ILE: pedido de jury a dos jueces
antiderechos
Por Mariana Carbajal, Resumen Latinoamericano, 9 de abril 2021
Javier Anzoátegui y José María Rizzi habían denunciado a funcionarios y organismos que garantizaron una ILE a una niña abusada y llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.
Dos jueces antiderechos inauguraron el flamante Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género creado el 8 de marzo por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de Javier Anzoátegui y José María Rizzi, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8, quienes denunciaron a funcionarios y organismos que garantizaron la atención de una interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente y llamaron a los médicos que la atendieron “sicarios” y “asesinos a sueldo”. Los dos jueces se pronunciaron así en un fallo donde el hermanastro de la víctima fue condenado a 35 años por homicidio simple en concurso real con aquellos abusos. Es decir, la ILE no era tema del debate oral que llevaron adelante. Incluso, llegaron a decir en la sentencia que la niña había cometido un delito más grave que su hermanastro. Ambos jueces siguen en sus cargos. Este miércoles se sumó un nuevo pedido de jury en su contra “por mal desempeño”. Lo presentó ante el Consejo de la Magistratura la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. “No pueden seguir siendo jueces”, señaló Martínez a Página/12. Y consideró que deberían ya haber sido, al menos, suspendidos.
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“Tengo 45 años en la Justicia. Nunca vi un caso como este de manifiesto desconocimiento del Derecho, de inobservancia de normas procesales y de la Constitución Nacional y de desprecio a una víctima de abuso sexual. Llamarla asesina como hicieron estos dos jueces no lo he visto nunca”, destacó Martínez en diálogo con este diario. Su denuncia y pedido de remoción de Rizzi y Anzoátegui se suma al que presentaron la ONG Mujeres x Mujeres, de Tucumán, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, entre otros organismos. Por esas denuncias los incluyeron en el nuevo Registro Público.
En el Consejo de la Magistratura de la Nación ya se abrió un expediente contra los dos jueces para determinar si se les aplica una sanción o se abre el procedimiento de juicio político. Lo lleva adelante el consejero Carlos Matterson, representante de los abogados de la matrícula del interior del país. Entre otras medidas, se solicitó información a distintos organismos para saber si realizaron la capacitación obligatoria dispuesta por la Ley Micaela.
“Se burlaron de la Corte Suprema”
Es la primera vez que Martínez presenta un pedido de jury contra magistrados. A su criterio, debería ir más rápido el trámite en el Consejo de la Magistratura. “Los jueces pueden hablar, pueden escribir un libro, pero no pueden usar en un juicio sus creencias personales. Hablar sobre el aborto legal de una víctima de abuso sexual en un juicio que nada tenía que ver con eso es abuso de autoridad. Además, se burlaron de la Corte Suprema, que en el fallo FAL confirmó la constitucionalidad de los abortos no punibles”, dijo Martínez a este diario.
Rizzi y Anzoátegui firmaron en setiembre un fallo en el que, luego de condenar al hermanastro de la niña por homicidio de un hombre y el abuso sexual de ella, apuntaron hacia la pequeña, que a los 14 años había interrumpido legalmente un embarazo provocado por el abuso intrafamiliar. Para la defensora general, incurrieron en “una práctica de revictimización y discriminación, constitutiva de un trato cruel, inhumano y degradante”.
Durante el juicio oral llegaron a exhibirle a la madre de la niña –testigo en el juicio– una foto del feto que se había usado para confirmar el ADN y probar el abuso del hermanastro.
“En lugar de ceñir el objeto del proceso a la investigación del abuso sexual –afirmó Martínez en su denuncia–, los jueces convirtieron el caso en una oportunidad para investigar penalmente la interrupción legal de un embarazo, lo que constituye no solo un error jurídico sino también una forma de violencia institucional”.
En el fallo de Anzoátegui llama “sicarios” y “asesinos a sueldo” a quienes garantizaron el aborto legal. Rizzi adhiere a ese voto. “La decisión de Anzoátegui y Rizzi de denunciar la práctica de un aborto legal constituyó una acción de disciplinamiento para las y los profesionales intervinientes con consecuencias claras en la protección del derecho a la salud y a la asistencia legal”, consideró Martínez en su denuncia. La defensora general precisó que la resolución de los magistrados violó el principio de legalidad, de imparcialidad, la libertad de conciencia y de culto, y el derecho a la autonomía personal.
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En la sentencia, Rizzi y Anzoátegui llamaron «niña» al producto de la violación. Sostuvieron que “en tanto es factible que la niña que XXX llevaba en su seno haya nacido con vida” pidieron “que se investigue la posible comisión del delito de homicidio en perjuicio de aquella” y si “la citada niña fue eliminada antes de su nacimiento, que se investigue la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto”. Pidieron además, que se investigue a los funcionarios de la Defensoría General de la Nación, de los organismos nacionales encargados de la protección de los derechos del niño y de los demás funcionarios públicos que intervinieron”.
El 3 de diciembre la jueza Patricia Guinchandut, titular del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 desestimó la denuncia que se originó a partir del pedido de Rizzi y Anzoátegui “por inexistencia del delito”, luego de que dictaminara en ese sentido el fiscal Augusto Troncoso.
Foto de portada La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
El gobernador de Catamarca autoriza
actividad ilícita de la minera Yamana
Gold en Andalgalá
Resumen Latinoamericano, 9 de abril 2021.
Desde este miércoles la empresa Yamana Gold de forma ilegal ingresa maquinaria para avanzar en el proyecto M.A.R.A. Agua Rica-Alumbrera. Las y los vecinos denuncian que la autorización provino del ejecutivo provincial catamarqueño. Sin licencia social la población permanece alerta mientras continúan los bloqueos de ruta selectivos.
Pese a la resistencia del pueblo andalgalense, en el día de ayer la empresa Yamana Gold ingreso máquinas perforadoras a la región de glaciares donde busca instalarse el proyecto minero. En declaraciones radiales sobre este tema, el intendente de Andalgalá Raúl Eduardo Córdoba, plantea que están estudiando las denuncias de los vecinos. De confirmarse se estaría Incurriendo en delitos y violaciones que transgreden las restricciones legales que prohíben la exploración y la explotación minera.
También se mostró sorprendido y consternado, afirmó que como el resto de la comunidad andalgalense, él no fue informado de estas acciones. En su entrevista el jefe municipal se manifestó su preocupación por el conflicto social que están gestando las acciones de la empresa. La resistencia de la población deja de manifiesto que no existe licencia social para la megaminería.
Por su parte los pobladores de Andalgalá han difundido fotos y grabaciones en donde se observa el ingreso de camiones destinados a la perforación en la región del nevado del Aconquija.
La Asamblea Aguas Claras , parte del movimiento en defensa del agua de andalgalá, denuncia que estos trabajos fueron autorizados por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Remarcan que la provincia ha sido declarada en emergencia hídrica. Con esta decisión el ejecutivo provincial pone en riesgo el agua y la vida de las personas. Los vecinos se encuentran en asamblea permanente. Exigen la inmediata paralización de la actividad ilegal en los glaciares.
Comunicado completo:
ANDALGALÁ ESTÁ EN PELIGRO!!!
Estos trabajos en nuestras montañas fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza #RaúlJalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de Agua y Vida.
Los hacemos responsables de cualquier evento que pudiera suceder a quienes se dicen ser nuestros representantes -Presidente Alberto Fernández, gobernador Raúl Jalil, Intendente Eduardo Córdoba y todo el cuerpo legislativo departamental y provincial-, de las autoridades judiciales y jefes policiales. Es necesario recalcar que la empresa #YamanaGold está violando varias disposiciones legales:
• Viola la Ley de Glaciares.• Viola la Ley General del Ambiente.• Viola la Ley de Bosque Nativo y nuestros Derechos Humanos, garantizados por nuestra Constitución y Convenios internacionales. • Viola la Ordenanza Municipal 29/16 (Que aun está VIGENTE) donde Prohíbe Toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá.* Donde tampoco cumplen el Fallo de la Suprema Corte de Justicia donde reconocen nuestros Derecho a Vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región.Nuestro Pueblo no dará jamás Licencia Social.
Fuente: ANRed
La desaparición de Tehuel:
transfobia televisada
Por Dolores Curia, Resumen Latinoamericano, 9 de abril 2021.
La búsqueda de Tehuel de la Torre, un chico trans de 22 años que falta de su casa desde el 11 de marzo, llegó a los medios con muchas más demoras y vacilaciones que otros “casos” similares que ocurrieron este mismo año. El tema fue tomado por los canales de noticias por obra del activismo pero lo abordaron con el coctel con el que se sigue asociando a las identidades travestis y trans: patologización, criminalización y una mirada de desconfianza que pone la lupa sobre la vida de la víctima.
Imagen: Mariano Camilo
El 11 de marzo Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y no volvió. Antes de salir, le dijo a su familia que se encontraría en San Vicente, Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, con quien más tarde sería imputado por su desaparición, Luis Alberto Ramos, de 37 años. Ramos, según contó la novia de Tehuel, le había ofrecido un trabajo como mozo. Días después, en la casa de Ramos se encontraron restos del celular y ropa del joven. Mediante la geolocalización de su teléfono se supo que llegó a las 19 a la reunión con Ramos y desde las 19.45 de ese día hasta las 0.30 del día siguiente su celular emitió señales en la zona donde vive el detenido. El fin de semana pasado, la causa tuvo una novedad: otro detenido, Oscar Alfredo Montes, un chatarrero amigo Ramos. Hasta ahora ninguno de los dos quiso declarar.
Las marchas que reclaman desde mediados de marzo por su aparición con vida fueron variadas (cortes de calle de autoconvocadxs, una marcha de antorchas organizada por la familia, acciones de partidos políticos) pero no multitudinarias. La difusión del tema –que adquirió fuerza en las redes y cuya presencia en la agenda mediática se debe al activismo- fue mucho más lenta e inconstante que la de otros “casos” con la misma gravedad que ocurrieron este mismo año. “Compartí como si fuese cis”, decía el flyer con firma de Fision Ciruja que acompañó la difusión de la búsqueda. En la mayoría de las manifestaciones se pedía saber qué pasó con Tahuel, pero también que se respete su identidad de varón trans. Porque, al margen de lo que manda la ley sobre este punto, ¿cómo se hace para buscar a alguien si ni siquiera se tiene en claro quién es?
La víctima en la mira
A la hora de referirse a esta historia, los programas de TV vienen pivotando entre tres puntas. La primera es la idea que tienen sobre la corrección política y el respecto para con sus familiares (algo que se subraya incluso antes de preguntarles barbaridades en vivo). La segunda es el morbo, peaje de lo televisable, y un modo de escarbar en la vida de Tehuel que lo termina responsabilizando de su propia desaparición. Y, la tercera, un desconocimiento alevoso y sin replanteos en torno a las masculinidades trans. C5N, un canal que cuenta con la presencia de una columnista trans, Alejandra Malem, no muestra el mismo interés por incorporar voces disidentes en otros los programas, o por lo menos en respetar en términos generales la ley de Identidad de Género sancionada en 2012: tanto conductores de piso como movileros pasaron varios días tratando a Tehuel en femenino. En Crónica, con un cronometro en pantalla -el mismo que se usa para esperar la primavera- que contaba las horas que el joven lleva fuera de su casa, una panelista le preguntó a la hermana, Verónica Alarcón, si el chico había tenido alguna vez “algún novio. Es decir, ¿se descarta totalmente una relación amorosa con Ramos? No te lo tomes a mal…”. También, se indagó en ése y otros canales en aspectos de la vida de Tehuel que nada aportan a la búsqueda, ni enriquecen la nota: hubo periodistas que llamaron a un ex compañero de celda de Ramos (que cumplió una condena) para preguntarle cómo era su carácter en el encierro. Otro presentador, a sabiendas de que “la pista narco es la más débil de todas”, le preguntó a la hermana si creía que Tehuel “consumía drogas o las vendía”. No faltó una incitación al linchamiento: se televisó una especie de falsa persecución a la madre de Ramos, dirigida por un movilero que aseguraba que la señora tiene “el secreto mejor guardado sobre este caso”, ya que vive al lado de la casa del hijo. Otro periodista reveló que la madre del imputado se encontraba escondida en la casa de una amiga de la zona e incitó a los vecinos a salir a buscarla.
En Argentina, aunque con matices, es posible decir que desde el Ni Una Menos a esta parte se han instalado ciertos parámetros de cómo los medios deberían tratar a las víctimas de feminicido y de abuso sexual. Y aunque no se apliquen la totalidad de las veces, el debate está medianamente saldado cuando se trata de una mujer cisgénero. Pero no cuando se trata de las comunidades trans. “Cuando la víctima es trans sobre lo primero que se especula es sobre su genitalidad, cómo se identifica, de qué trabajaba. De hecho hubo quienes deslizaban que tenía problemas de consumo y que le costaba mantener un trabajo porque ‘le gustaba la joda’. Falta que pregunten qué tan larga era la pollera que tenía”, dice Ese Motenegro, activista, docente, autor de Desandar el cisexismo y una de las personas que se puso al hombro la campaña para buscar a Tehuel. “Los periodistas lo nombraban en femenino y también dejaban que se lo nombre así. Esto último también es una responsabilidad de la cual los medios no pueden desligarse diciendo ‘la familia no lo hace así’. Todo el mundo les estaba diciendo que se trata de un varón trans y en las redes de Tehuel consta que empezó la transición hace más de seis meses. Lo mínimo que podés hacer es no revictimizar a la persona”, remarca Montenegro. De este modo el conflicto se deposita en Tehuel y no en la distribución desigual de la violencia. “Ahí hay una deuda de quienes cuentan estas historias que es dejar de enfocar a la víctima para enfocar las violencias específicas que enfrentan las personas trans y travestis. Situaciones que nos vemos obligades a enfrentar pero que no tienen que ver con cómo desarrollamos la vida sino con cómo se condiciona nuestra vida desde una mirada heterocisnormativa”, es decir, la presunción de que todas las personas deberían ser heterosexuales y cisexuales.
Después de los primeros días la comunidad trans y las personas preocupadas por Tehuel lograron posicionar con intermitencia el tema en agenda pero queda pendiente transformar los imaginarios desde los que se continúa abordando el asunto. “Falta que en los medios se estudien las leyes, se capaciten, se trabaje con interseccionalidad en las redacciones. Que haya feministas, personas travestis y trans, maricas, etc. que pueda decirle al jefe de redacción ‘por acá nos estamos equivocando’. Un ejemplo: ante el miedo de la aparición sin vida de Tehuel, ya hay quienes se están preguntando cómo podría llegar a nombrar un crimen de estas características. Tenés el travesticidio, al transfemicidio. ¿Este sería un transhomicidio? ¿Por qué los medios no pueden tener la humildad de decir ‘esto no lo manejamos, llamemos a alguien que nos ayude’?”, dice Montenegro.
En las calles
El disparador fue un flyer sin firma con una fecha y un horario invitando a una manifestación en el Obelisco. Así lo cuenta Francisco, uno de los organizadores de Autoconvocadxs por Tehuel, el grupo de independientes que desde el lunes 29 de marzo viene realizando cortes y acciones en la calle.
Después del primer corte en el Obelisco, donde también hubo una asamblea improvisada, un micrófono abierto y un intercambio teléfonos que devino en un gran grupo de WhatsApp, se empezaron a organizar para la manifestación del miércoles 31 en el Congreso de la Nación, en sintonía con el Día de la Visibilidad Trans. “Ahí hicimos nuevamente una asamblea y de decidió la movilización del lunes 5 de abril frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires”, cuenta Francisco. Al corte de calles del lunes 5 de abril se acercó la familia de Tehuel, saludaron la movilización y los invitaron, al día siguiente, a una marcha de antorchas en Alejandro Korn.
Sobre el contacto que fueron estableciendo los autoconvocadxs con familia dice Francisco que “hay varios familiares que se enteraron de que Tehuel era trans después de su desaparición. La hermana, Verónica, es la que más habla de su identidad. Cuenta que desde los 13 años él se identifica como un chico trans. Hubo un momento en que algunas personas de la familia decían que preferían que no hubiera banderas en las manifestaciones. Luego, la familia vino a la movilización del lunes 5 de abril con una bandera que tenía grande el nombre de Tehuel. Creo que se están animando a llamarlo así. Que les lleve un tiempo no me parece nada malo. Hoy por hoy estamos de acuerdo en levantar su nombre y su identidad de género”.
El travajo en la agenda
¿Por qué casi nadie habla de lo obvio, el elefante blanco de la precarización laboral y de las condiciones estructurales de vida de este sector de la población? Solo algunos pocos artículos de medios independientes enlazaron el contexto de la desaparición de Tehuel (asistir a una entrevista para una changa, con un semidesconocido, a las 4 de la tarde de un domingo) con la necesidad de una ley de cupo trans que repare la exclusión sistemática del mundo laboral y del trabajo en condiciones dignas para la población T. “La prioridad ahora es buscar a Tehuel –aclara Ese Montenegro-, pero también tenemos pendiente sentarnos a pensar el contexto. Eso es lo que tenemos que reparar porque suponiendo que Tehuel aparezca y esté todo bien, las condiciones estructurales que lo llevaron ahí van a seguir existiendo. El decreto de cupo trans es para celebrar y es una toma de posición del Poder Ejecutivo con respecto a nuestra comunidad, pero no alcanza. Necesitamos la ley. Una ley posibilita otras reparaciones que el decreto por sí solo no puede hacer”.
“Si llegamos el 11 de abril sin que Tehuel haya aparecido todavía, es decir, si se cumple un mes desde la última vez que lo vieron, vamos a hacer algo grande aunando a todos los sectores posibles: nosotrxs, lxs autoconvocadx, la familia, todas las organizaciones políticas y partidos que se quieran sumar, todas las personas que estamos preocupadas por Tehuel. Lograr ese encuentro con personas de muy diversos espacios es un poco complejo. Estamos en diálogo con mucha gente. Hablamos con gente del Frente de Todos, de Barrios de Pie, etc. También han participado desde sectores trotskistas hasta Octubre, peronistas de San Vicente. Queremos puedan terminar de confluir todos los sectores que están queriendo encontrar a Tehuel porque esa es la idea de todo esto”, concluye Francisco.
Envio:RL
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