, estimación probable a partir de las primeras cifras oficiales (enero) y privadas (enero-febrero), la disponibilidad de fondos públicos sería todavía más holgada.
Esta precisión de cifras no es simplemente un juego estadístico, sino la descripción contable de la existencia de un mayor margen fiscal para ocuparse de consolidar una política que ubique la tendencia de la pobreza e indigencia hacia la baja.
El mayor espacio fiscal estará presente si se mantiene el objetivo de déficit fiscal de 4,5 por ciento, evitando caer en la tentación de agradar a la tecnoburocracia del FMI con la posibilidad de un recorte adicional del desequilibrio de las cuentas públicas.
Como se mencionó al comienzo, el crecimiento fuerte y sostenido de la economía es uno de los requisitos indispensables pero no único para generar empleo y, por consiguiente, reducir la pobreza e indigencia.
Más allá de las presiones locales, no sería entonces necesario complacer la ortodoxia del staff del Fondo porque, además de ser corresponsables del desastre macrista, la posición institucional liderada por Kristalina Georgieva es la de habilitar, si es posible, la expansión fiscal.
Un horizonte probable de crecimiento del 7 al 9 por ciento ofrece ese mayor margen fiscal.
Recesiones
En "Cicatrices de curación lenta: el legado de la pandemia", los economistas del FMI Sonali Das y Philippe Wingender mencionan que las recesiones causan estragos y el daño suele durar mucho tiempo, como indica el caso argentino.
Dicen que la recesión provocada por la pandemia de la covid-19 no es una recesión ordinaria. Señalan que en comparación con las crisis mundiales anteriores, la contracción fue repentina y profunda: la producción mundial disminuyó aproximadamente tres veces más que en la crisis financiera de 2008, en la mitad del tiempo.
En esta instancia, pese a la visión conservadora que se vislumbra en el texto, Das y Wingender plantean que el camino hacia la recuperación sigue siendo un desafío, especialmente para países con espacio fiscal limitado, y se ve dificultado por el impacto diferencial de la pandemia. Para indicar que la experiencia de recesiones pasadas subraya la importancia de evitar dificultades financieras y garantizar un apoyo político eficaz hasta que la recuperación esté firmemente en marcha.
Aquí aparecen las recomendaciones: "Los países deberán adaptar sus políticas a las diferentes etapas de la pandemia con una combinación de apoyo mejor dirigido a los hogares y empresas afectados e inversiones públicas". Apuntan que "para abordar el aumento de la desigualdad que probablemente resultará de la pandemia, se deben ampliar las redes de seguridad social y se deben asignar los recursos adecuados a la atención médica y la educación".
Transferencias
El aumento de la pobreza en el segundo semestre al 42 por ciento, 1,1 puntos porcentuales más respecto al primer semestre, se explica en parte por la eliminación del IFE (el último se terminó de transferir en septiembre pasado), a lo que se le sumó la aceleración inflacionaria del último trimestre. Ambos efectos acotaron la mejora del ingreso real familiar derivada de la recuperación de empleos en ese período.
En situaciones sociales tan críticas los planes de transferencias directas son potentes amortiguadores de las crisis. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Para el mediano y largo plazo postula que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.
El informe de la Cepal "El desafío social en tiempos de covid-19" sugiere un ingreso básico de emergencia (similar al IFE) para implementar en forma inmediata, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de Bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, destacó Bárcena.
Límites
Con los últimos datos de pobreza e indigencia, estos indicadores se ubicaron en niveles de 2006, pero en ese año estaban en un corredor descendente.
Ahora están en un nivel alto que exige ubicarlos en una tendencia a la baja, teniendo en cuenta la situación alarmante que está expresada en tres frentes:
1. La pobreza en la franja de menores de 14 años anotó el 57,7 por ciento, cuando un año atrás estaba 52,3 por ciento.
2. La cantidad de personas en situación de pobreza pasó de casi 10 a 12 millones en doce meses.
3. No sólo hay más pobres, sino que los pobres están más lejos de salir de esa situación (ampliación de la brecha de pobreza), porque los ingresos monetarios de esos hogares se distanciaron de la canasta de bienes y servicios que mide la pobreza.
El sociólogo Daniel Schteingart explicó en su cuenta de Twitter que para que la pobreza vuelva a disminuir después de tres años tan negativos (dos años de recesión macrista y uno de coronavirus) se requiere del crecimiento económico, fundamental para subir salarios reales, crear puestos de trabajo y de esta manera mejorar el ingreso de las familias.
Para concluir que en los últimos 17 años, la evolución de la pobreza fue casi un espejo respecto a la del PIB: cuando el Producto subió,la pobreza bajó y viceversa. Por lo tanto, crecer es condición absolutamente necesaria pero no suficiente para reducir sustancialmente la pobreza, cuya meta debería ser quebrar el piso estructural que se ubicaría en el 30 por ciento de la población.
Vence la concesión del dragado y mantenimiento de la vía navegable del río Paraná
Hidrovía: proyectos e intereses en disputa
El vencimiento a fin de este mes del contrato de concesión del servicio de dragado y balizamiento de la principal canal fluvial de entrada y salida de mercancías del país, la denominada Hidrovía, deja aún abiertas varias discusiones sobre el futuro de la administración de ese punto estratégico en el ejercicio de la soberanía nacional. Así lo pone de manifiesto un documento del Centro de Estudios Agrarios en el que se analizan diferentes aspectos en la disputa por el control y administración de la vía navegable troncal, que vincula el tráfico de los ríos Paraná y Paraguay con el océano Atlántico, a través del río de la Plata.
El trabajo de los especialistas Matías Strasorier y María Rizzo hace un exhaustivo análisis de la importancia económica de estea vía navegable. La concesión, tal cual se administró desde 1995 hasta el presente, le otorga al concesionario el derecho de cobro de un "peaje de u$s3,06 por tonelada fiscalizada, que a un promedio estimado de casi 100 millones de toneladas anuales, conforma un negocio de unos u$s300 millones anuales, sin contar la comercialización de la arena extraída en el proceso de dragado que se comercializa para otros usos".
El comercio de exportación que sale por vía fluvial se nutre principalmente del embarque de granos y subproductos en la zona del Gran Rosario. En el año 2020 se embarcaron en todas las terminales portuarias del país 56,5 millones de toneladas de granos (trigo, maíz, cebada, sorgo, soja y girasol), el segundo mayor volumen en la historia del país (el primero fue el año anterior, con 60,1 millones). El 67 por ciento de ese volumen salió por los puertos del Gran Rosario (38,2 millones de toneladas). Otro 7 por ciento salió por otros puertos que también despachan sobre las costas del Paraná (Zárate, Villa Constitución, Ramallo y San Pedro), y el resto se embarca en los puertos cerealeros del sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, más de 9 millones de toneladas, y Quequén, 5,6 millones).
La vía navegable fluvial del Paraná también predomina en la exportación de subproductos de la cosecha , ya que el Gran Rosario fue la puerta de salida para el 96% de las 27,1 millones de toneladas exportadas en 2020. Ramallo y Zárate embarcaron otras 315 mil toneladas.
El informe del Centro de Estudios Agrarios destaca además que el complejo sojero, con 7675 millones de dólares, y el complejo maicero, con 3318 millones al año, constituyen el principal núcleo de exportaciones agroindustriales del país, ubicándose en varios rubros como el principal o uno de los principales exportadores del mundo.
El concesionario
Desde 1995, la concesión del dragado y balizamiento de red fluvial troncal del Paraná, desde Confluencia (donde se une al río Paraguay) hasta su desembocadura en el río de la Plata y su salida a aguas abiertas, está en manos de la empresa belga Jan de Nul, asociada a la local Emepa, de Gabriel Romero. El trabajo de Strasorier y Rizzo recuerda que tras la sospechosa "colaboración" de Romero con el gobierno de Macri inculpando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos (dijo que él mismo había pagado los 600 mil dólares supuestamente solicitados en 2012 para renovar el contrato), hizo que Jan de Nul alegara "desconocer" esos movimientos de su socio y, frente a la nueva licitación, dispusiera sacárselo de encima.
Entre 1995 y la actualidad, el informe revela que Jan de Nul acumuló varios casos de imputaciones por corrupción en el mundo. Enfrentó una causa por supuesto pago de coimas a las autoridades fiscales de su país (Bélgica) en 1996, por la cual recibió una condena en 2001; una controversia en 2016 por una licitación de obras en el principal puerto de Ucrania, en la que su competencia la acusó de ceder parte del negocio a un miembro del Parlamento para lograr la adjudicación. Y en 2009 formó parte de un consorcio que se adjudicó una importante obra en el canal de Panamá, con diversas irregularidades tanto en la adjudicación como en las fallas y sobreprecios de la obra.
Canal de Magdalena
La investigación del Centro de Estudios Agrarios también analiza la variante de la habilitación del canal de Magdalena como vía navegable de salida al océano, que permitiría interconectar los puertos del sur del país con la red troncal fluvial.
En el informe, los autores recuerdan que "Cristina Fernández de Kirchner, en su presidencia propone la navegabilidad del Canal Magdalena, lo cual resultaba de importancia estratégica al permitir mayor control del Estado, mejorar el tránsito marítimo hacia los puertos patagónicos, menor impacto ambiental por ser un canal natural, más ancho y más bioeconómico". Y agregá que Mauricio Macri, tras asumir la presidencia, "una de las primeras medidas que tomó, fue el dejar de lado el Canal de Magdalena para llevar adelante el plan de las multinacionales: todo lo que sale o entra se concentra por Montevideo".
Con el actual gobierno ya instalado, y con el contrato de concesión de la Hidrovía próximo a vencer, en agosto de 2020 se firma el Acuerdo Federal Hidrovía entre el gobierno nacional y las provincias costeras, y se creó la Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado. En noviembre del mismo año, se promulga el decreto 949, que refiere que en el espíritu de aquel acuerdo federal, "resulta esencial buscar mecanismos de participación y trabajo conjunto con las distintas jurisdicciones", teniendo en cuenta el próximo vencimiento de la concesión privada.
"Curiosamente, el mismo decreto delega en el Ministerio de Transporte, la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación para la concesión de “obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal", señala la investigación de Strasorier y Rizzo, advirtiendo que además "relega en importancia la posibilidad de trabajar sobre "otros tramos de la vía navegable", entre ellos el canal Magdalena, al igual que la creación de la Administración Federal Hidrovía SE".
Más allá de reconocer que en el seno del Frente de Todos "conviven dos proyectos respecto a la soberanía de la Cuenca del Plata", el documento destaca que, al menos, "logran saldar los contrapuntos en unidad contra el proyecto neoliberal, que durante el gobierno de Cambiemos fugó la soberanía junto con las divisas que le prestaban en complicidad". Reitera, por último, que en criterio de los autores el Canal de Magdalena es el proyecto de salida fluvial al Atlántico que mejor garantiza el ejercicio de la soberanía nacional y el control sobre el comercio exterior.
Kicillof evaluó junto a intendentes la situación epidemiológica
El Gobierno bonaerense analiza volver a implementar restricciones para frenar la suba de casos
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo una reunión virtual con más de cien intendentes para evaluar la situación epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires y señaló que desde el Ejecutivo provincial analizan los efectos del volver a restringir la nocturnidad, el transporte público y las actividades recreativas. En ese marco, el mandatario anticipó que mañana habrá una nueva reunión con el Comité de Expertos y luego se coordinarán acciones junto al Gobierno Nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
"El trabajo coordinado que hicimos la Provincia y los municipios durante la primera ola nos va a servir de experiencia para enfrentar esta nueva etapa, mientras continuamos con el plan de vacunación. El sistema de fases arrojó muy buenos resultados, por lo cual será muy importante que podamos mantener este esquema ante un aumento exponencial de los casos positivos”, señaló Kicillof durante el encuentro.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo bonaerense, el gobernador les transmitió a los jefe comunales que se analiza "el impacto que implicarían medidas en tres ejes: la nocturnidad, el transporte público y las actividades recreativas en las que se aglomera mucha gente".
El Gobernador subrayó que "las pautas establecidas para cada de una de las fases indican un piso de cumplimiento respecto de las medidas necesarias para disminuir los contagios". En ese sentido explicó que los jefes y las jefas municipales pueden optar luego "por criterios más estrictos en los casos que se requiera debido a la dinámica del virus en cada territorio".
Durante el encuentro, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan remarcó que "las decisiones que estamos trabajando se basan en la experiencia científica que surge en los países que están atravesando una tercera ola".
"No podemos hacernos los distraídos cuando vemos que nuestros países limítrofes están viviendo situaciones dramáticas. Pese a que ya veíamos con un crecimiento de los casos, desde la semana anterior se observa una duplicación día contra día que da cuenta de que se quebró la dinámica de la curva de contagios”, enfatizó a su turno el viceministro Nicolás Kreplak.
También valoró que “lo más efectivo es disminuir la movilidad y ahora que la zona metropolitana vuelve a ser el foco de los contagios, necesitamos preservar al resto de la Provincia mientas avanza la vacunación”.
Participaron también de la reunión el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
Entre los intendentes que tomaron la palabra, el de General Paz, Juan Manuel Álvarez, expresó su preocupación por la cantidad de contagios del municipio, ya que superó el pico alcanzado durante 2020.
Alejandro Federico, jefe municipal de Suipacha, se refirió a la necesidad de anticipar medidas en materia de turismo; en tanto que el intendente de Pilar, Federico Achával, hizo hincapié en la campaña de vacunación.
Por su parte, Ramón Capra, de General Alvear planteó la necesidad de priorizar al personal que trabaja en los penales en el plan de vacunación; y Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, repasó el acatamiento de las nuevas medidas dispuestas en el municipio, con restricciones mayores a las dictaminadas por la Provincia.
El Centro Gamaleya le deseó una "pronta recuperación" y precisó cómo funciona la vacuna
Alberto Fernández con coronavirus: el mensaje de aliento de los creadores de la Sputnik V
"Instituto Gamaleya: Nos entristece escuchar esto", comienza un hilo de Twitter que el Centro Gamaleya publicó en respuesta al que escribió el jefe de Estado en esa misma red para informar sobre su contagio.
Al anunciar su cuadro clínico, Fernández detalló cómo transita la enfermedad, dijo que está bien físicamente y pidió a los argentinos cuidarse. "Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", relató el mandatario.
El Centro Gamaleya publicó su mensaje en la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V durante la madrugada.
"#SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves", precisa la publicación que concluye con el aliento a Fernández: "¡Le deseamos una rápida recuperación!".
Fernández se aplicó la primera dosis de la Sputnik V el 21 de enero pasado en el Hospital Posadas. Cumplido el plazo correspondiente se aplicó la segunda dosis.
El Presidente se suma el listado de mandatarios o primeros ministros que tuvieron covid-19. El primero fue el británico Boris Johnson, hace poco más de un año, en época en la que se enlistaba entre los negadores de la pandemia.
Pedido de Juicio Político
Jorge Rivas apuntó contra la Corte
El Director Nacional de Estrategias Inclusivas, Jorge Rivas, apuntó contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por guardar silencio ante la publicación de una seguidilla de visitas de jueces a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri.
El experimentado abogado socialista y exdiputado nacional en dos oportunidades aseguró que los integrantes del máximo tribunal podrían ser sometidos a jucio político por su actitud. En ese marco, Rivas expresó que "lo que está pasando con el Poder Judicial es demasiado grave para que lo tomemos a la ligera" y adelantó que esto podría llevar a los jueces a un "juicio político".
En este sentido, el exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández durante la presidencia de Néstor Kirchner, agregó que "el que calla otorga" y enfatizó que "si los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expiden de manera contundente contra esta ciénaga, no dudo de que se los debe someter inmediatamente a juicio político".
El papel de Silvio Robles
El operador menos conocido de la Corte Suprema
Dentro de la difícil relación que llevan adelante con la Corte Suprema, en el Poder Ejecutivo ponen cada día mayor atención en una figura desconocida para la opinión pública pero que fue ganando un lugar crecientemente relevante en los pasillos del Máximo Tribunal. Se trata de Silvio Robles, un experimentado lobista de empresarios y políticos que, de la mano del juez Horacio Rosatti, llegó a los niveles más altos dentro del personal de la Corte y se transformó en uno de sus principales operadores políticos.
En realidad, quizás sea más preciso decir que Horacio Rosatti llegó a su lugar en la Corte de la mano de Silvio Robles. Pero para ello hace falta hacer un poco de historia.
Robles fue vocero de Horacio Rosatti durante el año (julio de 2004 a julio de 2005) que éste ocupó el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. Cuando Rosatti perdió su lugar, Robles peregrinó por otros ministerios, siempre como vocero de otros integrantes del gobierno. Los más conocidos fueron Felisa Micheli, de Economía, que en ese lapso sufrió el escándalo de la bolsa de dinero descubierta en su baño, y Ricardo Jaime, de Transporte. En el círculo íntimo de Micheli, siempre sospecharon del papel jugado por Robles en su caída.
Apenas cambió el Gobierno, Robles buscó cobijo en las nuevas autoridades y el puente se lo brindó su pareja, Laura Latorre, que durante años funcionó como Jefa de Prensa de Farmacity y mantuvo ese mismo puesto cuando el dueño de la cadena famacéutica, Mario Quintana, asumió como vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri y la invitó a sumarse a la flamante gestión.
A través de Quintana, Robles resultó el principal operador para que Macri nombre por decreto a Horacio Rosatti en la Corte Suprema. Tal como lo cuenta el ex presidente en su libro “Primer Tiempo”, él conoció su nombre por la intermediación de Elisa Carrió y, fundamentalmente, de su hombre en la Justicia Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Tanto Carrió como Rodríguez Simón trabajaban codo a codo con Quintana en esos tiempos, enfrentados al “ala política” del macrismo.
Una vez nombrado, lo primero que hizo Rosatti fue contratar a Robles como Director General y lo puso a cargo de todo lo relacionado con su vocalía. Pero no terminó allí su creciente influencia.
A poco de andar, Rosatti le dio la espalda al otro juez nombrado por decreto por Macri, Carlos Rosenkrantz, que había llegado a la presidencia del Tribunal Supremo, y participó en el “golpe interno” que lo vació de poder. Como resultado de la nueva relación de fuerzas interna, Robles quedó como segundo de Daniel Marchi, el hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, en la administración de la Corte.
Como premio especial, también creció su poder como operador político del Tribunal. Especialmente en el Centro de Información Judicial, el canal de prensa de la Corte Suprema, donde todos reconocen la influencia determinante de Robles en las comunicaciones oficiales del Poder menos democrático del Estado.
Cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, nadie se sorprendió de ver a Robles tratando de recuperar sus viejos contactos peronistas en las inmediaciones del bunker donde se tramitó la sucesión. Eso lo terminó colocando en el centro del “affaire Ruanova”, que terminó con el Presidente reclamando la renuncia de Gonzalo Ruanova a su puesto como subsecretario técnico de la Nación, después de que trascendiera que la oficina de Horacio Rosatti, a cargo de Robles, había conseguido que se contratara en la Corte a la hija del ahora ex funcionario.
Pero lo que más preocupó al Gobierno, fue el rol que le adjudican como operador del establishment tribunalicio para frenar en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Reforma de la Justicia Federal, que ya tiene media sanción del Senado desde agosto de 2020.
Dueño del despacho y la agenda de Rosatti, cualquiera empresario con casos en la Corte que quiera entrevistarlo tiene que pasar por su intermediación, en el Ministerio de Justicia nadie duda en advertir la sombra de los jueces del Tribunal Supremo tras las repetidas recorridas de Robles por los centros de poder mediáticos, económicos y políticos, intercambiando favores y haciendo lobby contra los proyectos oficiales.
Ampliación del gasto público, aumento de la recaudación impositiva y recuperación sostenida de la economía
El mito del ajuste económico en el gobierno de Alberto Fernández
Imagen: NA
La reactivación del consumo, la construcción y la producción de bienes y servicios observada en el último trimestre del 2020 y el primer mes de este año permite retomar la senda del crecimiento económico y facilitar el saneamiento progresivo del presupuesto del Estado, a pesar de la pandemia.
En el universo conceptual de los economistas ortodoxos y de aquellos que propalan sus erróneas proyecciones esta recuperación era inimaginable. A la par de la mejora señalada en las variables macroeconómicas, se observa un incremento de las reservas del Banco Central, que se ubican ahora un poco por encima de los 40 mil millones de dólares. A lo que se le suma el equilibrio de la balanza de pagos, lo cual indica que, en su conjunto, las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández fueron las adecuadas para superar la crisis.
La aceleración del crecimiento económico logrado por el programa de sostén de la actividad económica vía el gasto público liderado por el ministro Martín Guzmán, ha permitido el consiguiente incremento de la recaudación impositiva. El aporte de las grandes fortunas ayudará a incrementar aun más los ingresos fiscales.
Se sabe además que el monto de los intereses de la deuda pública, que es un lastre para la economía, es el más bajo desde 2015 y esto debido a la reestructuración de la deuda.
Demanda
La reactivación económica ha permitido suspender el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia IFE. Pero estos serán reactivados si el impacto de la segunda ola de la pandemia fuera, este invierno, superior al esperado.
Esto ha permitido derivar un importante monto del gasto público para reforzar la inversión pública que explica el rápido crecimiento del sector de la construcción y, a la vez, se incrementaron los montos de la Tarjeta Alimentar en 50 por ciento: para quienes tienen un hijo el valor mensual pasó de 4000 a 6000 pesos y para quienes tienen 2 o más hijos, de 6000 a 9000 pesos.
A esto hay que agregar los aumentos limitados pero reales al 80 por ciento de los jubilados que ganan menos. Se incrementó el umbral para el pago del mal llamado Impuesto a las Ganancias que permitirá que 1,3 millón de personas dejen de pagarlo, lo cual se traducirá en un incremento adicional de la demanda de bienes y servicios del consumo privado. Lo que no pagan en impuestos esos sectores lo gastan en bienes de consumo.
Como se ve, el diagnóstico de los economistas ortodoxos que afirma que la política económica llevada adelante por el Gobierno es un ajuste, o sea una disminución del ingreso de los sectores medios y populares, es erróneo y sesgado.
Contractivo
Un déficit presupuestario puede ser recesivo, vale decir que provocará una contracción del PIB, cuando se disminuye el gasto público para compensar una caída de la recaudación fiscal por la disminución de los impuestos pagados por los ricos (retenciones y Bienes Personales), como ocurrió durante el gobierno de Macri.
La caída de la demanda global llevará a un incremento de la deuda pública necesaria para compensar ese déficit, y la recesión económica inducirá una nueva disminución de la recaudación impositiva, que implicará un nuevo aumento de la deuda.
Vale decir que los favores fiscales a los más acaudalados serán pagados por el conjunto de la población. Los ingresos de esos sectores disminuirán a corto plazo y esa caída continuará ya que deberán incrementarse los impuestos indirectos para pagar la deuda. En la primera parte del período de Macri el retroceso de la recaudación necesitó, como se recordará, restringir el gasto público, en particular en la inversión pública, la salud, la educación y las jubilaciones.
Expansivo
Pero el déficit presupuestario puede tener un efecto económico expansivo, como es el caso en la actualidad. Con el gobierno de Alberto Fernández la economía está en una trayectoria presupuestaria ascendente. Se observa, por un lado, un incremento de la recaudación merced al aumento de las retenciones y a la reactivación económica y, por otro lado, a un aumento del gasto público porcentualmente menor al incremento de la recaudación fiscal.
De ese modo, se produce una disminución del déficit fiscal. Esta reducción no se produce debido a una contracción del gasto, es decir de la demanda global, sino por un incremento de los ingresos fiscales.
Sin embargo, el cambio en la calidad de la recaudación impositiva y el gasto público permite incrementar la eficacia de la política fiscal en favor del crecimiento económico. Los ingresos fiscales se hacen progresivos con retenciones, Bienes Personales y aporte de las grandes fortunas, pero tienen un impacto poco significativo en la variable consumo privado de los sectores de altos ingresos y en la inversión.
En efecto, el consumo de los sectores más adinerados se mantendrá estable ya que representa una ínfima parte de sus ingresos y tanto más que una parte del mismo va al atesoramiento en dólares o en activos no productivos o de esparcimiento, productos suntuarios.
La inversión privada realizada por estos sectores depende sobre todo del nivel de utilización de la capacidad instalada que, por el momento, no está a su plena capacidad y comparable al último año de la gestión de Macri, lo que provoca reticencias en los inversores. Estos no invierten debido a lo ganado en el pasado, sino a lo que esperan ganar en el futuro.
El consumo de los sectores de medianos y bajos ingresos se incrementará debido al aumento de sus salarios, ayudas estatales y jubilaciones porque gastan todo lo que reciben. En cuanto a la inversión pública se observa un rápido aumento luego de la paralización de la misma durante el gobierno de Macri.
Orientación
Técnicamente un déficit presupuestario significa que los ingresos fiscales son inferiores a los gastos del Estado, y en sí mismo no es ni peronista ni antiperonista. Pero adquiere un contenido político según se oriente el gasto y la composición de los ingresos fiscales.
Si el déficit resulta de una política expansiva de la demanda pública o privada tendrá un impacto positivo en la actividad económica y el empleo. Al contrario, si es el resultado de una baja de los impuestos favorable al ingreso de los sectores de mayores ingresos tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico y aumentará la pobreza.
Los medios de comunicación antiperonistas en este año electoral siguen sosteniendo que estamos frente a un ajuste liderado por el Gobierno. El análisis de las cifras muestra la amplitud del desastre de la administración Macri, ya que la fuga de capitales fue superiores a las exportaciones de soja.
Las medidas presupuestarias tomadas por el equipo económico de Guzmán e indicadas arriba deben por lo tanto ser analizadas en su contexto. Según el estimador mensual de actividad económica (Emae) del Indec, la pandemia destruyó en 2020 casi el 10 por ciento de la economía nacional.
La economía ya estaba orientada a la baja debido a que la gestión de Macri había provocado durante su mandato una importante caída. De acuerdo a registros de la AFIP, en los últimos cinco años quebraron alrededor de 45.000 empresas, la mitad de las cuales fue durante el periodo de Mauricio Macri, sin pandemia.
El impacto negativo de la gestión macrista fue, por lo tanto, acumulativo y sus efectos hubieran sido aun más graves para los sectores populares si el actual Gobierno no hubiera aplicado la política de ampliación del gasto público, como se hizo en la mayoría de los países.
La próxima ola de contagios provocada por la covid-19 no debería incidir en la creación de riqueza y el PIB podría incrementarse en, por lo menos, 7,5 por ciento, ya que la experiencia reciente muestra que las medidas de sostén económico funcionaron y ahora hay recursos, experiencia y vacunas para enfrentarla.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS, Buenos Aires 2019.
Fuente:Pagina12
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