Neuquén. Marcha de antorchas en
apoyo a la lucha de los autoconvocados
de salud // La lucha no se detiene por
mal tiempo // La Comunidad Paicil
Antriao firme junto a los huelguistas
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021
Los trabajadores y trabajadoras de salud continúan luego de 52 días de lucha sumando el apoyo de la comunidad. En una semana decisiva, llaman a la población a movilizarse este jueves a las 19 horas en todas las ciudades de la provincia.
El apoyo de la comunidad a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de salud de Neuquén es profundo y no deja de crecer. Se expresa en cada lugar de trabajo, de estudio, en cada comercio de la provincia, en el alimento o el fondo de huelga que aporta cada vecino y vecina, y en las multitudinarias marchas y caravanas en defensa de la salud pública que vienen realizando en toda la provincia.
Este jueves a las 19 horas en forma simultánea en diferentes ciudades de la provincia, el pueblo volverá a salir a las calles a bancar la lucha de las y los elefantes y exigir al gobierno del MPN que de respuesta a sus reclamos.
Mientras mantienen desde hace más de 15 días bloqueadas las rutas del circuito petrolero en Vaca Muerta y en distintos puntos de la provincia, continúan con trabajo cotidiano de difusión del conflicto entre los usuarios y usuarias del hospital y la comunidad en general.
“El apoyo de la sociedad nos alienta cada día para no aflojar. Por eso queremos pedirles disculpas por las molestias ocasionadas con las medidas que tomamos para que el Gobierno nos escuche y agradecerles el acompañamiento y apoyo incondicional a nuestra lucha”, señalaron los y las autoconvocadas del Castro Rendón en un volante a la comunidad.
Explican que la comunidad apoya el conflicto “porque saben que sostuvimos los hospitales durante toda la pandemia, y aún lo seguimos haciendo, en condiciones precarias de trabajo, viendo enfermarse y morir a nuestros compañeros y compañeras, poniendo en riesgo nuestra propia salud y la de nuestras familias. Con licencias suspendidas y sin un solo aumento”.
Por eso, vienen sosteniendo con fuerza una pelea por condiciones salariales y laborales para garantizar una atención de calidad a la población.
“Sabemos que plata hay. Con lo que ganan de las petroleras en 5 días pueden pagar los salarios de un año de aumento salarial del 40% a todo salud. Pero el Gobierno tiene otras prioridades y se niega a invertir en la salud del pueblo. Su respuesta son bonos que no perduran en el tiempo y no benefician a todxs lxs trabajadorxs”.
FUENTE: La Izquierda Diario
LA LUCHA NO SE SUSPENDE POR MAL TIEMPO
LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO FIRME JUNTO A LA LUCHA DE SALUD
Grandiosa y admirable la lucha de ustedes compañer@s de la salud del Hospital de Villa La Angostura
Compartiendo junto a ustedes bronca, impotencia y emociones como parte de este reclamo justo y digno.
Ustedes gracias a esta lucha están logrando a que se movilizen sus pares y a la ves dejan en evidencia lo miserable y egoista de este gobierno (MPN).
Están haciendo historia compañer@s y marcando el camino de la DIGNIDAD!!!
Ustedes ganan y Ganamos todxs. Mari ciweu!!!
Comunidad Paicil Antriao
La naturaleza como sujeto de
derechos
Por M. Valeria Berros, Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021
Avanza dentro del ámbito judicial una mirada innovadora y que sacude a sectores conservadores (y hasta progresistas): ríos, montañas, selvas y lagos como sujetos de derecho, a preservar y proteger. Constituciones nacionales y tribunales ya dieron pasos en ese sentido. Es una mirada nacida desde Sur global e inspirada en cosmovisiones indígenas.
Que la naturaleza sea portadora de derechos es un tema que cada vez adquiere más visibilidad en los debates sobre el problema ambiental que se profundiza año a año. La pandemia que atravesamos y su origen asociado a la destrucción de los ecosistemas a lo largo del planeta, vuelven a colocar el acento sobre esta creación jurídica que comenzó a pisar fuerte desde el Sur global.
Fue en Ecuador que se dieron los primeros pasos cuando, en 2008, la reforma constitucional introduce los derechos de la Pachamama o naturaleza y se reconoce que posee derecho a la restauración, a la regeneración de sus ciclos vitales, y al respeto a su existencia. Acto seguido, Bolivia sanciona dos leyes que reconocen los derechos de la Madre Tierra en 2010 y 2012. El derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación forma parte de la legislación boliviana desde entonces. Estos derechos, a su vez, configuran la dimensión ecológica del Buen Vivir o Vivir Bien que fue incorporado en los mencionados países como un horizonte alternativo al capitalismo global e inspirado en buena medida por cosmovisiones indígenas.
Puede plantearse que estas experiencias de reformas constitucionales y legales son uno de los primeros estadios de lo que se conoce como “giro eco-céntrico” latinoamericano: en otras palabras un proceso que intenta desmarcarse del antropocentrismo para pensar la cuestión ecológica reconociendo el valor que poseen la diversidad de seres con quienes compartimos el planeta.
Este tipo de regulaciones rápidamente pasaron a inspirar textos de proyectos de ley en otros países como es el caso de Argentina que, desde 2015 a instancias del entonces senador Pino Solanas, viene impulsando una norma de estas características. También se han hecho eco de esta idea algunas normas provinciales o locales en diferentes latitudes del mundo e, incluso, se ha visto robustecida la discusión sobre una posible Declaración Internacional de Derechos de la Madre Tierra.
Pero no solo se trata de leyes, también se trata de su aplicación ante posibles conflictos. Si miramos la última década, ha habido una gran proliferación de decisiones judiciales que aplicaron los derechos de la naturaleza para la resolución de problemas de diferente tipo.
El primer caso decidió sobre el río Vilcabamba que estaba siendo desviado de su curso natural para la ampliación de una ruta en la localidad del mismo nombre, al sur de Ecuador. La zona poseía cada vez mayor interés turístico y, por ese motivo, se comenzó a ampliar la carretera para facilitar el acceso a la zona. En la sentencia se argumenta, por primera vez, que el río tiene derecho a su curso natural y se ordena su restauración.
Estos argumentos luego comienzan a identificarse en países que, aún cuando no poseen normas como las mencionadas, han desarrollado sentencias en las que, reinterpretando el derecho vigente, se reconoce a ríos, páramos, parte de la Amazonía y parques nacionales, como sujetos de derecho.
El caso paradigmático en este proceso es Colombia, a partir de una sentencia de 2016 en la que se considera como sujeto de derecho al río Atrato. Hoy existe un amplio número de casos en los que diferentes tribunales de ese país comienzan a reconocer como sujetos a diversos ecosistemas.
Pero este no es el único camino a partir del cual existen formas de desmarcarse del antropocentrismo que impregna buena parte del derecho vigente. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a acuñar algunas ideas también novedosas como la perspectiva eco-céntrica o eco-sistémica para la resolución de conflictos vinculados a cuencas hídricas y humedales, así como la introducción del “principio in dubio pro natura” como criterio para la interpretación y toma de decisiones: se debe estar a favor de aquello que resulte más protectorio para la naturaleza.
Como toda ampliación de derechos existen posiciones a favor y posturas muy críticas de este proceso. Dentro de los críticos lo que se suele presentar como argumento central es que los países que han reconocido estos derechos así como aquellas decisiones judiciales que han utilizado estas ideas no han logrado mayor efectividad en cuanto a la protección del ambiente. Este es uno de los clásicos problemas del derecho ambiental contemporáneo, no es propio de los derechos de la naturaleza sino que da cuenta de la necesidad de transformaciones más profundas para atender la cuestión ecológica.
Ahora, existe otra manera de volver sobre el tema que se relaciona con la diversidad de modos de estar y ser en este mundo y, con ello, la apertura de una pluralidad de traducciones legales posibles. En otras palabras: ¿Sólo la cosmovisión moderna que separa naturaleza y cultura se encuentra presente en nuestro planeta? A ello podríamos agregar otra cuestión que parece central en la actualidad que nos mantiene en vilo ante un mundo en pandemia: ¿Qué se puede retomar de estos procesos que no sólo reconocen los derechos de la naturaleza sino que plantean alternativas al capitalismo global, aún con dificultades estructurales que han impedido avances significativos en ese sentido? ¿Podría re-abrirse un debate que sea respetuoso de la diversidad de aportes y miradas posibles sobre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos?
Fuente: Agencia Tierra Viva
Andalgalá: «hablar de participación
ciudadana en proyectos mineros es
una vergüenza»
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Mariana Katz, una de las abogadas de la Asamblea El Algarrobo – algunos de cuyos integrantes se encuentran detenidos por luchar contra la megaminería y en defensa del agua -, cuestiona los dichos del gobierno de Catamarca sobre las consultas ciudadanas en el proyecto minero MARA en los nevados del Aconquija. Remarca que en Andalgalá el mecanismo de consulta consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta, y que la información brindada a la comunidad fueron expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia. Además, denuncia que «existen planilla firmadas por funcionarios públicos. Por ejemplo Micone, ex ministro de Minería, o por el director de la DIPGAM, como si fueran ciudadanos de Andalgalá. Por participación ciudadana hacen pasar a los funcionarios públicos como ciudadanos comunes. Ese es el tipo de participación ciudadana que da la provincia de Catamarca». Mientras, autoridades niegan maltratos e irregularidades en las detenciones de los 12 asambleístas que permanecen en confinamiento. Hoy familiares, vecinos y vecinas exigen la liberación de los detenidos.
Desde el 12 de abril los andalgalenses fueron testigos de detenciones a ambientalistas que defienden el agua desde hace más de una década contra las empresas multinacionales mineras. Mariana Katz, una de las abogadas de la Asamblea El Algarrobo afirma que los allanamientos se realizaron de forma irregular y sin órdenes judiciales. Se suma a las incongruencias judiciales, que la causa fue iniciada a partir de testimonios de policías y de quienes aparentemente serían familiares de integrantes de esa fuerza.
Distintos relatos dan cuenta del maltrato y el exceso policial en los arrestos. Uno de los más violentos fue el allanamiento al domicilio y detención de Walter Mansilla, que también es foto-periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y que, durante la caminata 583, cuando se incendiaron las oficinas de la Yamana Gold, se encontraba registrando con su cámara para la Asamblea El Algarrobo. La policía irrumpió en el domicilio de Walter, destrozando el lugar, golpeándolo y provocándole lesiones: «Sentía los ruidos de las rupturas de la casa cuando llegue. Les pedí que no lo tratasen así, que era un ser humano. Lo vi tirado en el piso. Lo tenían en el piso con un bota en el cuello«, relató la abogada.
Imagen: Soledad Castro.
El fiscal de la causa, Hugo Costilla, en declaraciones a la prensa niega la existencia de denuncias sobre hostigamiento o maltrato sufridas por los vecinos. También el Director de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca, Hernán Velardez Vaca, afirmó no advertir situaciones que vulneren los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero los testimonios de familiares y asambleístas aseguran lo contrario. Para la abogada Mariana Katz las autoridades de la provincia de Catamarca sistemáticamente «salen a desmentir a los asambleístas frente a la situación conflictiva que se viralizó. Los funcionarios catamarqueños salen a negar el reclamo y las denuncias de la población como lo hicieron desde el año 2009, cuando se inicia la resistencia del pueblo andalgalense al proyecto Agua Rica».
En un comunicado publicado el lunes 20 de abril, el gobierno de Catamarca asegura que se garantiza la participación ciudadana en proyectos mineros. Afirman que durante el año 2020 se realizaron consultas públicas y abiertas en Andalgalá. Al ser consultada, Katz cataloga como una “vergüenza” que se hable de participación ciudadana en los proyectos mineros. Remarca que en Andalgalá, el mecanismo de consulta consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta. La información brindada a la comunidad eran expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia. La letrada agrega que en las consultas públicas eran los mismos funcionarios los que firmaban las planillas: “existen planilla firmadas por funcionarios públicos, por ejemplo Micone, ex ministro de Minería, por el director de la DIPGAM, como si fueran ciudadanos de Andalgalá. Por participación ciudadana hacen pasar a los funcionarios públicos como ciudadanos comunes. Ese es el tipo de participación ciudadana que da la provincia de Catamarca”.
En el pueblo de Andalgalá continúa una fuerte presencia policial, que se reforzó cuando el ejército nacional se apostó en la puerta de la fiscalía local. Mientras, el Estado provincial parece dejar el camino libre a la empresa Yamana Gold, que mantiene actividad en el nevado del Aconquija. Pero más voces se suman a denunciar la actividad ilegal de la minera. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó su preocupación por el avance del proyecto minero MARA Agua Rica, denunciando el incumplimiento de la ley general del ambiente y la Ley de Glaciares.
Los vecinos detenidos son integrantes de la Asamblea El Algarrobo, espacio que denuncia las operaciones ilegales de la minera, la complicidad de las autoridades catamarqueñas y el establecimiento de un estado policial y es el espacio organizativo de las y los pobladores desde hace más de diez años. En los próximos días el juez de la causa debe definir la situación procesal de los detenidos.Pese al temor que impone la militarización del territorio, la comunidad se moviliza diariamente a la fiscalía exigiendo la liberación de sus familiares arrestados por defender el derecho humano al agua.
Fuente: ANRed
El rap le baja el pulgar a Larreta, el
«Guasón» de la tragedia actual: otro
contundente tema de Daniel Devita
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Era necesario que dentro de tanta impunidad con que se mueve el llamado Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, alguien, en este caso el insobornable rapero Daniel Devita, le saliera al cruce y lo abofeteara a punta de una letra que lo dice todo.
«La Retaguardia» se llama este nuevo producto musical destinado a que en los barrios de esta Ciudad de la furia, se cante como una proclama, y todxs repitan, empujando la rebelión contra la rata Larreta: «pulgar abajo, pulgar abajo».
Diputados oficialistas y opositores
se ponen de acuerdo para afianzar
vínculos con Israel ignorando el
genocidio contra el pueblo palestino
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Hubo dictamen en diputados de un convenio de seguridad social y la definición de antisemitismo en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
La tensión política que domina el enfrentamiento entre el Gobierno y la Ciudad para las clases presenciales en pandemia se interrumpió este lunes en la Cámara de Diputados, cuando la comisión de Relaciones Exteriores consiguió varios dictámenes de unanimidad, entre ellos dos que afianzan el vínculo del Gobierno con Israel.
Se trata de una un convenio bilateral en Seguridad Social y la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su resolución 114/2020.
Ambos expedientes fueron incorporados por el presidente de la Comisión, el oficialista Eduardo Valdés; y su vice, el radical Facundo Suárez Lastra, quien consiguió a cambio el compromiso de abrir otro debate sobre la posición argentina en Venezuela. De esta manera, Valdéz a nombre del Frente de Todos acepta e impulsa una definición forjada por el sionismo para condenar toda crítica a los crímenes israelíes contra el pueblo palestino, y a cambio negocia con la oposición macrista seguir atacando a la Revolución Bolivariana de Venezuela, con la excusa de los “derechos humanos”.
El convenio en materia de seguridad social establece que los aportes jubilatorios de los ciudadanos argentinos que luego se quieran jubilar en Israel sean computados como válidos, y de igual manera en el caso inverso.
Por su parte, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto define al antisemitismo como «una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». Es esta la definición que se propone adoptar también con aprobación del Congreso.
«Fue un día muy especial. Me siento mucho mejor persona, porque hemos logrado resolver temas pendientes durante años. Que se haya votado por unanimidad, con apoyo de todos los sectores políticos de la cámara, vale doble. Estamos contribuyendo a la construcción de una cultura de no-discriminación, contra la hostilidad y la violencia», señaló Valdés, principal impulsor de los acuerdos.
Fue un día realmente vergonzoso donde nuevamente se pone al país de rodillas ante las presiones que el Estado israelí que vive irrespetando los derechos humanos de la población palestina, consigue a través de hacer lobbie con diputados adeptos del oficialismo y la oposición, infrigir un golpe brutal a la libertad de opinión y expresión en Argentina.
Julio Fuentes, presidente de CLATE:
«Para que haya un gobierno que
transforme, las organizaciones del
pueblo tienen que tener poder»
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Julio Fuentes, dirigente de ATE y presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las y los Trabajadores Estatales (CLATE) habló con Resumen Latinoamericano sobre la actual situación que atraviesa el continente duramente castigado por la pandemia. Ponderó el rol de las y los trabajadores de la Salud y definió la necesidad de construir más integración pueblo a pueblo.
-¿Cuál es el panorama de los trabajadores estatales en el marco de la agudización de la crisis económica y la persistencia de la pandemia a nivel continental?
-Para analizar la situación debemos irnos un poco más atrás, antes de la pandemia. Veníamos de un proceso en que a principios de este siglo hubo una etapa de gobiernos progresistas que por lo menos en lo discursivo tenían una mirada crítica hacia el neoliberalismo. Este hecho permitió de alguna manera un período de grandes recaudaciones, hubo aumentos importantes en los productos que nuestra América Latina y el Caribe exporta, sobre todo materias primas, generando una bonanza de precios en esos primeros diez años. Eso significó un aumento en la recaudación del Estado, que trajo aparejado algún tipo de mejoras en algunas áreas del sector público. Nosotros, durante ese período, enfrentamos una epidemia en la región que se la quiso tapar, y que fue fundamentalmente del dengue. Esta enfermedad nos dejó muy mal parados en lo que hace al sistema de salud pública, que ya venía muy castigado desde finales del siglo XX, cuando en los años 90 el auge neoliberal destruyó prácticamente los servicios elementales de la estructura sanitaria de la región. Luego hubo una ligera recomposición, pero la cuestión del dengue puso en crisis a los sistemas públicos.
-El neoliberalismo acentuó ese retroceso…
-Después de pasada esa primera década progresista y la vuelta de una nueva ola neoliberal, que fue instaurando gobiernos como el de Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Duque en Colombia, volvimos a una época del «Estado mínimo». Entonces, se llegó a la instalación de la pandemia con una vigencia de esa política, o sea, como se dice en criollo: llegamos “sin perros” a la hora de enfrentar esta grave situación. Topamos con un Estado desarticulado, desarmado por donde se lo mirara, con trabajadores desalentados, prácticamente sin carrera laboral, sin estabilidad, sin recursos, En ese marco de carencias tuvimos que enfrentar la pandemia, un hecho inédito desde el punto de vista sanitario, un hecho que no registra antecedentes con este nivel de contaminación. A esto hay que sumarle la falta de respuestas científicas, porque en primer lugar no había vacunas, y luego de generar la misma los procesos de fabricación tampoco son tan sencillos. En marzo del año pasado no había ni barbijos en los hospitales ya que los pocos que existían eran usados hasta ese momento por personal que estaba en áreas muy específicas, no existía el alcohol en gel, no había nada de todas las cosas que hoy nos parecen normales. Nos sorprendió en una situación muy complicada, y fueron las trabajadoras y trabajadores públicos los que tuvieron que salir a ponerle el pecho a la pandemia, sin estar preparados, con más buena voluntad y amor por el prójimo que recursos. Así estamos desde hace un año, poniéndole mucha imaginación, con Estados mínimos. Ante la pandemia, la población demandó no solo atención sanitaria por parte del Estado sino también exigir que el Estado comenzara a auxiliar a la pequeña y mediana empresa, entre otras demandas. Pero no hay capacidad para dar respuestas: con políticas tributarias regresivas, las arcas del Estado están bastante vacías. Lo que claramente se necesitaría para enfrentar esta crisis sanitaria y económica, es tener un Estado mucho más fuerte, con más capacidad de recaudación y poder así orientar la inversión de los dineros públicos a las áreas estratégicas para poder salir de la crisis. Esa ausencia hace que la situación sea por demás complicada para los trabajadores del sector público y por supuesto para toda la población.
-¿Cómo están sintiendo a nivel de las y los trabajadores estatales que están en primera línea de combate contra la pandemia (sobre todo quienes atienden la salud pública) la relación con la población? ¿De los aplausos iniciales a la situación actual han visto mucho cambio en la gente del pueblo?
-En este momento yo estoy viviendo una experiencia muy particular en Neuquén, mi provincia, donde hace más de 45 días hay un conflicto tremendo de los trabajadores de la salud. En dos lugares de Latinoamérica hay conflictos de este tipo: allí y en la República Dominicana, en esta última por despidos de trabajadores administrativos. En Neuquén, el gobierno otorgó un 35% de aumento a los maestros y un 30% a los empleados de la Legislatura, mientras que a los empleados de la Salud Pública, solo un 12 por ciento. Lógicamente estalló el conflicto, porque la gente el año pasado había recibido cero por ciento de aumento y ahora esta migaja. Y lo más lamentable es que el gobierno cuenta con el aval de la conducción sindical que lamentablemente ha traicionado el mandato de las asambleas. A partir de allí, se han producido todo tipo de protestas, hay 28 cortes de ruta, con un gran esfuerzo por parte de los trabajadores que además siguen sosteniendo la atención hospitalaria porque todo esto se da en plena pandemia. Ahora bien, ese pueblo de Neuquén está apoyando, está llevándole comida a los cortes, lo poco que tienen, una lata de tomates, unos caldos. Esto nos llena de esperanza ya que son gestos de gran solidaridad, y si el gobierno provincial y el gobernador Gutiérrez no ha podido levantar esos cortes a palos y gases como están acostumbrados a hacer, es precisamente porque hay una población que está respaldando el conflicto. Más aún, si hubiera represión, me animaría a decir que eso se puede transformar en una pueblada. Felizmente hay apoyo popular, cosa que no es fácil, ya que el hospital no es igual a la escuela a nivel de mostrar adhesiones, el hospital, en el imaginario común, es triste, representa el dolor, la enfermedad, mientras que las escuelas son el futuro, la esperanza, el avance. Sin embargo, en este caso, el pueblo se ha volcado con todo junto a los y las trabajadoras de salud.
-Recientemente hubo dos elecciones importantes en Ecuador y Perú. ¿Qué están transmitiendo los integrantes de la CLATE de ambos países sobre los resultados de los comicios y del futuro inmediato derivado de los mismos?
-Son dos situaciones bien distintas. En el caso de Perú, los dirigentes y cuerpos de delegados del gremio estatal (CITE) e incluso de la CGTP apoyaron la candidatura de Verónica Mendoza. Ahora, están pensando para la segunda vuelta, que todas esas fuerzas puedan concentrarse en votar a Pedro Castillo, más allá de las diferencias que puedan tener, sobre todo para salirle al cruce a la opción reaccionaria de Keiko Fujimori.
En el caso de Ecuador, lo veo desde la mirada de los trabajadores del sector público con los que me relaciono. Allí se había producido un distanciamiento muy grande durante el gobierno de Rafael Correa. El progresismo de Correa era bastante particular. Hubo muchos problemas con los trabajadores y también con los pueblos originarios. El progresismo tiene que tener también una mirada crítica, una cosa son los discursos políticos y otra la práctica. En la época correista tuvimos muchos dirigentes y trabajadores despedidos, inclusive hicimos varias gestiones con el ex ministro de Trabajo que paradójicamente se llamaba Carlos Marx. Bueno, este hombre, justificando los despidos que hubo en el sector público, entre ellos el del Secretario General, nos dijo: para qué se necesitaban sindicatos si ahora ellos estaban en el Gobierno y podían representar a los trabajadores. Esta concepción soberbia, de creer que todo se hace desde el Estado, que no existen o no tienen importancia las organizaciones sociales, exageradas en el caso de Ecuador, se han repetido en otros países con gobiernos progresistas. No entienden que para que haya un gobierno que transforme, las organizaciones del pueblo tienen que tener poder, y en ese sentido, el Estado tienen que distribuir poder, Esto no ha ocurrido en muchos casos, y en Ecuador provocó que muchos gremios y una parte del pueblo indígena llamaron a votar nulo.
-¿Estás conforme con el papel que ha venido jugando la CLATE a nivel de integración del ámbito sindical?
-En la parte sindical sí, con los límites de ser una organización que nucleamos a trabajadores y trabajadoras del sector público. Es imprescindible construir con mirada continental, y ahí surge el primer debate: el continente no es el límite geográfico, sino el límite social y político. Si fuera por límites geográficos, Europa no existiría, sería Eurasia. Pero Europa existe y Asia también. Nosotros sabemos que América Latina y el Caribe existen y tenemos que fomentar su desarrollo. Claro que las potencias e imperios de América del Norte y Europa nunca nos permitieron tener esa identidad y ponen escollos a la misma. Por eso se combate a la CELAC, al ALBA, al Pacto Andino, a todos los procesos de integración de nuestra región, ya sean los motorizados por los Estados como por las organizaciones sociales y culturales. Siempre ha sido así, bajo el tutelaje de España, de Estados Unidos o de otra potencia extranjera. Se juntan los presidentes latinoamericanos pero viene el Rey español, como si fuera algo natural. En este marco, CLATE existe hace más de medio siglo y sostenemos que el continente comienza al sur del Río Bravo y es precisamente lo que debe integrarse. Pensemos, hoy en medio de la pandemia, cuánto bien nos hubiese hecho que los Estados tuvieran una integración a la hora de salir a comprar vacunas. Más aún, cuando los países centrales están acaparando toda la producción en detrimento de los países mas pobres. La integración es esencial, si no la hacen los gobiernos, la tenemos que hacer nosotros, los pueblos y sus organizaciones.
Los pandemials y la expansión de
la idiotez
Por Darío Balvidares* / Resumen Latinoamericano / 21 de abril de 2021 – Conforme avanza la pandemia, los contagios aumentan, las camas de terapia intensiva disminuyen y se acaban, los trabajadores de la salud con agotamiento sostenido, mientras los pandemials desafían el mundo real, imponiendo los intereses de la idiotez y fallos judiciales de dudosa procedencia y deficiencia argumentativa, que invitan a docentes, auxiliares, estudiantes y familias a coquetear con los contagios, la enfermedad y la muerte, dando lugar a la decisión política del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el neoliberal, Horacio Rodríguez Larreta.
A diferencia de los Centtennials, Millennials y otras catalogaciones que describen comportamientos generacionales de manera epocal dentro del contexto de clase que el capitalismo impone; los pandemials fueron apareciendo por generación espontánea y abarca un variopinto rango de edades, géneros y estatus sociales.
Pero los más peligrosos son los pandemials que toman las decisiones políticas y los pandemials periodistas, unos porque traman nuestro destino y otros porque construyen el paupérrimo sentido común desde lo que se dio en llamar la “opinión pública”.
No todo es una cuestión de la “grieta” vernácula, de hecho en lo que respecta al tema de la educación presencial o a distancia en el contexto covid-19, viene de una reunión (virtual) de carácter mundial en la que la UNESCO[1] convocó a funcionarios de educación de distintos países, entre los que participó el ministro de educación de la Nación, Nicolás Trotta.
Justamente, “mantener las escuelas abiertas” fue el primer tema en la que los disertantes coincidían en que la “presencialidad es lo último que hay que cortar”.
En realidad, la premisa ya la había decidido la propia UNESCO (uno de los motores principales de la reforma confiscatoria de la educación pública) y un referente del Banco Mundial (el otro motor) que también participó del evento, de ahí que con ese mandato y la bajada posterior al ineficaz Consejo Federal de Educación, el propio ministro Nicolás Trotta hizo declaraciones como ésta:
“… en las escuelas, como en aquellos lugares donde se logra cumplir con los protocolos, hay bajo riesgo de contagio, lo demuestra la evidencia (…) No se van a cerrar las escuelas…” [2]
Algo similar dijo la ministra, Soledad Acuña, en la Ciudad de Buenos Aires:
“las escuelas tuvieron ‘un nivel bajísimo de casos que dieron positivo’ y que ‘no hubo contagios en las burbujas dentro de las que se dieron esos casos’…”[3]
Mientras se incumplía el primer día del judicializado DNU presidencial, que suspendía por 15 días la educación presencial, ambos “engrietados” coinciden, no sólo en estas apreciaciones sin sustento científico, también lo hacen en relación con los convenios firmados con ong y fundaciones empresariales[4].
Frente a los pandemials y otros practicantes de la idiotez y en relación con estas manifestaciones es importante informarse. Un artículo de la revista The Lancet titulado “La reapertura de la escuela sin una sólida mitigación del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia” contradice el remanido argumento esgrimido tanto por el ministro de educación de la Nación, como por la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, recordando que Soledad Acuña, es la misma que decía que:
“Tenemos millones de papers científicos que confirman que los chicos no son un factor de transmisión masivo, que las escuelas abiertas, al revés de lo que se pensaba, son un espacio, con protocolos, no solo necesarios sino posibles”[5]
Afirmaciones que demuestran que tampoco hubo lectura del informe que desarmaba el mito:
“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF (…) Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”[6].
Cabe agregar que los pandemials del ineficaz Consejo Federal de Educación habían establecido el “semáforo” como herramienta indicativa de los alertas, el que se fijaba como “rojo” cuando la circulación viral se estableciera en más de 200 contagios cada 100 mil habitantes, ese número es largamente superado casi en todo el país. En el momento que escribo este artículo en la Ciudad de Buenos Aires hay 1200 contagios cada 100 mil habitantes. ¿Quién se robó el semáforo?
La máquina de destrucción masiva
El partido gobernante de la Ciudad (PRO) se ha caracterizado por ser una suerte de máquina de impedir, con la baja sistemática del presupuesto educativo, que cuando asumió (2007) rondaba el 28%, que tampoco significaba demasiado, hasta este 2021 que está en el 17%.
Pasado un año de la pandemia el gobierno de la Ciudad no invirtió en la conectividad siendo uno de los impulsores discursivos de las bondades de la tecnología y estigmatizando de manera continua la falta de capacitación, al mismo tiempo que suprime la entrega de computadoras tanto a estudiantes como a los propios docentes; a quienes trata de “fracasados” que terminan en la educación, dijo la misma ministra, pandemial, Soledad Acuña:
“… son personas cada vez más grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras…”[7]
Los mismos que quieren borrar la historia de 29 profesorados y los turnos noche de las escuelas secundarias.
Los mismos que tienen inconfesables off short, como el empresario Gabriel Sánchez Zinny, ex Director de Escuelas en provincia de Buenos Aires y que, actualmente, ocupa el cargo de Director de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa porteña (UEICEE); fue declarado “persona no grata” por los sindicatos UTE y ADEMyS, es el responsable, junto a la exgobernadora, María Eugenia Vidal (que terminó su mandato con 340 escuelas cerradas por problemas de infraestructura), de las muertes de la docente, Sandra Calamano y el auxiliar, Rubén Rodríguez por la explosión en la escuela número 49 de Moreno el jueves 2 de agosto de 2018.
Este pandemial comparte con otro, Esteban Bullrich (ex ministro de educación, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego de la Nación y actual senador nacional) Formar Foundation (actualmente inactiva), una off short que fuera denunciada en el caso conocido como Panamá Papers, con domicilio en Florida[8], paraíso fiscal de Estados Unidos.
Durante sus gestiones todo el sistema educativo sufrió una campaña sistemática de precarización y tercerización en manos de ejecutivos de fundaciones “amigas” ocupando cargos públicos, desmantelando programas y recortando el presupuesto en áreas sensibles, sin inversiones en equipamiento tecnológico (computadoras y plataformas de conectividad en las escuelas y conectividad gratuita en los barrios más humildes).
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (ex director del Grupo Sophia financiado entre otras fuentes, por la Banca de Boston durante la década del ‘90) en la Ciudad de Buenos Aires no sólo no invirtió en todo el 2020 en tecnología, ni tampoco en infraestructura para adecuar las aulas de las escuelas a los requerimientos de seguridad e higiene que la situación requiere.
Estos son, simplemente, algunos recordatorios para ver que los pandemials no son sólo producto de un virus, son los destructores de lo público, lo privatizadores de lo común, los que desconocen la solidaridad con el cinismo que la idiotez que antepone sus intereses fundamentalistas y mezquinos les otorga.
Los pandemials habitan en el poder judicial
Con ese mismo cinismo del idiota “la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad…”[9]
En los fundamentos del fallo citan la Ley 26.206 (LEN) en suel Artículo 4°
“El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”
Y luego refiere el Artículo 5º
“El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad
de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales”.
Sin la pretensión de un análisis jurídico, sino a través de un simple análisis del discurso, está claro que el “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad…”.
Pero el Artículo 3 expresa que: “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado…” y el Artículo 5° determina al Estado nacional fijar la política educativa.
Eso es lo que hace al argumento del gobierno nacional decretar la suspensión de las clases por 15 días en virtud de la urgencia que amerita el avance desmesurado de los contagios y que el gobierno de la Ciudad no deba pedir la inconstitucionalidad del DNU presidencial, manifestando que se vulneran las “particularidades provinciales y locales”, puesto que la crisis sanitaria producto de la pandemia no es ninguna “particularidad” propia de la Ciudad.
Incluso el Artículo 129 de la propia Constitución Nacional establece:
“La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…”
De acuerdo con el artículo, el gobierno de la Ciudad es autónomo y los habitantes votan sus autoridades, sin embargo el mismo artículo agrega que se garantizará los intereses del Estado Nacional, algo que el gobierno/equipo de los pandemials no está garantizando.
Incluso el artículo 128 instituye:
Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal
para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.
No hace falta mayor explicación, para no subestimar al lector de este artículo, sí señalar
que para los pandemials “su ideología constituye el velo que les tapa la realidad”, además de escasear en lectura o por lo menos en compresión e interpretación de texto.
De ahí las contradicciones, el vicejefe de Gobierno porteño había expresado que: “Si hay una segunda ola tendremos que parar con la presencialidad por 10 o 15 días”[10]
Y no solo hacen lo contrario, sino que se transforman en sofistas de folletín, exponen al conjunto de la población al contagio ilimitado, usan a esos “tribunales” que excretan fallos a pedido, pero jurídicamente nulos, como ya lo definió el juez federal en lo Contencioso y Administrativo, Esteban Carlos Furnari que dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones porteña que habilitaba las clases presenciales en la Ciudad por no tener competencia sobre el tema.
Una para el final
El equipo de pandemials que “administra” la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta como “líder”, desobedece el fallo de la Justicia Federal.
Estamos frente a un crecimiento exponencial de contagios y los Pro-Pandemials juegan con la enfermedad; tampoco invirtieron en infraestructura hospitalaria y no reconocen la profesionalización de los enfermeros/as.
La Corte Suprema tiene en sus manos un tema jurídico de fácil solución, que pone de manifiesto si desde ese Olimpo, también folletinesco, pueden ver la realidad que nos impone el virus, mas allá del DNU que es necesario, pero del todo insuficiente.
Los docentes interpelan el delirio del gobierno porteño con su lucha por la vida, mostrando que la realidad del covid-19 no es discursiva, es letal.
*Profesor y Licenciado en Letras (egresado FFyL – UBA)
Fue docente durante 30 años en la Escuela de Comercio 3 DE 7 Hipólito Vieytes de la que se jubiló como Rector en 2015.
Investigador en Política Educativa; autor de La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión Editorial Herramienta – Contrahegemonía 2019 y La novela educativa o el relato de la alienación Redes Cultura 2005 (con prólogo de Osvaldo Bayer). Además de decenas de artículos publicados en Rebelión; Contrahegemonía Web y Otras Voces en Educación.
Productor periodístico y columnista del programa “La Deuda Eterna” (FM Flores 90.7 CABA y Radio La Retaguardia entre 2006 y 2020)
[1] “Un año de COVID: priorizar la recuperación de la educación para evitar una catástrofe generacional” 29/03/2021
https://en.unesco.org/news/one-year-covid-prioritizing-education-recovery-avoid-generational-catastrophe
[2] https://www.telam.com.ar/notas/202104/550481-trotta-no-se-van-a-cerrar-las-escuelas.html
[3] https://www.minutouno.com/politica/clases-presenciales/acuna-admitio-que-varias-escuelas-no-pudieron-abrir-hoy-sus-puertas-n5185666
[4] https://laeducacionenpedazos.blogspot.com/2021/03/los-mios-los-tuyos-y-los-nuestros-all.html
[5] https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202102/45379-acuna-dijo-que-les-nines-no-contagian-dura-respuesta-de-especialistas.html
[6] https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262
[7] https://www.laizquierdadiario.com/Pobres-viejos-zurdos-y-fracasados-brutales-definiciones-de-Soledad-Acuna-sobre-la-docencia?utm_source=lid&utm_medium=wp&utm_campaign=article-social-actions
[8] https://opencorporates.com/companies/us_fl/N06000009549
[9] https://www.minutouno.com/politica/ciudad-buenos-aires/que-dice-el-fallo-que-permite-las-clases-presenciales-la-n5185512
[10] https://www.ambito.com/politica/diego-santilli/santilli-si-hay-una-segunda-ola-tendremos-que-parar-la-presencialidad-n5170813
Caso Florencia Magalí Morales:
solicitaron el llamado a indagatoria
de cinco policías
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
El fiscal de instrucción Roberto Silvestre, le solicitó al juez Jorge Pinto la instrucción de sumario y el llamado a declaración indagatoria de cinco policías, entre ellos Heraldo Clavero, quien era jefe de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara, donde se halló el cuerpo sin vida de Florencia Magalí Morales el 5 de abril del año pasado.
El domingo 5 de abril del 2020, Florencia Magalí Morales fue vista por última vez en la comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara provincia de San Luis, en plena etapa de Aislamiento Social preventivo y obligatorio. La versión oficial explicaba que se había suicidado dentro de la celda, en la que había sido alojada. Sin embargo, los registros fílmicos evidenciaron que Florencia se presentó en la comisaria espontáneamente, dejando su bicicleta en la puerta. Desde ese entonces su familia y organizaciones feministas, sostienen que «nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la policía».
Las últimas novedades en el caso indican que el fiscal de instrucción Roberto Silvestre, le solicitó al juez Jorge Pinto la instrucción de sumario y el llamado a declaración indagatoria de cinco policías, entre ellos Heraldo Clavero, quien era jefe de la Comisaría 25°.
“Habiendo analizado las distintas pruebas incorporadas en la presente causa, de donde se desprenden elementos relevantes para la investigación de los hechos denunciados, existiendo motivo bastante de sospecha conforme se prescribe en el artículo 147 del Código Procesal Criminal, por lo que solicito: se instruya sumario judicial y se cite a prestar declaración indagatoria a Argüello María Eugenia, Torres Johana Paola, Marcos Ontiveros, Clavero Heraldo y Tarano Gabriel en virtud de lo prescripto por el delito contenido en el artículo 249 del Código Penal”, dice un párrafo del escrito elevado por el fiscal Silvestre. El mencionado artículo hace referencia a que será penado con multa e inhabilitación especial de un mes a un año “el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Los abogados que representan a la familia de Florencia le habían solicitado al magistrado el llamado a indagatoria e incluso el procesamiento de los efectivos que estaban en la guardia «nosotros plenteamos, mientras se siga investigando la causa de la muerte de Magalí, se vaya procesando a los policías por los delitos que ya estan acabando de probar. Quedan pendientes algunas pruebas importantes, como reconstrucción del hecho y demás, que serán fundamentales para determinar la causa de muerte porque la ciencia, el forense, lamentablemente no pudo descubrirlo por el estado de putrefacción del cuerpo. Los delitos menores, como el incumplimiento de funcionario público de los policías, la privación ilegítima de la libertad, las lesiones, todos estos creemos que tenemos las pruebas suficientes como para ir procesando e indagando, y dar preventiva a los policías involucrados» comentó Santiago Calderón abogado patrocinante de la familia Morales en diálogo con ANRed.
Fuente: ANREd
¿Dónde está Tehuel? La desaparición
de un joven trans ya lleva 40 días
Por Cecilia González, Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Los familiares siguen a la espera de avances en la búsqueda mientras que ya hay dos personas detenidas.
Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, salió el 11 de marzo de su casa ubicada en la localidad de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, para ir a buscar trabajo.
Desde entonces, no se sabe nada de él. Su mamá y su novia, con quienes vive, encabezan la campaña para reclamar por su búsqueda y aparición y a la que se han sumado organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Luego de una serie de allanamientos policiales, ya fueron detenidos Luis Alberto Ramos, el hombre de 37 años que le ofreció trabajo como mozo y con quien se reunió el día de la desaparición, y Oscar Montes, quien también participó de ese encuentro. Los dos están acusados de falso testimonio y encubrimiento porque primero, en calidad de testigos, negaron haber visto a Tehuel.
Sin embargo, las investigaciones demostraron que sí se habían reunido. Incluso en el teléfono de Ramos apareció una foto que los tres se tomaron en casa de Montes ese 11 de marzo.
El resultado es que, 41 días después, el joven no aparece. Su rostro colma cada tanto las redes sociales, su nombre se vuelve tendencia, el caso se invisibiliza en los medios masivos de comunicación y pone en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad trans en Argentina, en donde, al igual que en el resto del mundo, padecen más complicaciones para sobrevivir y conseguir trabajos estables.
Por eso, Amnistía Internacional exigió una investigación independiente, efectiva, imparcial y con perspectiva transfeminista; que se lleve a los responsables de su desaparición ante la justicia y que se aplique de inmediato el decreto de cupo laboral travesti-trans-no binario que el presidente Alberto Fernández firmó el año pasado.
«Nadie debería ir con miedo a una entrevista de trabajo por no ser cisgénero (personas cuya identidad de género corresponde a la que tuvieron al nacer). Las personas trans tienen derecho a habitar todos los espacios sin temor, violencia ni discriminación«, advirtió.
Pistas
Aunque se ha especulado con que Tehuel podría haber sido víctima de trata de personas, hasta ahora la causa sigue caratulada como «averiguación de paradero». La inició su novia el 14 de marzo, tres días después de la desaparición.
Gracias a su testimonio se pudo allanar la casa de Ramos, ya que, al despedirse, Tehuel le dijo en dónde y con quién iba a reunirse para responder a la oferta laboral. Las pericias de los teléfonos secuestrados todavía no se han dado a conocer.
Mientras se mantiene la campaña en reclamo por su aparición con vida, la provincia de Buenos Aires ya ofreció una recompensa de dos millones de pesos (alrededor de 22.000 dólares) para quienes aporten datos que permitan encontrar al joven.
Fernando Martín, integrante de la organización Hombres Trans Argentinos, le explicó a la Agencia Presentes que Tehuel es la cara de la invisibilidad que sufren los varones trans y de las violencias que atraviesan a lo largo de su vida.
«Muchas veces trabajamos en espacios violentos y trabajamos en lo que podemos y en lo que nos dejan. Se nos asigna el género femenino al nacer y somos ‘las locas’ de la familia, hacemos la transición y la paternización sigue estando. También sufrimos la expulsión de nuestros hogares y nos violentan dentro de esos hogares», dijo.
Además, agregó, las transmasculinidades también tienen dificultades para acceder al sistema laboral. «Nos filtran en los exámenes preocupacionales si es que tenemos un cispassing (si estamos hormonados). Pero no todos los compañeros están en ese proceso y a lo largo de esa transición se sigue produciendo exclusión. Trabajamos en lo que podemos y en lo que nos dejan y claramente Tehuel es una víctima de eso, porque muchos tenemos suerte o nos violentaron y la podemos contar, pero este no es el caso«, lamentó.
Fuente: RT
Giro en el caso Maldonado por
investigación que reveló contactos
entre el macrismo y el juez Lleral
Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
El caso que investiga la detención y muerte de Santiago Maldonado tuvo un inesperado giro tras una investigación periodística que reveló una anotación en el teléfono celular de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri durante su gestión presidencial, que anunciaba el nombramiento del juez Gustavo Lleral para que se haga cargo del caso, que ya habían tenido contactos con él y que enviarían a un operador judicial a verlo.
El 22 de septiembre de 2017, el mismo día que el caso cambió de juez, Nieto anotó en su teléfono: “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. Mahiques (Juan Bautista) va a verlo el lunes”. Así lo reveló el peritaje que se realizó sobre el secretario privado de Macri en el marco de una causa por espionaje ilegal.
Juan Bautista Mahiques es un abogado que en 2015 asumió como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cargo que ocupó hasta 2019 cuando se hizo cargo de Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires, propuesto por el propio Gobierno de la Ciudad.
Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, calificó como “gravísimo” lo encontrado en teléfono de Nieto.
“Si bien los jueces y juezas asumen los cargos a través de propuestas del Poder Ejecutivo y de designaciones a través del mecanismo Constitucional, ya que digan ‘es nuestro, lo designamos nosotros’, el juez o jueza después va a responder y a garantizar las decisiones políticas”, expresó a Radio Escuela La Namunkurá.
“Cómo y cuándo apareció el cuerpo de Santiago, el 17 de octubre (2017), nos dio la sensación de que estaba todo orquestado”, planteó Heredia.
Consultada sobre la posibilidad de que los efectivos de la Gendarmería hayan detenido a Santiago Maldonado tras el operativo represivo en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen para luego plantar el cuerpo en la zona del río, respondió: “Es una de las hipótesis posibles conforme las constancias del expediente”.
En ese marco, aseguró que existen “fotos donde están marcadas las ruedas de los autos que ingresaron hasta cerca del río” y que “nunca dieron una explicación de eso”. También remarcó los testimonios de personas que estuvieron en el lugar aquel 1 de agosto de 2017 que sostienen “que fue detenido por los gendarmes, lo subieron a un móvil y de allí lo sacaron de la Pu Lof”.
“Los testimonios de la gente que estaba ahí lo ponen a Santiago ingresando al río más de 50 metros río abajo y en el lugar donde aparecen las huellas del móvil de Gendarmería”, agregó la letrada.
Mientras tanto, la causa se encuentra paralizada a la espera de la definición de la Corte Suprema de Justicia que tiene la potestad para reabrir la investigación y determinar qué pasó en aquel operativo de Gendarmería en Chubut.
Fuente: FARCO
Envio:RL
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