El juez Leonardo Fuchi hizo lugar al amparo porque la ley que habilita no cumplió requisitos constitucionales
Costa Salguero: la Justicia porteña declaró la inconstitucionalidad de la venta de los terrenos
La Justicia porteña suspendió la venta de los terrenos de Costa Salguero al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 aprobada en 2019 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a vender los predios de la costanera. La decisión fue tomada este martes por el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos (FdT). Aunque el Gobierno porteño está en condiciones de apelar el fallo, desde la oposición celebraron la decisión judicial e indicaron que esperan que sea un estímulo para la recolección de firmas de la Iniciativa Popular que impulsa la creación de un parque público en esos terrenos.
El fallo
"Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 6.289 por ser contraria a los artículos N° 63, N° 89 incisos 4 y 6, y N° 90 de la Constitución de la Ciudad". De esta manera, el juez de primera instancia Leonardo Fuchi dio lugar a la acción de amparo presentada con el objetivo de anular los efectos de la Ley que, en diciembre de 2019, la Legislatura aprobó para autorizar al Gobierno porteño a disponer la venta de los predios del conjunto “Costa Salguero - Punta Carrasco”.
El planteo de Cerruti y el Observatorio -acompañados de la Fundación Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes- era que la Ley había sido aprobada sin pasar por las instancias de audiencia pública y doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad para los proyectos que involucran terrenos de "dominio público". Antes de tratar la Ley en el recinto, el Gobierno de Larreta había conseguido que los terrenos fueran considerados de "dominio privado", que para su venta no requieren ni audiencia pública ni doble lectura.
"Además, si hubiera sido de 'dominio público', la Ley hubiera necesitado dos tercios de la Cámara. El oficialismo tenía esos votos, pero sabía que después de 2019 cambiaba la composición de la Legislatura y ya no iba a tenerlos para la segunda lectura. El proyecto ingresó en la mañana del 5 de diciembre y se votó a la madrugada, ni los legisladores lo pudieron leer", recordó en diálogo con Página/12 Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio.
Ya en octubre del año pasado la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario había frenado la venta de los terrenos hasta tanto "recaiga sentencia definitiva o la Legislatura modifique expresamente la situación de dominio del predio", ya que la ley "podría resultar lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público".
Ahora, el Juez Fuchi se orientó en el mismo sentido y resolvió la cuestión de fondo del "dominio" al concluir que "la autorización para disponer otorgada por la Ley N° 6.289 no ha cumplido con el trámite legislativo propio de la desafectación de los bienes de dominio público". Los artículos de la Constitución citados en el fallo son justamente aquellos que estipulan los procesos de doble lectura y audiencia pública.
Aunque la cuestión de fondo aparece resuelta en el fallo, el Ejecutivo porteño está en condiciones de apelar en instancias superiores. "No nos preocupa la Cámara de Apelaciones porque ya falló en octubre en este sentido, el problema será el Tribunal Superior de Justicia que suele resolver en favor del Gobierno", advirtió en este sentido Baldiviezo.
Primer paso
"Es un fallo que genera ilusión. Era esperable porque fue muy grosera la torpeza con la que Larreta se movió para apurar la venta y a la Justicia no le quedaba otra alternativa que invalidarlo. Sabemos que últimamente el Gobierno porteño no acata los fallos judiciales y lo más probable es que apele, pero de ser así seguiremos el curso judicial", dijo a Página/12 Mariano Recalde, senador nacional del FdT por CABA, que en marzo de este año presentó la campaña de impulso a la Iniciativa Popular para la creación del parque público Diego Armando Maradona en los terrenos en cuestión.
Por su parte, María Rosa Muiños, legisladora porteña del FdT, coincidió en que "se trata de un muy buen fallo, aunque suponemos que el Gobierno va a apelar, lo cierto es que el juez ha dejado claro que la Ley va en contra de todos los procesos establecidos por la Constitución de la Ciudad".
En tanto, Matías Barroetaveña, también legislador del FdT, subrayó que "no nos podemos quedar con este triunfo, sabemos el poder que tiene el Gobierno en la Justicia. El Ejecutivo va a querer avanzar igual, porque su interés central tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Pero en este caso el fallo pone muy visible la situación: a partir de ahora va a ser difícil sostener ante la opinión pública que esos terrenos pueden ser de dominio privado".
"Es para celebrar porque es un primer paso. Conociendo al jefe de Gobierno, que no acata fallos adversos, seguramente esto va a pasar a otra instancia judicial", aseguró Gisela Marziotta, diputada nacional del FdT, que agregó que "eso no va a hacer que detengamos el reclamo. Este tema involucró transversalmente a los vecinos y vecinas, hubo una gran movilización que mostró la necesidad de poner freno a la forma de gobernar de Larreta con la privatización del espacio publico".
Rezonificaciones, concesiones o parques públicos
En paralelo al litigio judicial que derivó en el fallo del juez Fuchi, la Legislatura porteña tiene pendiente el tratamiento en segunda lectura del proyecto de rezonificación de los terrenos que fue aprobado en primera instancia en octubre de 2020 y que estipula la construcción de un barrio náutico con torres de más de 18 metros de altura.
"La Ley que ahora fue declarada inconstitucional establecía que el Gobierno recién iba a poder vender los terrenos si se aprobaba la rezonificación. Ahora, esa rezonificación puede seguir su curso en doble lectura porque es independiente de quién es el dueño, ya sea público o privado, pero a nivel político no parece tener sentido si ya no lo pueden vender", explicó Baldiviezo.
Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, con un récord histórico de 7.053 inscriptos, se desarrollaron 30 jornadas de la audiencia pública destinada a debatir el proyecto aprobado en primera instancia. El resultado fue contundente: el 97,3 por ciento de los expositores se manifestaron en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios.
"Todo lo que vino pasando es producto de la participación colectiva. Nadie esperaba una audiencia pública de dos meses y la postergación del tratamiento en segunda instancia tuvo que ver con eso: el oficialismo pensaba hacerlo en marzo, pero tras el rechazo masivo lo postergaron", señaló Baldiviezo. En el medio, al no lograr ratificar la venta, el Gobierno prorrogó hasta fin de 2021 la concesión del lugar a Telemetrix, la empresa que está a cargo desde 1988. La fecha indicada para el fin de la concesión era originalmente el próximo viernes 30 de abril.
"Vamos a seguir avanzando hacia lo que creemos que es lo correcto: que las tierras sean públicas", dijo Marziotta en este sentido. En marzo de este año comenzó la campaña para conseguir las firmas necesarias para obligar a la Legislatura a tratar la Inicativa Popular para la creación de un parque público. Son 40 mil las firmas necesarias y Recalde sostuvo que el fallo judicial "tiene que dar más impulso para seguir juntándolas, para que no solo no se venda sino que se haga público".
Informe: Santiago Brunetto
"La premisa es que baje la cantidad de contagios"
Alberto Fernández analizó las próximas restricciones con doce gobernadores
Evaluaron la situación epidemiológica y las próximas restricciones. Destacaron el plan de vacunación, la necesidad de más respiradores y la imposibilidad de comprar vacunas por su lado.
“La premisa es bajar la cantidad de contagios. Debemos garantizar que la circulación y los contactos sociales sean lo menor posible. Hay que hacer ese esfuerzo. Esta película ya la vimos todos. Se tomaron medidas en el AMBA y la preocupación es por otros conglomerados por la irradiación hacia el interior”, expresó Alberto Fernández durante la reunión virtual que mantuvo con doce gobernadores de las provincias del norte grande y San Juan. Con ellos evaluó la situación sanitaria y trabajó sobre las medidas que se implementarán a partir del próximo viernes cuando expiren los dos DNU vigentes. En tanto, hoy se reunirá con los doce jefes provinciales restantes. La preocupación del Gobierno es que, si bien el centro de los contagios hasta ahora era el AMBA, esa situación está empezando a irradiar al resto de las provincias y hay grandes centros urbanos muy afectados.
El Presidente habló con los gobernadores desde el salón Norte de la Casa de Gobierno y estuvo acompañado de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. La conversación duró dos horas y media y en ese lapso estuvieron los mandatarrios de Jujuy, Gerardo Morales; Raúl Jalil de Catamarca; Gustavo Sáenz de Salta; Jorge Capitanich de Chaco; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Oscar Herrera Ahuad de Misiones; Gustavo Valdés de Corrientes; Ricardo Qunitela de La Rioja; Juan Manzur de Tucumán; Gildo Insfrán de Formosa; Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Sergio Uñac de San Juan.
Al comienzo de la reunión Vizzotti realizó una descripción de la situación sanitaria, subrayó el riesgo que implican las nuevas variantes e hizo un repaso sobre el estado del mapa epidemiológico en todo el territorio nacional y del plan de vacunación. La demanda de oxígeno fue otro de los tópicos, ya que es una de las grandes preocupaciones de estos días del gobierno y expertos. Es más una vez concluido el encuentro con los mandatarios provinciales, Vizzotti, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieron con empresarios de las tres empresas que producen oxígeno en el país para ver qué medidas tomar al respecto. “Necesitamos seguir bajando los casos. Con este escalón no fue suficiente”, dijo Vizzotti y agregó que “ya hemos tenido reunión con expertos, gobernadores, luego con el Consejo Federal de Salud y con el Comité de Bioética”.
Las reuniones no se limitaron a las provincias norteñas. Más temprano, Cafiero se reunió con sus pares de provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el porteño, Felipe Miguel. Este encuentro, que no se repetía desde que Rodríguez Larreta decidió diferenciarse de las políticas preventivas del gobierno nacional, sirvió para analizar los datos epidemiológicos del AMBA frente a la crítica situación que se vive por la segunda ola.
Según fuentes oficiales, en la reunión existieron coincidencias respecto de la “tensión” en la que se encuentra el sistema sanitario y la necesidad de fiscalizar y fortalecer las restricciones ordenadas, mientras que habrá una nueva reunión en 48 horas para definir si se avanza en nuevas medidas. Cafiero advirtió sobre la falta de control y cumplimiento de los protocolos, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. A su turno, Miguel sostuvo que, según los datos de la Ciudad, la curva de casos comienza a descender “lentamente”, algo que desde la Nación no rechazan, pero relativizan. “Una meseta o casos por encima de 3 mil en la Ciudad, es una catástrofe sanitaria”, señalaron desde la Rosada.
Los gobernadores
El gobernador opositor de la provincia de Jujuy fue uno de los primeros en hablar y expresó que tenía una gran preocupación porque “en algún momento nos van a explotar los casos nuevamente”. En ese sentido, explicó que en su provincia funcionaron de forma positiva distintas medidas como la de restringir la circulación “según número de documento par e impar”, y subrayó que en Jujuy “hemos tomado medidas como restringir la circulación nocturna, controlar las reuniones sociales y que en las escuelas vayan la mitad de los grados”. Por otra parte, según informaron desde el Gobierno, “Morales se mostró muy conforme con el trabajo de Nación”, y al finalizar denunció que, al igual que a muchos gobernadores, trató con gente –a la que calificó de “buscas”– que llegaron a su provincia ofreciendo vacunas “pero nos pidieron depositar en fondos fiduciarios y que luego de investigar descubrimos que eran inmobiliarias”.
Capitanich expresó que en los últimos 30 días han tenido en Chaco un incremento de los casos en niños de 0 a 19 años y que en la provincia se disparó el número de contagios e internaciones. “En los últimos cuatro meses tuvimos más casos que en los primeros diez de pandemia”, destacó. Luego, agradeció a Nación ya que “el plan de vacunación nos está impactando muy bien y está funcionando”. El gobernador pidió ayuda para fortalecer el número de camas, pidió más respiradores, una mayor provisión de oxígeno y más medicamentos para pacientes covid.
Cuando tocó el turno de Misiones, Herrera Ahuad indicó que “la situación está controlada, porque nunca hubo apertura masiva de actividades”. Destacó el trabajo que se viene realizando en las fronteras desde el Ministerio de Seguridad nacional, e indicó que en su provincia no fueron liberadas las cirugías programadas. Sobre la presencialidad en las escuelas, puntualizó que “es alternada y con pocos alumnos”.
En cuanto a la situación de Salta, Sáenz opinó que todas las provincias deberían “tomar medidas conjuntas”. “Si no tomamos decisiones a tiempo se nos mueren los argentinos y la muerte no tiene solución”, puntualizó. El gobernador también pidió disculpas al Presidente por su enojo durante el año pasado por los respiradores: “me demostraron que el reparto nacional fue equitativo”, aseguró. Con respeto a las vacunas también agradeció la distribución federal y dijo que “quisimos salir a comprar y es imposible para las provincias conseguirlas”. Por último, pidió respiradores.
Valdés informó que en Corrientes hay “ciudades muy complicadas, sobre todo el sur de la provincia”, y comentó que están “peleando mucho en el interior”. Se sumó al agradecimiento por los buenos resultados de la vacunación.
Un estudio publicado en la revista Nature
Los sobrevivientes del coronavirus tienen 60 por ciento más posibilidades de morir en los seis meses posteriores a la infección
Los sobrevivientes del coronavirus tienen 60 por ciento más posibilidades de morir en los seis meses posteriores a la infección. La fuerte estadística surge de un estudio de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis, Estados Unidos, que fue publicado estos últimos días en la prestigiosa revista cientítifica Nature. De acuerdo a la investigación, incluso las personas que tuvieron un cuadro leve de covid-19, su riesgo de muerte por otras complicaciones de salud se aumenta de manera significativa en los siguientes 180 días a la enfermedad.
"Nuestro estudio demuestra que hasta seis meses después del diagnóstico, el riesgo de muerte incluso después de un caso leve de COVID-19 no es trivial y aumenta con la gravedad de la enfermedad", dijo el autor principal Ziyad Al-Aly. Los investigadores también han catalogado las numerosas enfermedades asociadas a la covid-19, al proporcionar una visión general de las complicaciones a largo plazo de la enfermedad y revelando la enorme carga que esta enfermedad probablemente supondrá para la población mundial en los próximos años. "No es una exageración decir que el largo COVID-19, las consecuencias para la salud a largo plazo del COVID-19, es la próxima gran crisis de salud de Estados Unidos", añadió Al-Aly.
El estudio es bastante amplio, de hecho se cree que es el más grande que se realizó hasta ahora: involucró a más de 87 mil pacientes con covid-19 y casi 5 millones de pacientes de control de una base de datos federal. En la marca de los seis meses, el exceso de muertes entre todos los sobrevivientes se estimó en ocho personas por cada 1.000 pacientes.
Para lograr una mejor compresión de los efectos del coronavirus, Al-Aly y su equipo compararon los pacientes con coronavirus de aquellos que se contagiaron con gripe. De acuerdo a los resultados, los supervivientes del coronavirus tenían un 50 por ciento más de riesgo de muerte en comparación con los supervivientes de la influenza. Incluso aquellos contagios de covid-19 también tenían un riesgo sustancialmente mayor de problemas médicos a largo plazo. "En comparación con la gripe, COVID-19 mostró una carga de enfermedad notablemente más alta, tanto en la magnitud del riesgo como en la amplitud de la participación del sistema de órganos", indicaron en el informe.
"Este estudio difiere de otros que han analizado COVID-19 durante mucho tiempo porque, en lugar de centrarse solo en las complicaciones neurológicas o cardiovasculares, por ejemplo, adoptamos una visión amplia", anunciaron los representantes de la Universidad de Washington.
A continuación, un punteo de las posibles complicaciones de salud post infección
Sistema respiratorio: tos persistente, dificultad para respirar y niveles bajos de oxígeno en la sangre.
Sistema nervioso: ictus, dolores de cabeza, problemas de memoria y problemas con los sentidos del gusto y el olfato.
Salud mental: ansiedad, depresión, problemas de sueño y abuso de sustancias.
Metabolismo: nueva aparición de diabetes, obesidad y colesterol alto.
Sistema cardiovascular: enfermedad coronaria aguda, insuficiencia cardíaca, palpitaciones y ritmos cardíacos irregulares.
Sistema gastrointestinal: estreñimiento, diarrea y reflujo ácido.
Riñón: lesión renal aguda y enfermedad renal crónica que, en casos graves, puede requerir diálisis.
Regulación de la coagulación: coágulos de sangre en piernas y pulmones.
Piel: erupción y caída del cabello.
Sistema musculoesquelético: dolor articular y debilidad muscular.
Salud general: malestar, fatiga y anemia.
En el informe se da cuenta que si bien ningún sobreviviente sufrió todos estos problemas juntos, muchos desarrollaron un conjunto de varios problemas que tienen un impacto significativo en la salud y la calidad de vida.
Laura Monti será la encargada de emitir el dictamen que no es vinculante
Clases presenciales: La Corte le pidió opinión a la Procuración y demora su fallo
Después de un plenario por zoom, la Corte Suprema decidió pedirle opinión a la Procuración General sobre el planteo que hizo Horacio Rodríguez Larreta para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del DNU 241 que suspendió la presencialidad en las aulas por quince días, hasta el 30 de abril, en el AMBA. Le dio un plazo de 72 horas para que se pronuncie y, a la vez, rechazó un pedido del Estado Nacional para convocar a la provincia de Buenos Aires como parte implicada en la medida. Todo hace suponer por los tiempos estipulados y lo que se conversa en algunos despachos, que el tribunal dará a conocer alguna sentencia cuando estén por terminar las dos semanas y el gobierno anuncie un nuevo esquema de restricciones. No parece haber ánimo en entre lxs supremxs de propiciar un "ganador" categórico en el pleito, sino de ponerse por encima como árbitros máximos de un asunto político que terminó judicializado, pero que requiere ante decisiones futuras una definición guía sobre la validez de los decretos del gobierno federal en el contexto de emergencia sanitaria y pandemia y el alcance de las disposiciones de los gobiernos locales.
La procuradora ante la Corte, Laura Monti, ya venía trabajando en el dictamen que elevará al tribunal, que no es vinculante, pero que es requerido ante casos que tienen impacto político e institucional. En el escalón previo a la decisión de fondo, que se avecina, Monti había opinado a favor de la "competencia originaria" del alto tribunal, que éste aceptó con la disidencia de Elena Highton de Nolasco que no participa en este debate porque no es partidaria de equiparar con una provincia a la Ciudad de Buenos Aires en los pleitos judiciales. Entre los cuatro supremos restantes no parece haber uniformidad total de criterios aunque estarían dispuestos en hacer converger sus argumentos en una solución común. El camino más lógico, en función de las discusiones internas, apuntaría a contemplar que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tienen facultades y competencias "concurrentes", por ejemplo, en materia de salud pública y educación. En ese esquema se puede reconocer la autonomía de CABA sin que implique invalidar decisiones de interés federal, como un DNU que pretende contener las consecuencias de la "segundad ola" de covid-19 con medidas precisas en las jurisdicciones donde se concentra la mayor y más veloz proporción de contagios.
El planteo judicial de Larreta dice que el artículo 2 del DNU 241 es inconstitucional, que suspendió las clases presenciales sin criterio empírico, que es arbitrario porque solo responde a la voluntad del Poder Ejecutivo, que viola el principio de igualdad respecto de otras provincias y que es una intervención federal que afecta la autonomía de la ciudad al arrogarse competencias locales en salud y educación. La presentación se enfocaba en la teoría de que en las aulas es bajo el nivel de contagios.
El Estado nacional presentó su descargo el lunes a la noche en 113 carillas que incluyen los fundamentos jurídicos elaborados en la Procuración del Tesoro, y datos del Ministerio de Salud y un informe de la Dirección de Estadísticas. El primera dato es que la tasa de incidencias acumulada es de 5376 casos cada 100.000 habitantes; se registran 1287 fallecimientos por cada millón de habitantes. Más del 50 por ciento de los nuevos contagios se registran en el AMBA. El gobierno nacional alega que tomó medidas restrictivas temporarias y focalizadas respecto de ciertas actividades y la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de contagios. A mayor circulación, más transmisión del virus, insisten. El problema no es dentro de las aulas. El reporte también señala que hubo un incremento de contagios en la franja de 6 a 17 años si se comparan las semanas 1 a 4 del año (con el 5,3 por ciento) y las semanas 12 a 14 (7,3 por ciento). Las dos semanas previas al decreto, enfatiza, hubo un aumento abrupto de casos. La "primera ola" tuvo su pico de contagios el 19 de octubre de 2020 con 16.451 casos; el nuevo pico, que superó al anterior, se dio este mes. El numero de referencia del 5 de abril fue de 22.897 (hoy son 25.495). Las nuevas cepas agravan la contagiosidad.
La presentación dice que el Estado debe velar por el derecho a la salud y a la vida así como a la educación, pero que este último no quedó afectado (se dictan clases por vía remota) frente al máximo nivel de protección que requieren los primeros. La colisión e derechos no es tal. Que comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe durar el menor tiempo posible, pero que el gobierno porteño tiene una mirada "negacionista de las realidad y de la grave situación que representa la pandemia". De lo que se trata, explican, es de "compatibilizar" los derechos en juego. Las medidas elegidas toman también como referencia a otros países (Uruguay, Chile, México, Francia, Italia, España, Reino Unido, Irlanda del Norte, Israel, Bélgica, Suiza).
Los planteos jurídicos fueron anticipados por Página/12. El gobierno considera que el DNU es válido; en un contexto de emergencia sanitaria y pandemia que atraviesa un agravamiento, es razonable y oportuno. Fue respaldado por la comisión bicameral del Congreso. Las distintas jurisdicciones pueden tener competencias concurrentes. Pero si existe un interés federal y un problema interjurisdiccional, como lo es una pandemia, y los criterios nacional y local son distintos, prevalece el primero. Se admite su coexistencia siempre que las disposiciones locales no afecten a las nacionales. El Estado nacional tiene "poder de policía en materia sanitaria" que le otorga la Constitución. Las pruebas que entregó la CABA no sirven, son un glosario de páginas institucionales bajadas de internet, dice el gobierno. Subraya, además, que Rodríguez Larreta consintió todos los DNU durante 2020 con medidas sanitarias incluso mucho más rigurosas en momentos de menos contagios, lo que implica "mala fe", según la "doctrina de los actos propios". El escrito alude a la "finalidad electoralista" del jefe de gobierno porteño.
Por aportes realizados durante 2020
Reintegros de la AFIP a monotributistas y autónomos: quiénes serán beneficiados
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reintegrará más de 973 millones pesos a casi 500 mil monotributistas y autónomos de todo el país. El monto corresponde a lo que cada uno de esos trabajadores abonó en 2020 por sus obligaciones tributarias.
El beneficio alcanza a 399 mil monotributistas y 85 mil autónomos y consiste en la devolución de una porción del componente impositivo abonado por débito automático o tarjeta de crédito a lo largo del año, según explicó el organismo a través de un comunicado.
La medida tiene el objetivo de amortiguar el impacto económico de la pandemia, y está en consonancia con el lineamiento trazado por el presidente Alberto Fernández, en la voluntad del gobierno de mejorar la capacidad adquisitiva para impulsar el consumo.
Alcanza a quienes hayan cumplido con sus obligaciones, pagando en tiempo y forma su cuota mensual. “Recibirán un importe equivalente al impuesto integrado y será acreditado automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago por cada uno de las y los contribuyentes cumplidores”, se especificó.
En cambio, aquellos contribuyentes que hayan iniciado la actividad el año pasado y por ello no abonaron los 12 meses completos “tendrán la devolución del 50 por ciento, siempre que la cantidad de cuotas pagadas en término fueran entre 6 y 11, ambas inclusive”.
Cada trabajador podría corroborar el monto que se le acreditará en el servicio de Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), cuyo ingreso requiere clave fiscal.
El reintegro se suma a distintas medidas implementadas por la AFIP para monotributistas y autónomos, con la cual ya canalizó más de 600 mil Créditos a Tasa Cero y habilitó los beneficios para pequeños contribuyentes previstos en la Moratoria 2020.
Prórroga para contribuyentes
Por otra parte, el organismo informó que prorrogó hasta el 31 de julio la vigencia de distintos beneficios destinados a facilitar los trámites en el marco de la emergencia sanitaria.
Uno de ellos es Presentaciones Digitales, un servicio con clave fiscal para realizar presentaciones y comunicaciones de manera digital, con carácter de declaración jurada, sin concurrir a una dependencia.
Para utilizarlo es necesario contar con clave fiscal 2 y Domicilio Fiscal Electrónico, registrado y confirmado, y remarcó que hay más de 90 trámites disponibles con esta modalidad.
También se postergó la obligatoriedad de registrar los datos biométricos, de manera que los ciudadanos no deben concurrir a las dependencias para registrar su foto, firma y huella dactilar.
La resolución general 4975/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial extendió, además, la asignación de nivel de seguridad 3 de Clave Fiscal para aquellos contribuyentes que realicen el blanqueo de su clave fiscal en un cajero automático.
Aumento escalonado hasta febrero de 2022
Salario mínimo: suba del 35% en siete cuotas
El Consejo del Salario Mínimo resolvió un aumento del 9% a partir de abril, seguido por subas mensuales sucesivas hasta agosto. En septiembre habrá una revisión antes de las dos últimas alzas, previstas para noviembre y febrero próximos.
El salario mínimo va a aumentar un 35 por ciento dividido en siete cuotas, acordó este martes el Consejo del Salario Mínimo que reúne a autoridades de gobierno y representantes del sector empresarial y sindical. Así, pasa de los 21.600 pesos actuales a 29.160 pesos aunque recién en febrero del año que viene, cuando se termine de pagar el último tramo. El aumento está muy por debajo de las pretensiones de las centrales obreras, aunque se definió una cláusula de revisión en septiembre para “evaluar la evolución de la situación”. El acuerdo obtuvo 31 votos afirmativos y una abstención.
La distribución de las cuotas es la siguiente: 9 por ciento en abril, 4 por ciento en mayo, 4 en junio, 3 en julio, 5 en agosto, 5 en noviembre y 5 por ciento en febrero. La última actualización del salario mínimo se había acordado en octubre pasado, a partir de tres cuotas que ubicaron el sueldo básico en 18.900 pesos en octubre, 20.588 pesos en diciembre y hasta los 21.600 pesos actuales. La reunión del Consejo del Salario Mínimo del año pasado había sido una novedad política luego de varios años con resoluciones unilaterales por parte del gobierno de Mauricio Macri.
La suba acordada está lejos de las pretensiones que venían deslizando las centrales obreras. La CGT proponía un aumento en dos tramos del orden 40 por ciento para que el sueldo mínimo quede en unos 30 mil pesos. En una línea parecida se manifestó públicamente el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, con un 40 por ciento “para empezar a hablar”. El Consejo del Salario mínimo, liderado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, juntó virtualmente a referentes de la CGT como Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María y Antonio Caló; Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores y representantes empresariales como Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja (UIA) junto a cámaras comercio, gastronómica, bancarias y rurales.
A diferencia de los aumentos salariales que alcanzan los sindicatos, la actualización del salario mínimo tiene un impacto directo limitado. Se trata en realidad de una herramienta para que los asalariados más vulnerables mejoren sus ingresos. Ese universo está compuesto por personas con bajo nivel de calificación, jóvenes que acceden al primer empleo o trabajadores en actividades en las que la participación sindical es inexistente o muy débil.
Deterioro crónico
Según las últimas estimaciones del Centro CIFRA, que depende de la CTA de los Trabajadores, “en marzo de 2021 el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil se ubica 37,5 por ciento por debajo del nivel de 2015. Para volver dicho nivel, el salario mínimo tendría que saltar a 35 mil pesos, lo que representaría casi un 70 por ciento de aumento”.
La curva del salario mínimo, vital y móvil en los últimos casi veinte años es relativamente similar a la evolución de la situación del poder adquisitivo del salario en general. Desde 2003 hasta 2011 se verificó un intenso crecimiento, al punto que el poder adquisitivo del salario mínimo en 2011 fue más del doble en relación con el nivel del 2001. Entre 2011 y 2015, cuando la economía ingresó en una fase de más alta inflación y relativo estancamiento, su capacidad de compra se redujo al 8,4 por ciento
La situación del salario mínimo empeoró notablemente desde la asunción de Mauricio Macri. La baja acumulada de ese período en términos de poder de compra es del 25,1 por ciento, calcula el CIFRA. En 2020 se definieron incrementos salariales por decreto de 3 mil y mil pesos en enero y febrero, respectivamente, aunque no se modificó el salario mínimo hasta octubre. En ese momento se acordó una suba del 28 por ciento en tres tramos. Con todo, en 2020 se produjo una caída de poder adquisitivo adicional respecto al año previo del 10 por ciento en el promedio del año. Así, se completan cinco años consecutivos de caída.
Al día de hoy, el salario mínimo está 37,5 por ciento por debajo de su nivel de 2015. En la relación con la canasta básica de pobreza para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, en 2015 el salario mínimo cubría un 60,7 por ciento mientras que ahora apenas un 35,5 por ciento. De hecho, el salario mínimo ni siquiera cubre la canasta alimentaria para ese hogar, de 25.685 pesos, que define la indigencia. La recomposición del 35 por ciento en siete cuotas acordada este martes vuelve a estar por debajo de las estimaciones de inflación que realiza el sector privado para el año, aunque habrá que ver el rol de la cláusula revisión en septiembre.
La deuda externa del sector privado totalizó 78.075 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2020
Desendeudamiento en dólares de las empresas y bancos
Después del frenesí de colocación de deuda, pública y privada, la estrategia oficial fue reestructurar, cancelar y extender plazos de pago. El último reporte del Banco Central da cuenta de una caída trimestral de 953 millones de dólares y una baja interanual de 5685 millones de la deuda del sector privado.
La deuda externa del sector privado totalizó 78.075 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2020. Se registró así una caída trimestral de 953 millones de dólares y una baja interanual de 5685 millones. Así lo informó el Banco Central a través de su informe de deuda externa privada.
Los datos del último trimestre del año pasado respecto del tercer trimestre previo indicaron que hubo un retroceso de la deuda financiera en 1282 millones. En contraste, la deuda comercial mostró una suba de 329 millones.
En el detalle del documento de la autoridad monetaria se registró que los pasivos externos por exportaciones de bienes totalizaron 5383 millones de dólares, mostrando un aumento de 356 millones respecto del nivel mínimo del tercer trimestre de 2020.
Este resultado se debió principalmente a que el sector de elaboración de alimentos incrementó su deuda en 450 millones. No obstante este rubro registró una importante baja de la deuda interanual (-3112 millones).
La deuda externa por importaciones de bienes totalizó 22.047 millones al final del cuarto trimestre de 2020, mostrando una cancelación neta de 280 millones con respecto al cierre del trimestre previo y de 1092 millones en el último año.
En el informe del Banco Central se precisó además que la deuda externa por servicios totalizó en 7799 millones, al registrar un avance de 254 millones respecto al fin del trimestre anterior. En detalle, 101 millones se explicaron por la deuda con empresas relacionadas y 153 millones con no relacionadas. A su vez, hubo un aumento de 810 millones respecto a fines del año 2019. De este total, 453 millones correspondieron a deuda con empresas relacionadas y 357 millones a no relacionadas.
Deudas financieras
Por el lado de la deuda externa financiera, el documento de la autoridad monetaria registró que estos pasivos se ubicaron en 42.846 millones de dólares al cierre de 2020, lo que implicó una caída trimestral de 1282 millones y una baja interanual de 2293 millones.
El Banco Central apuntó que la disminución observada en el trimestre estuvo explicada por la reducción de 734 millones de depósitos de no residentes en entidades financieras locales, seguido por la cancelación neta de títulos de deuda por 276 millones y de los préstamos financieros por 216 millones.
El desendeudamiento es una de las características del último año, luego de un ciclo de fuerte endeudamiento público y privado registrado en el macrismo que llevó en 2018 a un proceso de fuerte crisis financiera, devaluación e inflación. Se trata de una crisis que terminó forzando la reestructuración de deuda del Tesoro el año pasado y la necesidad de establecer un nuevo acuerdo y refinanciación con el Fondo Monetario Internacional.
Medidas estratégicas
En el equipo económico realizaron distintas medidas estratégicas a lo largo del año pasado para evitar que la falta de dólares continúe afectando a la economía local a través de la devaluación del tipo de cambio comercial.
En el Banco Central apuntaron que una de estas medidas se anunció a partir de septiembre de 2020 cuando se estableció en los lineamientos de la comunicación A 7106 que “las empresas del sector privado podrían iniciar un proceso de refinanciación de sus deudas financieras con el exterior y/o títulos de deuda local nominados en moneda extranjera, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios”.
En este contexto, las renegociaciones registradas durante el cuarto trimestre de 2020 impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos 500 millones de dólares respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo. Asimismo, el perfilamiento de los vencimientos de la deuda financiera se vio mejorado hacia finales de 2020, según el informe del Banco Central.
El control vertical de los monopolios sobre el agronegocio
Megaexportadoras vs. peones rurales
El conflicto gremial que enfrentó Cargill en 30 de Agosto, una pequeña localidad de Trenque Lauquen, puso de manifiesto la presencia dominante de las multinacionales en cada rincón de la pampa. ¿Por qué se permite a estas firmas estar en todos los eslabones de la cadena productiva? ¿Quién controla lo que carga en 30 de Agosto y embarca en su puerto San Martín, cerca de Rosario?
Hace pocos días se desarrolló un conflicto gremial entre el UATRE (Unión Argentina de trabajadores Rurales y Estibadores) y la empresa exportadora Cargill en la localidad de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen. Una comunidad de 4777 habitantes, que está a 525 km del puerto de San Martin (pegado a Rosario) y a 296 km de Bahía Blanca, donde la empresa en conflicto tiene dos terminales exportadoras. Cargill tiene más de 50 plantas de acopios diseminadas en el interior del país que abastecen en forma directa sus 5 terminales portuarias, situación que se repite con otras exportadoras como AGD que tiene 40 plantas. Como vemos, tiene presencia en todos los eslabones de la cadena comercializadora sojera-maicera. No son más que 7 u 8 cerealeras las que monopolizan el negocio y todas usufructuarias de la “hidrovia”.
No fue este el único conflicto gremial de su tipo entre UATRE y los dadores de carga, se repiten a lo largo y ancho del país. Las exportadoras nunca quieren reconocer los derechos laborales. Esto nos permite sacar valiosas conclusiones sobre como el modelo agroexportador se vincula con el territorio y la forma que pergeñó para recolectar el cereal en el interior profundo prescindiendo de los comercios y la mano de obra local. Las exportadoras vienen por todo: silobolsa, venta directa del productor al exportador, trabajo en negro y desplazamiento de cooperativas y cerealistas lugareños y de la UATRE, ese es el modelo de saqueo que instalaron para recolectar la soja para exportar.
El silo bolsa es una creación del genio inventivo argentino que cambió radicalmente la forma de comercializar el cereal. Ya no se necesitan costosas instalaciones fijas de silos para almacenar las cosechas. El “chorizo” permite a productores y acopiadores una forma móvil, sencilla y práctica de conservar los granos. También facilita la evasión fiscal.
Pero el interrogante que subyace es: ¿qué hace Cargill acopiando como minorista en 30 de Agosto?. ¿Como puede ser que se le permita a una empresa exportadora estar presenten en “todos” los eslabones de la cadena productiva dándole una posición dominante en el mercado? Estas transnacionales fungen de productores, acopiadores, refinadoras y exportadoras, ya sea de productos elaborados o sin elaborar, en forma legal o ilegal las hacen todas. La cadena agroalimentaria argentina no tiene desorden; tiene monopolios. ¿Porque les consentimos este tipo de prácticas? No lo sé. La única respuesta que se me ocurre es que a causa de la tremenda derrota cultural que nos infligió el neoliberalismo en los noventa, nos instalaron como único sentido común productivo posible el del monocultivo de soja y todo lo adyacente a él. Ya es hora que lo revisemos.
En el conflicto de 30 de Agosto se expresa con toda magnitud el carácter extendido y monopólico de la exportación de granos. Allí vemos un gran pulpo multinacional compitiendo deslealmente con acopios locales, precarizando el trabajo rural y propiciando la venta directa del productor al exportador, devastando a los pequeños pueblos a los que ya no le dejan nada de lo que producen. Todo el sistema esta preparado para la expoliación del interior profundo.
Argentina tiene que tomar- entre otras -dos resoluciones claves en su comercio mayorista de granos. La primera: prohibir las ventas directas del productor a las compañías agroexportadoras, ya que eso genera lisa y llanamente una competencia desleal que desplaza cooperativas y acopios locales. Y la otra resolución: es pesar, ¡¡¡si pesar!, las exportaciones. ¿Quién controla el cereal que Cargill cargó en 30 de Agosto y envió a su propio puerto? Nadie, sólo ellos. ¿Por qué se creen que se molestan tanto cuando se los quiere controlar o regular, y se ponen como locos?
Salud y cosechas
Máximo Paz-otoño 2021-
Fuente:Pagina12
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