Violencia y criminalización en la
Comarca Andina:pronunciamento
con el respaldo de Nora Cortiñas
Resumen Latinoamericano12 de abril de 2021
Por Vecinxs criminalizadxs de Lago Puelo y La Comarca Andina
Lxs Vecinxs criminalizadxs por la justicia provincial y la justicia federal debido a la movilización en Lago Puelo, con motivo de la visita presidencial del 13 de marzo 2021, contra la Megaminería y a favor del Agua y la Vida dieron a conocer un documento al que adhirió Nora Cortiñas y numerosas organizaciones de todo el país. Allí señalan que «mientras elaborábamos la presente declaración, el juez federal Guido Otranto ordenó a la Policía Federal que notifique a trece vecinxs de la Comarca Andina, 6 ya criminalizadxs por la justicia provincial y 7 vecinxs nuevxs, que eleva a 19 la lista de vecinxs perseguidxs policial y judicialmente».
La Patagonia dejó de ser un lugar pacífico desde el genocidio contra el pueblo nación mapuche tehuelche y la reducción a esclavitud de miles de sobrevivientes, perpetrado por Roca y el Estado Argentino, para arrebatarles sus tierras y luego entregárselas a estancieros y capitales ingleses, continuado por la persecución y la opresión cultural hasta nuestros días de quienes quedaron en el territorio. A esto siguió el fusilamiento de 1500 peones rurales ordenado por Irigoyen para sofocar una huelga que afectaba a los mismos intereses que benefició Roca.
En los últimos años, la violencia estatal e institucional ha alcanzado niveles extremos en el intento de disciplinar a un pueblo que masivamente se opone al extractivismo y a la megaminería.
Allanamientos ilegales, torturas, fusilamientos encubiertos, desapariciones, represión (de policía, gendarmería, prefectura y tercerizada), criminalización de la protesta y persecución judicial, invención de enemigos internos (mapuches y ambientalistas) y, desde hace al menos dos años, la constante amenaza en cada sesión legislativa provincial con el tratamiento de un proyecto de ley que habilita la megaminería en Chubut.
Sin escuelas, sin hospitales, sin obra social, con los servicios públicos en estado deplorable, con la totalidad de lxs empleadxs estatales con 3 sueldos adeudados y sin fecha cierta de cobro, ingresamos en 2020 a la cuarentena pandémica. Una cuarentena que a instancias del ministro de seguridad Massoni, tuvo características abominables y desproporcionadas, con clubes oficiando de centros de detención, razzias y torturas, toque de queda con sirenas de bomberos sonando cada noche en cada pueblo, y abusos de todo tipo, a tal punto que tuvo que intervenir la Secretaría nacional de Derechos Humanos.
En la Comarca Andina, se erigió una especie de muro de Berlín en el paralelo 42, con un cerco policial que separó familias, trabajadorxs de sus lugares de trabajo y produjo muertes por no permitir la continuidad de tratamientos oncológicos. Pero desde mediados de diciembre, enero y febrero 2021, asistimos atónitxs a la abolición arbitraria de la cuarentena para dar lugar a la temporada turística.
A todos estos ataques institucionales a la población, se sumaron el último 9 de marzo, los al menos 5 focos de incendio intencionales y simultáneos, cuando aún ardía en El Maitén el incendio iniciado el 26 de enero. Estos últimos incendios afectaron barrios muy poblados de Lago Puelo (Golondrinas, Cerro Radal, El Pinar, Ecoaldea, Bosques al Sur) y de El Hoyo (Cascada, El Pedregoso), matando a 3 vecinxs (Sixto Garcé Liempe, peón rural, José Luis Rivero, jubilado y María Briones), arrasando más de 300 viviendas, quemando chacras, cultivos, pasturas, miles de animales, talleres artesanales con sus herramientas y producciones, instalaciones y vehículos. En 9 horas se hicieron cenizas unas 12.000 hectáreas de bosque nativo, que sumadas a las incendiadas en Cuesta del Ternero y Nahuel Pan, suman 30.000 sólo en este verano.
Sin agua, sin luz, sin gas, sin internet, con amigxs y familiares aún inubicables, y el fuego sin pausa devorando bosques, fue el contexto en el que se realizó la visita presidencial del 13 de marzo.
Un par de horas antes de la visita, volvió la luz a Lago Puelo. Personal de Defensa Civil, pocas veces visto en la zona siniestrada, luciendo uniformes nuevos improvisaron un cordón humano para el paso del vehículo presidencial, mientras que motobombas de la Brigada de incendios y de Bomberos, aún con bosque ardiendo en ese preciso momento, se dispusieron como escenografía junto a gradas del gimnasio municipal para un acto que jamás sucedió. En un micro proveniente de Esquel, hizo su arribo la patota de la UOCRA, afamada golpeadora de asambleas y trabajadorxs, con su flamante bandera de Gerardo «Batallón 601» Martínez y sus cánticos «tráigannos a las putas», y en minutos, atacaron a golpes de puño a vecinxs, ante la mirada indiferente de la policía provincial.
Todo estuvo dispuesto; el acto, la patota golpeadora, la patotita local aplaudidora y golpeadora, el maletín con la plata, quienes arrodillados besarían el anillo, los regalitos municipales con alfajores y artesanías, la foto del líder magnánimo y paternal, la prensa hegemónica para acallar nuestros gritos, su trabajo de siempre. Lo que no estuvo previsto fue la reacción del pueblo de la Comarca Andina.
Porque el pueblo de la Comarca Andina del paralelo 42, aún en la desesperación y en medio del llanto por la catástrofe, CONSERVA INTACTA SU DIGNIDAD.
Como todo el pueblo del Chubut, hicimos huelgas por tiempo indeterminado, pese a las represiones y a las burocracias sindicales, ocupamos pacíficamente ministerios, municipios, escuelas, supervisiones, delegaciones, rutas. Asambleamos permanentemente, mes tras mes, año tras año, marchamos de a decenas, de a cientos y de a miles en cada pueblo y pueblito con y sin cuarentena, perdimos y lloramos a las compañeras docentes Jorgelina Ruíz Díaz y Cristina Aguilar. En el invierno 2020, afrontamos con la única ayuda de vecinxs, una terrible nevada en la meseta, que causó destrucción de hogares y la muerte de casi la totalidad del ganado de campesinos y comunidades mapuche y mapuche tehuelche, mientras el gobernador Arcioni lanzaba desde un helicóptero alimentos mezclados con lavandina en bolsas de consorcio que explotaban al caer. Reunimos en plena cuarentena más de 30.000 firmas (7% del padrón electoral) y presentamos en la legislatura provincial un proyecto de ley (Nº 129/20) por Iniciativa Popular para prohibir la megaminería contaminante y sus actividades anexas. Nos organizamos en brigadas populares para apagar los incendios forestales, triplicando la cantidad de personas enviadas por el Estado, canalizando donaciones sin pasar por la rapiña de los municipios con fines electoralistas.
Con frío, con nieve, con viento, bajo la lluvia, con sol, pese a la represión y las patotas, pese al cerco mediático nacional, no dejaremos de luchar, ni daremos un paso atrás hasta derrotar sus planes extractivistas de muerte y construir desde el pueblo mundos más justos y donde la especie humana encuentre un equilibrio con la Ñuke Mapu.
El 13 de marzo, por las calles de Lago Puelo, marchamos cantando «el agua no se vende, se defiende/ Chubut no se vende, se defiende», con banderas que rezaban «No al saqueo minero», «Territorios para el Buen Vivir», «Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno», «Ni hambre, Ni Sangre, Ni Veneno en el territorio». Mientras, escondido en el edificio de Cultura, junto al gobernador Arcioni y varios intendentes, el presidente Alberto Fernández mentía alevosamente, como si no supiéramos que desde su primer día de mandato, le dio continuidad al plan del gobierno de Macri: extractivismo y megaminería para todos, constituyéndose en el principal lobbysta minero, reuniéndose con Arcioni, la minera Pan American Silver y el responsable de la contaminación de los ríos de Jáchal, el hoy secretario de minería, Alberto Hensel.
Incendian nuestros bosques y las casas en medio porque quieren los minerales que hay debajo y sus negociados inmobiliarios y forestales en la superficie, y aunque la impunidad los ampare, usted, Alberto Fernández y usted, Mariano Arcioni junto a las empresas megamineras, son responsables de los atentados incendiarios criminales del 9 de marzo. Como también son responsables el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras por no apagar los incendios que afectaron los barrios El Mirador y Unión y los parajes de Nahuel Pan y Cuesta del Ternero, un fuego que ardió más de 40 días y que sólo pudo controlarse gracias a la acción directa y asamblearia de vecinxs autoconvocadxs.
Para cubrir su ineptitud y en medio de las disputas palaciegas entre provincia y nación, el lunes 15 de marzo el ministro Massoni inició, en una conferencia de prensa televisada, una cacería de vecinxs que se extendió hasta el jueves 18, con propaganga de marcado estilo fascista como forma de escarnio público y violando el principio de inocencia, al exponer fotos incluso de menores, direcciones, lugares de trabajo y salarios. El combo de terrorismo estatal incluyó megaoperativos con allanamientos, infantería, personal de civil y armas largas, no menos de 40 efectivos para llevar esposadxs a vecinxs hasta la comisaría de El Hoyo, al tiempo que producían videos musicalizados que el Ministerio de Seguridad del Chubut viralizó en las redes sociales, donde se mostró como prueba de algún delito una remera de «No a la Mina».
Hasta el momento, 12 vecinxs fuimos involucradxs en una causa provincial que luego pasó al fuero federal, bajo el cargo de «daños y atentado a la autoridad», involucrando a 7 vecinxs más. Repudiamos estas maniobras que causaron zozobra a nuestras familias y amigxs, que son un claro intento de disciplinamiento social para meter miedo, para desmovilizar y para demonizar a las organizaciones populares. Denunciamos que entre lxs 19, fueron involucradas personas que no estuvieron en la manifestación de Lago Puelo y que se dictó orden de allanamiento a un vecino que ese día seguía limpiando las cenizas de su casa arrasada por el incendio.
Al Pueblo lo privan de justicia, le envenenan los ríos y alimentos con cianuro y glifosato. Talan y queman montes, bosques, selvas y humedales para monocultivos de soja, maíz y trigo modificados genéticamente o para megafactorías de cerdos y virus zoonóticos. Su plan para el pueblo empobrecido se reduce a represión, gatillo fácil y asistencialismo más deuda ilegítima por varias décadas. Entonces, por la Vida, por la Ñuke mapu y por las presentes y futuras generaciones, el Pueblo protesta, se organiza y se opone a sus malgobiernos y sus democracias de utilería, que representan los planes de muerte del capital global.
Anulación YA de todos los derechos mineros otorgados en la Comarca Andina del paralelo 42.
Ni una sola hectárea para plantaciones forestales, restauración del suelo y el bosque nativo andino patagónico.
Basta de criminalizar las luchas y las búsquedas autogestivas del Buen Vivir.
Basta de perseguir, criminalizar, encarcelar y asesinar al Pueblo Nación Mapuche, únicos capaces, junto a otras cosmovisiones originarias, de guiarnos para vivir en equilibrio con la Ñuke mapu.
No es NO! Aprobación YA de la Segunda Iniciativa Popular sin modificaciones, para prohibir la Megaminería en Chubut y sus actividades anexas.
#bastadecriminalizarlasluchas, #noesno, #ChubutAGUAzo, #fueraarcioniysastre, #bastadeterricidio
FIRMAN: Vecinxs criminalizadxs por la marcha del 13/03/21 en Lago Puelo, (Iván González, Mariano Guzmerini, Guillermo Ramírez, Verónica Flacquier, Andrea Millañanco, José Colihueque, Martha Hermosí, Marcelo Florentín, Sol Muñoz)
ADHIEREN: Nora Cortiñas / Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)/ Unión de Asambleas Patagónicas (UAP)/ Movimiento Autónomo Mapuche del Puelmapu (MAP)/ Asamblea de Vecinxs de Epuyen / Asamblea en Defensa del Territorio Puerto Madryn / Asamblea de Vecinos Rawson-Playa Unión / SER -Sociedad Ecológica Regional Comarca Andina /Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel / Asamblea Comarcal contra el Saqueo/ Unión de Asambleas de Comunidades Trelew/ Colectivo por los Derechos Humanos, El Bolsón / Lof Kurache / FOL Río Negro / Frente de Artistas del Borda / Red Argentina de Arte y Salud Mental /Alberto Sava/ Marabunta -Corriente Social y Política/ Radio Autónoma Piuke (Bariloche)/ Vecinxs Autoconvocadxs en Defensa del Ambiente (El Hoyo)/ ATE CTA A Chubut -Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género/ APDH Noroeste del Chubut/ Asamblea Socioambiental de Bahía Blanca/ Asamblea de Trevelin No a la Mina / El Tigre no es Miami / Contra el Virus del Pensamiento Único (CVPU-20)/ Biopía Sierras Chicas (Córdoba)/ Asamblea de Vecines de Puerto Pirámides/ Centro Cultural Antú Quillén/ Espacio Cultural La Otra Casa (Rosario-Santa Fe)/ Colectivo Organizado por la Salud de los Pueblos (COSP) / Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs en Defensa del Bosque (Comarca Andina del Paralelo 42)/ CTA A Lomas de Zamora /Colectivo de Trabajadorxs de la Salud Bucal (Buenos Aires)/ Colectiva Educación Popular Comodoro /Radio Mapuche Comunitaria Petü Mogeleiñ / Prensa del Pueblo / Radio La Negra / El Pueblo Tv / Agrupación Rojinegra/ Territorios para el Buen Vivir
*Adhesiones a vecinesporelagua@gmail.com
FUENTE: El extremo sur de la Patagonia
Salud en Neuquén: Lxs trabajadores autoconvocadxs logran ser reconocidos
en la mesa y aseguran que discutirán
salarios // Manifestaciones de apoyo en
toda la provincia // Comunidades mapuche bloquean caminos en Vaca Muerta en
apoyo a la protesta de Salud
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021
Lxs trabajadores autoconvocadxs de la salud pública afirmaron que este lunes a las 17 hs se sentarán a discutir sobre salarios con el gobierno, luego de salir de la reunión que mantuvieron en el marco de la conciliación convocada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo del fiscal general José Gerez.
Las reuniones del sábado y el domingo fueron coordinadas por el director de la oficina de Mediación y Conciliación Ulf Nordenstahl y la subdirectora Cecilia Basterrechea. Del gobierno provincial estuvieron las ministras de Salud, Andrea Peve, y de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, que tuvieron que reunirse con veinte delegados de los trabajadores de las distintas zonas sanitarias.
El gobierno había convocado a la mesa a los gremios ATE, UPCN, Siprosapune y SEN, acción que fue repudiada por lxs autoconvocadxs. Una vez avanzada la reunión Gerez también convocó a los presidentes y presidentas de los distintos bloques de la Legislatura, por lo que la mesa fue concurrida. Mientras tanto, continuaron los cortes en distintos puntos de la provincia.
Lxs trabajadores autoconvocadxs afirmaron que van a mantener las protestas y el paro de actividades, y los cortes de ruta sobre la ruta 22 a la altura de Zapala, Plottier, Plaza Huincul, Piedra del Águila, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Villa La Angostura y Añelo, que son los cortes que se han venido realizando en las últimas semanas.
El reclamo de lxs autoconvocadxs de Salud lleva ya 42 días y los puntos principales de las demandas son la recomposición salarial, el pase a planta de trabajadores precarizados y mejoras en las condiciones laborales.
Desde el medio «El zumbido» de Neuquén capital se transmitió en vivo las declaraciones de lxs delegadxs de los trabajadores autoconvocados. Lxs trabajadores afirman que «No se levantaran la medidas hasta que no se resuelvan sus demandas» y convocaron a la comunidad a acompañarlos en la instancia de conciliación que se realizará a las 17 hs.
FUENTE: El Tabano Digital
ESENCIALES EN LUCHA. MANIFESTACIONES DE APOYO A TRABAJADORES DE SALUD EN TODO NEUQUEN
Mientras se retoma la mesa de negociación entre los autoconvocados y el Gobierno después de un cuarto intermedio, se realizan cortes y movilizaciones en distintas partes de Neuquén.
En la tarde del domingo, mientras sigue la mesa de negociación luego de 42 días de lucha de las y los trabajadores de salud, son muchas las manifestaciones de lucha en distintas localidades de la provincia. A los cortes de ruta de los trabajadores se suman integrantes de las distintas comunidades, otros organizan caravanas de autos, o acompañan con bocinazos y aplausos. También la solidaridad se expresa en las donaciones de alimentos y agua de vecinos y comerciantes de cada localidad que acercan a los piquetes.
Las y los trabajadores autoconvocados, mientras participan de la negociación, llamaron a sostener las medias de lucha y a la comunidad a seguir acompañando su lucha.
Corte en Añelo
Corte en Zapala
Corte en Piedra del Águila
Corte en Plaza Huincul
FUENTE: La izquierda Diario
COMUNIDADES MAPUCHE BLOQUEAN CAMINOS EN VACA MUERTA EN APOYO A LA PROTESTA DE SALUD
Las comunidades mapuche de la zona petrolera de Neuquén cerraron sus tranqueras en apoyo al reclamo que vienen llevando adelante los autoconvocados de Salud, que desde ayer mantienen bloqueos en cuatro puntos cercanos a Añelo.
«Se acompañaba cerrando la barrera de la comunidad para que los vehículos no ingresen por ese lugar y se transite solamente por la ruta provincial«, indicó Elba Paynemil, lonko de la comunidad que está a cuatro kilómetros de la ciudad cabecera de Vaca Muerta.
Aclaró que si bien no están sobre las rutas, con el cierre de las tranqueras brindan su apoyo a Salud que «fueron los que se pusieron al frente de la pandemia y se trata de estar al lado de ellos. Hoy hay que aplaudir para que tengan un salario digno los que le hacen frente a esta pelea».
También dijo que es en reclamo a YPF y a la Provincia por temas ambientales en Loma La Lata. «Hace cuatro meses tenemos saneamientos abiertos por ejemplo en Ruta 51, donde se rompió y pinchó un caño», indicó.
Alexis López, uno de los referentes del grupo de los trabajadores autoconvocados de Salud señaló que además de Paynemil, las comunidades de Kaxipayiñ y Campo Maripe en apoyo «han cerrado las tranqueras hasta tanto salud tenga una respuesta y una mesa salarial para poder negociar».
Los cuatro puntos donde personal de Salud mantiene los bloqueos son en Ruta 7 (camino a Rincón de los Sauces), Fortín de Piedra, Batería 3 (arriba, por la meseta) y Bajada de los Patrias.
FUENTE: Diario Rio Negro
Allanamientos y detenciones en
Andalgalá contra manifestantes
defensores del agua
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021.
Esta mañana varias personas fueron detenidas por orden de la fiscal de Andalgalá, Soledad Rodríguez, aunque hay diez órdenes de detención emitidas. Encontraron elementos para la elaboración de bombas molotov.
Las detenciones se enmarcan en la causa abierta por los incidentes ocurrido el sábado, cuando manifestantes antimineros marcharon y destrozaron las oficinas de Agua Rica.
Además, se investiga la participación de funcionarios municipales durante la protesta del sábado.
Nombres de lxs detenidxs: Matias Paz, Franco Fernández, Sara Fernández, Mauro Perea, Aldo Flores, Walter Mansilla y Enzo Brizuela
DENUNCIAN LA MILITARIZACION IMPUESTA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL
La Asamblea El Algarrobo, emitió un comunicado en el que acusa al gobierno provincial de “militarizar nuestro territorio y poner en peligro la integridad de todxs, nuestra respuesta es una sola: no nos van a vencer, nuestra resistencia continúa, solo demuestran que este modelo no cierra sin represión por parte de las fuerzas estatales junto a las mineras contaminantes”. El grupo antiminero había negado la responsabilidad en los hechos. En un comunicado aseguró que “Andalgalá expresó su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal antiminero”.
Desde el oficialismo se animan a responsabilizar indirectamente al intendente andalgalense, que “llamó a poner el cuerpo al reclamo minero”. Un funcionario de su gobierno fue detectado en la manifestación de manera activa, lo que provocó un revuelo a escala política.
Liberación ya de los compañeros detenidos y violentados por las fuerzas del Estado que defiende la megamineria.
Para decir
No a la criminalización de la lucha.
No al proyecto Agua Rica- Alumbrera.
En defensa del Agua, la Vida y los Territorios en pie de lucha frente al atropello y la violencia de la megaminería y su mayor cómplice, el Estado Argentino.
Dejen de reprimir al pueblo!!
Opinión sobre la pueblada de Andalgalá: explotaron los ambientalistas defensores
del agua
Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021.
Editorial del diario catamarqueño El Pucará.
Sin animo de justificar la violencia como método para lograr fines, cualquiera que sean los mismos y por más loables que se presenten, desde éste medio no tenemos más que palabras de comprensión al hartazgo que exhibieron los ambientalistas y cierta parte de la población sobre la constante contaminación del agua del rio homónimo en los episodios ocurridos éste sábado pasado.
Situación que no es nueva por cierto, sino que se viene planteando desde hace dos décadas y que el poder político no ha sabido o no ha querido solucionar, por intereses mezquinos siempre contrarios a los intereses legítimos de la población, que rara vez recibe beneficios directos de la explotación minera y que en la mayoría de los casos, es depredadora del medio ambiente.
Los gobiernos de turno, los consecutivos de Lucía Corpacci fueron pro mineros en el peor sentido de la expresión y mucho más en un distrito que siempre le ha sido adverso a nivel municipal. No podemos dejar de mencionar al ex Ministro de Minería, Rodolfo Micone, como el máximo responsable de que el río Andalgalá tuviera 20 mil veces más de arsénico que lo permitido y que ese y no otro, fuera el principal argumento para que la Corte Suprema de la Nación fallará oportunamente a favor de la Asamblea de Vecinos. Hubo fallo, pero nunca ejecución de sentencia porque los actores encargados de hacerlo cumplir, eran los mismos que una y otra vez no lo habían acatado o habían hecho caso omiso a los reiterados y constantes reclamos de los vecinos.
Por el contrario, pareciera más bien que se han dedicado a exacerbar los ánimos con todo tipo de concesiones a las empresas, especialmente las referidas a la utilización del agua para la extracción minera, principalmente del oro, que como es público y notorio sigue siendo a cielo abierto. Algo similar a la concesión del Rio Los Patos en Antofagasta de la Sierra. Tanto en Andalgalá como Antofagasta de la Sierra, las decisiones del gobierno se hicieron sin la licencia social, elemento básico del contrato social. Porque la historia de la minería en Catamarca y en la Argentina se repite siempre.
Todas las mineras, al comienzo, prometen mucho, cumplen poco, contaminan todo y se marchan con los dividendos en los bolsillos, dejando una estela de dirigentes enriquecidos de la noche a la mañana, porque convengamos que las concesiones gubernamentales no son gratuitas en ninguna parte y menos en Catamarca donde los funcionarios que administran la cosa pública hacen grotescas ostentaciones y al mismo tiempo que se observa la depredación de la naturaleza a niveles escandalosos.
Así, Andalgalá ha sido desde hace unos 20 años una olla a presión que algún día iba a estallar. Ese día tan temido llegó. El poder político, especialmente el relacionado con Lucía Corpacci, que gobernó durante ocho años los destinos de Catamarca, continuado por su sucesor, Raúl Jalil, que lejos de torcer el rumbo, lo ratificó, dedicaron sus impulsos mayoritariamente a hacer todo tipo de concesiones a la empresas mineras. Lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora, porque en la crisis actual, que armó el gobierno nacional, las regalías mineras pasaron a ser quizás, la fuente más valiosa de recursos financieros genuinos, ¿A costa de qué? La realidad del fuego y la violencia utilizada, pueden ser la respuesta al interrogante planteado.
En ese orden primero fue la Minera La Alumbrera y la actual Agua Rica, en tanto que en Antofagasta de la Sierra, la agraciada, favorecida por Micone y Jalil, fue la minera Livent que se dedica a cocinar el litio que extrae utilizando el agua de la cuenca del Río los Patos, todo sin licencia social.
Vale la pena detenernos que la bronca y el estallido social seguido de incendio, no solamente se dirigió a la empresa minera en particular, Agua Rica, sino también al corazón de la política oficialista, a la unidad básica del Frente de Todos que fue blanco de los ataques e ira de los manifestantes. Al fin y al cabo, la usina de la desgracia de quienes defienden el agua a capa y espada, es el poder político y hacia allí apuntaron sus dardos.
Pero la tercer pata que ha provocado la violenta reacción de los defensores del medio ambiente tiene un actor oculto que no se vislumbra específicamente en Andalgalá, sino en San Fernando del Valle de Catamarca o en Tucumán, según sea la competencia territorial. No nos referimos puntualmente a personas, sino a un sistema funcional al poder político, que en los violentos episodios no fue blanco de los ataques, que no es otro que la Justicia Federal, que la mayoría de la veces actúa en forma poco transparente, consistiendo al poder político, el mismo que lo colocara en su sitial. La mayoría de los jueces federales tienen una orientación ideológica bien marcada, y están ahí por decisión y determinación de los políticos de turno. Esa es la justicia que duerme, la justicia federal condicionada.
La única salvedad referida a la defensa jurisdiccional de los ambientalistas la constituye la Fiscalía General Federal de aquella ciudad, que con sus dictámenes favorables ha advertido una y otra vez, que la prioridad siempre debe ser la preservación del medio ambiente como bien jurídico superior, que debe ser tutelado en aras de la Salud Pública de la población el fin primario de la sociedad civilmente organizada.
Comunicado urgente: La megaminería
no tiene licencia social – Basta de
#Terricidio en Andalgalá
Resumen Latinoamericano / 12 de abril de 2021 –
LA MEGAMINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL
#BastaDeTerricidio#Catamarca#Andalgalá
Nuestra hermana Rosita Farias nos cuenta:
«Vino la policía, no me detuvieron pero están vigilando la casa para controlar si las personas que están buscando vienen para acá. Soy la vocera de la Asamblea del algarrobal. Sabemos que hay 8 detenidxs, se sabe que los van a trasladar a Catamarca capital.»
Mañana el gobernador Raúl Jalil, estará en Andalgalá lo responsabilizamos por permitir este grado de atropello y violencia institucional para con compañeros y compañeras que son quienes ponen el cuerpo para denunciar la actividad ILEGAL de la empresa Agua Rica, la policía debería estar allanando a los terricidas, no a quienes defienden el cerro.
Denunciamos también al gobierno nacional. Con cada anuncio de confinamiento por Covid la actividad minera aumenta. Nos encierran a nosotres, al pueblo y la megaminería avanza ilegalmente. Denunciamos que permitan estos operativos violentos en tantísimos territorios, el relato del cuidado y la protección de parte del presidente Alberto Fernández no se ve reflejado en la cantidad de operativos que suceden a diario. No naturalicemos la violación a los derechos humanos. No tienen licencia social para la Megamineria ni en Catamarca, ni en ningún lado.
ANDALGALÁ RESISTE.
Movimiento Pueblos Contra el Terricidio ~ Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir.
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#AguaRicaEsIlegal
#NoTienenLicenciaSocial
#FueraAguaRica
#FueraYamanaGold
#AndalgaláResiste
Covid + Hambruna = Rebelión
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 12 de abril de 2021.
«Si no hay respuestas del gobierno vendrá una etapa de conflictividad creciente». Juan Grabois, dirigente del MTE en la CTEP.
Tomando por cierto el índice de contagios con que actualmente saturan al público los medios de comunicación, y más aún el aumento de los datos con que cuenta cada compatriota sobre familiares o conocidos comprometidxs por la peste, puede convenirse que estamos ante un preocupante rebrote del virus. De hecho, que el Presidente lo contrajera, pese a estar vacunado, no constituye un dato alentador.
Sin embargo, que se acompañe la opinión de lxs epidemiólogxs con imágenes supuestamente provenientes de Brasil, que exhiben a personal sanitario sepultando gente ante numerosas hileras de tumbas abiertas, merece catalogarse como campaña de terrorismo mediático coordinada desde algún rincón del poder a los efectos de confinar al pueblo en su casa para evitar que se pronuncie de cualquier manera ante la miseria que campea en este momento de recesión que no cede y alza inflacionaria.
Confirma esta hipótesis la preocupación del oficialismo ante la confluencia en la lucha de organizaciones que – hilando fino – no comulgan ideológicamente, pero que la hambruna impulsa hacia la unidad en la acción, como viene ocurriendo desde el 18M con el Frente de Lucha Piquetero (ligado al FIT), Barrios de Pie – Libres del Sur, y el Frente de Lucha integrado por FOL, FAR, FOB, Movimiento de los Pueblos, y Organizaciones Libres del Pueblo – Resistir y Luchar.
Sobre la irrupción de este novedoso triunvirato, Daniel Menéndez, referente de la organización Somos Barrios de Pie devenido en prudente funcionario del Ministerio de Desarrollo a quien ahora desvela mantener la paz social, opina que “La gente no quiere esto, con la pandemia no hay humor social para protestar en la calle”.
El grupo al que pertenece, conjuntamente con el acaudalado Movimiento Evita, tiene por objetivo el armado de un amplio bloque de movimientos sociales afines a la gestión de Alberto Fernández, en el que confluyen otros actores como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y – en cierta medida – la CTEP, preocupados por la creciente tensión social y el alza de reclamos tanto fuera como dentro del Frente de Todxs.
Este conglomerado oficialista aspira a que el Gobierno reactive herramientas como el IFE (10.000 pesos por mes para 9 millones de desocupados), los ATP, y refuerzos en la tarjeta Alimentar, tres vías capaces de neutralizar las protestas callejeras que – entre otras cosas – obstaculizan el empeño del ministro Martín Guzmán en frenar la emisión monetaria y de ese modo impedir nuevos rebrotes inflacionarios. De momento, eso coincide con la visión del Presidente, para quien “no es momento” de volver al IFE, como sí al aumento del monto que reciben los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, anticipado en distintas circunstancias por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Consecuentemente con esta perspectiva, el Primer Mandatario, antes de aislarse en Olivos, desalentó cualquier ocupación del espacio público ante referentes de organizaciones sociales afines, entre ellxs el propio Menéndez, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Juan Carlos Alderete (CCC), que resolvieron dar marcha atrás con la concentración prevista para el 15 de abril, en la que se escucharían críticas a las políticas de ajuste del FMI.
Con dicha intención disuasiva respecto a las protestas callejeras coinciden intendentes de un lado y otro de la “grieta” electoral.
Mientras, en Gobierno tampoco descartan la posibilidad de “cerrar el grifo” de la ayuda social que reciben las organizaciones más insumisas, lo que lleva a una encrucijada de difícil resolución, tratándose de un año electoral, puesto que en el seno de esos sectores ya se discute la posibilidad de trascender el “marchódromo” en pos de adoptar medidas más eficaces ante el eventual ahogo en materia de recursos.
El panorama descripto habilita a suponer que, de incrementarse el malestar social, bien puede producirse un éxodo en las filas de las organizaciones que hasta ahora vienen adoptando una conducta más bien expectante – ya que gestionan desde el Estado o bien viven a expensas de sus recursos -, como ilustra el amague de referentes nucleados en la UTEP acerca de volcarse a la protesta. Ese podría ser un fenómeno difícil de conjurar, dado que en los pasillos gubernamentales ya es un secreto a voces que no hay muchos más fondos para dispensar en ayuda social.
Circulan datos que ilustran en qué podría desembocar la situación si colapsara dicha asistencia: Así como el número de asalariados formales cayó apenas un 3% al inicio de la crisis y se mantuvo en esos valores todo el año, el 45% de los asalariados informales y el 27% de los trabajadores por cuenta propia perdieron su empleo en el primer trimestre de cuarentena. A la inversa, durante la segunda parte del año, el rebote se sintió fuerte entre el continente de precarios: a fines de 2020, los informales terminaron siendo un 15% menos en relación a fines de 2019 y los cuentapropistas un 11% más. Aunque todavía no hay información disponible, el estudio supone que parte de los asalariados formales que perdieron su empleo se reinsertaron en ocupaciones más precarias, como trabajadores por cuenta propia.
La realidad de esos millones de personas que viajan todos los días en tren y colectivo desde el Gran Buenos Aires se cruza con el astillado mosaico laboral y el nivel altísimo de pobreza. Los asalariados formales bajo la línea de pobreza oscilan entre el 11% y el 15%, pero los valores casi se triplican entre cuentapropistas y asalariados informales (41% y 43%) y se cuadruplican entre los desocupados (61%). Que el gobierno impida la circulación de esos sectores sin ningún tipo de paliativo sería un ejercicio temerario.
En tanto, de cara a la Segunda Ola de la pandemia, que llegó a picos históricos de contagio en el país superando en varias ocasiones los 20.000 casos diarios, en el marco del Día Mundial de la Salud, lxs trabajadorxs del sector realizaron una jornada de lucha en CABA, Buenos Aires, Tucumán, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Chaco, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego y Córdoba; encarando numerosas asambleas, movilizaciones, cese de actividades, y caravanas demandando recomposición salarial, condiciones de trabajo dignas, y vacunas para el personal de salud y la comunidad.
Cabe recordar que la peste ya ocasionó alrededor de 500 muertes en la primera línea del sector y unxs 80.000 infectados, muchxs incluso con secuelas físicas tras contraer el virus. Y que entre sus filas campea un enorme agotamiento.
Según el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), las propuestas salariales que han sido aceptadas hasta el momento superan el 29 %, pero no cubren la inflación proyectada para este año que – contra los pronósticos oficiales – alcanzaría al 46 %.
Corresponde señalar aquí que, simultáneamente, comunidades mapuche de la zona petrolera de Neuquén cerraron sus tranqueras en apoyo al reclamo que vienen llevando adelante los autoconvocados de Salud – quienes mantuvieron bloqueos en cuatro puntos cercanos a Añelo -, sumando así a la protesta nacional su respectivo reclamo a YPF y a la Provincia por temas ambientales en Loma La Lata.
El complicado escenario afrontado por el Gobierno tras el cuatrienio de depredación macrista, agravado por la pandemia y la tibieza de las medidas encaradas para paliarlo, constituye una olla a presión capaz de estallar en cualquier momento y desde el lugar menos pensado, como en octubre de 2019 ocurriera en Chile.
En un filme de culto dirigido por los hermanos Coen – “Barton Fink”, 1991 -, un guionista pueblerino de poca monta comparte con un vecino de la habitación que renta en una pesadillezca pensión de Los Ángeles sus tribulaciones ante la falta de inspiración en procura de interpretar el sentir del hombre común, condición que justamente representa su interlocutor, de cuya opinión paradojalmente el otro prescinde siempre.
Hasta que un buen día el frustrado oyente, en un brote de locura, lo esposa al respaldar metálico de su cama y prende fuego a aquel albergue.
Interpelado desesperadamente por el verborrágico escriba acerca del móvil de tan desmesurada reacción, el agresor se limita a responder “lo que pasa es que tú no escuchas”.
Quien haya visto la película advertirá que se ha simplificado aquí en sumo grado la explicación de semejante desenlace, pero dicha licencia viene a cuenta de expresar con claridad meridiana que sería lamentable que un autismo semejante al del protagonista de aquella ficción a la larga llevara a las autoridades nacionales a padecer una respuesta del calibre de la que se acaba de citar.
De hecho, ataques como el recientemente perpetrado por militantes socioambientales contra las oficinas de Agua Rica y la sede del PJ local, en Andalgalá, Provincia de Catamarca, dadas las alarmantes consecuencias del modelo minero de saqueo y despojo, en cualquier momento podrían constituirse en aquella famosa “chispa que enciende la pradera”.
Envio:RL
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